Corpoguajira estudia la licencia ambiental de BCC sin escuchar a comunidades de Cañaverales 

El consejo comunitario ancestral “Los negros de Cañaverales” radicó una queja ante la Procuraduría General el pasado 21 de marzo argumentando la violación al derecho a la participación ambiental, acceso a la información y a la consulta previa. Lo último que denunciaron fue la visita técnica que se realizó durante los días 19, 20 y 21 de febrero por parte de Corpoguajira en varios puntos donde la compañía Best Coal Company S.A.S. busca adelantar el proyecto minero de carbón a cielo abierto sin contar con su participación.

Esa visita, según exponen, se realizó sin las debidas garantías. Por eso piden a la Procuraduría acciones para que se protejan sus derechos y se inicie una investigación. 

El estudio de la licencia ambiental con la que la empresa Best Coal Company (BCC) pide operar en los municipios de Fonseca y San Juan del Cesar, sur de La Guajira, por unos 10 años está a cargo de Corpoguajira desde octubre del año pasado. BCC solicitó la modificación de su plan de trabajos y obras y redujo la explotación de carbón a menos de 800 mil toneladas por año. Por esto, la revisión quedó a nivel departamental.

Desde enero de 2025 el consejo comunitario “Los negros de Cañaverales” fue reconocido como tercer interviniente en el trámite de la licencia. La comunidad envió un derecho de petición en el que solicitaba prorrogar la visita y acompañar el recorrido conforme a sus usos y costumbres. Sin embargo, según denuncian, Corpoguajira realizó la diligencia sin tenerlos en cuenta. “La convocatoria se limitó a un anuncio general sobre la visita, careciendo de detalles cruciales para la participación efectiva. No hubo solicitud de autorización para el ingreso al territorio, información sobre el cronograma o metodología para el espacio y los asuntos logísticos de la misma”, indica.

“Se nos estaba negando la posibilidad de participar efectivamente de este proceso que es de gran importancia para la pervivencia de nuestra comunidad en el territorio, pues con ella se verificarían las condiciones sociales y ambientales del proyecto en temas hidrogeológicos, paisajismo, fauna, flora, hidrología, atmósfera, etc., los cuales estaban relacionados con el análisis del Estudio de Impacto Ambiental (E.I.A.) que presentó la empresa”, argumenta la comunidad en el documento.

Líderes de la comunidad informan que hicieron ese recorrido sin ellos y que incluso se movieron en camionetas con empleados de BCC y miembros del Ejército Nacional: “Los funcionarios de Corpoguajira junto con delegados de la empresa estuvieron transitando en el territorio en 5 o 6 camionetas. En algunas fincas no permitieron su ingreso pues no contaban con los permisos de la comunidad. Por ello, solo estuvieron transitando por las carreteras, lo que no deja certeza sobre la efectiva verificación de los puntos a visitar del proyecto”.

Oscar Gámez Ariza, presidente del consejo comunitario, cuestiona que no hubo ningún tipo de convocatoria. “Nos notificaron que iban a hacer un trabajo, pero no hubo concertación. Acá en territorio no hemos tenido ningún tipo de visita por parte de las instituciones públicas”, afirma. 

“El manantial es la mayor riqueza que tenemos no solo para nuestro bienestar, sino para las futuras generaciones. Seguimos en la resistencia y tratando de hacer lo que podamos”, agrega.

Oscar Gámez tiene 50 años y define su labor como la “resistencia de su territorio”, por eso rechaza la entrada de la minera: “Traer a la minería como una solución a toda esta problemática es una mentira. Generan algunos puestos de empleo, pero a dónde van a vivir las personas si pierden su territorio. Ellos hablan de desplazamiento voluntario, pero es una forma de engañar a la gente, el gran desplazador es la minería de carbón. Cañaverales será arrasado por la empresa minera”.

“Desplazan a los colombianos de su tierra para que llegue una empresa de un país extranjero, eso es peor que la invasión y peor que la colonización”, puntualiza. 

Edward Andrés Fragoso tiene 26 años y vive en Cañaverales. Su voz se suma al rechazo:  “Queremos que la empresa no llegue más a Cañaverales. Todo es una incertidumbre, acá no nos han socializado el proyecto ni el estudio. Pedimos a las autoridades nacionales estar del lado de las comunidades y no de transnacionales”.

“Nos han violado nuestros derechos, no hemos sido consultados, ellos siempre se han levantado. Ahora están quietos para que se les otorgue esa licencia”, puntualiza. Edward describe a Cañaverales como un lugar de “riqueza y un paraíso. Es un lugar hermoso y ahora lo quieren destruir”.

Desde el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (Cajar), que ha acompañado el proceso del consejo comunitario, afirman que la problemática actual es que se esté permitiendo una nueva mina de carbón a cielo abierto en tiempos de crisis climática. “No hay coherencia con todos los acuerdos en materia ambiental que ha adquirido el gobierno. Se está permitiendo que se esté dando trámite a una licencia ambiental que busca una nueva mina de carbón”, dice una de las abogadas.

“Exigimos al presidente Petro cumplir sus promesas de campaña y amparar nuestro territorio agroalimentario. Es fundamental impedir que una nueva mina de carbón a cielo abierto provoque la desaparición de nuestras fuentes de agua y afecte nuestra agricultura, identidad y vida digna”, agrega por su parte el comunicado del consejo comunitario en su cuenta en X, publicado el 25 de febrero.

“Fue un proceso en el que nunca hubo garantías de acceso a la información, por lo tanto se desconocieron los principios de participación pública, de transparencia y de publicidad. La empresa siempre generó obstáculos para socializar el proyecto y cambió el foco de atención orientado a traer progreso y trabajo”, indican desde el Cajar.

Argumentan que el convenio 169 de la OIT, ratificado por medio de la Ley 21 de 1991, reconoce el derecho humano a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas y tribales. Este derecho tiene relevancia fundamental cuando se trata de decidir sobre la evaluación de proyectos de explotación, ya que son medidas administrativas que pueden afectar directamente las formas y sistemas de vida de los pueblos indígenas o su integridad étnica, cultural, espiritual, social y económica.

“No hubo un respeto en el consentimiento previo libre e informado. Aplicaron de manera unilateral y arbitraria la figura del test de proporcionalidad que ya han cuestionado tribunales como el Consejo de Estado. Es repetir la misma historia de lo que ocurrió con Carbones del Cerrejón”, dice el Cajar.

Audiencia pública ambiental será clave 

Jorge Marcos Palomino, subdirector de Autoridad Ambiental de Corpoguajira, indica que la visita realizada en febrero fue netamente de la corporación y que el estudio está en evaluación con un equipo interdisciplinario que evalúa el impacto ambiental: “Se hizo la visita por parte de los funcionarios de la corporación. La visita fue netamente de Corpoguajira. Los dueños del proyecto informaron sobre algunos puntos específicos en dónde hay vertimientos y dónde se va a hacer el aprovechamiento forestal. Aunque los terceros intervinientes piden que no se aplace, que no se haga la visita. Eso no funciona así”.

“Nosotros estamos actuando conforme lo establece la ley, la norma. Estamos siendo muy cuidadosos con este trámite por toda la trascendencia, este es un trámite que tiene los ojos puestos de todas las comunidades y los entes de control”, agrega.

Palomino recalca que recibieron las quejas del consejo comunitario, pero que en esa visita no era requisito que estuvieran las comunidades. “Es una función netamente de los funcionarios de la corporación. La comunidad puede presentar sus escritos, puede participar en audiencia pública, pero ellos no pueden entrar a evaluar el estudio de impacto ambiental, ellos no pueden entrar a hacer la visita de inspección con los funcionarios de la corporación. Los profesionales expertos son quienes hacen la visita”.

“El espacio para que se argumenten sus razones, pros, contra es en esa audiencia pública, ellos tienen que estar preparados y hacer su presentación en la audiencia”, puntualiza. La audiencia pública ambiental que se realizará con el fin de socializar las dudas, preguntas, y presentar el estudio de impacto ambiental fue aceptada, pero no tiene fecha. Están invitadas la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, la Gobernación, la Alcaldía, la Personería, el Ministerio de Minas, el Ministerio de Ambiente, los 18 terceros intervinientes y la comunidad en general.

Otro de los cuestionamientos del consejo comunitario ancestral “Los negros de Cañaverales” es que Corpoguajira no tendría la capacidad para analizar el estudio. “En el expediente figura un acta de reunión de Corpoguajira indicando problemas sobre sus capacidades técnicas y operativas para analizar este estudio de impacto ambiental debido a la complejidad y magnitud del proyecto”, dicen desde el Cajar.

Sobre esto, Jorge Marcos Palomino dice que se contrató a un hidrogeólogo, se han reunido con varias entidades en Bogotá y se han pedido conceptos a entidades como el Ideam, el Servicio Geológico y el Instituto Humboldt: “En una ocasión el director general manifestó que no se tenía un funcionario idóneo para esta evaluación. Se han presentado conceptos de los cuales no son vinculantes”. 

Por su parte Jaime Álvarez, coordinador Ambiental y Social de BCC, indica que la empresa no tiene injerencia en las visitas que hace Corpoguajira. “La Corporación es autónoma en la forma en el mecanismo de evaluación. Ellos cuentan con un grupo multidisciplinario de profesionales que tienen la experiencia y el conocimiento para poder hacer la evaluación de la información que presentó BCC. El estudio de impacto ambiental se enmarca en los aspectos físicos, bióticos y sociales”. 

“Nosotros estamos pendientes de la audiencia pública en la que participarán los representantes de la comunidad. De los nueve consejos comunitarios con los que hicimos el proceso de consulta, ocho se protocolizaron sin ningún problema, los únicos que se oponen son los Los negros de Cañaverales”, indica Jaime Álvarez y resalta que será mediante la audiencia pública donde serán escuchados como intervinientes, en espera del trámite de Corpoguajira sobre la licencia.