Rodamin Cossio, Lenis Maria Perea, Carlos Mosquera y Alejandro Perea encabezan la lista de delegados. El evento reúne a 40 delegaciones de la región del San Juan, que cada año se congregan para preservar estos rituales mortuorios que fueron declarados Patrimonio Inmaterial de la Nación en 2014.
La programación: El evento es organizado cada año por la Fundación Cultural de Andagoya y el Ministerio de Cultura. Se inicia el 14 de octubre con el alumbrado a Santa Antonio y la presentación de los grupos juveniles de alabaos. El 15 de octubre, se realizarán talleres para el fortalecimiento de los rituales mortuorios, habrá un recorrido con chirimía por las calles y cerrarán la jornada los grupos de adultos de alabaos. El 16 de octubre, se realizará una misa con la participación de las delegaciones, se hará el levantamiento de tumbas, habrá presentaciones de gualíes de jóvenes y adultos, y concluirá el encuentro con el gran baile de chirimía “el pellejo”. Es decir, hasta el amanecer.
¿Qué dicen los representantes de Tadó? “Me siento muy orgulloso porque todo esto hace parte de la cultura y me siento muy complacido de hacer una buena participación del municipio para que no se pierdan las enseñanzas de nuestros ancestros”, dice Cossio. Sostiene, además, que con el apoyo que han recibido de la Alcaldía para representar al municipio tienen seguridad de su representación. “Va uno más seguro y lo que se quiere es que la tradición no se pierda pero hay que seguir intentando con los niños para que aprendan”, agrega.
¿Qué son los alabaos, los gualíes y el levantamiento de tumbas? Son rituales mortuorios que realizan las comunidades afrodescendientes y que han sido transmitidas por sus ancestros. Los gualíes son cantos se hacen para acompañar a los niños y niñas cuando fallecen, ya sus familias. “Tienen menos experiencia y es un ser que no ha pecado y se va al trono de Dios como un ángel más. Se hacen pausados, como un arrullo y una ronda”, explica Rodamin Cossio. Por su parte, el alabao es un canto para acompañar el tránsito del alma de los adultos a la eternidad. El acompañamiento del grupo se hace durante el tiempo que pidan los familiares, puede ser una hora hasta el amanecer. Finalmente, el levantamiento de tumbas es la despedida final del difunto el último día de la novena y se cierra con un nuevo altar o con el que se ha usado durante esos días.
Así lo dio a conocer la Plataforma de Defensores de Derechos Humanos, Activistas y Líderes Sociales de la Sierra Nevada de Santa Marta (Pdhal) a través de un informe con cifras de Medicina Legal.
¿Qué está pasando en el municipio? Lerber Dimas, director de la organización que le hace seguimiento a la situación de orden público y derechos humanos en el Cesar, Magdalena y La Guajira, dice que el municipio tiene dos particularidades: “en la frontera colombo-venezolana se mueven muchas cosas y Fonseca es un corredor estratégico en el que se está moviendo el tráfico de armas y droga (...) y en las Serranías tenemos información de que el Clan del Golfo ha venido tratando de establecer algún tipo de monopolio y control para asegurar toda esa región y zona que se llama la Troncal del Carbón para temas de narcotráfico”, dice Dimas.
¿Qué ha hecho la Alcaldía? Desde mediados de año el alcalde Hamilton García implementó una serie de medidas para mitigar la inseguridad, que no solo se limita a los homicidios sino que incluye delitos como robos y extorsión. A finales de junio, la administración municipal inició la instalación de 17 cámaras en puntos estratégicos. Un mes después prohibió el parrillero hombre. Ante la falta de resultados y después de una protesta de 900 personas, García acordó la militarización del municipio y el acompañamiento del Ejército a la Policía en recorridos durante la madrugada.
¿Qué dice la gente? A pesar de estas medidas, muchos habitantes se sienten inseguros. “Acá la inseguridad cada día aumenta más, andamos con el credo en la boca a diario porque aumentan los robos”, cuenta Yomar Pérez, un habitante del barrio Caraquitas quien fue víctima de robo hace unas semanas. Pérez cuenta que al parecer tres sujetos ingresaron en la casa finca que está construyendo en la entrada de El Hatico y le robaron dos lámparas que iluminan la obra, avaluadas en 5 millones de pesos. “Yo estaba tomando en El Hatico y al día siguiente los trabajadores me dijeron que se habían robado un reflector”, agrega.
¿Cómo está el departamento? Riohacha y Maicao son los dos municipios con más homicidios. Desde el 1 de enero al 10 de octubre, se presentaron 43 homicidios (38 hombres y cinco mujeres) en la capital del departamento y en Maicao, los asesinatos llegaron a 40 (39 hombres y una mujer), según datos de Pdhal. Dibulla al igual que Fonseca presentó 15 homicidios. Al respecto, la ONG alertó sobre “la lenta capacidad operativa institucional, que tienen sumidos a los departamentos del Cesar, Magdalena y La Guajira, en una profunda crisis territorial de seguridad”.
En la reunión también participaron Ulahí Beltrán, superintendente de Salud; Martha Peralta, senadora por el Pacto Histórico; integrantes de la Comisión Séptima del Senado, y más de 1.500 participantes de la comunidad así como representantes de las EPS, IPS Y ESE del departamento.
¿Qué pasó en la audiencia? La comisión nacional escuchó de voz de representantes de las comunidades indígenas, funcionarios de entidades de salud y líderes comunitarios las principales necesidades de los habitantes de Fonseca y del resto del departamento.
Luego, Carolina Corcho anunció dos intervenciones que hará el gobierno de Gustavo Petro en el departamento. Afirmó que se garantizará el cumplimiento de la sentencia que protege a los niños y niñas wayuu para evitar que mueran por desnutrición. Para esto, se articulará con Prosperidad Social, el Programa de Alimentación Escolar y el Icbf. En segundo lugar, aseguró que trabajará en el mejoramiento administrativo y en la infraestructura de las entidades de salud. Sin embargo, fue enfática en que la inversión dependerá de la aprobación de la Reforma Tributaria. A pesar de esto, dijo que se mantendrá la financiación del Estado en la salud y la prestación de las IPS y las ESE en La Guajira.
El descontento de los asistentes de Fonseca: Algunas personas criticaron el espacio pues esperaban que se analizaran con mayor profundidad los problemas del sistema a nivel local. "Esperábamos tener mayor participación para mostrar el estado en que se encuentra el sector salud en el municipio. Quedamos con ganas de exponer cada una de las problemáticas y buscar alternativas de solución a las mismas", dice Deiber Guerra Bula, líder del corregimiento de Conejo.
Nayit Cuesta, gerente (e) del Hospital San Agustín de Fonseca coincide con Guerra. “Realmente casi no tuvimos participación como municipio, ya que la audiencia era para todo el departamento y los tiempos de intervención de tres minutos no eran suficientes para exponer la situación que vivimos”, opina. “El Alcalde explicó a nivel general la problemática que nos afecta a todas las ESE del sur de La Guajira. Se requiere de un encuentro más directo donde podamos explicar con detalles todo lo concerniente a salud en nuestro municipio”, agrega Cuesta.
Lo que sigue: Después de la audiencia pública, la Ministra anunció que tres municipios de La Guajira recibirán una ambulancia: Fonseca, Manaure y Uribia. Por su parte, el superintendente Ulahí Beltrán confirmó que se abrirá una sede de la Superintendencia de Salud para atender directamente las quejas de los funcionarios. “Los habitantes podrán generar interacción inmediata con el ente de inspección, vigilancia y control de manera directa para que no solamente sepan que existe una Superintendencia en Bogotá, sino presencia territorial en La Guajira”, dijo Beltrán.
La ñapa: Beltrán dijo que la Superintendencia ha recibido 10.720 quejas, peticiones, reclamos, solicitudes de ayuda y de súplica contra las EPS del departamento este año. Cajacopi, Nueva EPS, Anas Wayuu y Comfamiliar Guajira son las entidades que tienen más inconformidades de los usuarios.
La vía fue bloqueada por unas horas hasta que representantes de la administración municipal citaron a un diálogo en el punto de la protesta y en el despacho del alcalde Cristian Copete.
¿Qué generó el bloqueo? Los indígenas ya le habían advertido al alcalde que si no tenían respuestas iban a realizar un paro. Esta vez reclaman por el mal estado del puente colgante que cruza el río San Juan y conecta a las comunidades de El Tabor y Mondó. Además, manifestaron que los docentes indígenas no han recibido el pago del salario y las prestaciones sociales desde hace cuatro meses. Asimismo, denunciaron que no reciben los recursos del predial indígena que es desembolsado a la administración municipal.
¿Qué dicen los indígenas? "Decidimos cerrar la vía por incumplimiento de la Alcaldía y por el abandono del gobierno a los indígenas. El puente está caído, también falleció un niño de la comunidad, y por el incumplimiento del Alcalde en lo referente al comedor escolar", afirmó el gobernador Yordan Guaitoto. “¿Quién nos obliga a nosotros a salir a la carretera? Las instituciones nos hacen salir obligatoriamente porque cada vez que salimos a la carretera hay un acuerdo firmado pero nunca pasa nada. Si ustedes cumplieran, no estaríamos bloqueando”, dijo Jaime Valencia, líder indígena, durante el encuentro con la administración municipal.
El acuerdo: Los indígenas acordaron con la Alcaldía que suministrarán la madera para el mejoramiento del puente colgante, de tal manera que el lunes de la próxima semana se realice el desmonte de la estructura e inicien los trabajos de adecuación, explica Deiner Mosquera, secretario de Planeación. Por su parte, el alcalde Cristián Copete se comprometió a mejorar el estado de los demás puentes colgantes que usan las comunidades indígenas para llegar a sus resguardos.
La alerta de la Contraloría: Justo esta semana, cuando varios bloqueos de comunidades indígenas tienen paralizado al Chocó, la Contraloría General de la República alertó sobre presuntas deficiencias en cumplimiento de acuerdos logrados en mingas indígenas y paros cívicos alrededor del país. Sobre los 1.826 acuerdos vigentes realizados entre 2018 y 2021, la entidad encontró que “24 por ciento presentan avances inferiores al 50 por ciento, venciéndose en el presente año (2022) el plazo acordado para su cumplimiento –; mientras que 34 por ciento no registran seguimiento debido a que no cuentan con indicadores para medir su avance”, detalla la Contraloría en un comunicado.
Lo que sigue: Ahora está en manos del Consejo Regional Indígena del Chocó (CRICH) y la Secretaría de Educación departamental el gestionar el pago de los maestros indígenas de las escuelas rurales. De no obtener el pago, los representantes étnicos aseguraron que se tomarán la sede del CRICH en Quibdó.
Los apoyos fueron entregados en el marco del convenio 1162 suscrito entre la Agencia para el Desarrollo Rural (ADR) en coordinación con la Alcaldía municipal, para la fortalecer las líneas productivas agropecuarias del municipio.
¿Cuáles fueron los insumos? El proyecto estaba dividido en dos componentes: agrícola y pecuario. Dependiendo de la vocación de cada familia, les fueron entregadas máquinas de fumigar, machetes, limas y un galón de abono. Los porcicultores recibieron un cerdo de levante y un bulto de concentrado. Otros productores también obtuvieron insumos. En cuanto a las capacitaciones, se abordó cómo mejorar la convivencia y el relacionamiento en sus comunidades.
“Con esto se espera mejorar o incentivar a la producción. Desde la administración municipal venimos haciendo un gran esfuerzo para que la gente retorne y nuevamente al campo. Sabemos que las vicisitudes son demasiado, pero esto demuestra el compromiso con el desarrollo agropecuario de nuestro municipio”, dice Marcelo Perea, coordinador de la Umata.
La inconformidad: Si bien el proyecto buscaba un fortalecimiento integral, algunos campesinos cuestionan que no es suficiente. “Esta ayuda es muy insuficiente para cada familia campesina. Uno escucha diversas capacitaciones que al final no entendemos y los recursos se quedan en capacitaciones y el proyecto queda débil”, dice uno de los beneficiarios que prefiere el anonimato por miedo a represalias. “El proyecto sonaba bueno pero con el material que entregan hoy no le veo futuro”, añadió otra de las beneficiarias.
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