Casi todas las semanas, las familias de los casi 8 mil estudiantes de los municipios no certificados de La Guajira tienen alguna queja del servicio de transporte escolar. En Caracolí (corregimiento de San Juan del Cesar), por ejemplo, dicen que las rutas no son suficientes y en Los Tunales aseguran que nunca se sabe si al siguiente día pasará el bus o les tocará caminar para ir a clases.
Detrás de la atropellada prestación del servicio de transporte escolar en el departamento está la Unión Temporal Costa Caribe. Los miembros de esta unión firmaron un contrato con la Gobernación de La Guajira por 18,9 mil millones de pesos en diciembre del año pasado y les aprobaron el funcionamiento de 59 vehículos sólo en los municipios de Fonseca y San Juan del Cesar. La unión temporal está conformada por Transporte Sensación S.A.S. y Lidertur (Líneas Escolares y Turismo).
Lidertur, una empresa creada en 1990 en Bogotá, compone mayoritariamente la Unión Temporal Costa Caribe. Lida Constanza Chacón es la representante legal de la empresa, y fue visible en la pandemia por aparecer públicamente en varios medios refiriéndose a la crisis que vivía el sector del transporte especial. Lo hizo como vocera de la Asociación Nacional de Transporte Especial y Turismo (Asonaltet).
Lidertur ha prestado servicios de transporte para entidades del Estado desde hace al menos siete años, y actualmente registra un total de 23 contratos en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop). La mayoría de estos han sido con entidades relacionadas con las Fuerzas Militares, como el Comando Aéreo de Transporte Militar. De acuerdo con el Secop, el contrato más alto que ha tenido Lidertur fue en diciembre de 2022 por 2,2 mil millones de pesos con la secretaría de Educación de Bogotá para prestar servicio de transporte escolar. Al final, en el acta de adjudicación, el contrato fue por 1,4 mil millones de pesos.
Transporte Sensación, por su parte, tiene el 40 por ciento restante de la Unión Temporal Costa Caribe. La empresa fue creada en 1996 en Santa Marta y su representante legal es Nayrobis Alvarado, quien también es la representante legal de la unión temporal. Alvarado figura como representante en cinco contratos en el Secop. Uno es un acuerdo con Compra Eficiente, tres son para prestar servicio de transporte en la costa Caribe a entidades como el Sena, y uno, que es de 42 millones de pesos, el monto más alto por el que ha contratado de forma individual, es para prestar servicios de otorrinolaringología y exámenes auditivos a la Policía del Atlántico, a nombre de la empresa Unidad Otoacústica del Caribe.
Una adjudicación accidentada
La Unión Temporal Costa Caribe se quedó con el contrato de transporte escolar en La Guajira luego de un proceso que, a pesar de que tardó más de cinco meses, terminó siendo casi que directo.
En junio del año pasado, la Gobernación de La Guajira anunció el inicio del proceso de licitación pública para contratar el servicio de transporte escolar. Este proceso contempla la apertura de una convocatoria pública para que las empresas interesadas, que cumplan con los requisitos establecidos, se postulen para hacerse con el contrato. Al final, se postularon dos proponentes: la Asociación de Relacionistas y Transportadores Turísticos de La Guajira (Relaturg) y la Unión Temporal Costa Caribe.
La Asociación de Relacionistas y Transportadores Turísticos de La Guajira (Relaturg) fue creada en 1998 y es representada legalmente por Yolanis Beatriz Varela. La asociación venía de ser una de las integrantes de la unión temporal que prestó el servicio de transporte escolar en 2022 en los mismos 12 municipios no certificados de La Guajira. La empresa ya había sido cuestionada por un contrato de transporte escolar que se ganó en 2018.
Según Las 2 Orillas, el gobernador encargado en ese momento, Jhon Fuentes, al parecer habría beneficiado a la empresa para que se quedara con el contrato. Según el artículo, en ese momento, el poder real de la compañía estaba en Edgar Acosta (quien murió en 2021) y era familiar del exministro de minas, Amylkar Acosta. En noviembre de 2022, la empresa volvió a ser noticia. El periódico El Heraldo registró que algunos conductores de Relaturg bloquearon la entrada del municipio de Albania para reclamar el pago de cinco meses de salario.
Este proceso se interrumpió en septiembre, justo cuando la Gobernación iba a adjudicar el contrato. En ese momento, el ente territorial suspendió el proceso porque desde Costa Caribe argumentaron que Relaturg había adjuntado un documento de paz y salvo de multas y sanciones que, presuntamente, era falso. La Superintendencia de Transporte confirmó la denuncia de Costa Caribe. Al final, la Gobernación declaró desierto el concurso argumentando que ninguna de las propuestas se ajustaban a los requerimientos y condiciones. El sustento en ese caso era que los proponentes no contaban con la capacidad técnica para ejecutar el contrato, como quedó especificado en esta resolución.
La suspensión del proceso llevó a que en septiembre se venciera el contrato anterior y no hubiera un nuevo operador para continuar el servicio. Una situación que obligó a los estudiantes a buscar alternativas de transporte en pleno año escolar. Optaron por caminar largos trayectos, atravesar puentes colgantes a medio construir, pagar motos de su bolsillo para llegar a los colegios o asistir a las clases de forma intermitente de acuerdo a los recursos o capacidades que tenían para transportarse.
En noviembre la Gobernación volvió a abrir el proceso, esta vez bajo la modalidad de selección abreviada de menor cuantía, como lo ordena la ley tras haber sido declarada desierta una licitación pública. Este tipo de selección abreviada, como su nombre lo indica, es un proceso de contratación más corto en el que, por ejemplo, los que quieran participar del proceso deben manifestar su intención en máximo tres días hábiles desde que se abre el proceso. En ese caso, la única propuesta que hubo fue la de Costa Caribe que esta vez sí pasó la evaluación de capacidad técnica. El contrato fue firmado por José Jaime Vega, gobernador encargado de La Guajira, y Nayrobis Alvarado, representante legal tanto de la Unión Temporal como de la empresa Transporte Sensación.
Las multas e infracciones
Lidertur y Sensación, las empresas que integran la unión temporal, tienen experiencia contratando con el Estado y llevan más de 20 años prestando servicios de transporte, pero en esa amplia trayectoria han tenido fallas.
Hasta 2017, Lidertur debía un total de 83,9 millones de pesos, contando intereses, por multas acumuladas entre 2013 y 2016. Por eso, solicitó un acuerdo de pago con la Superintendencia de Transporte. Hasta el momento, y según el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (Simit), Lidertur no tiene multas ni comparendos pendientes. Pero en los últimos cuatro años sí ha hecho tres cursos de educación vial que son los que realizan para obtener descuentos en las multas de tránsito.
En 2017, la empresa fue noticia porque uno de sus buses cayó a un abismo en la vía al Llano. Un accidente que dejó tres personas muertas, según reportó El Tiempo. En agosto del siguiente año, otro bus de la empresa fue inmovilizado por la Policía de Tránsito y Transporte de Bucaramanga por tener el contrato de movilización vencido mientras transportaba 42 venezolanos que se dirigían a Ecuador y Perú, según contó W Radio.
Actualmente, y según el Simit, Transporte Sensación tiene tres comparendos y una multa pendientes por pagar. Las infracciones son por exceso de velocidad. Además, entre 2015 y 2020 registra la asistencia a 25 cursos de educación vial. Eso quiere decir que al menos ha tenido unas 25 multas en ese lapso de tiempo.
Andrés Castro, exdirector de prevención y promoción de tránsito y transporte de la Superintendencia de Transporte y profesional especializado de la Superintendencia Financiera, asegura que las multas y comparendos son puestas como tal a los conductores. Sólo las empresas de transporte especial, como Transporte Sensación, son relacionadas en las sanciones porque tiene un grado de responsabilidad y el compromiso de capacitar a sus empleados en esos temas. Pero eso no significa, por ejemplo, que la empresa tenga problemas para su funcionamiento.
Las multas y sanciones, según cuenta Castro, no representan, en sí mismas, una limitación ni un pero para participar en procesos de contratación pública: “Eso depende más del pliego de condiciones que se estructure para condicionar la prestación del servicio de transporte escolar. Porque sí puede y debería generar una suerte de veto para empresas que tienen un nivel sancionatorio tan alto, pero no es una condición que impida la contratación”. En el pliego de condiciones publicado en Secop, no había restricciones para que las empresas se postularon si tenían multas o comparendos.
"Porque sí puede y debería generar una suerte de veto para empresas que tienen un nivel sancionatorio tan alto, pero no es una condición que impida la contratación”
Andrés Castro, exdirector de prevención y promoción de tránsito y transporte de la Superintendencia de Transporte
Una muestra de esto es que aún con una alta cifra de infracciones y con las denuncias y quejas por el servicio de transporte escolar en La Guajira, hace dos semanas, Transporte Sensación cerró un acuerdo con la Universidad de Magdalena para prestar servicio de transporte a los estudiantes del municipio de Ciénaga con una tarifa diferencial.
En el caso específico de Lidertur, además de las multas acumuladas que tuvo, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) le abrió investigación y formuló pliegos contra la empresa y la representante legal Lida Chacón en 2020 porque “habría colaborado, facilitado, autorizado, ejecutado o tolerado las conductas restrictivas de la libre competencia económica”.
Según la resolución de la SIC, había una presunta alianza entre varias empresas de transporte y representantes legales para “reparticiones artificiales del mercado en beneficio de uno de los aliados”. Al parecer coordinaban presentaciones a procesos de contratación entre los aliados y fingían ser competidores para que fuera adjudicado a alguna de las empresas de la alianza. Consonante preguntó en la SIC cuál es el estado del proceso, pero hasta el momento de publicar esta historia la entidad no respondió.
Andrés Castro, exdirector de la Superintendencia de Transporte, explica que una investigación y formulación de pliego de cargos no es un impedimento para seguir contratando con el Estado. “Lo primero es que prevalece el principio de buena fe, y lo segundo es que, si es una investigación que está abierta, lo que está pasando hasta ese momento es que es un proceso para probar si hay o no una responsabilidad. Eso sólo se define en un fallo administrativo”.
Castro también dice que, en caso de que existiera un fallo que señalara a la empresa y a los representantes legales como responsables en la investigación, tampoco quedarían inhabilitados. “La única forma en la que eso podría influir es que dentro del fallo administrativo y la multa que deberían pagar, se les restrinja o limite la contratación con el Estado”, pero dice que no es común y que, aunque no descarta que esto pueda suceder, hasta el momento no conoce de sanciones de ese estilo.
Según Castro, esto funciona así porque una empresa puede cambiar de representantes legales y eso implica que tiene otras dinámicas. Además, explica que las sanciones suelen ser más económicas y de acciones como crear políticas institucionales para evitar que se repitan casos como los de limitar la libre competencia: “las consecuencias están enfocadas más en proteger el mercado que en limitar al infractor”.
Aún con el prontuario de infracciones de tránsito, con la investigación que en su momento abrió la Superintendencia de Industria y Comercio a una de las empresas y con las quejas y fallas del contrato de transporte escolar en La Guajira, la prestación del servicio sigue a cargo de la Unión Temporal Costa Caribe. A su vez, puede continuar contratando con el Estado, e incluso postularse a la próxima convocatoria que abra la Gobernación para el mismo contrato.
Consonante intentó comunicarse con la representante legal de la unión temporal, Nayrobis Alvarado, vía su asistente, pero hasta el momento de publicar esta historia no recibimos respuesta.
