Tres nuevos casos de dengue fueron reportados esta semana al sistema de vigilancia en salud pública (Sivigla). Con estos ya son 73 casos que se han presentado en San Juan del Cesar en lo que va del 2022. El 64,4 por ciento (47) corresponden a casos con signos de alarma, el 32,9 por ciento (24) a casos sin signos de alarma y el 2,7 por ciento (2) a casos de dengue grave. Hasta la fecha no se han notificado muertes por dengue en el municipio.
Durante el año 2022 se activó el plan de contingencias para la prevención y atención de casos de Dengue teniendo en cuenta el brote que tiene lugar en el departamento de La Guajira.
Preocupación en la IE El Carmelo: Según el reporte, varios de estos contagios se han registrado en la Institución Educativa El Carmelo, donde un brote entre los estudiantes tiene preocupados a los padres de familia. Edward Fragoso, rector de la institución, alertó que algunos casos son de consideración, “incluso dos estudiantes fueron ingresados a cuidados intensivos donde su evolución es favorable, pero el colegio no es el foco de contagio como se ha querido presentar, ya que en su mayoría los casos comprobados son de estudiantes que reciben las clases en la institución, pero viven en el municipio del Molino” explica.
Lo que dice la gente: El secretario de salud, Laín López Martínez, asegura que la propagación del virus está controlada con un cerco epidemiológico. También están buscando los casos activos, fumigando y haciendo sensibilización casa a casa. “Debemos mantener la alerta máxima por la temporada de lluvias. Por eso estamos intensificando las acciones con la comunidad y a nivel hospitalario con todos los protocolos” López hizo un llamado a los habitantes para que en caso de presentar alguna sintomatología relacionada con el dengue, consulten de inmediato en los centros de salud.
Desde el 6 de septiembre los estudiantes de la zona rural de San Juan del Cesar no cuentan con el servicio de transporte escolar después de que la gobernación de La Guajira suspendiera de forma provisional la audiencia de adjudicación del nuevo contrato para los 12 municipios no certificados. En total son más de nueve mil estudiantes en toda La Guajira que actualmente no cuentan con el servicio.
José Jaime Vega Vence, gobernador encargado, propuso que mientras se soluciona el problema los estudiantes reciban clases virtuales. Esta y otras soluciones fueron discutidas el jueves 8 de septiembre en la mesa de trabajo que tuvo el gobernador junto a la Asociación de Docentes de La Guajira (Asodegua) y la Asociación de Rectores de La Guajira. También se habló de la posibilidad de declarar Emergencia Educativa en el departamento, con esto podría solucionar inmediatamente el tema del transporte escolar, además de llamar la atención del gobierno nacional.
Lo que dicen los padres de familia: Carlos Eduardo Tirado ha tenido que llevar a sus hijos desde el corregimiento de Corralejas hasta la Institución Educativa Ana Joaquina de Cañaverales, media hora de camino por trayecto. “Me veo afectado porque tengo que trasladar a mis tres hijos hasta la institución y recogerlos, lo que me conlleva a dejar de lado el trabajo.. y si no trabajo ¿cómo los mantengo?. La única solución a esta problemática es retirarlos del colegio hasta que reactiven de nuevo el transporte porque de mi trabajo diario es que comemos todos los días” explica.
¿Por qué no funciona el transporte escolar? El contrato con el operador de transporte que ofrecía el servicio en el departamento venció el pasado 5 de septiembre. A última hora, la gobernación de La Guajira suspendió de forma provisional la audiencia de adjudicación del nuevo contrato porque Transporte Sensación, uno de los proponentes, aseguró que uno de los documentos aportados por Transporte Relaturg, otro proponente, podría ser falso.
Con un partido amistoso de microfútbol entre las selecciones de San Juan del Cesar y Urumita, se inauguraron los juegos Intercolegiados en su fase departamental. El evento inaugural, que contó también con la presencia de diferentes delegaciones, se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto de Formación Técnica Profesional (INFOTEP) el pasado miércoles 7 de septiembre.
En estos juegos participan las Instituciones Educativas Manuel Antonio Dávila y El Carmelo, en las disciplinas de atletismo, natación, ajedrez, boxeo, patinaje, fútbol sala, fútbol y voleibol para las categorías juvenil y pre-juvenil. La competencia es clasificatoria para la fase zonal regional que será en Santa Marta y posteriormente para los juegos nacionales.
El Centro Nacional de Memoria Histórica publicó esta semana un informe en el que señala que el Bloque Pacífico fue el responsable de “afectaciones muy grandes” a las comunidades indígenas, mestizas y afro de El Carmen de Atrato durante el auge del conflicto armado. El documento “La guerra vino de afuera. El bloque Pacífico en el sur del Chocó: una herida que aún no cierra” también explica el accionar del Bloque Pacífico de las AUC en todas las subregiones del Chocó
El lanzamiento del informe: El evento de lanzamiento fue en Istmina y Quibdó el 6 y 7 de septiembre, respectivamente, en el marco de la Semana por la Paz. Contó con la participación de organizaciones de víctimas y sociales del departamento, la Diócesis de Quibdó e Istmina - Tadó, la Comisión Vida, Justicia y Paz, algunos consejos comunitarios, la comunidad académica de la Fundación Universitaria Claretiana y los medios de comunicación locales que hicieron parte de los talleres de memoria histórica y de validación.
Las conclusiones: Laura Bibiana Escobar, coordinadora del informe, explicó que este documento esclarece que el Bloque Pacífico (un grupo paramilitar que operó entre 2002 y 2005 bajo la comandancia general de Luis Eduardo Echavarría Durango, alias Jonathan) fue el principal responsable de los hechos de violencia en el municipio. Explicó además que "hubo cooperación con grupos paramilitares del suroeste. En El Carmen dicen que venían de Ciudad Bolívar, pero fue una acción coordinada que hicieron con la excusa de hacer una acción contrainsurgente (contra el Ejército Revolucionario Guevarista ERG), y esto generó una estigmatización contra la gente".
El informe también concluyó que El Carmen de Atrato fue uno de los municipios más afectados por la desaparición forzada de personas en el Chocó junto a Quibdó, San José del Palmar e Istmina.
La frase: “Encontramos que, como estos grupos paramilitares no tenían nombres, en los registros se tienen como responsables de las incursiones a Guaduas y a La Argelia al Bloque Metro o simplemente "paramilitares".
El sábado 3 de septiembre se realizó la primera asamblea ordinaria de la recién nombrada Asocomunal en el salón comunitario de la vereda El Siete. En la reunión, que contó con la presencia de 16 representantes de ocho juntas de acción comunal, se crearon y aprobaron los estatutos, es decir, la guía legal para todas las acciones de la organización que funcionará por primera vez en el municipio. Los líderes también socializaron la Escuela del Campesinado, una propuesta que vienen trabajando desde 2021 para reivindicar los derechos de los campesinos y unirse al movimiento nacional que busca su reconocimiento como sujeto de derechos.
¿Qué dice la gente? Para Inés Vázquez, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Siete, la reactivación de Asocomunal es muy importante para los procesos comunitarios que se quieren lograr en el territorio: “pongo un ejemplo, si en una familia no está la cabeza principal, que es la mujer-madre, las cosas fallan. La Asocomunal para mi es como la mamá de todas las acciones comunales y a pesar de que nosotros como juntas somos autónomos, la asociación es la que está inscrita en la federación de acciones comunales y llevan nuestras inquietudes a lo alto”
El contexto: Esta es la primera reunión después de que se eligieron los dirigentes de la asociación en julio. Allí fueron elegidas y elegidos: Laura Cristina Giraldo Rodriguez como presidenta; Rodrigo Saldarriaga como vicepresidente; María Fernanda Vélez Restrepo como secretaria; Claudia Cristina Álzate Oñate como tesorera y Luz Stella Buitrago Castrillón como fiscal.
Cerca de 25 personas, víctimas de desaparición forzada, se reunieron en el parque principal el martes 6 de septiembre para la primera conmemoración del día internacional de las víctimas de desaparición forzada que se realiza en el municipio. El evento, organizado por la Alcaldía y el enlace de víctimas, tuvo como lema “Aquí falta alguien”.
La conmemoración se inició con el himno, saludo y bienvenida de Johana Alzate, Alcaldesa encargada. Le siguió una intervención de Diego Montoya, presidente del Concejo, palabras del padre Yeison Mosquera, párroco de Nuestra Señora del Carmen, y una presentación de la Escuela de Música de El Carmen de Atrato. Durante la jornada se conmemoró a las personas desaparecidas con mensajes emotivos, globos y flores blancas. Además, la Alcaldía se comprometió a volver esa conmemoración una tradición.
¿Qué dice la gente? Jose Vicente Ruiz Zapata lleva 27 años esperando a su hijo Wilder Ruiz, desaparecido el 3 de enero de 1975 en puerto Nare, Antioquia. Con dolor pidió conocer la verdad: “yo estuve en una reunión con un cabecilla de los paramilitares, ellos me lo negaron, nunca lo han reconocido. En estos momentos, necesito apoyo psicosocial, económico y una aclaración de por qué no lo han reconocido” dice Jose Vicente.
Las dificultades en la búsqueda: El Carmen de Atrato es uno de los municipios más afectados por la desaparición forzada en el Chocó, sin embargo, todavía hay muy poca información que permita dar con su paradero. De hecho, aún no se sabe con certeza cuáles fueron los actores armados que perpetraron las desapariciones. Según los datos de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), en este municipio chocoano hay 79 personas desaparecidas. Aunque desde hace un año la diócesis ha trabajado con la UBPD en el rastreo e identificación de nuevos casos, sólo 30 familias se han acercado para iniciar los procesos.
Miner S.A se unió esta semana al HUB de Innovación del Cobre, una iniciativa de la empresa chilena Quintil Valley que busca compartir buenas prácticas operacionales, ambientales y sociales, a nivel nacional y global, entre empresas mineras y organizaciones de Chile, Perú, Suecia, Nueva Zelandia, Australia y Colombia. La iniciativa fue lanzada en el marco del Congreso Nacional de Minería, de la Asociación Colombiana de Minería, en el que estuvo presente la nueva ministra de Minas y Energía de Colombia, Irene Vélez.
Junto a El Roble, están Metalmax Mining, Libero Cobre, Max Resources, Minerales Córdoba, Minera de Cobre Quebradona, Royal Roads, Rugby Limited e International Materials.
Lo polémico: Este acuerdo se da en medio de la incertidumbre que hay en la comunidad por la nueva licencia que espera Miner S.A. desde hace siete meses. “El análisis que queda es que el contrato está, solo que no lo han firmado. Si ellos están haciendo alianzas es porque ya tienen seguridad. Puede que no hayan firmado aún por los trámites y el cambio de gobierno, pero lo que muestra es que ya negociaron” dice Dario Cújar, ingeniero de minas y metalurgia que ha investigado a fondo este caso. Sin embargo, también explicó que la alianza puede ser una luz frente a lo que tanto ha pedido la comunidad: las labores de compensación, ambientales y sociales, que debería hacer la empresa en el pueblo.
Miembros del Comité de seguimiento ambiental, esta vez con presencia de Codechocó, visitaron los túneles de la empresa Miner S.A el martes 30 de agosto para verificar los mecanismos con los que la empresa cumple con sus obligaciones ambientales. Entre las organizaciones que participaron del recorrido, que se dio en el marco de la audiencia pública ambiental a Codechocó, estuvieron a Fundación Mesa Social y Ambiental, la Mesa Indígena del Chocó, la Pastoral Social Diócesis de Quibdó, Planeación Municipal, la Corporación jurídica Siembra y la Umata.
Al siguiente día, los representantes de estas organizaciones, incluida Codechocó, desarrollaron una serie de mesas de trabajo para definir los planes de acción sobre varios temas: conservación, la restauración, la reforestación, el monitoreo comunitario, el fortalecimiento a la soberanía alimentaria, la productividad y las vías de acceso al municipio.
Qué dijeron los líderes: Para Marcela Sánchez, Guardiana del Río Atrato, “es fundamental que la Agencia Nacional Minera esté presente en los espacios de interlocución con las comunidades. Además de la ANLA y el ministerio de medio ambiente”.
Por qué es importante esta visita: Las organizaciones sociales llevaban esperando esta visita desde hace varios meses. En julio, se había pactado una fecha para ir a la mina, pero Codechocó incumplió la cita y, a pesar de que varias personas pudieron conocer de cerca los manejos ambientales de la minera, no pudieron evaluar técnicamente los procesos relacionados con el cuidado ambiental que hace la empresa porque no asistió Codechocó.
La ñapa: El ingeniero de Miner SA Darney Ceballos se refirió al hecho de que la empresa lleva siete meses funcionando con una licencia vencida. “No es culpa del usuario que el Estado no decida y defina con celeridad acerca de los permisos, la empresa ha venido trabajando para que el estado diga que sí. El trámite está en proceso de transición pero estamos a la incertidumbre” dijo. Aseguró que esta es la razón por la que no están haciendo compromisos a largo plazo de proyección social y comunitaria.
Ceballos también habló de la deuda por el no pago de regalías que tiene la minera. Según el ingeniero, la empresa ya está a la espera de que un tribunal defina si debe o no hacer el pago.
El jueves 1 de septiembre más de 150 personas llegaron hasta La Argelia para celebrar la tercera versión del Atrato Fest, un festival de cultura ambiental que busca promover la defensa del río Atrato y divulgar la Sentencia T-622 que lo reconoció como sujeto de derechos. El evento fue iniciativa de la Fundación Mesa social y Ambiental y contó con el apoyo de la Alcaldía municipal, la empresa Aguas del Carmelo, el Cuerpo Colegiado de Guardianes del Atrato, los Guardianes del Río Habita y la IE Liceo Marco Fidel Suarez.
¿Qué es el Atrato Fest? El festival, que tiene como lema este año “Cinco años de un río con derechos”, se inició el martes 30 de agosto y va hasta el domingo 4 de septiembre. En el marco de este evento también se han realizado actividades en Quibdó, San Isidro, Curvaradó, Villa Contó, Doña Josefa, Riosucio, Bagadó y la comunidad indígen Abejero.
¿Qué pasó en La Argelia? En la mañana, un grupo de líderes ambientales dictó tres talleres relacionados con el manejo de residuos, la sentencia T-622 y las órdenes quinta, sexta, séptima y octava. En la tarde, los asistentes realizaron un recorrido desde la escuela hasta la capilla, recolectando todos los desechos y concientizando a las personas frente al adecuado manejo de los mismos. Además, la empresa Aguas del Carmelo dispuso de un vehículo para recoger la basura desde la parte alta de la vereda, donde se acumula gran cantidad de residuos porque no pasa el camión recolector. .
¿Por qué es importante? En 2017 la Corte Constitucional decidió que el río Atrato estaba reconocido como sujeto de derechos a “la protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y las comunidades étnicas”. La sentencia T-622 de 2016 es el instrumento clave de los líderes ambientales, quienes aseguran que desde la implementación son tan pocos los avances, que ni siquiera se pueden medir en porcentajes.
Lo que sigue: Todavía hay actividades programadas en otros municipios. Puede ver la programación completa aquí.
Angie Melisa González es una de las ganadoras de la beca del programa Fulbright para estudiar una maestría en Estados Unidos el próximo año. El programa, en alianza con el Ministerio de Cultura, abrió por primera vez este año dos cupos en la categoría de artistas para dos personas que representarán a las comunidades negras e indígenas. Angie Melisa es la primera persona en ganar esta beca con enfoque étnico.
¿Quiénes son los otros estudiantes seleccionados? Los cuatro colombianos seleccionados y sus áreas de estudio fueron: Maria Alejandra Torres Galindo (Cinematografía y Cine/Video), Jorge Alberto Vega Rivera (Cinematografía y Cine/Video), Brenn Romero Moreno (Lingüistica y estudios relacionados) y Angie Gonzalez (Preservación y conservación de la historia). Ellos iniciarán sus estudios en el segundo semestre del 2023.
Lo que dijo Angie: “Quiero que el mundo entero conozca mi Chocó, mi Chirimía. Cuando una se entera de estas noticias, la vida le cambia. Aquí está la menor de Nancy Chaverra, espero que mami esté tan orgullosa que siempre pueda recordar que lo que mi hermanita y yo hacemos es por ella. Ojalá que doña Nancy esté más feliz que yo, porque aquí está el resultado de lo que ella formó”, escribió Angie Melissa en su perfil de Facebook.
¿En qué consiste la beca? Los y las becarias recibirán mensualmente hasta $10’560.200 para cubrir sus costos de sostenimiento en Estados Unidos. Además de $7’940.000 para cubrir los tiquetes aéreos de ida y regreso, así como los gastos de la visa. Podrán también asistir a un Seminario de Orientación previo a su viaje y un pre-académico para mejorar sus habilidades en el inglés, hacer redes académicas y discutir temas de interés internacional.
Con el lema “Aquí falta alguien”, el próximo martes 6 de septiembre la Alcaldía municipal y el Enlace de Víctimas harán el primer evento para conmemorar a las víctimas de desaparición forzada en El Carmen de Atrato. El evento será en el Coliseo Cubierto Noel Enrique Robledo a partir de las nueve de la mañana. La invitación es que los carmeleños y carmeleñas interesadas asistan al evento usando una camiseta blanca y, quienes deseen, lleven una foto de la persona desaparecida.
A la conmemoración fueron invitados además representantes de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, la Diócesis de Quibdó, la Personería Municipal, el Concejo, la Policía y el Ejército.
Esta semana, la Junta de Acción Comunal del corregimiento La Junta comenzó a recolectar firmas para demandar a la alcaldía de Hatonuevo por las irregularidades en la construcción y entrega del parque El Cacique, construído en honor a Diomedes Díaz. La JAC espera lograr que la obra sea entregada como les fue presentada o que, en su defecto, la entidad territorial devuelva el dinero invertido.
¿Qué pasó con la obra? Según la comunidad, los ingenieros, contratistas y obreros no van a la construcción desde hace un mes. Tampoco se conoce la fecha de entrega. Mientras tanto, la obra -que debió ser entregada hace un año- se está deteriorando. Fidelia Ariza, fiscal de la Junta de Acción Comunal (JAC) del corregimiento denunció en mayo la mala calidad del material con el que se instalaron las baldosas en el parque. En ese entonces, el parque no tenía canales para las aguas lluvias, y los baños instalados no funcionaban.
¿Qué dice la gente? “El parque presenta deterioros. Estamos convencidos de que por parte de la administración (de San Juan del Cesar) no recibirán esta obra y nosotros apoyamos eso”, sostiene John Jairo Acosta, presidente de la JAC. Otras personas le hacen un llamado al alcalde.“Como junteros y veedores de la obra esperamos que el alcalde Álvaro Díaz haga presencia y respalde la decisión de llevar a instancias judiciales la problemática y fallas que presenta el parque”, afirma Libardo López, veedor del parque.
El lunes 29 de agosto el Consejo Directivo de Corpoguajira aprobó la ampliación del área de conservación del Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) Perijá con la delimitación de 1.020 nuevas hectáreas en San Juan del Cesar. Con esto, Corpoguajira, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Parques Nacionales Naturales y el programa de riqueza natural de USAID buscan fortalecer la conectividad del bosque seco tropical y bosque subandino, en las cuencas alta y media de los arroyos Seco, Caurina y Magalote, y los ríos Cerrejón y Palomino. En San Juan del Cesar, con esta ampliación, son 2.342 las hectáreas protegidas.
¿Por qué es importante? Los DRMI buscan prevenir la degradación del medio ambiente y la pérdida de la biodiversidad biológica. Estela Freile, coordinadora de Corpoguajira Zona Sur, explica que “cuando se declaran estas áreas, se trazan unos objetivos de conservación, se elaboran unos planes de manejo ambiental que contienen unos programas y unas inversiones con los que se busca preservar y recuperar los ecosistemas. Es más fácil invertir en estas áreas protegidas”.
Además, cuando empiece a regir el plan de manejo ambiental, los propietarios de los predios que hacen parte de estas áreas reciben beneficios como los pagos por servicios ambientales.
El contexto: En todo el departamento, el área protegida abarca 42.158 hectáreas distribuidas en los municipios de El Molino, San Juan del Cesar, Fonseca, Barrancas y Hatonuevo. Esta es un área estratégica en términos de recursos hídricos porque allí nacen los principales ríos que surten de agua las poblaciones cercanas.
El viernes pasado, la Alcaldía comenzó la reparación de la sede principal del internado Sherneka, del pueblo Talanquera de Achintukua. La obra, que tendrá una inversión de 454.620.268 pesos, incluye la instalación de 12 sanitarios, seis duchas, seis lavamanos y colector final de aguas residuales.
Con esta reparación, la comunidad educativa espera fortalecer la infraestructura de la institución educativa que se ha debilitado debido, en gran parte, a una superpoblación de estudiantes. Según el Sistema de Matrículas Estudiantil (Simat), en el internado actualmente estudian y residen 364 niños y niñas. Pero Héctor Mindiola Loperena, rector del internado, afirma que el número de estudiantes que asiste a la institución educativa es tres veces mayor.
¿Qué dice la gente? “Estos arreglos no suplen todas las necesidades del internado, pero mejoran una parte de las necesidades prioritarias. Necesitamos el encerramiento básico, la ampliación del comedor, la construcción del dormitorio de niños y ampliación de dormitorios de niñas, ya que en estos momentos es totalmente deficiente. También necesitamos nuevas aulas escolares y la cubierta de la cancha deportiva donde solamente existe la placa de concreto” dice Loperena. Al respecto, el alcalde Álvaro Díaz se comprometió con la comunidad educativa a gestionar nuevos recursos para atender las otras necesidades.
El contexto: El internado Sherneka fue construido e inaugurado en 2014 gracias a una donación del gobierno de Japón después de que la Embajada ese país y la Fundación Pro-Sierra Nevada de Santa Marta, firmaran un convenio para adelantar estas obras en el Centro Etnoeducativo Rural. En su momento la donación fue de 113.440 dólares para que los estudiantes de Achintikua, jurisdicción de la vereda El Hatico de los Indios, corregimiento El Totumo, pudieran contar con mejores instalaciones para estudiar, recibir sus alimentos y descansar cómodamente.
La comunidad de Cañaverales se reunió de manera virtual el jueves 1 de septiembre con representantes del Ministerio de Medio Ambiente para denunciar la falta de información en el proceso del Test de proporcionalidad del proyecto minero que la compañía Best Coal Company (BCC) quiere realizar en el territorio. El consejo comunitario Los Negros de Cañaverales denunció que no los han tenido en cuenta en el proceso y que BCC viene realizando acciones para “romper el tejido social de la comunidad”. Durante la reunión, de manera extraoficial, les informaron que la compañía había solicitado la licencia ambiental para desarrollar el proyecto, pero que fue rechazada. Mientras tanto, en Cañaverales están a la expectativa de una posible visita de la nueva ministra Susana Muhamad.
La llegada de la Universidad Tecnológica del Chocó (UTCH) Diego Luis Córdoba ha generado expectativa entre la comunidad carmeleña desde que la institución anunció en julio la apertura de programas para el primer semestre del próximo año. Las inscripciones para completar seis carreras profesionales y un programa tecnológico se abrirían en noviembre para jóvenes de entre 14 y 28 años.
Consonante habló con David Emilio Mosquera, rector de la UTCH para el periodo 2021- 2024, para conocer más detalles sobre las carreras a las que podrán acceder los y las carmeleñas, y cómo funcionará la institución en el municipio.
Consonante: ¿Por qué se escogió a El Carmen de Atrato?
David Emilio Mosquera: Esto surge de una sintonía por solicitud de la gente de la comunidad, de los líderes comunitarios del municipio de El Carmen de Atrato, y la apuesta que nosotros como universidad, dentro de mi administración, hemos venido jalonando en los últimos cuatro años relacionado la ampliación de cobertura de la educación superior en el departamento del Chocó. Entonces de alguna forma lo que hemos querido es aprovechar el fervor y las iniciativas que han surgido de esa comunidad para poder llegar allá con la oferta académica de algunos programas.
C: ¿Qué diagnóstico hace del acceso a la educación superior en El Carmen?
D.E.M.: En el Chocó tenemos solamente un 24 por ciento de acceso a la educación superior, en comparación con un 52 por ciento en el resto del país. En El Carmen hay dos colegios. Estamos hablando entre 150 y 200 estudiantes que se gradúan cada año. Con eso podemos sacar conclusiones en relación con el acceso a la educación superior, que por lo general no se da. O cuando se da, es para la Universidad de Antioquia o en universidades de otras partes del país porque es lo más cercano que puedan tener.
Esto se repite en los municipios periféricos del Chocó, los que tienen más influencia rural que urbana. A esto se le suma la falta de presencia institucional, lo que impide el acceso oportuno. Es justo ahí dónde se presenta una gran debilidad en relación con otros departamentos del país. Eso lo manifestaron los líderes cívicos en El Carmen y fue el reclamo que hicieron de la presencia de la Universidad Tecnológica del Chocó.
"En el Chocó tenemos solamente un 24 por ciento de acceso a la educación superior, en comparación con un 52 por ciento en el resto del país"
David Emilio Mosquera, rector UTCH
C: La universidad anunció que ofrecerá los programas de Ingeniería Ambiental, Contaduría Pública y otro par más. ¿Cómo se eligieron esas carreras?
D.E.M.: El diagnóstico inicial lo hizo un grupo de líderes de la comunidad. Fueron ellos quienes aportaron las solicitudes de los aspirantes a estudiar y nos contaron los vacíos académicos, de formación y la pertinencia de los programas. Después, la universidad hizo presencia en la comunidad ratificando esta información en un primer acercamiento. Hicimos encuestas a estudiantes de décimo, once y a egresados. Con esa información se seleccionaron las carreras teniendo en cuenta la preferencia de aquellas personas que querían estudiar en la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba.
Destacamos el programa de Contaduría, Ingeniería Ambiental, Tecnología Minero Ambiental, Ingeniería Industrial, Educación Artística, Educación Física Recreación y Deporte y la Tecnología en Gestión Turística y Hotelera. Cuando uno mira la tendencia son programas afines a lo que se pueda dar allá en El Carmen de Atrato. También, próximamente proyectaremos algunos otros de acuerdo a la preferencia de quienes quieran estudiar.
C: Varias de las carreras están relacionadas con la minería, pero la gente ha pedido que se pueda recuperar el campo. ¿Han pensado en abrir programas relacionados con esto?
D.E.M.: Es cierto. Nosotros hicimos este primer esbozo con la comunidad pero después debemos profundizar un poco más para que nos indique qué otros programas se pueden llevar. Y la idea es que con la vocación agrícola que tiene la comunidad de El Carmen de Atrato más adelante se pueda llevar, por ejemplo, el programa de Ingeniería Ambiental o Ingeniería Agroforestal, u otros programas pertinentes para la región.
C.: ¿Cuántas personas esperan recibir en estos programas?
D.E.M.: De acuerdo al censo que se ha hecho y al número de personas preinscritas, estamos hablando de 320 personas.
C.: ¿Cómo será el proceso de admisión?
D.E.M.: Es el mismo que para cualquier estudiante de la UTCH en Quibdó. Se utiliza como criterio de selección de los aspirantes nuevos a los programas de pregrado, el resultado obtenido en un examen escrito y una entrevista. Cada aspirante debe presentar ambas pruebas: la entrevista tiene un valor del 60 por ciento y el examen escrito tiene un valor del 40 por ciento. La ponderación final se obtiene sobre la calificación total y el tope lo pone la persona que saque el mayor puntaje, de ahí para abajo los que le siguen hasta que se completen los cupos.
C.: ¿Dónde va a funcionar la universidad?
D.E.M.: Como no tenemos los recursos para crear una sede allá tenemos que hacer un convenio con las instituciones de educación media y con el alcalde para que se generen las condiciones necesarias. Así lo hemos hecho en otros municipios. Todo eso mientras se consiguen los recursos para hacer la sede que, en su momento, será acorde con lo que veamos que se va dando allá.
C.: También anunciaron que contratarán docentes de El Carmen de Atrato. ¿Cómo va ese proceso?
D.E.M.: Lo que hacemos inicialmente cuando abrimos un Centro de Desarrollo Subregional en un determinado municipio es un inventario de talento humano capacitado relacionado con las carreras afines que vamos a impartir. Luego, a partir de ese inventario determinamos qué falta. También enviamos docentes que ya estén vinculados a la universidad.
La forma de vinculación que daremos inicialmente a esos profesores que van a estar allá es bajo la modalidad de catedráticos (es decir, contratado para laborar un determinado número de horas por período académico),una modalidad que surge justamente después del estudio de hojas de vida.
Internamente tenemos unas convocatorias que se hacen con base en el banco de hojas de vida y que son seleccionados de acuerdo a su formación y de acuerdo a sus experiencias relacionadas. Ya hay alrededor de 24 hojas de vida inscritas para estos programas. Ellos deberán cumplir con uno de los requisitos, que es un diplomado en docencia universitaria que imparte la Universidad Tecnológica del Chocó.
C.: El mal estado de las vías hacia el casco urbano de El Carmen es un problema constante. ¿Cómo evitarán que esto afecte las clases?
D.E.M.: Justamente no iniciamos tan rápido para tomarnos un semestre de preparación y prever este tipo de inconvenientes. Tenemos que tener a la mano alternativas de virtualidad en unos casos extremos, por ejemplo, en el caso de que haya algún tipo de dificultad con la presencia de algún docente. De todas maneras vamos a generar las condiciones para poder impartir este tipo de educación combinada entre virtual y presencial. Para esto vamos a dotar aulas interactivas en el colegio y vamos a capacitar a los docentes de unas competencias en las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).
Es muy difícil comprometernos como universidad para salvaguardar cualquier otro aspecto de las vías, pero sí queremos garantizar que vamos a tener la permanencia presencial y en casos extremos, virtual.
C.: Sabemos que el costo de un semestre de Ingeniería Ambiental en la sede de Quibdó está en 750.000 pesos o el de Tecnología en Gestión Minera y Ambiental en 250.000 pesos. El valor cambia dependiendo de la carrera. Esto puede resultar demasiado costoso para algunas personas. ¿Se mantendrán los precios en El Carmen? ¿Habrá acceso a financiamiento?
D.E.M.: No, no podemos hacer un cambio en el valor de la matrícula de un municipio a otro porque tenemos derechos pecuniarios (obligatorios) en la universidad que se recogen en una sola resolución. Entonces el promedio que tenemos del valor de la matrícula en la Universidad Tecnológica del Chocó es de 830.000 pesos, en promedio, porque hay programas que son bastante costosos y otros que son más económicos.
Además, el año pasado se firmó la Matrícula Cero que genera condiciones especiales para aquellos aspirantes que deseen ingresar a la universidad. Matrícula Cero es para los estratos uno, dos y tres, personas menores de 28 años y que no tengan ningún tipo de pregrado, que no hayan ido a la universidad pública. Ahí habría una garantía para esos programas en El Carmen.
Los que estén por fuera de ese rango ya tendrían que hacer algún otro tipo de acercamiento con la universidad para el financiamiento de esos costos de matrícula, pero en su mayoría esperamos que entren en el programa de Matrícula Cero.
Nosotros tuvimos como rectores una reunión con el ministro de Educación entrante y hay una tendencia de buscar cómo se genera la universalidad del acceso a la educación superior. Si eso se reglamenta, entonces todas las personas que quieran ingresar a la universidad, que sean colombianas, de pronto van a lograr hacerlo.
C.: ¿Qué se habló en esa reunión con el nuevo ministro Alejandro Gaviria? ¿Llegaron a algún acuerdo?
D.E.M.: Hemos tenido dos reuniones. Una fue el mes pasado con la ministra saliente en Cali. Hicimos una evaluación del sistema. En ese momento se habló sobre las pruebas Icfes, y la reforma de la Ley 30 en sus artículos 86 y 87 para adoptar un nuevo modelo de asignación estatal de recursos a las universidades públicas.
En Montería nos reunimos con el nuevo ministro de Educación. Él nos escuchó, y nosotros le hicimos una especie de diagnóstico de cómo está el sistema en cuanto a cobertura. Estuvimos hablando también de cómo lograr la matrícula universal gratuita sin las restricciones que tiene hoy en día la Matrícula Cero. También hablamos del desarrollo y el funcionamiento de la educación pública en Colombia, porque las universidades tienen un déficit permanente en lo que realmente requieren para su funcionamiento. Esto relacionado con los recursos que transfieren la nación. Además, el promedio de cobertura de la educación superior de los países que pertenecen a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) es del 75 por ciento y nosotros en Colombia estamos en el 53 por ciento, entonces ese es el esfuerzo que se va a hacer desde la nación.
C.: Hace unos años se intentó abrir programas de formación superior en El Carmen pero muy poca gente los terminó ¿Por qué pasó esto?
D.E.M.: Eso fue cuando el gobierno nacional creó unos Centros de Educación Superior Regional. Se abrieron en varios municipios: en El Carmen, en Bojayá. Yo no estaba administrando todavía, pero igual hago parte de la Universidad hace mucho tiempo y me acuerdo de ellos.
Esa situación dependía de lo que se pudiera gestionar con los municipios y también de algunas directivas desde la nación. Pero acá en este caso depende mucho de lo que nosotros hagamos directamente desde la Universidad, de lo que podamos gestionar y articular con convenios serios con los entes territoriales locales.
"En el 2018 teníamos solamente 800 estudiantes en las subregiones y hoy tenemos casi 2.600. Ya tenemos experiencia relacionada con estos procesos"
David Emilio Mosquera, rector UTCH
C: ¿Qué harán para evitar la deserción?
D.E.M.: La universidad, según el acuerdo 0022, tiene la dirección de regionalización desde donde se implementa la oferta académica en las subregiones y actualmente hacemos presencia en ocho municipios fuera de Quibdó. Hoy tenemos la experiencia de Ríosucio, de Bahía Solano, de Istmina, de Tadó y Acandí como ciudades universitarias que atraen estudiantes de varios municipios y corregimientos cercanos.
En el caso de Bahía Solano, en esta administración logramos sacar alrededor de 20 trabajadores sociales al mercado laboral, muchos de ellos sin haber terminado ya estaban nombradas en alguna instituciones como la alcaldía. Allí tres personas ya estaban trabajando y solamente requerían el título para poder hacer el nombramiento. A la mejor estudiante la contratamos directamente como la persona que va a hacer el trabajo de bienestar universitario. Muchos de los docentes que hoy en día hemos contratado son egresados de la Universidad Tecnológica del Chocó.
Cuando yo llegué a la administración en el 2018 teníamos solamente 800 estudiantes en las subregiones y hoy tenemos casi 2.600 estudiantes. Entonces ya tenemos experiencia relacionada con estos procesos, garantizando calidad y oportunidad en el desarrollo de las actividades académicas. Creería que con base en esas experiencias esto estaría asegurado en la medida que nosotros podamos lograr seguir en esta en esta dinámica como lo hemos venido haciendo en otras partes del departamento del Chocó.
C: ¿Tienen algún plan o programa para garantizar que una vez los estudiantes se gradúen puedan empezar a trabajar?
D.E.M.: Tenemos una especie de Observatorio Laboral, un observatorio que tiene el Ministerio de Educación y sobre esa base nos guiamos para hacer seguimiento a los egresados. En ese sentido nosotros influimos en procesos de actualización a nuestros egresados para garantizar que al menos estén actualizados de los requerimientos y necesidades. En este observatorio también tenemos un banco de hojas de vida de los egresados y cuando hay demanda de unas empresas, hacemos cruces.
En este momento, por ejemplo, estamos desarrollando con el programa de Ingeniería en Telecomunicaciones Informáticas, que está relacionado con el tema de habilidades de software y programación, un convenio con una empresa que necesita 10 desarrolladores.
Todo esto acompañado de algunos programas del Centro de Emprendimiento e Innovación que tiene la universidad para generar incubación de ideas o iniciativas que se puedan convertir en emprendimientos productivos que generen posibilidades de empleo.
Del 24 al 26 de agosto el Programa de Alimentación Escolar no funcionó en 96 instituciones educativas de San Juan del Cesar. Esto, a pesar de que la semana pasada la Asociación de Directivos de la Educación Guajira (Asdeg) le envió un oficio a José Jaime Vence, gobernador encargado del departamento, advirtiendo sobre la suspensión del servicio por una demora en los pagos de la gobernación. Un problema que afectó a todos los colegios de los 12 municipios no certificados del departamento.
¿Por qué se retrasaron los pagos? La demora en los pagos se debe a que el Gobernador encargado, José Jaime Vence, no tenía las facultades financieras para realizar los ajustes presupuestales y financieros necesarios para continuar con la prestación de este servicio durante el resto del año. Solo hasta el 24 de agosto se aprobó en la plenaria de la Asamblea Departamental de La Guajira, la Ordenanza 543 del 2022, en la que se le otorgó facultades para modificar el presupuesto del Departamento. Esto solamente en lo que tiene que ver con el PAE y mientras el Gobierno Nacional decide quién será el gobernador por lo que resta del periodo.
Los rectores están preocupados: Aunque el servicio se reanudaría el lunes 29 de agosto, según una circular enviada por el Secretario de Educación de La Guajira Fabián Acosta, en la comunidad educativa dudan que se resuelvan todos los problemas. “Se supone que en estos días van a hacer los movimientos presupuestales y el pago al operador a ver si a partir del lunes se reanuda el servicio. Pero yo lo dudo. Ellos tienen dificultades con el tema de suministros porque lo traen todo de afuera. Siempre les hemos insistido en el tema de compras locales pero siguen trayendo la mayoría de los insumos de fuera, esto retrasa más el proceso”, dice Edward Fragozo, rector de la Institución Educativa El Carmelo.
El Gobierno Nacional anunció hoy que no va a retirar el subsidio a los combustibles que se distribuyen en los municipios de zonas fronterizas. Esta propuesta, que prendió las alarmas en San Juan del Cesar la semana pasada, había sido incluida en la Reforma Tributaria presentada ante el Congreso de la República.
¿Qué dijo el Ministro de Hacienda? “Hemos decidido que vamos a pedirle a los ponentes que eliminen ese artículo. Creo que tiene alguna lógica porque la información que tenemos es que hay mucho contrabando, mucho abuso con esos combustibles subsidiados, pero por otra parte tendremos que, más bien, fortalecer los controles”, señaló el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. Los congresistas Juan Loreto Gómez y Martha Peralta fueron los encargados de llevar al gobierno la solicitud para revertir esta propuesta.
¿En qué consiste el impuesto? Desde 1995, los combustibles que se distribuyen en los municipios de zonas de frontera como Arauca, Nariño, Cesar, Amazonas, Putumayo, Guainía, La Guajira, Norte de Santander, Vaupés y Vichada, están excluidos del IVA, de aranceles y del impuesto nacional a la gasolina y el ACPM. Esto para promover el desarrollo y el crecimiento económico de dichas regiones y hacerle frente al contrabando de combustible. Con la propuesta del gobierno Petro, se pretendía mitigar el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), que podría llegar este año a los 37 billones de pesos.
Lo que dice la gente: En San Juan del Cesar la gente está agradecida. José Mejía, propietario de la Estación de Servicio (EDS) El Sol resaltó la labor de los líderes que llevaron esta solicitud ante el Gobierno Nacional, “por esto es importante tener buenos representantes, que les duela el departamento, para que los acuerdos sigan beneficiando a la población en general y no los bolsillos de los más encopetados”. Claudio Javier Romero, conductor, agregó: “Agradecemos a este gobierno por dejar el subsidio a la gasolina ya que de no haberlo hecho, sería un duro golpe al gremio de conductores y usuarios de los diferentes medios de transporte”.
El jueves 25 de agosto se llevó a cabo una sesión descentralizada del Concejo en el corregimiento de Cañaverales para discutir el estado del Test de Proporcionalidad del proyecto minero que la compañía Best Coal Company (BCC) quiere realizar en el territorio. La sesión se enfocó en la construcción de un documento para exigirle al Ministerio del Interior brindar información sobre el proceso que se está llevando a cabo.
En el encuentro estuvo el equipo administrativo de la Alcaldía, diputados de la Asamblea Departamental, la personera de San Juan del Cesar, concejales del municipio de Fonseca, líderes sociales y la diputada Oriana Zambrano, quien ha liderado la resistencia contra este proyecto.
No es la única solicitud de información: La semana pasada la senadora Martha Peralta envió un derecho de petición al Ministerio del Interior para que detalle en qué estado está el proceso de consulta entre el consejo comunitario Los Negros de Cañaverales y la empresa minera Best Coal Company (BCC). En el documento, Peralta solicitó información sobre las razones por las que el Ministerio no continuó la etapa de diálogo y decidió implementar el test de proporcionalidad. Asimismo, le pidió detalles sobre los trámites ambientales que ha realizado la compañía para explotar minerales en el municipio.
Habrá otra sesión: Una de las tareas que quedó de este encuentro es realizar otra asamblea descentralizada en el corregimiento de Conejo. Esto después de que los concejales del corregimiento fueran informados de que en su territorio sería instalado el denominado “botadero”, un lugar donde la empresa lleva el “material inerte” que se extrae antes de poder llegar al carbón.
Con tiros desde el punto penal, el equipo de Cañaverales de San Juan Del Cesar logró el triunfo ante el equipo de Urumita en la final de la Champions de Fútbol de la Guajira. El partido se jugó el sábado 20 de agosto en el estadio “Enrique Brito” de San Juan del César. El equipo recibió en tarima la premiación: dos millones de pesos y un trofeo.
Lo que dice la gente: “Ganar la Champions de Fútbol de la Guajira significa que se hicieron las cosas bien durante todo el torneo. El título es el premio al trabajo” dice José Alejandro Suarez, Técnico de Cañaverales F.C. Esta era la décima versión del torneo en la que participaron 14 equipos del sur de La Guajira y aunque es la segunda vez que el equipo llegaba a la final, es la primera vez que se corona como campeón.
Entre el 21 y el 26 de agosto tuvo lugar la semana de la juventud en El Carmen de Atrato organizada, por primera vez, por el Consejo Municipal de Juventudes (CMJ) con apoyo de la Alcaldía Municipal, Miner S.A, y otras entidades privadas. El evento buscó ser un espacio de participación, diversión y sano esparcimiento, así como una oportunidad para sensibilizar y capacitar a las y los jóvenes en sus derechos y deberes, y generar espacios de participación para la toma de decisiones.
¿Qué pasó? Durante los cinco días hubo varias actividades simultáneas. Psicólogos de Miner S.A dictaron charlas sobre salud mental en las instituciones educativas. El CMJ organizó actividades de recreación como carreras de ciclismo, atletismo, patinaje y crossfit. El miércoles celebraron el festival de la cometa y el jueves hubo una feria educativa y de emprendimiento. Además, representantes de Colpensiones y de Ce Emprende le explicaron a las y los jóvenes su oferta institucional. El CMJ aprovechó la oportunidad para reunirse con la Alcaldía y solicitar asistencia técnica y recursos para la construcción de una política pública de juventud. El evento de cierre será este viernes a las 7:00 de la noche en el parque principal con una muestra de talento carmeleño y artistas invitados.
¿Por qué es importante? Esta es la primera actividad de alto impacto que organiza el Consejo Municipal de Juventudes. Aunque los integrantes del CMJ fueron elegidos desde el 5 de diciembre del año pasado, han tenido problemas para consolidar sus labores por lo que la participación de los jóvenes rurales en la toma de decisiones ha sido poca.
Lo que dicen los jóvenes: “Esto es importante para el municipio porque muchos jóvenes a partir de esto invierten su tiempo en actividades que aportan. Y las ferias estudiantiles son muy buenas porque los jóvenes pueden tener más claro que quieren estudiar” explica Junior Vargas, consejero de juventud.
Cerca de 400 campesinos y campesinas participaron el domingo 21 de agosto en las actividades organizadas por la Alcaldía en el marco de la conmemoración del Día del campesino. Las veredas con mayor representación fueron La Mansa, La Argelia, Habita, El Porvenir y Guaduas, que integran el club de La Salud. Los habitantes de estas veredas organizaron las comparsas, una actividad tradicional en la que se representan las culturas y tradiciones de la zona rural por medio de danzas, disfraces y cantos.
¿Qué pasó? La Alcaldía rifó artículos e insumos agropecuarios, y artículos de aseo y hogar entre las familias campesinas. En el evento estuvieron presentes representantes de la Biblioteca Municipal, el Banco Agrario, el programa BEPS de Colpensiones y la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), quienes asesoraron a los y las campesinas para acceder a los diferentes programas que ofrecen las instituciones. Más de 20 personas solicitaron asociarse a la ANUC para obtener su cédula campesina.
¿Qué opinaron los campesinos? Si bien varios de los asistentes coincidieron en que les gustó encontrarse con otros campesinos durante el evento, pidieron que el gobierno local les preste más atención durante el resto del año. “Los derechos de los campesinos mestizos son constantemente invisibilizados. Es como si en el sector de La Trocha no existiéramos”, dijo Isabel Cristina Rincón, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Once y zonas aledañas. Policarpo Vargas, campesino de la Vereda la Argelia, opinó que: “el gobierno no apoya al campesinado que es la población que más lo necesita y que tiene vital importancia por ser quien surte de alimentos a los pueblos y a las grandes ciudades”.
Habrá otro evento: Del 16 al 18 de septiembre se llevará a cabo el Primer Encuentro del Campesinado Carmeleño, una actividad organizada por líderes y lideresas con apoyo de la Diócesis de Quibdó y la Parroquia para fomentar la organización campesina y el fortalecimiento de la política pública municipal sobre este tema.
La Alcaldía suscribió el convenio para reanudar el servicio del complemento alimentario del PAE después de que los niños y niñas de los colegios duraron más de 12 días sin recibir este beneficio. Desde el lunes de la semana pasada, el alcalde Jaiberth Ríos firmó el contrato con la Fundación Pazcifico Vive por una duración de 40 días calendario escolar.
El contexto: Desde el 31 de julio se terminó el contrato con Asomegasalud, quien era el operador encargado de entregar este complemento a los 1.437 estudiantes matriculados en las instituciones educativas Corazón de María, Liceo Marco Fidel Suárez, Tobías Queragama y las sedes rurales.
El problema: Según los rectores del municipio, el problema es que desde la administración esperan a que se acabe el contrato para hacer el trámite que demora varios días, y mientras tanto, los niños se quedan sin recibir la alimentación. “Si el contrato se está acabando no pueden esperar a que se acabe, porque por el monto (de dinero) hay que hacer licitación, y mientras surge la licitación pasa mucho tiempo y ahí tenemos a los alumnos en los salones desmayándose, diría yo, de física hambre. Pero eso como que solamente lo sentimos los que estamos en las instituciones adentro”, explica Vicente Ayala, rector de la Institución Educativa Marco Fidel Suárez.
Tres personas desaparecieron el viernes 19 de agosto por un deslizamiento de tierra en el sector de El Dieciséis, desde entonces el cuerpo de Bomberos Voluntarios de El Carmen de Atrato está en su búsqueda. Hasta el momento, los rescatistas sólo han encontrado un cuerpo sin vida. En la búsqueda también participa personal del Departamento de Gestión del riesgo de Quibdó, de Gestión del Riesgo Departamental del Chocó, la Defensa Civil Seccional Chocó, la empresa minera El Roble, el consorcio Interdiseños-Integral, Latinco, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia, el Cuerpo de Bomberos de Ciudad Bolívar Antioquia y contratistas de Invías. Las jornadas de búsqueda seguirán hasta el próximo viernes 2 de agosto.
Desde esta semana los niños, niñas y adolescentes del municipio dejaron de recibir las comidas del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y, hasta la fecha, no se sabe cuándo se volverá a restablecer el servicio. La suspensión se dio porque la Gobernación del Chocó no ha firmado un nuevo convenio con la Alcaldía a pesar de que, según la Secretaría de Educación de Tadó, enviaron a tiempo toda la documentación. Mientras se pacta el nuevo convenio, los directivos de las instituciones le solicitaron a los padres y madres garantizar las onces de sus hijos.
La preocupación: “El hecho de que los muchachos no reciban el PAE hace que tengamos que salir más temprano de las clases porque muchos no tienen cómo comprar en las tiendas para mitigar el hambre. Sabemos que es un complemento alimentario que solo cumple el 20 por ciento pero a veces para muchos niños es el 100 por ciento”, dice Eudecelina Ramírez Mosquera, rectora de la Institución Educativa Demetrio Salazar. “Le hacemos un llamado al Gobernador para que agilice el proceso”, agrega.
Contexto: El Chocó es uno de los departamentos donde más problemas se han denunciado con el PAE en el país. A inicios de este año, Luis Carlos Pineda, delegado para la Participación Ciudadana de la Contraloría, denunció en entrevista con Blu Radio que: “En el caso de Chocó, el año pasado no se alcanzó a cubrir más de 100 días el programa de alimentación escolar. Esto genera alertas, sobre todo porque se están asignando los recursos y estos se dan a entidades territoriales, pero no se está garantizando la cobertura total”.
Además, la inestabilidad política en la Gobernación del Chocó y en la Alcaldía de Tadó en el último año ha generado retrasos porque con el cambio de mandatarios algunos proyectos han quedado parados y los mandatarios encargados no tienen el mismo margen de maniobra para la contratación.
El 16 de agosto, un grupo de 27 pensionados y jubilados bloquearon el ingreso a la Alcaldía para denunciar que la administración municipal no les ha pagado 21 meses de pensión. Aunque el alcalde Cristian Copete intentó llegar a algunos acuerdos de pago de la deuda, los pensionados solo accedieron a levantar la protesta con la promesa de que algunos de sus representantes y la secretaria municipal de Gobierno viajarán hasta Condoto e Istmina, para conocer cuál fue la solución que se implementó en estos municipios sobre las pensiones.
¿Qué dicen los pensionados? “Desde que el municipio asumió la competencia de las jubilaciones y pensiones de los funcionarios públicos de la Alcaldía, se presenta esta situación anormal. Entendemos que el Ministerio de Hacienda es el responsable de dar los recursos pero el municipio debe hacer la gestión”, dice Luis Antonio Mosquera. “Venimos sufriendo una situación calamitosa, acá hay gente anciana. Todo el personal es adulto mayor”, agrega.
La propuesta del alcalde: Inicialmente, Copete organizó una mesa de concertación en la que participaron los pensionados, el personero, la veeduría municipal y los secretarios municipales de Hacienda y Gobierno. El alcalde le propuso a los protestantes mitigar la situación con el pago de dos meses, mientras el gobierno nacional le gira recursos a finales de agosto, aproximadamente. “Mediante gestiones realizadas en el FONPET, hemos logrado conseguir 500 millones de pesos para pagarles todo este año”, agregó el mandatario.
Copete, además, se comprometió a viajar a Bogotá la próxima semana para gestionar recursos ante el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet).
¿Por qué es la deuda? Esta no es la primera vez que se retrasa el pago. Algunos pensionados denuncian que desde 2007 todos los alcaldes han dejado de darles mensualmente la pensión. Copete explica que esto se debe a que “los gobiernos anteriores descontaban los recursos correspondientes para los fondos de pensiones (con el fin de invertirlos en otros proyectos), pero nunca los depositaron (de nuevo) en los mismos”.
Los coordinadores de la Mesa de Cultura Departamental del Chocó conmemoraron los 295 años de la gesta libertaria del rey Barrule, quien lideró el levantamiento de personas esclavizadas en Tadó. El evento, que se realizó el 17 de agosto, contó con la participación de Douglas Cujar, activista y cultor del patrimonio departamental, y Fabio Teodolino Perea, historiador tadoseño, quienes en un conversatorio reconstruyeron la hazaña del rey Barule e invitaron a la población a reconocer el valor de Tadó en la etnohistoria de los palenqueros.
Sobre el rey Barule: Desde 1 de noviembre de 1727, en Tadó se realizó el primer acto de libertad palenquera. El rey Barule y los hermanos Mina junto a otros palenqueros lideran una ofensiva contra los españoles a cargo de asentamientos mineros, donde esclavizaron durante muchos años a esta población. En honor a su gesta libertaria, el parque principal de Tadó lleva el nombre del rey Barule.
Acá puede conocer más sobre esta gesta libertaria.
La Institución Educativa Normal Superior Demetrio Salazar Castillo se unió esta semana a la iniciativa “Escuela Abraza la Verdad”, que tiene como objetivo difundir el informe final de la Comisión de la Verdad (CEV) sobre el conflicto armado en Colombia, y generar una cultura de paz dentro de las aulas. Por esto, el 12 de agosto la comunidad educativa recorrió varias calles del municipio para asumir la tarea de la construcción de paz dentro y fuera de la institución.
¿En qué consiste la iniciativa? “Escuela Abraza la Verdad” es desarrollada por la Comisión de la Verdad y Educapaz, una organización de la sociedad civil. En la Normal se desarrolló a través de cuatro acciones. La primera fue conocer el informe final de la CEV, la segunda consistió en realizar carteles donde quedaran plasmadas las reflexiones, la tercera fue publicar fotografías de las actividades en redes sociales, y, por último, contarle a los habitantes del municipio cómo la comunidad educativa está comprometida con la paz.
¿Qué dicen los profesores? “Desde la escuela queremos iniciar a que se diga la verdad, haya justicia y reparación. Somos instituciones transformadoras y encargadas de enseñarles a nuestros estudiantes de todos los grados”, dice una profesora de la institución. “Los estudiantes y profesores han estado muy comprometidos. La meta es que los muchachos y nosotros mismos nos apropiemos del proceso de paz, aprendamos a perdonar y mejoremos la convivencia”, agrega.
Otra acción de paz escolar: El 12 de agosto, en la IE Nuestra Señora de la Pobreza se firmó un acuerdo de paz y convivencia para disminuir las peleas entre estudiantes y mejorar el rendimiento académico. El documento incluyó el compromiso de padres y madres, directivos, alumnos y maestros.
Tadó es el pueblo de concentración para la realización de la fase zonal San Juan 2 de los Juegos Intercolegiados, un evento nacional que se realizará desde el 18 al 22 de agosto para apoyar y resaltar las habilidades de los y las estudiantes que realizan actividades deportivas. En este encuentro, que inició el 18 agosto con un desfile de las delegaciones por el centro del municipio, jugarán las instituciones educativas de: Alto, Medio y Bajo Baudó, Certegui, Cantón de San Pablo y Unión Panamericana.
Esta semana, la Asociación de Directivos de la Educación Guajira (Asdeg) le envió un oficio a José Jaime Vence, gobernador encargado del departamento, en el que dan cuenta de su conocimiento sobre la suspensión del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en los colegios de doce municipios la próxima semana. En el documento, la entidad señala que esto se debe a que la Gobernación no ha pagado sus responsabilidades.
El problema de los pagos: Los directivos señalan en la carta que la demora en los pagos se debe a que el Gobernador no tiene facultades financieras. “Conocemos que esa falta de pago tiene su origen en los últimos tiempos a la carencia de facultades que la Honorable Asamblea departamental debe conceder al gobernador para poder realizar los ajustes presupuestales y financieros que le permitan atender con premura esa y otras obligaciones derivadas de convenios y contratos celebrados por la entidad departamental”, agregan.
Contexto: Esta no es la primera vez que se suspende el servicio del PAE en el municipio. En el último año ha habido problemas en el suministro por los supuestos paros armados declarados por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia en La Guajira. En mayo, la justificación del PMA y la Gobernación fue que no había transporte para llevar los alimentos.
Además, los rectores de los colegios de San Juan del Cesar han denunciado que no tienen la infraestructura adecuada para almacenar, cocinar y servir las comidas. En el municipio solo hay un restaurante escolar en el megacolegio Altos de la Prosperidad, las demás instituciones tienen espacios improvisados mientras esperan la inversión de los gobiernos departamental y nacional.
La senadora Martha Peralta envió un derecho de petición al ministerio del Interior para que detalle en qué estado está el proceso de consultivo entre el consejo comunitario Los Negros de Cañaverales y la empresa minera Best Coal Company (BCC), alrededor del proyecto la mina de carbón que se quiere desarrollar en el corregimiento. En el documento, Peralta le solicita información sobre: las razones por las que no continuó la etapa de diálogo y se implementará el test de proporcionalidad. Esta es una herramienta que tiene el Estado para que los jueces decidan sobre la situación sin vincular necesariamente a las personas afectadas. Asimismo, le pide detalles sobre los trámites ambientales que ha realizado la compañía para explotar minerales en el municipio.
¿Qué dice la comunidad?“El ministerio ha seguido violando los derechos de nuestro pueblo. Hasta el momento no nos han dado ninguna información ni notificaciones, incluyendo a otros entes gubernamentales. Cuando la empresa llega a socializaciones a otras comunidades nos enteramos. Parece que la compañía es la única que sabe aparentemente”, explica Óscar Gámez, presidente del consejo comunitario.
Contexto: El ministerio del Interior decidió aplicar el test de proporcionalidad en Cañaverales argumentando que el consejo comunitario afro no ha tenido disposición de dialogar con BCC. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y el consejo comunitario sostienen que siempre ha habido disposición al diálogo, por lo que debe continuar el proceso de consulta previa.
Además, la Asamblea Departamental había programado una audiencia de debate de control política el 29 de julio, para que el ministerio del Interior, la empresa, Corpoguajira, la comunidad y otras entidades pudieran exponer sus posturas sobre el proyecto minero. Sin embargo, el Mayor Rafael Darío Sánchez, comandante del Segundo del Distrito de Policía de San Juan del Cesar, emitió un comunicado en el que aseguraba que no era aconsejable desarrollar el encuentro en el lugar designado por motivos de seguridad. El 25 de agosto, se espera que la sesión se lleve a cabo.
El 17 de agosto, la Alcaldía realizó la siembra de árboles nativos a orillas del río Cesar, desde el paso por la vía a la población de Guamachal hasta el sitio conocido como Los Pastelillos. La actividad consistió en la siembra de 300 plantas: algarrobillo, cañaguate, roble y caracolí, entre otros, tiene como objetivo la recuperación del afluente que cada vez está más contaminado. En la jornada participaron algunas personas de las comunidades aledañas y funcionarios de la administración municipal.
El contexto: En 2015, la Corporación Regional Autónoma del Cesar (Corpocesar) declaró la emergencia ambiental sobre la cuenca baja y media del río César, que nace en la Sierra Nevada de Santa Marta y desemboca en la ciénaga de la Zapatosa después de recorrer 11 municipios. De este afluente se alimenta el acueducto de San Juan del Cesar. A pesar de la importancia del río para el sur de La Guajira, las acciones de recuperación se han concentrado en el departamento del Cesar, ya que el río cruza cerca del 80 por ciento de su territorio.
Hasta la fecha quienes habían asumido el cuidado de la cuenca era la Fundación Salvemos Nuestro Río Cesar, integrada por 30 personas quienes realizaban jornadas de limpieza y concientización sobre la contaminación del afluente. Sin embargo, en esta actividad ninguno de los integrantes fue invitado a participar.
Con un marcador de 1-0 en el puntaje global, el equipo de Cañaverales de San Juan Del César le ganó como visitante a la selección de Fonseca en los partidos de semifinales de esta semana. Con esta victoria, Cañaverales logró abrirse, por segunda vez consecutiva, un cupo en la final de la Champion de Fútbol de La Guajira. El equipo se tendrá que enfrentar contra Urumita este 20 de agosto, a las tres de la tarde en el estadio Enrique Brito de San Juan del César.
La premiación: Se premiarán a los dos mejores equipos de la décima versión de este torneo. Al ganador se le entregarán 2200 millones de pesos y el trofeo. El segundo puesto recibirá 1500 millones de pesos.
El 13 de agosto, diez líderes y lideresas de El Carmen de Atrato recibieron en Quibdó la socialización de los principales hallazgos del Informe Final de la Comisión de la Verdad, un un informe que reconstruye un relato amplio sobre la guerra en Colombia. El 28 de junio, la Comisión presentó por primera vez el informe final con diez capítulos sobre las causas e impactos del conflicto, y dio recomendaciones para transformar el país y evitar la repetición de los hechos de violencia.
El objetivo del encuentro en el Chocó, además de la socialización, era que los líderes y lideresas se apropiaran del informe y pudieran replicar la información en su municipio. Para esta reunión el enfoque estuvo principalmente en el capítulo étnico que contiene los hallazgos sobre las violencias y daños a los pueblos negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros. Este capítulo, según Ilsa Caisamo, indígena emberá dobida e integrante de la Comisión de la Verdad, se realizó con aportes de representantes de las comunidades indígenas de El Carmen.
¿Qué dice la gente? Para Ramiro Giraldo, uno de los líderes, la entrega de este informe es importante porque: “por fin vamos a saber dónde estuvo el comienzo de este maldito conflicto que nos aporreó a todos, y habrá esclarecimiento y verdad sobre qué fue lo que ocasionó esta situación”. Sin embargo, los líderes aseguran que en el departamento hay dificultades para reflejar la presencia de los campesinos mestizos y su relación profunda con el territorio. Dora Agudelo, lideresa de El Carmen de Atrato y asistente cuenta que: “Estamos en la entrega del informe especial de grupos étnicos, pero no aparecemos en este informe”. Por eso, Agudelo considera que es necesario buscar el reconocimiento como grupo étnico ante el Ministerio del Interior.
¿Por qué es importante? En El Carmen hay un gran porcentaje de población víctima de diferentes hechos relacionados con el conflicto. Según información de la Unidad de Víctimas con corte del 22 de julio del 2022, el municipio tiene 10.295 víctimas reconocidas. El hecho victimizante que más padecen en el municipio es el desplazamiento forzado, con 9.448 víctimas. Además, para los líderes asistentes a la socialización del informe, este capítulo fue fundamental porque allí se ven representadas las realidades de dos de las etnias presentes en el territorio: indígenas y afrodescendientes.
Una delegación de la vereda Guaduas fue escuchada durante la sesión del Concejo Municipal el 13 de agosto. Allí los pobladores manifestaron su preocupación frente a los problemas que presenta la vía de acceso y los diferentes pasos sin puentes que están en mal estado, como lo registramos en esta nota.
Marcela Sánchez, líder de la comunidad, explica que ”uno de los problemas más urgentes es la actualización del mapa vial municipal porque la vereda no aparece en su totalidad”, esto es problemático porque según la comunidad, los sectores que no aparecen en el mapa tienen problemas para la asignación de recursos. Resalta, además, que el problema de las vías en la vereda trunca el retorno de las víctimas del conflicto armado.
Los nuevos acuerdos: El Concejo Municipal acordó con la comunidad de Guaduas varias acciones para acelerar el cumplimiento de los acuerdos pactados desde la semana pasada:
Lo que se ha hecho: La comunidad dice que a cuenta gotas se van cumpliendo algunos de los acuerdos pactados. La semana pasada sacaron el derrumbe que imposibilitaba el paso y el 15 de agosto, el consorcio envió una máquina cargadora a limpiar los barrancos que estaban obstruyendo las cunetas en la vía Guaduas.
También, representantes del Consorcio Vías y Equipos Pacífico 2021 y de la Alcaldía, acompañados por la comunidad, visitaron el trayecto de la vía para mirar los puntos más graves para ajustar mientras se canaliza una intervención más profunda por parte de INVIAS. Además, el Consorcio llevó un especialista para revisar el puente que comunica la vereda con la transversal Medellín-Quibdó.
El contexto: El 2 de agosto, los habitantes realizaron un paro pacífico en el puente La Sánchez para exigirle a la Alcaldía y la Gobernación una solución definitiva al mal estado de la vía de ingreso a la vereda y otros problemas viales. Después de 12 horas de paro la Alcaldía gestionó con la mina una retroexcavadora para atender el derrumbe que tuvo a la comunidad confinada durante ocho días, mientras el consorcio Vías y Equipos Pacífico 2021 facilitó la cama baja para trasladar la máquina.
Además, las partes acordaron dos visitas de verificación y diagnóstico; una del consorcio vías y equipos (que asegura no conocer la vía) y otra de manera conjunta entre INVIAS y la Alcaldía Municipal, visita que ya había sido efectuada el año pasado pero que no había tenido ningún resultado visible. Además acordaron el mantenimiento del puente de La Sánchez, competencia directa del consorcio.
Las comunidades de Fieras, Eborro y Mirlas, agrupadas en el resguardo indígena ‘La Fiera’, ubicado en la transversal Medellín - Quibdó, detuvieron esta semana los vehículos del consorcio Vías y Equipos Pacifico 2021 (Latinco) para exigir el cumplimiento por parte del INVIAS de los compromisos de compensación por la intervención en la vía adquiridos con la comunidad en el 2020. El Alcalde tuvo que convocar a una reunión a varias entidades locales y nacionales, la empresa y líderes indígenas para darle solución a las peticiones. Según la Personería municipal, solo se llegó a acuerdos con las comunidades de Eborro y Mirlas, pues aseguran que las solicitudes de la población de Fieras no son asequibles ni para la administración, ni para el INVIAS.
El problema: La pavimentación de ese tramo de la vía está suspendida desde septiembre del año pasado, cuando el Tribunal de Cundinamarca dictó medidas cautelares al contrato por la presencia de las empresas ICM Ingenieros e Intec de la Costa S.A.S. en el Consorcio Vías para el Chocó, encargado de la obra. Esta suspensión se dio después de que las dos empresas quedaran inhabilitadas para contratar con cualquier entidad del estado porque hacía parte de la Unión Temporal Centros Poblados, quienes presentaron tres pólizas falsas para quedarse con el contrato de Mintic buscaba llevar internet a las escuelas rurales del país.
Este consorcio en su momento fue el que hizo las negociaciones con las comunidades indígenas que, al igual que la contratación de la vía, quedaron en el limbo. Sin embargo, el 8 de abril, el INVIAS autorizó la cesión del contrato que tenía el Consorcio Vías para el Chocó al nuevo operador Conexión Antioquia, integrado por las empresas Explanan S.A.S., Trainco S.A.S y una persona natural identificada como Harold Fernando Rozo Zapata.
El 21 de agosto se celebrará el Día del Campesino en el municipio. Para el evento, la Alcaldía dispondrá de transporte gratuito desde las diferentes veredas hacia la zona urbana, y realizará ollas comunitarias para compartir el almuerzo con todos y todas las campesinas asistentes a la actividad. Este día habrá mercado campesino y actividades artísticas y culturales como comparsas, que varias veredas vienen preparando a través del Club de Salud.
En el marco de esta actividad estará presente la Asociación de Usuarios Campesinos de El Carmen de Atrato (ANUC) brindando información acerca de su misión para fortalecer el campesinado carmeleño y además estará inscribiendo a todos y todas aquellas campesinas interesadas en hacer parte de la asociación.
Los transportadores de Fonseca están a la espera de reunirse con la Ministra de Minas y el Ministro de Transporte, para buscar una solución ante la posible eliminación del subsidio de la gasolina. Así lo definieron en una reunión el 15 de agosto, en la que participaron además los comerciantes de combustible. Los congresistas Juan Loreto Gómez y Martha Peralta serán los encargados de gestionar el encuentro con el Gobierno, en el que los representantes de los gremios esperan evitar la eliminación de la subvención. En el caso de que no lleguen a un acuerdo, habría un paro de actividades en el municipio.
¿Qué dicen los líderes? “Fue muy difícil conseguir este subsidio para que ahora nos lo vengan a quitar. Estos beneficios se dan porque La Guajira es la más rezagada y el Gobierno debe tener en cuenta eso”, dice Jaime Alonso Daza, líder del comité del paro departamental. “Teníamos un cupo de 2.526.772 galones y en tres años de lucha, desde el 2019, solo hemos logrado el aumento de 2.333.198 galones para nuestro departamento. A diferencia del Cesar que cuenta con un cupo de más de 15 millones de galones”, agrega Daza.
Contexto: El proyecto de reforma tributaria presentado por el Gobierno incluye la eliminación del subsidio a los combustibles, que es una medida que busca combatir el contrabando en departamentos de frontera. Con esto, el Ministro de Hacienda pretende mitigar el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), que podría llegar este año a los 37 billones de pesos.
Cuando la variación de precios de combustibles presenta un alza significativa, el FEPC le paga a los productores e importadores la diferencia de los precios para mantener un valor nacional equilibrado y evitar el impacto en el bolsillo de los consumidores. Pero, en los últimos años este déficit ha aumentado considerablemente, al punto de que, según el Ministro de Hacienda, está poniendo en riesgo las finanzas de la nación.
Esta semana, la Asociación de Directivos de la Educación Guajira (Asdeg) le envió un oficio a José Jaime Vence, gobernador encargado del departamento, en el que dan cuenta de su conocimiento sobre la suspensión del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en los colegios de doce municipios la próxima semana. En el documento, la entidad señala que esto se debe a que la Gobernación no ha pagado sus responsabilidades.
¿Cuál es la explicación? Los directivos indican en la carta que la demora en los pagos se debe a que el Gobernador no tiene facultades financieras. “Conocemos que esa falta de pago tiene su origen en los últimos tiempos a la carencia de facultades que la Honorable Asamblea departamental debe conceder al gobernador para poder realizar los ajustes presupuestales y financieros que le permitan atender con premura esa y otras obligaciones derivadas de convenios y contratos celebrados por la entidad departamental”, agregan.
La preocupación: “En mi escuela son niños de muy bajos recursos. Hay niños que ni siquiera vienen a aprender sino porque en sus casas no les dan comida. Son papás que viven el día a día”, dice Nelvis Peralta, coordinadora de la escuela Clotilde Poveda. “Solicito al Gobierno departamental ponerse al día para que no se interrumpa la alimentación de los niños porque va a haber mucha deserción escolar”, lamenta.
A Puerto López aún no han llegado las obras de placa huella que está realizando la Alcaldía, a pesar de que hace un año la administración municipal prometió agilizar la ejecución de ese proyecto. Los campesinos denuncian que estas demoras en la adecuación de la vía les dificulta sacar los alimentos que cultivan, pues constantemente se presentan derrumbes que los dejan incomunicados.Esperan que el alcalde Hamilton García les dé una solución pronto, teniendo en cuenta que esta es una de las vías rurales que debería recibir recursos de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
¿Qué dice la gente? “Hace seis días, unos campesinos nos reunimos con los mandatarios y dijeron que iban a hablar con el Batallón de Ingenieros. Pero la Secretaría de Planeación nos preguntó que si conseguían las máquinas a qué nos comprometíamos. Me toca consultar con la comunidad para ver qué podemos aportar”, dice César Acosta, campesino de la vereda. Consonante buscó a Marla Zuñiga, secretaria encargada de Planeación, para saber qué ha pasado con el proyecto, pero hasta la fecha no ha obtenido respuesta.
No es la primera vez: En septiembre del año pasado, unas 100 familias de Puerto López iniciaron una colecta para empezar a reparar la carretera. Cada una de las familias de la vereda aportó dos galones de ACPM, un ingeniero que trabaja arreglando una vía cercana le prestó a la comunidad la maquinaria, otros campesinos donaron parte de los productos que siembran e invirtieron 500 mil pesos para comprar mercado extra. En ese momento, la Alcaldía se comprometió a suministrar la gasolina, contratar más maquinaria para el arreglo y reintegrar el dinero que ya habían invertido. Después de eso, denuncia Acosta, no han vuelto a hacer nada más.
La Institución Educativa Roig y Villalba se unió esta semana a la iniciativa “Escuela Abraza la Verdad”, que tiene como objetivo difundir el informe final de la Comisión de la Verdad sobre el conflicto armado en Colombia, y generar una cultura de paz dentro de las aulas. En la jornada, que se realizó el 12 de agosto, la comunidad educativa caminó desde el colegio hasta la plaza principal del municipio, donde el rector Álvaro Amaya y algunos docentes explicaron qué es la Comisión, y el derecho a la verdad y la no repetición. Una vez regresaron a la institución, se conformaron varios grupos de trabajo con los estudiantes para leer la cartilla, y escuchar las historias de los firmantes de paz de las extintas Farc y de las víctimas del municipio sobre la guerra en el país.
¿Qué opina la comunidad educativa? “Los alumnos participaban, hacían preguntas y hubo llanto porque (las víctimas) contaban historias de violaciones hasta cosas peores, y eso toca sensibilidades. Fue una jornada muy significativa”, dice la docente Aleida Solano.
Contexto: Durante tres años, la Comisión de la Verdad escuchó a víctimas, actores armados, empresarios, integrantes de la fuerza pública, y expresidentes para reconstruir un relato amplio sobre la guerra en Colombia. El 28 de junio, la Comisión presentó el informe final con diez capítulos sobre las causas e impactos del conflicto, y dio recomendaciones para transformar el país y evitar la repetición de los hechos de violencia. Para difundir el documento, la Comisión y Educapaz, una organización de la sociedad civil, crearon “Escuela Abraza la Verdad”. Recientemente, Alejandro Gaviria, ministro de Educación, anunció que dará lineamientos para que esta iniciativa se desarrolle en todos los colegios.
Acá puede consultar los capítulos del informe final.
El 12 de agosto, el alcalde Hamilton García le entregó las banderas de Fonseca y Colombia a los 18 jóvenes del equipo Guajira Fonseca, quienes representarán al departamento en el torneo de fútbol Madrid Youth Cup Verano 2022. Durante el acto protocolario, que se hizo como muestra de confianza con el equipo, los jugadores recibieron dotación de uniformes de entrenamiento, competencia y presentación. El próximo 24 de agosto, la selección viajará a España.
El director técnico opina: “La ida a España será una experiencia muy bonita, ya que los niños nunca se han montado en un avión. El compartir con otros jugadores, ir al exterior y llegar a una de las sedes donde juega el Real Madrid es un sueño para ellos”, cuenta José Junior Sierra. “Si hacen un buen torneo, los equipos con los que van a jugar pueden acceder a ellos para que hagan un proceso en Madrid”, agregó.
Las fechas de los partidos: Su primer partido será el 26 de agosto con el equipo Real Madrid FC de la categoría Cadete B Sub 15. Posteriormente, tendrán encuentros con CD Móstoles y Origen Andaluz. El encuentro deportivo tendrá una duración de cuatro días de competencia . El equipo ganador recibirá un trofeo y la inscripción al torneo del próximo año.
¿Quiénes son los jugadores? El equipo está conformado por jugadores de la zona urbana del corregimiento de Conejo y del resguardo indígena de Mayabangloma.
Vanessa Córdoba Tamayo fue elegida como gerente del Hospital San José por el alcalde Cristian Copete, en reemplazo de Anny Katherine Yurgaky quien renunció al cargo a finales de julio. Córdoba, quien asumió funciones el 5 de agosto, es una enfermera de Istmina egresada de la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba y tiene una especialización en Auditoría de la corporación universitaria Área Andina. Aunque el nombre de la nueva gerente no es conocido en Tadó, su experiencia en el sector salud pesó para ser escogida por Copete.
La experiencia: En una entrevista con la emisora Soberana Stereo, Vanessa Córdoba detalló que se desempeñó como enfermera en el Hospital Francisco Valderrama de Turbo, Antioquia, durante siete años. Además, ha trabajado en proyectos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en la EPS Comfachoco y en la Nueva EPS. “He estado asesorando instituciones prestadores de salud: Servimedico, (Unidad Médica) Espíritu Santo, la ESE de Condoto, (Fundación) Santa Sofía y otras instituciones”, dijo Córdoba en la entrevista.
El reto: La nueva gerente tiene la tarea de sacar adelante esta institución de salud que enfrenta una crisis financiera hace más de cinco años y que fue declarada como de alto riesgo financiero por parte del Ministerio de Hacienda en 2017. Hasta julio de 2021 se hablaba de una deuda de 5.000 millones de pesos. Además, la Superintendencia de Salud tiene puesta la lupa en el hospital, y antes de que se termine el mes, entregará un informe sobre los hallazgos que encontró durante una visita a la entidad en la última semana de abril y la primera de mayo. El documento será enviado primero al centro de salud y después se hará público.
“Tenemos una mala imagen ante el sistema de salud. Este fin de año va a estar apretado el tema y eso nos va a obligar a ir más a la comunidad para que podamos recuperar la imagen de prestación ante las entidades territoriales y mejorar el flujo de recursos por contratación”, dijo Córdoba en Soberana Stereo.
En medio del Festival Petronio Álvarez, que inició esta semana en Cali, el alcalde Cristian Copete y los otros 59 mandatarios del Pacífico se reunieron con el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez. En el encuentro, los alcaldes y alcaldesas entregaron propuestas al gobierno nacional para mejorar la situación económica, de conflicto y derechos humanos que viven los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, de tal forma que se incluya en el Plan Nacional de Desarrollo.
Las prioridades del Pacífico: Cristian Copete participó en mesas de concertación junto a otros mandatarios. Al final de la jornada, los alcaldes construyeron una declaración en la que le pidieron a Petro y Márquez implementar un acuerdo humanitario que aborde el cese al fuego y la creación de corredores humanitarios, ejecutar una Política Integral de Pesca Sustentable y reconocer las prácticas de cuidado del ambiente de las comunidades étnicas. Además, pidieron la descentralización de las instituciones del Estado para que haya más oferta educativa, de salud y autonomía en el manejo de los recursos en el departamento.
Consulte acá la declaración completa.
¿Qué dijo el Presidente? En la Primera Cumbre de Alcaldes y Alcaldesas, Petro dijo que aumentará la inversión en el Litoral Pacífico y encargó a la vicepresidenta Francia Márquez de la priorización y el cumplimiento del Plan de Desarrollo en la región. “La Vicepresidenta es la responsable administrativa de las políticas públicas que lleven a la igualdad y que haga que el Litoral Pacífico reciba en los cuatro años que están por venir la prioridad de las inversiones de las políticas públicas nacionales”, añadió en su discurso.
Wilfrido Bermúdez, presidente de la Junta Administradora de la urbanización Villas del Remolino ll, le solicitó está semana a la Alcaldía la intervención inmediata en el alcantarillado que sirve a las 200 viviendas de interés social. En las dos cartas enviadas al Secretario municipal de Planeación, Bermúdez asegura que los olores fétidos que salen por el colapso de las cajas de aguas residuales está afectando la salud y la comodidad de las personas que habitan allí desde hace siete meses. Por su parte, la comunidad anunció que están dispuestos a abandonar los edificios si no hay una pronta solución.
¿Qué dice la gente? "El Estado está para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. No entendemos qué pasó en esta construcción que estamos a punto de morir infectados por bacterias u otras enfermedades", dice uno de los habitantes que prefiere mantener el anonimato. Por su parte, Deiner Mosquera, secretario de Planeación municipal, dice que es poca la intervención que puede realizar la Alcaldía. "Cuando los apartamentos fueron entregados a los beneficiarios se convirtió en una propiedad privada y ellos deben organizarse para resolver los problemas que se les presenten. En el caso del alcantarillado las fallas son por el mal uso y, a pesar de que estos proyectos tienen una póliza, solo cubren detalles inconvenientes con la construcción", dice Mosquera.
No es el único problema: En una de las cartas, la comunidad le solicita a la Alcaldía una copia de la póliza de garantía de la urbanización y conformar una comisión interdisciplinaria para evaluar la situación y darle solución al alcantarillado. Denuncian, además, que hasta la fecha no le han entregado a algunas personas las escrituras públicas de los apartamentos y se necesita acelerar ese proceso. Asimismo, le piden a la administración municipal que realice el encerramiento de los edificios por seguridad, construya una escuela para que asistan los niños y niñas del sector, y alargue la manguera para mejorar el acueducto, que es intermitente.
El Club Nueva Generación de Tadó aseguró su clasificación en el Torneo Primera C zonal Chocó tras derrotar a Linaje Fútbol Club con dos goles por cero, el 9 de agosto. Hasta la fecha el equipo de Tadó lidera la tabla clasificatoria con 22 puntos, producto de seis partidos ganados, cuatro empatados, tres goles recibidos, y con un promedio de 17 goles anotados. En la siguiente fecha, Nueva Generación se enfrentará con el equipo de segunda categoría que tiene el Club Atlético Nacional, donde juega el tadoseño Yeikar Perlaza.
¿Qué dice la gente? Jaminton Cossio, uno de los entrenadores del Club Nueva Generación, dice: "Ahora vamos de primero y nos tocó contra el Atlético Nacional, el equipo de segunda categoría que tienen después de la nómina normal. La idea es prepararnos bien y si seguimos de primero, viajar a hacer el partido de ida en la ciudad de Medellín".
Después de 3 años de pandemia, el 8 de agosto la gran chirimía volvió a animar los barrios del municipio anunciando que las festividades de la Virgen de la Pobreza se realizarán presencialmente del 29 de agosto al 8 de septiembre. La alborada estuvo a cargo de la junta profiestas de la administración municipal y de la Cofradía de la Virgen de la Pobreza, y recorrió varias calles desde el parque Rey Barule hasta la Ciudadela.
¿Cómo serán las fiestas? Darlington Yurgaky, secretario de Cultura del municipio, dice que: "se están ultimando detalles para convocar a los representantes de los barrios y definir los recursos que la oficina aportará para complementar las actividades". Sin embargo, en los 18 barrios ya se están organizando las comparsas, campeonatos deportivos y la quema de pólvora para el recibimiento de la virgen.
Con la instalación de la “primera piedra”, la Alcaldía inició las obras de adecuación y remodelación del parque Normal Superior (en el barrio 20 de Julio), el 4 de agosto. En el acto, que se realizó en la cancha del parque, estuvo el alcalde Álvaro Díaz, miembros de las juntas de acción comunal de los sectores aledaños, concejales, periodistas, representantes de la empresa contratista y aproximadamente 100 personas de la comunidad.
Esta obra, que hace parte de la estrategia del alcalde Álvaro Díaz para mejorar la infraestructura urbana del municipio y atraer más turistas, tendrá una duración de seis meses y, según el consorcio Inter Parque que es la empresa contratista, el 80 por ciento de los habitantes del barrio serán empleados para el desarrollo de la construcción. Rafael Humberto Frías, secretario de Planeación municipal, explica que esta obra se financia con recursos del Fondo territorial de pensiones y tendrá un costo de 1.324 millones de pesos más el valor de la interventoría, que tiene un presupuesto de 583 mil millones de pesos.
¿Qué dice la gente? “Por muchos años se ha estado esperando la intervención al parque La Normal, pues nos interesa que haya un parque en buenas condiciones para poder salir a disfrutar en los espacios públicos. San Juan no cuenta con espacios para poder pasar las tardes”, explica un habitante del barrio. También solicitó que le “colocaran techo a la cancha para poder disfrutar al máximo de ella, pues esto nos ayudaría muchísimo en la protección de la misma y podríamos hacer otras actividades durante el día y no esperar la tarde o la noche para disfrutar de las instalaciones”.
Después de tres semanas de que la Corte Constitucional anulara la elección del gobernador de La Guajira, Nemesio Roys, el pasado 10 de agosto los partidos que le dieron su aval (a excepción del Partido de La U) enviaron una terna con tres candidatos al presidente Gustavo Petro para que elija quién lo reemplazará en la administración departamental. Por el Partido Cambio Radical presentaron a Rafael Manjarrez, por el Partido Conservador a María Estela Peñaloza Ovalle y por el Partido Colombia Renaciente a Isaac Carrillo Parodi. Con este nuevo nombramiento, el departamento pasaría a tener doce gobernadores en tan solo siete años.
Contexto. El expresidente Iván Duque designó antes de terminar su mandato a José Jaime Vence como gobernador encargado de La Guajira, en reemplazo de Nemesio Roys, quien tuvo que dejar el cargo por orden de la Corte Constitucional después de encontrar que apoyó a candidatos a las alcaldías de Uribia y Riohacha por el partido Liberal y Reivindicación Étnica, a pesar de que él había sido escogido por la coalición “Cambio por La Guajira”, conformada por el Partido Conservador, de La U, Colombia Renaciente y Cambio Radical.
La controversia: Jorge Cerchar Figueroa, representante a La Cámara por La Guajira del partido Colombia Renaciente, solicitó al presidente Gustavo Petro y a Alfonso Prada, ministro del Interior, la devolución de dicha terna a los partidos que hacen parte de la alianza política y programática “Un Cambio por La Guajira” porque, según él, no se respetó la representatividad de los partidos involucrados en el proyecto político que avaló al entonces candidato Nemesio Roy. Cerchar asegura que María Estela Peñaloza no es militante del Partido Colombia Renaciente pues, en las elecciones a Congreso de la República del 13 de marzo de 2022, no respaldó a ninguno de los tres candidatos que integraron la lista de Colombia Renaciente y respaldó al candidato a la Cámara de la lista del Partido Conservador, encabezada por Juan Loreto Gómez.
Además, Rafael Manjarrez, el representante por el Partido Cambio Radical, es esposo de la directora departamental del SENA La Guajira, por lo que quedaría impedido para ejercer el puesto.
Las peticiones al nuevo gobernador: quien quede de nuevo mandatario tendrá que cubrir en tiempo récord las tareas pendientes. En San Juan del César todavía hay problemas de infraestructura. También necesidades en temas de salud, educación, agua potable e infraestructura en el pueblo de Caracolí y de las cuales alertó la Procuraduría hace dos semanas. Asimismo, queda en el limbo la construcción de los distritos de riego de la represa El Cercado, con la que se espera que los cultivadores puedan contrarrestar los efectos de la sequía en los cultivos y garantizar el acceso a agua potable para toda la población.
El anuncio del presidente Gustavo Petro de eliminar el subsidio a los combustibles prendió las alertas en San Juan del Cesar, pues es uno de los municipios que se beneficia de esta medida. Aunque todavía faltan varias discusiones en el Congreso para que se apruebe la norma que está incluida en el proyecto de ley de la reforma tributaria, se sabe que plantea eliminar la exclusión del IVA, las exenciones de pago de aranceles y del impuesto nacional de la gasolina y el ACPM. Los transportadores, los dueños de las estaciones de gasolina y la comunidad en general están preocupados porque temen que aumenten los precios de los alimentos y de la gasolina.
¿Qué es el subsidio a la gasolina? Para combatir el contrabando de combustible en zonas fronterizas como La Guajira, el Ministerio de Minas y Energía exonera del impuesto nacional un volumen determinado de combustible cada mes, para el caso de San Juan del Cesar es de 3.500 galones. A veces, como lo registramos la semana pasada, el cupo de gasolina subsidiada que le corresponde a cada bomba se acaba antes del final de mes debido a la alta demanda, por lo que los dueños de las estaciones de servicio prefieren dejar de vender a pagar la gasolina al precio más alto sin el subsidio.
Lo que dice la gente: En San Juan las opiniones están divididas. Uno de los vendedores de la Estación de Servicio La Gran Vía explica que aunque le da miedo los recortes de personal, este cambio podría disminuir los problemas en el gremio: "No me veo afectado directamente pues no cuento con vehículos, pero sí temo que tal vez vaya haber un recorte de personal por el alza de la gasolina. Pero más allá de eso, nos libramos de tanta calumnia que a diario recibimos ya que en muchas ocasiones se acaba la gasolina subsidiada antes del tiempo y la gente nos trata de ladrones porque creen que la guardamos para después venderla y así ganar más plata”.
Mientras tanto, Jhony Bermudez, vendedor de la E.D.S Los Barrancones, asegura que es grave: “al quitar la gasolina subsidiada ya no se vendería igual, habrá menos ventas pues cuando hay gasolina subsidiada llegan aproximadamente 500 vehículos diarios, pero cuando se acaba solo llega la mitad a echar gasolina, lo cual me afecta como vendedor pues no tendría las mismas ventas y afectaría mi economía”.
En la noche del 9 de agosto se robaron los equipos de soporte de la antena que les brinda el servicio gratis de internet a los habitantes de los barrios Las Tunas 1 y 2. Los residentes solicitan a las autoridades recuperar los equipos que les proveen un servicio comunitario fundamental, especialmente a los estudiantes para cumplir con las tareas. “Podríamos decir que aproximadamente unos trescientos niños del sector se benefician de este servicio, más los habitantes que se arriman a usar el servicio”, explica Edgardo Cuello Urbina, presidente de JAC. “La policía muy poco monitorea el barrio, nadie responde por nada”, agrega.
No es el único problema. La comunidad de Las Tunas no solo se ve afectada por la inseguridad, también tienen un deficiente servicio de acueducto que no les permite contar con agua potable ni constante. Para suplir sus necesidades diarias, tienen que almacenar agua lluvia en tanques. Por otro lado, en algunas calles no hay alumbrado público y las personas han optado por instalar artesanalmente palos con lámparas para mejorar la iluminación y la seguridad en las noches. Además, durante la temporada de lluvias, las calles se inundan por la falta de mantenimiento al alcantarillado. El único servicio público eficaz es el gas natural. Muchos habitantes se quejan porque todos los meses llegan las facturas de la luz, el aseo y el acueducto, pero se resisten a pagar por un mal servicio.
Más de 60 mandatarios de los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño firmaron ‘La Gran Declaración de los Alcaldes del Pacífico', que recoge aspectos estratégicos en temas económicos, de paz, sociales y medio ambiente para generar bienestar en las comunidades de la región del Pacífico. El documento se firmó en la Cumbre de alcaldes y alcaldesas del Litoral Pacífico, que se realizó el 9 y 10 de agosto en Cali, y en la que participó el alcalde del Carmen de Atrato, Jaiberth Ríos.
En este encuentro, el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez recibieron el documento que será evaluado para ser incluido en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.
El evento también contó con la presencia de 500 invitados especiales entre mandatarios locales, delegados de la comunidad internacional, representantes del Gobierno Nacional, Senadores y Representantes a la Cámara, Sociedad Civil, la Iglesia, dirigentes gremiales y los Gobernadores de Chocó, Valle, Cauca y Nariño. Y la presencia del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez.
La participación del alcalde: Jaiberth Ríos discutió en mesas de concertación con otros alcaldes sobre: el cumplimiento del acuerdo de paz, la desigualdad e inequidad en el Pacífico colombiano, atención para la política antidrogas, mayor presencia de las instituciones del Estado en los territorios, las diferentes violencias en los departamentos (género, etnia, sexo, generacional), y la creación del fondo de recursos que apoyen los proyectos estratégicos de la región.
¿Qué dijo el presidente? Después de escuchar las peticiones, Gustavo Petro aseguró que uno de sus compromisos es luchar contra la desigualdad y, por ende, ese es uno de de los propósitos de la reforma tributaria que presentó ante el Congreso. “Quiero ver que el pacífico colombiano deje de ser la única zona litoral del océano Pacífico pobre”, dijo en el discurso de cierre de la cumbre. El Presidente anunció también que el Ministerio de la Igualdad, que estará en cabeza de la vicepresidenta Francia Márquez, será el encargado de acabar esas inequidades y el Pacífico será la prioridad por ser el territorio más pobre del país.
Los 1.437 estudiantes matriculados en las instituciones educativas de El Carmen de Atrato completaron este viernes 12 días sin recibir el Programa de Alimentación Escolar (PAE) entregado por la Alcaldía Municipal en convenio con Asomegasalud, con recursos de la Gobernación del Chocó. El 31 de julio, se terminó el contrato para el suministro de alimentos a los niños, niñas y adolescentes estudiantes de los colegios: Corazón de María, Liceo Marco Fidel Suárez, Tobías Queragama y las sedes rurales, y hasta la fecha los rectores no han recibido respuesta de quién será el nuevo operador, ni cuándo se reanudará el servicio.
Contexto. En el municipio esta labor es desarrollada por la Alcaldía Municipal en convenio con Asomegasalud, una asociación sin ánimo de lucro que acompaña a la niñez, adolescencia, las familias y comunidades más vulnerables de la región. La terminación del contrato también incluye el cierre de los compromisos con las manipuladoras de alimentos de las diferentes comunidades, zonas y veredas del municipio. Según la información que tienen los directivos de las instituciones, desde el pasado viernes se firmó un nuevo contrato, pero el servicio aún no ha sido restablecido.
¿Qué dice la comunidad? Vicente Ayala, rector de la Institución Educativa Marco Fidel Suárez, asegura que es un tema que los tiene preocupados, pero del que reciben muy pocas respuestas. “Si el contrato se está acabando no pueden esperar a que se acabe, porque por el monto (de dinero) hay que hacer licitación, y mientras surge la licitación pasa mucho tiempo y ahí tenemos a los alumnos en los salones desmayándose, diría yo, de física hambre. Pero eso como que solamente lo sentimos los que estamos en las instituciones adentro”, agrega.
¿Qué responde la Secretaría de Educación? Claudia Agudelo, secretaria de Educación del municipio, dice que ya están en el proceso para restablecer el servicio: “actualmente el alcalde está agilizando todo lo concerniente para que podamos volver a brindar tan importante esfuerzo técnico, administrativo y financiero para el programa de alimentación escolar, a través del cual se brinda un complemento alimentario”.
El 6 de agosto, el alcalde Jariberth Ríos hizo la rendición de cuentas sobre la actualización del catastro municipal, que busca la inclusión y titulación de los predios que componen el Pueblo de la Memoria Histórica. En la reunión, explicó que el 1 de agosto presentó ante la Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión de la Agencia Nacional de Tierras, la solicitud para la actualización catastral en una jornada de inclusión en el formulario de Inscripción de Sujeto de Ordenamiento (un requisito previo al proceso que se debe diligenciar para la inclusión de datos de las personas aptas que pueden acceder a la tierra)
En la reunión estuvieron presentes los cafeteros y miembros fundadores de la Organización de Víctimas de la Violencia de El Carmen de Atrato (Ovvca), quienes plantearon nuevas solicitudes para avanzar en la titulación de tierras y la reparación colectiva de las víctimas.
Las solicitudes:La comunidad le pidió al alcalde y a las demás instituciones y entes del Estado avanzar en el proceso de titulación de las cinco hectáreas que hoy componen el Pueblo de la Memoria Histórica y la adquisición y/o compra de otras cinco hectáreas aledañas al lugar para la ejecución de proyectos productivos. También le solicitaron llevar a cabo la adecuación, dotación y puesta en funcionamiento de manera inmediata del lugar conocido como “La Casa Museo de la Memoria”, reconocida y apoyada por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y el PNUD. Finalmente, pidieron apoyo y acompañamiento de las instituciones ante las amenazas que sufre la organización y su líder.
¿A qué se comprometió el alcalde? La primera tarea que sigue es hacer seguimiento a la solicitud interpuesta ante la Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión. El alcalde aseguró también que establecerá rutas de reconocimiento de la comunidad víctima del municipio pertenecientes a la Ovvvca y a quienes están asentados en el Pueblo de la Memoria Histórica con el fin de avanzar en el proceso de gestión de proyectos que dignifiquen a las víctimas como sujetos colectivos.
También gestionará maquinaría funcional (Retro excavadora etc.) para la adecuación de tubos y telas filtros en pro de mejorar la infraestructura del Pueblo de la Memoria histórica, y avanzará en el adecuamiento y dotación de la Casa Museo de la Memoria.
El contexto: El Pueblo de la Memoria Histórica está conformado por víctimas del conflicto armado provenientes de Antioquia, Chocó y Valle del Cauca, quienes después de sufrir desplazamiento forzado se ubicaron alrededor del antiguo Sanatorio de Tuberculosis. Los pobladores, agrupados en la Organización de Víctimas de la Violencia, llevan más de 15 años en el territorio, por eso han exigido a las autoridades que les titulen la tierra aledaña y el sanatorio. Esto es importante porque la comunidad enfrenta varios problemas relacionados con falta de vías, saneamiento básico y mala atención en salud, pero la respuesta a sus reclamos es que los terrenos son un baldío de la Nación y que, por esta razón, es imposible invertir recursos públicos allí. La titulación de los predios permitiría que el Estado pueda invertir en el territorio.
Desde el 1 de agosto hasta el 31 de diciembre, las familias con niños, niñas y adolescentes pertenecientes al Sisben 1 al 4 se podrán inscribir al programa Familias en Acción, de Prosperidad Social. Para verificar si es uno de los beneficiarios y realizar la inscripción, los interesados pueden escribir al número 3225813559 o acercarse presencialmente a la Oficina de Bienestar Social, ubicada en el primer piso de la administración municipal. Prosperidad Social tiene previsto, además, actualizar periódicamente la base de datos de beneficiarios, con el ánimo de ampliar cobertura durante el proceso de inscripciones. Para esto se hará una primera actualización a los listados incluyendo las personas de Sisben 4, el 22 de agosto y otra en octubre de 2022. La atención será de 8:00am a 4:00pm con el enlace municipal en la alcaldía.
La comunidad de Conejo está preocupada por los casos de dengue que se han presentado en la última semana. Luisa Acosta, secretaria de Desarrollo Social del municipio, cuenta que hasta el 30 de julio habían ocho casos del corregimiento reportados en el Sistema de Salud Pública (Sivigila). De estos siete eran positivos y un caso probable, en espera del resultado. Por su parte, la Secretaría de Salud departamental reportó que en Fonseca habían 17 casos hasta el 23 de julio y calificó al municipio como un territorio donde está en aumento la enfermedad.
¿Qué dice la gente? “Mi hijo Miguel Ángel estuvo dos días seguidos vomitando. Lo llevé al hospital, lo canalizaron y le dieron de alta enseguida. Había dejado de vomitar pero empezó a darle fiebre y vómitos, lo lleve de nuevo al hospital y me lo trasladaron a San Juan del Cesar dónde duró siete días hospitalizado", lamenta Vicky Jiménez, habitante del barrio Pedro Agustín.
Los puntos preocupantes: En el barrio Pedro Agustín hay un empozamiento de agua en un terreno baldío. La población desconoce a quién pertenece el predio y asegura que es uno de los lugares donde no hay drenaje. Otros habitantes contaron que cerca a la Institución Educativa Agropecuaria Rural de Conejo (Ietagru) se encuentran varios lugares donde suele quedar agua estancada.
El acueducto prometido: El servicio de agua no es permanente en Conejo, por eso la adecuación del acueducto fue una de las promesas de campaña del alcalde Hamilton García Peñaranda, quien nació en este corregimiento. Las deficiencias en el suministro, obliga a los habitantes a almacenar agua en albercas y tinas para usarla en los días que no reciben por las tuberías. Esto se convierte en un factor de riesgo para la reproducción del mosquito que transmite la enfermedad.
Aunque el Día Internacional de Orgullo LGBTIQ+ (lesbiana, gay, bisexual, transexual y queer) se celebra en junio, en Fonseca se conmemoró el 29 de julio con una jornada de actividades que buscaban reivindicar la diversidad sexual y de género en el municipio. En la mañana, se realizó un conversatorio sobre los derechos y rutas de atención para esta población. En la tarde, unas 70 personas de las fundaciones Fonseca Diversa y Somos Identidad Activa, y de la Alcaldía caminaron desde Comfaguajira hasta el parque infantil. La jornada cerró con el reinado “Nuestra Belleza Trans Higuitos y Cayenas 2022”, en donde participaron representantes de Villanueva, Maicao, Manaure, Distracción y Riohacha, y del corregimiento de Majayura. La corona se la llevó la capital del departamento.
¿Qué dice la comunidad? “Tuvimos la oportunidad de mostrar que somos una comunidad emprendedora y luchadora con ganas de transformar sus vidas”, dice José Trespalacios, presidente de la asociación Fonseca Diversa y enlace población LGBTIQ+ en la Alcaldía. “Este evento significó el nacimiento de una población que quiere seguir adelante, rompiendo todo estereotipo. La discriminación hacía la población LGBTIQ+ no se puede aceptar más”, cuenta Xilena Levete, presidenta de Identidad Activa.
Lo preocupante: A pesar de que la Corte Constitucional ha avanzado en el reconocimiento y protección de los derechos de la comunidad LGTBIQ+, sigue existiendo discriminación. Según Medicina Legal, de enero a junio de este año, hubo 354 víctimas de agresiones personales por su orientación sexual. Por su parte, en 2021 la ONG Colombia Diversa registró 405 agresiones: 205 homicidios, 97 amenazas y 103 casos de violencia policial.
Después de dos días de suspensión, se reanudó el servicio de las cinco Unidades Comunitarias de Atención (UCA) del ICBF en el resguardo de Mayabangloma, que están a cargo de la Fundación Mi Abuelo y Yo y a donde asisten 73 niños y niñas wayuu. El reinicio de las actividades se dio el 4 de agosto, después de una reunión entre Liliana Jiménez, directora zonal del ICBF, Lorenza Martínez, delegada de la fundación, y Ederman Uriana, cabildo gobernador. Durante el encuentro, Martínez y Jiménez aseguraron que a más tardar el 8 de agosto quedarán solucionados los inconvenientes que ha habido en la prestación del servicio. Si esto no ocurre, la autoridad tradicional anunció que suspenden definitivamente las actividades.
Los problemas en las UCA: Desde que la fundación Mi Abuelo y Yo comenzó asumió el funcionamiento de algunas UCA, los funcionarios y las madres y padres de familia han denunciado que la comida llega en mal estado o sin proteína, no hay dotación para las manipuladoras de alimentos ni material de apoyo para las docentes, y ha habido retrasos en el pago.
“La fundación no está trayendo la alimentación como lo establece la minuta. El 2 de agosto, por ejemplo, nos entregaron el desayuno y el almuerzo sin proteína. Por esta razón le he solicitado al ICBF que nos ayude. Ya va más de un mes y no han entregado nada de implementos de trabajo”, dice Ederman Uriana.
Corpoguajira ordenó esta semana la tala de “el ceibote”, después de recibir varias denuncias de la población y los bomberos sobre el mal estado del árbol y el desprendimiento de ramas. Estela Maria Freyle, directora regional de la entidad ambiental, “una vez se ejecutó la poda evidenciamos que el árbol estaba hueco por dentro lo que afirmamos que fue una la decisión acertada, Sabemos que hay otras pequeñas ceibas que van creciendo cercanas al sitio que también se deben talar por prevención. Ahora debemos hacer el reemplazo del individuo forestal por otros árboles que podrían ser el maíz tostado, una especie representativa de la región y que no causa ningún daño porque no crece tan alto".
La poda generó rechazo entre algunos miembros de la comunidad, quienes dijeron que con la caída del árbol se iban 130 años de historia de Fonseca. “Ese árbol con más de 170 años es toda una leyenda. Nos duele, nos da nostalgia pero lastimosamente todo tiene un principio y un final”, dice Luis Manuel Campo, concejal del municipio. Por su parte, Jhasser Arafat Bravo, otro de los habitantes, lamenta que "el árbol no se debió cortar completamente solo había que podar algunas ramas y buscar la manera de preservar esa ceiba, que era de gran ayuda para el cambio climático que estamos viviendo en la actualidad”.
Cristian Copete podrá terminar su periodo como alcalde el próximo 31 de diciembre de 2023. Los magistrados del Tribunal Administrativo del Chocó tomaron esta decisión después de reevaluar las pruebas que indicaban que en la elección de alcaldes de Tadó de 2019 hubo trashumancia electoral. Tras descartar los 43 votos irregulares y rehacer el conteo, el tribunal encontró que Copete mantenía ventaja de un voto sobre su contendora Yocira Lozano. De esta manera, los jueces dejan en firme la elección del actual alcalde.
¿Qué dice el alcalde? “El capítulo de las demandas electorales en mi contra se termina. Sigue mi periodo por delante”, dice Cristian Copete. “Ahora vamos a trabajar las 24 horas de los siete de la semana para gestionar grandes proyectos para Tadó”, agrega.
En contexto: desde octubre de 2019, cuando Copete resultó elegido como alcalde, Yocira Lozano demandó su elección por presunto trasteo de votos, alegando que ella había ganado las elecciones. Sin embargo, el Tribunal del Chocó en un primer momento negó esa demanda diciendo que no aportó pruebas. Después de dos tutelas de la Procuraduría, de dos sentencias del Tribunal y de dos fallos más del Consejo de Estado, el Tribunal dio una tercera decisión en la que, por orden de la sección cuarta del Consejo de Estado, se vio obligado a evaluar todas las pruebas para determinar si hubo trasteo de votos.
¿Qué sigue? Según el alcalde Cristián Copete, no procede ningún recurso en contra de esta decisión. Sin embargo, para algunos abogados podría recurrirse a un incidente de desacato sobre la sentencia de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que obligue a una segunda revisión de las pruebas.
Tras la renuncia de Anny Katherine Yurgaky como gerente del hospital San José, el 29 de julio se inició el empalme entre la Alcaldía municipal y el personal del centro asistencial. La comisión tiene la tarea de revisar el estado financiero y administrativo en el que Yugaky dejó el centro de salud para entregárselo al nuevo o nueva gerente, quien deberá plantear un plan de gestión con base en ese diagnóstico. “Hasta el momento las cosas van en un ritmo tranquilo. No sabemos qué puede pasar el lunes que empecemos con la parte financiera. Eso nos dirá cuál es la ruta para informar la comunidad”, dice Michel Córdoba, coordinador de Salud del municipio.
¿Qué dice la gente? “ Para los empleados del hospital el empalme no significa mucho, sino las propuesta que traiga la nueva gerente para mejorar las condiciones del centro de salud en todo sentido. Igualmente, ella traerá algunas propuestas y nosotros tendremos otras. El día que nos reunamos, saldrán propuestas que pueden resolver situaciones del hospital”, dice Elimet Aguilar, enfermero del hospital. Aguilar cuestionó que no hay información sobre el nombre del sucesor o sucesora de Yurgaky y la especulación al respecto ha crecido dentro de la comunidad.
Lo que sigue: La comisión de empalme deberá entregar el informe a final de mes, en el que la comunidad y los empleados del hospital esperan que se evidencien los problemas financieros que durante tantos años han afectado al centro de salud. Hasta julio de 2021 se hablaba de una deuda de 5.000 millones de pesos por el pago de prestaciones a los funcionarios activos de planta, retirados, pensionados y proveedores.
Por su parte, la Superintendencia de Salud tiene listo un informe sobre los hallazgos que hizo la entidad durante una visita al hospital, en la última semana de abril y la primera de mayo. El documento será enviado primero al centro de salud y después se hará público.
Nuevamente se enreda la construcción de la Casa Social de la Mujer, esta vez por la falta de pago a los obreros. El 30 de julio, los trabajadores pararon actividades porque les debían un mes de salario a pesar de que les habían prometido que recibirían pagos quincenales. Solo hasta el 4 agosto, Pedro Hinestroza, contratista de la obra, recibió el dinero para subsanar la deuda con el personal.
¿Qué dice la gente? “Nosotros tomamos la decisión de parar labores debido a que vivimos el día a día y al tener dos quincenas acumuladas. Nuestras familias no tienen como sostenerse”, dice uno de los empleados que prefiere mantener el anonimato por temor a represalias.
Una obra con retrasos: Esta no es la primera vez que se para la construcción de Casa Social de la Mujer, una de la obras más esperadas por los tadoseños. En mayo pasado, la Alcaldía solicitó que se modificaran los planos para ampliar el espacio del lugar en donde se creará un salón de belleza. En ese momento, se suspendieron las actividades durante una semana. Deiner Adolfo Mosquera, secretario de Planeación municipal, asegura que en estos momentos la obra tiene “un atraso significativo”.
Al respecto, Miguel Bonet, el ingeniero a cargo de la obra, dice que: “los retrasos se han presentado por muchos factores, entre ellos por falta de materiales y demoras en los pagos. Nosotros pagamos por avances de obras y no por días. No podemos pagar un día no trabajado”.
Un grupo de 30 estudiantes, que participa de las actividades que se realizan en la Casa Lúdica, representó a Tadó en la celebración del Día de la Afrocolombianidad en Condoto, el 29 de julio. En el evento, que fue organizado por la Casa Lúdica de Condoto, los niños, niñas y jóvenes realizaron bailes, poemas y poesías alusivas a la festividad. En el encuentro participaron otros alumnos de las instituciones educativas de Andagoya e Istmina.
En contexto: En la Casa Lúdica de Tadó se atienden a los estudiantes de todos los colegios del municipio. Los docentes de apoyo realizan refuerzos en las asignaturas donde se presentaron mayores rezagos académicos con la pandemia: matemáticas, inglés y artísticas. Hasta la fecha, 98 estudiantes de distintos grados de primaria y secundaria hacen parte de este programa que funciona tres días a la semana en horas de la tarde.
Durante el primer Foro Regional del Caribe, el rector del Instituto Nacional de Formación Técnica profesional (Infotep), presentó dos propuestas al presidente electo Gustavo Petro para mejorar el sistema de educación superior en San Juan del Cesar. En el foro también participaron los miembros de la bancada de Pacto Histórico, los gobernadores y alcaldes de la región, quienes dialogaron sobre las necesidades del Caribe y esbozaron algunas acciones que deberían tomarse desde el nuevo gobierno para subsanar las desigualdades sociales.
Las propuestas: Pérez planteó conformar un gran sistema de Instituciones de Educación Superior con la unión de la Red Estatal Universitario y la Red de Instituciones Técnicas y Tecnológicas. Además, le propuso a Petro que las instituciones técnicas y tecnológicas tengan autonomía económica presupuestal a nivel nacional. De esta manera, se disminuirían los trámites para la aprobación y modificación del presupuesto de las instituciones. En el caso del Infotep es necesario el visto bueno del Congreso de la República.
“Con estas propuestas se benefician los egresados de estos centros educativos, ya que (de aplicarse) mejorarían la calidad educativa que les permite competir en cualquier espacio laboral, siendo apetecidos por el sector productivo e ingresando a laborar de una forma competitiva con el alto estándar de calidad educativa”, dice Pérez.
Los carros de servicio informal de transporte, que cubren la ruta San Juan del Cesar - Valledupar, no están funcionando desde el 4 de agosto cuando los conductores informales hicieron un plantón frente a la Alcaldía en desacuerdo con los precios que está ofreciendo la nueva empresa Cootracosta. Esta compañía abrió sus puertas en el municipio el 31 de julio y ofrece viajes hasta la capital de Cesar en 10 mil pesos por persona, es decir, cinco mil pesos menos de lo que cuesta normalmente. Los transportadores aseguran que esa tarifa es competencia desleal y no levantarán la protesta hasta que sean escuchados por el alcalde Álvaro Díaz.
El otro problema: Los transportadores, además, están molestos porque aseguran que a Cootracosta le adjudicaron la operación sobre la vía nacional, que cubre los municipios de Villanueva, Urumita y La Jagua, en el sur de La Guajira, y La paz, César, pero que las busetas de la compañía están circulando por la vía de Los Haticos. También le reclamaron a la Alcaldía que no tuvo en cuenta a los conductores para aprobar la llegada de la empresa.
Lo que dicen los transportadores: Jorge Peralta, más conocido como “Chicho'', uno de los conductores que lidera el paro, explica que “los viajes bajaron considerablemente. De hecho somos 135 familias, 135 conductores que a diario viajábamos Valledupar una a dos veces. Desde que llegaron las busetas ya venimos dos días. Se nos está quedando un 30 por ciento del personal sin viajar y eso nos ha afectado bastante”.
Por su parte, Adolfo Portela, gerente de la cooperativa, asegura que tienen más de 50 años de experiencia y que sus rutas están habilitadas por el Ministerio de Transporte. Asimismo, dice que tienen ocho vehículos para garantizar el transporte sobre la ruta y que los precios están dentro de las tarifas permitidas. “Nosotros no estamos compitiendo, ellos pueden seguir prestando sus servicios. La ciudadanía evidentemente va a necesitar varios servicios. La gente que quiera irse ya, por ejemplo, paga los cuatro pasajeros y esos carros los llevan a un sitio determinado. Nosotros no hacemos eso, prestamos un servicio básico”, agrega.
La Agencia de Renovación del Territorio (ART) entregó esta semana el cerramiento de la Institución Educativa de la vereda La Sierrita como parte de las iniciativas incluidas en el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Esta obra fue ejecutada entre la ART y la Junta de Acción Comunal de la vereda y en ella se invirtieron 34 millones de pesos del fondo Colombia en Paz. Aunque la comunidad quedó satisfecha con la entrega del cerramiento porque mejora la seguridad de la escuela, desde el Grupo Motor de los PDET en el municipio aseguran que esta construcción debió entregarse hace más de un año.
La inconformidad del Grupo Motor: Las obras PDET debían atender las principales necesidades de las comunidades rurales en el corto tiempo. Pero en San Juan del Cesar muchas de estas obras completaron dos años de atraso. “Esas obras se dividieron en cuatro núcleos veredales y según el conocimiento que tengo es que apenas van en el segundo núcleo. Faltarían dos más que no se sabe en qué año llegarán, porque como van las cosas, creo que no las van a realizar. Esas obras debieron haber sido entregadas en 2019 o más tardar 2020, eran el inicio del desarrollo de los PDET”, explica Hernando Vega, integrante del Grupo Motor.
Además, los integrantes del Grupo Motor, que participaron en el diseño del PDET en el municipio, aseguran que no han sido tenidos en cuenta en la ejecución de las obras. “Somos un cero a la izquierda porque no tenemos ninguna información, ni de parte de la Alcaldía, ni de las personas encargadas de ejecución de las obras, porque no nos convocan”, agrega Vega.
El 1 de agosto, San Juan del Cesar amaneció sin gasolina en siete de las ocho estaciones de servicio. Algunos habitantes tuvieron que hacer fila por más de 40 minutos en la única bomba que tenía combustible y otros optaron por comprar un galón de gasolina a los “pimpineros”, comerciantes que venden gasolina de contrabando. Solo hasta el 2 de agosto se restableció el servicio cuando llegó nuevamente la gasolina subsidiada.
¿Por qué se acabó la gasolina? Para combatir el contrabando de combustible en zonas fronterizas como La Guajira, el Ministerio de Minas y Energía exonera del impuesto nacional un volumen determinado de combustible cada mes, para este caso 3.500 galones. En julio la cantidad del cupo de gasolina subsidiada que le corresponde a cada bomba se acabó antes del final de mes debido a la alta demanda, por lo que los dueños de las estaciones de servicio prefirieron dejar de vender a pagar la gasolina al precio sin el subsidio.
“Si un dueño de una bomba comprara los galones que faltan, tendría que venderlos a 9.800 pesos y si no logra vender esa cantidad de gasolina fuera del cupo subsidiado, obtendría pérdidas, porque después tendría que vender esa gasolina a 9.800 pesos cuando ya en las demás bombas estaría a 7.700 pesos. Por eso es mejor esperar uno o dos días a que llegue el suministro de la gasolina subsidiada y no vender el galón más caro”, explica un vendedor regular de gasolina del municipio.
