Educación y trabajo: las promesas que la minera BCC le hace a los jóvenes para entrar a Cañaverales

Mildrelys Moya y al menos 20 jóvenes de Cañaverales están abogando para que la empresa minera Best Coal Company (BCC) pueda empezar a explotar carbón en Cañaverales a cambio de que realice talleres de formación y se comprometa a emplearlos si logra entrar en operación. Aunque Moya y los demás jóvenes del corregimiento son un grupo minoritario entre los cerca de 2.000 habitantes, aproximadamente, que tiene el corregimiento, su voz ha empezado a coger fuerza ante la falta de oportunidades de estudio y empleo que tienen los jóvenes de su pueblo.

“De lejos veo la dificultad que hay en el pueblo con los jóvenes que no tienen cómo. Si está el interés de la empresa de ayudar a los jóvenes de acá, que los eduquen y les garanticen el trabajo a los que se metan a estudiar”, dice Mildrelys Moya, una mujer de 32 años y madre de dos hijos quien lidera el grupo de los jóvenes a favor del proyecto minero en ese corregimiento de San Juan del Cesar. 

Este trasfondo, sobre la necesidad de tener mayores oportunidades de estudio y la búsqueda de empleos se ha posicionado en los últimos meses en las discusiones comunales en Cañaverales. El debate es intenso, en gran medida porque hace parte de la estrategia de acercamiento que está implementando la minera BCC en la zona. Según cifras de la compañía, desde el segundo semestre de 2018 al mismo semestre de noviembre de 2022 se vincularon 40 practicantes de las diferentes comunidades del área de influencia en convenio con el SENA, el Infotep y la Universidad de La Guajira. Además, a mayo de 2023 asegura que ha apoyado a 97 negocios de habitantes de los siete corregimientos y los tres municipios en los que impactará el proyecto. 

Por su parte, el acercamiento de BCC en Cañaverales ha sido con actores que considera estratégicos como la Junta de Acción Comunal y otros liderazgos, entre los que se encuentra Mildrelys Moya. El relacionamiento con estos líderes e instancias de participación han empezado a hacerle contrapeso al consejo comunitario Los Negros de Cañaverales, quienes deben discutir los impactos sociales y ambientales de la mina, y dar su veredicto en los próximos meses. 

David Uribe Laverde, abogado ambiental e integrante de Territorios de Paz (Terrepaz), una organización que asesora a comunidades rurales en defensa del territorio, cuestiona que este tipo de estrategias agudiza la desigualdad de relacionamiento entre la empresa y la comunidad, pues está enmarcada por las circunstancias de precariedad y vulnerabilidad de la población. “Desafortunadamente por como se ha configurado el modelo extractivo, estos proyectos se implementan en zonas marginadas, en las cuales es muy fácil que el impulso económico de las empresas resulte siendo una especie de cooptación de la favorabilidad de la comunidad sobre servicios de asistencia social que deberían ser prestados por el Estado”, dice Uribe.

“Es una agenda encubierta porque se presenta la oferta de empleos y estudios como inversión social, cuando en realidad es una operación rentable para las empresas que están capacitando su mano de obra no cualificada. Esto va a redundar en empleos seguramente precarizados o mal pagos, porque se trata de jóvenes que recién ingresan al mercado laboral”, explica el abogado.

Por su parte, Limbano Díaz, consejero de juventud departamental y quien ha seguido el proceso en Cañaverales, destaca que en La Guajira hay una creencia predominante de que los empleados en el sector minero son quienes viven cómodamente y tienen mayor facilidad económica. "Ese es el paradigma que nos han enseñado a nosotros, que la mejor forma de desarrollo es a través de esas empresas o esos puestos de trabajo, pero no les han contado todos los efectos adversos. La gente solamente ve la abundancia de los recursos, la promesa de que van a ser técnicos, de que van a tener mejores casas", afirma Díaz.

Mildrelys Moya asegura que es consciente que la falta de inversión de los gobiernos es lo que hace vulnerable a su comunidad y ha deteriorado las condiciones de vida en Cañaverales. Reconoce que las necesidades de su pueblo son aprovechadas y, en esa misma medida, ellos y ellas deben sacar provecho de cualquier ayuda que llega a su territorio.

“Lo llamo el tráfico del hambre. Trafican con el hambre de las personas. No te voy a decir que la mina lo hace. En estos momentos veo la ayuda allá. Si esa es la vaca que me está dando leche, voy a ordeñarla y después veo si la convierto en queso y mantequilla o la pulverizo”, afirma Moya.

“Yo como queso, no como carbón”: la otra postura de los jóvenes frente a la mina

Otro grupo de jóvenes en Cañaverales temen la pérdida de la vocación agrícola y la destrucción de la reserva natural del manantial. Este último grupo, quienes son cercanos al consejo comunitario e incluso algunos hacen parte de este, han adoptado el lema: “Yo como queso, no como carbón”, que han estampado en camisetas, gorras y pendones que utilizan durante las reuniones de preconsulta. Para ellos y ellas, la discusión es principalmente sobre cómo se entiende el desarrollo y el progreso que debería tener su comunidad.

"La empresa ha venido dando una mala información con respecto a que va a haber desarrollo, pero tenemos que replantearnos el significado de desarrollo que no es destrucción de nuestra cultura, ni de nuestra identidad. Para mí es que venga el gobierno y mejoré el acueducto, el alcantarillado. Todos los servicios, las necesidades de un puesto de salud y eso no lo hace una empresa", manifiesta Dayelis Gámez Bula, de 32 años de edad.

Los y las jóvenes que se oponen a la realización del proyecto minero de BCC, que hace parte del conglomerado turco Yildirim Holding, consideran que para mejorar las condiciones de vida en Cañaverales es necesario que las autoridades locales impulsen otros sectores económicos. “Para que exista un desarrollo no necesariamente tiene que llegar una empresa, debe de haber un amor e interés por los gobiernos de apoyar a este pueblo que es de vocación agrícola y ganadera e invertir en proyectos”, dice Jhoymar Gamez, una joven trabajadora social de 28 años. 

Por otra parte, Maria Camila Palacios, una joven de 17 años de edad que ya terminó sus estudios de bachillerato y actualmente está a la espera de entrar a la universidad, desconfía de que la empresa pueda garantizar estudio para todos y todas. "No es tan fácil que llegue una mina y le pueda dar a la mayoría o a todos los jóvenes de aquí algún estudio. En estos casos se manejan mucho los contactos y siempre le dan prioridad a unas cuantas personas y eso no sería equitativo", afirma Palacios.

En Cañaverales, una vez terminan el bachillerato en la Institución Educativa Ana Joaquina Rodríguez, los jóvenes tienen la posibilidad de acceder al Sena o a la Universidad de La Guajira, ambas ubicadas a casi una hora 30 - 50 minutos en del municipio de Fonseca o Villanueva.,Otra alternativa es o pagar una corporación o un instituto privado de educación como el Infotep, la Corporación Educativa del Caribe (Cedelca) y System Center, ubicados a 20 minutos en el casco urbano. Sin embargo, para trasladarse a cualquiera de estos centros de educación superior, los jóvenes deben pensar en gastos de transporte, en el pago del semestre que varía oscila entre los 150 y 300 mil pesos, la alimentación de un día, materiales para el desarrollo de las clases y en algunos casos, deben asumir el arriendo de alguna habitación porque ven más viable radicarse en el lugar. 

Las carreras que se ofertan para los y las jóvenes, además, se limitan a técnicos o tecnólogos en gestión ambiental, gestión minera, gestión contable y seguridad industrial, entre otros. Si desean estudiar una carrera profesional como medicina o, derecho, comunicación social o alguna ingeniería deben trasladarse haciaa otras ciudades del país o a la Universidad Popular del Cesar (UPC) o a la Universidad de La Guajira en la sede de Riohacha, ubicada a dos horas y media de distancia desde el municipio.

“Los que terminan de estudiar se quedan esperando a tener algún empleo pero para todo se necesita experiencia entonces lastimosamente se nos dificulta mucho”, cuenta Yulainis Daza Peñaranda, quien está desempleada a pesar de que es egresada del técnico en auxiliar administrativo. Los jóvenes que no acceden a educación superior se emplean en los cultivos de tomate, filo, algodón, plátano, yuca y maíz en el corregimiento, que es conocido por ser una despensa agrícola. Sin embargo, los habitantes coinciden en que este sector económico ya no es atractivo y rentable como en años anteriores. Los demás emprenden haciendo refuerzos escolares, vendiendo productos o buscan trabajos en el casco urbano. 

Beneficios cuestionables

Otro de los puntos de cuestionamiento ha sido el número de empleos que la empresa ha proyectado contratar en los diez años de operación. Según BCC, se generarán 300 empleos directos y 600 indirectos. Sin embargo, para algunos jóvenes estos números no generarían un impacto significativo en la empleabilidad del corregimiento y los tres municipios. La compañía tampoco ha dado garantías de que se priorizará a los habitantes de Cañaverales en los procesos de contratación, puesto que son siete corregimientos que serán afectados por la mina.

José David Gámez, un joven de 22 años a punto de culminar sus estudios de bachillerato en la I.E Ana Joaquina Rodríguez, considera que los empleos que la empresa va a dar son una solución a corto plazo. "De pronto sí, nos dan oportunidad de estudio y de trabajo durante diez años. Pero después la mina se va porque se acabó el proyecto y cómo quedamos nosotros, algunos quedarán enfermos de los pulmones porque ese polvillo del carbón es malo. La mayoría van a quedar desempleados", sostiene Gámez.

José Vega, investigador del Instituto Ambiental de Estocolmo y quien ha seguido de cerca el desarrollo de la industria minera en el Cesar y La Guajira, apoya la visión de los jóvenes y recalca que los beneficios que este sector aporta son cuestionables. “Este ha sido el motor económico de la región durante varias décadas, desplazando a otros sectores económicos que en su momento eran más prominentes como la agricultura y que empleaban a muchísima más gente”. Por otro lado, manifiesta que la minería deja más ganancias al Estado que empleos a los municipios afectados.

“Un sector como la minería de carbón en La Guajira es el 50 por ciento o más del Producto Interno Bruto, pero genera muy poco empleo, menos del 2 por ciento. Es un sector económico que aparentemente es el que más riqueza genera, pero que a su vez no emplea tanta gente”, agrega Vega.

Los jóvenes, las voces ‘ignoradas’ en La Guajira

La falta de empleo y oportunidades de estudio no son el único síntoma del olvido en el que se sienten los jóvenes de Cañaverales. La única inversión que recuerdan que hizo una Alcaldía en su corregimiento fue construir un parque biosaludable e instalar una malla de protección en la cancha de fútbol, para que los balones no cayeran a las casas cercanas. Esto ocurrió hace unos cinco años, según cuentan los pobladores, y actualmente, el deterioro de ambas obras es notorio.

En la Alcaldía municipal, no hay una cifra clara de cuántos jóvenes tiene el corregimiento y ni el municipio, según Snick Olivella, enlace de Juventud de la administración municipal. Los únicos datos públicos que se conocen son las proyecciones del DANE para 2023 con base en el censo de 2018, que establecen que en San Juan del Cesar hay alrededor 13.058 jóvenes entre los 15 a los 29 años. 

Cristian Andrés Barros, presidente de la Plataforma Municipal de Juventud, afirma que: “No hay una proyección real de los jóvenes de la zona rural en San Juan del César. Las oportunidades laborales educativas y hasta de salud para la zona rural y sus jóvenes son precarias. Las instituciones no sirven, hay poca veeduría ciudadana, poco interés sobre el tema juvenil en esas poblaciones y jóvenes desenterados de las oportunidades, las ofertas institucionales o los escenarios a los que pueden acceder por medio del Estatuto (de Ciudadanía Juvenil) para generar ingresos”.

La Plataforma Municipal de Juventud y el Consejo Municipal de Juventud, además, han denunciado en distintas oportunidades que no hay espacios de interlocución con la administración municipal. “Esto parte del distanciamiento que tiene la administración sobre el tema de Juventudes. Nosotros no dependemos de la Gobernación ni de la Alcaldía sino que tenemos enlaces con las oficinas presidenciales, pero aún así eso es insuficiente porque al final terminan siendo las administraciones locales las que tienen voz, voto y decisión sobre lo que nosotros planteamos”, agrega Barros.

A este panorama se suman dos fenómenos que se están presentando en San Juan del Cesar y preocupan porque son los y las jóvenes quienes terminan involucrados: suicidios y asesinatos selectivos presuntamente por grupos de “limpieza social”. En lo que va corrido del año, dos jóvenes se han quitado la vida en el municipio y, en el último mes, tres más fueron asesinados. Sin embargo, hasta la fecha no se ha logrado establecer quiénes fueron los responsables de estos homicidios pero hay alerta en la zona de presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. 

Al respecto, Limbano Díaz, consejero departamental de juventud y presidente de la Comisión de Concertación y Decisión, cuestiona que a pesar de que La Guajira es un departamento del que se extrae sal, carbón y se desarrollan proyectos minero energéticos, esto no se ha traducido en mejores oportunidades para los jóvenes ni la población en general.

“La Guajira es uno de los departamentos que tiene menos cobertura de agua en el país. Los recursos que logra captar el Estado, a través de las regalías, son un porcentaje mínimo de todas las ganancias de las empresas. De estas (regalías) se han enriquecido muchas familias y casas políticas del departamento pero no se ha fortalecido nuestra capacidad de gobernanza y de participación, ni el aparato productivo donde el 60 por ciento de sus trabajadores son informales. No hay capacidad de generar mayores inversiones en los sectores claves del desarrollo, como son salud, educación y agua potable donde nuestros indicadores son los menores del país”, afirma Díaz.