Los habitantes de los corregimientos Playa de Oro y Carmelo, en el municipio de Tadó, llevan esperando más de nueve meses para que comience la pavimentación de la vía en la que la administración invirtió $ 982’961.524. En los últimos cinco meses la obra ha sido detenida en tres ocasiones y a la fecha, no se tiene claro hasta dónde va.

La licitación fue celebrada entre la Alcaldía de Tadó y el contratista Juan Carlos Ponce Cabeza el 15 de junio de 2022. Estipulaba la pavimentación de 703 metros en placa huella, 4 box culvert y 4 alcantarillas en tubería de concreto reforzado, a un plazo de 5 meses, que se cumplieron en diciembre del año pasado.

Sin embargo, el 21 de noviembre, la Alcaldía de Tadó le solicitó al Invías el cambio de placa huella a pavimento rígido. El diseño inicial de la vía no cumplía en la exigencia requerida, ya que es una carretera que comunica a dos municipios -Bagadó y Tadó- lo que lleva a que sea una vía secundaría y no terciaria.

Según señaló el Invías, la propuesta fue aceptada el 19 de diciembre y “se solicitó al ente territorial la apropiación de los recursos faltantes con el fin de garantizar la meta física del proyecto”.

“Con el cambio de la estructura la meta física pasa de 703 metros en placa huella a 411 metros en pavimento rígido. Los recursos faltantes ascienden a la suma de $565.516.670 para garantizar la meta de física inicial de 703 metros”, informó el Invías a Consonante. 

Por todos estos cambios, la obra ha sido paralizada en tres ocasiones. En noviembre estuvo detenida durante 23 días y a finales de diciembre volvió a quedarse en pausa y se extendió por más de dos meses. Y nuevamente el lunes, 13 de marzo, se comunicó que la obra estaba frenada porque una máquina se dañó.

La preocupación de los habitantes en El Carmelo radica en que no se sabe por cuánto tiempo la obra estará en pausa. Los trabajos en la vía llevaron a que se desviara una quebrada y ahora, con las fuertes lluvias se deterioró más la carretera y es más peligrosa para los transeúntes.

(Vea acá los detalles del contrato)

Los reclamos de la comunidad

Carlos Córdoba, conductor de mototaxi y quien vive hace más de 12 años en El Carmelo, afirma que “dejaron la obra tapada y la vía está muy mala, peor de lo que estaba. Eso está afectando que el agua se está desbordando a la vía. Ojalá arreglen pronto la vía y que esa plata no se vaya a perder”.

Córdoba brinda servicio de transporte entre El Carmelo y Tadó y asegura que el estado de la obra lo afecta “porque se daña el mototaxi, una piedra le puede romper una tapa. Los pasajeros también se perjudican porque hay muchas piedras sueltas, tramos peligrosos en los que la moto brinca mucho y trata de voltearse. Cuando llevo a personas de emergencias, por enfermedad o por accidentes, la situación se hace más complicada. Uno quisiera ir rápido pero el estado de la vía no lo permite”. 

Kelly Mosquera, madre cabeza de familia y quien se dedica a la minería, indica que “no tiene sentido que pavimenten la mejor parte de la vía y que en las partes críticas solo hagan un mantenimiento. Cuando debo ir a Playa de Oro, a hacer cualquier diligencia o a una reunión de padres de familia en el colegio, a veces prefiero caminar porque considero que me rinde más, puedo tardar de 30 a 40 minutos, aunque a veces me da miedo por los enormes pozos que hay en la vía”.

Mosquera cuenta que un trayecto en mototaxi le cuesta 4.000 pesos y puede tardar entre 15 a 20 minutos, más el tiempo de espera mientras consigue uno. El actual estado de la vía no permite que, como cuenta Mosquera, se pueda ir rápido.

Lucinda Sánchez es docente y debe transitar la vía de lunes a viernes para ir al colegio de Playa de Oro donde dicta sus clases. “Me transporto en una moto y del trayecto al colegio voy siempre preocupada porque llevo material que se puede dañar, no es tranquilo transitar por esa vía porque la moto está inestable. La pavimentación de esta vía es importante porque nosotros somos habitantes del corregimiento de El Carmelo y vamos a Playa de Oro frecuentemente”.

“Esta vía une a dos comunidades y debemos cruzarla para salir a la central a tomar un bus para viajar a Quibdó, Risaralda o a Medellín. También es importante para las personas que trabajan en sus parcelas, porque muchos de ellos lo que cultivan lo llevan a vender a Playa de Oro”, agrega Sánchez.

¿Por qué es importante esa obra?

A diario los habitantes de El Carmelo frecuentan está vía para lograr desplazarse a otros corregimientos y a otros destinos del departamento, principalmente Quibdó. En las mañanas, por ejemplo, varios estudiantes van rumbo al Colegio Nuestra Señora de Fátima, ubicado en Playa de Oro, y se evidencia el paso constante de empleados.

Además, al ser una vía que comunica a Bagadó con el resto del departamento, es por esta donde entran las principales provisiones en camiones, tractomulas, camiones cisterna, entre otros vehículos.

Aunque la vía es altamente transitada, los habitantes de El Carmelo cuestionan que las obras están en abandono y le falta mantenimiento. En el recorrido que hizo Consonante por la zona se evidenció el desgaste y mal estado de la vía, que ha provocado que sea intransitable y peligrosa. Hay charcos y pozos por la vía y en forma de burla la gente dice que se pueden cultivar peces.

Estos trayectos intransitables son consecuencias del abandono y falta de mantenimiento que ha sufrido la vía con el paso del tiempo. Las alcantarillas y box culvert han caído y sellado lo que lleva a que las quebradas se desvíen por la vía.

¿Qué dicen las autoridades?

El alcalde Cristian Copete dijo en entrevista con Consonante que, aunque la obra está detenida están haciendo “toda la gestión para mejorarla. La obra no está abandonada, estamos mejorándola”. “La vía pasa por dos corregimientos y por eso es secundaria. El Ministerio de Transporte nos avaló el cambio de diseño a pavimento rígido, pero el Invías nos dice que debemos mantener el alcance del proyecto, que son 703 metros. Para mantenerlo, necesitamos 500 millones de pesos que el municipio no tiene. Nos toca reducir el alcance a 411 metros con los recursos que tenemos”. Sin embargo, Copete dijo que todavía no se sabe desde dónde comienzan las obras. 

Deyner Adolfo Mosquera Moreno, Secretario de Planeación y Obras Públicas de la alcaldía de Tadó, indicó que luego de proponerle a Invías el cambio de diseño, ellos estuvieron de acuerdo, pero para mantener el alcance de los 703 metros iniciales necesitarían un presupuesto superior a los 980 millones de pesos. “A nosotros no nos dan los recursos. La Alcaldía e Invías tenemos un convenio y para nosotros (Alcaldía) adicionarle a ese convenio no podríamos superar el 50 % de lo que nosotros aportamos (360 millones), porque si superamos el 50 % ya es otro contrato. En ese caso si fuéramos a hacer un aporte a ese convenio tendríamos que aportar 180 millones”, indicó Mosquera.

Lo que sigue

Durante los 3 meses que duró paralizada la vía, las partes interesadas (Alcaldía, Invías y Contratista) estuvieron en proceso de rediseño de acuerdo a las exigencias de la vía y llegaron a la conclusión de hacer pavimento rígido o convencional. Se estudiaron dos propuestas: mantener los 703 metros iniciales, pero en pavimento rígido, lo que aumentaba el presupuesto; o la segunda, mantener la misma inversión y reducir el trayecto a 411 metros.

Finalmente, se decidió que se van a construir solo 411 metros de pavimento rígido. Sin embargo, los habitantes de Playa de Oro y de Carmelo cuestionan que a la fecha no se ha socializado cómo quedará el proyecto y cuáles son los puntos exactos de la obra.

Por su parte, Invías informa que actualmente se encuentra en trámite el proceso de prórroga por un mes más hasta el 15 de abril de 2023 “Tanto el convenio suscrito con el municipio de Tadó como el contrato de interventoría fueron prorrogados con el fin de garantizar la ejecución de las obras”.    

Por qué es importante

La minería es, según cifras oficiales, la segunda actividad económica más importante en el Chocó. Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en 2020 aportó el 20 por ciento del PIB del departamento, solo superado por la Administración pública y defensa. Sin embargo, a nivel local insisten en que esta actividad tiene mucho más peso en la economía, especialmente en la informalidad. Según Ariel Quinto, presidente de la Federación de Pequeños Mineros del Chocó (Fedemichocó), al menos 60 mil familias derivan sus ingresos de la minería en este departamento. “Somos el renglón más importante de la economía del Chocó”, afirma Quinto.

El profesor Wilson Murillo, quien lleva más de 10 años acompañando a mineros del municipio de Tadó dice que más del 70 por ciento de la población local se dedica a la minería. “En uno de los corregimientos de Tadó, El Carmelo, hubo minería de esclavismo, minería que llegaban españoles con africanos esclavizados para hacer la actividad minera. Desde esa época, la gente hace minería ancestral, de manera tradicional. Esta es la actividad predominante en el territorio”, sostiene.

¿Qué pasó?

El 18 de octubre comenzó en Chocó una manifestación en la que los mineros del departamento le exigían al gobierno nacional la formalización de la pequeña y mediana minería. Tras diez días de protestas y de cerrar las vías Quibdó-Medellín y Quibdó-Pereira, el Estado se sentó a dialogar con los mineros.

Los manifestantes expusieron su desacuerdo con la forma en la que se clasifica la minería, entre legal e ilegal. De acuerdo con la legislación actual, toda minería que se haga con maquinaria y sin tener licencia ambiental ni título minero es ilegal. Es decir, no importa que la maquinaria sea una motobomba o que sean dragas y retroexcavadoras, todas entran en el rótulo de lo ilegal. 

Después de dos días de diálogo, el 28 de noviembre el viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos, Carlos Alberto Baena, anunció que instalarían una mesa de diálogo donde estaban analizando “la situación urgente” que se presentó en el pliego de peticiones y llamó a cesar las movilizaciones. Al día siguiente, el paro se levantó. El resultado fueron varios acuerdos. El gobierno se comprometió a agilizar las solicitudes de formalización que están pendientes y un plan de choque para expedir licencias temporales.

El caso de los mineros en Tadó

En Tadó, como en otros municipios mineros chocoanos (Quibdó, Unión Panamericana, Istmina, Cértegui, Condoto, Lloró, entre otros), la gente que hacía minería artesanal o de subsistencia, es decir, sin ningún tipo de máquinas, empezó a utilizar maquinaria en los últimos años. Esto, debido a que el oro o el platino “ya no está a flor de tierra”, advierte Ariel Quinto. La tecnología más utilizada son las bombas para sacar el agua, motores (mangueras a presión para diluir taludes), dragas pequeñas o elevadoras. Y, como la gran mayoría no tiene título minero, a los ojos de la legislación colombiana esta pequeña minería es ilegal.  

Para Mauricio Cabrera, geólogo especializado en minería y asesor en Relaciones de Gobierno del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), ese es el problema. Cabrera explica que existen pequeños mineros que llevan décadas practicando la minería artesanal y recientemente han empezado a utilizar equipos de bajo impacto. Estos terminan entrando en la minería ilegal. "Esos mineros, en estricto sentido, no son ni mineros de subsistencia y no alcanzan a llegar a pequeña minería. Tampoco tienen esos volúmenes (los topes que exige la minería de subsistencia) pero no pueden legalizar su actividad. Entonces a esos mineros se les denomina minero informal, pues son mineros con un reconocimiento a una actividad ancestral que se viene realizando pero no han podido llegar a la legalidad por razón de una serie de vacíos normativos o conflictos normativos entre lo minero-ambiental”.

Por eso, el reclamo en Tadó es formalizar la pequeña minería. Para esto, no obstante, existen varias trabas. Por un lado todos, hasta los pequeños mineros, para poder acceder a una licencia ambiental temporal deben presentar un Plan de Trabajos y Obras (PTO) y un Estudio de impacto ambiental, pero pocos tienen los recursos y la asistencia para cumplir con los requisitos. 

Por esto, para Ariel Quinto, los pequeños mineros no pueden medirse “con el mismo rasero que una compañía multinacional para poder hacer minería en Colombia. O sea, hay unas exigencias técnicas y económicas que son de igual nivel y eso obviamente imposibilita que cualquier minero se formalice, en esas condiciones el gobierno a todos nos mide con el mismo rasero, nos satanizan y nos criminalizan”. 

Los pequeños mineros de Tadó, según Mauricio Cabrera, no mueven grandes cantidades de dinero. Por eso lo que piden es que la formalización sea más flexible y ajustada a su contexto. Sin embargo, advierte el experto, no se puede instrumentalizar a los pequeños mineros para que los grandes que tienen dragones y retroexcavadoras y “pueden tener ingresos que llegan a competir con las rentas del narcotráfico” continúen en la ilegalidad. 

Esto plantea un segundo reto: hacer una caracterización de los mineros, que fue un punto discutido en el paro. Algo que, según Quinto, ayudaría a combatir a los grupos armados ilegales. “La manera de acabar con la ilegalidad de la minería es formalizándola, si es un grupo ilegal que está haciendo, que venga y dé la cara, de lo contrario el gobierno tiene las herramientas para combatirlos”.

En el tema ambiental, en Tadó la situación no es tan compleja, pues los pequeños mineros no usan mercurio. Según Mauricio Cabrera los principales impactos son dos: afectaciones a la calidad del agua por sólidos (los mineros suelen rociar agua a presión sobre taludes para mover el material y extraer el metal) o grasas de las maquinarias; y la estabilidad de los taludes, que pueden representar un riesgo para los operadores o las poblaciones cercanas. 

Estos, sin embargo, pueden resolverse, por ejemplo, con estrategias para disminuir la velocidad del agua y sedimentar los sólidos, o hacer taludes menos verticales. En los casos en los que se utiliza mercurio, la afectación es mayor. 

En Tadó hay un caso de éxito de un grupo de pequeños mineros que se formalizó. Heiler Moreno, representante legal del Consejo Comunitario Mayor del Alto San Juan (Asocasan), cuenta que 57 personas lograron obtener un área de reserva especial, que es la figura legal para los mineros tradicionales, y pudieron completar los requisitos legales con ayuda del programa Oro Legal de Usaid. “Hoy en Asocasan vamos tan adelantados que estamos esperando que nos salga un título de 730 hectáreas, que no lo tienen ningún otro consejo comunitario que ha solicitado áreas de reservas”. Para Moreno, en el Chocó lo que la gente más sabe hacer es minería. Por eso, es necesario que el Gobierno encuentre una manera de formalizar su trabajo. “Lo que podemos esperar en los siguientes años es que el gobierno flexibilice la forma para formalizarnos. El compromiso es que ellos van a ayudar con las licencias ambientales temporales para continuar haciendo la actividad hasta que la solicitud llegue a felices términos. Esto puede ser una salida para avanzar en el tema minero”, dice.

Qué dice la gente

Los pequeños mineros de Tadó consideran que la formalización evitaría otros males, como el narcotráfico y la concesión del territorio a empresas extranjeras. 

• José Murillo, habitante de la comunidad de El Carmelo que practica la minería de diferentes formas desde hace 70 años, dice, “no sé qué piensa el gobierno hacer, por la razón, por la que usted sabe, que uno acá vive es del bareque o minería, y cuando el gobierno ataque al minero, ¿pues que tenemos que hacer?, pues hacer cosas hasta mal hechas en ocasiones, porque usted se va a la minería por el asunto de no meterse en otras cosas, como esa hierba (coca)”.

• Luis Américo Mosquera, quien ha trabajado la minería por más de 40 años, dice que ahora es difícil hacer este trabajo. “(Anteriormente) era un poco más fácil para conseguirse, porque los terrenos estaban vírgenes y no había llegado la retroexcavadora. La gente se iba y en cualquier playa o es un caño por ahí hacia su cúbico o se ponían a raspar playa y se hacían un grano de oro fácilmente. Pero ahora que llegaron las retros, todos nos enamoramos del trabajo de las retros y pensamos que la vida iba a ser más fácil y que eso de pronto no se iba acabar, y nos dedicamos a entregar los frentecitos de mina que teníamos fácil a los foráneos que llegaron con las máquinas, entonces ellos se llevaron las riquezas de nosotros y nos quedamos nosotros con los brazos cruzados”.

• “El gobierno solo quiere facilitar un plan de desarrollo para mineros que hagan la minería a mano, al estilo de hace 200-300 años atrás: una minería esclavista. (...) Las familias no crecen, no se genera desarrollo ni bienestar para estas familias. Antes, por el contrario, tenemos un sinnúmero de mamás, de papás, abuelos, de ancestros viciados ahí, por ese tipo de minería. Lo que le estamos pidiendo al gobierno nacional cambie esa forma (de formalización), permítanos crecimiento bajo condiciones técnicas, porque en la medida que esto sea bajo condiciones técnicas, las irregularidades  o afecciones al medio ambiente se pueden corregir. Si no se legaliza la minería, va a continuar de manera indiscriminada, va a continuar afectando el medio ambiente”, dice Ariel Quinto.

Lo que sigue

Los mineros de Chocó esperan que el Estado cumpla con los compromisos pactados. “El Ministerio de Minas y el de Medio Ambiente asumió el compromiso de agilizar los trámites, pero, como digo habrá que creer ¿no? En el marco del plan de choque habrá que creer que realmente van a agilizar los tiempos, que estos trámites puedan ser efectivos, ágiles y rápidos. No creemos porque ha habido varios acuerdos con planes de choques planteados para que se cumplan en un mes, dos meses y ya llevamos años sin que lo cumpla”. 

Por otro lado, la próxima reunión de la Mesa Minera, en la que participan instituciones departamentales y nacionales, será el 9 de diciembre, fecha en la que esperan reunirse con el Ministerio de Defensa, pues otro de los puntos que falta convenir es la destrucción de la maquinaria en los operativos que adelanta la Fuerza Pública. 

Mauricio Cabrera agrega que lo primero debe ser la “reglamentación del capítulo 5° de Ley 70, pues eso es una vergüenza que casi a 30 años todavía no esté reglamentado”, que es sobre recursos mineros en territorios afrocolombianos.