El domingo pasado la quebrada ‘Cañada Onda’, en la vía que comunica el pueblo de la memoria histórica con la vereda El Porvenir de El Carmen de Atrato, se desbordó una vez más. Cada vez que esto pasa, Lina Muñoz, su esposo y sus tres hijos, quedan atrapados en su casa. La fuerza del caudal de agua, y las avalanchas de tierra que produjo a su paso, impidieron que Lina dejara de visitar durante casi siete días a Maria Belarmina, que vive sola al otro lado de la quebrada. Lina es la hija única de Maria Belarmina, quien tiene 65 años y necesita ayuda para salir comprar comida y medicamentos por la artritis que la aqueja.
La historia de Lina y Maria Belarmina es solo una más de las que ha dejado el invierno más intenso de los últimos cuarenta años. Las lluvias que ya completan varias semanas han dejado más de cuatro mil viviendas destruidas y otras 69 953 casas averiadas. A esto se le suma, según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), afectaciones en 2 110 carreteras, 233 puentes vehiculares,111 puentes peatonales, 305 acueductos, 84 alcantarillados, 19 centros de salud, 235 centros educativos y 46 centros comunitarios de todo el país.
El fenómeno climático es más grave que otros periodos de lluvias vividos en años anteriores porque no solo está lloviendo durante más días sino durante más tiempo. Según explicó Javier Pava, director de la Ungrd en una entrevista publicada la semana pasada en el diario El País, en dos horas puede caer el agua que pudo haber caído durante todo el año.
Esto llevó a que el presidente Gustavo Petro declarara situación de desastre nacional el pasado 28 de octubre. Además, en 289 municipios en 26 departamentos se declaró la calamidad pública, lo que significa que ya no tienen capacidad para atender la emergencia y necesitan apoyo nacional. Para esto, el gobierno aseguró una primera inversión de 2.1 billones de pesos para atender “lo urgente”: garantizar comida, salud y alojamiento para las personas afectadas.
La red de periodistas locales de Consonante reunió cuatro historias de familias afectadas por las fuertes lluvias del Chocó y La Guajira.
La noche del 25 de octubre marcó la vida reciente de Estefany González y su familia. Pasadas las cuatro y media de la mañana, durante un aguacero que no daba tregua, escucharon un ruido que los despertó de un golpe. Lo siguiente que se escuchó fue el llanto de Michael José, su hijo de un año. Cuando fueron a revisar, el bebé había recibido el impacto de una de las láminas de Eternit de la vivienda. Después de una carrera al hospital, Michael recibió cuatro puntos en la parte izquierda de su frente.
La casa de Estefany quedó sin techo. La lluvia, que no para desde hace varias semanas, hizo que se pudrieran los palos que sostienen las láminas, la madera cediera y el techo terminara en el piso. “Primera vez que vivo una situación de estas, nunca me había tocado algo así, pero es que este año ha caído más agua”, dice. Aún no ha podido reconstruir la casa, por la que paga cien mil pesos mensuales de arriendo en el barrio Las Tunas, en San Juan del Cesar.
Estefany, de 25 años, es madre cabeza de hogar. Trabaja haciendo limpiezas en las casas de familia del centro de San Juan y, al mes, gana en promedio 200 mil pesos. En la casa vive con su esposo, su hijo mayor Clayver David, de 4 años, y el pequeño Michael. Además, de vez en cuando recibe a su papá que tiene 52 años. La noche del aguacero también perdió unas colchonetas, una hamaca y otros enseres que tenía guardados. La única ayuda que ha recibido es de su familia, que le dio algunas láminas de Eternit.
Mientras tanto, las lluvias en San Juan del Cesar no cesan. Tanto, que el Comité Local para la Atención de Riesgo de Desastres (CMGRD), concedió facultades al alcalde Álvaro Díaz Guerra para que declarara la calamidad pública el pasado 8 de noviembre. En el municipio la lluvia ha inundado cultivos, destechado varias viviendas del casco urbano, causado la muerte de varios animales y dejado sin agua a los corregimientos de Corralejas, Cañaverales, Los Pozos y El Tablazo. Además, la crecida del arroyo ‘Palo quemao’, en la serranía del Perijá, mantuvo incomunicado a los habitantes del municipio con el corregimiento de Corralejas durante varios días.
Yennis Fonseca nació en el Magdalena pero vive hace 21 años en el barrio De La Cruz, en el corregimiento de Conejo a 30 minutos de Fonseca. Vive con su hija, de 16 años, su otra hija de nueve, y sus dos nietos: una niña de ocho años y un bebé de cinco meses. Todos viven en una casa construida con barro y plástico que está rodeada de lotes enmontados. Cada año, cuando las lluvias arrecian, la humedad se filtra y los hongos terminan cubriendo las paredes. A Yennis le toca tener a la mano varsol para matar las sanguijuelas que llegan por la humedad, la misma que según cuenta, enfermó a su nieto hace un par de días.
Bajo sus pies está la tierra húmeda, porque su casa no tiene piso. Esta semana, cuando el piso se convirtió en barro, tuvieron que alzar todo para que no se les dañaran sus cosas. Hace unos meses perdieron el comedor, la cama del bebé y una mesa nueva que le habían regalado porque estaban hechos de madera triplex, y se dañaron por estar expuestas al agua.
Para evitar que el agua siga entrando a su casa, Yennis rellenó de tierra la entrada de la casa y puso piedras y escombros. Lo que no ha logrado es detener a los zancudos y mitigar el frío.
Lo que más le preocupa es que con tantos problemas en su casa ha perdido días de trabajo. Yennis trabaja haciendo aseo en diferentes casas del casco urbano. Con los 150 000 que logra reunir debe sostener a los seis integrantes de su familia. A veces no le alcanza y le toca pedir dinero prestado o esperar a que alguien le regale una yuca o un plátano. “Lo único que falta para que la Alcaldía me ayude es que se me caiga la casa encima”, dice preocupada. En una de esas tantas inundaciones se comprometieron a ayudarla, pero aún sigue esperando.
Hasta ahora, la alcaldía de Fonseca junto al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, lanzó un plan de acción específico en el que se incluye la construcción de un muro de contención en concreto reforzado en el Corregimiento de Sitio Nuevo, la rehabilitación y aislamiento de tierras mediantes reforestación como medida para mitigación de afectaciones generadas por el cambio climático, la ejecución de obras de dragado mecánico sobre el cauce del arroyo en el corregimiento de Sitio Nuevo, el mantenimiento del sistema de alcantarillado del Corregimiento de Conejo, el control de inundaciones mediante la construcción de obras de mitigación en el canal del Zaino, la construcción de un sistema de contención para mitigar el impacto generado por el desbordamiento de arroyos en el municipio y la entrega de ayudas humanitarias (colchones, frazadas, enseres ETC.) y de trabajos (machetes, rulas, picos, sacos, etc.). Sin embargo, las ayudas se demoran en llegar y la lluvia no para.
El domingo la quebrada ‘Cañada Onda’, en la vía que comunica el pueblo de la memoria histórica con la vereda El Porvenir -en El Carmen de Atrato, Chocó- se desbordó. Lina, su esposo y sus tres hijos, quedaron incomunicados con el resto del municipio, cómo pasa en cada temporada de lluvias. Su casa queda a un kilómetro de la quebrada que cuando crece, se lleva todo por delante. Cuando esto pasa, la carretera queda tapada por piedras, ramas, y toda clase de material que termina arrastrando el río. Desde que las lluvias han aumentado, como a Lina, 103 familias que transitan a diario por ahí, han quedado incomunicadas.
Siempre que llega la temporada de lluvias, que suele ser de abril a mayo y de octubre a diciembre, en esa carretera pasa lo mismo. Lo que más le preocupa a Lina es que se queda sin poder visitar a su mamá, que vive al otro lado de la quebrada. A pesar del peligro, Lina se arriesga a visitarla porque no tiene otra opción. Se pone las botas pantaneras y empieza a caminar rápido a medida que se acerca a la quebrada. No sabe en qué momento se puede generar otro derrumbe.
El caudal se lleva todo por delante y en ocasiones ha dejado sin agua a todos los habitantes. En el Pueblo de la Memoria Histórica no hay acueducto ni alcantarillado. Para tener agua, Lina y sus otros vecinos tienen una suerte de acueducto comunitario: una manguera que está conectada a lo que ellos llaman bocatoma en la parte de arriba de la quebrada. La manguera, que mide 400 metros de largo, conduce el agua hasta un tanque de depósito que termina abasteciendo a 170 familias. Cuando llueve, el río arrastra arena y otros materiales a la bocatoma, por lo que el agua deja de ser apta para el consumo humano. Algunas veces, la cantidad de agua es tanta que el tubo se termina rompiendo, y, en el peor de los casos, arrasa con toda la estructura.
Lina tiene 29 años y se dedica a cultivar café, plátano y a cuidar a sus tres hijos de seis, ocho y nueve años. Cuando la lluvia es tan fuerte, Lina prefiere evitar que los niños asistan a clases, como ha sucedido en los últimos días. En el mejor de los casos, Lina se tiene que quedar con ellos en la casa de un familiar en la vereda El Siete para que alcancen a llegar. Su familia, al igual que otras 170 del Pueblo de la Memoria Histórica, piden a la alcaldía que arreglen la vía con placa-huella para que caminar por esta carretera en época de lluvia deje de ser un peligro.
La Alcaldía, por su parte, reconoce que las grietas que se presentan en las montañas cercanas a la carretera son especialmente riesgosas en época de lluvias. Se pueden presentar deslizamientos de tierra y avalanchas. Según la administración municipal, están tratando de generar estrategias y medidas para mitigar posibles tragedias. Además hicieron un llamado a la comunidad aledaña a la quebrada, a ser muy prudentes y estar alertas.
Los habitantes del barrio La Hélice, en la vereda Habita de El Carmen de Atrato dicen que la casa de Luz Mary Zapata no quedó sepultada bajo tierra por un milagro. El alud de tierra que bajó por la ladera durante la lluviosa mañana del domingo 6 de noviembre casi acaba con su casa y la de varios de sus vecinos. “Sentí que bajó algo y no sabía para donde correr. No sabía cuánta tierra más iba a caer”, cuenta Luz Mary.
Pero el derrumbe no ha sido la única consecuencia de las fuertes lluvias que han enfrentado los habitantes de este sector. También han perdido sus cultivos de café. Muchos afirman que la obra de pavimentación que hizo hace poco más de un mes el consorcio Latinco empeoró la situación. “Cuando pavimentaron la vía no hicieron el bordillo que debe haber al lado de la carretera, una cuneta para que recoja el agua, con tanta lluvia el agua corre y me ha dañado el cultivo de café”, afirma Luz Mary, quien ya envió un reporte de los daños a la empresa.
La casa de Luz Mary queda a dos kilómetros de El Siete, en la vía Quibdó-Medellín. La suya es la primera de las 100 viviendas de la vereda. Luz Mary, que vive allí con sus cuatro hijos desde hace más de 20 años, cuenta que nunca había visto “caer tanta agua” y que jamás había tenido que afrontar en carne propia los problemas del invierno. Sin embargo, esta semana se dio cuenta que en un documento de la alcaldía su vivienda, junto a otras tres del sector, fueron declaradas de alto riesgo. Aunque nadie le ha dicho que debe desocupar la casa, se siente vulnerable. Al final del día, cuando la lluvia no para, no sabe qué le preocupa más: que vuelva a caer otro derrumbe, o tener que buscar a dónde ir.
Casi cinco meses después de las elecciones presidenciales, el discurso contra el racismo y las desigualdades del gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez continúa haciendo eco en el Chocó. Esta semana, más de 40 líderes indígenas, afro, campesinos, representantes del gremio de transportadores, y hasta alcaldes y funcionarios públicos de El Carmen de Atrato y otros municipios del Chocó, viajaron hasta Bogotá para resolver de una vez por todas una serie de problemas que enfrentan desde hace años las poblaciones que viven cerca de las dos vías principales que conectan a este departamento con el resto del país: la carretera Quibdó-Medellín y la vía Pereira-Quibdó. Estas inconformidades, que van desde la falta de personal médico en zonas rurales hasta la carencia de tierras para sembrar cultivos, fueron las que llevaron a que los miembros de varias de estas comunidades y el gremio de transportadores instalaran bloqueos en las carreteras del Chocó en una manifestación espontánea de descontento que paralizó el departamento durante casi veinte días a inicios de octubre.
Sin embargo, los funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro no pudieron dar respuesta a todas las peticiones que durante el 1 y 2 de noviembre expusieron los líderes en la sede del Ministerio del Interior. Los líderes acordaron regresar a sus territorios pero advirtieron que seguirán insistiendo para que el gobierno central encuentre soluciones pues, en su mayoría, consideran que estas no han podido ser resueltas por los gobiernos municipales y departamentales por lo que finalmente llegó el momento de ser escuchados. “A pesar de la dificultad y lo que hoy está pasando acá con nosotros en Bogotá, vemos con buenos ojos el gobierno del cambio”, dijo Javier Arrieta, líder del resguardo indígena Sabaleta.
Este es un resumen de las peticiones de los indígenas, campesinos y afro de El Carmen de Atrato:
Los siete resguardos indígenas de El Carmen de Atrato ocupan cerca de 8 000 hectáreas de tierra, según los cálculos de los líderes que representan a El Fiera, Quebrada Borbollones, La Puria, Alto El Consuelo, Sabaletas, El Diecisiete y el Dieciocho. Sin embargo, aseguran que necesitan más tierra. Por lo menos, para alcanzar a ocupar unas 15 000 hectáreas.
“En mi resguardo Sabaleta somos 168 familias, 826 habitantes, con apenas 600 hectáreas de tierra. Entonces no nos da ni tan siquiera una hectárea por familia”
Javier arrieta, coordinador de la mesa departamental indígena del Chocó
Javier Arrieta, miembro del pueblo Embera Chamí del resguardo de Sabaleta y coordinador de la mesa departamental indígena del Chocó, da un ejemplo. “En mi resguardo Sabaleta, en el sector de La Trocha, somos 168 familias, es decir 826 habitantes, con apenas 600 hectáreas de tierra. Somos el resguardo con la población más grande. Entonces no nos da ni tan siquiera una hectárea por familia”, dice Arrieta.
Además, piden ayuda al Ministerio del Interior para solucionar una serie de disputas vigentes en torno a la titulación de tierras de los resguardos. “En los años 90 cuando se titularon los resguardos, esas resoluciones, los mapas quedaron abiertos, no dice por dónde o hasta donde linda, qué ríos contiene, eso está abierto, entonces a veces se entiende que se están invadiendo territorio cuando nosotros hacemos uso de acuerdo a las resoluciones. La Agencia Nacional de Tierras tiene que volver a hacer los croquis y los mojones”, sostiene el líder indígena que asistió al encuentro en la capital del país. Solucionar este tipo de errores, afirma Arrieta, les permitiría acceder a más hectáreas.
Los indígenas también tienen una serie de peticiones específicas sobre otros temas. Por ejemplo, para la comunidad del resguardo El Fiera el Invias ha incumplido los acuerdos pactados antes del inicio de la construcción de la vía Medellín-Quibdó hace dos años. Entre estos, la construcción de la casa de paso que solicitó la comunidad en Medellín. En 2020 se acordó que esta obra tendría un valor de 330 millones de pesos, pero hoy aseguran que este monto no es suficiente y estiman que para construirla se necesitan unos 2 000 millones de pesos.
Los líderes han pedido aumentar la cantidad de recursos para la construcción de un hogar de paso, en varias ocasiones. En unas mesas de negociación realizadas en los últimos meses en las que participaron funcionarios del Invías, la entidad estatal ya había asegurado que no se podían desembolsar más recursos. Sin embargo, durante la reunión realizada esta semana en la capital del país se acordó que el dinero que estaba destinado para construir otras estructuras en el resguardo, como un salón comunitario y una cancha, serán destinados para la construcción de la casa.
Finalmente, tienen otras solicitudescomo “avanzar en las reparaciones individuales y colectivas a víctimas del conflicto armado”, y “apoyo económico para el fortalecimiento de la guardia indígena”. Para este último punto, el gobierno ya se comprometió a entregar 1 000 millones de pesos. También piden que se construyan puestos de salud en El Siete, El Dieciocho y Sabaleta, y escuelas en La Trocha. El gobierno también se comprometió a hacer una inversión de 1 200 millones en proyectos productivos que se iniciarán en un mes.
Las 52 familias que conforman la comunidad afro del sector de La Trocha también tienen peticiones específicas como la construcción de una nueva escuela y la reparación y dotación del puesto de salud. Pero su principal petición es obtener apoyo económico del gobierno para cumplir con el último requisito necesario para constituirse como consejo comunitario ante el Ministerio del Interior. Para lograr convocar una asamblea mayor, un evento en el que deben participar todos los miembros de la comunidad (inclusive aquellos que aún no han retornado al territorio) necesitan dinero para pagar la alimentación, el transporte y lo que sea necesario para organizar el evento.
“En la asamblea salen los miembros que van a ser parte de la Junta Directiva y ya esos documentos se mandarán al Ministerio para su aprobación del Consejo Comunitario”, cuenta Anny Julia Rodríguez, lideresa de la comunidad. Según Rodríguez, la comunidad espera constituirse como consejo comunitario antes de la llegada de la Navidad para luego organizar actividades como la siembra de cultivos de pancoger.
Por otro lado, también solicitan el respeto por las hectáreas de tierra que ya les entregaron. En 2021 el Estado le otorgó a esta comunidad negra 24 hectáreas de tierra, 2 555 metros que van desde el sector de “El 53”, más abajo de La Playa, hasta “La Selva”. Los líderes aseguran que esto es poco, pero sobre todo les preocupa que los indígenas también están reclamando parte de esos terrenos. “Hoy encontramos que las comunidades indígenas hicieron una demanda diciendo que nosotros les habíamos invadido a ellos. A nosotros lo que nos dejaron son 120 metros, 60 a un lado y 60 al otro lado de la vía, que no es nada, no tenemos mucho donde sembrar donde cultivar el para el pancoger y nos sentimos como apretujados”, explica Rodríguez.
Como víctimas de desplazamiento forzado, piden mayor acompañamiento para el retorno. “No hemos tenido el apoyo de las instituciones como tal que les corresponde organizar un retorno o apoyar a las personas que ya volvieron. Somos 22 familias que volvimos” dijo la lideresa. Además piden celeridad en las acciones de reparación individual y colectiva, que hasta el momento, aseguran, solo se han quedado en el papel.
“No hemos tenido el apoyo de las instituciones que les corresponde organizar un retorno o apoyar a las personas que ya volvieron. Somos 22 familias que volvimos”
Anny Julia Rodríguez, lideresa de la comunidad afro de El Dieciocho
Las peticiones de los campesinos y campesinas también tienen que ver con la restitución de tierras y apoyos para lanzar proyectos productivos. Piden a la Agencia Nacional de Tierras que delimite el territorio para que cada comunidad pueda saber cuántas hectáreas de tierra le corresponde. “En toda La Trocha es prioritario que nos venga el saneamiento de tierras, 10 fincas tienen problemas en este momento, más que todo en Sabaleta. Hay campesinos que incluso con escrituras han sido invadidos”, asegura Melba Rosa Agudelo Parra, lideresa campesina.
"En toda La Trocha es prioritario que nos venga el saneamiento de tierras, 10 fincas tienen problemas en este momento, más que todo en Sabaleta"
Melba Rosa Agudelo Parra, lideresa campesina.
Además, dicen que es necesario que desde el gobierno central ayuden a fortalecer el movimiento. Para esto, piden reconocimiento de la ancestralidad campesina, entrega de proyectos productivos, apoyo a microempresarios, fortalecimiento del sector turístico, compromisos medioambientales, mejoramiento de vías de acceso e infraestructura y mejores oportunidades educativas.
En las zonas rurales, solicitan la construcción de puestos de salud, una petición que la secretaría de Salud departamental no ha podido resolver. “En agosto tuvimos un encuentro y nos dijeron que para tener un centro de salud se requieren mil habitantes, pero eso no puede ser así. Una vereda como Guaduas tiene 170 habitantes pero queda lejos del casco urbano. El transporte es difícil, si un campesino se corta con su machete se desangra mientras que llega al centro de salud de El Carmen de Atrato a una hora y media” dijo Agudelo, por lo que proponen al Gobierno nacional reevaluar el criterio.
Finalmente, piden participación en caso de que se instalen diálogos de paz con grupos como las AGC o el Clan del Golfo. Y piden a la Unidad de Víctimas reparaciones individuales a las víctimas del conflicto armado, así como avanzar en los planes de reparación colectiva.
En una reunión realizada en el teatro parroquial, los representantes del movimiento campesino del municipio acordaron que le pedirán al Gobierno nacional que intervenga para lograr una solución técnica, jurídica y social a los conflictos territoriales y étnicos, así como garantías para una vida digna de los campesinos y campesinas carmeleñas. Los representantes de la plataforma revisaron junto a funcionarios de la Alcaldía municipal, entre ellos el alcalde Jaiber Ríos Oquendo, los puntos acordados.
En definitiva, ¿qué piden? La propuesta de los campesinos y campesinas contiene nueve puntos definidos con líderes y lideresas comunales y comunitarios de diferentes organizaciones como Agroecotur, Asocomunal, Guardianes del Río Habita.
El listado abarca una larga lista de necesidades específicas de los habitantes de las zonas rurales del municipio. Van desde restitución de tierras, para resolver de una vez por todas los conflictos que tienen con las comunidades indígenas, hasta reparación integral a las víctimas del conflicto armado, compromisos medioambientales, garantías en el órden público por presencias del ELN y AGC, mejoramiento en vías de acceso e infraestructura y mejores oportunidades educativas.
La frase: “Esta es una oportunidad única de visibilizar la problemática de nuestra amada Trocha, yo en diversos espacios he denunciado la situación de abandono y falta de apoyo al campesinado mestizo en este sector, pero para nosotros nunca hay respuestas, parece que no existiéramos”, dice Isabel Cristina Rincón, presidenta de la junta de Acción comunal de El Once, sector de La Trocha.
El contexto: La mesa amplia de diálogo del próximo 1 de noviembre fue uno de los tres caminos que se acordaron el 14 de octubre para empezar a resolver las peticiones de las comunidades, principalmente afro e indígenas, que bloquearon varios puntos de las vías Quibdó-Medellín y Pereira-Quibdó a comienzos de octubre. Desde ese momento, cada una de las comunidades quedó con la tarea de reunirse para consolidar las peticiones que serán puestas sobre la mesa. Las solicitudes de las comunidades étnicas están, en su mayoría, relacionadas con la falta de inversión y atención a necesidades básicas como la salud, la educación, el trabajo, la inversión en infraestructura vial y la reparación a víctimas del conflicto armado.
Fue en el marco de este diálogo inicial descentralizado que el campesinado mestizo decidió hacer parte de las mesas para resolver sus peticiones, principalmente relacionadas con la restitución de tierras. Estas iniciativas están en línea con las acciones que está realizando el gobierno Petro para los campesinos, como un proyecto que tramita en el Congreso que sean reconocidos por la Constitución Política como “sujeto de especial protección”.
A la mesa asistirán, además de los delegados de las comunidades afro e indígenas y campesinas, el gremio de los camioneros y los comerciantes, representantes de empresas privadas, consorcios viales y los gobiernos de todos los niveles para definir tiempos, recursos y prioridades.
Lo que sigue:Los campesinos esperan que este encuentro sea el inicio de un proceso más largo que permita solucionar sus problemas históricos de manera definitiva.
La comunidad del corregimiento La Junta finalmente se reunió esta semana con representantes de la administración municipal de Hatonuevo y el contratista encargado del parque en honor a Diomedes Díaz. Durante el encuentro, se comprometieron a entregar el parque antes del 2 de diciembre. Para esto, deberán mejorar el funcionamiento de las luminarias, pintar las puertas de la cafetería, arreglar las llaves de agua, acondicionar el piso, reparar las bancas y a destapar la calle principal.
En la reunión, participó Anderson Vicente Mejía Ojeda, secretario de gobierno y asuntos administrativos del municipio de Hatonuevo; Rafael Humberto Frías, secretario de planeación municipal y líderes comunales, veedores y representantes de la comunidad de La Junta.
La comunidad está resignada: La reunión se dio después de más de tres meses en que los líderes de La Junta han denunciado fallas estructurales en la obra y han reclamado la atención de las autoridades. Por eso, a estas alturas, varias personas se han resignado a tener un parque que no cumple con sus expectativas. “Yo pienso que son detalles ya pequeños que se pueden realizar en pocos días y de esa manera dar por concluida la obra. Que no se pudo más por negligencia de los contratistas o de la alcaldía de Hatonuevo, porque ese presupuesto asignado daba para hacer una obra mucho mejor. Pero a lo hecho pecho, ya nosotros no tenemos nada que hacer, el tiempo apremia” dice Libardo López, veedor de la obra.
Las fallas de la obra: El Consorcio Parque Infantiles 2020 tenía que entregar terminado el parque, en el que se han invertido 2.700 millones de pesos, el 30 de diciembre de 2020, pero ya van casi dos años de retraso por lo que la comunidad define como falta de voluntad política. El mes pasado la comunidad denunció que los ingenieros, contratistas y obreros no iban a la construcción desde hace un mes y mientras tanto, la obra se está deteriorando. Fidelia Ariza, fiscal de la Junta de Acción Comunal (JAC) del corregimiento denunció en mayo la mala calidad del material con el que se instalaron las baldosas en el parque. En ese entonces, el parque no tenía canales para las aguas lluvias, y los baños instalados no funcionaban.
El problema de la obra no solo es que no corresponde a los planos del proyecto, sino que la estructura tiene fallas evidentes. En La Junta, la gente dice que la plata que se invirtió no se ve y que los materiales utilizados fueron de mala calidad. Además, la estatua de Diomedes Díaz, que es el principal atractivo del parque, ya tiene fisuras La estructura es de resina y metal y tiene cuatro metros de alto.
Lo que sigue: Los habitantes de La Junta esperan que el parque esté listo para el festival del Fique, que se celebra del 2 al 5 de diciembre. Sin embargo tienen claro que, si para esa fecha el parque no está cómo se acordó en esta última acta de compromiso de la reunión, no recibirán la obra.
Desde la vereda Los Toquitos hasta la Escuela Vocacional de Fonseca, ubicada en la vía a Valledupar, hay más de 13 kilómetros. Una moto tarda 23 minutos en recorrer este trayecto. Una persona caminando, una hora y media. En el camino hay que atravesar la cabecera municipal de Fonseca, incluyendo el barrio Ocho de enero. Es justo en ese sector donde los y las estudiantes suelen esperar que algún conductor, de moto o carro, los acerque hasta la institución educativa. Hace un mes, un grupo de ocho estudiantes estaba en esas cuando fue sorprendido por dos ladrones. Los hombres les robaron sus celulares a dos de ellos y, en el forcejeo, uno de los asaltantes disparó un arma de fuego.
Al igual que ese grupo de estudiantes, otros siete mil niños, niñas, adolescentes y jóvenes que asisten a las instituciones educativas rurales de los 12 municipios no certificados de La Guajira deben arreglárselas para llegar a clases todos los días desde hace casi dos meses. Algunos caminan más de dos kilómetros desde sus casas hasta la escuela, otros arriesgan sus vidas viajando de a cuatro en motos y muchos simplemente optan por quedarse en sus casas y faltar a la escuela.
El lunes 5 de septiembre se venció el contrato de transporte escolar que tenía la Gobernación con la Unión Temporal integrada por la Asociación de Relacionistas y Transportadores Turísticos de La Guajira, Busservi del Caribe S.A.S. y Transportes Relaturg Limitada y, desde entonces, se quedaron sin el servicio. Casi dos meses después del vencimiento del contrato, el 24 de octubre, el gobernador encargado José Jaime Vega declaró la emergencia manifiesta para poder adelantar un contrato sin hacer un proceso de licitación pública y agilizar el reinicio de la prestación del servicio. Sin embargo, lo cierto es que faltando poco menos de un mes para el inicio de las vacaciones, unos 1 014 estudiantes de San Juan del Cesar y otros 439 en Fonseca, continúan varados.
Entre los criterios para acceder al servicio de transporte escolar que patrocina el Estado en La Guajira, está que los y las estudiantes vivan a más de dos kilómetros de la institución educativa, pertenezcan a nivel socioeconómico uno y dos y estén en un entorno inseguro. Es decir, que puedan estar expuestos a caminar largos trayectos o sufrir daños en su integridad física. Los estudiantes de Los Toquitos cumplen con estos requisitos. En la vereda solo hay una escuela que ofrece educación primaria, y para cursar el bachillerato los y las jóvenes tienen que ir hasta el casco urbano, a 13 kilómetros de distancia. Además, pasar por zonas peligrosas. Son 16 los y las estudiantes que tienen que hacer este recorrido diariamente.
“Todos los días deben de movilizarse, algunos padres de familia, dos o tres, tienen moto y pueden llevarlos, pero los demás tienen que buscar la forma de llegar. De pronto una bicicleta, o un chance más que todo. Y el día que no le pasa el tiempo el chance, los niños simplemente no pueden ir a clase porque ya se les hace muy tarde, entonces ahí van perdiendo horas de clase que se reflejan en los periodos finales”, cuenta Sobeida Díaz Epiayú, líder comunal.
A media hora de Fonseca, en San Juan del Cesar, la situación es similar. Desde la vereda La Peña a La Junta hay un poco más de dos kilómetros. Los dos mellizos de Maira Luz Oñate cursan grado décimo en la Institución Educativa Rural Hugues Manuel Lacouture. Sin el servicio de transporte escolar su asistencia ha sido intermitente. Cuando tienen suerte su mamá los lleva en moto, pero cuando no, caminan durante más de una hora y media para llegar a clase. Varias veces les han llamado la atención por llegar tarde.
“Ayer y hoy ha estado lloviendo y para ellos irse a pie es difícil, llegan mojados y tarde. Ayer me los anotaron por llegar tarde. Yo tengo una moto y la moto ayer amaneció pinchada… a veces no tenemos con qué echar gasolina porque yo soy madre cabeza de hogar”, explica Maira Luz Oñate.
Maira Luz cuenta que hoy en día se ven grupos de niños y niñas de 9, 11 y 16 años caminando por el costado de la carretera. También, hasta cuatro o cinco estudiantes montados en una sola moto, y mototaxis viajando con el cupo al máximo.
El riesgo es otro en el trayecto de Guayacanal a El Totumo, donde está la sede de primaria y bachillerato a la que asisten 15 estudiantes. Aunque están relativamente cerca, a los dos corregimientos los separa el río Cesar. Normalmente, cuando el servicio escolar funcionaba, el recorrido era más largo pero más seguro. Ahora, para acortar distancias caminando, los y las estudiantes atraviesan un puente colgante que está a medio construir. Eso sí, cuando llueve y el río crece, nadie puede pasar por ahí. “Estamos corriendo el riesgo por la inseguridad y delincuencia. Además les toca correr el riesgo de pasear por el río a pie”, asegura Federico Nuñez, presidente de la Junta de Acción Comunal de Guayacanal.
Los rectores están preocupados porque la interrupción del servicio de transporte escolar se ha traducido en pupitres vacíos. Aunque no tienen cifras, han identificado que los estudiantes asisten a clases de manera intermitente como sucedió durante los momentos más álgidos de la pandemia de Covid-19. Es decir, los niños, niñas y jóvenes van al colegio dependiendo de si pueden caminar hasta las escuelas o si sus padres consiguen el dinero para pagarles el transporte. “Esta situación (la falta del transporte) es causal de deserción o retiro definitivo de los niños, niñas y adolescentes ya que los padres de familias prefieren tenerlos seguros en sus casas y no exponerlos a las condiciones y peligros de nuestros territorios” resalta el documento técnico de transporte escolar para La Guajira 2022.
Y es que el recorrido en mototaxi de Los Toquitos a Fonseca cuesta, mínimo, unos 5 mil pesos por persona. La mayoría de veces, el trayecto cuesta 15 mil pesos ida y vuelta. Al mes la cuenta ya llega a los 300 mil pesos, un gasto que la mayoría de padres de familia no puede cubrir. “Hemos unido a dos, tres padres de familia y contratar un mototaxi para que los pueda traer a menor costo, pero pues también está el tema del alza de la gasolina por lo que no tenemos más opción que dejarlos faltar en algunos casos”, cuenta Sobeida. “La gran mayoría de gente acá vive del día a día, lo poco que ganamos es para solventar lo del hogar. Es difícil tener una mensualidad para pagarles un transporte particular”, dice Federico.
Otro asunto que preocupa a los docentes es que la mayoría de los y las niños beneficiados con el servicio de transporte residen en la zona rural y pertenecen a familias de escasos recursos. Al no poder trasladarse hasta la institución, tampoco pueden acceder al programa de alimentación escolar (PAE). “Según los estudios que se han hecho, un porcentaje muy alto de estudiantes tiene por lo menos el 50 por ciento de su carga nutricional diaria en lo que consume en la institución”, cuenta Edward Fragozo, rector de la Institución Educativa El Carmelo en San Juan del Cesar, y presidente de la Asociación de Directivos de la Educación Guajira.
El 24 de junio, la Gobernación de La Guajira abrió un proceso de licitación por más de 18 millones de pesos para el servicio de transporte escolar. Al proceso se presentaron dos empresas: Transportes Relaturg y Transporte Sensación. En medio del proceso, el 28 de agosto, transporte Sensación denunció que uno de los documentos aportados por el otro oferente era falso. Esto llevó a que el juez declarara desierto el proceso de licitación el 19 de septiembre después de verificar las pruebas y adelantar una audiencia pública. Es decir, ninguno de los proponentes sería contratado y debía comenzar de nuevo el proceso.
Sin embargo, han pasado casi dos meses y todavía no hay un nuevo contrato. Durante este tiempo, la Asociación de Trabajadores de la Educación de La Guajira ha hecho acompañamiento a los alumnos y padres de familia durante diferentes jornadas de protesta. Incluso, en algunos encuentros llegaron a acuerdos con el gobernador encargado Jose Jaime Vega y el secretario de Educación (E) del momento, Danilo Araújo. Acuerdos que, según el sindicato, han sido incumplidos.
“Por estas razones, la Asociación de Trabajadores de la Educación en La Guajira, alza su voz defendiendo los derechos de más de 9 mil niños y niñas que cursan sus estudios en las instituciones educativas de estos doce municipios y que no cuentan con las herramientas y servicios necesarios para una educación de calidad”
comunicado publicado por el sindicato el 18 de octubre
A esta situación se sumó la designación de un nuevo secretario de Educación departamental. La semana pasada, Adolfo Manjarrés se convirtió en el quinto secretario de Educación que ha tenido el departamento desde que el gobernador Nemesio Roys, quien fue destituido el pasado 21 de julio, asumió en 2020. El 14 de enero de 2022, se posicionó Olidey Meza Freyle en reemplazo de Rosmira Peralta, quien había asumido la dirección de la cartera en febrero de 2021. Y antes, en junio se había posesionado Fabián Acosta, quien fue reemplazado por el secretario en encargo Daniel Araújo. Es decir, el manejo de la educación se ha convertido en una “papa caliente” que ha pasado de mano en mano en los últimos años.
Aún así, Adaulfo Manjarrez asegura que la falta de transporte escolar se solucionará pronto. Según el Secretario, la Gobernación ya lanzó una invitación para que las empresas de transporte asentadas en La Guajira se presenten yel nuevo contrato estará listo el próximo martes. El funcionario no quiso dar una fecha para la reanudación del servicio y explicó que el proceso que se debe surtir es largo pues después de elegir una empresa y verificar que cumple con los lineamientos y las exigencias de la Gobernación, es necesario verificar el estado de cada vehículo que prestaría el servicio. “Luego de que eso llegue al Ministerio, ellos verifican que sea cierto, que los documentos sean reales y dan la habilitación. Posteriormente a eso es el tema de la póliza y ahí es que iniciamos con la ejecución del contrato”, explicó Adaulfo.
Esta no es la primera vez que se presentan problemas con la contratación del servicio de transporte escolar en La Guajira. En el 2019, cuando se eligió a la unión temporal Elkajuluin, la firma del contrato se retrasó cuatro meses pues Jhon Fuentes, en ese entonces gobernador encargado de La Guajira,, revocó la apertura de la primera licitación pública después de que la Procuraduría hiciera varias observaciones sobre el proceso. Entre estas, el ente de control pidió aclarar cómo se definieron los requisitos para escoger esta empresa.
Por otro lado, los padres y madres de familia y líderes comunitarios han denunciado varias veces deficiencias en el servicio. “Solo había una camioneta para dos veredas. Como solo cabían 10 o 15 niños, y nosotros tenemos 16, nos turnábamos. Una semana iba la mitad de aquí y la otra, mitad de allá y así”, ilustra Sobeida. Es decir, el servicio no era el adecuado. “Y no podemos costear los servicios particulares”, agrega.
Por su parte, Federico sostiene que “esos vehículos ninguno cuenta con aire acondicionado, y solo las sillas de los puestos de adelante tienen cinturón de seguridad. Son vehículos de más de dos décadas de existencia. Eso es deficiente”.
Hoy, desde Los Toquitos en Fonseca, hasta Guayacanal en San Juan del Cesar, pasando por las decenas de veredas de Albania, Barrancas, Dibulla, Distracción, El Molino, Hatonuevo, La Jagua del Pilar, Manaure, Urumita y Villanueva, los y las estudiantes rurales solo tienen una petición: que ir al colegio deje de ser una travesía.
Las mujeres piden que los cambios no se queden en el papel.
¿Qué dice la política pública? El documento aprobado por el Concejo municipal el martes 17 de octubre es extenso y recoge acciones prioritarias sobre: salud integral para las mujeres; vida libre de violencias; participación, cultura y paz; hábitat y territorio; propiedad, trabajo y educación. Las acciones priorizadas en el plan están relacionadas con el reconocimiento, la redistribución y la reducción del trabajo no remunerado que realizan las mujeres en sus hogares. Además de garantizar el derecho a producir sus propios ingresos en igualdad de oportunidades que los hombres, para esto harán actividades que promuevan el acceso al trabajo formal, formación para el desarrollo de capacidades y desarrollo empresarial y capacitación para el acceso a recursos y patrimonio propio.
En el documento quedó también definida la construcción y creación de una oficina de la mujer, donde las mujeres podrán llevar sus inquietudes y las asociaciones de mujeres tendrán espacios de trabajo.
¿Por qué una política pública de género? Las mujeres de El Carmen enfrentan sobrecarga de trabajo no remunerado, violencias basadas en género, discriminación laboral, dependencia económica, falta de autonomía física y para la toma de decisiones, bajo nivel educativo, embarazo a temprana edad, baja participación política, desigualdad e inequidad por los roles de género, falta de unidad y de organización e indiferencia social.
Para Judit Cecilia Parra, coordinadora del equipo de formulación de la política pública de género, este es un paso para empezar a cambiar este panorama: “en primer lugar podemos entender que se crea un patrón de referencia para que las acciones que desarrollen todas las entidades públicas, empezando por la alcaldía, tengan un respaldo en el marco legal. Además, con esto los hombres, mujeres y niños, pueden desaprender patrones que han permitido que las mujeres sean consideradas ciudadanas de segunda y tercera categoría y que nuestra sociedad sea cada vez más equitativa”, explica.
Las mujeres piden que no se quede en el papel:“Esto es demasiado interesante porque el tema de la mujer es primordial, la mujer es vida, la mujer genera expectativa, la mujer es el punto cero que inicia la existencia. Esperamos que lo que se aprobó hoy no se quede en el papel, pienso que va a ser difícil, pero hay una esperanza” dice Dora Gallego, líderesa.
Teresa Marina Ochoa, quien trabaja para la Red Departamental de Mujeres considera que este paso es crucial: “esto es muy importante porque por fin El Carmen de Atrato va a tener la oportunidad de tener una sociedad más justa, más igualitaria, porque ya cada secretaría se vería obligada a tratar las mujeres por igual, una sociedad soñada donde nadie sea el estorbo y podamos vivir nuestros derechos”.
Lo que sigue: Durante la socialización el Concejo Municipal hizo algunas correcciones de forma al documento, una vez estos ajustes estén listos se sancionará el acuerdo. El plan deberá regir desde este año, por lo que en noviembre, cuando se coordine la aprobación del presupuesto para el 2023 se debe garantizar que haya una partida para las actividades consignadas, así como su inclusión en el nuevo plan de desarrollo.
Solo hasta la madrugada de este viernes 21 de octubre se restableció el servicio.
Los detalles: Las empresas Afinia y Air-e se unieron para resolver el problema. Samir Arregoces, técnico operativo de Air-e en La Guajira, explicó que la falla se presentó en la zona del corregimiento de Río Seco “por una línea que se encontraba desprendida de aislador, lo causaba que el circuito se fuera a tierra”. Además, aseguró que las fuertes lluvias impidieron que la emergencia se pudiera resolver fácilmente, por lo que se extendió el apagón.
El descontento: El apagón en Fonseca causó malestar entre los habitantes, que constantemente denuncian apagones en algunos barrios del municipio aunque la empresa Air-e asegura que ha realizado inversiones. “A pesar de tanto mantenimiento que se realiza, los cortes de energía son muy recurrentes. Esto perjudica nuestras labores diarias y el tema es más impactante cuando la empresa Air-e tiene una programación lista el día domingo entonces tampoco podemos prestar el servicio", dice el empresario Jhon Jairo Otero.
Por su parte, la empresaria Angy Acosta manifiesta que está situación pone en riesgo su heladería. “La descongelación de los productos trae grandes pérdidas y que el servicio sea interrumpido constantemente nos crea inestabilidad económica, al punto que debemos comprar plantas de electricidad y combustible. Eso nos genera un gasto extra no presupuestado”, dice.
¿Qué pasa con la energía en Fonseca? Los habitantes del municipio no tienen un servicio de energía eléctrica constante. Desde que operaba la empresa Electricaribe, liquidada en marzo de 2021, se presentaban fallas y facturación alta. Cuando Air-e asumió la operación en 2020 La Guajira se siguieron presentando los mismos problemas: cobros excesivos en la factura para estrato uno y dos, apagones constantes y voltaje inestable que ha afectado los electrodomésticos, entre otros.
Air-e ha dicho que los cortes repentinos se deben a la débil infraestructura de energía, por lo que han hecho inversiones en distintos barrios del municipio. El 7 de julio, la empresa puso en funcionamiento el segundo transformador de potencia en la subestación Fonseca para aumentar la capacidad de carga y optimizar el servicio para los usuarios. Además, ha asegurado que ha invertido más de 5.636 millones de pesos en el municipio y que tienen un plan de inversiones a 10 años.
Lo que sigue: Por lo pronto, Afinia y Air-e aseguraron que el problema está solucionado. Además, Air-e aseguró que el próximo mes bajarán los precios en las facturas por el acuerdo al que llegaron con el Ministerio de Minas. Jhon Jairo Toro, gerente de la compañía, dijo que “vamos a tener una disminución de cerca de 50 pesos en cada una de las facturas de los usuarios”. Es decir, la tarifa del kilovatio que hoy está en 860 pesos, pasaría a 810 pesos. La medida también será aplicada en Bolívar y once municipios del Magdalena.
¿Qué pasó en la feria? En el evento los emprendedores de confección, moda y accesorios realizaron una pasarela, hubo presentaciones culturales con agrupaciones de vallenato y de danza, y una muestra gastronómica. Además, entidades bancarias brindaron asesoría a los expositores sobre microcréditos y medios de pago para impulsar sus emprendimientos.
El evento fue realizado por el programa CREEce del Ministerio de Comercio, Innpulsa y la Cámara de Comercio de La Guajira con apoyo de la Universidad de La Guajira, Corpoguajira y las alcaldías de Fonseca y El Molino.
Un balance positivo: Linda Lucía Becerra, gestora empresarial del programa CREEce, cuenta que: “lo que buscamos lograr puntualmente con este evento es ser el principal escenario ferial del departamento, para que las empresas mejoren sus capacidades organizacionales, gestionen alianzas ya sean de tipo comercial y/o estratégicas con empresas locales, nacionales internacionales”. En ese sentido, las entidades organizadoras calcularon que las ventas rondaron los 30 millones de pesos.
¿Qué dicen los emprendedores?“Ha sido una gran experiencia porque la Cámara de Comercio nos ha extendido la invitación como emprendedores a una formación en el programa CREEce, donde recibimos diferentes capacitaciones, talleres y asesorías que han sido de fortalecimiento para nuestro emprendimiento para poder seguir avanzando”, dice Mayleth Pérez, creadora del emprendimiento Divina Class.
Una alternativa de empleo: En Fonseca las opciones de empleo formal son pocas y están principalmente en la Alcaldía, el Hospital San Agustín, el comercio y en Cerrejón. La mayoría del trabajo es informal. Según las últimas cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane), en 2018 en La Guajira el empleo informal alcanzó el 90,3 por ciento. Aunque en Fonseca no hay cifras actualizadas, una investigación de la Universidad de La Guajira realizada en 2010 para la Secretaría de Desarrollo Económico de la Gobernación de La Guajira arrojó que 9.768 habitantes de 36.447 no tenían un trabajo estable. El desempleo se agudizó a raíz de la pandemia.
Lo que sigue: Antes de finalizar el año, la Cámara de Comercio de La Guajira anunció que continuará el acompañamiento a los emprendedores con programas de formación y vitrinas comerciales. El 17, 18 y 19 de noviembre en Riohacha se llevará a cabo la Feria Expoguajira, en la que participarán expositores de los 14 municipios del departamento.
Manjarrés reemplazará a Fabián Acosta, quien desde hace un mes estaba ausente del cargo por una licencia personal.
¿Quién es el nuevo Secretario? Manjarrés nació en Fonseca y es abogado con especialización en derecho público y gestión de entidades territoriales. Su carrera ha estado enfocada en el sector público, donde ha trabajado para la Agencia Nacional de Minería, la Secretaría de Educación de Uribia y Santa Marta. Es cercano al sector que va a dirigir pues sus padres son profesores de Fonseca: Bladimiro Manjarrés y Antonia Mejía.
Los retos: Adulfo Manjarrés deberá resolver varios problemas urgentes. Entre ellas:
Lo que sigue: Los rectores de los 12 municipios no certificados acordaron durante una reunión en Fonseca que buscarán una reunión prioritaria con la Gobernación para que se garantice el derecho a la educación en el departamento. "Los rectores viajaremos el 24 de octubre a Riohacha, acompañado de la directiva de Asodegua, a ver qué solución encontramos. No es una reunión oficial pero vamos a trasladarnos hasta allá a buscar una solución”, dice Alexander Martínez, rector de la Institución Educativa Agropecuaria.
Por su parte, los padres y madres de familia, y los estudiantes de Fonseca esperan que el nuevo Secretario priorice los problemas del municipio por sus lazos familiares con el territorio.
El dato: Adolfo Manjarrés es el quinto Secretario de Educación que ha tenido el departamento desde que Nemesio Roys, quien fue destituido el pasado 21 de julio, asumió como gobernador en 2020. El 14 de enero de 2022, se posicionó Olidey Meza Freyle en reemplazo de Rosmira Peralta, que había asumido la dirección de la cartera en febrero de 2021. En junio se posesionó Fabián Acosta, quien fue reemplazado por el secretario en encargo Daniela Araujo.
Manjarrés reemplazará a Fabián Acosta, quien desde hace un mes estaba ausente del cargo por una licencia personal
¿Quién es el nuevo Secretario? Manjarrés nació en Fonseca y es abogado con especialización en derecho público y gestión de entidades territoriales. Su carrera ha estado enfocada en el sector público, donde ha trabajado para la Agencia Nacional de Minería, la Secretaría de Educación de Uribia y Santa Marta. Es cercano al sector que va a dirigir pues sus padres son profesores de Fonseca: Bladimiro Manjarrés y Antonia Mejía.
Los retos: Adulfo Manjarrés deberá resolver varios problemas urgentes. Entre ellos:
Lo que sigue: Los rectores de los 12 municipios no certificados acordaron durante una reunión en Fonseca que buscarán una reunión prioritaria con la Gobernación para que se garantice el derecho a la educación en el departamento. "Los rectores viajaremos el 24 de octubre a Riohacha, acompañado de la directiva de Asodegua, a ver qué solución encontramos. No es una reunión oficial pero vamos a trasladarnos hasta allá a buscar una solución”, dice Alexander Martínez, rector de la Institución Educativa Agropecuaria.
El dato: Adolfo Manjarrés es el quinto Secretario de Educación que ha tenido el departamento desde que Nemesio Roys, quien fue destituido el pasado 21 de julio, asumió como gobernador en 2020. El 14 de enero de 2022, se posicionó Olidey Meza Freyle en reemplazo de Rosmira Peralta, que había asumido la dirección de la cartera en febrero de 2021. En junio se posesionó Fabián Acosta, quien fue reemplazado por el secretario en encargo Daniela Araujo.
Rectores y padres de familia explican la gravedad de la situación.
¿Qué pasa con el nuevo contrato? El contrato con los operadores de servicios generales iba hasta el 10 de octubre. Por la suspensión de clases durante la semana de receso, la fecha de terminación se alargó una semana más, es decir, hasta el viernes 21 de octubre. Hasta el momento los rectores no tienen información sobre el proceso del nuevo contrato.
Los rectores están preocupados: Un grupo de directivos viajó a Riohacha el miércoles 19 de octubre para hablar con algún representante de la Gobernación pero no obtuvieron respuesta. “No encontramos a nadie que nos atendiera. No estaba el gobernador y el Secretario de Educación ya había dejado el cargo. (…)Mi temor es que, así como ocurre con el transporte, vaya a ocurrir con el tema del aseo” dice Edward Fragoso, rector de la IE El Carmelo y presidente de la Asociación de Trabajadores de la Educación en La Guajira, Asodegua.
Por su parte, Clotilde Urbina, rectora de la IE María Auxiliadora, afirma que la situación es preocupante y podría llevar a que suspenda las clases. “No les digo a las aseadoras que vengan si no están autorizadas, porque después me toca responderles. El miércoles 18 nos tocó ir a receso escolar a los colegios María Emma Mendoza y María Auxiliadora por este problema de no tener contratación definida para las aseadoras. Estamos apoyándonos en los estudiantes que nos ayuden a recoger papeles y tener limpios los salones para ver cómo superamos el impase” dice.
¿Y los estudiantes? “Como estudiantes le solicitamos al Gobernador nos brinde el derecho de una educación con calidad cómo está diseñada en su programa de gobierno, ya que estamos a punto de cerrar año escolar y no queremos que nuestro rendimiento académico se vea afectado por un derecho que es al aseo y calidad educativa que tenemos como estudiantes”, dice Moisés Molina, estudiante de noveno de la institución María auxiliadora
Lo que sigue: Los rectores de San Juan del Cesar, junto a una delegación de padres de familia y participantes de los consejos directivos, viajarán nuevamente a Riohacha el martes 25 de octubre para hacer presencia en la Asamblea y en la Gobernación. Aseguran que aunque no están interesados en hacer paro, vaticinan que la situación “llegará a un punto crítico” y no podrán atender a los estudiantes.
No es el único problema: Las instituciones educativas de los 12 municipios no certificados completan 46 días sin el servicio de transporte escolar.
Junto a estas dos empresas, 80 compañías de energía de todo el país se unieron al Pacto por la Justicia Tarifaria, una iniciativa del Ministerio de Minas y la Comisión De Regulación De Energía Y Gas.
¿Cómo funciona? Las tarifas tienen cuatro componentes: Generación, Comercialización, Distribución y Transmisión. La Comisión de Regulación de Energía (CREG) presentó varias propuestas a las empresas para que redujeran las tarifas en cada uno de esos componentes, esto ante el aumento significativo del índice de Precios al Productor (IPP), el índice que terminaba definiendo los precios.
Los descuentos para El Carmen:Aunque la sugerencia del CREG era bajar los precios en todos los componentes, las empresas podían definir cuáles hacerlo o no. EPM solo hizo reducciones en los componentes de Distribución y Transmisión, por lo que la disminución de las tarifas será menor a la realizada por otras empresas. Dispac sí asumió el compromiso completo.
¿Qué dice la gente? “Ahora que EPM se suma a esta campaña, lo que queremos todos es que sea un acuerdo real y que sea beneficioso. Después del desastre de Hidroituango nos subieron las tarifas y no podemos ser ingenuos a esa realidad. Recibimos de buena manera pero esperamos algo más” dice Juan Carlos Muños, ingeniero civil.
El contexto: En septiembre la Defensoría del Pueblo alertó al Gobierno Nacional por el aumento excesivo de las tarifas de energía eléctrica, especialmente en la región Caribe. Carlos Camargo, defensor del pueblo, le solicitó al Gobierno priorizar estrategias en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 para crear una política pública que dé solución definitiva a las excesivas tarifas del servicio de energía eléctrica y que asegure un servicio eficiente y sostenible.
Después de cinco horas de negociación con representantes del gobierno departamental y nacional, el gremio de camioneros levantó este jueves los bloqueos que mantenía en las dos vías que conectan el departamento del Chocó con el resto del país. Ambos corredores viales permanecieron cerrados dos semanas. La situación generó aumento de precios y escasez de bienes básicos en Quibdó y otros municipios del Chocó.
En esta entrega de El Explicador, Consonante presenta un resumen de la crisis que sacudió el departamento en los últimos días.
Las protestas se iniciaron el 25 de septiembre en Tutunendo, Ichó, La Troje y Guadalupe, comunidades afro cercanas a la ciudad de Quibdó. En estos puntos, los consejos comunitarios exigieron una mesa de diálogo con la Alcaldía de Quibdó para discutir una serie de peticiones específicas. Pedían, por ejemplo, alternativas para mejorar el acceso a la salud, aumentar la inversión en infraestructura vial y de educación, potenciar los proyectos de turismo, y mejorar la conectividad, entre otras. Luego, indígenas embera de otros lugares del departamento decidieron manifestarse y bloquear las vías en varios puntos: El Dieciocho, La Mansa, El Siete y Mirlas en El Carmen de Atrato; El Tabor, Tadó, y en el municipio de Santa Cecilia en el departamento de Risaralda.
El 27 de septiembre, los resguardos indígenas agrupados en la Asociación Orewa bloquearon simultáneamente tres puntos de la vía Quibdó-Medellín y Pereira-Quibdó: El Tabor, en Tadó, y El Dieciocho y El Fiera, en El Carmen de Atrato. Previamente, en cada uno de los municipios se había convocado a una minga para definir las necesidades urgentes que debían ser atendidas por las autoridades y que se iban a plantear durante las mesas de diálogo. Ese mismo día, y al encontrar las vías cerradas, los transportadores que cubren las rutas desde Risaralda y Antioquia hacia el Chocó se declararon en paro. ¿Su razón? Presionar al Gobierno nacional y departamental y solucionar, de una vez por todas, los problemas de las comunidades indígenas y afro del departamento.
El 30 de septiembre, los consejos comunitarios levantaron los bloqueos sobre la vía al llegar a acuerdos con la Alcaldía de Quibdó y la Defensoría del Pueblo. El 7 de septiembre, la minga indígena convocada por las comunidades de Mondó, Bochoroma, Pueblo Nuevo, Alto Bonito, Cañaveral y Sabalatera de Tadó levantó el bloqueo en la vía que conduce hacia Risaralda tras negociar algunos puntos con la administración municipal. El 10 de septiembre, las comunidades embera de El Carmen de Atrato llegaron a acuerdos y definieron compromisos a corto, mediano y largo plazo con los distintos actores nacionales, departamentales y municipales, para hacerle seguimiento.
En la mesa de diálogo que se instaló en el resguardo embera katio El Dieciocho estuvieron, además, representantes del campesinado y de la comunidad afro de El Carmen de Atrato. Una vez terminada la reunión, los transportadores hicieron público un comunicado en el que manifestaron no estar conformes con los acuerdos, pues no se encontraban los voceros del gremio. Por eso, continuaron los bloqueos hasta el 13 de septiembre, cuando hicieron una mesa de concertación aparte en la que participó Judith Salazar, viceministra (e) para el Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos; William Palomeque, gobernador (e) del Chocó; los alcaldes de Tadó, El Carmen y Quibdó; y representantes de la Procuraduría y la Defensoría. En esa negociación, se levantó el paro.
Los reclamos son tan variados como el número de comunidades que se declararon en paro o se sumaron a las mesas de diálogo en las últimas dos semanas. Sin embargo, todas tienen un origen común: la falta de inversión y atención a las necesidades básicas. Y es que casi todas estas comunidades exigen inversiones en salud o educación, o trabajo y reparación a víctimas del conflicto armado. “Lo que estamos exigiendo no son peticiones que nacieron ayer, vienen desde el gobierno de Uribe, Santos y Duque. Durante este año llevamos alrededor de 30 protestas sobre la carretera porque no ha habido respuesta del gobierno departamental y nacional”, dice Javier Arrieta, coordinador de la Mesa de Diálogo y Concertación de los Pueblos Indígenas del Chocó. “Cuando al movimiento indigena no se le da una respuesta clara, nos toca tomar las vías de hecho para que nos puedan escuchar”, agrega.
Uno de los principales puntos de negociación fue el resguardo embera katio El Dieciocho, que incluye a la comunidad de El Palmar. Humberto Tequia, rector del colegio y uno de los líderes comunitarios que participó de la mina, explica que sus peticiones ya habían sido expuestas en otras protestas pero los avances son nulos o lentos. “Solicitamos la construcción de una escuela para los 200 niños y niñas, una casa administrativa comunitaria y un puesto de salud para los 300 habitantes”. Además, “se deben invertir recursos para continuar el proyecto de ganadería pero nos dijeron que están embargados en el municipio de Condoto. También, se solicita a la Agencia Nacional de Tierra la ampliación de tierra, al Ministerio de Educación que nombre a los docentes, al Ministerio del Interior que fortalezca la guardia indígena, y exigimos que traigan un proyecto productivo para la comunidad”.
Por su parte, la minga de las comunidades de Mondó, Bochoroma, Pueblo Nuevo, Alto Bonito, Cañaveral y Sabalatera de Tadó exigió arreglos a los puentes colgantes que conectan a sus resguardos con el municipio, principalmente el puente que cruza el río San Juan y une a las comunidades de El Tabor y Mondó. Además, manifestaron que los docentes indígenas no han recibido el pago del salario y las prestaciones sociales desde hace cuatro meses. Igualmente, denunciaron que no ven retribuidos los recursos del predial indígena para mejorar las condiciones de vida en sus territorios, por lo que le exigieron rendición de cuentas a Cristian Copete, el alcalde de Tadó.
Los conductores bloquearon las vías en rechazo a la protesta de los indígenas y afro. Los camioneros manifestaron estar agotados de los constantes paros de estas comunidades que les dejan pérdidas económicas. “Este es el cierre número 35 de la vía por diferentes comunidades indígenas y afro, y en promedio duran dos días. Le cuento que los camioneros nos cansamos de esta situación y entonces decidimos bloquear mientras estaba bloqueado”, dijo Edgar Gómez, quien desde hace 16 años transporta mercancía desde Antioquia al Chocó.
“Lo más crítico son las pérdidas económicas. Acá hay gente que viene con un viaje de plátano del Urabá y si los coje un cierre de vías, se pierde el viaje totalmente. Cuando llegan a Quibdó ya no sirve y lo tienen que tirar. Además, nos toca dormir en los vehículos y el tiempo perdido nos toca recuperarlo, entonces no tenemos descanso”, afirmó Gómez, uno de los voceros de los transportadores que bloqueó el punto El Siete en El Carmen de Atrato. “No podemos obligar a las comunidades a que no se tomen las vías de hecho pero sí podemos hacer visible este problema para que los gobernantes entren en negociación con ellos y se pongan de acuerdo”, agregó.
Aunque las comunidades indígenas y afro llegaron a acuerdos con las autoridades, para los transportadores esto no garantizaba que no se volverían a presentar cierres. Decidieron continuar con los bloqueos hasta que el Ministerio del Interior se comprometiera a organizar una mesa amplía con la participación de todos los sectores en la que el gremio de transportadores pudiera tener un papel de veeduría. Por eso, en un comunicado público, en el que participaron los 150 conductores, exigieron representación de alto nivel del gobierno nacional, de las organizaciones indígenas nacionales ONIC y AICO y regionales, de los concejos comunitarios del Chocó en los diálogos para levantar el paro. Además, pidieron que se creara una mesa de seguimiento cada vez que se presenten paros compuesta por integrantes de las autoridades locales, regionales, nacionales, comerciantes y del gremio de camioneros.
“No queremos soluciones a corto plazo, ni a tres meses. Necesitamos que se comprometan al desarrollo del departamento, que nos dejen tener nuestro libre desarrollo del trabajo como transportadores”, dijo Julián Acevedo, vocero de los transportadores que bloquearon la vía hacia Risaralda durante la reunión con Judith Salazar, viceministra (e) para el Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos. “A los entes departamentales se les había salido de control con tantos paros que nos estaban llevando o nos llevaron al borde de la quiebra”, agregó Acevedo.
Las dos principales vías que conectan al Chocó con el resto del país están a medio terminar. La Transversal Quibdó- Medellín, que es la ruta que mueve más mercancía y transporte de personas, lleva 13 años en proceso de pavimentación y hasta la fecha solo presenta un avance del 82 por ciento, según el Instituto Nacional de Vías (Invias). La vía Quibdó- Pereira, del 60 por ciento. Un viaje en automóvil desde la capital antioqueña hasta El Carmen de Atrato puede tardar desde cuatro horas, si no hay derrumbes, hasta nueve o doce horas, si hay controles del flujo vehicular por derrumbes. Sin embargo, es frecuente que la vía esté cerrada en algunos trayectos.En este caso, las personas se deben desviar por la vía Pereira, lo que implica un viaje de 16 horas.
La débil infraestructura vial hace que cualquier bloqueo o derrumbe en cualquiera de los dos corredores interrumpa la conexión por vía terrestre con el resto del país. Este tema fue el punto nodal de los paros cívicos que se realizaron en el Chocó en 2016 y 2017.
En esta ocasión, los bloqueos generaron escasez de verduras, frutas, carnes, medicamentos y gasolina en Quibdó y en los otros 29 municipios del Chocó. Los productos cárnicos y lácteos fueron los más difíciles de conseguir, seguidos de las legumbres y verduras. El combustible, por su parte, se cotizó en Quibdó a 19 mil pesos el galón de Extra. La falta de gasolina llevó a que el Hospital San José de Tadó suspendiera los traslados de pacientes a otros centros médicos del departamento.
Para movilizarse dentro del departamento, y hacía Medellín y Pereira, las personas tuvieron que hacer transbordos entre los puntos de bloqueo y contratar transportadores informales. Varios habitantes en Tadó y El Carmen de Atrato perdieron citas médicas que tenían programadas durante esos días en Quibdó, y los dueños de las droguerías estaban preocupados porque tenían varios pedidos de medicamentos e insumos represados.
Las mesas de diálogo, que se dieron de forma descentralizada en el departamento, sirvieron para retomar las necesidades urgentes de las comunidades y marcar una hoja de ruta de quiénes serán los responsables de atenderlas. Se acordaron tres caminos para empezar a resolver las peticiones de las comunidades: la primera, realizar una mesa amplia de diálogo el 1 de noviembre en Bogotá, donde participen organizaciones, gremios, resguardos y consejos comunitarios, y los gobiernos de todos los niveles para definir tiempos, recursos y prioridades. Para Javier Arrieta es importante que a esta mesa lleguen los temas sobre salud, educación y proyectos productivos, que “son la línea gruesa de la conversación”, dice.
Para el encuentro de Bogotá, los voceros de cada comunidad deberán recoger las peticiones. Heiler Moreno, representante legal del Consejo Comunitario Mayor del Alto San Juan (Asocasan), cuenta que van a consolidar los acuerdos que no han cumplido los gobiernos anteriores y las “desatenciones” que ha tenido el Estado con las comunidades afro. Sin embargo, considera que “siempre van a haber necesidades sin darle soluciones” pero espera que se empiecen a atender los temas de salud, educación y pavimentación de las vías. “Uno entiende que los procesos van a llevar tiempo pero si los compromisos se dan, que se definan los tiempos y se vea que sí se van a cumplir”, afirma Moreno.
Por su parte, los alcaldes deberán condensar en un documento todos los proyectos que generen mayor impacto en sus municipios para llevarlos a los diálogos regionales vinculantes que realiza el gobierno nacional en todo el país.
Sin embargo, Jair Moreno, secretario (e) de Gobierno del Chocó, afirma que el gobierno departamental tiene un margen de acción reducido. Asegura que la mayoría de peticiones no se pueden atender porque carecen de sentido. “Hay una solicitud de un establecimiento educativo pero para hacerlo se requiere de unos diseños y unos presupuestos. Esos estudios, diseños y presupuesto se presentaron pero no cumplieron los requisitos. Entonces la comunidad pensaba que los recursos ya estaban aprobados y el Gobierno departamental no hacía lo propio. En otra comunidad nos solicitaron 100 cabezas de ganado pero no tienen experiencia en ese tipo de actividad. Entonces, son pretensiones exorbitantes y a todas luces es imposible conceder un contrato de esa naturaleza si no vemos un panorama ni unos estudios previos para poder hacerlo”.
La segunda conclusión de los diálogos fue que se estableció que antes de recurrir a las vías de hecho, los resguardos, consejos comunitarios y demás comunidades deberán acudir a la Procuraduría para resolver los conflictos. Por último, la Defensoría y la Procuraduría se comprometieron a darle seguimiento a los acuerdos. Por ejemplo, en El Dieciocho se acordó la entrega de ayuda humanitaria para las familias desplazadas que retornaron al resguardo; Latinoamérica de Construcciones S.A. (Latinco) se comprometió a mejorar la infraestructura de la comunidad; Dispac instalará luminarias en lugares comunitarios y revisará las casas que no cuentan con energía eléctrica.
El seguimiento a los acuerdos será determinante, teniendo en cuenta que hace tan solo una semana, la Contraloría General de la República alertó sobre presuntas deficiencias en el cumplimiento de acuerdos logrados en mingas indígenas y paros cívicos alrededor del país. Según el órgano de control, son cinco mingas indígenas que presentan mayores niveles de retraso en los acuerdos o se cumplieron de forma incompleta. La minga embera del Chocó es la primera con un 90 por ciento y le sigue la de El Carmen de Atrato con un 80 por ciento de demoras y falencias. Si bien el órgano de control no detalla cuáles son los compromisos que presentan inconvenientes, agrega que: “la totalidad de los acuerdos suscritos con mingas indígenas no cuentan con metas suficientes e indicadores para medir su avance y su efectividad”.
Por lo pronto, el Gobierno nacional ya anunció que destinará una bolsa común de recursos para que cada uno de los proyectos se puedan realizar. “Se va a generar desde noviembre para que esos temas macro se atiendan a través de esa bolsa. Allí se deben allegar todos los proyectos para darle viabilidad pero deben cumplir con unos requisitos específicos”, cuenta el secretario Moreno. Con este anuncio, el gobierno de Gustavo Petro, quien fue el candidato más votado en el Chocó, tendría una posibilidad de iniciar las acciones que salden la deuda del Estado con ese departamento y sus habitantes.
En la competencia, participan cinco ciclistas sub 23 y tres ciclistas élite en representación de El Carmen de Atrato. En el evento deportivo, que va del 11 al 15 de octubre y se extiende por 845 kilómetros, participan otros 12 equipos.
¿Qué dicen los competidores? “Tenemos muchas expectativas por las dos etapas que nos faltan: la cuarta etapa, Cisneros hasta Amalfi, y la quinta etapa, desde Amalfi hasta Santo Domingo. Esta última es una etapa corta pero muy muy buena… con mucha montaña”, dijo Sebastián Ceballos, representante del equipo.
Joaquin Cardona, entrenador y mecánico del equipo, destacó el buen desempeño del equipo a pesar de las dificultades que ha enfrentado para conseguir el apoyo necesario para este tipo de competiciones. “Es realmente duro conseguir apoyo. Hay que moverse mucho, gestionar y vender imagen… Pero por ahora estamos felices porque estamos en el top 10 y hoy fuimos portadores de la camiseta de líder de los sprint especiales”, explicó Cardona.
La historia del equipo: Este equipo de ciclismo nació hace dos años en El Carmen de Atrato por iniciativa de Juan Sebastián Ceballos, un deportista aficionado que quería cambiar vidas a través del deporte. Este equipo es el único de su tipo en el municipio.
Este año ha participado en el Campeonato Nacional de Ruta, la Vuelta de la Juventud, la Clásica de Río Negro, la Vuelta al Valle y la Clásica del Carmen de Viboral. Si le interesa conocer más sobre su trayectoria y cómo surgió, puede leer la historia completa aquí.
Lo que sigue: Este sábado 15 de octubre se disputará la quinta y última etapa de la ronda antioqueña, con una fracción que tendrá 115 kilómetros en terreno ondulado con salida en Amalfi y llegada en Santo Domingo.
Un día después de que la comunidad de Caracolí levantó el bloqueo que mantenía en el puente El Guanábano, para socializar la firma de un convenio interadministrativo con la gobernación de $2.686 millones de pesos para arreglar la vía rural Guayacanal a Tembladera.
Los detalles: Las actividades derivadas del convenio se realizarán en los próximos 12 meses, según el cronograma presentado por la Alcaldía, y se harán en dos etapas: dos meses para adelantar el proceso precontractual, en la que el municipio escoge el consultor y 10 meses para ejecutar las obras. El presupuesto presentado por la Alcaldía responde a los estudios y diseños para la pavimentación de la vía que habían sido enviados a la Gobernación el 28 de septiembre.
El contexto:En la madrugada del martes 11 de octubre, la comunidad que estaba protestando por el mal estado de la vía de acceso al corregimiento llegó a acuerdos con la alcaldía para levantar el bloqueo en el puente el Guanábano. Uno de los acuerdos consistía en el mejoramiento de los 51 kilómetros más críticos del tramo de la Ye de Guayacanal a La Laguna. Para esto la gobernación se comprometió a aportar 200 millones de pesos y la Alcaldía 28 millones. Sin embargo, este anuncio de la alcaldía abre la puerta a la pavimentación completa de la vía.
¿Qué dice la gente? La comunidad espera que esta semana se inicie la primera etapa del convenio. Y, sobre todo, que también se dé cumplimiento a los demás acuerdos. “Todos estamos en la misma posición, lo que deseamos es que se nos construya una vía digna” dice Juan Montaño, autoridad wiwa.
Lo que sigue: La comunidad acordó convocar una reunión con la Agencia de Desarrollo Rural e Invías para gestionar la adecuación de la placa huella en la vía para el próximo 21 de octubre. Además la mesa de seguimiento de los acuerdos del paro se reunirá el 18 de octubre.
El juez Ceilis Riveira Rodriguez también pidió a la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior (Dancp) continuar con el proceso de consulta previa.
¿Por qué se pronunció el juzgado? Lo hizo en respuesta a un incidente de desacato interpuesto por el consejo comunitario de Los Negros de Cañaverales. En el documento, los líderes comunitarios aseguraban que el Ministerio del Interior y BCC estaban incumpliendo el fallo de tutela que el mismo juzgado había emitido en 2019, en el que se ordenaba respetar el derecho a la consulta previa.
¿Esto qué significa? El juez le dio la razón al consejo comunitario de Cañaverales, que ha insistido en la importancia de que se escuche la voz de la gente que habita en el área de influencia del proyecto. Además, concluyó que no se puede aplicar el test de proporcionalidad en este caso porque la comunidad ha demostrado su voluntad de concertación al solicitar en varias ocasiones una nueva reunión para el proceso de consulta previa.
Esto es importante porque ya no será un juez de la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado quienes deben sopesar los pros y los contras del proyecto, sino la comunidad étnica la encargada de poner sobre la mesa sus preocupaciones.
Que dice la comunidad: Los líderes del consejo comunitario celebraron la decisión. “Nosotros estamos visualizando otra forma de hacer una consulta previa. No como algo mercantil. Vemos la consulta como un espacio que nos permitirá demostrar que el proyecto es nefasto para la mayoría de comunidades que están cerca. Estamos haciendo historia”, dijo Óscar Gamez, presidente del consejo.
El consejo comunitario ha teñido varias reuniones con representantes del gobierno en las últimas semanas. La más reciente fue el 7 de septiembre con Irene Vélez Torres, ministra de Minas y Energía, en el resguardo wayúu Tamaquito 2 de Barrancas. Le pidieron detener el proyecto minero y le propusieron ser la despensa agrícola de La Guajira también le pidieron que implemente una política minera enmarcada en el respeto por los pueblos y una mesa técnica permanente de diálogo de alto nivel entre la institucionalidad, autoridades locales y representantes de las comunidades étnicas y campesinas afectadas por la explotación minera en la media Guajira.
Vélez se comprometió a visitar Cañaverales en unos meses, pero no dio una fecha exacta, y dijo que desde el gobierno van a revisar los títulos mineros para crear un nuevo Código de Minas.
Lo que sigue: BCC deberá implementar el proceso de consulta previa con el consejo comunitario. De no lograrse este proceso, el documento explica que se tendrá que convocar una reunión con representantes del la gobernación de La Guajira, la alcaldía de San Juan del Cesar, la Personería municipal, y otras entidades como la Agencia Nacional de Minería y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) para discutir los posibles impactos y facilitar la construcción del test de proporcionalidad que soportaría la decisión final.
Por su parte, el consejo comunitario asegura que seguirá defendiendo y exigiendo el cumplimiento de esta decisión ante los entes públicos. Además, solicitará un nuevo estudio de las implicaciones del proyecto, sobre todo a nivel hidrográfico, ante una entidad independiente.
La comunidad del corregimiento Caracolí levantó el bloqueo que mantenía en la principal vía del sur del departamento, en el sector del puente El Guanábano, en la medianoche de este lunes 11 de octubre tras concretar una serie de acuerdos con la Gobernación de La Guajira y la Alcaldía de San Juan del Cesar. El paro, que se inició el pasado 10 de octubre y permaneció activo durante 46 horas, afectó a transportadores y habitantes de la zona que utilizan esta ruta con frecuencia.
¿Qué acordaron? Representantes de la comunidad de Caracolí, la administración municipal y la Gobernación se dieron cita en la sala de juntas del edificio de la alcaldía a las 8:30 de la noche. La reunión duró tres horas y al final la comunidad aceptó, al menos temporalmente, reabrir la vía.
La Gobernación y la Alcaldía se comprometieron a:
¿Cuál fue el motivo del bloqueo? Alrededor de 300 personas, entre ellas indígenas, se instalaron desde el lunes en el puente el Guanábano. Pusieron cabuyas de un lado a otro de la carretera y acomodaron ramas en el asfalto para impedir el paso de automóviles y camiones. Además, montaron carpas para resguardarse del sol y un fogón para cocinar un sancocho.
La comunidad protestó por el mal estado de la vía de acceso al corregimiento que, aseguran, les genera pérdidas económicas y pone sus vidas en peligro. El camino sin pavimentar es estrecho y suele tener derrumbes durante en épocas de lluvia. “Los choferes hacen maniobras para llegar al corregimiento. Pagamos el pasaje más caro del sur de La Guajira: cuesta 50.000 pesos ir a Caracolí”, dice Juan Montaño, autoridad de la comunidad indígena wiwa de Caracolí. Montaño asegura que el mal estado del camino ha llevado a que hoy no haya puesto de salud y el colegio esté deteriorado. “Sabemos que si mejora la vía vamos a poder cubrir nuestras necesidades”, afirma.
¿Qué tan grave fue el bloqueo? El cierre paralizó la movilidad en la carretera y generó una fila de carros y tractomulas de unos 3 kilómetros de extensión. Los transportadores fueron unos de los más afectados. Carlos Ramírez, un conductor que transportaba alimentos a Riohacha, permaneció detenido unas 30 horas. “Estamos sin agua, sin alimentos, y corriendo peligro porque ahorita más tarde puede venir la delincuencia a hacer de las suyas. Nadie nos ayuda, no hay autoridad”, dijo Ramírez el martes en la tarde.
Varios habitantes desistieron de viajar mientras otros buscaron otras rutas para poder desplazarse hacia el norte del departamento. Los conductores de camionetas tomaron las vías de El Tablazo a Conejo, o la de la Ye de Guayacanal a Distracción, que están deterioradas por las lluvias de los últimos días.
Quienes querían pasar por el bloqueo debían tomar un mototaxi hasta el Puente del Guanábano, caminar unos 200 metros, y tomar otro mototaxi para llegar hasta Distracción o a Fonseca. Este trayecto alcanzó a costar 14 mil pesos. Según un mototaxista, que se vio beneficiado y pidió no revelar su identidad, dijo que alcanzó a producir unos 300 mil pesos.
La deuda con Caracolí: En este corregimiento, que es la despensa agrícola de San Juan del Cesar, la gente cultiva yuca, plátano, tomate, guineo, ñame, café, aguacate, leche, carne y otros productos de pancoger. Pero hace 12 años resultó afectado por la construcción de la represa El Cercado. A inicios de los 2000, se clausuró la tradicional vía de acceso al corregimiento y se abrió una vía alterna que sigue en uso hasta hoy.
La comunidad lleva varios años denunciando el mal estado de la vía, como lo ha registrado Consonante. Además, ha reclamado la atención de la Gobernación y del Gobierno nacional para mitigar las afectaciones por la construcción de la represa El Cercado, en el río Ranchería. Pero no han tenido respuestas contundentes. Las peticiones de la comunidad se han convertido en una papa caliente que se han pasado de mano en mano las autoridades.
“Se hace necesario que los entes pertinentes entren a plantear o llevar a cabo un proyecto que mejore la vía o que se haga la pavimentación. El municipio tiene hasta cierta responsabilidad, y la Gobernación, pero es la ADR quien administra la represa”, dice Johana Daza, personera municipal.
Lo que sigue: En los próximos seis días la población de Caracolí conformará la veeduría ciudadana para revisar los avances en las obras. Llevarán los resultados a la mesa de seguimiento programada para el 18 de octubre. Mientras tanto, está pendiente la respuesta del Gobierno nacional a través de Invías y la ADR.
La jornada fue el domingo 25 de septiembre en el municipio de Certegui.
¿Cómo fueron las elecciones? 108 delegados oficiales de asociaciones comunales de los municipios de Bagadó, Novita, Medio Baudó, Medio San Juan, Istmina, Condoto, Tadó, Unión Panamericana, Lloro, Yuto, Quibdó, Riosucio, Bahía Solano y Certegui participaron en la elección. Durante la jornada funcionarios del tribunal de garantías, de la Alcaldía Municipal de Certegui y de la Defensoría del Pueblo hicieron el acompañamiento. El nuevo presidente elegido fue Lenin Gonzales.
¿Y los representantes de El Carmen? La presidenta de Asocomunal de El Carmen de Atrato, Laura Giraldo, resultó electa como delegada ante la Confederación Nacional de Federaciones Comunales. Esta confederación reúne a todas las Federaciones del país bajo la responsabilidad del Ministerio del Interior.
“Es un logro muy importante asistir a estas elecciones y poder formar parte de la organización en todos los niveles, teniendo en cuenta que el municipio llevaba muchos años por fuera de todos estos procesos. Estamos en un momento histórico, con un nuevo gobierno que apoya los comunales y en donde se abren espacios para la participación ciudadana y social” dijo María Fernanda Vélez, secretaria de la Asocomunal.
La frase del nuevo presidente: “Esta es una oportunidad única de exponer las problemáticas, poder sacar nuestras organizaciones adelante y poder contribuir a través de proyectos y de los beneficios que nos brinda el estado para sacar nuestras comunidades adelante, para decirle al Estado que nosotros como comunales sí podemos”
En esta reunión, que se llevó a cabo el 25 de septiembre en el teatro parroquial y a la que asistieron cerca de 45 personas, se definieron los temas claves a trabajar: la deforestación y la reactivación económica a través de la producción agropecuaria.
¿Qué está pasando? Se acordó que los días 7, 8 y 9 de octubre se realizará la primera mesa de trabajo sobre reforestación; allí se efectuarán visitas de verificación a los predios reforestados por la empresa. Los líderes ambientales están invitando a los ganaderos y dueños de predios a participar en este trabajo conjunto, un tema clave para el cumplimiento de la Órden Séptima de la sentencia T622 que le dio derechos al río Atrato.
¿A qué se comprometió Codechocó? Por su parte, Codechocó se comprometió a enviar el expediente ambiental de la mina a la Corporación socio-jurídica Siembra, esto con el objetivo de poder revisar en qué va el régimen de tránsito a la nueva licencia ambiental y así poder dar continuidad a la segunda audiencia pública.
¿Y Miner S.A.? La empresa se comprometió a socializar con los habitantes de todas las veredas y los entes de control cuáles son las actividades que están realizando en la parte alta del Carmelo. Esto después de que varios asistentes manifestaron dudas sobre las labores de exploración y sus impactos en las cabeceras de la quebrada.
El contexto: Estas mesas hacen parte de los compromisos pactados en la audiencia pública ambiental realizada el 28 de febrero de 2019 a Codechocó, en relación con sus funciones como veedor de la empresa Miner S.A. La mina continúa extrayendo cobre, oro y plata del suelo en El Carmen de Atrato a pesar de que su concesión minera se venció el pasado 23 de enero y la comunidad les ha pedido constantemente proyectos productivos para impulsar el campo, el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, más becas para educación universitaria y apoyo a las instituciones educativas.
La causa de las protestas, según las comunidades, es el incumplimiento del Estado a los compromisos que se han pactado en ocasiones anteriores.
¿Qué tan grave es la situación? A lo largo de la vía hay varios buses de empresas como Rápido Ochoa y varios camiones cargados con alimentos que no han podido moverse. En Tutunendo, por ejemplo, los pasajeros han tenido que bajarse de los buses y seguir caminando hasta el sector de la Troje, más o menos a una hora y media de camino. Los Consejos Comunitarios de la zona han ofrecido ollas comunitarias y alimentos a los transeúntes.
El primer paro fue en el sector de Tutunendo desde el martes 27 de septiembre. Solo hasta hoy Martín Sánchez, alcalde de Quibdó, los secretarios de despacho, representantes de la Diócesis de Quibdó y la Procuraduría, hicieron presencia en el sector para dar inicio a los diálogos con los líderes de las comunidades de Tutunendo, Ichó y Guadalupe
¿Qué piden las comunidades indígenas de El Carmen? El resguardo indígena Emberá Katio de El Dieciocho, emitió un comunicado a la opinión pública manifestando las razones para su bloqueo: “La comunidad indigena se siente indignada porque las autoridades competentes no quieren escuchar la convocatoria que se hace por la autoridad del resguardo convocada para el 27 de septiembre” dice en el documento. Exigen una mesa de concertación y diálogo con la Alcaldía Municipal, la Personería, Gobernación del Chocó, Secretaría de Educación departamental y otros actores. Este es el comunicado:
Por su parte, los indígenas Emberá Katio del resguardo La Puria, La Marcella, Guayabal, Río Claro y Río Mumbú dieron a conocer que el jueves 22 de septiembre iniciaron una minga pacífica en el sector de El Doce porque “las instituciones de orden departamental no cumplen con lo establecido”.
¿Qué dicen los transportadores? Un conductor que lleva tres noches atrapado en la carretera dijo: “ya no hay comida. Nos toca comer arrocito con huevo porque los lugares que vendían traen sus insumos de El Carmen o de Quibdó y por los dos lados está cerrado. Nosotros como transportadores no tenemos por qué llevar las consecuencias de las malas administraciones. Nosotros estamos prestando un servicio, no estamos metidos en la política. Siempre nos ponen de conejillo de indias para poder apretar al pueblo”.
Por su parte, Luz Estrella, dueña de un restaurante en el sector de El Veinte, no ha podido abrir su negocio porque se le acabaron los insumos. “No, estoy que no puedo comprar ni mi comida, no puedo hacer nada. Mejor dicho, la situación está difícil”
La cifra: En lo que va del 2022 ha habido por lo menos 31 bloqueos en la vía que conduce Quibdó- Medellín, la mayoría entre el sector de El Siete y Quibdó.
