En el taller, que se realizó con apoyo de la gobernación del Chocó y los gobiernos de España y Costa Rica, participaron voluntarios de siete municipios del departamento, y fortalecieron sus habilidades para gestionar y atender los riesgos que pueden presentarse en sus territorios.
¿Qué aprendieron?: Revisaron qué hacer en caso de deslizamientos o derrumbes y avenidas torrenciales. Estas últimas se dan cuando el nivel del agua de los ríos o las quebradas crece debido a las lluvias. Además, revisaron el plan familiar de atención de emergencias, entre otras problemáticas que están incluidas en el plan de gestión de riesgo municipal.
¿Quiénes participaron?: Mady Agudelo, representante del Hospital San Roque; Omar Benítez, secretario de Planeación
¿Qué dijeron los asistentes?: “Este fue el primer taller presencial para concientizarnos sobre lo importante que es conocer y vincular a la comunidad que conoce su territorio en tareas de gestión del riesgo”, dijo Omar Benítez, secretario de Planeación. Por otro lado, Mady Agudelo, representante del Hospital San Roque, dijo que " fue muy chévere, se hablaron temas muy interesantes y necesarios para la comunidad".
Lo que sigue: El Consejo Municipal de gestión de riesgo tiene la tarea de transmitir esta información a las diferentes veredas del casco urbano y rural la primera semana de octubre.
Este encuentro, que sucedió entre el 16 y el 18 de septiembre, fue el primero de su tipo en el municipio y sirvió para que los y las asistentes se comprometieran a participar activamente en espacios de diálogo, concertación y construcción de políticas públicas.
Los detalles: Los líderes y lideresas se concentraron en discutir acciones para fortalecer el campesinado, abrirle un espacio a los jóvenes en este oficio y avanzar en la búsqueda de su reconocimiento como sujetos de derechos. Además, planearon crear una escuela para el campesinado carmeleño para capacitar a más personas y aportar en la ejecución de propuestas y proyectos.
La actividad fue apoyada por la Diócesis de Quibdó, la Parroquia Municipal, la Alcaldía, la Corporación socio jurídica Siembra y otros líderes de organizaciones sociales y comunitarias como Agroecotur, Asocomunal, Fundación Mesa Social y Ambiental y los Guardianes del Río Habita.
Una frase: “Los campesinos somos un eje fundamental para el desarrollo y la vida de todo un país. Somos una minoría en el departamento y en el Carmen de Atrato estamos siendo totalmente invisibilizados, por ello es importante que se sepa que somos campesinos, que estamos en la región y que no queremos perder nuestro territorio”, dijo Isabel Cristina Rincón.
El contexto: El acceso a la tierra, el estado de las vías y la falta de apoyo para comercializar sus productos son algunas de las preocupaciones de los campesinos carmeleños. Si le interesa saber más sobre sus preocupaciones, puede leer este fotoreportaje.
Después de haberse desplazado hace dos meses desde El Dieciocho hasta Medellín, 124 indígenas Embera Katio retornaron al municipio. El retorno se dió luego de que la comunidad llegara a un acuerdo con la Alcaldía de El Carmen de Atrato para recibir ayuda humanitaria. Además la Unidad de Víctimas de Antioquia incluyó estás familias en el registro Único de Víctimas, que, entre otras cosas, les garantiza seguridad alimentaria durante el primer año tras el desplazamiento. La Alcaldía de El Carmen cubrió los gastos de pasajes, alimentación, acompañamiento por enlace de víctimas, comisaría de Familia y acompañamiento psicológico.
¿Por qué se demoraron tanto en volver? A finales de junio la comunidad había participado en el comité de Justicia Transicional de El Carmen de Atrato para evaluar su situación. Sin embargo, el comité, que estaba conformado por autoridades locales, concluyó que no hubo amenazas ni algún tipo de vulneración que causara su desplazamiento. En ese momento la Unidad para las Víctimas de Antioquia empezó un estudio para verificar si estas familias entraban dentro de la ruta de atención de desplazados por actores del conflicto armado. Este proceso duraba 90 días y no fue sino hasta hace dos semanas que la Unidad resolvió que si cumplían los requisitos para entrar dentro en el Registro Único de Víctimas.
¿Qué decidió la Unidad de Víctimas? “Si bien no tuvieron ninguna afectación directamente ellos, ninguna amenaza directa ni heridos, se les reconoció en la declaración ante la Personería por el hecho victimizante de desplazamiento forzado. Se comprobó que en la zona hay presencia de grupos armados ilegales y/o que hay antecedentes de problemas de orden público, situación que los obligó a dejar su lugar de origen”, dijo Juan Carlos Monroy, de la Unidad de Víctimas de Antioquia.
Líderes y lideresas se reunieron para reflexionar sobre cómo impulsar la construcción de paz y gestionar mejor los conflictos en sus comunidades durante la versión número 35 de la semana por la paz. Entre el 4 y el 11 de septiembre, el equipo parroquial y la alcaldía visitaron varias comunidades rurales e instituciones educativas, también sembraron árboles en los hogares comunitarios y organizaron una marcha por la paz y la reconciliación. Además, el equipo parroquial y Asocomunal organizaron dos encuentros con líderes sociales y ambientales para definir acciones que contribuyan a la construcción de paz en el municipio.
Estos eventos se hicieron en el marco del Día de los Derechos Humanos y el Día de San Pedro Claver, misionero que dedicó su vida a aliviar el sufrimiento de esclavos en Cartagena de Indias.
Dos iniciativas destacables: Uno de los resultados más importantes fue el compromiso de un grupo de líderes de formular un proyecto para dar cumplimiento prioritario a la orden 7° de la sentencia T-622 de la Corte Constitucional, relacionada con la productividad y la autonomía alimentaria. Por otro lado, los integrantes de Asocomunal construyeron un plan de desarrollo comunal que esperan ejecutar este año, y una propuesta para capacitar a las comunidades en la nueva ley comunal. También discutieron una ruta para la resolución de conflictos.
¿Qué dijeron los participantes? Destacaron la importancia de tener el apoyo de la comunidad y de retomar las acciones comunitarias que se perdieron en el territorio como consecuencia de los años de violencia. “Es necesario buscar estrategias para evitar que nos sigan dividiendo; concientizar a las personas para trabajar unidos, sin importar la política, la religión o el estrato social. También hay que exigirle al gobierno local sus responsabilidades frente a las realidades de las veredas” dijo uno de los líderes asistentes al evento. Otra habitante de la vereda El Siete dijo: “en la vereda nos mataron un presidente de JAC por señalamientos en la época de la violencia política en Colombia, hoy estamos buscando que en las juntas de acción comunal hagan cosas representativas para nuestras comunidades”
Más de 100 adultos mayores de 60 años provenientes de La Mansa, La Argelia, El Siete, El Porvenir, La Arboleda, Zona Centro y una delegación del municipio de Betania, Antioquia, se reunieron para celebrar el día del adulto mayor el martes 13 de septiembre. Durante la jornada, se realizó una comparsa que recorrió las calles desde el parque hasta el coliseo municipal, un intercambio de experiencias y conocimientos con Betania y un encuentro intergeneracional con artistas de diversas edades. Además hubo serenata y cantantes.
Por qué es importante: Para Natalia Mazo, secretaria de salud del municipio y organizadora de la actividad, esta celebración permite “sensibilizar a toda la población sobre la importancia que ellos tienen por su experiencia y por su conocimiento, para que no sean ignorados o dejados a un lado y buscar redes de apoyo para protegerlos”.
Qué dijeron los adultos mayores: “Yo me sentí como una niña de 15 años, se me olvidaron los dolores, pasamos muy delicioso y nos integramos entre nosotras mismas y con personas de otro municipio”, dijo Marleny de Jesús Taborda, del club de la salud de la zona urbana. Para ella los clubes de la salud son importantes porque son un grupo que se ha venido consolidando y cada día crece más: “cada 8 días nos acompañan con la gimnasia y están muy pendientes de uno, estamos haciendo ejercicio para la salud”.
Lo que falta: Para Marleny de Jesús Taborda al adulto mayor en el municipio le falta un espacio propio en donde pueda desarrollar sus actividades, teniendo en cuenta que el coliseo o las canchas disponibles se deben compartir con los demás grupos etarios en el municipio.
Hasta un millón de pesos podrían llegar a pagar los propietarios de los lotes enmontados en la zona urbana de San Juan del Cesar. La alcaldía emitió el decreto 054 con el que sancionarán a los propietarios de los lotes sin edificar que no estén cerrados con paredes seguras y de difícil acceso, que se encuentren enmontados, que hayan sido convertidos en basurero o que sean usados por delincuentes o drogadictos.
Una estrategia para combatir la inseguridad: Con esta medida, la Alcaldía busca hacerle frente a la inseguridad en el municipio. Según Jesús Manuel Rois, inspector encargado, varias de las denuncias de hurto que llegan a la Policía son cometidos en los alrededores de estos lotes debido a la falta de visibilidad por la vegetación y la oscuridad. Además, esperan que esta limpieza reduzca los casos de dengue que han aumentado en las últimas semanas.
¿Cómo funcionará el decreto? Después de notificado, el propietario del lote deberá firmar un acta de compromiso de Convivencia Ciudadana ante la inspección de policía para hacer las adecuaciones necesarias. Si los cambios no se hacen en el tiempo estipulado, el propietario tendrá que pagar una multa de uno (1) a treinta (30) salarios mínimos legales diarios por cada día que pase después de cumplido el término pactado.
Según Jesús Manuel Rois, inspector encargado, los recaudos irán a proyectos de convivencia ciudadana. “Lo que buscamos es adelantar, concientizar, facilitar aquellos ciudadanos para sensibilizarlos acerca de políticas públicas, de limpieza, salud, recreación, cultura, y de otros aspectos sociales que se pueden regir en nuestro municipio” dijo Rois.
¿Qué dice la gente? “Estas estrategias son buenas, sobre todo si son notificadas a tiempo, para poder cumplir con la ordenanza del decreto y apoyar a la erradicación de criaderos de zancudos y aplanar la inseguridad reinante en el municipio” dijo Yadith Velázquez, propietaria de un lote en el barrio Loma Fresca.
Un grupo de 65 vigías rurales de toda La Guajira, en los que están 11 personas de San Juan del Cesar, fue capacitado por Corpoguajira en prevención de incendios forestales, protección de ecosistemas estratégicos y uso y ahorro eficiente del agua. Este grupo tendrá la misión de apoyar la red de gestión del riesgo de alerta temprana en zonas críticas afectadas por incendios forestales, inundaciones, ganadería extensiva, tala ilegal, entre otros problemas medioambientales.
¿Qué harán en San Juan? Los vigías deberán vigilar el río Cesar para evitar que personas sigan extrayendo material de arrastre como arena, gravilla y piedra a su paso por el corregimiento de los Pondores donde en los últimos meses la fundación Salvemos el Rio Cesar activó las alarmas de denuncias. “Esta primera red permitirá el empoderamiento de las comunidades sobre el territorio, para aportar y apoyar la gestión ambiental que desarrollamos en toda La Guajira”, afirma Samuel Lanao Robles, director general de Corpoguajira.
Qué dicen los vigías: “A través de nuestro trabajo estamos generando conciencia y estamos dispuestos a contribuir con el cuidado del medio ambiente”, dice Luis Ramos.
“Hemos conformado esta primera red que implementará importantes acciones que estarán acompañadas de un trabajo de sensibilización y capacitación que permite el empoderamiento de las comunidades
En pantalla gigante y con la presencia de Silvestre Dangond se estrenará el primer capítulo de la novela de Leandro Díaz el próximo lunes 19 de septiembre. El evento de lanzamiento será desde las seis de la tarde en la tarima Juancho Rois, y además de contar con la presencia del cantante vallenato, asistirá parte del elenco de la novela y representantes del canal RCN.
Qué dice la gente: “Este estreno es algo que esperábamos con mucho entusiasmo y que bueno que sea en nuestro municipio donde se ha desarrollado esta historia. Nos permite dar a conocer muchos sitios y paisajes turísticos, así como en su momento también influyó en la reactivación económica”, manifiesta Brayan Molina estudiante infoteista con mucha expectativa sobre el lanzamiento.
El contexto: Desde inicios de año la presencia del equipo de producción y el elenco del canal RCN transformó la cotidianidad. La grabación de la novela se convirtió en una fuente de ingresos para el sector hotelero, turístico y ayudó a la reactivación económica. Puede leer más sobre el impacto de la telenovela de Leandro Díaz en San Juan del Cesar aquí.
Augusto Mejía, de 19 de años, comienza su día desde las cinco de la mañana. Se levanta, se baña, se pone el uniforme y sale en su cicla. Desde el barrio 12 de Octubre hasta la Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Fonseca tarda cinco minutos, o diez, dependiendo de la energía que tenga. Si no tiene bicicleta, son 15 o 20 minutos caminando. A las seis y media de la mañana ya está en el colegio, listo para empezar clase. Y para desayunar. Tiene clases hasta las doce y media, luego un receso para almorzar , y por ser estudiante de undécimo grado debe estudiar otras dos horas y media. La segunda jornada se acaba a las cinco y llega a su casa a las cinco y media de la tarde.
Desde hace más de 18 días Augusto hace toda esta rutina prácticamente sin comer. Durante este tiempo el cansancio o el mareo le han ganado un par de veces y ha faltado a la segunda jornada. Es lo mismo cada vez que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) se suspende en La Guajira. Este año ya van tres veces.
Así como Augusto, más de 8.688 estudiantes de las cinco Instituciones Educativas de Fonseca, con cada una de sus sedes, llevan más de dos semanas sin recibir el desayuno o el almuerzo que garantiza el PAE. Las consecuencias de esto empiezan a ser notorias, principalmente con el aumento de la deserción. A un curso de primaria al que normalmente asisten 32 niños y niñas, en la sede de primaria Cleotilde Poveda del colegio Tomás Emilio Medina, en la última semana solo han asistido entre 15 o 18 estudiantes.
A las profesoras y a la coordinadora Nelvis Peralta los mensajes en Whatsapp de los padres y madres de familia preocupados les llenan el celular cada mañana: “Coordinadora no se lo voy a mandar porque anoche no hubo comida y no lo puedo mandar así”, le dice uno de los padres en la mañana del lunes. Para muchos, el desayuno que le daban cada día a sus hijos en el colegio era un alivio económico, y sin esa ayuda, no tienen más opción que dejarlos en la casa mientras consiguen para la comida del día.
El PAE brinda un complemento alimentario (desayuno, complemento o almuerzo) a los niños, niñas y adolescentes de los colegios públicos. Los criterios para otorgar este servicio son: que en el colegio haya jornada única, que pertenezca a una zona rural, y, si pertenece a zona urbana, que atienda a población vulnerable (población de comunidades étnicas, víctima del conflicto armado, o con vulnerabilidad nutricional y socioeconómica)
El problema de la deserción
En San Juan del Cesar la falta de alimentos también ha dejado pupitres vacíos. En la Institución Educativa Normal Superior, que tiene más de 1600 estudiantes en tres sedes, las directivas han tenido que recortar dos horas de la jornada educativa. Los estudiantes de décimo y undécimo grado tienen que volver a su casa desde el mediodía porque no hay almuerzo, y los otros grados que están en jornada única no tienen merienda. Según el rector Edward Fragozo el rendimiento académico y la motivación de los estudiantes va en picada.
Y es que, “el PAE se percibe como un incentivo para que los estudiantes asistan más a la escuela y facilita el proceso de aprendizaje, lo que se traduce en mejor rendimiento académico”, dice una investigación publicada este año por el Centro de Estudios Sobre Desarrollo Económico (CEDE), de la Universidad de los Andes. Según el estudio, los estudiantes que reciben el PAE en Colombia tienen menos probabilidades de ausentarse, desertar y repetir un año escolar comparado con los que no tienen el beneficio.
Como Augusto, Luis Sebastián Maestre, de undécimo grado, también se levanta a las 5:30 de la mañana, para llegar a la Institución Educativa Manuel Antonio Dávila, en San Juan del Cesar. Tampoco desayuna. Cuando puede, lleva merienda, cuando no, termina la jornada sin haber comido nada. “Ya por la costumbre es rara la vez que me da hambre —dice Luis— pero sí me hace falta (el PAE)”. En su colegio se obligan a salir más temprano porque la energía a los estudiantes ya no les alcanza para terminar la jornada escolar.
Esta tampoco es la primera vez que se suspende el servicio del PAE en San Juan del Cesar. En lo corrido del año ha habido problemas en el suministro debido a los anuncios de paros armados declarados por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia en La Guajira. El 13 de mayo, la justificación del PMA y la Gobernación fue que no había transporte para llevar los alimentos.
Además del problema de abastecimiento, los rectores de los colegios de San Juan han denunciado que no tienen la infraestructura adecuada para almacenar, cocinar y servir las comidas. En el municipio solo hay un restaurante escolar en el megacolegio Altos de la Prosperidad. Las demás instituciones tienen espacios improvisados mientras esperan la inversión de los gobiernos departamental y nacional.
¿Por qué no llega el PAE?
El 21 de agosto, la Contraloría alertó que en La Guajira el programa podría quedar suspendido por un problema político, pues en este departamento el gobernador José Jaime Vega se encuentra encargado y no en propiedad. La Asamblea Departamental debía darle facultades a Vega, para que él pudiera hacer una modificación del presupuesto con el fin de incorporar los recursos que los municipios aportan al programa. Para entonces, la Asamblea no lo había hecho. Con esa autorización, la gobernación debía pagar las responsabilidades adquiridas con el Programa Mundial de Alimentos (PMA), que es el operador del PAE en La Guajira desde 2017.
Pero ocurrió lo que la Contraloría temía. Solo hasta el 24 de agosto la Asamblea Departamental facultó a Vega para modificar el presupuesto de La Guajira. En ese momento, Fabián Acosta, secretario de Educación del departamento, envió una circular anunciando que con estas acciones el servicio se reanudaría el lunes 29 de agosto, pero eso no pasó. Sólo unos días después, el 5 de septiembre, Danilo Araujo Daza, secretario de Educación encargado, dijo: “ya tenemos consolidados los recursos que van a posibilitar que en el día de hoy sean girados al Programa Mundial de Alimentos que es quien lidera y quien está a cargo del PAE”. Pero el alimento no llegó.
El jueves 8 de septiembre el gobernador (E) tuvo una mesa de trabajo con la Asociación de Docentes de La Guajira (Asodegua) y la Asociación de Rectores de La Guajira. Allí se habló de la posibilidad de decretar Emergencia Educativa en el departamento, con esto podría solucionar el tema del PAE y la falta de transporte escolar que también tiene bloqueados a los y las estudiantes desde la semana pasada, además de llamar la atención del gobierno nacional. Durante esa reunión el secretario de Educación Danilo Araujo aseguró que ya se estaban girando los recursos para que el PMA pueda hacer los pagos pertinentes, pero advirtió que no iba a ser inmediato: “Este programa necesita por lo menos una semana para comprar provisiones y poder reiniciar”, explicó el secretario.
El PAE en La Guajira y en otros siete departamentos vive un momento crítico. Según el último informe de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana y de la mano del Ministerio de Educación Nacional y su Unidad "Alimentos Para Aprender", UAPA, 453.481 niños, niñas, jóvenes y adolescentes estudiantes de colegios públicos no han recibido el beneficio en lo que va del segundo semestre del calendario académico.
Más de 453 mil niños, niñas, jóvenes y adolescentes estudiantes de colegios públicos no han recibido el PAE en lo que va del segundo semestre del calendario académico.
Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana
En la misma investigación, la Contraloría se dio cuenta de que en 29 colegios (de 183 que sirvieron de muestra), no se realizaron entregas del PAE el día en que inspeccionó los establecimientos. Además, encontró que en 28 de las instituciones educativas visitadas (15 por ciento) no hay cocina, 33 (el 18 por ciento) no tiene comedor, 39 (el 21 por ciento) no cuenta con un lugar de almacenamiento y la misma cantidad no tiene un lugar para la refrigeración de los alimentos.
La veeduría al programa es una de las falencias más grandes. En 125 de las instituciones visitadas por la Contraloría (el 68 por ciento), aún no se han conformado las veedurías de padres de familia y en 24 (el 13 por ciento) aún no están conformados los Comités de Alimentación Escolar (CAE).
Sin embargo, la conformación de los comités tampoco es una garantía. Por ejemplo, en el colegio El Carmelo de San Juan del Cesar, el rector, representantes de los padres de familia, docentes, beneficiarios, )el contralor,el personero estudiantil y representantes de las manipuladoras conforman un CAE, pero es poco lo que pueden hacer. Al final de cada una de sus reuniones queda un pronunciamiento y la constancia documental de que siguen sin recibir el alimento, pero el problema continúa.
Un futuro incierto
La Contraloría llamó la atención a las Entidades Territoriales Certificadas que ejecutan el PAE, para evitar la suspensión del servicio y garanticen el servicio durante todo calendario académico, como lo ordena la Ley 2167 de 2021. Y sobre todo pidió que aseguren la disponibilidad de recursos por períodos iguales o superiores a la temporada escolar por parte de los distritos, departamentos y municipios.
Por otra parte, la Unidad "Alimentos Para Aprender", UAPA, ha señalado la importancia del control social durante las fases de planeación y ejecución del PAE y de la conformación de veedurías de padres de familia y Comités de Alimentación Escolar.
Por ahora, el futuro del PAE es incierto. El pasado 18 de agosto, el presidente Gustavo Petro expresó su interés en cambiar el manejo del programa durante su gobierno. Indicó que el sistema debía estar administrado por las asociaciones de padres de familia y que la alimentación debía ser mucho más que un refrigerio: “Lograr una nutrición real de la población que llega al colegio, es lograr que asociaciones de padres de familia los que tengan bajo su responsabilidad los dineros, la compra de alimentos, y la elaboración ojalá para que todos los niños y niñas de Colombia pudieran tener comida caliente mientras estudian”, dijo. Sin embargo, en La Guajira, mientras se formula una solución de fondo que resuelva los problemas de la alimentación estudiantil, Augusto, en Fonseca, Luis Sebastián, en San Juan del Cesar, y sus compañeros solo esperan que se reanude el servicio de alimentación estudiantil que para ellos, en la mayoría de veces es la única opción de recibir almuerzo y una merienda en el día.
Tres nuevos casos de dengue fueron reportados esta semana al sistema de vigilancia en salud pública (Sivigla). Con estos ya son 73 casos que se han presentado en San Juan del Cesar en lo que va del 2022. El 64,4 por ciento (47) corresponden a casos con signos de alarma, el 32,9 por ciento (24) a casos sin signos de alarma y el 2,7 por ciento (2) a casos de dengue grave. Hasta la fecha no se han notificado muertes por dengue en el municipio.
Durante el año 2022 se activó el plan de contingencias para la prevención y atención de casos de Dengue teniendo en cuenta el brote que tiene lugar en el departamento de La Guajira.
Preocupación en la IE El Carmelo: Según el reporte, varios de estos contagios se han registrado en la Institución Educativa El Carmelo, donde un brote entre los estudiantes tiene preocupados a los padres de familia. Edward Fragoso, rector de la institución, alertó que algunos casos son de consideración, “incluso dos estudiantes fueron ingresados a cuidados intensivos donde su evolución es favorable, pero el colegio no es el foco de contagio como se ha querido presentar, ya que en su mayoría los casos comprobados son de estudiantes que reciben las clases en la institución, pero viven en el municipio del Molino” explica.
Lo que dice la gente: El secretario de salud, Laín López Martínez, asegura que la propagación del virus está controlada con un cerco epidemiológico. También están buscando los casos activos, fumigando y haciendo sensibilización casa a casa. “Debemos mantener la alerta máxima por la temporada de lluvias. Por eso estamos intensificando las acciones con la comunidad y a nivel hospitalario con todos los protocolos” López hizo un llamado a los habitantes para que en caso de presentar alguna sintomatología relacionada con el dengue, consulten de inmediato en los centros de salud.
Desde el 6 de septiembre los estudiantes de la zona rural de San Juan del Cesar no cuentan con el servicio de transporte escolar después de que la gobernación de La Guajira suspendiera de forma provisional la audiencia de adjudicación del nuevo contrato para los 12 municipios no certificados. En total son más de nueve mil estudiantes en toda La Guajira que actualmente no cuentan con el servicio.
José Jaime Vega Vence, gobernador encargado, propuso que mientras se soluciona el problema los estudiantes reciban clases virtuales. Esta y otras soluciones fueron discutidas el jueves 8 de septiembre en la mesa de trabajo que tuvo el gobernador junto a la Asociación de Docentes de La Guajira (Asodegua) y la Asociación de Rectores de La Guajira. También se habló de la posibilidad de declarar Emergencia Educativa en el departamento, con esto podría solucionar inmediatamente el tema del transporte escolar, además de llamar la atención del gobierno nacional.
Lo que dicen los padres de familia: Carlos Eduardo Tirado ha tenido que llevar a sus hijos desde el corregimiento de Corralejas hasta la Institución Educativa Ana Joaquina de Cañaverales, media hora de camino por trayecto. “Me veo afectado porque tengo que trasladar a mis tres hijos hasta la institución y recogerlos, lo que me conlleva a dejar de lado el trabajo.. y si no trabajo ¿cómo los mantengo?. La única solución a esta problemática es retirarlos del colegio hasta que reactiven de nuevo el transporte porque de mi trabajo diario es que comemos todos los días” explica.
¿Por qué no funciona el transporte escolar? El contrato con el operador de transporte que ofrecía el servicio en el departamento venció el pasado 5 de septiembre. A última hora, la gobernación de La Guajira suspendió de forma provisional la audiencia de adjudicación del nuevo contrato porque Transporte Sensación, uno de los proponentes, aseguró que uno de los documentos aportados por Transporte Relaturg, otro proponente, podría ser falso.
Con un partido amistoso de microfútbol entre las selecciones de San Juan del Cesar y Urumita, se inauguraron los juegos Intercolegiados en su fase departamental. El evento inaugural, que contó también con la presencia de diferentes delegaciones, se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto de Formación Técnica Profesional (INFOTEP) el pasado miércoles 7 de septiembre.
En estos juegos participan las Instituciones Educativas Manuel Antonio Dávila y El Carmelo, en las disciplinas de atletismo, natación, ajedrez, boxeo, patinaje, fútbol sala, fútbol y voleibol para las categorías juvenil y pre-juvenil. La competencia es clasificatoria para la fase zonal regional que será en Santa Marta y posteriormente para los juegos nacionales.
El Centro Nacional de Memoria Histórica publicó esta semana un informe en el que señala que el Bloque Pacífico fue el responsable de “afectaciones muy grandes” a las comunidades indígenas, mestizas y afro de El Carmen de Atrato durante el auge del conflicto armado. El documento “La guerra vino de afuera. El bloque Pacífico en el sur del Chocó: una herida que aún no cierra” también explica el accionar del Bloque Pacífico de las AUC en todas las subregiones del Chocó
El lanzamiento del informe: El evento de lanzamiento fue en Istmina y Quibdó el 6 y 7 de septiembre, respectivamente, en el marco de la Semana por la Paz. Contó con la participación de organizaciones de víctimas y sociales del departamento, la Diócesis de Quibdó e Istmina - Tadó, la Comisión Vida, Justicia y Paz, algunos consejos comunitarios, la comunidad académica de la Fundación Universitaria Claretiana y los medios de comunicación locales que hicieron parte de los talleres de memoria histórica y de validación.
Las conclusiones: Laura Bibiana Escobar, coordinadora del informe, explicó que este documento esclarece que el Bloque Pacífico (un grupo paramilitar que operó entre 2002 y 2005 bajo la comandancia general de Luis Eduardo Echavarría Durango, alias Jonathan) fue el principal responsable de los hechos de violencia en el municipio. Explicó además que "hubo cooperación con grupos paramilitares del suroeste. En El Carmen dicen que venían de Ciudad Bolívar, pero fue una acción coordinada que hicieron con la excusa de hacer una acción contrainsurgente (contra el Ejército Revolucionario Guevarista ERG), y esto generó una estigmatización contra la gente".
El informe también concluyó que El Carmen de Atrato fue uno de los municipios más afectados por la desaparición forzada de personas en el Chocó junto a Quibdó, San José del Palmar e Istmina.
La frase: “Encontramos que, como estos grupos paramilitares no tenían nombres, en los registros se tienen como responsables de las incursiones a Guaduas y a La Argelia al Bloque Metro o simplemente "paramilitares".
El sábado 3 de septiembre se realizó la primera asamblea ordinaria de la recién nombrada Asocomunal en el salón comunitario de la vereda El Siete. En la reunión, que contó con la presencia de 16 representantes de ocho juntas de acción comunal, se crearon y aprobaron los estatutos, es decir, la guía legal para todas las acciones de la organización que funcionará por primera vez en el municipio. Los líderes también socializaron la Escuela del Campesinado, una propuesta que vienen trabajando desde 2021 para reivindicar los derechos de los campesinos y unirse al movimiento nacional que busca su reconocimiento como sujeto de derechos.
¿Qué dice la gente? Para Inés Vázquez, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Siete, la reactivación de Asocomunal es muy importante para los procesos comunitarios que se quieren lograr en el territorio: “pongo un ejemplo, si en una familia no está la cabeza principal, que es la mujer-madre, las cosas fallan. La Asocomunal para mi es como la mamá de todas las acciones comunales y a pesar de que nosotros como juntas somos autónomos, la asociación es la que está inscrita en la federación de acciones comunales y llevan nuestras inquietudes a lo alto”
El contexto: Esta es la primera reunión después de que se eligieron los dirigentes de la asociación en julio. Allí fueron elegidas y elegidos: Laura Cristina Giraldo Rodriguez como presidenta; Rodrigo Saldarriaga como vicepresidente; María Fernanda Vélez Restrepo como secretaria; Claudia Cristina Álzate Oñate como tesorera y Luz Stella Buitrago Castrillón como fiscal.
Cerca de 25 personas, víctimas de desaparición forzada, se reunieron en el parque principal el martes 6 de septiembre para la primera conmemoración del día internacional de las víctimas de desaparición forzada que se realiza en el municipio. El evento, organizado por la Alcaldía y el enlace de víctimas, tuvo como lema “Aquí falta alguien”.
La conmemoración se inició con el himno, saludo y bienvenida de Johana Alzate, Alcaldesa encargada. Le siguió una intervención de Diego Montoya, presidente del Concejo, palabras del padre Yeison Mosquera, párroco de Nuestra Señora del Carmen, y una presentación de la Escuela de Música de El Carmen de Atrato. Durante la jornada se conmemoró a las personas desaparecidas con mensajes emotivos, globos y flores blancas. Además, la Alcaldía se comprometió a volver esa conmemoración una tradición.
¿Qué dice la gente? Jose Vicente Ruiz Zapata lleva 27 años esperando a su hijo Wilder Ruiz, desaparecido el 3 de enero de 1975 en puerto Nare, Antioquia. Con dolor pidió conocer la verdad: “yo estuve en una reunión con un cabecilla de los paramilitares, ellos me lo negaron, nunca lo han reconocido. En estos momentos, necesito apoyo psicosocial, económico y una aclaración de por qué no lo han reconocido” dice Jose Vicente.
Las dificultades en la búsqueda: El Carmen de Atrato es uno de los municipios más afectados por la desaparición forzada en el Chocó, sin embargo, todavía hay muy poca información que permita dar con su paradero. De hecho, aún no se sabe con certeza cuáles fueron los actores armados que perpetraron las desapariciones. Según los datos de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), en este municipio chocoano hay 79 personas desaparecidas. Aunque desde hace un año la diócesis ha trabajado con la UBPD en el rastreo e identificación de nuevos casos, sólo 30 familias se han acercado para iniciar los procesos.
Miner S.A se unió esta semana al HUB de Innovación del Cobre, una iniciativa de la empresa chilena Quintil Valley que busca compartir buenas prácticas operacionales, ambientales y sociales, a nivel nacional y global, entre empresas mineras y organizaciones de Chile, Perú, Suecia, Nueva Zelandia, Australia y Colombia. La iniciativa fue lanzada en el marco del Congreso Nacional de Minería, de la Asociación Colombiana de Minería, en el que estuvo presente la nueva ministra de Minas y Energía de Colombia, Irene Vélez.
Junto a El Roble, están Metalmax Mining, Libero Cobre, Max Resources, Minerales Córdoba, Minera de Cobre Quebradona, Royal Roads, Rugby Limited e International Materials.
Lo polémico: Este acuerdo se da en medio de la incertidumbre que hay en la comunidad por la nueva licencia que espera Miner S.A. desde hace siete meses. “El análisis que queda es que el contrato está, solo que no lo han firmado. Si ellos están haciendo alianzas es porque ya tienen seguridad. Puede que no hayan firmado aún por los trámites y el cambio de gobierno, pero lo que muestra es que ya negociaron” dice Dario Cújar, ingeniero de minas y metalurgia que ha investigado a fondo este caso. Sin embargo, también explicó que la alianza puede ser una luz frente a lo que tanto ha pedido la comunidad: las labores de compensación, ambientales y sociales, que debería hacer la empresa en el pueblo.
Miembros del Comité de seguimiento ambiental, esta vez con presencia de Codechocó, visitaron los túneles de la empresa Miner S.A el martes 30 de agosto para verificar los mecanismos con los que la empresa cumple con sus obligaciones ambientales. Entre las organizaciones que participaron del recorrido, que se dio en el marco de la audiencia pública ambiental a Codechocó, estuvieron a Fundación Mesa Social y Ambiental, la Mesa Indígena del Chocó, la Pastoral Social Diócesis de Quibdó, Planeación Municipal, la Corporación jurídica Siembra y la Umata.
Al siguiente día, los representantes de estas organizaciones, incluida Codechocó, desarrollaron una serie de mesas de trabajo para definir los planes de acción sobre varios temas: conservación, la restauración, la reforestación, el monitoreo comunitario, el fortalecimiento a la soberanía alimentaria, la productividad y las vías de acceso al municipio.
Qué dijeron los líderes: Para Marcela Sánchez, Guardiana del Río Atrato, “es fundamental que la Agencia Nacional Minera esté presente en los espacios de interlocución con las comunidades. Además de la ANLA y el ministerio de medio ambiente”.
Por qué es importante esta visita: Las organizaciones sociales llevaban esperando esta visita desde hace varios meses. En julio, se había pactado una fecha para ir a la mina, pero Codechocó incumplió la cita y, a pesar de que varias personas pudieron conocer de cerca los manejos ambientales de la minera, no pudieron evaluar técnicamente los procesos relacionados con el cuidado ambiental que hace la empresa porque no asistió Codechocó.
La ñapa: El ingeniero de Miner SA Darney Ceballos se refirió al hecho de que la empresa lleva siete meses funcionando con una licencia vencida. “No es culpa del usuario que el Estado no decida y defina con celeridad acerca de los permisos, la empresa ha venido trabajando para que el estado diga que sí. El trámite está en proceso de transición pero estamos a la incertidumbre” dijo. Aseguró que esta es la razón por la que no están haciendo compromisos a largo plazo de proyección social y comunitaria.
Ceballos también habló de la deuda por el no pago de regalías que tiene la minera. Según el ingeniero, la empresa ya está a la espera de que un tribunal defina si debe o no hacer el pago.
El jueves 1 de septiembre más de 150 personas llegaron hasta La Argelia para celebrar la tercera versión del Atrato Fest, un festival de cultura ambiental que busca promover la defensa del río Atrato y divulgar la Sentencia T-622 que lo reconoció como sujeto de derechos. El evento fue iniciativa de la Fundación Mesa social y Ambiental y contó con el apoyo de la Alcaldía municipal, la empresa Aguas del Carmelo, el Cuerpo Colegiado de Guardianes del Atrato, los Guardianes del Río Habita y la IE Liceo Marco Fidel Suarez.
¿Qué es el Atrato Fest? El festival, que tiene como lema este año “Cinco años de un río con derechos”, se inició el martes 30 de agosto y va hasta el domingo 4 de septiembre. En el marco de este evento también se han realizado actividades en Quibdó, San Isidro, Curvaradó, Villa Contó, Doña Josefa, Riosucio, Bagadó y la comunidad indígen Abejero.
¿Qué pasó en La Argelia? En la mañana, un grupo de líderes ambientales dictó tres talleres relacionados con el manejo de residuos, la sentencia T-622 y las órdenes quinta, sexta, séptima y octava. En la tarde, los asistentes realizaron un recorrido desde la escuela hasta la capilla, recolectando todos los desechos y concientizando a las personas frente al adecuado manejo de los mismos. Además, la empresa Aguas del Carmelo dispuso de un vehículo para recoger la basura desde la parte alta de la vereda, donde se acumula gran cantidad de residuos porque no pasa el camión recolector. .
¿Por qué es importante? En 2017 la Corte Constitucional decidió que el río Atrato estaba reconocido como sujeto de derechos a “la protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y las comunidades étnicas”. La sentencia T-622 de 2016 es el instrumento clave de los líderes ambientales, quienes aseguran que desde la implementación son tan pocos los avances, que ni siquiera se pueden medir en porcentajes.
Lo que sigue: Todavía hay actividades programadas en otros municipios. Puede ver la programación completa aquí.
Angie Melisa González es una de las ganadoras de la beca del programa Fulbright para estudiar una maestría en Estados Unidos el próximo año. El programa, en alianza con el Ministerio de Cultura, abrió por primera vez este año dos cupos en la categoría de artistas para dos personas que representarán a las comunidades negras e indígenas. Angie Melisa es la primera persona en ganar esta beca con enfoque étnico.
¿Quiénes son los otros estudiantes seleccionados? Los cuatro colombianos seleccionados y sus áreas de estudio fueron: Maria Alejandra Torres Galindo (Cinematografía y Cine/Video), Jorge Alberto Vega Rivera (Cinematografía y Cine/Video), Brenn Romero Moreno (Lingüistica y estudios relacionados) y Angie Gonzalez (Preservación y conservación de la historia). Ellos iniciarán sus estudios en el segundo semestre del 2023.
Lo que dijo Angie: “Quiero que el mundo entero conozca mi Chocó, mi Chirimía. Cuando una se entera de estas noticias, la vida le cambia. Aquí está la menor de Nancy Chaverra, espero que mami esté tan orgullosa que siempre pueda recordar que lo que mi hermanita y yo hacemos es por ella. Ojalá que doña Nancy esté más feliz que yo, porque aquí está el resultado de lo que ella formó”, escribió Angie Melissa en su perfil de Facebook.
¿En qué consiste la beca? Los y las becarias recibirán mensualmente hasta $10’560.200 para cubrir sus costos de sostenimiento en Estados Unidos. Además de $7’940.000 para cubrir los tiquetes aéreos de ida y regreso, así como los gastos de la visa. Podrán también asistir a un Seminario de Orientación previo a su viaje y un pre-académico para mejorar sus habilidades en el inglés, hacer redes académicas y discutir temas de interés internacional.
Con el lema “Aquí falta alguien”, el próximo martes 6 de septiembre la Alcaldía municipal y el Enlace de Víctimas harán el primer evento para conmemorar a las víctimas de desaparición forzada en El Carmen de Atrato. El evento será en el Coliseo Cubierto Noel Enrique Robledo a partir de las nueve de la mañana. La invitación es que los carmeleños y carmeleñas interesadas asistan al evento usando una camiseta blanca y, quienes deseen, lleven una foto de la persona desaparecida.
A la conmemoración fueron invitados además representantes de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, la Diócesis de Quibdó, la Personería Municipal, el Concejo, la Policía y el Ejército.
Esta semana, la Junta de Acción Comunal del corregimiento La Junta comenzó a recolectar firmas para demandar a la alcaldía de Hatonuevo por las irregularidades en la construcción y entrega del parque El Cacique, construído en honor a Diomedes Díaz. La JAC espera lograr que la obra sea entregada como les fue presentada o que, en su defecto, la entidad territorial devuelva el dinero invertido.
¿Qué pasó con la obra? Según la comunidad, los ingenieros, contratistas y obreros no van a la construcción desde hace un mes. Tampoco se conoce la fecha de entrega. Mientras tanto, la obra -que debió ser entregada hace un año- se está deteriorando. Fidelia Ariza, fiscal de la Junta de Acción Comunal (JAC) del corregimiento denunció en mayo la mala calidad del material con el que se instalaron las baldosas en el parque. En ese entonces, el parque no tenía canales para las aguas lluvias, y los baños instalados no funcionaban.
¿Qué dice la gente? “El parque presenta deterioros. Estamos convencidos de que por parte de la administración (de San Juan del Cesar) no recibirán esta obra y nosotros apoyamos eso”, sostiene John Jairo Acosta, presidente de la JAC. Otras personas le hacen un llamado al alcalde.“Como junteros y veedores de la obra esperamos que el alcalde Álvaro Díaz haga presencia y respalde la decisión de llevar a instancias judiciales la problemática y fallas que presenta el parque”, afirma Libardo López, veedor del parque.
El lunes 29 de agosto el Consejo Directivo de Corpoguajira aprobó la ampliación del área de conservación del Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) Perijá con la delimitación de 1.020 nuevas hectáreas en San Juan del Cesar. Con esto, Corpoguajira, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Parques Nacionales Naturales y el programa de riqueza natural de USAID buscan fortalecer la conectividad del bosque seco tropical y bosque subandino, en las cuencas alta y media de los arroyos Seco, Caurina y Magalote, y los ríos Cerrejón y Palomino. En San Juan del Cesar, con esta ampliación, son 2.342 las hectáreas protegidas.
¿Por qué es importante? Los DRMI buscan prevenir la degradación del medio ambiente y la pérdida de la biodiversidad biológica. Estela Freile, coordinadora de Corpoguajira Zona Sur, explica que “cuando se declaran estas áreas, se trazan unos objetivos de conservación, se elaboran unos planes de manejo ambiental que contienen unos programas y unas inversiones con los que se busca preservar y recuperar los ecosistemas. Es más fácil invertir en estas áreas protegidas”.
Además, cuando empiece a regir el plan de manejo ambiental, los propietarios de los predios que hacen parte de estas áreas reciben beneficios como los pagos por servicios ambientales.
El contexto: En todo el departamento, el área protegida abarca 42.158 hectáreas distribuidas en los municipios de El Molino, San Juan del Cesar, Fonseca, Barrancas y Hatonuevo. Esta es un área estratégica en términos de recursos hídricos porque allí nacen los principales ríos que surten de agua las poblaciones cercanas.
El viernes pasado, la Alcaldía comenzó la reparación de la sede principal del internado Sherneka, del pueblo Talanquera de Achintukua. La obra, que tendrá una inversión de 454.620.268 pesos, incluye la instalación de 12 sanitarios, seis duchas, seis lavamanos y colector final de aguas residuales.
Con esta reparación, la comunidad educativa espera fortalecer la infraestructura de la institución educativa que se ha debilitado debido, en gran parte, a una superpoblación de estudiantes. Según el Sistema de Matrículas Estudiantil (Simat), en el internado actualmente estudian y residen 364 niños y niñas. Pero Héctor Mindiola Loperena, rector del internado, afirma que el número de estudiantes que asiste a la institución educativa es tres veces mayor.
¿Qué dice la gente? “Estos arreglos no suplen todas las necesidades del internado, pero mejoran una parte de las necesidades prioritarias. Necesitamos el encerramiento básico, la ampliación del comedor, la construcción del dormitorio de niños y ampliación de dormitorios de niñas, ya que en estos momentos es totalmente deficiente. También necesitamos nuevas aulas escolares y la cubierta de la cancha deportiva donde solamente existe la placa de concreto” dice Loperena. Al respecto, el alcalde Álvaro Díaz se comprometió con la comunidad educativa a gestionar nuevos recursos para atender las otras necesidades.
El contexto: El internado Sherneka fue construido e inaugurado en 2014 gracias a una donación del gobierno de Japón después de que la Embajada ese país y la Fundación Pro-Sierra Nevada de Santa Marta, firmaran un convenio para adelantar estas obras en el Centro Etnoeducativo Rural. En su momento la donación fue de 113.440 dólares para que los estudiantes de Achintikua, jurisdicción de la vereda El Hatico de los Indios, corregimiento El Totumo, pudieran contar con mejores instalaciones para estudiar, recibir sus alimentos y descansar cómodamente.
La comunidad de Cañaverales se reunió de manera virtual el jueves 1 de septiembre con representantes del Ministerio de Medio Ambiente para denunciar la falta de información en el proceso del Test de proporcionalidad del proyecto minero que la compañía Best Coal Company (BCC) quiere realizar en el territorio. El consejo comunitario Los Negros de Cañaverales denunció que no los han tenido en cuenta en el proceso y que BCC viene realizando acciones para “romper el tejido social de la comunidad”. Durante la reunión, de manera extraoficial, les informaron que la compañía había solicitado la licencia ambiental para desarrollar el proyecto, pero que fue rechazada. Mientras tanto, en Cañaverales están a la expectativa de una posible visita de la nueva ministra Susana Muhamad.
La llegada de la Universidad Tecnológica del Chocó (UTCH) Diego Luis Córdoba ha generado expectativa entre la comunidad carmeleña desde que la institución anunció en julio la apertura de programas para el primer semestre del próximo año. Las inscripciones para completar seis carreras profesionales y un programa tecnológico se abrirían en noviembre para jóvenes de entre 14 y 28 años.
Consonante habló con David Emilio Mosquera, rector de la UTCH para el periodo 2021- 2024, para conocer más detalles sobre las carreras a las que podrán acceder los y las carmeleñas, y cómo funcionará la institución en el municipio.
Consonante: ¿Por qué se escogió a El Carmen de Atrato?
David Emilio Mosquera: Esto surge de una sintonía por solicitud de la gente de la comunidad, de los líderes comunitarios del municipio de El Carmen de Atrato, y la apuesta que nosotros como universidad, dentro de mi administración, hemos venido jalonando en los últimos cuatro años relacionado la ampliación de cobertura de la educación superior en el departamento del Chocó. Entonces de alguna forma lo que hemos querido es aprovechar el fervor y las iniciativas que han surgido de esa comunidad para poder llegar allá con la oferta académica de algunos programas.
C: ¿Qué diagnóstico hace del acceso a la educación superior en El Carmen?
D.E.M.: En el Chocó tenemos solamente un 24 por ciento de acceso a la educación superior, en comparación con un 52 por ciento en el resto del país. En El Carmen hay dos colegios. Estamos hablando entre 150 y 200 estudiantes que se gradúan cada año. Con eso podemos sacar conclusiones en relación con el acceso a la educación superior, que por lo general no se da. O cuando se da, es para la Universidad de Antioquia o en universidades de otras partes del país porque es lo más cercano que puedan tener.
Esto se repite en los municipios periféricos del Chocó, los que tienen más influencia rural que urbana. A esto se le suma la falta de presencia institucional, lo que impide el acceso oportuno. Es justo ahí dónde se presenta una gran debilidad en relación con otros departamentos del país. Eso lo manifestaron los líderes cívicos en El Carmen y fue el reclamo que hicieron de la presencia de la Universidad Tecnológica del Chocó.
"En el Chocó tenemos solamente un 24 por ciento de acceso a la educación superior, en comparación con un 52 por ciento en el resto del país"
David Emilio Mosquera, rector UTCH
C: La universidad anunció que ofrecerá los programas de Ingeniería Ambiental, Contaduría Pública y otro par más. ¿Cómo se eligieron esas carreras?
D.E.M.: El diagnóstico inicial lo hizo un grupo de líderes de la comunidad. Fueron ellos quienes aportaron las solicitudes de los aspirantes a estudiar y nos contaron los vacíos académicos, de formación y la pertinencia de los programas. Después, la universidad hizo presencia en la comunidad ratificando esta información en un primer acercamiento. Hicimos encuestas a estudiantes de décimo, once y a egresados. Con esa información se seleccionaron las carreras teniendo en cuenta la preferencia de aquellas personas que querían estudiar en la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba.
Destacamos el programa de Contaduría, Ingeniería Ambiental, Tecnología Minero Ambiental, Ingeniería Industrial, Educación Artística, Educación Física Recreación y Deporte y la Tecnología en Gestión Turística y Hotelera. Cuando uno mira la tendencia son programas afines a lo que se pueda dar allá en El Carmen de Atrato. También, próximamente proyectaremos algunos otros de acuerdo a la preferencia de quienes quieran estudiar.
C: Varias de las carreras están relacionadas con la minería, pero la gente ha pedido que se pueda recuperar el campo. ¿Han pensado en abrir programas relacionados con esto?
D.E.M.: Es cierto. Nosotros hicimos este primer esbozo con la comunidad pero después debemos profundizar un poco más para que nos indique qué otros programas se pueden llevar. Y la idea es que con la vocación agrícola que tiene la comunidad de El Carmen de Atrato más adelante se pueda llevar, por ejemplo, el programa de Ingeniería Ambiental o Ingeniería Agroforestal, u otros programas pertinentes para la región.
C.: ¿Cuántas personas esperan recibir en estos programas?
D.E.M.: De acuerdo al censo que se ha hecho y al número de personas preinscritas, estamos hablando de 320 personas.
C.: ¿Cómo será el proceso de admisión?
D.E.M.: Es el mismo que para cualquier estudiante de la UTCH en Quibdó. Se utiliza como criterio de selección de los aspirantes nuevos a los programas de pregrado, el resultado obtenido en un examen escrito y una entrevista. Cada aspirante debe presentar ambas pruebas: la entrevista tiene un valor del 60 por ciento y el examen escrito tiene un valor del 40 por ciento. La ponderación final se obtiene sobre la calificación total y el tope lo pone la persona que saque el mayor puntaje, de ahí para abajo los que le siguen hasta que se completen los cupos.
C.: ¿Dónde va a funcionar la universidad?
D.E.M.: Como no tenemos los recursos para crear una sede allá tenemos que hacer un convenio con las instituciones de educación media y con el alcalde para que se generen las condiciones necesarias. Así lo hemos hecho en otros municipios. Todo eso mientras se consiguen los recursos para hacer la sede que, en su momento, será acorde con lo que veamos que se va dando allá.
C.: También anunciaron que contratarán docentes de El Carmen de Atrato. ¿Cómo va ese proceso?
D.E.M.: Lo que hacemos inicialmente cuando abrimos un Centro de Desarrollo Subregional en un determinado municipio es un inventario de talento humano capacitado relacionado con las carreras afines que vamos a impartir. Luego, a partir de ese inventario determinamos qué falta. También enviamos docentes que ya estén vinculados a la universidad.
La forma de vinculación que daremos inicialmente a esos profesores que van a estar allá es bajo la modalidad de catedráticos (es decir, contratado para laborar un determinado número de horas por período académico),una modalidad que surge justamente después del estudio de hojas de vida.
Internamente tenemos unas convocatorias que se hacen con base en el banco de hojas de vida y que son seleccionados de acuerdo a su formación y de acuerdo a sus experiencias relacionadas. Ya hay alrededor de 24 hojas de vida inscritas para estos programas. Ellos deberán cumplir con uno de los requisitos, que es un diplomado en docencia universitaria que imparte la Universidad Tecnológica del Chocó.
C.: El mal estado de las vías hacia el casco urbano de El Carmen es un problema constante. ¿Cómo evitarán que esto afecte las clases?
D.E.M.: Justamente no iniciamos tan rápido para tomarnos un semestre de preparación y prever este tipo de inconvenientes. Tenemos que tener a la mano alternativas de virtualidad en unos casos extremos, por ejemplo, en el caso de que haya algún tipo de dificultad con la presencia de algún docente. De todas maneras vamos a generar las condiciones para poder impartir este tipo de educación combinada entre virtual y presencial. Para esto vamos a dotar aulas interactivas en el colegio y vamos a capacitar a los docentes de unas competencias en las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).
Es muy difícil comprometernos como universidad para salvaguardar cualquier otro aspecto de las vías, pero sí queremos garantizar que vamos a tener la permanencia presencial y en casos extremos, virtual.
C.: Sabemos que el costo de un semestre de Ingeniería Ambiental en la sede de Quibdó está en 750.000 pesos o el de Tecnología en Gestión Minera y Ambiental en 250.000 pesos. El valor cambia dependiendo de la carrera. Esto puede resultar demasiado costoso para algunas personas. ¿Se mantendrán los precios en El Carmen? ¿Habrá acceso a financiamiento?
D.E.M.: No, no podemos hacer un cambio en el valor de la matrícula de un municipio a otro porque tenemos derechos pecuniarios (obligatorios) en la universidad que se recogen en una sola resolución. Entonces el promedio que tenemos del valor de la matrícula en la Universidad Tecnológica del Chocó es de 830.000 pesos, en promedio, porque hay programas que son bastante costosos y otros que son más económicos.
Además, el año pasado se firmó la Matrícula Cero que genera condiciones especiales para aquellos aspirantes que deseen ingresar a la universidad. Matrícula Cero es para los estratos uno, dos y tres, personas menores de 28 años y que no tengan ningún tipo de pregrado, que no hayan ido a la universidad pública. Ahí habría una garantía para esos programas en El Carmen.
Los que estén por fuera de ese rango ya tendrían que hacer algún otro tipo de acercamiento con la universidad para el financiamiento de esos costos de matrícula, pero en su mayoría esperamos que entren en el programa de Matrícula Cero.
Nosotros tuvimos como rectores una reunión con el ministro de Educación entrante y hay una tendencia de buscar cómo se genera la universalidad del acceso a la educación superior. Si eso se reglamenta, entonces todas las personas que quieran ingresar a la universidad, que sean colombianas, de pronto van a lograr hacerlo.
C.: ¿Qué se habló en esa reunión con el nuevo ministro Alejandro Gaviria? ¿Llegaron a algún acuerdo?
D.E.M.: Hemos tenido dos reuniones. Una fue el mes pasado con la ministra saliente en Cali. Hicimos una evaluación del sistema. En ese momento se habló sobre las pruebas Icfes, y la reforma de la Ley 30 en sus artículos 86 y 87 para adoptar un nuevo modelo de asignación estatal de recursos a las universidades públicas.
En Montería nos reunimos con el nuevo ministro de Educación. Él nos escuchó, y nosotros le hicimos una especie de diagnóstico de cómo está el sistema en cuanto a cobertura. Estuvimos hablando también de cómo lograr la matrícula universal gratuita sin las restricciones que tiene hoy en día la Matrícula Cero. También hablamos del desarrollo y el funcionamiento de la educación pública en Colombia, porque las universidades tienen un déficit permanente en lo que realmente requieren para su funcionamiento. Esto relacionado con los recursos que transfieren la nación. Además, el promedio de cobertura de la educación superior de los países que pertenecen a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) es del 75 por ciento y nosotros en Colombia estamos en el 53 por ciento, entonces ese es el esfuerzo que se va a hacer desde la nación.
C.: Hace unos años se intentó abrir programas de formación superior en El Carmen pero muy poca gente los terminó ¿Por qué pasó esto?
D.E.M.: Eso fue cuando el gobierno nacional creó unos Centros de Educación Superior Regional. Se abrieron en varios municipios: en El Carmen, en Bojayá. Yo no estaba administrando todavía, pero igual hago parte de la Universidad hace mucho tiempo y me acuerdo de ellos.
Esa situación dependía de lo que se pudiera gestionar con los municipios y también de algunas directivas desde la nación. Pero acá en este caso depende mucho de lo que nosotros hagamos directamente desde la Universidad, de lo que podamos gestionar y articular con convenios serios con los entes territoriales locales.
"En el 2018 teníamos solamente 800 estudiantes en las subregiones y hoy tenemos casi 2.600. Ya tenemos experiencia relacionada con estos procesos"
David Emilio Mosquera, rector UTCH
C: ¿Qué harán para evitar la deserción?
D.E.M.: La universidad, según el acuerdo 0022, tiene la dirección de regionalización desde donde se implementa la oferta académica en las subregiones y actualmente hacemos presencia en ocho municipios fuera de Quibdó. Hoy tenemos la experiencia de Ríosucio, de Bahía Solano, de Istmina, de Tadó y Acandí como ciudades universitarias que atraen estudiantes de varios municipios y corregimientos cercanos.
En el caso de Bahía Solano, en esta administración logramos sacar alrededor de 20 trabajadores sociales al mercado laboral, muchos de ellos sin haber terminado ya estaban nombradas en alguna instituciones como la alcaldía. Allí tres personas ya estaban trabajando y solamente requerían el título para poder hacer el nombramiento. A la mejor estudiante la contratamos directamente como la persona que va a hacer el trabajo de bienestar universitario. Muchos de los docentes que hoy en día hemos contratado son egresados de la Universidad Tecnológica del Chocó.
Cuando yo llegué a la administración en el 2018 teníamos solamente 800 estudiantes en las subregiones y hoy tenemos casi 2.600 estudiantes. Entonces ya tenemos experiencia relacionada con estos procesos, garantizando calidad y oportunidad en el desarrollo de las actividades académicas. Creería que con base en esas experiencias esto estaría asegurado en la medida que nosotros podamos lograr seguir en esta en esta dinámica como lo hemos venido haciendo en otras partes del departamento del Chocó.
C: ¿Tienen algún plan o programa para garantizar que una vez los estudiantes se gradúen puedan empezar a trabajar?
D.E.M.: Tenemos una especie de Observatorio Laboral, un observatorio que tiene el Ministerio de Educación y sobre esa base nos guiamos para hacer seguimiento a los egresados. En ese sentido nosotros influimos en procesos de actualización a nuestros egresados para garantizar que al menos estén actualizados de los requerimientos y necesidades. En este observatorio también tenemos un banco de hojas de vida de los egresados y cuando hay demanda de unas empresas, hacemos cruces.
En este momento, por ejemplo, estamos desarrollando con el programa de Ingeniería en Telecomunicaciones Informáticas, que está relacionado con el tema de habilidades de software y programación, un convenio con una empresa que necesita 10 desarrolladores.
Todo esto acompañado de algunos programas del Centro de Emprendimiento e Innovación que tiene la universidad para generar incubación de ideas o iniciativas que se puedan convertir en emprendimientos productivos que generen posibilidades de empleo.
Del 24 al 26 de agosto el Programa de Alimentación Escolar no funcionó en 96 instituciones educativas de San Juan del Cesar. Esto, a pesar de que la semana pasada la Asociación de Directivos de la Educación Guajira (Asdeg) le envió un oficio a José Jaime Vence, gobernador encargado del departamento, advirtiendo sobre la suspensión del servicio por una demora en los pagos de la gobernación. Un problema que afectó a todos los colegios de los 12 municipios no certificados del departamento.
¿Por qué se retrasaron los pagos? La demora en los pagos se debe a que el Gobernador encargado, José Jaime Vence, no tenía las facultades financieras para realizar los ajustes presupuestales y financieros necesarios para continuar con la prestación de este servicio durante el resto del año. Solo hasta el 24 de agosto se aprobó en la plenaria de la Asamblea Departamental de La Guajira, la Ordenanza 543 del 2022, en la que se le otorgó facultades para modificar el presupuesto del Departamento. Esto solamente en lo que tiene que ver con el PAE y mientras el Gobierno Nacional decide quién será el gobernador por lo que resta del periodo.
Los rectores están preocupados: Aunque el servicio se reanudaría el lunes 29 de agosto, según una circular enviada por el Secretario de Educación de La Guajira Fabián Acosta, en la comunidad educativa dudan que se resuelvan todos los problemas. “Se supone que en estos días van a hacer los movimientos presupuestales y el pago al operador a ver si a partir del lunes se reanuda el servicio. Pero yo lo dudo. Ellos tienen dificultades con el tema de suministros porque lo traen todo de afuera. Siempre les hemos insistido en el tema de compras locales pero siguen trayendo la mayoría de los insumos de fuera, esto retrasa más el proceso”, dice Edward Fragozo, rector de la Institución Educativa El Carmelo.
El Gobierno Nacional anunció hoy que no va a retirar el subsidio a los combustibles que se distribuyen en los municipios de zonas fronterizas. Esta propuesta, que prendió las alarmas en San Juan del Cesar la semana pasada, había sido incluida en la Reforma Tributaria presentada ante el Congreso de la República.
¿Qué dijo el Ministro de Hacienda? “Hemos decidido que vamos a pedirle a los ponentes que eliminen ese artículo. Creo que tiene alguna lógica porque la información que tenemos es que hay mucho contrabando, mucho abuso con esos combustibles subsidiados, pero por otra parte tendremos que, más bien, fortalecer los controles”, señaló el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. Los congresistas Juan Loreto Gómez y Martha Peralta fueron los encargados de llevar al gobierno la solicitud para revertir esta propuesta.
¿En qué consiste el impuesto? Desde 1995, los combustibles que se distribuyen en los municipios de zonas de frontera como Arauca, Nariño, Cesar, Amazonas, Putumayo, Guainía, La Guajira, Norte de Santander, Vaupés y Vichada, están excluidos del IVA, de aranceles y del impuesto nacional a la gasolina y el ACPM. Esto para promover el desarrollo y el crecimiento económico de dichas regiones y hacerle frente al contrabando de combustible. Con la propuesta del gobierno Petro, se pretendía mitigar el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), que podría llegar este año a los 37 billones de pesos.
Lo que dice la gente: En San Juan del Cesar la gente está agradecida. José Mejía, propietario de la Estación de Servicio (EDS) El Sol resaltó la labor de los líderes que llevaron esta solicitud ante el Gobierno Nacional, “por esto es importante tener buenos representantes, que les duela el departamento, para que los acuerdos sigan beneficiando a la población en general y no los bolsillos de los más encopetados”. Claudio Javier Romero, conductor, agregó: “Agradecemos a este gobierno por dejar el subsidio a la gasolina ya que de no haberlo hecho, sería un duro golpe al gremio de conductores y usuarios de los diferentes medios de transporte”.
El jueves 25 de agosto se llevó a cabo una sesión descentralizada del Concejo en el corregimiento de Cañaverales para discutir el estado del Test de Proporcionalidad del proyecto minero que la compañía Best Coal Company (BCC) quiere realizar en el territorio. La sesión se enfocó en la construcción de un documento para exigirle al Ministerio del Interior brindar información sobre el proceso que se está llevando a cabo.
En el encuentro estuvo el equipo administrativo de la Alcaldía, diputados de la Asamblea Departamental, la personera de San Juan del Cesar, concejales del municipio de Fonseca, líderes sociales y la diputada Oriana Zambrano, quien ha liderado la resistencia contra este proyecto.
No es la única solicitud de información: La semana pasada la senadora Martha Peralta envió un derecho de petición al Ministerio del Interior para que detalle en qué estado está el proceso de consulta entre el consejo comunitario Los Negros de Cañaverales y la empresa minera Best Coal Company (BCC). En el documento, Peralta solicitó información sobre las razones por las que el Ministerio no continuó la etapa de diálogo y decidió implementar el test de proporcionalidad. Asimismo, le pidió detalles sobre los trámites ambientales que ha realizado la compañía para explotar minerales en el municipio.
Habrá otra sesión: Una de las tareas que quedó de este encuentro es realizar otra asamblea descentralizada en el corregimiento de Conejo. Esto después de que los concejales del corregimiento fueran informados de que en su territorio sería instalado el denominado “botadero”, un lugar donde la empresa lleva el “material inerte” que se extrae antes de poder llegar al carbón.
Con tiros desde el punto penal, el equipo de Cañaverales de San Juan Del Cesar logró el triunfo ante el equipo de Urumita en la final de la Champions de Fútbol de la Guajira. El partido se jugó el sábado 20 de agosto en el estadio “Enrique Brito” de San Juan del César. El equipo recibió en tarima la premiación: dos millones de pesos y un trofeo.
Lo que dice la gente: “Ganar la Champions de Fútbol de la Guajira significa que se hicieron las cosas bien durante todo el torneo. El título es el premio al trabajo” dice José Alejandro Suarez, Técnico de Cañaverales F.C. Esta era la décima versión del torneo en la que participaron 14 equipos del sur de La Guajira y aunque es la segunda vez que el equipo llegaba a la final, es la primera vez que se corona como campeón.
Entre el 21 y el 26 de agosto tuvo lugar la semana de la juventud en El Carmen de Atrato organizada, por primera vez, por el Consejo Municipal de Juventudes (CMJ) con apoyo de la Alcaldía Municipal, Miner S.A, y otras entidades privadas. El evento buscó ser un espacio de participación, diversión y sano esparcimiento, así como una oportunidad para sensibilizar y capacitar a las y los jóvenes en sus derechos y deberes, y generar espacios de participación para la toma de decisiones.
¿Qué pasó? Durante los cinco días hubo varias actividades simultáneas. Psicólogos de Miner S.A dictaron charlas sobre salud mental en las instituciones educativas. El CMJ organizó actividades de recreación como carreras de ciclismo, atletismo, patinaje y crossfit. El miércoles celebraron el festival de la cometa y el jueves hubo una feria educativa y de emprendimiento. Además, representantes de Colpensiones y de Ce Emprende le explicaron a las y los jóvenes su oferta institucional. El CMJ aprovechó la oportunidad para reunirse con la Alcaldía y solicitar asistencia técnica y recursos para la construcción de una política pública de juventud. El evento de cierre será este viernes a las 7:00 de la noche en el parque principal con una muestra de talento carmeleño y artistas invitados.
¿Por qué es importante? Esta es la primera actividad de alto impacto que organiza el Consejo Municipal de Juventudes. Aunque los integrantes del CMJ fueron elegidos desde el 5 de diciembre del año pasado, han tenido problemas para consolidar sus labores por lo que la participación de los jóvenes rurales en la toma de decisiones ha sido poca.
Lo que dicen los jóvenes: “Esto es importante para el municipio porque muchos jóvenes a partir de esto invierten su tiempo en actividades que aportan. Y las ferias estudiantiles son muy buenas porque los jóvenes pueden tener más claro que quieren estudiar” explica Junior Vargas, consejero de juventud.
Cerca de 400 campesinos y campesinas participaron el domingo 21 de agosto en las actividades organizadas por la Alcaldía en el marco de la conmemoración del Día del campesino. Las veredas con mayor representación fueron La Mansa, La Argelia, Habita, El Porvenir y Guaduas, que integran el club de La Salud. Los habitantes de estas veredas organizaron las comparsas, una actividad tradicional en la que se representan las culturas y tradiciones de la zona rural por medio de danzas, disfraces y cantos.
¿Qué pasó? La Alcaldía rifó artículos e insumos agropecuarios, y artículos de aseo y hogar entre las familias campesinas. En el evento estuvieron presentes representantes de la Biblioteca Municipal, el Banco Agrario, el programa BEPS de Colpensiones y la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), quienes asesoraron a los y las campesinas para acceder a los diferentes programas que ofrecen las instituciones. Más de 20 personas solicitaron asociarse a la ANUC para obtener su cédula campesina.
¿Qué opinaron los campesinos? Si bien varios de los asistentes coincidieron en que les gustó encontrarse con otros campesinos durante el evento, pidieron que el gobierno local les preste más atención durante el resto del año. “Los derechos de los campesinos mestizos son constantemente invisibilizados. Es como si en el sector de La Trocha no existiéramos”, dijo Isabel Cristina Rincón, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Once y zonas aledañas. Policarpo Vargas, campesino de la Vereda la Argelia, opinó que: “el gobierno no apoya al campesinado que es la población que más lo necesita y que tiene vital importancia por ser quien surte de alimentos a los pueblos y a las grandes ciudades”.
Habrá otro evento: Del 16 al 18 de septiembre se llevará a cabo el Primer Encuentro del Campesinado Carmeleño, una actividad organizada por líderes y lideresas con apoyo de la Diócesis de Quibdó y la Parroquia para fomentar la organización campesina y el fortalecimiento de la política pública municipal sobre este tema.
La Alcaldía suscribió el convenio para reanudar el servicio del complemento alimentario del PAE después de que los niños y niñas de los colegios duraron más de 12 días sin recibir este beneficio. Desde el lunes de la semana pasada, el alcalde Jaiberth Ríos firmó el contrato con la Fundación Pazcifico Vive por una duración de 40 días calendario escolar.
El contexto: Desde el 31 de julio se terminó el contrato con Asomegasalud, quien era el operador encargado de entregar este complemento a los 1.437 estudiantes matriculados en las instituciones educativas Corazón de María, Liceo Marco Fidel Suárez, Tobías Queragama y las sedes rurales.
El problema: Según los rectores del municipio, el problema es que desde la administración esperan a que se acabe el contrato para hacer el trámite que demora varios días, y mientras tanto, los niños se quedan sin recibir la alimentación. “Si el contrato se está acabando no pueden esperar a que se acabe, porque por el monto (de dinero) hay que hacer licitación, y mientras surge la licitación pasa mucho tiempo y ahí tenemos a los alumnos en los salones desmayándose, diría yo, de física hambre. Pero eso como que solamente lo sentimos los que estamos en las instituciones adentro”, explica Vicente Ayala, rector de la Institución Educativa Marco Fidel Suárez.
Tres personas desaparecieron el viernes 19 de agosto por un deslizamiento de tierra en el sector de El Dieciséis, desde entonces el cuerpo de Bomberos Voluntarios de El Carmen de Atrato está en su búsqueda. Hasta el momento, los rescatistas sólo han encontrado un cuerpo sin vida. En la búsqueda también participa personal del Departamento de Gestión del riesgo de Quibdó, de Gestión del Riesgo Departamental del Chocó, la Defensa Civil Seccional Chocó, la empresa minera El Roble, el consorcio Interdiseños-Integral, Latinco, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia, el Cuerpo de Bomberos de Ciudad Bolívar Antioquia y contratistas de Invías. Las jornadas de búsqueda seguirán hasta el próximo viernes 2 de agosto.
Desde esta semana los niños, niñas y adolescentes del municipio dejaron de recibir las comidas del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y, hasta la fecha, no se sabe cuándo se volverá a restablecer el servicio. La suspensión se dio porque la Gobernación del Chocó no ha firmado un nuevo convenio con la Alcaldía a pesar de que, según la Secretaría de Educación de Tadó, enviaron a tiempo toda la documentación. Mientras se pacta el nuevo convenio, los directivos de las instituciones le solicitaron a los padres y madres garantizar las onces de sus hijos.
La preocupación: “El hecho de que los muchachos no reciban el PAE hace que tengamos que salir más temprano de las clases porque muchos no tienen cómo comprar en las tiendas para mitigar el hambre. Sabemos que es un complemento alimentario que solo cumple el 20 por ciento pero a veces para muchos niños es el 100 por ciento”, dice Eudecelina Ramírez Mosquera, rectora de la Institución Educativa Demetrio Salazar. “Le hacemos un llamado al Gobernador para que agilice el proceso”, agrega.
Contexto: El Chocó es uno de los departamentos donde más problemas se han denunciado con el PAE en el país. A inicios de este año, Luis Carlos Pineda, delegado para la Participación Ciudadana de la Contraloría, denunció en entrevista con Blu Radio que: “En el caso de Chocó, el año pasado no se alcanzó a cubrir más de 100 días el programa de alimentación escolar. Esto genera alertas, sobre todo porque se están asignando los recursos y estos se dan a entidades territoriales, pero no se está garantizando la cobertura total”.
Además, la inestabilidad política en la Gobernación del Chocó y en la Alcaldía de Tadó en el último año ha generado retrasos porque con el cambio de mandatarios algunos proyectos han quedado parados y los mandatarios encargados no tienen el mismo margen de maniobra para la contratación.
El 16 de agosto, un grupo de 27 pensionados y jubilados bloquearon el ingreso a la Alcaldía para denunciar que la administración municipal no les ha pagado 21 meses de pensión. Aunque el alcalde Cristian Copete intentó llegar a algunos acuerdos de pago de la deuda, los pensionados solo accedieron a levantar la protesta con la promesa de que algunos de sus representantes y la secretaria municipal de Gobierno viajarán hasta Condoto e Istmina, para conocer cuál fue la solución que se implementó en estos municipios sobre las pensiones.
¿Qué dicen los pensionados? “Desde que el municipio asumió la competencia de las jubilaciones y pensiones de los funcionarios públicos de la Alcaldía, se presenta esta situación anormal. Entendemos que el Ministerio de Hacienda es el responsable de dar los recursos pero el municipio debe hacer la gestión”, dice Luis Antonio Mosquera. “Venimos sufriendo una situación calamitosa, acá hay gente anciana. Todo el personal es adulto mayor”, agrega.
La propuesta del alcalde: Inicialmente, Copete organizó una mesa de concertación en la que participaron los pensionados, el personero, la veeduría municipal y los secretarios municipales de Hacienda y Gobierno. El alcalde le propuso a los protestantes mitigar la situación con el pago de dos meses, mientras el gobierno nacional le gira recursos a finales de agosto, aproximadamente. “Mediante gestiones realizadas en el FONPET, hemos logrado conseguir 500 millones de pesos para pagarles todo este año”, agregó el mandatario.
Copete, además, se comprometió a viajar a Bogotá la próxima semana para gestionar recursos ante el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet).
¿Por qué es la deuda? Esta no es la primera vez que se retrasa el pago. Algunos pensionados denuncian que desde 2007 todos los alcaldes han dejado de darles mensualmente la pensión. Copete explica que esto se debe a que “los gobiernos anteriores descontaban los recursos correspondientes para los fondos de pensiones (con el fin de invertirlos en otros proyectos), pero nunca los depositaron (de nuevo) en los mismos”.
Los coordinadores de la Mesa de Cultura Departamental del Chocó conmemoraron los 295 años de la gesta libertaria del rey Barrule, quien lideró el levantamiento de personas esclavizadas en Tadó. El evento, que se realizó el 17 de agosto, contó con la participación de Douglas Cujar, activista y cultor del patrimonio departamental, y Fabio Teodolino Perea, historiador tadoseño, quienes en un conversatorio reconstruyeron la hazaña del rey Barule e invitaron a la población a reconocer el valor de Tadó en la etnohistoria de los palenqueros.
Sobre el rey Barule: Desde 1 de noviembre de 1727, en Tadó se realizó el primer acto de libertad palenquera. El rey Barule y los hermanos Mina junto a otros palenqueros lideran una ofensiva contra los españoles a cargo de asentamientos mineros, donde esclavizaron durante muchos años a esta población. En honor a su gesta libertaria, el parque principal de Tadó lleva el nombre del rey Barule.
Acá puede conocer más sobre esta gesta libertaria.
La Institución Educativa Normal Superior Demetrio Salazar Castillo se unió esta semana a la iniciativa “Escuela Abraza la Verdad”, que tiene como objetivo difundir el informe final de la Comisión de la Verdad (CEV) sobre el conflicto armado en Colombia, y generar una cultura de paz dentro de las aulas. Por esto, el 12 de agosto la comunidad educativa recorrió varias calles del municipio para asumir la tarea de la construcción de paz dentro y fuera de la institución.
¿En qué consiste la iniciativa? “Escuela Abraza la Verdad” es desarrollada por la Comisión de la Verdad y Educapaz, una organización de la sociedad civil. En la Normal se desarrolló a través de cuatro acciones. La primera fue conocer el informe final de la CEV, la segunda consistió en realizar carteles donde quedaran plasmadas las reflexiones, la tercera fue publicar fotografías de las actividades en redes sociales, y, por último, contarle a los habitantes del municipio cómo la comunidad educativa está comprometida con la paz.
¿Qué dicen los profesores? “Desde la escuela queremos iniciar a que se diga la verdad, haya justicia y reparación. Somos instituciones transformadoras y encargadas de enseñarles a nuestros estudiantes de todos los grados”, dice una profesora de la institución. “Los estudiantes y profesores han estado muy comprometidos. La meta es que los muchachos y nosotros mismos nos apropiemos del proceso de paz, aprendamos a perdonar y mejoremos la convivencia”, agrega.
Otra acción de paz escolar: El 12 de agosto, en la IE Nuestra Señora de la Pobreza se firmó un acuerdo de paz y convivencia para disminuir las peleas entre estudiantes y mejorar el rendimiento académico. El documento incluyó el compromiso de padres y madres, directivos, alumnos y maestros.
Tadó es el pueblo de concentración para la realización de la fase zonal San Juan 2 de los Juegos Intercolegiados, un evento nacional que se realizará desde el 18 al 22 de agosto para apoyar y resaltar las habilidades de los y las estudiantes que realizan actividades deportivas. En este encuentro, que inició el 18 agosto con un desfile de las delegaciones por el centro del municipio, jugarán las instituciones educativas de: Alto, Medio y Bajo Baudó, Certegui, Cantón de San Pablo y Unión Panamericana.
Esta semana, la Asociación de Directivos de la Educación Guajira (Asdeg) le envió un oficio a José Jaime Vence, gobernador encargado del departamento, en el que dan cuenta de su conocimiento sobre la suspensión del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en los colegios de doce municipios la próxima semana. En el documento, la entidad señala que esto se debe a que la Gobernación no ha pagado sus responsabilidades.
El problema de los pagos: Los directivos señalan en la carta que la demora en los pagos se debe a que el Gobernador no tiene facultades financieras. “Conocemos que esa falta de pago tiene su origen en los últimos tiempos a la carencia de facultades que la Honorable Asamblea departamental debe conceder al gobernador para poder realizar los ajustes presupuestales y financieros que le permitan atender con premura esa y otras obligaciones derivadas de convenios y contratos celebrados por la entidad departamental”, agregan.
Contexto: Esta no es la primera vez que se suspende el servicio del PAE en el municipio. En el último año ha habido problemas en el suministro por los supuestos paros armados declarados por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia en La Guajira. En mayo, la justificación del PMA y la Gobernación fue que no había transporte para llevar los alimentos.
Además, los rectores de los colegios de San Juan del Cesar han denunciado que no tienen la infraestructura adecuada para almacenar, cocinar y servir las comidas. En el municipio solo hay un restaurante escolar en el megacolegio Altos de la Prosperidad, las demás instituciones tienen espacios improvisados mientras esperan la inversión de los gobiernos departamental y nacional.
La senadora Martha Peralta envió un derecho de petición al ministerio del Interior para que detalle en qué estado está el proceso de consultivo entre el consejo comunitario Los Negros de Cañaverales y la empresa minera Best Coal Company (BCC), alrededor del proyecto la mina de carbón que se quiere desarrollar en el corregimiento. En el documento, Peralta le solicita información sobre: las razones por las que no continuó la etapa de diálogo y se implementará el test de proporcionalidad. Esta es una herramienta que tiene el Estado para que los jueces decidan sobre la situación sin vincular necesariamente a las personas afectadas. Asimismo, le pide detalles sobre los trámites ambientales que ha realizado la compañía para explotar minerales en el municipio.
¿Qué dice la comunidad?“El ministerio ha seguido violando los derechos de nuestro pueblo. Hasta el momento no nos han dado ninguna información ni notificaciones, incluyendo a otros entes gubernamentales. Cuando la empresa llega a socializaciones a otras comunidades nos enteramos. Parece que la compañía es la única que sabe aparentemente”, explica Óscar Gámez, presidente del consejo comunitario.
Contexto: El ministerio del Interior decidió aplicar el test de proporcionalidad en Cañaverales argumentando que el consejo comunitario afro no ha tenido disposición de dialogar con BCC. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y el consejo comunitario sostienen que siempre ha habido disposición al diálogo, por lo que debe continuar el proceso de consulta previa.
Además, la Asamblea Departamental había programado una audiencia de debate de control política el 29 de julio, para que el ministerio del Interior, la empresa, Corpoguajira, la comunidad y otras entidades pudieran exponer sus posturas sobre el proyecto minero. Sin embargo, el Mayor Rafael Darío Sánchez, comandante del Segundo del Distrito de Policía de San Juan del Cesar, emitió un comunicado en el que aseguraba que no era aconsejable desarrollar el encuentro en el lugar designado por motivos de seguridad. El 25 de agosto, se espera que la sesión se lleve a cabo.
El 17 de agosto, la Alcaldía realizó la siembra de árboles nativos a orillas del río Cesar, desde el paso por la vía a la población de Guamachal hasta el sitio conocido como Los Pastelillos. La actividad consistió en la siembra de 300 plantas: algarrobillo, cañaguate, roble y caracolí, entre otros, tiene como objetivo la recuperación del afluente que cada vez está más contaminado. En la jornada participaron algunas personas de las comunidades aledañas y funcionarios de la administración municipal.
El contexto: En 2015, la Corporación Regional Autónoma del Cesar (Corpocesar) declaró la emergencia ambiental sobre la cuenca baja y media del río César, que nace en la Sierra Nevada de Santa Marta y desemboca en la ciénaga de la Zapatosa después de recorrer 11 municipios. De este afluente se alimenta el acueducto de San Juan del Cesar. A pesar de la importancia del río para el sur de La Guajira, las acciones de recuperación se han concentrado en el departamento del Cesar, ya que el río cruza cerca del 80 por ciento de su territorio.
Hasta la fecha quienes habían asumido el cuidado de la cuenca era la Fundación Salvemos Nuestro Río Cesar, integrada por 30 personas quienes realizaban jornadas de limpieza y concientización sobre la contaminación del afluente. Sin embargo, en esta actividad ninguno de los integrantes fue invitado a participar.
Con un marcador de 1-0 en el puntaje global, el equipo de Cañaverales de San Juan Del César le ganó como visitante a la selección de Fonseca en los partidos de semifinales de esta semana. Con esta victoria, Cañaverales logró abrirse, por segunda vez consecutiva, un cupo en la final de la Champion de Fútbol de La Guajira. El equipo se tendrá que enfrentar contra Urumita este 20 de agosto, a las tres de la tarde en el estadio Enrique Brito de San Juan del César.
La premiación: Se premiarán a los dos mejores equipos de la décima versión de este torneo. Al ganador se le entregarán 2200 millones de pesos y el trofeo. El segundo puesto recibirá 1500 millones de pesos.
El 13 de agosto, diez líderes y lideresas de El Carmen de Atrato recibieron en Quibdó la socialización de los principales hallazgos del Informe Final de la Comisión de la Verdad, un un informe que reconstruye un relato amplio sobre la guerra en Colombia. El 28 de junio, la Comisión presentó por primera vez el informe final con diez capítulos sobre las causas e impactos del conflicto, y dio recomendaciones para transformar el país y evitar la repetición de los hechos de violencia.
El objetivo del encuentro en el Chocó, además de la socialización, era que los líderes y lideresas se apropiaran del informe y pudieran replicar la información en su municipio. Para esta reunión el enfoque estuvo principalmente en el capítulo étnico que contiene los hallazgos sobre las violencias y daños a los pueblos negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros. Este capítulo, según Ilsa Caisamo, indígena emberá dobida e integrante de la Comisión de la Verdad, se realizó con aportes de representantes de las comunidades indígenas de El Carmen.
¿Qué dice la gente? Para Ramiro Giraldo, uno de los líderes, la entrega de este informe es importante porque: “por fin vamos a saber dónde estuvo el comienzo de este maldito conflicto que nos aporreó a todos, y habrá esclarecimiento y verdad sobre qué fue lo que ocasionó esta situación”. Sin embargo, los líderes aseguran que en el departamento hay dificultades para reflejar la presencia de los campesinos mestizos y su relación profunda con el territorio. Dora Agudelo, lideresa de El Carmen de Atrato y asistente cuenta que: “Estamos en la entrega del informe especial de grupos étnicos, pero no aparecemos en este informe”. Por eso, Agudelo considera que es necesario buscar el reconocimiento como grupo étnico ante el Ministerio del Interior.
¿Por qué es importante? En El Carmen hay un gran porcentaje de población víctima de diferentes hechos relacionados con el conflicto. Según información de la Unidad de Víctimas con corte del 22 de julio del 2022, el municipio tiene 10.295 víctimas reconocidas. El hecho victimizante que más padecen en el municipio es el desplazamiento forzado, con 9.448 víctimas. Además, para los líderes asistentes a la socialización del informe, este capítulo fue fundamental porque allí se ven representadas las realidades de dos de las etnias presentes en el territorio: indígenas y afrodescendientes.
Una delegación de la vereda Guaduas fue escuchada durante la sesión del Concejo Municipal el 13 de agosto. Allí los pobladores manifestaron su preocupación frente a los problemas que presenta la vía de acceso y los diferentes pasos sin puentes que están en mal estado, como lo registramos en esta nota.
Marcela Sánchez, líder de la comunidad, explica que ”uno de los problemas más urgentes es la actualización del mapa vial municipal porque la vereda no aparece en su totalidad”, esto es problemático porque según la comunidad, los sectores que no aparecen en el mapa tienen problemas para la asignación de recursos. Resalta, además, que el problema de las vías en la vereda trunca el retorno de las víctimas del conflicto armado.
Los nuevos acuerdos: El Concejo Municipal acordó con la comunidad de Guaduas varias acciones para acelerar el cumplimiento de los acuerdos pactados desde la semana pasada:
Lo que se ha hecho: La comunidad dice que a cuenta gotas se van cumpliendo algunos de los acuerdos pactados. La semana pasada sacaron el derrumbe que imposibilitaba el paso y el 15 de agosto, el consorcio envió una máquina cargadora a limpiar los barrancos que estaban obstruyendo las cunetas en la vía Guaduas.
También, representantes del Consorcio Vías y Equipos Pacífico 2021 y de la Alcaldía, acompañados por la comunidad, visitaron el trayecto de la vía para mirar los puntos más graves para ajustar mientras se canaliza una intervención más profunda por parte de INVIAS. Además, el Consorcio llevó un especialista para revisar el puente que comunica la vereda con la transversal Medellín-Quibdó.
El contexto: El 2 de agosto, los habitantes realizaron un paro pacífico en el puente La Sánchez para exigirle a la Alcaldía y la Gobernación una solución definitiva al mal estado de la vía de ingreso a la vereda y otros problemas viales. Después de 12 horas de paro la Alcaldía gestionó con la mina una retroexcavadora para atender el derrumbe que tuvo a la comunidad confinada durante ocho días, mientras el consorcio Vías y Equipos Pacífico 2021 facilitó la cama baja para trasladar la máquina.
Además, las partes acordaron dos visitas de verificación y diagnóstico; una del consorcio vías y equipos (que asegura no conocer la vía) y otra de manera conjunta entre INVIAS y la Alcaldía Municipal, visita que ya había sido efectuada el año pasado pero que no había tenido ningún resultado visible. Además acordaron el mantenimiento del puente de La Sánchez, competencia directa del consorcio.
Las comunidades de Fieras, Eborro y Mirlas, agrupadas en el resguardo indígena ‘La Fiera’, ubicado en la transversal Medellín - Quibdó, detuvieron esta semana los vehículos del consorcio Vías y Equipos Pacifico 2021 (Latinco) para exigir el cumplimiento por parte del INVIAS de los compromisos de compensación por la intervención en la vía adquiridos con la comunidad en el 2020. El Alcalde tuvo que convocar a una reunión a varias entidades locales y nacionales, la empresa y líderes indígenas para darle solución a las peticiones. Según la Personería municipal, solo se llegó a acuerdos con las comunidades de Eborro y Mirlas, pues aseguran que las solicitudes de la población de Fieras no son asequibles ni para la administración, ni para el INVIAS.
El problema: La pavimentación de ese tramo de la vía está suspendida desde septiembre del año pasado, cuando el Tribunal de Cundinamarca dictó medidas cautelares al contrato por la presencia de las empresas ICM Ingenieros e Intec de la Costa S.A.S. en el Consorcio Vías para el Chocó, encargado de la obra. Esta suspensión se dio después de que las dos empresas quedaran inhabilitadas para contratar con cualquier entidad del estado porque hacía parte de la Unión Temporal Centros Poblados, quienes presentaron tres pólizas falsas para quedarse con el contrato de Mintic buscaba llevar internet a las escuelas rurales del país.
Este consorcio en su momento fue el que hizo las negociaciones con las comunidades indígenas que, al igual que la contratación de la vía, quedaron en el limbo. Sin embargo, el 8 de abril, el INVIAS autorizó la cesión del contrato que tenía el Consorcio Vías para el Chocó al nuevo operador Conexión Antioquia, integrado por las empresas Explanan S.A.S., Trainco S.A.S y una persona natural identificada como Harold Fernando Rozo Zapata.
El 21 de agosto se celebrará el Día del Campesino en el municipio. Para el evento, la Alcaldía dispondrá de transporte gratuito desde las diferentes veredas hacia la zona urbana, y realizará ollas comunitarias para compartir el almuerzo con todos y todas las campesinas asistentes a la actividad. Este día habrá mercado campesino y actividades artísticas y culturales como comparsas, que varias veredas vienen preparando a través del Club de Salud.
En el marco de esta actividad estará presente la Asociación de Usuarios Campesinos de El Carmen de Atrato (ANUC) brindando información acerca de su misión para fortalecer el campesinado carmeleño y además estará inscribiendo a todos y todas aquellas campesinas interesadas en hacer parte de la asociación.
