Gumercindo Vega y sus hijas se levantan todos los días antes de las cinco de la mañana para llegar hasta la carretera que va de Los Haticos a San Juan del Cesar. Allí, a las 5:40, las recoge el bus de transporte escolar que las lleva a la Escuela Normal Superior: un Chevrolet modelo 2002 con capacidad para 42 personas. Este vehículo debe transportar a todos los estudiantes de bachillerato del corregimiento hasta las instituciones educativas José Eduardo Guerra, María Auxiliadora y Manuel Antonio Dávila. En el papel, 36 jóvenes, niños y niñas deberían utilizar esta ruta pero, en realidad, entre 80 y 100 estudiantes se suben todos los días a este bus para llegar a clases.
A pesar de que los puestos tienen capacidad para dos personas, en algunos casos hasta cuatro estudiantes ocupan cada isla (dos sentados en las sillas y otros dos sobre las piernas de sus compañeros). El resto de estudiantes permanece de pie en el pasillo del bus durante todo el trayecto.
Cada vez que Gumercindo deja a sus tres hijas en el vehículo se queda preocupado. “Mis hijas dicen que se sienten con miedo y así se siente la comunidad estudiantil en general”, dice. “Hemos enviado cartas a la Secretaría de Educación municipal, a la departamental, a los coordinadores de transporte y hasta a la misma Procuraduría, pero nada. Me siento frustrado, impotente. Uno ve todos los días en las noticias que suceden accidentes y uno se preocupa por esta situación, pero nadie la quiere solucionar”, agrega el padre de familia.
La razón detrás del sobrecupo
La Secretaría de Educación departamental firmó un contrato de ocho meses con la Unión Temporal Costa Caribe por 18.953 millones de pesos, para prestar el servicio de transporte escolar en las zonas rurales de los 12 municipios no certificados de La Guajira este año. La Unión Temporal está conformada por Transportes Sensación SAS (quienes ya se habían presentado a la primera licitación pública, pero que fue suspendida por un juez un mes después), Lineas Escolares y Turismo SAS- Lidertur SAS.
En total, se contrataron 292 rutas y 332 vehículos para las áreas rurales y urbanas. Es decir, la misma cantidad que hace cuatro años. El problema es que desde el año 2020 la población estudiantil ha aumentado 13 por ciento, según cifras oficiales y proyecciones realizadas por la Secretaría de Educación de La Guajira. Es decir, hoy hay cerca de 10.535 estudiantes más que hace tres años.
En San Juan del Cesar, para prestar el servicio de transporte escolar en el casco urbano y sus veredas están aprobados 43 vehículos que cubren las 38 rutas. Entre los vehículos hay 30 camionetas con capacidad para transportar entre 20 y 25 estudiantes; 8 busetas con capacidad para transportar entre 25 y 30 estudiantes y 5 buses con capacidad para transportar hasta 42 estudiantes.
Sin embargo, los vehículos en varias veredas no son suficientes. En Los Haticos, por ejemplo, 110 estudiantes requieren el servicio de transporte escolar, pero el bus solo tiene capacidad para 42 personas y está aprobado para 36 estudiantes. Según Medardo Gutiérrez, presidente de la Junta de Acción Comunal de Los Haticos, desde febrero de 2023 en la vereda enviaron un derecho de petición a la Gobernación de La Guajira solicitando otra ruta. Aunque la Gobernación aseguró que se harían gestiones para incluir nuevas rutas y garantizar el servicio en el segundo semestre de 2023, a más de 15 días de haber vuelto de vacaciones, la situación es la misma.
En agosto de 2022 la Defensoría del Pueblo lanzó una alerta sobre el alto riesgo de vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes que se movilizan en rutas escolares que no cumplen con los estándares de seguridad y se ven envueltos en siniestros viales. Solo durante el primer semestre del año pasado, se presentaron 15 accidentes viales que involucraron rutas escolares y dejaron 70 niños y niñas heridas y 10 muertos en todo el país.
En esa misma alerta la Defensoría aseguró que ha recibido quejas relacionadas con la movilización de niños, niñas y adolescentes en vehículos no autorizados en La Guajira “algunos estudiantes son transportados en automotores de carga con carrocería, sin cumplir con las previsiones legales y poniendo en riesgo su vida e integridad física”, dice el comunicado.
No hay controles de tránsito
Según Nolberto José Larrada Mejía, director territorial del Ministerio de Transporte en La Guajira, la verificación del estado del vehículo y las condiciones en que se transportan los y las estudiantes es responsabilidad del municipio. Pero en municipios como San Juan del Cesar no hay quién regule el tránsito, por lo que la verificación del cumplimiento de las normas de las rutas de transporte escolar no tiene doliente.
Esta falta de control está relacionada con la poca cobertura de los organismos de tránsito. Según un estudio sobre el control operativo y la fatalidad vial en Colombia, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en 2022, los organismos de tránsito en el país cubren menos del 35 por ciento del territorio nacional, y muchos de ellos tienen una baja capacidad instalada para gestionar la seguridad vial en el orden local.
“Como estas rutas están dentro del mismo municipio y la zona rural, y nosotros en el momento no contamos con Tránsito Municipal, entonces es de pronto la única ventaja para que no sean sancionados. Pero en el evento que Dios no quiera llegue a suceder algo, pues ellos van a acarrear con las consecuencias, porque eso está totalmente prohibido”, dice Angélica Maestre, secretaria de Educación de San Juan del Cesar.
Maestre asegura que han solicitado a la Secretaría de Educación Departamental el aumento de la cobertura, pero no han obtenido respuesta positiva. “No contamos con la cantidad de vehículos necesarios para cubrir la población estudiantil del municipio. En Los Haticos, Los Pozos, Corralejas y Cañaverales tengo esa problemática (del sobrecupo) hemos solicitado la ampliación de la prestación del servicio pero la respuesta del departamento no ha sido positiva argumentando que no tiene la capacidad económica”, dice.
Los riesgos de lesiones y choques graves son inminentes
Según la norma de transporte especial reglamentado en el Decreto 1079 de 2015, y modificado por el Decreto 431 de 2017 del Ministerio de Transporte: en los vehículos no se admiten pasajeros de pie y cada uno debe ocupar un puesto de acuerdo a la capacidad establecida en la ficha de homologación del vehículo y en la licencia de tránsito. La ley también dice que el número de ocupantes del vehículo no debe superar la capacidad establecida en la licencia de tránsito.
El sobrecupo incrementa la posibilidad de que los estudiantes sufran lesiones durante un accidente vial. “Las sillas que tiene asignadas dentro de su estructura garantiza que las personas se pongan su cinturón de seguridad y que ante una eventualidad no salgan expulsadas fuera del vehículo o se golpeen con elementos internos. Si yo llevo personas de pie, pues claramente lo que va a pasar es que esas personas están sueltas y ante un volcamiento o una frenada brusca, van a salir expulsadas”, explica Francisco Pulido, ingeniero mecánico de la Universidad de América, con más de 23 años de experiencia en el campo de la seguridad vial e investigación y reconstrucción de accidentes de tránsito.
Los riesgos incrementan si se tiene en cuenta que los buses pueden superar los límites de velocidad en los trayectos intermunicipales. “En países que nos llevan años delante en temas de seguridad vial se ha podido evaluar que las colisiones que se hacen desde 40 kilómetros en adelante ya son choques graves. Entonces si estamos hablando de tránsito intermunicipal uno podría decir que adquieren velocidades más altas. Y a mayor velocidad mayor riesgo y mayores consecuencias en caso de un accidente”, agrega el experto.
Además, también está el peligro de que los estudiantes deban esperar el transporte en la carretera que va para San Juan, una carretera nacional por la que pasan miles de vehículos diariamente.