Conchita Narváez pasó los últimos meses de su vida pidiéndole a su nieta, María del Carmen Guevara, que no la dejara sola. Le decía: “ven, mi María, ¿dónde andas? Me pongo nerviosa cuando no estás”. Guevara atendía siempre a su llamado con cariño, recuerda. Durante más de diez años, solo tomaba algunos turnos como enfermera y regresaba apresurada a su casa para cuidarla el resto del día. La ayudaba a bañarse, le preparaba la comida, le daba sus medicinas, hacía limpieza en su cuarto y permanecía a su lado. Conchita murió hace cuatro meses, a los 109 años.
Ahora, Guevara continúa al cuidado de sus tíos Melfa y Pedro, de 83 y 76 años. Los tres viven en una casa antigua con un patio lleno de árboles de papaya y caimo, en Mocoa, Putumayo. “Yo la cuidé [a Conchita] todos los días con mucho cariño y paciencia, porque era mi abuelita y porque cuidar es mi vocación. Los últimos días tocaba bañarla en la cama, darle el alimento en la boca y estarla moviendo de posición. Ahora pienso en cómo pude con tanto”, cuenta Guevara.
Ese cuidado que Guevara ofreció a su abuela, y continúa ofreciendo a su familia, es indispensable socialmente porque sostiene la vida de otros. Sin embargo, es uno de los trabajos históricamente invisibilizados. De hecho, hay siete millones de mujeres en el país dedicadas a cuidados no remunerados, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, de 2019.
Se trata de una distribución desigual, porque estas tareas recaen sobre todo en las mujeres. Entre 2020 y 2021, el 90 por ciento de las mujeres y el 63 por ciento de los hombres realizaron actividades de cuidado no remuneradas. Mientras las mujeres dedican en promedio siete horas al día a estos trabajos, los hombres dedican apenas tres, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT). Esa carga es más desproporcionada en las zonas rurales, porque las mujeres de los municipios más alejados de los centros de poder dedican hasta ocho horas y media a estas labores.
“Es muy importante reconocer la feminización que culturalmente y a partir de los estereotipos de género están arraigados en los cuidados. El cuidado en América Latina y en el mundo es algo que tiene cuerpo de mujer y de niña. Eso y el hecho de que se consideran secundarios, porque lo que se prioriza es la productividad sobre la reproductividad, hacen que sean trabajos muy precarios”, explica Nasheli Noriega, coordinadora de Feminismos y Justicia de Género de Oxfam, una organización internacional que busca combatir la desigualdad.
"El cuidado en América Latina y en el mundo es algo que tiene cuerpo de mujer y de niña. Eso y el hecho de que se consideran secundarios, porque lo que se prioriza es la productividad sobre la reproductividad, hacen que sean trabajos muy precarios".
Nasheli Noriega, coordinadora de Feminismos y Justicia de Género de Oxfam
Los trabajos del cuidado representan, además, una especie de motor oculto de la economía. Solo en 2021, el valor de la producción del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado fue de 462.295 miles de millones de pesos en el país, según la Cuenta Satélite de Economía del Cuidado.
Solo en 2021, el valor de la producción del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado fue de 462.295 miles de millones de pesos en el país, según la Cuenta Satélite de Economía del Cuidado.
Para reconocer y garantizar el derecho al cuidado, el Gobierno creó en junio de 2022 el Sistema Nacional de Cuidado, una de las principales apuestas del Ministerio de la Igualdad. La iniciativa surgió para el cumplimiento de las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad" para coordinar y articular políticas públicas a favor de los cuidados. Estas políticas proyectan desde subsidios a madres cabeza de hogar y a cuidadores de personas con discapacidad hasta programas de cuidados comunitarios y formación para cuidadoras. Con este sistema, que está todavía en diseño, Colombia se convertiría en el segundo país de América Latina, después de Uruguay, en impulsar un proyecto así.
“Las cuidadoras necesitamos una remuneración para sostenernos y mejorar nuestra calidad de vida. Necesitamos apoyo psicológico y emocional, porque muchas veces no tenemos a quien acudir. El cuidador se enferma, pero no puede parar de cuidar”, afirma Zulma Gómez, una cuidadora en Popayán que hace parte del Sindicato Nacional de Cuidadores de Vida.
En este momento, considera Luisa Almazo, representante legal del sindicato, las “cuidadoras no tenemos ninguna ventaja”. “Las madres o los hijos que cuidan a algún miembro de su familia que lo requiere porque tiene alguna condición de discapacidad o está enfermo, no reciben ningún reconocimiento económico por eso. Ni siquiera están acogidos por el sistema. Hay niños que cuidan en sus casas. Yo fuí esa niña”, recuerda Almanzo, quien cuida a su hermano con discapacidad cognitiva desde que tenía once años.
Una tarea de todos, especialmente del Estado
¿Por qué hay pocas garantías de derechos para las personas cuidadoras? De acuerdo con Nasheli Noriega, coordinadora de Feminismos y Justicia de Género de Oxfam, además de la feminización e invisibilización de los cuidados, “hay un debilitamiento de los Estados producto de las políticas neoliberales que se han asumido en América Latina”.
“Esa ha sido la tendencia desde los ochenta y especialmente en los noventa, que ha llevado a que los Estados cuenten con menos recursos y privaticen sus obligaciones y funciones. Por eso creemos que retomar el rol del Estado como garante de derechos es clave para frenar su reducción de capacidades para atender las obligaciones que por derecho tenemos las personas”, señala Noriega.
Estos derechos, precisa, están especialmente consagrados en instrumentos universales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. “También está en nuestras constituciones, donde se habla del derecho a la igualdad. Esta no se garantiza porque los Estados no se han propuesto tomar medidas efectivas para cumplir su rol. Por eso la propuesta es que recauden más y mejor, porque dinero sí hay pero no se distribuye de manera justa”, explica.
La idea es que el Estado garantice los derechos de las personas cuidadoras y que los costos y esfuerzos puedan ser asumidos de forma corresponsable por todos los actores: Estado, sector privado, familias y comunidades. Así lo propone la economía feminista, que plantea cuatro procesos clave: reconocer, reducir, redistribuir y representar los cuidados, según el informe “Los cuidados en Latinoamérica y El Caribe”.
Es decir, que las políticas públicas deben, primero, reconocer el cuidado como un trabajo que hace parte de los esquemas monetarios y que necesita de profesionalización. Además, deben proveer sistemas sólidos de salud, jardines materno-paternales, casas de cuidado de personas adultas mayores, centros de cuidado especializado, entre otros. También buscar que estos trabajos sean asignados equitativamente para hombres y mujeres, hogares, instituciones empleadoras, comunidades. Y, finalmente, deben representar a los sindicatos e incluir el trabajo de cuidados en las agendas del Estado.
Un trabajo “muy desagradecido”
Sandra Moreno despierta cada día a las 5:30 de la madrugada. Prepara el desayuno, también el almuerzo, barre, trapea y ayuda a su hijo menor a alistarse para ir al colegio. A eso de las 8 de la mañana ya está en otra casa, la de sus jefes, para repetir las tareas: prepara el desayuno, barre, trapea, limpia la cocina, arregla los cuartos y hace el almuerzo. A las dos de la tarde regresa a su casa para continuar con otras labores del cuidado y, por fin, descansar.
Esa ha sido la rutina de Moreno desde hace 12 años, cuando empezó a trabajar como empleada doméstica en Tadó. “Mi mamá me enseñó desde muy joven que una tiene que trabajar. Una no sabe qué día el hombre se va de la casa, y si una no sabe trabajar, le toca ofrecer el cuerpo. Ya he trabajado en más de seis casas y esta me gusta mucho, porque los dueños han aprendido a quererme”, cuenta Moreno, de 37 años.
Su lista de labores diarias, que a menudo se duplican y triplican, es la misma que la de Ericka Vega, empleada doméstica en San Juan del Cesar, o que la de Nidia Artunduaga, en San Vicente del Caguán. Por esos trabajos reciben entre 400 mil y 500 mil pesos al mes. Ninguna cotiza al sistema de seguridad social, ni salud ni pensión, y tampoco tienen ARL. No reciben primas; en el mejor de los casos les dan bonos o una liquidación cada seis meses.
“Nosotras somos seres humanos y este trabajo es el que más deberían valorar las personas porque es muy arduo y de mucha responsabilidad. En cambio es muy desagradecido”, considera Artunduaga. “Nosotras nos sentimos desesperadas, vivimos a la deriva de Dios, arañando para ver qué podemos conseguir”, agrega Adela Molano, quien también es empleada del servicio en San Vicente del Caguán.
"Nosotras somos seres humanos y este trabajo es el que más deberían valorar las personas porque es muy arduo y de mucha responsabilidad. En cambio es muy desagradecido".
Nidia Artunduaga, empleada doméstica en San Vicente del Caguán
Ellas, así como 649 mil mujeres que dedican su vida al trabajo doméstico, forman parte de uno de los sectores más precarizados laboralmente en el país. De acuerdo con la ley 1788 de 2016, todas las empleadas domésticas tienen derecho a recibir una prima de servicios equivalente a 30 días de su salario por año, que debe ser pagada semestralmente. Sin embargo, solo el 24 por ciento ha recibido una prima en su vida, según la Gran Encuesta Integrada de Hogares hecha por el Dane en 2022. Es decir que el 76 por ciento no la ha recibido nunca.
Solo el 24 por ciento de las empleadas domésticas ha recibido una prima en su vida, según la Gran Encuesta Integrada de Hogares hecha por el Dane en 2022. Es decir que el 76 por ciento no la ha recibido nunca.
Ese incumplimiento es solo una de las barreras que mantiene a las trabajadoras alejadas del acceso a un empleo justo. Además de tener prestaciones sociales, “también necesitamos acceder a un sistema de salud seguro, estar afiliadas al sistema de riesgos profesionales, tener una caja de compensación y que esa labor sea realmente reconocida, porque es un trabajo que está muy mal remunerado”, señala Luisa Almazo, representante legal del Sindicato Nacional de Cuidadores de Vida.
Por eso, una esperanza para mejorar las condiciones laborales es la Reforma Laboral, que plantea un proyecto de ley para exigir que las empleadas domésticas sean vinculadas mediante un contrato de trabajo formal. Este sería un paso importante, porque “la existencia de un contrato de trabajo escrito otorga a las trabajadoras del servicio doméstico una prueba para que exijan, en un futuro, todos los derechos que lleguen a ser desconocidos por sus empleadores”, explica Daniela Alvear, asesora de seguridad social del Consultorio de la Universidad del Norte.
De acuerdo con Juliana Morado, codirectora del Observatorio Laboral de la PUJ de la Universidad Javeriana, el proyecto de Reforma Laboral también incluye una propuesta de registro de los contratos de trabajo en la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, que quedó aprobada en la Comisión Séptima. “Esto puede contribuir a la formalización porque es un trámite sencillo y conocido por los usuarios. La crítica que se hacía antes era porque el registro debía hacerse ante el Ministerio de Trabajo, lo que podía ser costoso y generar el efecto contrario de promover la informalidad”, explica.
Mejorar las condiciones de trabajo de las empleadas domésticas es mejorar sus condiciones de vida. A Sandra Moreno, por ejemplo, le preocupa el pago de la universidad de su hijo, ilusionado por ser algún día un médico cirujano. “Creo que tengo que aterrizarlo porque no puedo pagar eso, pero mi sueño es que mis hijos se vean en el espejo de nosotros, sus padres, para que sean mejores. No quiero que trabajen en una casa de familia, sino que tengan una buena calidad de vida”, dice Moreno.
