El 27 de enero, a las seis de la mañana, Aura Esther Maestre cerró la puerta de su casa en el barrio Manuel Antonio Dávila después de hacer lo de siempre cuando iba a ausentarse: desconectar los electrodomésticos y dejar solo la nevera conectada. Se despidió de su esposo y salió rumbo a una cita médica, sin saber que esa rutina cotidiana sería el inicio de un problema inesperado.
Mientras esperaba su turno en el hospital, el teléfono sonó. Al otro lado estaba su hija Yesica, con la voz quebrada: “Mamá, la casa se está quemando”.
Maestre salió del centro médico y tomó un mototaxi; el corazón le golpeaba en la garganta mientras intentaba llegar lo más rápido posible.
El camino hasta la casa se le hizo eterno. Al llegar, encontró a sus vecinos corriendo desesperados con baldes en las manos, llevando agua y arena hasta la casa, para tratar de apagar las llamas. Unas personas llamaron a la Defensa Civil, otras a los bomberos.
Aura Maestre esperaba la ayuda mientras veía cómo el fuego avanzaba y consumía sus pertenencias. Al final nadie llegó. Con mucho esfuerzo sus vecinos lograron apagar las llamas, pero el daño estaba hecho. En medio del silencio de ese día y en los días posteriores, una pregunta fue la protagonista: ¿Por qué nunca llegó el cuerpo de bomberos?
Lo que nadie sabía es que ese día la estación estaba vacía. Las puertas cerradas, las máquinas estacionadas y ni una persona en el lugar. Desde inicios de año el Cuerpo de Bomberos de San Juan del Cesar, La Guajira, no tiene convenio con la administración municipal.
El capitán Carlos Alberto Frías Guerra, presidente del consejo de dignatarios del Cuerpo de Bomberos y coordinador departamental de bomberos, lo resume así: “no hay un convenio que garantice la seguridad del personal que atiende las emergencias para prestar ese servicio, esto implica la necesidad de seguridad social, remuneración y otras prerrogativas laborales, las cuales requieren recursos que la administración municipal no está proporcionando”.
Como no hay convenio, no hay recursos. Cada bombero ha optado por buscar por su lado, en otras actividades, el sustento diario para mantener sus hogares. El capitán Frías siente frustración al pensar que hechos como el de la señora Maestre se pueden presentar: “lamentamos el suceso de la señora, nos duele profundamente, pero hay una responsabilidad que es de las administraciones municipales, más no de las instituciones bomberiles”. Si las instituciones gubernamentales dan los recursos necesarios para poder realizar las emergencias con mucho gusto, los bomberos están las 24 horas del día, los 7 días de la semana 365 días del año”, dice.
En esta situación, los bomberos han decidido que solo atenderán emergencias en las que la vida de personas corra peligro. Por eso, dice Frías, van a priorizar las situaciones según su criterio de intervención mientras se resuelve el asunto del convenio.
Aunque San Juan del Cesar cuenta con una estación de bomberos y personal capacitado, no puede actuar sin un contrato oficial de la administración municipal. Esto pone en riesgo a la comunidad y a los mismos bomberos, ya que no tienen respaldo legal ni recursos para responder a emergencias.
El tiempo corre y todavía no hay una respuesta
Cada año el Cuerpo de Bomberos presenta su presupuesto para el periodo siguiente. En 2025 lo dejaron listo en el mes de octubre. Sin embargo, el capitán Carlos Frías afirma que no tuvieron respuesta. Todavía están a la espera de que la administración municipal, a través de la Secretaría de Hacienda, garantice el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) para la prestación de servicio.
A esta situación se le suma una preocupación por las deudas acumuladas. La estación debe dinero a proveedores de equipos, a quienes realizan su mantenimiento, y al personal: "se adeudan los sueldos correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre", afirma Frías. También se encontraba en mora con la Seguridad Social por los meses de noviembre y diciembre, asunto que se resolvió en la última semana.
Además, la institución cuenta con una máquina extintora de incendios en proceso de reparación en Bogotá, de la que se señala que "el costo del arreglo asciende aproximadamente a 160 o 180 millones de pesos", dice Frías. Esa máquina llegó a la estación en el año 2012 bajo el mandato del alcalde Yuyo Orozco, y desde mayo del 2025 se encuentra en Bogotá. Según el capitán Frías, la falta de recursos económicos impide traerla de vuelta a La Guajira.
En San Juan del Cesar el Cuerpo de Bomberos base nació hace 25 años, con la idea de proteger a la ciudadanía. Pero solo hasta el 2004 adquirió su vida jurídica. Desde ese momento pudo abrirse paso ante el municipio, el departamento y la nación, acercándose a la Dirección Nacional para obtener los recursos necesarios para empezar a funcionar.
Fue entonces cuando se dio vida a la organización: se conformó el consejo de dignatarios, se nombró al comandante y cada uno de los miembros se unió con un propósito común. Se hicieron convocatorias abiertas para que la comunidad se sumara y prestara su servicio al municipio.
“Es fundamental entender lo que establece la Ley 1575 en su Artículo 2: los cuerpos de bomberos son un servicio público esencial a cargo del Estado. Esto significa que las administraciones municipales y departamentales en Colombia tienen dos opciones: crear cuerpos de bomberos oficiales, con carrera administrativa, sueldos y contratación permanente; o realizar convenios con organizaciones voluntarias. En nuestro caso, somos una ONG sin ánimo de lucro que se dedica a prestar este valioso servicio público, cumpliendo con la misión que el Estado ha encomendado para la seguridad de todos”, señala el capitán.
Un problema departamental
Esta situación no solo ocurre en San Juan del Cesar; el capitán del Cuerpo Bomberos del municipio de Distracción, Eric Alberto Rojas, miembro de la junta departamental de La Guajira, asegura que la situación a nivel departamental es grave. Señala que los bomberos han estado trabajando porque les interesa la comunidad: "Aún quedan personas que piensan en el pueblo", dice.
"Lamentablemente, esto está sucediendo en todo el departamento. Hoy en día, los bomberos de La Guajira estamos pasando por una situación bastante precaria. En inundaciones e incendios, salimos a atender emergencias preocupándonos por la salud e integridad de nuestros compañeros y nuestras familias. ¿Por qué? Porque vamos a las emergencias sin seguro, sin dejar un sustento en casa, porque no lo tenemos. Las estaciones donde laboramos no tienen recursos para darnos ese sustento vital del que tanto habla el señor presidente", afirma Rojas.
Destaca que La Guajira necesita que los dirigentes cumplan con la Ley 1575, la cual establece que los bomberos son un servicio público esencial a cargo del Estado. Sin embargo, considera que muchos alcaldes y gobernantes interpretan mal esta disposición. "Los responsables de las emergencias son los alcaldes. Nosotros, como colaboradores y quienes queremos velar por el cumplimiento de la ley, trabajamos de la mano de ellos. Pero los alcaldes no quieren utilizar sus recursos para contratar este servicio público esencial a cargo del Estado, y a la fecha no se ha realizado ningún contrato. Dicen que sí, que 'mañana' o que 'ya están trabajando en el caso', pero hasta ahora no tenemos nada", señala.
Aunque los bomberos de varios municipios han procurado continuar trabajando a pesar de las precariedades, actualmente hay un cese de actividades debido a la falta de recursos: “las máquinas no tienen combustible y los muchachos no tienen seguridad social”. Una cosa es ser voluntario —que implica una hora diaria, lo que equivale a 360 horas al año— y otra muy distinta es que nos deleguen una función que pertenece a la Nación, al departamento y a los municipios", dice Rojas.
¿Qué dicen las autoridades?
La Secretaría de Gobierno y Educación Elizabeth Mendoza indicó que el convenio para la contratación de bomberos en San Juan del César correspondiente a este año se encuentra en proceso de formulación del proyecto y del presupuesto. Dice que para poder acceder a la suscripción del convenio, se debe realizar una serie de trámites antes de que pueda concretarse entre ambas entidades.
Según señala, se está en una etapa fundamental que es el análisis del estudio de mercado y del presupuesto, que es la base para elaborar el proyecto en el que se fundamenta el convenio. Cuando esta etapa finalice, procederán a su suscripción. La secretaria Mendoza señaló que las dificultades se deben generalmente a los recursos, ya que los trámites son bastante demorados.
De hecho, afirma que cada año ocurre la misma situación. Normalmente los primeros meses el Cuerpo de Bomberos no tiene convenio mientras se realiza el proceso administrativo, en el 2025, por ejemplo, la suscripción de este solo se logró hasta el mes de marzo.
Según afirma la secretaria Mendoza, la dificultad en la contratación se debe a la cantidad de contratos que deben realizarse y los múltiples trámites administrativos para atender las distintas necesidades del municipio. “A inicio de año no abren presupuesto tan rápido como se quiere, hay un cierre de presupuesto, una apertura de presupuesto. El mes de enero es un mes de mucha programación presupuestal. El 6 de enero no había abierto presupuesto la administración, yo como secretaria ya había hecho la solicitud para que se formulara el proyecto”, dice.
Dos días después del incendio, a la casa de Aura Maestre llegaron algunas ayudas. Con ayuda de un carro tanque lavaron las paredes ahumadas por el fuego y aparecieron algunas donaciones. Un poco más serena por el paso de los días, Maestre está resignada, piensa menos en los daños y más en el futuro: “no me puedo quejar, porque me han ayudado y me han dado la mano, me han colaborado con comida, con ropa, ahora estoy esperando que venga una ayuda para los materiales, para empañetar mi casa”.
Mientras los convenios siguen dando vueltas de escritorio en escritorio, la población de municipios como San Juan del Cesar sigue expuesta a que situaciones como la ocurrida en el barrio Manuel Antonio Dávila se vuelvan a presentar. La reacción del Cuerpo de Bomberos es mínima en este momento, así como el presupuesto casi nulo con el que cuentan en este momento. Una situación que ocurre cada año, sin que se avizore una pronta solución.
Lo que sigue
Por ahora, el convenio entre la Alcaldía de San Juan del Cesar y el Cuerpo de Bomberos continúa en etapa de formulación presupuestal. Esto significa que, hasta que no exista Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y se firme el contrato, la estación no podrá operar con normalidad ni garantizar atención a incendios estructurales u otras emergencias materiales.
Mientras tanto, los bomberos mantendrán un esquema mínimo de respuesta: solo acudirán a casos donde haya riesgo directo para la vida humana. Incendios de viviendas desocupadas, cortocircuitos, quema de basuras o emergencias menores podrían quedar sin atención oficial y depender de la comunidad o de organismos como la Defensa Civil.
Si el trámite sigue el mismo ritmo de años anteriores, la prestación completa del servicio podría tardar semanas o meses en restablecerse. En 2025, por ejemplo, el convenio se firmó hasta marzo. Cada día sin contrato implica que el municipio permanece sin cobertura efectiva de un servicio público esencial.
Entre tanto, familias como la de Aura Esther Maestre continúan reconstruyendo por su cuenta. Y el municipio inicia otro año con la misma pregunta abierta: qué ocurrirá si el próximo incendio no puede apagarse con baldes.
