Consonante: ¿Qué opina sobre el debate sobre cuál es la cuna del vallenato? Si Valledupar o el sur de La Guajira.
Silvio Brito: El sur de La Guajira. Todavía, a estas horas, si buscas a los intérpretes de música vallenata y los cuantificas, el 95 por ciento somos guajiros. Hay muchos muchachos que, por ejemplo, están en Valledupar, se criaron en Valledupar, pero su sangre es guajira. Sucede con Peter Manjarres, Churo Díaz, todos esos muchachos son de sangre guajira. La música que corre por sus venas es guajira.
C: ¿Qué hace que en el sur de La Guajira surjan tantos intérpretes vallenatos?
SB: Bueno, a los guajiros siempre nos ha gustado la música y el acordeón entró a Colombia por La Guajira. Entonces mucha gente se entusiasmó con eso y fueron muchos los señores que querían tener un acordeón y tocarlo. Yo pienso que así fue como se fomentó la música vallenata, porque comenzamos a aprender a tocar acordeón y a cantar, y cuando nos dimos cuenta, se tocaba música vallenata en La Guajira. Sobre todo en el sur de la Guajira, porque hay diferencias con la gente de la capital (Riohacha), tenemos costumbres diferentes.
C: ¿Cómo fue su juventud? ¿Cómo se acercó al vallenato?
SB: A ver, no es tan difícil porque es una costumbre nuestra. Fonseca es un pueblo de muchos artistas, donde nacieron artistas importantes como Luis Enrique Martínez, el padre del acordeón y Carlos Huertas, el cantor de Fonseca. En mis comienzos yo estuve con Jesús Torres, un artista reconocido allá, y con José Hilario Gómez.
Para nosotros es “normal” porque estamos acostumbrados a eso. Siempre fue mi inquietud cantar porque mi papá fue, para mí, un señor cantante en su juventud. Pero no tuvimos la oportunidad de llegar con mi papá a una disquera y grabar una canción, porque estábamos muy lejos. Solo había una casa disquera en la Costa y quedaba en Barranquilla, pero para nosotros eso era muy remoto. En cambio, sí se hacían parrandas en Fonseca, algo que era tradicional en La Guajira. Y en las parrandas uno se daba a conocer.
Entonces, yo me acerqué al vallenato prácticamente desde que comencé a hablar. Desde que comencé a hablar, comencé a cantar. Yo tenía la escuela en mi casa. Los Brito somos dinastía en La Guajira. Usted escucha las canciones del maestro Carlos Huertas a Monche Brito, esos eran primos de mi abuelo. Nosotros tenemos la vena de mi abuelo.
C: Me dijeron que debía preguntarle qué prefiere: ¿el campo, el melón, la yuca, la malanga o los escenarios?
SB: Pues yo me decidí por los escenarios. Yo estaba con la yuca, el ganado, los cerdos, las gallinas, los burros, las bestias, y con todo eso. Fui un gran montador. Pero para mí, el progreso y el cambio en mi vida, estaba en los estudios o en la música. Pero no me fue posible estudiar porque los campesinos somos tímidos para eso. Mi papá y mi mamá no se decidieron a mandarme a estudiar, pero eso no me hizo falta para cantar y comenzar haciendo por ahí unas cancioncitas.
Yo sabía que para poder montarme a una tarima tenía que hacer por lo menos una canción y presentarla en alguno de los festivales que se hacen en La Guajira. De pronto si me subía a cantar así como así, no me lo iban a permitir. Entonces me inscribí en La Junta, allá en la tierra de Diomedes Díaz, en el festival de La Junta y sorpresivamente salí ganador entre los profesionales. No había una segunda división. Los novatos teníamos que competir con los profesionales y sorpresivamente yo salí ganador. Entonces ahí comenzó mi vida artística. Después, en Fonseca me presenté y también gané.
C: ¿En el Festival del Retorno?
SB: Sí, gané el primer Festival del Retorno en Fonseca. Fui ganador en canción inédita.
C: ¿Con cuál tema?
SB: Un tema que yo hice para mi papá que se llama El Heredero.
Foto: Nicolás Quintana
C: ¿Con cuál canción quisiera que lo recordaran? ¿Con cuál se siente más identificado?
SB: La que yo más quiero es la que le hice a mi papá. Hice otra canción romántica por ahí, un desengaño, que también suena bastante. Con esas dos canciones, porque yo definitivamente no era un gran compositor, sino que tomé la determinación de componer para darme a conocer.
C: ¿Recuerda algún artista que haya marcado su carrera?
SB: Nosotros convivíamos con los artistas en Fonseca. Siempre estábamos con ellos. En Fonseca había muchos músicos y por lo menos tres grupos muy importantes. La música era algo cotidiano para nosotros. Éramos amigos de los que cantaban y de los que tocaban. Sin llegar a integrar un grupo, uno hacía escuela.
C: ¿Alguna anécdota de esa época?
SB: Tengo una muy especial. En Fonseca había un grupo llamado Los Caciques de La Guajira. Después de que yo gané el festival, las personas mayores del pueblo, consideraron que ese grupo me tenía que dar una oportunidad porque yo cantaba bien. Entonces el director del grupo dijo que sí, que me iba a invitar a un ensayo. Ellos ensayaban los jueves. Bueno, pasaron como cuatro jueves para que yo pudiera ir a ensayar con ellos. Pero el día que llegué ellos no estaban ensayando y me encontré al director, quien me dijo que ya sabían qué puesto me iban a dar. Yo pensaba que al menos me iban a poner de corista porque lo mío era el canto. Entonces me dijo que comenzara el otro jueves a practicar el trombón con el trombonista del grupo. Y yo le pregunté "¿cómo así?". “Sí, para que empieces a practicar con el trombón”, me dijo. O sea, esa era su manera de zafarme.
Y le doy la razón. Él era uno de los vocalistas del grupo y de pronto pensó que si esa culebrita llegaba al grupo lo podía desplazar. Claro él tenía razón, porque si yo llegaba ahí, lo desplazaba (risas). Ese día, yo salí a la calle principal, que es muy ancha. Entonces la gente siempre estaba sentada ahí, en las banquitas que había, y fui buscando a mis amigos para contarles el chiste y la gente se arrastraba de la risa. Porque Fonseca es un pueblo sin distingo de clases. En Fonseca no hay clubes sociales. En Fonseca el rico, el pobre, el profesional y todos somos una sola masa. Nos conocemos y hablamos con toda la confianza del mundo. Por eso yo digo que es el pueblo más bello del mundo.
C: ¿Cuántos años tenía?
SB: En esa época tenía como 17 años.
C: Y entonces, ¿no se aventuró con el trombón?
SB. No (risas). Nada. Me zafaron de una y entonces yo me quedé quieto. Pero, luego, el señor Jesús Torres, que tenía su grupo también, me llamó y me hizo corista del grupo. Ahí duré como unos dos años y me fue muy bien, aprendí mucho con él, me daban oportunidad para que cantara algunas canciones como solista. Ahí fui tomando experiencia. Después, cuando iban los grupos grandes a Fonseca, hacían muchas casetas. Yo me metía, pedía chance y me lo daban. Cualquier día canté una tanda con Poncho Zuleta y el acordeonista José Hilario Gómez. Cuando me bajé de la tarima, Poncho Zuleta me mandó a buscar, me sentó en sus piernas, y me estampó un beso. Algo usual en él, porque a todo el que le presentan, le zampa un beso. Me regaló una botella de aguardiente y me felicitó. Esos son estímulos que a uno le sirven para llenarse de confianza. Uno se va afianzando y va creyendo más cada día en que puede llegar.
C: A estas alturas, ¿se considera un ídolo del vallenato?
SB: A mí no me gustan esas cosas. Yo no me fijo en eso. No sé si soy un ídolo o algo. Yo solamente puedo decir que he sido uno de los dignos representantes de nuestra música vallenata y que he aportado a la música porque tengo muchas canciones que hoy son clásicos del vallenato. Considero que he dado un aporte importante a nuestra música.
C: ¿Cómo se hace un juglar vallenato?
SB: El juglar es aquél que hace una carrera exitosa. Que representó o representa a su pueblo con grandeza y dignidad. El tiempo es quien determina cuándo uno es un juglar.
C: ¿Su aporte y su carrera lo podrían llevar a ser un juglar vallenato?
SB: Pues yo creo que sí, porque tengo 43 años como profesional. Aunque mi vida musical tiene muchos años porque yo desde muy jovencito comencé a cantar.
C: ¿Cómo ve la evolución del vallenato en los últimos años?
SB: El vallenato de ahora es muy distinto porque comenzó con Francisco El Hombre, y de allá a esta parte ha habido muchos cambios. Yo digo que ha habido una evolución en el arte, en la música vallenata. La juventud cambia y cambian las cosas.
C: ¿Y las mezclas del vallenato con otros géneros?
SB: No, yo pienso que las fusiones han sido algo normal en el mundo de la música. Si hay que hacer algún cambio cuando se dan esas cosas, pues se hace. El vallenato ha sido grabado orquestalmente, pero se mantiene. Las desfiguraciones que puede tener la música viene cuando el pueblo, la juventud cambia, porque de verdad que las cosas a través de la evolución tienen que cambiar.
En este momento hay unos cambios drásticos en el vallenato que, a nosotros los que hemos sido del vallenato ortodoxo, no nos gustan porque lo vemos fuera de lo que es el folclore vallenato.
"Yo soy uno de los que evolucionó porque mi estilo es vallenato lírico, pero en las canciones que yo canto se conserva el ritmo de las canciones vallenatas, del paseo, del merengue, del son, de la puya. Nosotros todavía alcanzamos a ser originales"
Silvio brito
C: ¿Cree que los jóvenes del sur de La Guajira se interesan por mantener el folclore vallenato?
SB: Sí, claro. Nosotros todavía reclamamos que nuestra música se conserve original, que nuestros muchachos aprendan a cantar y tocar vallenato. Claro está que la juventud se impone, hoy hay otro estilo, otras cosas, pero seguimos siendo, los guajiros, los que sostenemos la música vallenata, como músicos, cantantes y compositores.
C: ¿Qué características debe tener un rey vallenato?
SB: Un rey vallenato es aquel que resalta de los demás que están en la tarima, quien mejor lo haga. Se tiene en cuenta su creatividad, la buena ejecución, la precisión de las notas y el carisma del acordeonero.
C: ¿Qué opina del nombramiento del último rey vallenato?
SB: Estamos pasando un momento de dificultades. No se han presentado los mejores y eso le resultó a (José Ricardo) Villafañe para ser el rey vallenato. Este año no ha habido acordeoneros de mucho impacto. Este festival siempre será el más grande del país y apetecido a nivel nacional e internacional. Pero las dificultades, entre las que está la pandemia, se notan tanto en el público como en los artistas y quizás los más importantes no fueron.
C: ¿Cómo hacer para que cada día aparezcan más y mejores reyes y artistas vallenatos?
SB: Se debe invertir e impulsar los colegios que son un sitio especial para que los estudiantes se empiecen a dar a conocer y puedan mostrar sus talentos. Después vienen los festivales donde el mundo y las demás personas identifican el potencial artístico.
Por qué es importante
En menos de dos años, Tadó ha tenido tres alcaldes: Cristián Copete Mosquera, vencedor en las elecciones de 2019 que fue destituido en noviembre de 2020; Rafael Andrés Bolaños Pino, encargado durante un par de meses por el gobernador del Chocó, Ariel Palacios Calderón; y Yocira Lozano Mosquera, actual mandataria. Esta inestabilidad refleja las profundas divisiones que existen en la arena política local. Los dos líderes elegidos por voto popular, Copete y Lozano, pertenecen a dos bandos políticos distintos que están enfrentados desde hace varios años. Tanto así que fue precisamente Yocira Lozano quien demandó la elección de Copete junto al exalcalde y tradicional caudillo del municipio, Aulio César Ledezma Copete.
Ante la falta de continuidad en el cargo más importante del municipio, ha ganado fuerza en el pueblo la sensación de que los proyectos no avanzan y no hay nadie a quien exigirle que sus condiciones de vida mejoren.
¿Qué está pasando?
Yocira Lozano lleva poco más de cuatro meses en la Alcaldía. Sin embargo, hasta el momento, no se conoce qué ha hecho. La alcaldesa, que goza de una buena reputación por haber saneado las finanzas de la E.S.E. Hospital San José de Tadó durante su periodo como gerente, ha dado pocas declaraciones o entrevistas. Muchos se preguntan en qué quedaron las propuestas que hizo durante su campaña: formalizar el empleo, mejorar la calidad de vida, adecuar obras y abrir espacios de diálogo con la comunidad.
Algunas personas del municipio justifican su silencio público. “Esa muchacha es reservada, no le gusta salir a hablar como les gustaba a otros alcaldes”, nos dijo una lideresa de Tadó. Otras afirman que está callada porque no ha podido empezar a trabajar con un equipo propio dentro de la Alcaldía pues el anterior alcalde dejó contratada la nómina hasta diciembre. El punto es que hay muchas preguntas y pocas respuestas. “Yo le preguntaría en qué estado encontró la Alcaldía, y qué piensa hacer a partir del año 2022”, nos dijo otra persona que prefirió no dar su nombre.
Desde hace varias semanas en los grupos de Whatsapp del pueblo circula el rumor de que el Consejo de Estado admitió una tutela que presentó Cristian Copete Mosquera y podría tumbar la elección de Yocira Lozano. En los chats se mueve una imagen de la página oficial del alto tribunal, en la que se ven los procesos consignados, acompañada de un texto que asegura que Copete regresa al cargo. Este tema ha secuestrado el debate público local. La gente ya no habla tanto de lo que hace o no hace la alcaldesa, sino de cómo avanza la tutela en el Consejo de Estado.
La desinformación sobre el proceso ha generado mayor incertidumbre en la comunidad. Mientras tanto, desde la oficina de la alcaldesa –que tiene un cartel afuera que prohíbe el ingreso de celulares– no explican qué está pasando.
¿Qué dice la gente?
“Hay incertidumbre en el municipio. La gente no sabe quién va a quedar como alcalde. Esta es una situación dura para Tadó, ya que ha reducido su capacidad administrativa por lo que ha habido gastos de ambas campañas (políticas). Además, el pueblo se ha esforzado en gozar de un plan de desarrollo claro y se necesita un alcalde oficial que pueda apoyar esto para mejorar las condiciones de vida de las personas”, dice Francisco Mosquera, integrante de la veeduría de Tadó.
“Acá hay diferentes expresiones en los rostros: algunos de alegría y otros de tristeza. La gente que apoyó a la alcaldesa tiene temor de que llegue Cristian Copete y puedan cambiar las cosas. La gente del común también siente mucha incertidumbre teniendo en cuenta que los recursos se pierden, se la pasan de aquí pa allá, de allá pa acá. Lo importante es que la persona que esté allí (en la Alcaldía) haga bien las cosas, que los recursos se evidencien en buenas obras más no en los bolsillos de ellos”, afirma Sori Jordan, habitante del municipio.
¿Qué está pasando en el Consejo de Estado?
En el Consejo de Estado, tribunal encargado de solucionar los conflictos entre el Estado y los particulares, efectivamente sí hay un proceso de tutela frente a la nulidad de la elección de Cristian Copete declarada por el Tribunal Administrativo del Chocó. Puede consultar el proceso aquí.
El exalcalde Cristián Copete, representado por la firma Gilberto Tobón Abogados, alega en la tutela que se violó su derecho al debido proceso y a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político.
Las pretensiones del exalcalde son: que se amparen sus derechos y se deje sin efecto la sentencia del Tribunal Administrativo del Chocó, que le daría el regreso al cargo.
El conjuez Carlos Mario Isaza Serrano del Consejo de Estado, quien está encargado de la tutela desde el 17 de septiembre de 2021, debe tomar una decisión en las próximas semanas. Isaza Serrano debe decidir si acepta las pretensiones del exalcalde o reafirma la sentencia de nulidad.
¿Qué dice la tutela del exalcalde?
El Tribunal Administrativo del Chocó dictó la nulidad electoral de Copete el 13 de noviembre de 2020 y lo inhabilitó. Copete llevaba quince meses en el cargo. Según la demanda de nulidad electoral, el alcalde estaba inhabilitado porque su hermano había ejercido como Registrador Municipal de Tadó durante los últimos 12 meses antes de las elecciones.
Entonces, la tutela del abogado Gilberto Tobón se basa principalmente en los siguientes argumentos para refutar el fallo:
Desconocimiento de la jurisprudencia: Hasta el 2005, el Consejo de Estado estableció que no era necesario que el registrador municipal renunciara antes del año electoral para evitar la inhabilidad de un pariente que aspirara a la Alcaldía. Con base en esta jurisprudencia, asegura el abogado Tobón, formalizó Copete su candidatura y el 27 de octubre de 2019 resultó elegido.
Este argumento es débil pues en enero de 2019, el Consejo de Estado unificó la jurisprudencia y estableció que sí es necesario que el registrador renuncie un año antes de las elecciones.
No hubo tiempo para la defensa: Cuando estaba en curso el proceso en el Tribunal Administrativo de Chocó, supuestamente no hubo una notificación exhaustiva de los plazos para que Cristián Copete se defendiera sobre la demanda.
Entonces, ¿qué podría pasar?
Existen dos escenarios posibles sobre la decisión que debe tomar el conjuez Carlos Mario Isaza. En el primero, el Consejo de Estado simplemente podría negar la tutela de Cristian Copete, algo que no generaría ningún cambio en la situación actual.
En el segundo escenario, el alto tribunal se podría expresar a favor de Cristián Copete. En otras palabras, “se declararía la nulidad de todo el proceso o de algunas etapas por violación a los derechos del ciudadano [Copete]”, explica Marlon Pabón, coordinador de Administración Pública y Transparencia de la Misión de Observación Electoral (MOE). Eugenio Guerrero, abogado y defensor de derechos humanos, explica que en este caso, Yocira Lozano tendría que retirarse del cargo. “Es como si ella nunca hubiese sido elegida pero todas las decisiones que haya tomado desde su posesión, como actos y nombramientos, son válidos”, afirma Guerrero. El abogado aclara Lozano Mosquera también podría apelar y argumentar la violación de sus derechos.
Los abogados Pabón y Guerrero coinciden en que así el Consejo de Estado falle a favor de Cristian Copete y el exalcalde sea restituido, el proceso de nulidad electoral que lo sacó del cargo podría reiniciar. Por lo que Copete podría terminar siendo apartado del cargo nuevamente.
Sin embargo, lo cierto es que si el Consejo de Estado resuelve la tutela a favor de Cristian Copete sería algo inédito. “En Colombia no existe un antecedente de este caso, a pesar de que en el país es recurrente que se presenten nulidades por inhabilidad electoral”, dice Marlón Pabón. Y agrega: “en el historial que tenemos (en la MOE) no hay un caso parecido a lo que pasó en el municipio. Por esta razón es difícil determinar cuáles serían los efectos de la tutela”.
Lo que sigue
Los tadoseños y tadoseñas están a la expectativa del fallo del conjuez Carlos Isaza, que debe darse en las próximas semanas. Eugenio Guerrero afirma que la decisión del Consejo de Estado se conocerá muy pronto.
“Esta decisión no va a llevar más de tres meses. Por eso se hizo una reforma a estos procesos para que se acortaran términos por la inestabilidad jurídica y política”
Eugenio Guerrero, abogado y defensor de derechos humanos
Mientras tanto, es poco probable que la alcaldesa se concentre en gobernar. “Cuando un alcalde está inmerso en un proceso judicial muchas veces se concentra más en la defensa y esto afecta el desarrollo de los proyectos de inversión social. Hay que tener en cuenta que en el momento que se escoge un alcalde en una elección atípica, entra ya con un presupuesto aprobado del anterior mandatario, si ese es el caso. Esto tiene afectaciones en la gobernabilidad con el nombramiento de un nuevo gabinete, mientras adecuan los planes y el presupuesto”, dictamina Marlon Pabón.
¿Por qué es importante?
Las verduras, principalmente, llegan en mal estado al mercado municipal y los campesinos denuncian que tienen pérdidas porque los mayoristas les compran a mitad de precio o menos. Esta es una de las consecuencias del pésimo estado de la carretera que conduce a la vereda Puerto López, en la zona de la Serranía del Perijá de Fonseca.
Los carros no suben hasta la vereda, los mulos se maltratan y los habitantes evitan transportarse para no quedar enterrados en alguna de las zanjas en la vía, que alcanzan una profundidad de 1.60 metros. Con cada invierno, esta situación se repite desde hace más de 30 años.
¿Cómo se gestó la hazaña?
A inicios de septiembre, una delegación de la vereda se manifestó frente a la Alcaldía de Fonseca. El secretario de Planeación Deimer Torres los atendió y, según los campesinos, les aseguró que el proyecto de arreglo de la vía estaba listo pero debían realizar un nuevo presupuesto.
José Celedón, presidente de la Junta de Acción Comunal, organizó la colecta a inicios de septiembre para comenzar la arreglas los 14 kilómetros de malla vial. Cada una de las familias de la vereda aportó dos galones de ACPM, que en el municipio cuestan 14 mil pesos, para el funcionamiento de una retroexcavadora. Un ingeniero que trabaja arreglando una vía cercana le prestó a la comunidad la maquinaria. Asimismo, los campesinos donaron parte de los productos que siembran e invirtieron 500 mil pesos para comprar mercado extra. Tres mujeres se dividieron las jornadas de cocina para preparar la comida de los operarios de la máquina y el dueño.
La vía no solo presenta zanjas en la mitad del camino sino también presencia de rocas que desestabilizan el paso de los carros. Foto: cortesía de la comunidad de Puerto López
¿Qué dice la gente?
“Al principio nos atendían en la Alcaldía, ahora no encontramos al alcalde ni el Secretario de Planeación. Nos cansamos de vivir así, de vender las cosas a mitad. El tener más ganancia nos llevó a invertir en la vía y cada uno ha puesto su granito de arena”, dice Olmer Gómez, uno de los campesinos que ha cultivado durante más de 25 años la tierra.
“Uno se cansa que nada más lo miren a uno en tiempo de política. Sin importar cómo esté el camino, se vienen hasta aquí pero tan pronto ganan, se olvidan. Ahorita que la vía está mejorando un poquito va a ser más fácil que mis hijas me puedan visitar porque es menos riesgoso”, opina Ana Gómez, una habitante de 43 años.
“La placa huella la echaron en Arroyo Hondo, en La Colonia, incluso en el mismo municipio. A Puerto López siempre lo dejan olvidado. Siempre han prometido arreglar la carretera, solo le pasan una máquina y luego llueve y llega hasta ahí la carretera”, explica Damaris Tirado.
“Nunca hemos tenido ni un metro de placa huella ni de alcantarilla. Es una vía que se abrió sin obras. No tenemos ni puesto de salud, ni colegio. Dicen que no hay presupuesto, no hay recursos para la vía”, afirma José Celedón.
¿Qué ha hecho la Alcaldía?
El 17 de septiembre, el alcalde Hamilton García y el secretario de Planeación Deimer Torres citaron a los representantes de la vereda y les confirmaron que apoyarían la iniciativa. Según José Celedón, la Alcaldía se comprometió a suministrar la gasolina, contratar más maquinaria para el arreglo de los siete kilómetros de vía que faltan y reintegrar el dinero que ya invirtieron. Por su parte, los campesinos se encargarán de la alimentación de los operarios y los ayudantes.
El alcalde Hamilton García ha dicho que varios de los proyectos destinados para el arreglo de las vías no alcanzaron a ser presentados para recibir recursos del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD Paz). Es decir que las vías a Puerto López, la Y del corregimiento de Conejo hasta Hatico Viejo, la de las Bendiciones y Cañaverales quedaron sin financiamiento.
Consonante intentó contactar al secretario de Planeación Deimer Torres, encargado de gestionar los proyectos viales en el municipio, pero no recibimos respuesta alguna del mandatario.
Lo que sigue
La comunidad espera culminar cuanto antes el arreglo de la vía Puerto López, con la construcción de placa huella, según les prometió el alcalde Hamilton García. El dinero que reintegre el mandatario a la Junta de Acción Comunal será depositado en el fondo de la vereda para futuros proyectos, que terminen de impulsar la actividad agrícola de esta comunidad.
¿Por qué es importante?
La E.S.E. Hospital San José de Tadó lleva más de 10 años en crisis y los habitantes de Tadó se han acostumbrado a pasar innumerables dificultades para ser atendidos. Por ejemplo, hay muy pocos turnos de consulta diarios y solo hay una ambulancia para trasladar pacientes a Quibdó, que suele fallar o estar ocupada. Los funcionarios de la entidad se han quejado por la falta de pagos y los precarios insumos para atender las emergencias. Hasta la fecha ninguna ayuda ha sido suficiente.
Los detalles del Hospital San José de Tadó:
Es una entidad de primer nivel, que cuenta con 77 empleados que atienden problemas de salud de baja severidad. Según el reglamento del Ministerio de Salud, deben prestar los servicios de: urgencias, hospitalización, laboratorio clínico, odontología general, sala de partos, transporte asistencial básico y medicina general.
Los ingresos del hospital corresponden a los pagos de la Caja de Compensación Familiar del Chocó (Comfachocó), que en agosto fueron de poco más de 175 millones de pesos; de la Nueva EPS, con 150 millones de pesos; y el recaudo de caja, que fue de 8.5 millones de pesos. En algunos casos, se firman convenios con la Alcaldía municipal y la Secretaría de Salud departamental, como detalló la gerente de la entidad, Anny Katherine Yurgaky.
En el municipio de Tadó no existe una red médica en la zona rural, por lo que toda la población es atendida en el hospital. Hay algunos puestos de salud que ya no sirven como es el caso de los corregimientos: El Tapón, Corcobado, Guarato y el resguardo embera de Mondó Mondocito. En Playa de Oro arreglaron el espacio, pero no hay personal que preste la atención.
Anny Katherine Yurgaky, optómetra de la Fundación Universitaria del Área Andina de Pereira, fue posesionada por el destituido alcalde Cristian Copete Mosquera a finales de abril de 2020.
El hospital tiene una sola ambulancia, pero casi todos los días hay más de una remisión a Quibdó, por lo que deben alquilarse otros vehículos.
¿Y las deudas?
La información acerca del balance financiero del hospital se maneja con mucho recelo. Hasta julio de 2021 se hablaba de una deuda de 5.000 millones de pesos por el pago de prestaciones a los funcionarios activos de planta, retirados, pensionados y proveedores.
¿Qué se ha hecho?
La gerente del hospital, Anny Katherine Yurgaky, afirma que desde que asumió el cargo está trabajando para implementar el Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero, un programa del Ministerio de Hacienda para darle sostenibilidad económica a las empresas del Estado y garantizar la prestación del servicio de salud. Minhacienda aprobó el plan para el hospital de Tadó en octubre de 2019, después de que fuera clasificado en alto riesgo financiero en 2017.
Yugarky explica que en agosto de 2020, adelantó la primera fase de este plan para pagar antiguas deudas de salarios, vacaciones, primas y otras prestaciones hasta julio de 2019 al personal activo de planta. Para esto, invirtió cerca de 900 millones de pesos. Además, dice que están al día con los salarios hasta julio de 2021.
Actualmente, está implementando el segundo momento del plan y espera atender las deudas que mantiene el hospital con exempleados, pensionados y retirados.
Sin embargo, la gerente no da muchos detalles acerca de las fechas, la cantidad de dinero o el origen de los recursos, y dice que no puede arreglar en tan poco tiempo, una crisis que viene de mucho tiempo atrás. “Con los recursos que llegan se paga nómina y queda faltando para comprar insumos y pagarle a proveedores, algunos ya nos han cerrado la puerta”, asegura.
Estos son los servicios que ofrece el hospital.
“El hospital es inviable”
A pesar de las acciones adelantadas desde la nueva gerencia del hospital, la situación sigue siendo crítica. Yirson Ledezma, personero municipal explica que el principal obstáculo para rescatar el hospital radica en que los gastos superan por mucho los ingresos. “El hospital actualmente es inviable y quiero ser muy prudente con esa afirmación, bajo el entendido que los ingresos que percibe son inferiores a los gastos incluso para mantener al personal”, dice.
El personero ha interpuesto varias denuncias sobre el mal estado del hospital ante la Gobernación del Chocó, la Procuraduría, la Contraloría, la Superintendencia de Salud y el Ministerio de Salud. Pero asegura que nota “una timidez o lentitud en darle trámite a eso. Yo las puse a finales del 2020, algunas las he reiterado y no ha pasado nada. No conozco hasta el momento que hayan hecho un tipo de intervención o un visita para verificar si lo que digo es cierto”.
La opacidad en torno al manejo de los recursos recibidos por el hospital aumenta la preocupación del organismo de control. Según el personero, en 2017 el Hospital San José de Tadó inició un proceso con el Fondo de Salvamento y Garantías para el Sector Salud, del que recibió casi 2 mil millones de pesos por parte del Ministerio de Salud, y 300 millones de pesos por parte de la Gobernación del Chocó. Pero no se sabe con exactitud cómo se utilizaron esos recursos.
"La infraestructura está deprimente, no hay ni un desfibrilador siquiera. Los otros elementos que hay están en mal estado o no tienen uso porque los empleados no saben operarlos”.
Yirson Ledezma, personero de tadó
Qué dice la gente
Los habitantes de Tadó ya están acostumbrados a la crisis. Quienes tienen la posibilidad de pagar citas, acuden a los centros médicos de sus EPS y cancelan los 40 mil pesos que cuesta, en promedio, la consulta. Pero quienes no tienen otra alternativa, asistir al hospital a sabiendas que deberán pagar por los medicamentos que les aplicarán o por las jeringas. Para conseguir una cita, se preparan para pasar la madrugada a las afueras del hospital y muchas veces deben regresar a sus casas porque se las agendan para otro día. En caso de necesitar un traslado, saben que viajarán en un carro particular sin los equipos necesarios para atender cualquier emergencia que pueda ocurrir durante una hora de trayecto que hay entre Tadó y Quibdó.
Pero en medio de todo esto, lo que más les preocupa a muchos es la falta de información que existe en Tadó sobre lo que verdaderamente sucede en el centro médico.
“En el hospital no comunican qué van a hacer para la crisis del hospital. Lo único que sabemos es que tienen una deuda y no le pagan a los funcionarios”, dice Ana Sofía Perea, habitante de Tadó. Y agrega: “prefiero tratar mis dolencias en casa porque como no hay implementos ni insumos y el servicio parece que hasta el momento no es el mejor, porque no he ido a utilizarlo como paciente. Esto me llena de desinterés y ya uno conociendo las enfermedades y patologías que padece, se automedica”.
“Lo último que supe es que estaban con una fiduciaria y se han demorado mucho porque el hospital no ha podido cumplir los requisitos. La gerencia y la Alcaldía deberían ir de la mano para salvar al hospital porque a un gerente solo le queda grande solucionar. Los alcaldes de turno han cogido al hospital como caja menor cuando ponían ad hoc a los gerentes; ahora como es por concurso si el gerente no es de la misma línea política, no le prestan atención”, opina Alex Ramírez, habitante de Tadó y ex funcionario del hospital.
“No sé cuál sea el plan para salvar el hospital. Todo el mundo ha tenido malas experiencias y se quejan de que no se ven cambios. La gente llega a las 12 de la noche, se amanece esperando para coger fichos para la atención y algunos vienen de zona rural y no alcanzan”, dice Paola Perea.
“Acá desde hace años estamos en crisis. Solo nos deben un mes de salario pero no tenemos dotación. No sé si haya un plan para salvar al hospital pero ojalá hagan algo para que se sepa lo que está pasando acá”, afirma una de las enfermeras del hospital que prefirió mantener el anonimato.
Una pared del hospital.
Lo que sigue:
La gerente del hospital Anny Katherine Yurgaky espera terminar la implementación del Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero. Sin embargo, para esto deben cumplir con ciertos requisitos que Yurgaky se niega a detallar. Por su parte, el personero Yirson Ledezma sigue esperando que las instituciones nacionales hagan presencia en el municipio para verificar la correcta prestación del servicio de salud.
Mientras tanto, los habitantes de Tadó -que ya han perdido la esperanza de que la crisis del hospital se resuelva y algún día tengan una buena atención médica- esperan, al menos, enterarse de lo que sucede puertas adentro.
¿Por qué es importante?Las penalizaciones que tienen más de 300 conductores, superan en algunos casos los 3 millones de pesos y han obstaculizado que muchos de ellos puedan prestar el servicio de transporte público, afectando sus ingresos familiares.
La situación se ha vuelto insostenible para decenas de conductores que han radicado quejas ante la Alcaldía municipal y la Gobernación de La Guajira y que buscan encontrar algún mecanismo para terminar el contrato de la concesión por incumplimiento de los términos. También, han buscado la reducción de las sanciones teniendo en cuenta la crisis económica acentuada por la pandemia.
Los detalles:
La concesión Millenium Sistems SAS llegó a Fonseca en 2017, según el personero municipal Juan Jaime Peralta, con la tarea de “mejorar la logística del tránsito, la locación donde funciona y hacer cursos de sensibilización a las personas para que no cometan infracciones”.
El Instituto de Tránsito y compañía trabajan de forma conjunta a través de una concesión, para garantizar la movilidad en el municipio. Millennium Sistems se encarga de manejar los trámites administrativos y logísticos mientras los oficiales realizan los operativos y hacen el recaudo de las multas.
En 2017, el Tránsito instaló una cámara de fotomultas en la vía nacional -que es el corredor principal entre el sur y el norte del departamento de La Guajira-, sin suficiente señalización y tampoco se notificaba la infracción a la persona. Esto ocasionó que varios conductores acumularan entre cinco y diez multas, que superan los 3 millones de pesos.
La Resolución 0718 de 2018 del Ministerio de Transporte le dio la razón a los conductores, al regular el procedimiento de las fotomultas a nivel nacional. Así las cámaras y los radares para detectar infracciones de tránsito deberían estar plenamente identificados y anunciarlos 500 metros antes de su ubicación en las vías nacionales.
En 2018, las agremiaciones de transportadores legales e ilegales se unieron para acordar con el Instituto de Tránsito no cobrarle a los transportadores que tuvieran una orden de comparendo y a quienes tuvieran varias, se les aplicaría una sanción pedagógica por 65 mil pesos. Después de cuatro años, estos compromisos no se han cumplido.
Con base en las quejas de la comunidad, el 20 de agosto Instrafon y Millenium Sistems SAS fueron citados al Concejo Municipal de Fonseca, pero no llegó ningún representante de la compañía.
Qué dice la gente
Las preocupaciones y la indignación de los conductores ha sido tramitada ante la Alcaldía y los juzgados a través de derechos de petición, denuncias y tutelas. Según Juan Jaime Peralta, la queja más frecuente es que “ninguno de los procedimientos administrativos de los partes (fotomultas) están notificados en debida forma y que no tienen cómo defenderse”. Estos son algunos de los testimonios:
“Instalaron de manera no adecuada una cámara en la parte trasera de una camioneta, montada en un andén en la bomba del Triunfo. Después de unos meses me entero que se estaban sacando fotomultas, pasado otro tiempo iban a empezar a notificar esas sanciones. El gerente de Millenium Sistems, Carlos Peñalosa, me llamó y me hizo la invitación para firmar las fotodetenciones, ofreciéndome plata. Le dije que no lo aceptaba. Pasado el 2017, empezaron a pasar unos cobros de las fotomultas físicas en las que apareció mi nombre”, denuncia Wilmer Velásquez, supervisor de Tránsito de Fonseca.
“Me hicieron un comparendo por no tener casco, quedó mal diligenciado y no le hicieron inventario a la moto, sino que se la llevaron enseguida. El man (policía) no tenía placa ni chaleco de identificación. Cuando recogí la moto, la guaya del acelerador estaba partida, el tanque estaba un poco rayado y el mofle también”, narra Jesús Herrera, habitante de Fonseca.
“A mí me embargaron una cuenta de mi empresa. Cuando fui a ver por qué, me dijeron que por el Tránsito municipal porque tenía cinco fotomultas por exceso de velocidad por una vía que estaba totalmente destruída. Por el afán de poder sacar mi plata, me tocó pagar 750 mil pesos”, dice Giovanny Salazar, habitante de Fonseca.
“Están embargando a nuestros conductores y para el pase de conducir debemos estar a paz y salvo en cualquier multa, en este caso es una fotomulta que tiene afectados a 300 transportadores y personas ajenas. Somos claros que el tránsito es de los fonsequeros y no de dos o tres personas que se enriquecen atropellando a la comunidad”, asegura Lenio Arocha, representante de la Asociación de Transportadores en Fonseca (Transfosegua).
“Una persona que viva de su salario y se lo embarguen no puede estar tranquilo. Un conductor por lo general gana de 20 mil a 30 mil. Hemos sido uno de los sectores más golpeados por el covid 19 porque hemos tenido restricciones, no podemos llevar la totalidad de los pasajeros. Esto no es rentable para hacer los viajes. Estamos en una situación de S.O.S”, Eddie Lengua, directivo de Transfosegua.
¿Qué piden los conductores?
Aunque hasta la fecha no hay un pliego de peticiones público, los transportadores formales e informales han exigido en las mesas diálogo: cumplir los compromisos de 2018 sobre las fotomultas, mejorar señalización y arreglar los semáforos, regular las empresas que prestan servicio de transporte y capacitaciones que garanticen la movilidad en el sector.
¿Qué dice la Alcaldía y la Gobernación?
Consonante intentó comunicarse con el director del Instituto de Tránsito y Transporte de Fonseca (Instrafon), Norgen Salas, pero no fue posible obtener respuesta. Los conductores también tuvieron acercamientos con el ex gobernador de La Guajira Nemesio Roys pero la destitución del mandatario frenó el desarrollo de un plan de acción.
Lo que sigue:
En la mesa de concertación del 26 de agosto, los representantes de Tránsito municipal y la empresa anunciaron que accederían a cumplir lo pactado en 2018 y hacer mejoras a la movilidad del municipio. Aunque esto generó optimismo entre los conductores, no descartan que haya un paro municipal si no se cumple el acuerdo.
¿Por qué es importante? El sur de La Guajira se ha caracterizado por su alta producción de arroz, un cereal que aún se cultiva, en su mayoría, artesanalmente. En Fonseca, al menos 5.000 personas viven de este cultivo que a nivel local tiene una cadena de comercialización asegurada.
“Si dejamos de sembrar el arroz, acá va a haber un conflicto serio porque la fuente [de dinero] es ese cultivo. ¿Qué otra cosa nos ponemos a hacer? El precio del maíz está por el suelo. Si sembramos melón o patilla, no tenemos quién nos comercialice. Nos toca vender los productos en la avenida y muchos se dañan”
Eider Jesús García, arrocero desde hace 36 años.
“¿Qué otra cosa ponemos en la tierra?”: los arroceros de Fonseca han intentado migrar hacia otros cultivos como el algodón, que está cubierto por el programa de cobertura cambiaría del Ministerio de Agricultura. Con este mecanismo, el gobierno les ofrece a los agricultores una manera de protegerse ante a la fluctuación de la cotización del precio colombiano frente al dólar. En la actualidad, el kilo de fibra de algodón se está vendiendo en $7.400. A pesar de esto, la mayoría de los cultivadores no han migrado por la incertidumbre que les genera cambiar la siembra que heredaron de sus antepasados.
Qué dice la gente:
“Es descendencia familiar de mi padre y mi abuelo… yo les vengo siguiendo. Mi otro hermano también es cultivador. Sigo en el cultivo de arroz, esperanzado en que se compongan las cosas de aquí a la segunda cosecha de enero, porque si sigo de terco me quedo sin capital”, cuenta Rodrigo Parodi, un agricultor de 28 años quien lleva diez de estos cultivando.
“Aquí la vocación es el arroz. Son contados los que hemos estado alternando con el algodón. La gente aquí le tiene miedo a lo desconocido. Los pequeños agricultores saben todo el proceso del arroz pero si se cambian al algodón van a ciegas. Lo otro es el pago, para el algodón puede ser a los 90 o 120 días y con el arroz a los 8 días o 15 días”, dice Eider Jesús García.
“Esta crisis tiene que pasar porque sino me toca buscar un ataúd y meterme ahí de tantas deudas. Las otras alternativas son igual o peor, tengo amigos que siembran yuca y terminan dándosela a los cerdos. Si siembro auyama se la roban, el fríjol se lo roban, si tiene gallinas se la roban. El único que nadie coge es el arroz ”, afirma Adafel Solano, quien desde hace 33 años comenzó a cultivar en Fonseca.
Los arroceros contratan a hombres de la comunidad wayuu del resguardo de Mayabangloma para la siembra y cosecha de los cultivos de arroz. Foto: María Fernanda Padilla Quevedo
Los reclamos sobre el bajo precio del arroz también se escuchan entre los pequeños comerciantes que compran el grano a los molinos o directamente al agricultor.
“La comercialización del producto ya terminado (arroz blanco) está demasiado difícil. Los depósitos, los mayoristas y los supermercados quieren comprar el arroz a un precio más bajo de lo que a uno le sale y al consumidor final no le bajan el precio”, dice Jhon, quien desde hace 10 años es un comerciante formal de Fonseca.
La crisis: Dos factores desequilibraron la producción de arroz en el país y desde inicios del 2021 han generado pérdidas para los agricultores:
El precio del arroz: en los últimos dos años la tonelada de arroz paddy (cuando aún viene en la cascarilla) se estaba vendiendo en Colombia por encima de 1 millón de pesos, pero en los últimos tres meses ha caído hasta llegar a los 929.429 pesos, según cifras de la Federación Nacional de Arroceros. Con este precio, el kilo se está comercializando a 800 pesos en promedio.
El precio de los agroinsumos: estos han aumentado casi 25 por ciento. En el caso de la urea, uno de los cuatro fertilizantes que se aplican al cultivo, el bulto pasó de los 67 mil pesos a los 120 mil pesos en menos de un año.
En el caso de Fonseca, los cultivadores invirtieron entre 5,8 y 6,5 millones de pesos por hectárea para la producción del primer semestre del 2021. En promedio, producen 5.500 kilos por hectárea, de los que reciben 4 millones de pesos en ingresos.
La respuesta del gobierno:
El ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, ha reafirmado que una de las principales causas de la crisis arrocera de este año en el país es la sobreoferta del cereal. En 2020 los precios del arroz estuvieron altos e incentivaron a una mayor siembra, que generó excedentes del cereal. Por esto, en 2021 el Plan de Ordenamiento de la Producción de Arroz, que se concertó con el Consejo Nacional del Arroz, estableció que las hectáreas cultivadas no podrían sobrepasar las 520.000 y así de esta forma, se nivelarían ambas producciones.
Como resultado de las reuniones con agricultores de otros departamentos, se concertó a mediados de agosto el Incentivo al Almacenamiento con el fin de estimular a la industria molinera a almacenar los excedentes de las cosechas que queden y poder liberar el arroz paulatinamente en el mercado, respondiendo a la oferta y la demanda. Sin embargo, en Fonseca ven difusa la llegada de estos apoyos porque no están organizados y el municipio tampoco cuenta con una persona encargada de la Secretaría de Agricultura.
En las cosechadoras de arroz combinadas trabajan al menos tres personas: el conductor, quien recoge en los costales el arroz paddy y otra cose los costales. Foto: María Fernanda Padilla Quevedo.
¿Qué piden los agricultores en Fonseca?
Control por parte del gobierno nacional a los agroinsumos para evitar que las importaciones de estos productos afecten el bolsillo de los agricultores. En ese sentido, piden más subsidios y apoyos para acceder a fertilizantes e insecticidas.
Generar un mecanismo de cobertura sobre el cultivo del arroz, que permita establecer un precio base antes de distribuir el producto.
Apoyo en la alternancia del cultivo del arroz con otros alimentos. Solicitan que se garanticen rutas de comercialización y capacitación.
Lo que sigue
Los cultivadores de Fonseca esperan que pronto haya soluciones de las directivas de la Federación de Arroz en el Caribe y del Ministerio de Agricultura, como ha ocurrido en los demás departamentos arroceros. De no responder a las peticiones, organizaciones como Dignidad Agropecuaria están convocando movilizaciones en todo el país para recibir respuestas integrales desde el gobierno nacional.
Algunos agricultores en Fonseca comenzarán a sembrar las semillas del algodón, con la confianza en que el segundo semestre de este año recuperarán un porcentaje de las pérdidas. Sin embargo, la mayoría de los arroceros en el municipio está alistando el terreno para cultivar el arroz, un cultivo que han heredado de generación en generación y se niega a desaparecer.
¿Por qué es importante?El acceso a la tierra para construir una vivienda propia y proyectos productivos ha sido una de las principales preocupaciones de los exguerrilleros y exguerrilleras desde el inicio del proceso de reincorporación. El 70% de los integrantes de la extinta guerrilla de las Farc no tenían una casa donde vivir después de la firma del Acuerdo de paz, según un censo de la Universidad Nacional de 2017.
Los y las excombatientes del AETCR Amaury Rodríguez afirman que la entrega de el predio Portobello es un hecho importante pues les permite seguir planeando su futuro de manera colectiva.
“A nosotros nos llenó de mucha satisfacción acceder a la tierra porque ha sido históricamente lo que ha generado conflictos a nivel nacional. Si nosotros no tenemos una casa para habitar, no podemos elaborar nuestro proyecto de vida en el marco de la reincorporación”.
Jeiner Alfonso Arrieta (Henry), coordinador de salud del AETCR.
Los detalles:
La finca, llamada Portobello, es un predio de 8,7 hectáreas que costó casi 4.000 millones de pesos del Fondo Colombia en Paz en la vigencia 2019-2020.
La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) y la Agencia para la Renovación del Territorio (ART) entregaron las escrituras provisionales a 187 excombatientes el 6 de agosto.
En el nuevo predio, las exguerrilleras y los exguerrilleros esperan construir 200 casas que diseñaron en el marco de la iniciativa “Ciudadela de Paz”, un proyecto de construcción autogestionado. En 2019, la Unión Europea apoyó esta iniciativa y entregó cuatro unidades productivas (una carpintería, una fábrica de ladrillos, un taller de ornamentación y una transportadora) para que la comunidad pudiera construir 350 casas en los AETCR de Fonseca y San José de Oriente (Cesar). Desde entonces, los y las excombatientes han esperado ser dueños de su tierra para hacer realidad sus casas. La vivienda modelo mide 111,3 metros cuadrados y tiene dos habitaciones, un baño, una cocina y una sala-comedor.
Lo que está pendiente: Aún no hay una fecha establecida para el traslado definitivo de las 200 familias que hoy viven en el antiguo espacio territorial de capacitación y reincorporación (AETCR) Amaury Rodríguez. Según la ARN, solo se podrá conocer la fecha exacta una vez se realicen varios trámites: los estudios de prefactibilidad del terreno, el proyecto de vivienda que propone adelantar la comunidad, la titulación individual de la tierra, y los estudios de mercado que definan la empresa constructora de las viviendas.
Sin embargo, también es necesario que el gobierno atienda algunas peticiones que hacen desde Pondores. Por ejemplo, piden que el gobierno asegure que serán contratados por el Ministerio de Vivienda y la ARN para construir sus futuras viviendas. Esto implica, no solo la contratación de mano de obra sino la compra de materiales como ladrillos, que hoy en día producen en sus unidades productivas.
Andrés Stapper, director de la ARN, dice que están dialogando con la comunidad sobre este punto. “Nosotros hemos sido claros, estamos fomentando todo un proceso de vivienda por parte del Estado y eso tiene que cubrir ciertas necesidades. Por eso se contrata a empresas que tengan toda la experticia en materia de vivienda rural. Las unidades productivas (del AETCR) pueden llegar a servir como proveeduría a las construcciones”, aseguró Stapper.
Además, los y las excombatientes sostienen que no se “trastearán” hasta que estén construidas las viviendas en el nuevo terreno. Y para tener una idea del tiempo que esto puede tardar vale la pena recordar que en el espacio actual la comunidad se tardó seis meses construyendo cada casa con con superboard y aluminio, y con techos de zinc.
Una casa modelo construida en la granja San Luis. /Foto: Cortesía del colectivo Guásimas
“La ciudadela” que deben trastear: A pesar de que las y los excombatientes no son propietarios del terreno en donde está ubicado actualmente el AETCR Amaury Rodríguez, el lugar tiene la infraestructura de una pequeña vereda.
En el AETCR Amaury Rodríguez, los exguerrilleros y exguerrilleras edificaron 54 viviendas de 12 x 8 metros, divididas en habitaciones de 6 x 4 metros. Para llegar a este complejo de viviendas, construidas en un terreno de cuatro hectáreas, se debe transitar por vías destapadas. El tiempo de viaje son 20 minutos desde Fonseca y cinco minutos desde el corregimiento Conejo.
Además, construyeron una biblioteca, una unidad comunitaria de atención para la niñez, un taller de confecciones, dos módulos de oficinas y dos consultorios de odontología y enfermería.
Muy cerca de este predio, los y las excombatientes tienen un proyecto productivo en una finca llamada "granja San Luis". Gestionaron este espacio bajo la figura de contrato en comodato con opción de compra. Allí siembran sus cultivos, crían gallinas ponedoras y tienen un proyecto de producción de plantas aromáticas y siembra de árboles para reforestación llamado Dama Verde. También construyeron una casa de la memoria, y organizaron el proyecto de construcción de viviendas y de ecoturismo.
Aún no cuentan con redes de acueducto o alcantarillado ni energía eléctrica.
Foto: María Fernanda Padilla
¿Qué dice la gente?
“Yo me siento esperanzada de que esto sea una realidad palpable. Sin embargo, soy consciente de que el traslado no será posible hasta que estén las casas materializadas porque aquí por lo menos tenemos el techo que nos protege de las lluvias y allá por el momento solo está el terreno vacío”, sostiene Betsabé Molero, habitante del AETCR.
“Este terreno mejora nuestra forma de vivir. Ver que se está entregando un lote, que es una cosa efectiva, le da esperanza a uno. Queremos llevar el modelo de casa a sectores marginados de la población”, dice Carlos López, habitante del AETCR.
El contexto: Con la entrega de estas tierras, el Estado está llenando un vacío que quedó en el Acuerdo cuando no se pactó la compra de terrenos para asegurar la reinserción económica y social de las y los excombatientes. Con este predio, son 10 terrenos los que el Estado ha entregado a personas en proceso de reincorporación en distintos lugares del país. En total, unas 1.100 hectáreas.
Sin embargo, todavía hay obstáculos para el proceso de reincorporación:
Las frecuentes amenazas, ataques y asesinatos a muchos combatientes desmovilizados y sus familias. Desde la firma del Acuerdo, 283 firmantes han sido asesinados, y solo en 2021, van 34. Hasta la fecha la comunidad del AETCR de Pondores no ha recibido ninguna amenaza. Sin embargo, Jeiner Arrita cuenta que “en las estribaciones de la Serranía del Perijá afloran algunos tipos de violencia como presencia de grupos como el ELN, las disidencias y los paramilitares”.
La desintegración de muchos campamentos por la falta de garantías y seguridad.
La falta de recursos para autogestionar proyectos productivos: recibir préstamos, alquilar o comprar tierras, sacar adelante cultivos, entre otros.
Lo que sigue: La ARN y la gente del ETCR esperan conocer en diciembre los resultados del estudio de prefactibilidad, que está realizando Corporguajira en coordinación con la Alcaldía de Fonseca y los representantes de las personas en proceso de reincorporación. Este proceso es clave porque de esto dependerá cuántas casas se construirán y cómo será la distribución de las demás edificaciones, el alumbrado y el servicio de agua.
Por qué es importante: La Guajira es el departamento con menos conectividad de todo el país, y según los datos más recientes, solo 10 por ciento de los hogares tiene conexión. Particularmente en Fonseca, esta situación ha empeorado en los últimos meses con el robo de las redes y cables, principalmente de Movistar, que se terminar revendiendo en el mercado negro del cobre. La Guajira, junto al Cesar, son conocidos como el “corredor del cobre”, la región del país donde se trafica la mayor cantidad de este metal.
Qué está pasando: Los ladrones arrancan el cableado, las baterías y las cajas de distribución de las redes de los postes para venderlos en chatarrerías de Fonseca. Aunque solo buscan llevarse los materiales que tengan cobre, un metal que se puede reciclar en un 100 por ciento, durante el robo también le arrancan las conexiones a las luminarias del municipio, y dejan sin alumbrado público algunos barrios. A esto se suma que, cuando se va la energía, se apagan las antenas y también falla la señal de celular.
Aunque el servicio de Movistar no se presta de manera adecuada, los 2.600 usuarios afectados han tenido que pagar las facturas mensuales. Por esto, y ante la falta de soluciones urgentes, algunos han optado por afiliarse a otras compañías nacionales y regionales que presten el servicio de telecomunicaciones, y esperan presentar quejas a entidades regulatorias para presionar a la compañía.
En cifras:
En lo corrido del 2021 se han presentado 37 hurtos a la infraestructura en Fonseca, que han dejado a 2.600 abonados de Movistar afectados. Durante los meses de junio y julio hubo seis ataques y más de 1.000 clientes quedaron sin el servicio de la compañía.
Entre 25.000 y 30.000 pesos cuesta el kilo de cobre en Fonseca. En la Región Caribe, el valor del kilo del cobre puede llegar a costar entre 32 mil y 39 mil pesos. “En solo seis meses, el valor ha aumentado significativamente. Pasó de 11 mil a cerca de 40 mil pesos”, según Ximena Mora, gerente regional de Movistar en la Región Caribe.
Cerca de 150 millones de pesos le ha costado a Movistar la reparación de los daños causados, en términos de reposición de material, mano de obra y arreglos a la infraestructura. Según el tipo de red que se hurte, las reparaciones varían entre 1 millón de pesos hasta los 40 millones.
Qué dice la gente:
“Me ha afectado 100% mi trabajo. Soy asesor financiero del banco AV Villas y promuevo todo a través de redes sociales. La señal del móvil no es buena con ninguna empresa. Hace 10 años soy usuario de Movistar y me parece un atropello porque me llegó una factura por el valor total de $125.000 y desde el 28 de junio no tengo internet y no han enviado técnicos”, narra Hulises Romero, cliente de Fonseca.
Además del obstáculo que esto significa para el trabajo y la educación de miles de ciudadanos en Fonseca, los usuarios de Movistar están indignados porque han tenido que pagar la factura de un servicio que no reciben, y así evitar ser reportados en centrales de riesgo.
¿Qué se ha hecho? La Policía ha hecho rondas en las principales chatarrerías del municipio para identificar si venden los equipos de Movistar. La compañía ha reemplazado los equipos robados en Fonseca, pero aseguran que, tras las protestas del paro nacional, se ha dificultado enviar personal, materiales e infraestructura desde Riohacha y Valledupar. Por ahora, el operador maneja una línea de WhatsApp para denuncias anónimas: 3188271881.
Para Ximena Mora, la situación resulta preocupante porque “se roban el cable, vamos lo volvemos a poner, se lo roban, lo volvemos a poner, pero llega un punto que nosotros como compañía decimos ‘no se puede seguir poniendo y que los sigan robando’. No se puede seguir invirtiendo. Hay sitios en los que hablamos con la comunidad y le decimos que no podemos seguir prestando el servicio porque se los roban”.
¿Cuál es la solución? Las redes de fibra óptica son hasta el momento la solución a largo plazo porque permite mayor ancho de banda de internet y los cables no tienen cobre. Aunque Movistar ha hecho esta migración en algunos municipios del país, por el momento descartan hacerlo en Fonseca hasta que identifiquen un mercado potencial.
En este punto es clave la participación del Ministerio de las TIC, que debe garantizar la adecuación de la infraestructura e incentivos para la instalación de la fibra óptica. Walid David, viceministro de Conectividad, asegura que desde su cartera están trabajando el Plan Nacional de Fibra Óptica y el Proyecto Nacional de Conectividad de Alta Velocidad.
Asimismo, desde el Gobierno Nacional se promulgó la “Ley de internet como servicio esencial en Colombia” y la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) deberá adoptar un paquete de medidas para los proveedores de telecomunicaciones que brinden acceso a internet fijo en zonas rurales, con el fin de disminuir los tiempos de adecuación de la infraestructura.
Lo que sigue:
Hulises Romero está recolectando firmas para presentar a la CRC y a la Superintendencia de Servicios para exigirle a Movistar que, de manera inmediata, solucionen el problema, cese el cobro de facturación hasta que el servicio no esté restablecido y se reintegre el dinero a quienes pagaron. Hasta la fecha 40 personas están dispuestas a firmar.
Por su parte, Movistar espera iniciar reuniones con la comunidad, la Alcaldía municipal y la Policía para incentivar las denuncias de irregularidades y poner alertas si ven funcionarios no identificados.
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