Cuando Edilma Loperena Plata habla de la Sierra Nevada de Santa Marta, no recurre a metáforas aprendidas: la nombra, sin titubeos, como “el ecosistema más perfecto que puede tener el mundo”. Ha ocupado el puesto de comisionada de Mujeres del pueblo Wiwa —uno de los cuatro pueblos que habitan desde siempre sus distintos pisos térmicos— y en esas labores ha caminado entera la región: atravesó selvas espesas, visitó lagunas, se bañó en el mar y llegó hasta la nieve. “Por eso la llamamos el Corazón del Mundo: aquí conviven el desierto y el páramo, nacen los ríos y los sabedores mantienen el equilibrio desde los sitios sagrados que resguardan”, dice.
Las comunidades comparten una cosmovisión sustentada en la protección de la Línea Negra o Sei Shizha: un entramado invisible que salvaguarda tanto los ecosistemas como sus creencias. Sin embargo, el pasado viernes recibieron una embestida del Estado contra un derecho que ya habían conquistado: el reconocimiento de su sistema ancestral de conocimiento y gestión del territorio.
En una reciente decisión, el Consejo de Estado declaró la nulidad del Decreto 1500 de 2018, a través del cual el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos había reconocido 348 sitios sagrados, interconectados entre sí, de los pueblos Kogui, Arhuaco, Wiwa y Kankuamo alrededor de la montaña más alta de Colombia.
Sin embargo, esta sentencia no compromete los derechos de estos pueblos indígenas, pues la Corte Constitucional fue clara, desde 2013, en ordenarle al Estado que protegiera integralmente el espacio sagrado de las comunidades de la Sierra; a lo que se enfrentan estos pueblos —históricamente marginados y despojados— es a una “decisión regresiva” en materia de derechos de las comunidades étnicas.
Las autoridades de estos pueblos se pronunciaron de manera conjunta apenas conocieron la decisión. “La Línea Negra no es una figura cartográfica ni un simple límite administrativo”, advirtieron. Según su visión, es un tejido de alto valor espiritual y material que sostiene el orden del mundo y garantiza el cuidado de la vida. Allí se ubican los sitios sagrados y se preserva el equilibrio entre los seres humanos y la naturaleza. “Desprotegerla jurídicamente pone en riesgo no solo nuestra pervivencia cultural, sino la estabilidad ambiental de uno de los ecosistemas más importantes del planeta”.
Juana Marina Hofman, directora de asuntos estratégicos de Amazon Conservation Team y profesora de la Universidad del Rosario, se pregunta qué tan sólidos son los compromisos del Estado con la autonomía y la integridad cultural de los pueblos indígenas cuando un avance en el reconocimiento de los derechos territoriales puede ponerse en entredicho por un tecnicismo administrativo. Más allá de que esta decisión se traduzca en la desprotección automáticamente de estas comunidades indígenas, la investigadora explica que se trata de un desconocimiento del Estado hacia el territorio ancestral de los cuatro pueblos de la Sierra.
“No esperábamos que el Consejo tomara una decisión tan regresiva en materia de derechos territoriales”, señaló Jenny Ortiz, investigadora del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), una de las organizaciones que forma parte de los Amigos de la Sierra, desde donde ha acompañado a los pueblos indígenas en este proceso. Esta vez, sin embargo, quedaron sin margen de acción: la decisión no admite apelación. “El Consejo de Estado eliminó uno de los mayores estándares de reconocimiento en derechos territoriales y protección ambiental que tenía el país”, agregó.
La demanda fue presentada en 2018, tan pronto se expidió el decreto, y el artífice fue el hoy viceministro de Justicia, Yefferson Mauricio Dueñas Gómez. Desde entonces, organizaciones y expertos advirtieron que de acceder a las demandas de Dueñas, solo se pondría al Estado en una contradicción en su compromiso por la protección de la diversidad y el pluralismo cultural, y lo expondría que el conocimiento de la diversidad étnica únicamente en el país se permite cuando esta no entra en conflicto con intereses privados o comerciales.
El Consejo de Estado falló a favor de quienes se oponían a la Línea Negra, pero no por los argumentos de fondo, sino por asuntos de forma. “Lo que incomodaba no era la técnica jurídica, sino el reconocimiento efectivo de límites al extractivismo y a la expansión sin diálogo”, lamenta Hofman.
Hoy, las autoridades indígenas temen que este sea el inicio de una situación que comprometa la vida en sus territorios por los intereses mineros, el turismo masivo, megaproyectos, monocultivos y nuevas disputas territoriales. “El Consejo de Estado lo que debió hacer fue llamarnos a dialogar. Con esta nulidad no le está haciendo daño solamente a los pueblos indígenas, sino que le están haciendo daño a la humanidad”, lamentó Plata.
El gobierno del presidente Gustavo Petro se alista para firmar un nuevo articulado y cumplir lo ordenado por la Corte Constitucional.
Una deuda de años
La Línea Negra trasciende el Decreto 1500. Su propósito es mantener el equilibrio entre el agua del mar y el agua dulce que desciende de la Sierra Nevada, así como resguardar la biodiversidad. Según la tradición de estos pueblos, el territorio les fue confiado por un dios creador para cuidarlo. Con la formación de los ecosistemas quedó delimitado un amplio espacio donde se ubican lugares esenciales en los que deben realizarse pagamentos y ritos ceremoniales destinados a sostener el equilibrio ecológico y social, y así prevenir sequías, terremotos, inundaciones o enfermedades.
Los mamos —guías espirituales y médicos tradicionales de los cuatro pueblos— son los encargados de ofrendar y sanar la naturaleza dentro de ese espacio. Hofman recuerda que no se trata solo de una visión espiritual. “La Línea Negra es conocida como el “corazón del mundo” porque en ella se articulan sistemas ecológicos estratégicos, fuentes hídricas y equilibrios ambientales que trascienden cualquier frontera administrativa. Su protección tiene implicaciones para la estabilidad ecológica regional y nacional”, expresó.
Con el Decreto, el Estado pasó de reconocer 54 a 348 sitios sagrados comprendidos entre los departamentos de Cesar, Magdalena y La Guajira. Inicialmente el Estado había dado un reconocimiento simbólico de la delimitación a través de la Resolución 002 de 1973. Luego reconoció que estas comunidades indígenas delimitan su territorio con “líneas negras” o “líneas” —uniendo accidentes geográficos— mediante la Resolución 837 de 1995. Solo fue hasta varios años atrás que por orden de la Corte Constitucional el Gobierno declaró la zona teológica de las comunidades de la Sierra.
La alta corte empezó a intervenir en este asunto cuando resolvió una demanda por la construcción de Puerto Brisa, un proyecto portuario en el municipio de Dibulla en La Guajira que se realizó sin consulta previa y afectó lugares sagrados para los cuatro pueblos de la Sierra. Para subsanar la situación, la Corte ordenó practicar la consulta.
A finales de 2011, los pueblos indígenas de la Sierra presentaron su decisión de parar las operaciones del proyecto. Allí señalaron cómo la megaobra había causado un daño irreparable sobre 22 sitios sagrados para sus pueblos. Por eso pidieron que se ampliara y complementara las normativas que hasta entonces abordaban la línea negra.
La Corte Constitucional escuchó sus exigencias y a través del Auto 189 de 2013 —para hacer seguimiento a lo que había ordenado tres años atrás en el caso de Puerto Brisa— ordenó al Gobierno Nacional revisar la zona teológica de las comunidades de la Sierra al encontrar que las normas vigentes se quedaban cortas a las necesidades de estos pueblos. Además, en 2014 cuando los magistrados volvieron a estudiar afectaciones para estas comunidades, ahora por la explotación minera en su territorio, la alta corte determinó que se trata de espacio conjunto y no solo de lugares aislados.
Tras cuatro años de diálogos y recorridos por la región, con el Decreto 1500 —firmado por Santos un día antes de salir del cargo—, el Estado amplió el número de lugares sagrados con los que se buscaba que las autoridades de los pueblos de la Sierra tuvieran acceso libre a estos espacios y pudieran hacer sus actividades ancestrales. “Fue una redacción con los más altos estándares de consulta previa porque se hizo de manera conjunta entre el gobierno y los cuatro pueblos de la Sierra”, recuerda Hofman. Pero esto tocó las fibras de varios sectores privados y poderes locales.
En su momento, gobernadores y más de 20 gremios empresariales mostraron su preocupación por la ampliación del área reconocida como parte de la Línea Negra, argumentando que estaba en juego la propiedad. Como lo destaca Ortiz, durante esos meses, “hubo una gran campaña de desinformación que movieron los gremios económicos en la zona”, señalando que los tres departamentos se enfrentarían a graves obstáculos para el desarrollo por tener que vincular a las comunidades indígenas.
Varios de esos proyectos económicos, recuerda la investigadora del Cinep, ansiaban el agua de la región que abastece a los tres departamentos, por eso les resultaba incómodo que se estuviera priorizando la palabra de los indígenas sobre los intereses empresariales. “También por prácticas racistas y de acaparamiento de tierras y proyectos mineros”, agregó.
Sin embargo, el nuevo polígono no representaba una ampliación del territorio indígena. El Decreto se limitaba a garantizar el acceso de los integrantes de los cuatro pueblos originarios a los 348 sitios sagrados que comprende esta figura, con el fin de realizar sus rituales y pagamentos. Además, los propietarios de predios ubicados dentro del polígono delimitado debían preservar la flora y la fauna que forman parte de la cosmovisión de los pueblos de la Sierra Nevada.
Asimismo, la figura implicaba la obligatoriedad de realizar procesos de consulta previa ante cualquier proyecto productivo o iniciativa de construcción que se pretendiera desarrollar en el área comprendida por la Línea Negra.
“El reconocimiento ampliado y actualizado de la Línea Negra fue un avance concreto. No creó un privilegio nuevo, por el contrario, corrigió una insuficiencia histórica. Revertir ese avance genera un riesgo evidente de regresión en la protección de la autonomía territorial y la integridad cultural”, lamenta la docente de El Rosario.
El demandante: de amigo de empresarios a viceministro
Al poco tiempo de expedido el Decreto 1500 en el gobierno Santos, Yefferson Mauricio Dueñas Gómez interpuso una acción de nulidad contra la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Cultura al considerar que la decisión tenía fallas e incumplimientos.
Yefferson Dueñas llegó al viceministerio de Justicia a mediados del año pasado como una ficha cercana al ministro Luis Eduardo Montealegre. Años atrás había trabajado en su despacho, cuando el hoy jefe de la cartera era magistrado de la Corte Constitucional (2001-2004). Su nombre cobró notoriedad en 2018, cuando fue el único demandante de la Consulta Anticorrupción.
El abogado se ha destacado por respaldar la tesis jurídica del Gobierno según la cual, mediante un decreto presidencial, Gustavo Petro buscó convocar una consulta popular sobre la reforma laboral, y por respaldar la idea de realizar una asamblea nacional constituyente para transformar las instituciones ante los obstáculos que ha enfrentado la implementación de sus reformas sociales y de campaña.
“Jefferson Dueñas, dicen los pueblos indígenas, es el viceministro de injusticias sociales”, dice Ortiz. “En su momento —Dueñas— representó a un grupo importante de sectores económicos de la costa Caribe: arroceros, palmicultores, ganaderos, entre otros. Una región históricamente dominada por familias y sectores empresariales y gremiales muy poderosos”, agregó.
En su demanda contra el Decreto 1500, Dueñas cuestionó que, al momento de expedir el articulado, no existía la cartografía oficial de la Línea Negra elaborada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) y que se había vulnerado el derecho a la consulta previa de las comunidades indígenas Wayuu y Chimilaque y de al menos 17 consejos comunitarios.
Sobre lo primero, Hofman señala que precisamente el Decreto le ordenaba a la autoridad catastral la elaboración de ese mapa como un proceso coordinado entre el Estado y las autoridades indígenas, pero en el texto se había consignado que la cartografía haría parte integral del Decreto, por lo que Dueñas advierte una ambigüedad.
Para cumplir con el Decreto, miembros del Consejo Territorial de Cabildos (CTC) recorrieron la región y el Igac realizó las demarcaciones, creando un mapa con tres niveles de información: áreas marítimas, terrestres y los 348 sitios sagrados. La cartografía fue presentada oficialmente en agosto de 2023 y hasta la fecha se encuentra subida en Colombia en mapas, como parte de la cartografía oficial del Estado. “No se trató de una improvisación posterior, sino del cumplimiento de una hoja de ruta prevista en el mismo decreto”, señala la investigadora de la Universidad del Rosario.
Por su parte, las organizaciones que respaldan el proceso sostienen que no se desconoció a otras comunidades indígenas ni afrodescendientes. Afirman que durante la formulación del decreto hubo diálogos interculturales y que no se afectaron derechos de terceros. “El cuestionamiento sobre la consulta con otros pueblos no provino de comunidades wayuu, chimila ni afrodescendientes, sino de Yefferson Dueñas, motivado por intereses económicos en la zona”, señala Jenny Ortiz, investigadora del Cinep. A su juicio, la decisión desconoce los diálogos armónicos que durante años los pueblos de la Sierra han tejido con otros pueblos étnicos.
El Consejo de Estado se apoyó en estos dos aspectos formales para anular el decreto. “La nulidad se fundamenta en cuestiones procedimentales que no cuestionan el contenido sustantivo ni la legitimidad del reconocimiento territorial”, lamentó la investigadora.
De otros asuntos de fondo no se pronunció el alto tribunal, pero en su demanda, Dueñas hizo especial énfasis en cómo la Línea Negra supuestamente vulneraba el derecho a la propiedad. “Toda vez que los cuatro pueblos podrían afectar los derechos adquiridos y de propiedad privada de las entidades territoriales, de otros grupos étnicos y de los particulares”, se lee en los documentos del proceso. Sin embargo, recordó que el Decreto no redefinía linderos municipales, no transformaba títulos de propiedad ni creaba prohibiciones generales automáticas.
A la acción de nulidad impulsada por Dueñas también se sumaron la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), la Asociación Colombiana de Minería (ACM), la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP), la Asociación Colombiana de Empresarios de Colombia (Andi) y Juan José Fuentes Bernal, director Jurídico y Tributario de la Asociación Nacional de Empresas de Servicio Públicos y Comunicaciones (Andesco).
Estos gremios buscaron defender los intereses económicos de sus sectores, como lo demuestra el argumento de Juan José Fuentes dentro del proceso, quien reprochaba que la aplicación “indiscriminada” de la consulta previa dentro de la Línea Negra representaba un “riesgo” para el desarrollo de nuevos proyectos orientados al mejoramiento de los servicios públicos domiciliarios, entre ellos acueducto, saneamiento básico, aseo, energía eléctrica, gas combustible y tecnologías de la información y las comunicaciones.
Consonante buscó a Dueñas para preguntarle cómo valoraba haber realizado esta acción jurídica que afecta a los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta y la conservación de ese ecosistema, haciendo parte actualmente de la bancada de gobierno desde la entidad que ejecuta el acceso a la justicia para toda la población, pero no se obtuvo respuesta.
Temen por el territorio
“Sin el decreto los cuatro pueblos que habitamos la sierra volvemos a ver comprometida nuestra autoridad para decidir sobre proyectos económicos y evitar que se profanen sitios sagrados que equilibran el mundo”, dice Edilma Plata, vocera del pueblo Wiwa.
“Nos preocupa la explotación de minerales, oro, coltán, cobre y otros minerales que están ahí dentro de la Sierra y que el hombre quiere extraer para beneficios propios y sin ningún control”, dice la lideresa, quien explica que varios de los títulos mineros que estaban en el área de influencia de la Línea Negra están demandados por los pueblos indígenas.
Además de la explotación de petróleo y gas y el turismo masivo, uno de los asuntos que más les inquieta a lideresas como Plata es que esta situación repercute en la ya delicada situación de orden público por los combates que vienen protagonizando las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra (Acsn) y el Ejército Gaitanista de Colombia (Egc, antes Agc). La Defensoría, a través de la Alerta Temprana 20 de 2025, había señalado la situación de riesgo de las comunidades indígenas y campesinas.
Este fin de semana la Defensoría del Pueblo volvió a prender las alarmas por el desplazamiento de cientos de familias campesinas en Magdalena. La situación podría agudizarse por la persistencia de actores armados, los confinamientos y riesgos derivados de la presencia de artefactos explosivos. “Nos preocupa porque, históricamente, en la Sierra ha habido mucha violencia sexual contra las mujeres, y con la nueva ola de violencia podría haber más daño contra los cuerpos de las mujeres”, dice Plata.
Asimismo, las comunidades indígenas de la región se mantienen alertas ante la posibilidad de que se perturbe su territorio con otros megaproyectos, como ocurrió años atrás con Puerto Brisa en Dibulla, la represa del río Ranchería en San Juan del Cesar también en La Guajira, y el embalse Los Besotes en Valledupar, Cesar.
Para atender estas inquietudes, en agosto de 2024, Petro retomó una promesa de campaña que le había hecho a estas comunidades: la compra de tierras para la Línea Negra. El mandatario ordenó a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) la compra de predios entre la reserva indígena y la Línea Negra y que fueran entregados a las comunidades de la Sierra. Sin embargo, Plata señala que ha sido un proceso lento y no se ha transferido el dominio de las tierras a nombre de los distintos resguardos.
Ahora el gobierno Petro debe elaborar un nuevo decreto y subsanar los elementos que el Consejo de Estado consideró que estaban pendientes: la cartografía y la consulta previa. Hofman explica que no se debe hacer una nueva cartografía, pues, a pesar de que el Consejo de Estado la desconoció, esta ya existe. “Seguirá un trámite en donde el gobierno igual tiene que cumplir la sentencia de la Corte Constitucional que ordena la expedición de una norma que proteja la Línea Negra”, señala, pero los expertos coinciden en que puede valerse del mapa que ya se ha elaborado.
A pesar de esta coyuntura, el presidente Gustavo Petro le pidió nuevamente a la Agencia Nacional de Tierras avanzar en la compra de predios que favorezcan a las comunidades de la Sierra. A través de sus redes sociales, señaló que la reforma agraria de su gobierno busca priorizar la protección ambiental en manos de estos pueblos. En el Consejo de Ministros que se estableció a inicios de esta semana, el mandatario se refirió al tema y apuntó que la Línea Negra implica avanzar en la reforma agraria, pues hay varios campesinos y propietarios de tierras dentro de la Sierra Nevada que podrían ser reubicados en otros predios productivos fuera de este ecosistema.
“Los espero masivamente en las playas de Santa Marta”, escribió el mandatario en X. Con estas palabras señaló que la participación y firma del nuevo decreto de la Línea Negra se realizarán en un evento público a inicios del próximo mes.
