El 18 de junio, el Proceso de Comunidades Negras (PCN) informó a través de un comunicado que 357 personas de las comunidades de Buenas Brisas, Barranconcito y San Agustín, en el municipio de Sipí, se tuvieron que desplazar por cuenta de un enfrentamiento entre el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), también llamadas Clan del Golfo. La guerrilla del Eln mantiene el control sobre casi toda la región del San Juan, en el sur del Chocó, pero en municipios como Sipí, Nóvita e Istmina, de la cuenca del río San Juan, las Agc han entrado a disputarse el poder de la guerrilla. Enfrentamientos como este demuestran que el cese al fuego bilateral y temporal que el gobierno de Colombia acordó con el Eln no representan un alivio para la gente de esta región, pues la guerra entre la guerrilla y otros grupos armados continúa, y los civiles siguen quedando en el medio.
El cese aún no es una realidad. En La Habana, donde ocurrió el tercer ciclo de negociaciones con la guerrilla, se definió que el 6 de julio cesarán las operaciones ofensivas (no defensivas) de la Fuerza Pública contra el Eln, y viceversa, y que el 3 de agosto se iniciaría formalmente el cese al fuego, que se extendería durante 180 días. Esto quiere decir que durante ese periodo se deben detener las acciones militares entre los dos bandos, como enfrentamientos, emboscadas y bombardeos. Lo que no garantiza que el Eln no ingrese a comunidades, amenace líderes, cobre extorsiones o secuestre personas, pues los ceses al fuego contemplan únicamente acciones militares. Además, tampoco incluye las acciones que se puedan generar contra otros grupos armados, como las Agc.
Por esta razón las organizaciones chocoanas habían insistido en que se avanzara en un cese multilateral, pero desde el principio de año las conversaciones con grupos como las Agc, la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central se han ido rompiendo. El pedido partía de que mientras no pare la violencia entre todos los grupos que hacen presencia en el territorio, la población seguirá viviendo en guerra. Ante la imposibilidad de materializar esta propuesta, las organizaciones insistieron en un cese de hostilidades, que se diferencia del cese al fuego en que también se detienen las acciones que afectan a los civiles, como el secuestro, las extorsiones y las amenazas. En esta propuesta tampoco hubo avances.
El padre Albeiro Parra, vocero de la Coordinación Regional de Pacífico, que es una alianza de organizaciones étnico-territoriales con la Iglesia Católica, dice que las comunidades han acogido con esperanza el cese al fuego pactado pero, para él, la situación se define en una frase: “del ahogado, el sombrero”. Se refiere a que si bien no se logró un pacto en el que todos los grupos detuvieran las acciones ofensivas entre ellos y en contra de la población civil, pero al menos se acordó que entre el Ejército y el Eln no se atacaran.
Según Tatiana Prada, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz, el Eln no cedió en el punto de las hostilidades argumentando razones económicas. “El Eln tiene una serie de argumentos, que no creo que sean los que queremos oír, en torno a su financiación como grupo y al relacionamiento con las comunidades. La única manera en que esto se podría pactar es en la propia mesa, y ya sería una competencia de otro de los ciclos de diálogo, pero pareciera que la postura del Eln, para arrancar, es que no están dispuestos”, afirma.
A pesar de esto, las comunidades esperan que este mes y medio que falta para implementar el cese haya avances, por ejemplo, en definir cuáles son otros actos prohibidos dentro del cese o cómo garantizar la seguridad de los líderes que participarán del Comité Nacional de Participación que fue pactado.
“Entendemos que primero va lo militar, pero es que ellos están combatiendo en los territorios de nuestras comunidades, por eso pedimos un cese al fuego que beneficie realmente a las comunidades, no a los armados”, afirma el representante de la Iglesia. En esa medida, las peticiones de las organizaciones son parar la siembra de minas antipersonal y de artefactos explosivos, así como garantizar los mecanismos de auxilio para las comunidades de territorios en los que se están dando confrontaciones y aprovechar el cese para llevar servicios y presencia institucional donde no la hay.
La violencia no da tregua en el San Juan
El desplazamiento en Sipí encarna el mayor miedo de las comunidades: que los enfrentamientos entre grupos los desplacen, confinen o pongan en riesgo su vida. Tatiana Prada afirma que en el sur del Chocó, especialmente en la región del San Juan, hay un gran riesgo de confrontación con las Agc. “Esa es la región que el Clan del Golfo no ha podido cooptar del todo ni establecer su control territorial. En ese escenario particular del Chocó las zonas que todavía no son del Clan del Golfo son zonas de disputa”, explica. El riesgo es que mientras esa disputa continúe, las comunidades seguirán siendo afectadas.
Pero la violencia persiste aún en lugares en los que está únicamente el Eln. Los indígenas del resguardo Mondó Mondocito, en Tadó, han estado confinados durante casi dos meses. Según el gobernador Álvaro Valencia, la población no puede ir al monte a buscar alimentos, y ha optado por hacer pequeños sembrados cerca de las casas para tener qué comer. Además, los líderes están amenazados. “El cese al fuego es importante para los indígenas, pero les pedimos que nos dejen tranquilos. El territorio tiene minas antipersonales. Necesitamos que ese cese se vea acá. Si negocian allá, que en nuestro Chocó hagan caso”, dice.
El gobernador hace este pedido porque desde la explosión de una mina antipersonal el 7 de mayo y de otra que hirió a cuatro soldados, la comunidad teme que su territorio esté infestado de explosivos, por lo que la gente solo se atreve a andar por la vía principal o cerca de sus casas. En esta parte del Chocó, según la Fuerza Pública, el único grupo que hace presencia es el Eln, por eso su pedido es hacia ellos. A este actor también se atribuye la quema de tres buses en la vía Quibdó-Pereira, hecho que paralizó el transporte público durante varios días.
La instalación de artefactos explosivos es uno de los pedidos a los que se suman otras voces, como las organizaciones que integran la Coordinadora Humanitaria. Lina Mejía, coordinadora de derechos humanos de la Corporación Vivamos Humanos, explica que en esta instancia han conversado sobre la necesidad de definir cuáles serán otros actos prohibidos dentro del cese. “Hasta el momento tenemos lo mínimo: el Derecho Internacional Humanitario es el marco de referencia, y este tiene como prelación proteger a la población civil. De ahí esperamos que se desprendan los actos prohibidos”, afirma. “Situaciones tan mínimas como que no se sigan sembrando minas, que haya mecanismos para evitar los confinamientos, para que el Eln no ingrese a los resguardos o a los consejos comunitarios, que se minimicen las amenazas, que no haya presencia en rutas principales y secundarias… mínimos para la protección de la población civil”, agrega.
A esto se suma que la mayoría de las comunidades en las que ocurren las confrontaciones son lejanas, solo se puede acceder por vía fluvial y no tienen señal de celular. Esto pone sobre la mesa la necesidad de establecer mecanismos de monitoreo y verificación que las incluyan, así como el compromiso por parte del Eln de no amenazar o estigmatizar a los líderes que hagan denuncias sobre violaciones al cese o actos hostiles.
En este cese la verificación y el monitoreo estará a cargo de la ONU y de la Conferencia Episcopal, dos entidades que han hecho acompañamiento a las comunidades. El padre Albeiro Parra afirma que durante el cese, la Iglesia permanecerá cercana a las comunidades, pero hace un llamado al Eln para respetar la verificación. “Las autoridades étnicas, es decir delegados y delegadas de los consejos comunitarios y los cabildos, deberían comunicar lo que sucede en sus territorios, pero el miedo es que los grupos armados e incluso la Fuerza Pública las señale o estigmatice. Debe quedar acordado quién va a garantizar la protección”.
Desde la Coordinadora Humanitaria, que hará parte del Comité Nacional de Participación de la Sociedad Civil durante el cese, resaltan que debería tenerse en cuenta los elementos establecidos por las comunidades, como los acuerdos humanitarios y las alertas comunitarias tempranas.
La esperanza: ampliar el cese
Aunque el anuncio del cese al fuego ha significado una esperanza, la gente es prudente a la hora de hablar de las expectativas. Yirson Ledezma, personero de Tadó, ha seguido de cerca las consecuencias de la quema de buses y de la instalación de minas en el municipio, por eso afirma claramente: “el solo discurso del cese y el diálogo que se está explorando con el Eln ya es una forma de generar menos violencia, eso es lo que se pensaría, pero hemos notado que actualmente el Eln se aparta de ese propósito, que es el cese de hostilidades”.
Por eso lo que la gente espera es que las conversaciones avancen y el cese al fuego se amplíe a un cese de hostilidades. Eso con el Eln. Sin embargo, la política de paz total plantea avanzar en negociaciones o sometimiento con otros grupos armados. La población espera que las conversaciones con las Agc y con el Estado Mayor Central se retomen para lograr un cese multilateral.
Mientras eso pasa, el pedido es uno solo: que el gobierno llegue a las zonas de conflicto con servicios: desminado, salud, educación y seguridad alimentaria. “Que nos limpien el territorio”, dice Álvaro Valencia. “Las minas están en el San Juan, en Bojayá y en todos lados. El Eln sabe do
