En el departamento del Amazonas, donde la política se mueve entre redes familiares, lealtades locales y candidatos que cambian con facilidad de color, algunos apellidos se repiten elección tras elección. Entre ellos está el de los Acosta. Durante más de tres décadas, distintos miembros de esta familia han ocupado cargos públicos, tejido alianzas y mantenido una presencia constante en la administración local y departamental. Hoy, una de sus figuras más visibles es la representante a la Cámara Yénica Sugein Acosta Infante, quien llegó al Congreso en 2018 y fue reelegida para el periodo 2022-2026; ahora es candidata para repetir este puesto en los próximos 4 años.
Yénica Sugein Acosta Infante nació en Leticia en 1980; es odontóloga de la Fundación Universitaria San Martín; cuenta con formación en epidemiología de campo del Instituto Nacional de Salud y con un posgrado en vigilancia sanitaria, epidemiología y ambiental del Instituto de Ensino Superior Blauro Cardoso de Mattos, en Brasil.
Pero más allá de su trayectoria profesional, su carrera política ha estado profundamente vinculada a la historia política de su familia. Acosta es considerada una de las fundadoras del Centro Democrático en el departamento, partido con el que alcanzó su curul en el Congreso.
Su elección en 2018 fue relativamente ajustada: obtuvo 3.628 votos para convertirse en representante a la Cámara por el departamento del Amazonas. En un departamento de baja población electoral, esa cifra fue suficiente para consolidar su llegada al Capitolio y mantener la presencia del grupo político familiar en la escena nacional. En esa contienda superó a otros aspirantes como Harold Augusto Valencia Infante, quien obtuvo 2.925 votos, y Jhon Carlos Palomares Babilonia, con 2.554, ambos candidatos del Partido de La U.
La herencia política de Félix Acosta
El origen del poder político de esta familia está ligado a la figura de Félix Acosta Díaz, padre de la congresista y exgobernador del Amazonas. Durante años fue uno de los dirigentes más influyentes del departamento, hasta que su carrera quedó marcada por un escándalo judicial.
En 2009, la Corte Suprema de Justicia lo condenó a seis años de prisión por irregularidades en la contratación pública. El proceso se originó por el fraccionamiento de un contrato destinado a la reparación de la vía Leticia-Tarapacá. Según la sentencia, el contrato, cercano a los mil millones de pesos, fue dividido en 68 microcontratos con el mismo objetivo, una práctica que permitió evadir los procesos de contratación correspondientes.
A pesar de la condena, el apellido Acosta no desapareció de la política regional. Por el contrario, varios integrantes de la familia continuaron ocupando cargos y participando activamente en campañas electorales.
Uno de ellos fue Freddy Acosta, hermano de Yénica, quien fue diputado de la Asamblea Departamental por la Alianza Social Independiente durante dos periodos. Tanto él como su padre jugaron un papel clave en la campaña que llevó a Yénica Sugein Acosta Infante al Congreso, movilizando estructuras políticas y redes locales de apoyo. Antes de su llegada a la Cámara, la curul del Amazonas había estado en manos de Eduar Luis Benjumea durante el periodo 2014-2018, quien es sobrino —o sobrino político— de Félix Acosta Díaz. Benjumea fue elegido por el Partido Liberal Colombiano, lo que refleja cómo las redes familiares del departamento han tenido presencia en distintos partidos. En 2024, la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación en su contra por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias, relacionados con la supuesta gestión de recursos para una obra civil en el municipio de Galeras.
Las casas políticas del Amazonas
El caso de la familia Acosta no es aislado en el Amazonas. En este departamento, donde el censo electoral es reducido y las redes personales pesan tanto como los partidos, la política suele organizarse alrededor de clanes familiares.
Apellidos como Acosta, Benjumea y Valencia han alternado durante décadas cargos en la Asamblea, la Alcaldía de Leticia y la Gobernación. A veces compiten entre sí; otras, construyen alianzas coyunturales que les permiten mantener presencia en las instituciones.
En ese escenario, los partidos políticos suelen ser vehículos más que identidades ideológicas permanentes. Es común que miembros de una misma familia compitan con avales distintos, desde colectividades tradicionales hasta movimientos alternativos.
Para los críticos, esta dinámica refleja la persistencia de maquinarias políticas regionales que concentran poder en pocos grupos familiares. Para sus defensores, en cambio, se trata de liderazgos locales consolidados que conocen las necesidades del territorio.
De la administración local al Congreso
Antes de llegar al Congreso, Acosta había ocupado distintos cargos en la administración pública de Leticia. En 2011 fue secretaria de Salud del municipio y posteriormente trabajó como gestora departamental de primera infancia entre 2012 y 2013.
Más tarde se desempeñó como secretaria de Desarrollo Social de Leticia entre 2015 y febrero de 2017, durante la administración del entonces alcalde José Huber Araujo.
Ese paso por la alcaldía también generó cuestionamientos. Tras su elección como representante, en 2018 se presentó una demanda ante el Consejo de Estado que buscaba anular su elección. Los demandantes argumentaban que Acosta estaba inhabilitada porque habría ejercido funciones como alcaldesa encargada mientras era secretaria de Desarrollo Social.
El alto tribunal negó la demanda. Determinó que no había ejercido como alcaldesa titular ni había sido designada formalmente como reemplazo, sino que simplemente recibió una delegación de funciones por parte del alcalde.
Una vez en el Capitolio, Acosta se integró a la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes, encargada de los asuntos económicos, especialmente del presupuesto nacional. Para el periodo legislativo 2021-2022 llegó incluso a presidir esa comisión, uno de los espacios claves para la discusión del gasto público.
Durante la legislatura también fue designada vicepresidenta para Colombia del Parlamento Amazónico, un organismo de integración regional enfocado en temas ambientales y de desarrollo en la Amazonía.
Sin embargo, su paso por el Congreso no ha estado exento de controversias. En 2023, la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal en su contra por el presunto delito de peculado por apropiación. El proceso se originó por la vinculación de una asesora en su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) que, según las denuncias, residía en Canadá mientras recibía salario del Congreso.
La normativa establece que los miembros de estas unidades deben trabajar en el Congreso o en el departamento que representan los congresistas, pero no en el exterior. Acosta ha sostenido que desconocía la situación. Afirmó que la asesora cumplía sus funciones y que la residencia fuera del país ocurrió sin su conocimiento. Pese a la controversia, el Consejo de Estado revisó el caso y determinó que no había méritos suficientes para quitarle la curul.
No obstante, el proceso penal continuó avanzando. Hace una semana el caso registró un nuevo movimiento: la Corte Suprema de Justicia decidió llamar a juicio a la representante Yénica Sugein Acosta Infante. De acuerdo con la investigación, la integrante de su UTL habría cobrado diez meses de salario sin cumplir con sus obligaciones laborales y residiendo en Canadá, pese a que la congresista no habría expedido el certificado de cumplimiento de funciones requerido para autorizar dichos pagos institucionales.
Ante la difusión del caso en medios nacionales, la congresista publicó un mensaje en sus redes sociales en el que afirmó que algunas versiones periodísticas contenían información incorrecta. En un video difundido durante su campaña aseguró que no existe ningún proceso en su contra por pérdida de investidura ante el Consejo de Estado y explicó que el trámite judicial se desarrolla únicamente en la Corte Suprema.
“Hay un proceso en la Corte Suprema de Justicia; es el mismo que estuvo en el Consejo de Estado, donde el fallo fue a mi favor”, afirmó. En ese mismo mensaje criticó lo que calificó como “mensajes de desinformación” y sostuvo que continuará ejerciendo su derecho a la defensa.
Mientras el proceso judicial avanza, Acosta ya anunció su intención de volver a competir por la curul del Amazonas en el Congreso.
El nombre de la representante también apareció en medio de un episodio de tensiones entre el Congreso y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
En mayo de 2023, desde la Comisión Cuarta, Acosta citó a debate de control político al entonces director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Luis Carlos Reyes. Una de las preguntas del cuestionario indagaba si existían intereses para nombrar directores que no fueran funcionarios de carrera en las direcciones seccionales de frontera o ciudades portuarias.
Meses después, Reyes denunció públicamente que algunos congresistas habían presionado para obtener cuotas burocráticas dentro de la entidad, particularmente en oficinas aduaneras. Según su testimonio, la negativa a entregar esos cargos habría generado retaliaciones políticas, incluyendo citaciones a control político e intentos de moción de censura.
Un poder que se renueva
En las elecciones legislativas de 2022, Yénica Sugein Acosta Infante logró consolidar su presencia política en el departamento al ser reelegida como representante a la Cámara por la circunscripción del Amazonas con 4.294 votos, aumentando su respaldo electoral frente a la elección de 2018.
Durante su actual periodo legislativo (2022-2026), Acosta integra la Comisión Cuarta Constitucional Permanente, una de las comisiones económicas del Congreso encargada de tramitar temas relacionados con las leyes orgánicas de presupuesto, el sistema de control fiscal financiero, la destinación de bienes nacionales, la regulación de propiedad industrial y la contratación administrativa del Estado.
Desde ese espacio ha participado en la discusión de asuntos presupuestales y económicos del país y ha presentado varias iniciativas legislativas como autora o coautora. Entre ellas figuran proyectos para reducir el IVA en los tiquetes aéreos, crear una tarjeta digital de estacionamientos accesibles, fortalecer medidas de protección para menores víctimas de delitos sexuales, tipificar delitos contra la educación, impulsar el turismo como motor de la economía nacional y modificar la exención del IVA en el tráfico postal. También ha promovido iniciativas relacionadas con el impuesto predial para adultos mayores, programas de segundas oportunidades y un proyecto simbólico de homenaje a las víctimas de la toma de Mitú. Sin embargo, su nombre también aparece como coautora de iniciativas de alto contenido político, como el proyecto de ley presentado en agosto de 2025 por la representante Katherine Miranda para derogar la política de Paz Total impulsada por el gobierno de Gustavo Petro.
La nueva candidatura de Yénica Sugein Acosta Infante se inscribe en una disputa política que, como ha ocurrido durante décadas en el Amazonas, vuelve a tener como protagonistas a los mismos apellidos y redes familiares que han marcado el rumbo del poder regional.
En este departamento, cada elección al Congreso suele estar atravesada por la influencia de los principales poderes locales. Tanto la Gobernación como la Alcaldía de Leticia acostumbran a jugar un papel determinante en la definición de las dos curules a la Cámara que tiene el territorio.
La contienda actual no parece romper ese patrón. Las dos representantes en ejercicio aspiran a mantenerse en el cargo, pero su éxito depende en buena medida del respaldo de esas estructuras políticas. La congresista liberal Karina Bocanegra, cercana al gobierno de Gustavo Petro, parte con una ventaja: su candidatura cuenta con el apoyo del gobernador Óscar Sánchez.
El panorama es más complejo para Acosta, quien milita en el Centro Democrático y ha sido una de las voces opositoras al Gobierno. La otra gran estructura institucional del departamento —la de la Alcaldía de Leticia— respalda una lista distinta, lo que reduce su margen de maniobra en la contienda.
La representante intenta sostener su base política apoyándose en el peso histórico de su familia. Aún cuenta con el respaldo de su padre, Félix Acosta. Sin embargo, el poder político del clan ha perdido fuerza en los últimos años y algunos de sus aliados electorales enfrentan dificultades para aportar el volumen de votos necesario.
En ese escenario cobra fuerza una nueva alianza electoral. Se trata de la coalición entre el Movimiento Alternativo Indígena y Social y Colombia Renaciente, denominada La Voz del Amazonas, una lista respaldada por el alcalde de Leticia, Elquin Jadrian Uní, que aspira a quedarse con una de las curules del departamento.
Al frente de esa lista aparece Orlando Rayo, quien fue representante legal de la Organización Nacional Indígena de Colombia y cuenta con respaldo de comunidades indígenas de la región. También participa Jhicell Benjumea, miembro de otra de las familias políticas tradicionales del Amazonas y hermana del exrepresentante a la Cámara Octavio Benjumea, quien obtuvo la segunda votación más alta para la Gobernación en las elecciones pasadas.
Por su parte, el Pacto Histórico intenta ganar terreno en la contienda con la candidatura de Pompilio Andrés Losada, quien incursiona por primera vez en la política electoral. Aunque cuenta con el respaldo de la senadora Isabel Cristina Zuleta, su nivel de reconocimiento en el departamento todavía es limitado frente al de otros aspirantes.
Las diferencias entre los candidatos también se reflejan en algunos de los debates clave para el territorio. De los seis aspirantes sobre los que existe información pública, tres respaldan la continuidad de la política de Paz Total y tres se oponen. En materia de autonomía indígena, tres se declaran favorables, mientras uno plantea la necesidad de una mayor supervisión estatal; de los demás no hay datos claros.
En total, ocho nombres suenan con fuerza para disputar las dos curules del Amazonas, un territorio con baja representación nacional y densas redes de poder local, en el que cada elección se convierte en un pulso entre clanes políticos tradicionales, donde las alianzas familiares y las estructuras territoriales pesan más que las propias propuestas programáticas.
