Por qué es importante
Las víctimas ven en las circunscripciones especiales una oportunidad para ganar representación en el Congreso, pero también identifican ciertas desventajas al momento de participar por las CTEP: ausencia de información sobre cada fase del proceso y la falta de garantías para hacer campaña en territorios donde existen grupos armados. Para el caso del sur de Córdoba entre enero y octubre del 2021 hay registrados dos atentados contra líderes sociales.
Luego de que en diciembre de 2017 el Senado hundiera el proyecto que creaba las circunscripciones transitorias especiales de paz por falta de apoyo de los partidos Conservador, Cambio Radical y Centro Democrático, este año la Corte Constitucional las revivió. Por medio de la sentencia SU-150/21 amparó el derecho a la representación de las víctimas, y creó las 16 circunscripciones con el Acto Legislativo 02 del 25 de Agosto de 2021.
Para el caso del sur de Córdoba se creó la circunscripción número 14 que abarca los municipios de Montelíbano, Tierralta, Puerto Libertador, San José de Uré y Valencia, territorios donde operan los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET, y que corresponden al 17 por ciento del departamento.
Consonante te explica seis aspectos claves para entender este proceso.
¿Por qué es importante que las víctimas ocupen esta curul?
Están llamadas a ser un espacio de participación que permita avanzar en el cumplimiento del Acuerdo de paz, firmado con las FARC en el 2016. Se espera que garantice que en la agenda legislativa en el Congreso de la República haya un debate permanente sobre la implementación del Acuerdo de paz, y que quienes representen a las víctimas tengan voz, poder de decisión y capacidad para ejercer control político.
En palabra de Marleidys Soto, candidata del corregimiento de Tierradentro, Montelíbano la curul significaría para ella la oportunidad de “luchar por un territorio que ha sufrido la guerra, luchar por dar un cumplimiento total a la Ley 1448 (...) para que las personas puedan decir sí, tuve una reparación integral y sí, voy a tener una vida digna”.
Por su parte, Águeda Quiñonez, gobernadora del Cabildo Zenú Vende Agujas en Tierralta afirma que de obtener la curul promovería la creación mesas de diálogo para hacer seguimiento a los PDET, y ”ejecutar los programas que están de PDET para el territorio que aún no han llegado”.
¿Cuáles son los requisitos para quienes aspiren a la circunscripción?
Las curules de paz son exclusivamente para las personas que hayan sido víctimas del conflicto, y esto deben demostrarlo a través de un certificado expedido por la Unidad para las Víctimas. Igualmente, quienes aspiren a esta curul deben ser mayores de 25 años, haber nacido o habitado en el territorio tres años antes de la elección y probarlo con el registro de nacimiento o residencia, o también pueden ser personas desplazadas en proceso de retorno al territorio.
Un asunto importante es que a estas circunscripciones no pueden presentarse personas a través de partidos políticos tradicionales, lo que quiere decir que ningún partido político con personería jurídica puede involucrarse en estas elecciones ni dar avales. Tampoco pueden participar excombatientes o desmovilizados en los últimos 20 años.
Y aunque los requisitos a simple vista parecen sencillos de cumplir, el Centro de Pensamiento Áncora y la Misión de Observación Electoral MOE alertan que los candidatos se enfrentan a la intrincada burocracia de las instituciones en la recolección de estos requisitos. Así como a unos requisitos adicionales dependiendo de la organización que avale sus candidaturas. “Observamos con preocupación que en el caso de todas las organizaciones se incorporan requisitos adicionales y excesivos para acreditar la existencia y derecho a postulación de las mismas” señala el tercer informe del 21 de octubre de 2021 de la MOE.
Agrega Marleydis Soto lideresa de la Asociación de Campesinos Agropecuarios de Tierradentro (ASOPROATI) que: “La difusión de estas curules especiales para tener los requisitos ha sido muy poca, entonces el hecho de no tener la información a la mano eso también nos cuesta porque nos consume tiempo para investigar y saber bien a qué vamos a llegar y poder informarnos de qué se necesita para presentar las candidaturas, tanto de la organización como del candidato”.
¿Cómo es el proceso de inscripción de una candidatura?
Cada candidatura se realiza en la registraduría municipal o ante miembros del Tribunal de Garantías Electorales de Paz presentando la documentación correspondiente, incluyendo la apertura cuenta única bancaria de campaña, póliza de garantía, nombrando a un gerente de campaña, un contador y abriendo un libro contable.
El proceso de inscripción se realiza mediante la postulación de listas conformadas por una dupla de un hombre y una mujer. La lista y el candidato con más votos será quien obtenga la curul. No hay ningún límite de postulación de listas por cada curul.
La paridad de género que se exige para la postulación de la inscripción de la lista también ha sido visto de manera crítica por algunas candidatas, puesto que lejos de percibirse como un avance real en la equidad dentro de los escenarios de participación abre el debate sobre el rol de la mujer. Águeda Quiñonez, candidata del Cabildo Zenú Vende Agujas en Tierralta señala: “quieren a la mujer, como siempre, como el relleno para esa dupla o de esa lista que se está construyendo para esa curul”.
Agrega Marleydis Soto: “Hemos sido relegadas de los cargos públicos, hemos estado enfocadas y destinadas al papel del hogar, del cuidado, de la crianza es momento de que alcemos nuestra voz y tomemos estos espacios, para que la resignificación de la mujer, de la mujer campesina, de la mujer rural que necesita entrar a estos espacios para dignificar su trabajo, dignificar su territorio…”.
En últimas, la importancia del enfoque de género radica en reconocer las brechas históricas de desigualdad que han vivido las mujeres, así como las afectaciones y violencias diferenciales que han sufrido en el marco del conflicto. Zoraida Ceballos, Profesional Nacional de Apoyo de la MAPP-OEA advierte que para lograr que se aplique este enfoque las instituciones deben comprometerse a realizar “acciones pedagógicas, acciones de reconocimiento y acciones de acompañamiento, y seguir a esas mujeres que deciden lanzarse, que deciden apostarle como un proceso donde son ellas son las protagonistas”.
“Yo estoy en la posición de que no voy de relleno para esta lista, voy con la votación que me merezco como mujer”.
Águeda Quiñonez, candidata de Tierralta.
¿Dónde me puedo informar sobre las CTEP?
Si bien la Registraduría cuenta con un micrositio en su página web en el que se encuentra alojada toda la normativa y los formularios de registro, e instituciones como el Consejo Nacional Electoral CNE publican información en sus canales de comunicación, la divulgación de los requisitos representa uno de los problemas más grandes para quienes aspiran a estas curules.
Las víctimas por un lado, recalcan que la información se ha presentado en un lenguaje lleno de tecnicismo lo que significa un doble esfuerzo pues deben estar al día de toda la normativa, pero además deben rebuscarse la manera de comprenderla, sin recursos económicos ni equipos técnicos a la mano.
Por otro lado, alertan que las maneras predominantes para divulgar la información sobre las CTEP ha estado desconectada de sus realidades y la institucionalidad se ha valido de mecanismos virtuales que no son compatibles con la inestable conectividad a internet, dejando a un lado canales más efectivos en estas regiones como la radio o la prensa escrita.
Los líderes y lideresas ven con preocupación que las reuniones presenciales de socialización, capacitación y resolución de preguntas se están realizando en las cabeceras municipales, sin tener en cuenta que son las personas de las zonas rurales quienes van a participar. Esto les ha implicado a los aspirantes varios traslados que deben costear por su cuenta.
La lideresa Marleydis Soto, resalta otra barrera: “toca estar muy al pendiente de en qué escenarios es que van a socializar, lograr tener la invitación porque también han hecho esos espacios muy controlados para uno poder acceder a la información” y añade que “en el mismo territorio encuentra negativas de otros líderes que no dejan o que no quieren que otros liderazgos surjan”.
En ese sentido, son las organizaciones sociales no oficiales quienes se han puesto a la tarea de hacer accesible la información sobre las CTEP. Por ejemplo, la Agencia Broederlijk Delen, el CINEP y su programa por la paz, el Centro de Pensamiento Áncora y la Fundación Heinrich Böll juntaron esfuerzos para ofrecer la Escuela de Formación Política Poder y Paz a 27 víctimas afro, indígenas y campesinas candidatas a las curules de paz. Esta Escuela es tan solo un ejemplo de las acciones que las organizaciones sociales han adelantado para subsanar los vacíos de pedagogía que son obligación de las entidades oficiales involucradas.
¿Cuál es el censo electoral apto para votar por esta curul en la circunscripción 14?
El consolidado de personas aptas para votar se sabrá luego del 13 de enero que cierren las inscripciones de cédulas en los nuevos puestos de votación, aunque un referente importante es que para el año 2019 el sur de Córdoba tuvo un censo electoral de 54.000 personas.
Sobre esto es importante añadir que cualquier persona que viva en las zonas rurales puede votar por los y las candidatas a la curules de paz, no es requisito que los votantes sean víctimas.
¿Cómo se pueden financiar estas campañas?
La resolución 5880 del 01 de octubre de 2021 y la resolución 5882 del 01 de octubre de 2021 expedidas por el CNE, el proceso de financiación será diferente que el de las elecciones regulares. Las fuentes de financiación será pública y privada, los fondos que provengan de privados tienen que ir a un fondo común, el Fondo de Financiación de partidos y campañas, controlado por el Consejo Nacional Electoral que repartirá estos dineros a todos los candidatos. Aquí se debe aclarar que no se permitirá financiación de privados directamente a candidatos.
En términos de la financiación estatal funciona igual que las elecciones regulares, es decir, que a los y las candidatas les dan un anticipo que equivale al censo electoral sobre dos por el valor del voto que es de 12.280. Así que después de la elección dependiendo de los votos que haya obtenido se da la reposición por votos.
Ahora, en la realidad este tema de la financiación de la campaña tiene sus vacíos, según Mauricio Vela, Coordinador del Observatorio Político Electoral para la Democracia de la MOE, alerta que “no se tiene claro cómo va a ser el tema los anticipos, en qué fecha les van a dar los dineros”. Y al hablar sobre los requisitos también resalta la dificultad a la que se enfrentan candidatos y organizaciones al momento de conseguir las pólizas, también a raíz de la poca bancarización en estas zonas.
Lo que sigue
El plazo para inscribir candidaturas cierra el 13 de diciembre, por lo que muchos de los aspirantes están en una carrera contrarreloj para cumplir con los documentos y presentarlos antes la registraduría. Y mientras tanto los líderes y lideresas tienen un reclamo puntual: mayor información y acompañamiento para llevar adelante su participación en esta contienda electoral.
“Lo que pedimos es ‘Vengan, señores registradores, delegación nacional de la Defensoría, vengan a la zonas de circunscripciones especiales, reúnanse con los alcaldes, con registradores y facilítennos esta vaina’” es el llamado de Rogeres Higuita, líder de ASODESPAR.
Por qué es importante
Según la Caracterización de población LGBTI realizada este año por Montelíbano Afirmativa, actualmente 150 personas que se identifican como población LGBTI viven en la zona urbana del municipio. Algunas de estas, pertenecen a su vez a otras minorías: grupos étnicos afro (8%) e indígena (9%).
Del total, más de la mitad se encuentra desempleada y sin ingresos fijos que les permitan salir de las condiciones de pobreza a las que están sometidas. En su mayoría, pertenecen a los estratos 1 y 2. Esto, sin contar a aquellos que aún no reconocen públicamente su identidad u orientación sexual.
Qué está pasando
En los últimos años, los liderazgos y colectivos LGBT del sur de Córdoba han alzado la voz para defender sus derechos y denunciar la violencia que han tenido que sufrir por su identidad de género y orientación sexual diversa. Sin embargo, todavía enfrentan varios obstáculos que les impiden mejorar su calidad de vida. Principalmente, para conseguir y mantener un trabajo formal.
Según la caracterización realizada por Montelíbano Afirmativa, el porcentaje de población LGBT empleada en Montelíbano es tan solo del 47 por ciento, lo que equivale a 71 personas. Estas, en su mayoría, se encuentra en la informalidad. Además, un 66 por ciento de los encuestados considera que la sociedad aún no acepta las diferencias sexuales existentes. Paola Jaraba, actual coordinadora de la Casa de Paz, afirma que la mayoría de quienes afirman tener un empleo están en la informalidad.
"La población LGBT en Montelíbano tiene muchas ganancias con respecto a los demás municipios de Córdoba, pero sigue teniendo necesidades y una de las más grandes es la independencia económica"
Paola Jaraba, coordinadora de la Casa de Paz
La Casa de Paz ‒que abrió sus puertas en 2018 y es impulsado por la Corporación Montelíbano Afirmativa con el apoyo de la ONG Caribe Afirmativo‒ es precisamente uno de los mayores logros de la población LGBT en el municipio y en todo Córdoba, puesto que busca impulsar sus derechos y se ha convertido en un lugar seguro para su desarrollo social, cultural y artístico.
Pero identificarse como lesbiana, gay, bisexual o trans en Montelíbano sigue siendo difícil. “Montelíbano es un pueblo machista, pero también se puede ser gay (...) es un poco difícil y tedioso por el bullying, porque todavía se escuchan comentarios cuando uno va a la calle, que los maricas, que el gay (...) antes de cumplir los 18 me traté de suicidar tres veces porque lo normalmente cultural era no ser gay”, cuenta Luis Fer, joven líder de la Casa de Paz.
La situación es tan grave que en algunos casos, quitarles las ganas de seguir viviendo. Harold Bohórquez, de 50 años, es un líder reconocido en Montelíbano y presidente de la Corporación Montelíbano Afirmativa. Trabajó alrededor de siete años en la oficina de archivo del hospital municipal, pero un poco antes de iniciar la pandemia su contrato culminó. Y desde entonces no ha podido conseguir trabajo. Admite que sus dificultades económicas lo obligaron a recurrir a dos préstamos gota a gota, y terminó sumido en una profunda crisis emocional que todavía hoy intenta superar. “Me veía como agobiado, asfixiado y, no sé, veía como única solución dejar de existir”, dice.
Las causas del problema
Detrás de las dificultades que enfrenta la población LGBT en Montelíbano para conseguir un trabajo y salir de la pobreza hay varias razones. Por un lado, el tipo de actividades remuneradas y puestos de trabajo que existen en el municipio hace que conseguir trabajo sea un desafío para cualquier habitante del municipio. A esto se sumó la pandemia de Covid-19, que golpeó la economía y redujo aún más las plazas libres en el mercado laboral local.
La economía en Montelíbano, reconocida como la “capital niquelera de América”, está volcada casi en un cincuenta por ciento al sector minero y en menores proporciones a la explotación de material de arrastre, y actividades como la pesca, la ganadería y la agricultura. “Las fuentes de empleo acá en Montelíbano son: o trabajar en Cerro Matoso, a través de alguna de las empresas que le ofrecen sus servicios, o trabajar en la Alcaldía pegado del mandatario de turno”, afirma Harold Bohórquez. Pero en el caso de la población LGBT las fuentes de empleo se reducen aún más, porque se les sigue asociando principalmente con oficios de belleza o cocina.
En este contexto, el bajo nivel educativo de la mayoría de personas LGBT disminuye sus posibilidades a la hora de competir por un puesto de trabajo. En Montelíbano, por ejemplo, el 62 por ciento de personas LGBT no cuenta con un título de educación superior. Esto se debe a la dificultad para acceder a carreras profesionales que sean de su interés y que puedan pagar en el municipio‒un problema que enfrentan todos los jóvenes en el pueblo‒ pero también a que los entornos educativos no suelen ser espacios seguros para ellos y ellas. "A Casa de Paz asisten chicos de 17 o 18 años que me dicen ‘quiero estudiar más, yo quiero ser abogado, pero me da miedo que yo me gaste diez años estudiando y termine con una especialización y sin empleo por ser marica’”, cuenta Paola Jaraba.
Por eso, al final, la discriminación y el estigma que existe entre la población local hacia las personas con identidad y orientación sexual diversa es el mayor obstáculo que enfrentan. Una barrera que se hace evidente hasta en los procesos de selección en donde entran a ser determinantes la expresión y la identidad de género de la persona aplicante, más que su orientación sexual. En otras palabras, en estas situaciones la discriminación está basada en “si se les nota o no”.
Yosy Ramírez, abogado y vocero de la Mesa LGBT de Barranquilla y el Atlántico, explica: “a hombres gais y bisexuales y mujeres lesbianas y bisexuales muchas veces no se les nota y por lo tanto pueden pasar muy fácilmente en los entornos laborales, pero las personas trans, que se les nota, muchas veces no se les permite en procesos de selección o avanzar en esos mismos procesos porque hay todo un techo de cristal o más bien un techo de concreto que se vuelve muy difícil de destruir por esas mismas ideas y prejuicios que se mantienen en contra de las personas LGBT, sobre todo personas trans”.
Este es el caso de Cisil, un joven que se autoreconoce como gay. Cisil terminó hace siete mesas la etapa de formación como Técnico en Asesoría Comercial en el SENA, pero no ha podido encontrar un lugar para hacer sus prácticas y graduarse. En su opinión, "en lo laboral sí influye mucho el amaneramiento”. Cuenta que hace poco asistió a una entrevista en una compra-venta junto con otros dos aprendices. En el negocio, estaban buscando una persona con amplia experiencia en servicio al cliente. A pesar de haber demostrado un par de experiencias previas no fue escogido, y esto le llevó a pensar que en esta decisión influyó también su expresión de género. “Yo pregunté en la entrevista ‘tú sabes que aquí todo el mundo me conoce y sabes que yo soy gay ¿hay algún problema con eso?’, la persona hizo un gesto, trató de disimularlo, pero yo lo noté”.
“Yo no quedé en esa compraventa por ser gay. Por ser amanerado, escogieron a otro aprendiz que era más varonil”.
Cisil, joven de montelíbano
Trabajar sin “salir del closet”
Para muchos, el problema no termina al conseguir un empleo formal. Líderes LGBTI de Montelíbano afirman que en los espacios laborales todavía falta mucho para que las personas LGBTI puedan ser y expresarse abiertamente. “Tengo amigos en el closet que trabajan en empresas como Cerro Matoso y nadie sabe que son LGBT. Y dicen que les da miedo decirlo porque de pronto los vayan a sacar”, cuenta Luisfer, líder juvenil.
Rosita, una de las lideresas LGBT más reconocidas en el municipio, cuenta que al inicio de su carrera como funcionaria pública también fue discriminada. “Una vez llegó una mujer y me metió una cachetada porque ella decía que no iba a decirle nada a la marica esa que estaba sentada ahí porque yo no iba a solucionarle sus problemas”. Tuvieron que pasar varios años para que Rosita se ganara el respeto de sus pares. Además, su influencia en la política en épocas electorales le ha permitido mantenerse en cargos públicos por más de diez años. También se ha hecho conocida por su liderazgo en la Corporación Montelíbano Afirmativa en la lucha por el reconocimiento de los derechos LGBT. “Cuando tú tienes el conocimiento nadie te va a humillar”, sostiene.
Shayra Guevara, la única mujer abiertamente trans en Montelíbano, coincide en la importancia de reivindicar su lugar y visibilizarse dentro del espacio laboral. A sus 16 años tuvo que ejercer la prostitución para poder subsistir y pagar sus derechos de grado del colegio. Hoy, Shayra tiene 27 años, trabaja en el hospital municipal y está cerca de graduarse como enfermera. "La verdad no ha sido un impedimento ser una mujer trans ni con los pacientes ni con los doctores, ni con los directivos del hospital, por el contrario, me admiran y me dan ánimos para seguir adelante porque igual mi condición no tiene nada que ver con la parte intelectual". Sin embargo, cuenta que mantiene una lucha constante lucha contra los prejuicios que no ha sido fácil, y que la llevó, inclusive, a romper algunos de sus lazos familiares.
La tarea pendiente de las instituciones y los lugares de trabajo
El Estado y las empresas privadas cumplen un papel determinante a la hora de crear un ambiente propicio para el ejercicio de las libertades y el cumplimiento de los derechos de la población LGBT.
Si bien en la actualidad existe una Política Pública a nivel nacional para la garantía de los derechos de personas LGBTI, Yosy Ramírez cuenta que es difícil asegurar que esta se cumpla sin que exista un compromiso vinculante. “No tenemos una ley específica en cupos laborales desafortunadamente para el tema de acceso a personas LGBT, sobre todo personas trans que dentro de los LGBT son las que mayormente no acceden a garantías de acceso al trabajo porque la transición significa muchas veces dejar de trabajar o ejercer prostitución, o para hombres trans que los mantengan sus papás”, dice.
El Plan de desarrollo 2020 - 2023 de Montelíbano contempla como uno de sus objetivos la capacitación de sus funcionarios y sociedad civil en temas de inclusión de género (normatividad y derechos de la población LGBTI), pero no incluye compromisos puntuales con esta población en relación a la educación y empleo. Sin embargo, no es un tema del interés de todos los funcionarios públicos. Por ejemplo, para una capacitación impulsada por Casa de Paz en octubre se convocaron catorce funcionarios, pero solo asistieron cuatro.
"Falta educar, falta compromiso de las instituciones, de esas empresas que activan la economía para que se refleje en una realidad más amena" señala Paola Jaraba. Por eso, dentro de las recomendaciones que hacen en la caracterización están, además de la generación de oportunidades laborales y educativas, el fortalecimiento de la educación sexual en los entornos escolares y la recuperación de la confianza con las entidades estatales.
Qué pide la gente: Los líderes y lideresas consultadas por Consonante coinciden en que es necesario que la población local respete y reconozca sus derechos. Y para esto, señalan la necesidad de que la Alcaldía asuma un rol más activo.
Lo que sigue
Por qué es importante
Hay 765 sujetos de reparación colectiva en el país que tienen puestas en este proceso las esperanzas de mejorar sus condiciones de vida. En Córdoba, las comunidades afro de Ayapel y Montelíbano están cerca de iniciar la implementación de las medidas de reparación como sujeto colectivo luego de seis años de haber sido incluidas en el Registro Único de Víctimas. Esta comunidad, conformada por un poco más de 800 personas, espera desde hace mucho tiempo su reparación.
“Tuve que abandonar mi casa, a todos nos querían matar. Algunas personas se fueron de este pueblo y todavía no han vuelto. Otras están con la Unidad de Víctimas con el corazón en la mano, porque ninguna institución, nadie, quiso oírnos ni atendernos”.
Hernán Mosquera, representante consejo comunitario afro de Montelíbano
¿Qué está pasando?
Miles de víctimas en todo el país se encuentran en proceso de construir su Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC). En el caso de los sujetos de reparación colectiva afro víctimas de conflicto armado de estos municipios del sur de Córdoba el proceso está en la fase de formulación de un plan para reconstruir su tejido social y fortalecer sus proyectos productivos. Además, concertaron con la Unidad para las Víctimas una medida de indemnización que equivale a una compensación económica entre los 242 y 394 salarios mínimos legales vigentes.
En Consonante quisimos entender qué ha pasado en el caso de las comunidades de Montelíbano y Ayapel y, en general, cómo funciona el proceso de reparación colectiva en el marco de la implementación de la ley 1448 de 2011. Aquí te contamos:
Primero, ¿qué es la reparación colectiva?
La reparación colectiva es un proceso que adelanta el Estado colombiano a través de la Unidad para las Víctimas (UARIV) en el que se acuerdan los mecanismos para aplicar una serie de medidas que van encaminadas a la restitución de los derechos vulnerados a los sujetos de reparación colectiva en el marco del conflicto. Estas son medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición, ya sean políticas, materiales o simbólicas.
¿Cómo es el proceso?
El Sujeto de Reparación Colectiva (SRC) inicia el proceso con su solicitud al inscribirse en el Registro Único de Víctimas. Por lo general, este proceso suele tardar varios años pues contempla seis fases que requieren de acciones concertadas entre la Unidad y las víctimas.
Es un proceso complejo. Muchas comunidades inician este camino con mucha desconfianza en la institucionalidad, una sensación que suele aumentar cuando no ven avances significativos en los diálogos. “Los funcionarios que están encargados de los procesos de reparación colectiva no son los que toman las decisiones entonces mucha gente siente que está hablando con alguien con quien no tiene por qué hablar. pues no es quien va a tomar la decisión final” explica Lida Núñez, Coordinadora Estrategia de Lobbying y Presión Política de la Corporación Viva la Ciudadanía.
En pocas palabras, estas son las fases del proceso:
Elimeleth Cossio cuenta que desde que empezaron en su comunidad se han enfrentado a dos grandes retos: “el volver a recordar y narrar esos momentos dolorosos vividos y la falta de confianza de la comunidad con el proceso”. Ingrid Acosta, Directora Territorial de la Unidad para las Víctimas en Córdoba, coincide: “el reto principal es lograr que las víctimas vuelvan a creer en el Estado y su institucionalidad”.
¿Quiénes pueden acceder a la reparación colectiva?
Los sujetos de reparación colectiva pueden ser organizaciones, grupos o comunidades de carácter étnico o no étnico que comparten un objetivo común. En el caso de Ayapel el sujeto de reparación colectiva está compuesto por el consejo comunitario afro al que pertenecen 683 personas, mientras que en Montelíbano está conformado por 164 personas.
Desde la Unidad de Víctimas explican que las personas pueden ser reparadas colectivamente cuando hayan enfrentado hechos victimizantes en el marco del conflicto armado interno que hayan producido un daño colectivo (como masacres, desplazamientos forzados, tortura, secuestro, entre otros). La ley considera un daño colectivo los casos en los que se vulneran los derechos de algunos miembros de un colectivo, de algún líder o lideresa o, en general, de toda la comunidad, organización o grupo.
Entre las afectaciones sufridas por los sujetos colectivos afro de Ayapel y Montelíbano están “desplazamiento forzado, delitos contra la libertad, reclutamiento forzado, amenazas a líderes de sus comunidades” señala Ingrid Acosta, Directora de la UARIV Córdoba.
¿Cómo se repara a un sujeto colectivo?
La Unidad de Víctimas y las personas afectadas conforman mesas de trabajo con el fin reunirse, discutir y definir cómo se materializarán cada una de las medidas reparadoras. En el caso de los consejos comunitarios de Montelíbano y Ayapel, en diciembre van a recibir el dinero acordado para la medida de indemnización.
“Nos reunimos y escogimos entre todos que la reparación colectiva fuera para la compra de un territorio para poder tener dónde sembrar. Nuestra principal necesidad era tener dónde tener los cultivos de pancoger”
Elimeleth Cossio Castillo, representante legal del consejo comunitario afrocolombiano
Por parte del consejo afro de Montelíbano, quienes desde 1983 fundaron la Institución Técnica Afrolibanés, desean “activar como era la institución y luego de esa parte educativa ahora sí afianzarnos e irnos para el desarrollo de nuestra empresa (...) nuestro deseo es llegar a tener una empresa de producción de alimentos (...) arroz plátano, yuca, maíz, pescado”.
Sin embargo, este es un caso excepcional, puesto que de los 496 sujetos colectivos étnicos reconocidos, tan solo 52 se encuentran en fase de implementación de su PIRC, es decir, el 11 por cierto. Las demás están en proceso de identificación (212), y comenzando la fase de alistamiento (144).
A pesar de los retrasos, Ingrid Acosta, Directora UARIV Córdoba afirma que “uno de los mayores compromisos por parte de la Unidad para las Víctimas es llevar a cabo la implementación de las acciones reparadoras en los próximos tres años, con el fin de brindar los recursos, bienes y servicios que conlleven a generar procesos de autogestión sostenible”.
¿Se incluye la restitución de tierras?
Si bien este no es el caso de los SRC afro de Ayapel y Montelíbano, la restitución de tierras sí se puede incluir en la reparación colectiva.
La Unidad para las Víctimas interviene cuando hay procesos de retorno y reubicación, es decir, cuando esas tierras no están ocupadas por alguien más y no se han apropiado de ellas sino que están solas, despojadas y lo que hay que hacer es retornar a las personas o reubicarlas en otras zonas.
Sin embargo, cuando se trata de restitución quien está a cargo es la Unidad de Restitución de Tierras. Esto lleva a que la reparación se dilate a raíz de la descoordinación entre las instituciones que hacen parte del proceso. Además, porque en el transcurso de la restitución no se puede garantizar la seguridad en esos territorios.
¿Cuántas veces se reparan a los sujetos de reparación colectiva? Si a una comunidad, organización o grupo después de su proceso de atención le vulneran nuevamente sus derechos, este puede volver a solicitar su reparación.
Este es un escenario común en muchas zonas del país como el sur de Córdoba donde algunos de municipios siguen estando entre los más afectados por hechos de violencia armada, como consta en un informe de La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA por sus siglas en inglés).
Esto demuestra que aún falta mucho para que los procesos de reparación colectiva, en muchos casos, cumplan con garantizar la no repetición de los hechos que han sufrido las víctimas.
Si usted es sujeto de reparación individual, ¿puede hacer parte de un proceso de reparación colectiva?
Sí, alguien puede hacer su declaración individual para solicitar su reparación, y a la par estar ligada a un proceso de atención del sujeto colectivo. No es incompatible que hayan declaraciones individuales y declaraciones colectivas para el proceso de reparación.
¿Hay suficientes recursos para financiar los procesos de reparación colectiva?
Según la Unidad de Víctimas, actualmente las fuentes de financiación de estos procesos de reparación colectiva provienen del presupuesto asignado del Presupuesto General de la Nación. Asimismo, en el marco de los Acuerdos de la Habana se especifica que de los dineros o bienes declarados por la antigua guerrilla de las FARC y del dinero de los bienes objeto de extinción de dominio de ese actor armado se tomará una parte para reparación colectiva.
Aunque para el 2021 el presupuesto de la Unidad aumentó en un tres por cierto, la inversión para atender a todas las víctimas es insuficiente. “Hay una desfinanciación, es muy preocupante que no hayan ni siquiera reparado un millón de los casi 12 millones de víctimas, pero además de eso la Contraloría ha advertido de pagos e indemnizaciones a muertos, ayudas humanitarias a muertos, desviaciones de recursos en algunos subsidios en particular de vivienda”, cuenta Lida Núñez de Corporación Viva la Ciudadanía.
Lo que sigue
El 10 de octubre se tiene proyectado realizar jornadas con las entidades del SNARIV Sistema de Atención y Reparación Integral a las Víctimas para que se vinculen en el proceso y puedan aportar sus servicios.
Las comunidades afro de Montelíbano y Ayapel esperan que se cumplan las reuniones mensuales con la Unidad para culminar en diciembre el proceso de concertación de las medidas, y con ello empezar la fase de implementación durante los próximos tres años.
Por qué es importante
Los casos de suicidios han ido aumentando lentamente durante los últimos años. En lo corrido de 2021, ya se han presentado dos suicidios y doce intentos de suicidio de los que haya registro. En los dos últimos casos, ocurridos en los primeros días de septiembre, precisamente una mujer y un hombre menores de 28 años se quitaron la vida.
Sin embargo, a pesar de que estos son los datos oficiales se sabe que hay un subregistro porque el suicidio es un tema del que poco se habla en el pueblo.
¿Qué está pasando?
“Cuando yo era más pequeña intenté suicidarme como cinco veces”, cuenta Nini Ricardo, una joven de 19 años. “Siempre fue mi entorno familiar, yo misma, que nunca me enseñaron amor propio tenía full traumas de abandono, no quería seguir viviendo, no le veía ningún tipo de sentido a la vida, para mí era horrible levantarme todos los días”, recuerda Nini.
Al igual que Nini, muchos jóvenes del municipio han intentado quitarse la vida porque no encuentran en su entorno las herramientas que creen necesitar para construir la vida que quisieran tener.
A pesar de que los profesionales de la salud señalan que no es posible atribuir una única causa a este fenómeno, el último informe de la Línea Salvavidas 24/7 de la Fundación Sergio Urrego llama la atención sobre “la forma recurrente en que se menciona la desesperanza de las nuevas generaciones frente a las condiciones actuales de la sociedad en términos de medio ambiente, justicia y derechos humanos, valiéndose de los altos índices de suicidio en las personas más jóvenes (…) el cual tiene parte de fundamento en la idea de una ilusión asociada a mejores escenarios, un mejor futuro, mejores posibilidades y esperanza en donde se interponen diferentes formas de deshumanización, desesperanza y bloqueos mentales”.
Es decir, la frustración es tanta que deciden quitarse la vida.
“El proyecto de vida de los jóvenes se está viendo obligado a adaptarse dependiendo de lo que está pasando en la sociedad, ya no depende de lo que queremos sino lo que nos toca”
Jenifer Ricardo, psicóloga de la Casa de la Mujer en Montelíbano
La pandemia de Covid-19 agravó la situación
El desgaste emocional de muchos jóvenes del municipio empeoró durante la pandemia de Covid-19. El confinamiento aumentó sus episodios de tristeza, miedo y confusión; y agravó los problemas económicos que ya atravesaban muchas familias.
Los suicidios del 2020 corresponden a “una población de estrato 1, barrios vulnerables de la población del municipio”, comenta Melissa Barreto, Directora Local de Salud de Montelíbano. Andrea Mendoza, psicóloga de la Casa de paz, coincide. Cuenta que entre los grupos poblacionales más vulnerables a padecer problemas de salud mental se encuentran desplazados y familias que viven de la actividad económica informal pues “en su día a día les toca enfrentarse con una realidad de rebusque para subsistir ante las necesidades básicas”.
Kelly Ricardo, familiar de uno de los casos de suicidio que se registró en agosto del año pasado, contó que su prima “tenía un trastorno depresivo que la afectó bastante y un dolor muy fuerte, un duelo que nunca pudo superar, la partida de su madre que también se suicidó”. Aunque fue internada en una clínica de Montería tres veces, “su estado mejoraba unos días, pero eso después cambiaba totalmente”.
Las mujeres, entre las más afectadas
El 65% de los intentos de suicidio, desde el 2019 a este año han sido cometidos por mujeres. Esta cifra es llamativa si se tiene en cuenta que los casos de violencia intrafamiliar también han aumentado en el municipio. Según Panorama del San Jorge, la Policía pasó de atender entre cinco y diez casos a 30 casos en un fin de semana durante el aislamiento.
La psicóloga de la Casa de la Mujer en Montelíbano explica que “el hecho de que una mujer esté siendo víctima de violencia psicológica, violencia física, violencia sexual la hace tener una idea de ¿Cómo termino con esto? Las personas pueden ver esa como la salida más fácil”. Aún más cuando no ha sido escuchada al poner una denuncia o al comentarlo a sus familiares.
Pero muchas mujeres no denuncian. Tal vez porque han naturalizado la violencia o porque tienen miedo de las represalias de sus victimarios. Entre septiembre de 2020 y el mismo mes de 2021, los motivos de contacto a esta línea Salvavidas 24/7 desde el departamento de Córdoba fueron en dos casos por discriminación, en doce por ideación suicida, ocho por otra situación de salud mental, y apenas en un caso por violencia de género.
¿Qué está haciendo la alcaldía?
Por casos como los de Nini Ricardo, en Montelíbano se creó en 2017 la Política Pública en Salud Mental para los Jóvenes. Esta política contempla mediante tres líneas estratégicas de promoción, prevención, y atención integral de salud mejorar la salud mental de los jóvenes del municipio.
Las rutas activadas a nivel institucional en el municipio para atender un caso de intento de suicidio deben funcionar en la ESE Hospital Local de Montelíbano, la Clínica regional del San Jorge, Fundación Panzenú, Comisaría de familia, ICBF, Juez de Familia, la extensión de policía y la personera como Ministerio Público. Estas dependencias deben recibir los casos y redireccionarlos a la red prestadora de servicio para que la persona reciba el acompañamiento con psicología, trabajo social y psiquiatría, de ser necesario. En el último caso, se debe enviar al paciente a Montería, porque en el municipio no hay un psiquiatra.
“Este año no contamos con este recurso [línea de atención psicológica], pero tenemos a Heartland, tenemos los PIC, tenemos la Comisaría de Familia y la secretaría de salud, de los cuales todos tienen profesionales psicosociales y hemos estado apostándole a que de a poquito en poquito ir construyendo ese largo camino para este tema que es bastante difícil de tomar, bastante serio” reconoce Rafael Arrieta, secretario de Desarrollo social y comunitario.
Pero la realidad ha desbordado las capacidades de la administración municipal, pues no solo los jóvenes requieren atención en salud mental. Según datos de la Dirección Local de Salud, entre los trastornos más comunes en el municipio están la bipolaridad, esquizofrenia y los trastornos de personalidad. Este año se han identificado seis personas que padecen de depresión y que han sido dirigidas a la ruta de atención.
“He conocido varias personas que construyen esa idea suicida con el hecho de retener algo, sea un trabajo, una pareja sentimental, sea alguien del vínculo familiar, entonces creen que realmente llegar al suicidio es como cortar esa brecha de dolor” reconoce Jenifer Ricardo.
¿Qué otras ayudas existen?
Varias oenegés han trabajado en el municipio para mejorar la atención en salud mental. La Dirección Local de Salud, la onegé Amigos creando sonrisas y Heartland Alliance International realizaron cuatro jornadas para construir junto con jóvenes del municipio el Plan de Mitigación de Riesgos en Salud enmarcado en las acciones de prevención. Este documento deberá estar listo a finales de septiembre.
Asimismo, la Dirección Local de Salud y el Hospital de Montelíbano está desarrollando el Plan de Intervenciones Colectivas que tiene varias dimensiones como la de salud mental a la que están destinados 70 a 80 millones de pesos. “La ESE Hospital de Montelíbano es la encargada de realizar todo eso y de contratar su psicólogo, sus trabajadores sociales, etc”, cuenta Melissa Barreto de la Dirección Local de Salud.
Además de acudir a estos programas, la psicóloga Ricardo sugiere construir o fortalecer la red de apoyo de una persona que ha intentado suicidarse o que ha manifestado intención de hacerlo.
“Lo primero que tenemos que hacer es construir en esa persona lo que no existe o lo que ha dejado de existir. Hacerle reconocer las fortalezas”, dice.
¿Qué piden los jóvenes?
Muchos piden que la salud mental deje de ser tabú, y que las autoridades y los especialistas den a conocer más ampliamente los programas y las rutas de atención en salud mental.
La atención que necesitan debe brindarles herramientas para atender trastornos mentales, el manejo de emociones, problemas familiares, experiencias traumáticas y dificultades económicas o sociales. Todas las anteriores son factores de riesgo que requieren atención urgente.
Si tú o alguien que conoces está pensando en el suicidio:
Existe la Línea Salvavidas 24/7 con la que se han logrado salvar más de 4.000 vidas. Esta línea presta primeros auxilios psicológicos las 24 horas del día con un enfoque de acción sin daño y derechos humanos.
A nivel nacional y Whatsapp: 311 766 86 66
También está Porque quiero estar bien, centro de apoyo liderado por Profamilia y la Fundación Santo Domingo que ofrece atención inmediata de psicólogos vía WhatsApp o celular. Además, puedes encontrar contenido sobre cómo tener mejores hábitos durante la pandemia, e información sobre cómo identificar situaciones de maltrato y tristeza. Así como resolver dudas sobre sexualidad.
A nivel nacional: 300 912 5231
Whatsapp: +57 333 0333126
El mercado del norte y la ronda peatonal, entre las calles 16 y 17, se inundan cada vez que llueve. En medio de una fuerte ola invernal, los comerciantes ven sus pérdidas crecer mientras las autoridades continúan sin hacerle limpieza o mantenimiento al caño Burgos, la causa visible de este problema.
¿Por qué es importante?
Los habitantes de la zona, los dueños de los comercios y los trabajadores y trabajadoras de la central de abastos del municipio sufren grandes pérdidas económicas por las inundaciones y, además, enfrentan un problema de salud pública a raíz de los malos olores y los desechos que se acumulan sobre el andén del pasaje peatonal.
¿Qué está pasando?
La inundación más reciente en el sector ocurrió el 25 de agosto. Algunos comerciantes aseguran haber perdido entre dos y cinco millones de pesos por los daños de mercancía, estanterías y exhibidores. Esto sin contar que durante los días de inundación las ventas disminuyen considerablemente porque el sector queda intransitable.
Las causas del problema: Una de las razones principales de las inundaciones en esta zona es el desbordamiento del Caño Burgos debido a la acumulación de grandes cantidades de basuras en su interior. Este caño atraviesa el municipio de norte a sur y es alimentado por el río San Jorge. Recientemente, algunos propietarios de establecimientos comerciales sellaron el canal que recoge las aguas lluvias a la altura de la calle 16 con carrera sexta, frente a la plaza del mercado central, y esto empeoró el asunto.
“Sabemos que la inundación se debe a un taponamiento que tiene el caño Burgos. Esta información se la notificamos a la Alcaldía a través de dos documentos, pero el alcalde ha hecho caso omiso”, sostiene Rafael Velandia, un comerciante de la calle 17 que firmó una de las cartas enviadas en mayo.
¿Quiénes son los responsables?
En noviembre del 2020 Jaguazul S.A., empresa de acueducto y alcantarillado de Montelíbano suscribió un contrato con la administración para la limpieza manual y mecánica de caños y box culverts con el fin de reducir el riesgo de inundación en algunos barrios. Sin embargo, no se incluyó el caño Burgos dentro de los cinco caños en los que se proyectó la limpieza.
Jaguazul asegura que no tiene responsabilidad sobre la limpieza de este caño y dice que la encargada es la administración municipal. “Nosotros solamente nos encargamos del acueducto, la limpieza de nuestros manjoles, nuestros registros. Ahí están nuestras competencias: agua y alcantarillado”, afirma Enrry Sánchez, gerente de la empresa.
La responsabilidad, entonces, recaería sobre la administración municipal. Sin embargo, hasta el momento nadie de la alcaldía se ha pronunciado o ha planteado medidas para solucionar el tema.
Lo que pide la gente: Por un lado, solicitan que las autoridades limpien el caño para evitar futuras inundaciones, y por el otro, reclaman un apoyo económico para que les permita reponer las pérdidas.
Lo que sigue:
Mientras la lluvia sigue cayendo en el municipio, la basura se acumula en el caño Burgos y se acerca una nueva inundación, la gente se pregunta: ¿cuánto tiempo más habrá que esperar una solución para este problema?
¿Por qué es importante? El sector reúne gran parte del comercio local de Montelíbano, alrededor de 50 comerciantes, y permaneció cerrado durante dos meses por las obras de remodelación. Esto, sumado a la pandemia, afectó seriamente la economía de los comerciantes y varios tuvieron que cerrar sus negocios.
Además, muchas personas viven del comercio en este municipio, que es el corazón de la subregión del San Jorge.
¿Qué pretendían con la obra?
De acuerdo con Luz Quiñonez, habitante del sector, “en esta calle se encontraba de todo. Los almacenes grandes, reconocidos y de cualquier tipo estaban ahí. Pero siempre se veían personas y motos por todos lados. Era muy desorganizada”.
Justamente por eso, el proyecto de la ronda peatonal entre el parque principal y la cancha Teresa Sierra etapa I tenía el objetivo de facilitar la circulación de las personas, evitar el paso de vehículos y, en general, mejorar la infraestructura y la seguridad del sector. “Pensamos en los comerciantes, ya que a esa zona nunca se le había hecho inversión. Así se valorizarán sus negocios”, asegura el secretario de Infraestructura, Adolfo Correa.
Los detalles:
¿Por qué la controversia?
Los comerciantes la llaman “la calle de la discordia”. El momento que se eligió para hacer la obra no fue el mejor: los comerciantes del sector esperaban recuperar los ingresos que perdieron el año pasado durante la pandemia pero a finales de enero se iniciaron las obras de remodelación. Desde entonces, pocas personas se acercan a la calle. “La calle empezó a estar sola y desde ahí para acá no nos hemos podido recuperar”, menciona Katherine Muñoz, comerciante.
Adalberto Arroyave, uno de los vendedores más antiguos del sector, se queja por la falta de concertación y de fallos en el diseño. Por ejemplo, se construyeron unas jardineras que dificultan el ingreso de la mercancía. Además, como la calle es peatonal, los comerciantes y clientes deben ir hasta la calle 16 para parquear sus motos, un lugar que consideran poco seguro.
“En época de pandemia nos dieron otra pandemia porque no pasaba ni una persona mientras se hacía la obra. Las pérdidas económicas son incalculables”, comenta Arroyave. Katherine Muñoz concuerda. Dice que, incluso antes de la pandemia, había trabajadores que no ganaban ni el salario mínimo y el sueldo se les redujo por no producir lo suficiente.
Qué piden los comerciantes: Los comerciantes presentaron un pliego de peticiones para subsanar los perjuicios que han sufrido. Entre las solicitudes están:
La respuesta:
La Alcaldía no respondió a estas peticiones, y los comerciantes realizaron dos plantones. Finalmente, la administración municipal aceptó participar de una mesa de negociación el 24 de junio. En esta reunión acordaron la demolición de una caseta de atención al cliente que, aunque hacía parte del contrato, obstaculizaba el tránsito peatonal y les quitaba visibilidad a los negocios. Esto fue posible gracias a la recolección de 40 firmas de comerciantes. Sin embargo, reclaman que no se habló sobre la indemnización económica.
Un nuevo problema:
El 27 de julio los comerciantes se encontraron con otro inconveniente: al igual que muchas zonas del pueblo, la calle amaneció inundada después de una noche de lluvia torrencial. A pesar de que no es una novedad que el sector se inunde, lo que sorprende es que esto siga sucediendo después de una inversión millonaria.
Ese día algunos comercios perdieron parte de su mercancía, y ahora temen que esta situación se repita pues el municipio está en alerta roja por el invierno. “En caso de que exista otra inundación a estos señores comerciantes no les han respondido por los riesgos” dice Muñoz.
Lo que sigue: Los comerciantes siguen esperando que la administración municipal responda sus peticiones. Mientras tanto, se acerca el momento de entrega de la obra para el que aún no hay una fecha exacta.
En este punto, los dueños de los locales están resignados y han optado por “dejar las cosas así”. Esperan que la lluvia no empeore su situación y dicen que en un año evaluarán si al menos pueden lograr que remuevan unas barras instaladas que dificultan la circulación de la gente.
¿Por qué es importante? Al menos nueve barrios de Montelíbano se inundan todos los años. A pesar de que se han identificado posibles causas del problema –como el mal manejo de basuras y la ubicación de viviendas en zonas de alto riesgo– hasta el momento los afectados no han recibido soluciones de fondo.
Los hechos:
La respuesta de las autoridades: Por el lado de la Defensa Civil, dos grupos han ayudado con la evacuación de las viviendas y el levantamiento de los electrodomésticos y otros enseres. También han desarrollado Planes Familiares de Emergencia, documentos en los que “se identifican los riesgos que tienen aquellas 540 familias más afectadas” señala Liliana Heredia, coordinadora de la entidad. Heredia explica que una vez elaboran estos planes, les brindan charlas sobre primeros auxilios y dan consejos para mitigar el riesgo a las personas afectadas.
Actualmente, los grupos de la Defensa Civil atienden la línea de gestión del riesgo (311 403 04 86) todas las noches, entre 6 p.m y 6 a.m. Estos grupos funcionan desde julio, cuando La Alcaldía concretó su contratación.
Carlos Arteaga, coordinador de la Oficina de gestión del riesgo, le dijo al medio de comunicación La Razón que entregarían ayudas humanitarias.
“Año tras año nos inundamos”: Esta no es la primera vez que sucede algo así en Montelíbano. Varias personas cuentan que han vivido inundaciones en el municipio desde hace al menos 30 años.
Las causas: Según la Oficina de gestión del riesgo y la Defensa Civil, las principales causas de este problema son, por un lado, la invasión de vivienda en los humedales y, por el otro, el mal manejo de los residuos sólidos, que terminan acumulándose en los caños y en el cauce del río.
Sin embargo, los habitantes de los barrios afectados opinan que el verdadero problema es la falta de gestión de las administraciones locales para plantear soluciones que pongan fin a las inundaciones a largo plazo.
Entonces, ¿qué pide la gente? La comunidad les hace tres peticiones a las autoridades:
Lo que sigue: Las familias caracterizadas por la Defensa Civil esperan las ayudas prometidas mientras el riesgo por posibles inundaciones y desbordamientos de los ríos es inminente. Según el informe del 8 de agosto de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge la cuenca del río San Jorge está en alerta naranja. Esto quiere decir que puede haber crecientes súbitas en la parte alta del río y sus afluentes, especialmente los ríos San Pedro y Uré.
La autoridad ambiental hizo un llamado a las autoridades locales de los municipios Puerto Libertador, Montelíbano y Buenavista, y recomendó implementar medidas de contingencia para evitar más afectaciones por las inundaciones y desbordamientos.
¿Por qué es importante? Con esta decisión, el Estado colombiano reconoce los derechos de una comunidad que vive bajo la permanente amenaza de grupos armados ilegales, del narcotráfico y de actividades extractivistas.
Por medio de este título de propiedad colectiva, el pueblo embera katío asegura su permanencia en el territorio y gana más posibilidades para desarrollar proyectos. En palabras de Gabriel Domicó, gobernador mayor de esta comunidad, “al garantizarnos la constitución del resguardo están garantizando la vida del pueblo indígena”.
Los detalles:
El contexto: Si bien la comunidad está asentada en el territorio desde 1971, el pueblo embera katío enfrentó varios obstáculos para obtener los títulos de las tierras:
Según Domicó, solo mediante alianzas con oenegés su pueblo pudo superar estas trabas y conseguir la titulación. “Esto hizo que nuestra lucha se escuchara y se sintieran las razones por las que era importante pedir la tierra”, afirma.
“Nosotros no le pedimos un centímetro de tierra a la Agencia Nacional de Tierras, le dijimos que nos reconocieran lo que estábamos ocupando”.
Gabriel domicó, gobernador del resguardo dochama
Lo que sigue: A partir de la titulación, el resguardo espera “controlar de manera efectiva el territorio y manejarlo desde la perspectiva del pueblo embera”, explica Rafael Figueroa, integrante de Pensamiento y Acción Social, una de las oenegés que acompañan a la comunidad.
Sin embargo, los intereses que los ponen en riesgo persisten. Por una parte, el histórico conflicto de grupos armados ilegales que incluso han librado combates en el territorio indígena. Por la otra, las permanentes actividades de Cerro Matoso, una empresa que no ha desistido de ampliar su presencia, a pesar de la existencia legal del resguardo. Y finalmente, la presión de las siembras de cultivos de uso ilícito.
Por qué es importante: El Plan de Desarrollo 2020-2023 de Agustín Codazzi obliga al municipio a reubicar el cementerio público, pero la administración no ha adelantado ningún proyecto integral a pesar de su colapso ante las nuevas circunstancias.
El tema no es nuevo: varios alcaldes, incluido el actual, han prometido ese traslado, pero a cambio han construido solo algunas bóvedas para solventar la falta de cupos en el corto plazo.
Por decisión municipal, la parroquia La Divina Pastora administra el cementerio público. Aparte de las de propiedad privada, de las 908 bóvedas parroquiales no queda ninguna y de los 357 osarios solo quedaban 5 para finales de junio.
Entonces, ¿qué hace la gente para enterrar a sus muertos?
Algunos los llevan al cementerio del corregimiento de Casacará o a Valledupar. En otros casos los dueños prestan sus bóvedas privadas mientras llega una solución. E incluso la parroquia ha llegado a exhumar cadáveres que han cumplido su permanencia de cuatro años para sepultar otros con urgencia.
Un nuevo proyecto
Hace un año la Constructora y Servicios LHE detectó en esa situación una oportunidad de negocio. Desde entonces ha adelantado la fase de planeación del Parque Cementerio La Ascensión al Señor, un proyecto privado que contará con una capilla, terrenos para mausoleos particulares (con un 40 por ciento vendido), 18 bloques con 160 bóvedas cada uno y una sala de necropsia.
Los detalles:
La controversia
El proyecto ha despertado opiniones encontradas, como la de María Paredes, habitante del barrio Centro. Para ella, “hay mucha gente que puede adquirir sus lotes y de todas maneras yo creo que hasta bueno porque aquí la gente tiene mucha avaricia para vender esos puestos”.
En cambio, para el albañil Luis Villanueva, "el cementerio que van a hacer va a ser privado, o sea solo para el que tenga plata", opina.
Mientras tanto, la parroquia La Divina Pastora asevera que alertó sobre la saturación del cementerio público a la alcaldía, pero no recibió respuesta oficial sobre las medidas para mitigarla. Y que la administración local ha incumplido convenios desde 2017 y le debe alrededor de 32 millones de pesos.
Así las cosas, mientras no haya cupos disponibles en el cementerio, seguirá la especulación con precios de venta de las 822 bóvedas privadas y los 2.826 osarios particulares disponibles.
Lo que sigue
En ausencia de un proyecto concreto para solucionar el problema, todo indica que el cementerio privado tiene todas las de ganar, aún a costa de las personas menos favorecidas. Se trataría de un ejemplo más de inacción del Estado, que permite con indiferencia el avance de los intereses empresariales por encima de los públicos.
¿Dónde van a enterrar sus muertos los habitantes de Codazzi ahora que el cementerio público colapsó? ¿Van a depender solamente del avance una iniciativa privada? ¿Y mientras tanto, qué van a hacer?
Actualización:
El cementerio privado comenzó la construcción de 212 bóvedas a inicios de agosto, según reportó un portal noticioso del municipio. Sin embargo, no hay novedad sobre la culminación de la actualización del PBOT a cargo de la administración.
Por qué es importante: la gente dice que la sensación de inseguridad está peor que nunca.“Hay lugares en donde después de las siete de la noche uno evita pasar por la delincuencia que se presenta” dice Deliuz Calderón.
En pocas palabras, cuentan que:
No hay cifras públicas que demuestren el aumento de la inseguridad que afirman estar viviendo, pero hay algunos datos que dan cuenta de la situación. Por ejemplo, diariamente se hurtan entre 5 y 6 luminarias del alumbrado público, según contó Carlos Hidalgo, Secretario de Planeación.
El contexto: la comunidad relaciona los robos con la oscuridad en varios sectores durante las noches por la falta de alumbrado público que cubre actualmente 60% del municipio. En más de la mitad de los barrios del municipio (22 de un total de 42) no se ha tocado la infraestructura eléctrica desde hace muchos años. No se le ha hecho mantenimiento a los postes, el cableado, las redes o las luminarias.
Líderes de las JAC enviaron un derecho de petición a la concesionaria del alumbrado público AGM Desarrollos pidiendo que rindan cuentas. Una funcionaria de AGM visitó a Alma Tobío, secretaria de Asojuntas, y se comprometió a valorar la situación. Han pasado 4 meses sin novedades.
¿Entonces?:
Lo que sigue: La Secretaría de Planeación adelanta un proyecto por alrededor de 500 millones de pesos para consolidar la infraestructura eléctrica de los sectores donde hoy no hay alumbrado público.
