A inicios de 2026, el sonido de las detonaciones volvió a irrumpir en San Vicente del Caguán, aunque durante un tiempo pareciera que nadie quisiera escucharlo. En medio de ese estruendo, la población campesina ha quedado atrapada en el fuego cruzado entre dos estructuras disidentes surgidas tras la firma del Acuerdo de Paz: el bloque Jorge Suárez Briceño, comandado por Calarcá —actual negociador en la mesa de diálogos en el municipio—, y la columna Teófilo Forero de la Segunda Marquetalia, liderada por Iván Márquez.
La disputa territorial, que se venía gestando en silencio desde hace más de un año, continúa dejando un saldo creciente de desplazamientos, afectaciones a semovientes, señalamientos y obstáculos para la materialización de los acuerdos construidos por y para la comunidad rural.
Gustavo Adolfo Orozco Artunduaga tiene 35 años y es campesino en la vereda Perlas 3, en el Bajo Pato, dentro de la Zona de Reserva Campesina. Desde 2017 vive allí con su esposa y sus dos hijas pequeñas, en una granja a orillas del río Pato donde cultiva plátano, yuca, banano y cacao. Cuando llegó, encontró una comunidad unida, organizada y con una clara proyección sobre su territorio. De ese anhelo compartido por sostener un espacio seguro nació, también para él, una apuesta inesperada: el turismo de aventura.
Pero la tranquilidad empezó a resquebrajarse sin hacer ruido. Primero fueron los señalamientos contra liderazgos sociales y políticos de la Zona de Reserva Campesina. Después, los desplazamientos selectivos. En 2024 se hicieron públicas las amenazas contra el ETCR Óscar Mondragón, en la vereda Miravalle. Lo que parecía un eco lejano del conflicto volvió a instalarse, poco a poco, en la cotidianidad campesina, como lo documentó este medio en una nota anterior.
“Para mi familia, estos años aquí han estado llenos de esperanza. Le apostamos a la construcción de paz y, después de la firma del acuerdo, sentimos la necesidad de volver a nuestra tierra. Ese proceso también me abrió la posibilidad de ser guía de turismo en un territorio que siempre había visto, pero que no imaginé que me daría experiencias, trabajo y la oportunidad de compartir con otros firmantes de paz. (…) Pero el conflicto ha vuelto. Hemos intentado sobrellevarlo, pero el deterioro del orden público terminó por alterar la cotidianidad”.
Él tuvo que dejar sus cultivos solos, sin cuidado. Porque el riesgo es inminente por los artefactos que nuevamente se han sembrado. También trasladó a su hija mayor al pueblo, porque ya no puede ir a la escuela.
“Hace unos meses empezó ese movimiento al que ya no estábamos acostumbrados: citaciones a reuniones obligatorias, sin que sepamos muy bien cómo actuar. Antes eran dos actores armados —el Ejército y la guerrilla—; ahora son cuatro. A uno no le gusta que el otro circule, y todo se vuelve más complejo cuando las órdenes, digamos, son contradictorias entre sí. Eso termina generando una enorme dificultad para las comunidades”, comentó Orozco.
Lo que parecía focalizado comenzó a extenderse hacia veredas como Rovira, Chorreras, Morras y Perlas. También hacia Mirolindo, La Cruz y la zona alta del resguardo indígena de Altamira, corredor estratégico que conecta con Balsillas y los límites con Huila.
Vladimir González Ceballos, residente de la inspección de Guacamayas e integrante de la asociación Agroambiental campesina y gremial (Asacg), comparte la sensación similar de incertidumbre. “Operan distintos actores y no sabemos cómo mediar para que respeten el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Humanitario”, afirma. Para él, el incumplimiento de los Acuerdos de Paz era una advertencia: “La división y el rearme se veían venir.”
Además, advierte la existencia de “altos intereses políticos que no quieren que la paz llegue a su destino final, y menos a los territorios que habitamos”. Mientras tanto, dice, las comunidades intentan resguardarse y esperar, en medio de afectaciones que ya se sienten en la economía, la movilidad y el acceso a la educación.
La crisis, sin embargo, no surgió de manera repentina. En 2023, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 018, en la que advertía sobre el riesgo de enfrentamientos entre grupos armados ilegales en la zona y la posibilidad de confinamientos, desplazamientos y graves afectaciones a la población civil. Dos años después, ese escenario anunciado empieza a materializarse.
Desde finales de diciembre de 2025, informes locales reportan un debilitamiento sostenido de la seguridad. La temporada escolar comenzó bajo advertencias de riesgo extremo.
La situación se agudizó cuando la Segunda Marquetalia anunció su llegada mediante panfletos. Retuvo al menos a cinco personas acusadas de colaborar con un grupo rival —luego entregadas a la Cruz Roja como “gesto de buena fe”— e instaló pasacalles con la imagen de alias ‘El Paisa’, evidenciando una intención de consolidación territorial.
Un corredor en disputa
El conflicto no se detiene en Caquetá. En el vecino departamento del Huila, municipios como Algeciras, Rivera y Neiva configuran un área de influencia donde también persiste la presencia de grupos armados ilegales.
Esta reconfiguración del territorio supone la convivencia forzada de múltiples actores, con disputas internas y el control de corredores históricos. En ese mapa, veredas como Guayabal, Rovira, La Abeja, La Libertad, Guacamayas y Balsillas —adscritas a la Zona de Reserva Campesina— han quedado en medio, convertidas en escenarios de confrontación. Las consecuencias son tangibles: municiones sin explosionar, amenazas, homicidios selectivos, confinamientos, suspensión de clases, riesgo de reclutamiento de menores y profundas afectaciones psicológicas en las comunidades.
La Personería municipal advirtió en la emisora comunitaria sobre la contaminación con explosivos. En la vereda Linderos, una mina antipersonal estalló cerca de una institución educativa rural.
Según Sebastián Poveda, asesor de paz del municipio, la administración local ha solicitado la activación de instancias nacionales como el Consejo Nacional de Justicia Transicional, el Comité Intersectorial para la Acción Rápida (Ciprac), a cargo del Ministerio del Interior, la Consejería Comisionada de Paz y varios ministerios. Sin embargo, hasta ahora no han recibido respuestas efectivas.
“Hemos hecho un llamado al Gobierno nacional a través de las mesas de negociación. Pero sabemos que hay grupos que no están en diálogo. Y la presencia institucional no puede reducirse al Ejército, porque también es percibido como un actor armado”, señala.
Esta reconfiguración de actores en el conflicto profundiza una situación ya compleja y la vuelve, para muchas comunidades, insostenible. El control territorial se traduce en una presión constante sobre líderes gremiales, Juntas de Acción Comunal, ganaderos y la población en general, a través de señalamientos, instrumentalización de civiles y extorsiones.
“Por ello, en estos casos, es fundamental la presencia de la institucionalidad. organismos de verificación, y el gobierno nacional, pero no exclusivamente a través del ejército, ya que este último es percibido como un actor armado adicional.” apunta Poveda, asesor de paz.
Para el integrante de la comisión política de la Asociación Municipal de Colonos del Pato - Amcop (representante legal de las veredas de la Zona de Reserva Campesina desde 1997) a quien llamaremos Nelson, por seguridad. La escalada de violencia actual es una consecuencia directa de la escasa implementación de los Acuerdos de Paz, que están próximos a cumplir diez años. Según Nelson, dichos acuerdos plasmaban las demandas de comunidades como las del Caquetá y eran cruciales para la materialización y el restablecimiento de derechos, además de enfatizar la cultura de la paz.
“Lo relacionado con la sustitución voluntaria, la reforma agraria y el desarrollo territorial fue omitido por los gobiernos de turno, especialmente en territorios periféricos como Caquetá. Eso permitió el rearme y terminó justificando la permanencia de otros actores armados”.
Desde su análisis, uno de los principales errores fue asumir que las antiguas estructuras mantenían un control territorial estable. Las negociaciones se diseñaron desde el centro del país, sin comprender las fronteras sociales ni las territorialidades construidas por las comunidades. Esa desconexión, afirma, abrió el camino para la reconfiguración actual del conflicto.
Además, insiste en la necesidad de fortalecer protocolos colectivos de autoprotección: directorios de emergencia, rutas claras de atención y articulación efectiva con entidades de derechos humanos. “Aunque también sabemos que los que existen no son tan eficaces, como que te pongan un escolta, un chaleco y un teléfono de seguridad.”
Un llamado colectivo
Diversas organizaciones —como el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (Cpdh Caquetá), la Corporación Caguán Vive y el Consejo Territorial de Paz, Reconciliación, Convivencia y Derechos Humanos (Ctprcd Svc)— han alertado sobre el agravamiento de la crisis humanitaria en San Vicente del Caguán, el Bajo Caguán y la zona limítrofe con Huila. Denuncian restricciones a la movilidad, parálisis económica y afectaciones emocionales profundas.
Para Nelson, uno de los aprendizajes es claro: “Las agendas territoriales no pueden supeditarse únicamente a negociaciones con actores armados”. El silencio de las armas es una ganancia para quienes las hemos escuchado, pero no resuelve las necesidades estructurales de desarrollo”.
Ante el riesgo de un desplazamiento masivo en las veredas de la Zona de Reserva Campesina, las autoridades municipales activaron un plan de contingencia. Sin embargo, el asesor de paz del municipio, Sebastián Poveda, reconoció que la capacidad institucional local es limitada frente a una crisis humanitaria de esta magnitud.
Como respuesta inicial se realizó una jornada de apoyo al desarrollo en las veredas Guayabal, Los Andes y Puerto Amor, con el objetivo de garantizar presencia institucional en En la actividad participaron la Misión de Verificación de la ONU, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, la Gobernación del Caquetá a través de la Secretaría de Salud, la Personería municipal, la Defensoría del Pueblo, el Hospital San Rafael mediante equipos de Atención Primaria en Salud, la Oficina de Salud Pública con acciones de prevención de violencias, la Comisaría de Familia, el enlace municipal de víctimas con acompañamiento psicosocial, el enlace comunitario y el programa Renta Ciudadana.
Aunque la jornada permitió acercar servicios básicos y escuchar a la población, las comunidades coinciden en que se trata apenas de una respuesta de emergencia. Desde el territorio ya se proyecta una segunda visita institucional con mayor tiempo de permanencia y con la participación de entidades nacionales clave para avanzar en soluciones estructurales, como la Agencia de Renovación del Territorio, la Unidad para las Víctimas, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización y la Agencia Nacional de Tierras.
Para Nelson, integrante de la comisión política de la Asociación Municipal de Colonos del Pato (Amcop), la discusión de fondo no puede quedarse únicamente en la contención de la crisis. La experiencia de las comunidades organizadas —dice— ha demostrado que la paz en estos territorios depende de algo más profundo que la ausencia de combates.
“Uno de los fallos de esta y futuras paces es no comprender que las agendas territoriales y de las organizaciones no deben supeditarse a las negociaciones con actores armados. Estas negociaciones, centradas en la justicia y la dejación de armas, que son los intereses principales del Estado, no abordan las necesidades prioritarias para el desarrollo de los territorios. Claramente el silencio de las armas es ganancia para quienes las han escuchado en sus oídos”, afirma.
Mientras las discusiones sobre seguridad y negociación continúan lejos de las montañas del Pato y Balsillas, en las veredas la vida sigue marcada por decisiones difíciles: dejar cultivos, suspender clases, moverse con cautela o esperar a que la noche pase sin explosiones. En medio de esa incertidumbre, las comunidades campesinas siguen apostando por permanecer en el territorio, sostener sus procesos organizativos y defender la idea de que la paz, más que un acuerdo firmado, es una condición que se construye todos los días en la vida rural.
