Qué está pasando
Una idea se ha estado moviendo entre el electorado: guajiro vota guajiro. Mientras que para algunos es la respuesta a una costumbre extendida por años de apoyar candidatos de otras regiones, que no se ha visto reflejado en inversión para el departamento, para otros es una manera de que las mismas familias políticas sigan en el poder. “Es un criterio elemental primario utilizado por quienes han desfalcado el departamento durante tanto tiempo solo para mantenerse en el status quo y son los que ejercen el poder”, asegura Weildler Guerra, antropólogo y exgobernador (e) de La Guajira.
Al hacer una revisión de sus principales propuestas, encontramos que existen puntos en común en casi todos los candidatos y que han mencionado constantemente en sus campañas: la transición energética, su articulación con las comunidades wayúu y los beneficios económicos para los guajiros; la desnutrición y el cumplimiento de la sentencia T-302 de 2017, que cumple 5 años sin un plan de acción concreto; la generación de empleo para la población, para desescalar la cifra del 16,9 por ciento que registró Riohacha en el último trimestre de 2021; y la crisis de la asignación de los cupos y el desabastecimiento de gasolina en el departamento, que está vinculado a la crisis económica que se vive por el cierre de la frontera con Venezuela.
Es importante mencionar que las funciones de los y las Representantes a la Cámara consisten principalmente en hacer, modificar, derogar e interpretar leyes, mediante actos legislativos y proyectos de ley. De igual manera, ejercen control político a Ministros y altos funcionarios del Estado.
Revisamos los antecedentes y las propuestas de algunos de los candidatos a la Cámara de Representantes por La Guajira. Seleccionamos a 10 candidatos de 18 inscritos en la Registraduría, divididos en 6 listas o “planchas” como se les conoce en el departamento. Acá, un resumen de las alianzas y el recorrido en el servicio público de los más opcionados.
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En el Chocó, tanto las oenegés como organizaciones de base e instituciones locales coinciden en que uno de los mayores obstáculos para intentar dimensionar la violencia contra las mujeres, es que hay un subregistro. Ninguna entidad tiene datos precisos. Pero este subregistro es la consecuencia de un problema mayor: la desconfianza de las mujeres en la institucionalidad.
Según el informe Violencias en tiempos de COVID, del Observatorio de Violencia del Instituto Nacional de Medicina Legal, en Colombia hasta octubre de 2021 se presentaron 15.644 casos de violencia sexual en los que las víctimas fueron mujeres. En el Chocó, apenas se registraron 96 casos. En cuanto a la clasificación “violencia de pareja”, en el departamento se registraron 74 casos donde las víctimas fueron mujeres. Sin embargo, este número contrasta con el total nacional de 23.679. Ambas violencias están registradas como lesiones no fatales.
En cuanto a los feminicidios, el reporte de Medicina Legal consigna 69 casos en todo el país. Otra cifra que contrasta con la que tiene la Red Feminista Antimilitarista, que de enero a septiembre de 2021 registró 475 feminicidios en Colombia.
El Registro Único de Víctimas (RUV) ,con corte al 31 de octubre de 2021, muestra bajo la categoría “Delitos contra la libertad y la integridad sexual en desarrollo del conflicto armado”, 2.104 víctimas de violencia sexual en el Chocó, de las cuales 1.885 son mujeres. A nivel nacional esta cifra asciende a 34.079. Comparando las cifras de todos los departamentos en esta categoría, el Chocó ocupa el quinto puesto en número de mujeres víctimas por violencia sexual, después de Antioquia (4.530), Magdalena (3.137), Nariño (2.878) y Bolívar (2.343).
Yolanda Perea lleva años denunciando esta situación. Ella vivió en cuerpo propio la violencia del conflicto: en 1997, a los 11 años, fue víctima de violencia sexual y dos meses después sufrió un aborto cuando sus victimarios la golpearon por haberle contado a su mamá. Luego, vivió sufrió el asesinato de su madre por integrantes del Frente 57 de las Farc. Con el paso del tiempo, y ayuda psicosocial, Yolanda Perea logró entender que las violencias que vivió no fueron su culpa. Y transformó su dolor en fortaleza. Desde entonces, se ha concentrado en trabajar en nombre de su comunidad y de otras víctimas para lograr el cumplimiento del Acuerdo de Paz.
Hoy, como representante de la Mesa de Víctimas del Chocó e integrante de la Ruta Pacífica de Mujeres, se mueve en escenarios nacionales, en charlas y conversatorios compartiendo su experiencia en la reconstrucción del tejido social e insistiendo en el desarrollo de políticas públicas para las víctimas del conflicto, de modo que sean efectivas en las periferias del país. Actualmente es estudiante de Derecho en la Universidad Santo Tomás de Medellín y sigue luchando para que haya justicia y reparación para las víctimas de violencia sexual en escenarios como la Jurisidicción Especial para la Paz.
Hasta hace poco, Perea soñó con la posibilidad de llevar su lucha, una que asume como colectiva, al Congreso. Pero su intención de aspirar a una de las 16 curules especiales de paz se truncó recientemente cuando fue inhabilitada por haber sido candidata a la Asamblea Departamental de Antioquia hace siete años. “Para los violadores de niños y niñas no hay una muerte política pero,oh sorpresa, para las líderes víctimas sí”, reflexiona.
Perea ha sido amenazada por su liderazgo en varias ocasiones. Poco antes de esta entrevista nuevamente recibió intimidaciones por su labor como lideresa social, lo que la ha llevado a preguntarse por su seguridad: ¿pero quién se encarga de mí? , dice.
Consonante: ¿Cómo están siendo afectadas las mujeres por el aumento del conflicto armado en el Chocó?
Yolanda Perea: Esta escalada del conflicto conlleva al asesinato de líderes y específicamente lideresas, al reclutamiento niñas y niños, a la violación sexual de las niñas y las mujeres, a la desaparición forzada y al desplazamiento masivo. Pero al hablar de la violencia estructural hacia las mujeres hay que entender que somos nosotras las que parimos hijos, habitamos el territorio, y aramos la tierra. Es a nosotras a quienes nos arrebatan la vida de los hijos, esposos, primos, sobrinos, y hermanos. Tenemos que parirlos y luego acarrear con ese dolor que nos impone la guerra. Casi siempre terminamos afectadas sin tener nada que ver con el conflicto. Pero también nos vemos afectadas directamente cuando no podemos acceder a nuestras tierras porque están ocupadas por grupos al margen de la ley o porque nuestras vidas están amenazadas.
C: ¿Y la violencia sexual?
YP: ¿Por qué se menciona casi siempre la violencia sexual? Porque es una de las formas de opresión que se ejerce contra la mujer para poder ejercer presión, a su vez, en el hombre. Esto es en hombres jóvenes, padres, primos o tíos, para poder llamarlos a la guerra. Entonces se sufre violencia económica, violencia política, violencia social y violencia psicológica. Porque, sí, la violencia sexual está primero. Pero antes llegan las amenazas, el reclutamiento de los menores, la desaparición y el asesinato de los hombres. Después de todo esto y en medio, incluso, del desplazamiento, ocurre la violencia sexual. Entonces son múltiples violencias que puede vivir una sola mujer.
Y a todo esto hay que agregarle la violencia social de nuestro país, porque cuando uno sale de su territorio empieza a sufrir estigmatización y discriminación. Esto le pasa principalmente a las mujeres líderes indígenas porque les dicen “¿por qué se vino de su tierra? ¿Por qué está acá si no es de acá? Regrésese”. Pero nadie sabe cómo está el corazón y la mente de uno, divagando alrededor del dolor y el destierro. Y de la culpa por la violencia sexual. La sociedad colombiana no nos dice "ven, te arropo. Esto no debió pasar, es un delito de lesa humanidad, es una violencia”. Y ahí Colombia tiene una deuda por la cual debería hacer una reparación simbólica, legítima, de hecho.
C: ¿El Estado ha reconocido estas violencias, estas maneras específicas en las que las mujeres viven en el conflicto?
YP: Mira, una cosa es que saquen alertas tempranas como las que saca la Defensoría. Otra cosa es lo que nos toca hacer directamente nosotras como mujeres para poder apoyarnos entre nosotras y ampararnos al Auto 092, a la Ley 1448, actualmente Ley 2078. Estas son acciones que se hacen desde las mesas de víctimas, pero también desde organizaciones como la Red Departamental de Mujeres, la Ruta Pacífica de Mujeres y otros movimientos de mujeres que hemos ido en defensa de la vida. Pero que se tomen acciones directas del Gobierno Nacional frente a las situaciones que vivimos las mujeres, disculpame, pero no. Porque una cosa es ir a hacer unas capacitaciones de un día sobre proyectos productivos,y otra es que se trabaje el tema de seguridad enmarcada en la no violencia, enmarcada en que no sigamos siendo las mujeres un botín de guerra en un conflicto que en el que nada tenemos que ver nosotras.
C: ¿Qué debería hacer el Estado para detener estas violencias?
YP: Mira, se van a ir incrementando más siempre y cuando el Estado, el gobierno, no se amarre los pantalones y empiece a implementar políticas reales que permitan recuperar la vida en las periferias, no en el centro, como Bogotá. Donde no siga dejando la brecha o el camino abierto para que se sigan generando más víctimas a raíz del descuido territorial. Y cuando hablo del descuido no me refiero que es que falte militarizar el territorio, me refiero que hay que construir políticas públicas acordes a la realidad territorial que incluyan a las mujeres, principalmente, y a los jóvenes, que son la mayoría de quienes se han visto afectados en el marco de la guerra.
C: En este contexto, ¿Qué pueden hacer las organizaciones de mujeres en el territorio?
YP: Nosotros estamos en más de 200 municipios a nivel país por medio de un mecanismo de tejido de colcha pintado, escrito y de esta forma hacemos rejuntancia, fortalecemos la confianza y hacemos una recuperación emocional por medio de este proceso. Es un mecanismo que nos permite conocer los temas legales que les competen a las víctimas: La Ley 1448 y el Auto 092/08. Por otro lado, las mujeres conocen, pero las rutas no funcionan en los territorios porque tenemos funcionarios que no tienen ética profesional al momento de tomar una declaración o al momento de activar la ruta. Las rutas son muy mediocres. Puede haber una política, puede haber un programa, pero a la hora de implementarlos son mediocres porque realmente no están funcionando. Empiezan a tirarse la pelota el uno al otro y ahí dilatan y es ahí donde muchas veces las mujeres terminan muertas. Y la culpa siempre termina siendo del ausente… y si ya está muerto cómo se va a defender. Es importante que los mecanismos que nosotros utilizamos en los territorios para poder defender la vida puedan tener una mayor atención, un mayor apoyo para poder seguir avanzando. Vuelvo y reitero, no es que las mujeres no conozcan los derechos, es que la ruta no funciona.
C: ¿Cómo dialogan con el trabajo que hacen otras oenegés y organizaciones más grandes?
YP: En algunos puntos nos encontramos, por ejemplo, con la movilización que arrancó desde muy temprano hoy hacia Caucasia, donde nos vamos a encontrar, posiblemente, más de tres mil mujeres en defensa de la vida y el territorio. Y esto lo hace La Ruta Pacífica y otras organizaciones, incluso nosotras hacemos parte de esa ruta. Entonces, por un lado están los movimientos de mujeres, que adjuntan o acogen a otras mujeres en defensa de la vida y la política. Mientras que por otro lado, tenemos organizaciones como las mesas de víctimas y organizaciones que hacen parte de las mesas de víctimas que nos permite tejer un diálogo, construir una memoria enfocada a esa política pública que debe haber de manera estable y duradera. Pero además con la voz nuestra. Porque aquí ya nos cansamos de que muchos hablen de nosotras, pero simplemente se lucran, más no están reconociendo los derechos de nosotras y las organizaciones de los territorios que vienen construyendo, que vienen juntando a otras mujeres podrían hacer mucho más si tuviéramos una entrada económica.
Lo poco o mucho que hacemos, lo hacemos sacando la libra de arroz de nuestros hijos e hijas para poder lograr eso. Y no es fácil. Pero sin embargo lo estamos haciendo: hay organizaciones de mujeres, negras, indígenas, mestizas, empleadas de servicio doméstico. Y todo esto es a raíz de esta expansión y conocimiento que vamos adquiriendo, enmarcado en nuestros derechos humanos, donde no ha sido fácil, pero aquí estamos dando la lucha, defendiendo la vida y el territorio, porque es que nosotras no parimos hijos para la guerra y para la paz todo, para la guerra nada. Y en mi caso digo, prefiero un acuerdo imperfecto a una guerra permanente, que gracias a esos acuerdos, las armas que asesinaron a mi madre, que me colocaron en la cabeza al momento de violarme, no lo harán con mi voz.
C: En ese sentido, ¿Cuáles son los mayores retos que enfrentan al trabajar, especialmente, con víctimas de violencia sexual?
YP: Lo más frustrante es ver que hay mucho para hacer y hay una institucionalidad mediocre que no le interesa ver a la gente surgir y que los mecanismos que conseguimos nosotras como mujeres y organizaciones para renacer de nuevo. No les interesan y no los apoyan porque realmente no les generan dinero. Y eso es lo que más me frustra. Nosotras estamos trabajando desde los territorios y la institucionalidad no nos presta atención, porque no les genera dinero. Entonces muchas veces terminamos generando algunos mecanismos o algunas respuestas que son muy buenas y que nos permiten aguantar a nosotras, pero no tenemos el recurso, por lo cual nos toca dejar la red.
También la amenaza y la persecución. En estos momentos me siento mal porque hace poco recibí una amenaza y estoy en ese punto en que quiero mandar todo al carajo porque uno ve que en este país la vida de las mujeres no vale. Y menos la vida de nosotras como mujeres negras, indígenas y campesinas. Y uno dice bueno, si estoy arriesgando mi vida, porque creo que es un mecanismo para ayudar a resurgir y a rescatar a aquellos que están sumidos en ese dolor y esa vulneración de derechos, ¿pero quién se encarga de mí?
Mientras encuentra otra opción para llevar su lucha, Yolanda ha recibido propuestas de partidos políticos, pero aún las está evaluando. “He recibido propuestas de un partido de Córdoba, también del Pacífico pero dije que no. En redes sociales sonó mucho una propuesta que hizo Gustavo Bolívar en el Pacto Histórico, sonó mucho pero solo fue eso. Se quedó en redes nada más, porque estuve comunicándome con él y eso nunca pasó. Y ahí estamos estudiando dos propuestas más con movimientos que han surgido últimamente y estamos revisando a fondo a ver si es viable”, concluye.
Por qué es importante:
Históricamente, la mujer rural ha estado en una posición de desventaja frente a al hombre en casi todos los aspectos de la vida. Especialmente en el mercado laboral, donde su aporte para mejorar el desarrollo económico y productivo de sus comunidades ha sido minimizado.
Algunas cifras lo demuestran:
Qué está pasando:
La desigualdad que enfrentan las mujeres en el campo ha llevado a que muchas migren a los centros urbanos para buscar maneras de mitigar la vulnerabilidad y la pobreza. En las ciudades algunas logran tener más acceso a trabajos mejor remunerados y, en general, a una mejor calidad de vida.
Pero muchas reivindican su derecho a quedarse en sus territorios, y a exigir, una vez más, igualdad. A propósito del Día Internacional de las mujeres rurales el 15 de octubre hablamos con tres mujeres de veredas del norte de Bolívar sobre sus luchas, necesidades y reivindicaciones.
Tiene 50 años y lleva 46 viviendo en San Cayetano, un corregimiento del municipio de San Juan Nepomuceno, Bolívar. Junto a otras 9 mujeres, trabaja desde hace 17 años una parcela de 9 hectáreas y media. Allí tienen cultivos de ñame, maíz, plátano, yuca, cebollín y cilantro, y en el último año empezaron un proyecto de ganadería, de compra y venta de terneros.
Durante los primeros dos años alquilaban el terreno, pero desde hace 15 años son propietarias de la parcela. La Corporación Desarrollo Solidario, una ONG que apoya y asesora organizaciones campesinas en los Montes de María, les dio el terreno. Les donaron además 10 vacas y un toro, abejas, hortalizas y peces para que iniciaran diferentes proyectos productivos.
Según ella, esto es algo que nunca se había visto en la comunidad. “Podríamos pertenecer a otras cooperativas, pero todas estaban dirigidas por hombres. Un día se nos dio la oportunidad de asociarnos como mujeres y lo hicimos con muchas dificultades. Tuvimos que enfrentarnos a toda la comunidad, hombres y mujeres. Empezamos 38, pero no todas aguantaron el voltaje y ahora somos 10”, cuenta.
Las mujeres de AFASAN han sufrido violencia física y verbal por parte de la comunidad, según Duvis, por ser mujeres productoras dueñas de su tierra. Su parcela, por supuesto, ha sido el escenario de estas disputas. A lo largo de los años les han robado el ganado, envenenado las abejas y quemado las cercas. “La gente tiene un tema y es que las mujeres no somos capaces de mantener y sostener las tierras. Dicen que la tierra debe estar a cargo de los hombres. Ahí tenemos nosotras nuestra parcela, trabajándola, tirando machete cuando toca, arreglando cerca cuando nos toca, no necesitamos que ellos vengan a ayudarnos”, agrega.
El año pasado tuvieron que enfrentar uno de los mayores retos. En pleno confinamiento, unas personas se metieron a la parcela para apropiarse de ella. “Nos enfrentamos a agresiones físicas, agresiones verbales, enfrentamos a gente que conocemos. Los hombres les decían a las mujeres ‘péguenles a esas mujeres que no tienen oficio’ ¿y sabes qué era duro? Ver mujeres que saben la dificultad que nosotras hemos tenido para tener la tierra, esas mujeres apoyando para que se les hiciera daño a sus mismas mujeres”, dice.
“Es incómodo para algunas personas que una mujer se dedique al trabajo del campo de lleno. Como decimos nosotros, es un dolorcito de muela para algunos ver a una mujer dueña de su tierra y que además sus esposos las apoyen”.
Paralelamente a su trabajo en la parcela, Duvis y las demás mujeres se encargaron de ir acostumbrando a sus familias a sus nuevas labores y responsabilidades. También a que de vez en cuando iban a recibir el rechazo de su comunidad. Esto, para Duvis, les ha permitido ganar libertad para trabajar en su parcela. “Esta es una cosa que me llena. A veces digo que ya no doy más, que me voy a volver loca. Pero creo que todas las mujeres que estamos aquí tenemos una pasión por el trabajo en el campo. Creo que encontramos lo que nos gusta”.
Oriunda de Mahates, en la subregión Canal del Dique. Desde hace 24 años hace parte de la CDS y acompaña el proceso de mujeres rurales en algunas comunidades de los Montes de María y del Canal del Dique. Antes de incorporarse a la CDS estudió para ser modista y hacer artesanías.
Inílida en los últimos años se ha dedicado a organizar talleres para formar a otras mujeres en derechos sexuales y reproductivos y diferentes tipos de violencia de género: explícita, intrafamiliar, económica, social. Todo enfocado en el contexto de la mujer rural en este territorio.“También las hemos formado en rutas de atención, para que ellas sepan dónde deben denunciar”, cuenta. El CDS también cuenta con escuelas itinerantes que buscan capacitar mujeres en temas de género, participación, reconciliación y paz.
“En estas zonas estos derechos sexuales y reproductivos son muy vulnerados, entonces si las mujeres están enteradas de cuáles son, no solo pueden defenderlos sino exigirlos”.
Inílida también capacita a otras mujeres para que puedan tener independencia económica. Según ella, la mayoría de las mujeres de la región son amas de casa, pero también tienen iniciativas productivas: trabajan el cultivo o pescan a la par de los hombres, pero su trabajo no es valorado ni remunerado como se merece.
Para Inílida, una de las potencias del trabajo de la mujer en el campo está en la transformación del producto. “Por ejemplo el maíz lo transforman en bollo, transforman la yuca. Son transformadoras de alimentos, hacen arepas y queso. También hay mujeres artesanas por ejemplo en tejidos, en la elaboración de productos con materiales del medio como el totumo y la iraca. Y también, de unos dos años para acá tenemos unas mujeres que tienen hortalizas en sus patios”, cuenta.
Este tipo de actividades les ha permitido a las mujeres, poco a poco, ganar autonomía sobre sus ingresos y garantizar una mejor vida para ellas y sus hijos. Todavía tienen dificultades en la comercialización de estos productos, pero Inílida piensa que esta actividad de transformación de alimentos es una manera de permanecer en sus territorios y ser constructoras de paz.
“Las mujeres al transformar alimentos, al trabajar con la tierra, al producir alimentos están buscando la paz. Entonces se busca una permanencia en el territorio desde la paz, desde las relaciones, de vivir en paz con lo que yo hago. Pero las comunidades del territorio también deben apersonarse de lo que está ocurriendo con las mujeres y articularse más”, puntualiza.
Angelina tiene 63 años y es maestra desde 1977. Nació y ha vivido toda su vida en la vereda. Dice que se volvió docente por una necesidad: en Camarón nadie sabía leer ni escribir y ella era la única que había iniciado bachillerato. “En esa época nadie estudiaba porque la mujer rural había nacido para parir, para atender al esposo y a los hijos y para eso no se necesitaba un estudio”, cuenta. “No había escuela en ningún lado, no sentían esa necesidad de estudiar,de prepararse. No había un ejemplo que ellas tuvieran para estudiar”, agrega.
Estudió sus años de primaria en Palo Alto, Guayabal, Sucre. Su madre la envió donde una prima, y a cambio de los servicios domésticos, Angelina recibió la educación. En El Carmen de Bolívar hizo hasta tercero de bachillerato y regresó a su vereda con dos hijos. No contaba con un trabajo para mantenerse, se casó y luego comenzó a prepararse para ser docente en Camarón. A los 54 años, Angelina obtuvo su título de licenciatura en básica primaria.
Al principio recibió a dos niños en su propia casa de bahareque. Hoy la escuela de la vereda tiene 52 estudiantes y va de preescolar a quinto de primaria. Tienen dotaciones de silletería y otros elementos, pero aún la vereda no tiene fluido eléctrico.
Angelina cuenta que hoy en día en Camarón hay docentes de Cartagena y de El Carmen de Bolívar dando clases. También dice que hay 15 docentes del territorio, pero las plazas se las han asignado a los citadinos, porque concursan para los puestos de docentes rurales provisionales y se las han asignado a ellos, dejando a los docentes, incluyendo a las mujeres, sin más opción que irse o buscar trabajo en algo más.
“Ha sido un golpe bajo que le han dado a la mujer, porque las sacan del territorio, mujeres netamente campesinas, luchadoras del campo, dolientes del campo y las reemplazan por personas de la ciudad”
Aunque la labor de docente es más aceptada en las comunidades rurales, Angelina no desconoce las necesidades de las mujeres de la comunidad y los problemas que hay para que ellas sean dueñas de su tierra y encontrar trabajo. “Es fundamental que mujeres rurales tengan un pedacito de tierra con título, que haya una fuente de trabajo donde haya una motivación económica para ella disponer de su propio dinero, sin tener que depender del de su marido”, dice.
“Yo me siento supremamente feliz viviendo en el territorio. Soy una mujer que admira el campo, valoro el campo, veo la gran belleza que hay aquí. La mejor herramienta que tiene una mujer rural es prepararse académica y profesionalmente y que se quede en el territorio. Que sepa de dónde viene para dónde va”, concluye.
¿Por qué es importante?
En Manaure se han identificado 296 especies de aves, según Pedro Pablo Contreras, quien lleva viviendo en la zona rural desde hace 33 años y lleva 10 años como guía y pajarero. Este municipio es un territorio geográficamente privilegiado. Al estar en las estribaciones de la Serranía del Perijá, cuenta con diferentes pisos térmicos y ecosistemas que permiten la presencia de muchas especies aves y árboles. Las alturas varían entre los 360 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m) en la parte más baja del municipio, cerca a La Paz, y los 3.300 m.s.n.m en Sabana Rubia, un páramo a dos horas de la cabecera municipal.
Qué está pasando:
Desde hace un poco más de tres años ha cobrado fuerza entre los pajareros del municipio la participación en el Global Big Day, la competencia mundial de observación de aves que organiza el Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell en Estados Unidos.
Los participantes deben registrar en el transcurso de 24 horas, todas las especies de aves que encuentren en sus territorios. Estos registros deben subirse a una plataforma de ciencia ciudadana llamada e-Bird, también del Laboratorio de Ornitología. El país que logre sumar más registros, gana.
El sábado pasado se llevó a cabo el October Big Day, la segunda versión en el año de la competencia global. Colombia fue el país que sumó más registros, con 1.334 especies observadas, hasta el 12 de octubre al mediodía. El departamento del Tolima fue el territorio con más registros. Cesar sumó 197 y se ubicó en el lugar número 21.
Pero la popularización de esta práctica también se ve reflejada en varios aspectos de la realidad local:
1. Cada vez hay más pajareros: los buenos resultados en estas competencias ayudan a la consolidación de grupos de pajareros y a la visibilización de nuevos territorios para la observación de aves. Este es el caso de Tytira Pajarera Manaure, un grupo que desde 2018 reúne jóvenes estudiantes, docentes, campesinos y campesinas y profesionales en torno a la observación de aves y el intercambio de conocimientos en Manaure.
“Son personas de diferentes características que están interesadas en las aves, en cuidarlas, en protegerlas y en observarlas. Nos reunimos para mantenernos actualizados en el tema de las aves y también establecemos rutas para hacer observación”
Vicente Amado Gavidia, fundador del grupo Tytira Pajarera Manaure
2. Se está impulsando la conservación de los ecosistemas: tanto las personas que trabajan en aviturismo como los pajareros coinciden en algo: para garantizar el avistamiento de aves es necesario cuidar de sus hábitats, evitar la tala e impulsar la siembra de árboles nativos y frutales. Este ha sido un trabajo que se ha hecho colectivamente entre los habitantes del casco urbano, los campesinos y campesinas de las zonas rurales y las reservas naturales.
La zona rural del municipio es el corazón de las prácticas del pajareo y el aviturismo y es allí donde también se vienen llevando a cabo iniciativas enfocadas en la conservación. Este es el caso de los campesinos y campesinas de la vereda El Cinco, a dos horas de la cabecera municipal y a 2.400 m.s.n.m, quienes comenzaron a cambiar sus prácticas de cultivo para evitar la deforestación.
“Logramos obtener con Corpocesar un proyecto de mora sin espina para no talar más. Este cultivo le da el pan de cada día al campesino de la región. Con eso empezamos a cuidar el hábitat de los osos y las aves”.
Pedro Pablo Contreras
3. Han surgido iniciativas de aviturismo: además de los grupos ciudadanos se encuentran otros espacios que han ido fortaleciendo el aviturismo y la conservación en el municipio como son Tierra Grata Ecotours, La reserva ProAves Chamicero del Perijá y la Reserva Natural Los Tananeos.
Tierra Grata, antiguo espacio de reincorporación transitorio de capacitación y reincorporación (aETCR) ubicado a 10 km de la cabecera municipal de Manaure, tiene uno de los proyectos de aviturismo más avanzados del municipio. Tierra Grata Ecotours ofrece recorridos para observar aves por la zona e incluso en otros departamentos. En este territorio se pueden observar hasta 34 especies de aves. Además, ofrecen talleres a otras personas que estén interesadas, como es el caso de los jóvenes y los campesinos.
“Estoy haciendo capacitaciones con el fin de prepararme y convertirme en un verdadero protector de aves y educar a las personas que se interesen en este proyecto turístico. El mensaje va llegando a más personas”
Manuel Mieles, ex-combatiente y pajarero
Los procesos de formación que ofrecen son también una manera de lograr la integración con la comunidad. “Al principio ellos no conocían la región, así que tuve la posibilidad de guiarlos para que conocieran el territorio y así también ayudar a impulsar el turismo experiencial que tienen acá. Nosotros también nos hemos capacitado con ellos en fotografía, vincularon a las personas que estábamos en el sector para que recibiéramos la misma capacitación que ellos iban a recibir”, dice Contreras.
Además de los recorridos de observación, en algunas fincas de Manaure se llevan a cabo otros procesos pedagógicos y de sensibilización en torno a las aves. Una de estas es Chilapacha, donde se organizan actividades para niños y niñas que vinculan las aves y la conservación. “Salimos con los niños, hacemos el recorrido por las rutas definidas, hacemos observación de aves, escuchamos el canto, tomamos fotografías y luego nos reunimos para compartir las experiencias”, dice Kevin Sánchez, pajarero y guía.
Las aves que solo se avistan en la zona
Uno de los grandes atractivos de pajarear en Manaure y sus zonas rurales, es observar las aves endémicas de la Serranía del Perijá. Como:
Además de las endémicas, también es posible observar otras aves como los tucanes (en Manaure se han registrado cuatro especies), los quetzales, los cucaracheros, el pinzón alidorado, varias especies de azulejos, el saltarín coludo y diversas especies de tangaras.
Lo que sigue:
Todavía falta mucho para que se consolide el turismo de aves en Manaure. A pesar de que hay varias iniciativas en el municipio, algunas personas esperan que se pueda articular mejor el trabajo que diferentes organizaciones están haciendo en el territorio. Poco a poco se ha ido fortaleciendo la idea de que puede traer el desarrollo de nuevas economías, y crear nuevas oportunidades laborales para los jóvenes y campesinos.
“Si los jóvenes y las jóvenes nos seguimos interesando por estudiar las aves podemos trabajar procesos transversales: ambientales, sociales, culturales con todo el fortalecimiento de la promoción de la identidad”, dice Kevin Sánchez.
¿Por qué es importante? Uno de los motivos por los cuales se impuso la acción de tutela fue porque los colegios, en el estado en el que están, no pueden ofrecer una educación digna a sus estudiantes. La mayoría no cuenta con baterías sanitarias, ni depósitos de agua. Algunos tienen las redes eléctricas en mal estado y ni siquiera hay ventiladores. Otros tienen los techos dañados y les hacen falta pupitres.
Incluso, el colegio público más emblemático del municipio, el Manuel Rodríguez Torice, ubicado en la cabecera municipal, no cuenta con los transformadores necesarios para hacer funcionar los lavamanos portátiles que instaló el municipio. Aunque la administración indica que hizo una inversión de 150 millones de pesos en adecuaciones para todos los colegios, estas fallas evidenciarían que no hubo una identificación previa de las necesidades de las instituciones.
El estado de estos colegios en los corregimientos abre aún más la brecha de desigualdad entre las áreas rurales y las urbanas. En San Diego, la zona rural tiene un índice de pobreza multidimensional del 57%, mientras que la de la zona urbana llega al 27%. Estas brechas están representadas, justamente, por indicadores como el analfabetismo, el bajo logro educativo y el poco acceso a una fuente de agua potable.
¿Qué ha pasado?
¿Qué dice la gente?
Según la Personería de San Diego, este fallo ha tenido una gran acogida por parte de los padres de familia y los maestros. Sin embargo, otros miembros de la comunidad educativa sí esperaban que se regresara a la presencialidad. El gremio de los transportadores, por ejemplo, está preocupado porque esta suspensión de las clases retrasa más el inicio de sus funciones.
¿Qué sigue?
Por qué es importante
Los jóvenes reclaman que los han dejado por fuera de los procesos de incidencia, veeduría y conformación de agendas, actividades que se enmarcan dentro de sus labores; además, cuando hacen una solicitud pasa mucho tiempo para que la atiendan. Por su parte, la administración insiste en que las propuestas que quieran ejecutar deben ser proyectos y programas que se gestionen bajo el cumplimiento de unos requisitos y unos tiempos estipulados.
Estas tensiones han dificultado durante todo el año el funcionamiento de la plataforma, que busca ser un espacio de encuentro, articulación e interlocución de las juventudes.
En este momento la plataforma funciona sin un plan de acción y sin un presupuesto aprobado por la administración. Esto le quita legitimidad a las actividades que realiza la plataforma, que ha insistido en que “solo les pedimos apoyo para conseguir los espacios, los refrigerios y otros insumos que necesiten”, cuenta Obet Aguirre, antiguo presidente de la plataforma y ahora candidato al Consejo de Juventudes.
Los encontrones:
La Alcaldía ha sido insistente en reconocer que siempre se ha hecho la gestión de los espacios para las actividades de los jóvenes, pero también menciona que todo debe hacerse con un tiempo prudente de anticipación. Sin embargo, aunque se haga con tiempo o no, parece ser un proceso con muchos tropiezos e insistencias.
El problema de fondo
La plataforma reúne a las organizaciones juveniles de los territorios y según la Ley estatutaria 1885 de 2018, deben ser escenarios de encuentro que fomenten la interacción entre las juventudes. Es decir, ellos deben gestionar actividades para generar espacios de interacción con el objetivo de trabajar en defensa de sus intereses colectivos. Además, deben participar en el desarrollo de las agendas municipales y ejercer veeduría y control social de los planes de desarrollo y políticas públicas de juventud. Son, como destaca el estatuto, interlocutores válidos ante las alcaldías.
Sin embargo, este empoderamiento legal no se lleva a la práctica y la plataforma queda muy limitada porque no recibe recursos para llevar a cabo su agenda. Según Tatiana Hernández, coordinadora del área de gestión social de la Alcaldía y antiguo enlace de juventudes, para este año el presupuesto para infancia y adolescencia son 90 millones aproximadamente.
Al no poder presentar la agenda ni poder hacer las mesas de concertación, el presupuesto para las actividades de la plataforma es incierto.
La Alcaldía, sin embargo, no muestra mucho interés en apoyar actividades y sí espera que los jóvenes canalicen sus ideas e iniciativas en proyectos estructurados que puedan tener un mayor impacto en el municipio y que no se queden como eventos y actividades sueltas.
Lo que sigue
La plataforma está a la espera de que se realice la semana de la juventud organizada por la Alcaldía en la tercera semana de septiembre. En el caso de que no se cumpla para el 15 de de este mes, quieren emprender un comité de veeduría con la Personería Municipal para saber en qué se ejecutaron los recursos que estaban destinados para ese proyecto.
Por otro lado, la esperanza está puesta en los Concejos Municipales de Juventud, que serán elegidos el 5 de diciembre de este año. Este organismo tiene una incidencia directa sobre la formulación de las políticas públicas para los jóvenes y en la asignación de recursos para la juventud. “Van a tener la facultad de dirigir los planes, programas y proyectos de la administración en cuanto al tema de ejecución. Pero tienen que discutir las prioridades que tienen las juventudes en el municipio, que tienen que ser coherentes y acordes con la realidad”, dice el concejal Luis Carlos Martínez, encargado del tema de las juventudes en Manaure.
No obstante, hasta que se conformen estos consejos, y según la ley 1885, las plataformas pueden cumplir transitoriamente las funciones de los consejos de juventud. Pero tanto la administración como el consejo le atribuyen funciones de mucho menos impacto. Los jóvenes esperan que la conformación de los consejos no signifique la muerte de la plataforma “porque es la base del progreso juvenil, es la pionera para el trabajo que queremos hacer por los jóvenes de Manaure”, concluye Obet.
¿Por qué es importante?
La estrategia del alcalde de San Diego para detener los chismes que se están moviendo a través de cadenas de Whatsapp ha despertado interés a nivel nacional, y se ha convertido en una cortina de humo para desviar la atención de problemas realmente graves que enfrenta el municipio como la inseguridad y la falta de acceso al agua en varias instituciones educativas. Este municipio conocido como “la capital cultural del Cesar”, ahora es llamado jocosamente “el pueblo de los chismosos”.
Especialistas señalan que es peligroso que un gobernante local decida emprender por su propia cuenta una persecución contra ciudadanos por mensajes que él considera chismes, cuando no está dentro de sus competencias. Es un hecho inédito.
¿Qué pasó?
La respuesta del alcalde:
El 23 de agosto, el alcalde emitió un comunicado para expresar su preocupación “por la manera tan equivocada que algunas personas le están dando a las diferentes redes sociales”, y rechazar estos mensajes. El mandatario dijo que convocaría un consejo de seguridad para analizar la situación porque “se podía salir de control”, y ofreció una recompensa de dos millones de pesos para quienes le enviaran información sobre el origen de los chismes. Además, dijo que les había pedido a los operadores telefónicos que también investigaran los hechos y le suministraran información sobre los autores de los mensajes.
Al día siguiente, Calderón afirmó que las investigaciones iban por buen camino y que varias personas habían llamado para dar información a cambio de la recompensa. Mientras tanto, empezaron a circular memes y caricaturas sobre la situación. Una de ellas, publicada en El Pilón, dice que el presupuesto del municipio no alcanzaría para pagar por todos los chismosos del pueblo.
Los resultados de la estrategia
Hasta ahora, el alcalde no ha convocado el consejo de seguridad anunciado y no se han encontrado a los responsables. En cambio, han empezado a circular rumores sobre los posibles autores de los mensajes.
Para Rafael Araújo, personero municipal de San Diego, es poco probable que las medidas anunciadas por el alcalde en el comunicado se materialicen, pero aclara que, a su vez, quedaron consignadas en un documento público. “No creo que él disponga de recursos del municipio para encontrar unos chismosos. Pero uno no puede plasmar en un documento público, como es el comunicado, algo que no es real”. En su opinión, el verdadero resultado de esta estrategia podría ser ejercer presión sobre las personas para que dejen de compartir los chismes.
La cuestión de fondo
Especialistas consultados por Consonante advierten que el alcalde de San Diego se está equivocando de varias maneras:
¿Qué dice la gente? Varios habitantes de San Diego critican la respuesta de la alcaldía pues la consideran exagerada, y están avergonzados. Afirman que los chismes son reprochables, pero dicen que el alcalde debería centrar su atención en temas más urgentes como la inseguridad y el desempleo.
Lo que sigue: Está por verse si el mandatario efectivamente convoca el consejo de seguridad anunciado. Muchos dudan que se lleven a cabo las acciones prometidas para dar con los que originaron los chismes. “Yo creo que lo más sano para él es que las revierta. Primero por la imagen del municipio, y segundo por la estigmatización que crea sobre sus habitantes”, dice Araújo.
Sin embargo, queda una discusión de fondo y es la manera en que los miembros de una comunidad, en este caso un municipio, manejan la información que llega por redes sociales. “Vale la pena preguntarse sí es necesario que esta información se replique y si es de interés de la comunidad que este tipo de cosas íntimas se sepan”, concluye Madrid Malo.
¿Qué son los PDET?
Son unos programas de desarrollo económico y social para saldar la deuda histórica del Estado con las zonas más afectadas por el conflicto armado. Su creación fue pactada dentro del Acuerdo de Paz con las Farc, más precisamente dentro de la Reforma Rural Integral (el primer punto del acuerdo). Estos programas tienen un tiempo de ejecución de 15 años y abarcan 170 municipios del país, poco más de un tercio del territorio nacional. Los PDET tienen un carácter participativo: deben incluir las ideas y las visiones de desarrollo de las comunidades.
Con los PDET, el Estado se comprometió a generar profundas transformaciones en el campo colombiano, y crear mejores condiciones para la población rural. Por eso, reúnen iniciativas en ocho categorías o pilares: ordenamiento, infraestructura y adecuación, salud rural, educación rural, vivienda rural y agua potable, reactivación económica, derecho a la alimentación y paz y reconciliación.
Se empezaron a construir de manera participativa en 2017. El proceso estuvo dividido en varias etapas (veredal, municipal y subregional), contó con la participación de 250 mil personas y derivó en unos Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR). En 2019 empezó su implementación, que incluye la creación de las hojas de ruta para 16 subregiones, formulación de proyectos, financiación y ejecución.
¿Por qué son importantes?
Luz Yaruro, delegada del grupo motor del municipio de La Paz en el Cesar, explica que los PDET eran “la esperanza de las comunidades”. Una oportunidad para construir una vida digna en la ruralidad colombiana después de décadas de violencia y abandono estatal. Su creación les permitió organizar y priorizar necesidades a muchas comunidades, y socializar una visión de desarrollo productivo y social de sus territorios.
Sin embargo, esta lectura ha cambiado a raíz de la etapa de implementación que ha estado orientada a convertir las iniciativas que se pactaron con las comunidades en proyectos estructurados que puedan ser aprobados por una fuente de financiación. Para Paulo Tovar, coordinador del área de Participación y diálogo para la construcción de paz de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), aún persiste una desconfianza en el proceso por parte de las comunidades que hicieron parte del proyecto participativo. “Se están haciendo varias cosas, pero es importante que no terminen siendo una serie de iniciativas aisladas, sino un conjunto de asuntos que contribuyan a la transformación de un territorio”, dice.
¿Qué tanta incidencia tiene actualmente la gente que participó en la fase inicial?
Hoy los equipos de las alcaldías y las gobernaciones son los únicos encargados de revisar las iniciativas compiladas en los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR). Es decir, ellos formulan, estructuran y presentan proyectos a las distintas fuentes de financiación. Esto ha significado una pausa en el esquema participativo que se implementó durante la fase inicial de los PDET.
La construcción de estos programas fue un verdadero ejercicio de participación ciudadana considerado por muchos como el más grande que se ha dado en el país. Acá va un pequeño resumen:
En febrero de 2019 se firmó el último de estos documentos surgidos en la fase subregional, y hubo un silencio por parte de la ART. Según María José Navarro, enlace de dirección de programación y gestión de la subregión Sierra Nevada/Serranía del Perijá, con el cambio de gobierno en la agencia no sabían cómo seguía la implementación de los PDET. A mediados de 2019 y con la llegada de Emilio Archila, Alto consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, todo comenzó a marchar de nuevo pero con una visión más centrada en estructurar y formular proyectos de inversión.
¿Qué es el OCAD Paz y por qué financia tantos proyectos?
El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz (OCAD Paz) es una figura integrada por representantes del gobierno nacional, departamental y municipal que define proyectos de inversión en el marco de los PDET con recursos de regalías, principalmente.
Esta es una de las fuentes de financiación de los PDET, además de: recursos de programas de cooperación internacional, obras por impuestos (grandes empresas financian proyectos PDET a cambio de beneficios tributarios), obras PDET (recursos que buscan darles soluciones inmediatas a los municipios en temas de infraestructura, proyectos sociales y servicios públicos), y finalmente los recursos propios de los municipios.
El OCAD Paz es la bolsa de recursos más grande que tiene el Estado para financiar los PDET, y durante el gobierno actual se han aprobado más de 4,7 billones de pesos para impulsar los proyectos. María José Navarro explica que este órgano ha aumentado las capacidades de muchas administraciones locales para sacar adelante proyectos. “Tenemos municipios con presupuestos de 4 mil millones de pesos anuales que, sin este mecanismo, nunca habían podido acceder a presupuestos de hasta 100 mil millones", cuenta.
Además, es una fuente de financiación de fácil acceso a la que pueden llegar entidades territoriales, comunidades indígenas, comunidades negras, corporaciones autónomas regionales, y el gobierno nacional. “En este momento el único requisito que se necesita para presentar un proyecto al OCAD Paz es que sea concordante con una de las iniciativas que se establecieron en los PATR”, agrega Navarro.
Las cifras de los proyectos aprobados por cada una de las fuentes de financiación de los PDET comprueban que aquellos que provienen los Ocad Paz son la mayoría:
Según Elvia Mejía, gerente de la subregión Serranía del Perijá/Sierra Nevada, irse por una fuente de financiación u otra es como elegir si pagar de contado o con tarjeta de crédito. Los alcaldes o gobernaciones miran el monto de inversión y determinan si un proyecto tiene más posibilidades en una que en otra. Ya sea por su enfoque o su presupuesto.
¿Por qué no se han aprobado las hojas de ruta en todas las subregiones?
Las hojas de ruta fueron el instrumento que eligió el gobierno actual para coordinar la gestión de los PDET. Este documento debía ser una guía que permita a los municipios ordenar, priorizar las iniciativas, y organizarlas según fuentes de financiación. Además, debían servir como un ejercicio de cartografía en el que se analizaran las características económicas y sociales de los municipios que componen cada subregión.
Sin embargo, hasta el momento únicamente se han aprobado las de la subregión del Catatumbo (que fue el piloto), Sur de Córdoba, Sur de Bolívar, Putumayo y Montes de María. Es decir, aún faltan 11 hojas de ruta, y el plazo máximo para que los equipos de las subregiones presenten la hoja de ruta es este año.
Las razones detrás de la demora tienen que ver con las particularidades de organizar este tipo de procesos a nivel local. Por ejemplo, en el caso de la subregión de la Serranía del Perijá/Sierra Nevada, el trabajo para la hoja de ruta apenas va a comenzar durante la última semana de agosto después de varios procesos burocráticos: un empalme a inicios de 2020 con los nuevos gobiernos; una revisión del plan de desarrollo de cada municipio; un barrido de las iniciativas propuestas y sus estados para decidir cuáles podían ser financiadas con los recursos de regalías propias; entre otros.
Los expertos dicen que esta demora es preocupante porque sin este instrumento, las alcaldías están priorizando proyectos bajo su consideración. Además, la ART no tiene herramientas jurídicas para hacerles exigencias a las alcaldías sobre esta ponderación de un proyecto sobre otro, o de convertir iniciativas en proyectos. “Se están estructurando proyectos y se están presentando a diferentes fuentes, pero no hay manera organizada de decir qué es prioritario”, dice Navarro. Algunas veces las alcaldías hacen mesas de trabajo antes de iniciar a estructurar los proyectos, pero esto no siempre sucede.
Esto está socavando la participación comunitaria en la construcción de los PDET. En teoría, el ejercicio de hoja de ruta debe tener en cuenta a los grupos motor para su estructuración, pero los integrantes de muchos de estos equipos afirman que no les han socializado su contenido.
¿Por qué no están funcionando los espacios de participación, control y seguimiento de los proyectos?
Durante la etapa de implementación, se han desdibujado los espacios de participación. Especialmente, el rol de los y las integrantes de los grupos motor. Hay varias razones:
Para Tovar “está bien que se haya pasado a una etapa más técnica”, ya que es necesario empezar a ejecutar, “pero cada vez surge con más urgencia el llamado de lograr otra vez una vinculación ciudadana que permita que el proceso siga avanzando. Esto va a requerir un nuevo proceso participativo que ayude a reconstruir esa confianza”.
Si quieres enterarte de cómo va el PDET en tu municipio, contacta a algún integrante del grupo motor en tu municipio.
Por qué es importante: La población tenía puestas sus expectativas en esa obra, pues esa vía es la única que les permite sacar sus productos y movilizarse a la cabecera municipal. Pero ésta sería apenas una solución provisional, pues la alcaldía no tiene definido un proyecto para arreglar integralmente la carretera por falta de recursos. Los habitantes requieren que la vía tenga condiciones para el tránsito de camiones ganaderos.
Lo que ha pasado en estos meses:
La discusión: Esto último ha generado una controversia acerca de la responsabilidad en los retrasos. Herrera piensa que corresponde exclusivamente a la Alcaldía, que no controló la obra. “El secretario de Planeación, Omar Benítez, no entró a coordinar esos trabajos de allá, los dejaron solos. Era la administración municipal la que tenía que supervisarlos y garantizar que las cosas salieran bien”, cuenta.
Por su parte, la alcaldía dice que la UNGRD sí cumplió el contrato. “Lo único que se está haciendo es habilitar el paso y el compromiso era ese, garantizar el ingreso de vehículos y ya. Aquí las máquinas van de salida. Incluso la entidad está sacándolas porque a nivel departamental ya le dieron cumplimiento”, dice Jaiberth Ríos Oquendo, alcalde de El Carmen de Atrato.
Mientras tanto , la Junta de Acción Comunal espera que la retroexcavadora cumpla las horas que le faltan. “Ya viene del Alto de Guaduas, acabé de hablar con el maquinista, me dijo que le cambió el aceite para ponerla a funcionar para terminar las 60 horas que hacen falta. Van a terminar las obras”, nos dijo Jaime Herrera hace dos semanas.
Lo que sigue: En el mejor de los casos, los arreglos son solo paños de agua tibia. Y sobre todo, la alcaldía parece lavarse las manos al no tener en el panorama un proyecto para recuperar la vía en forma integral. El alcalde se limita a asegurar que es difícil sanear todos los requerimientos solo con los reducidos recursos propios. Y agrega que solo la Gobernación o incluso el Gobierno Nacional pueden priorizar un proyecto como el de las vías de Guaduas.
“Nosotros hacemos la solicitud al departamento y este nos da las directrices de cómo acceder a los recursos. Sin embargo, no hay garantías, porque si fuera así tal vez otro mandatario lo habría podido ejecutar”, dice Ríos Oquendo.
La JAC radicó el 1 de julio en la Alcaldía otro derecho de petición para pedir el arreglo de unos puentes que peligran ante las crecientes de las quebradas. Allí también insisten en proyectos “grandes, sólidos y ambiciosos que perduren en el tiempo”.
Los habitantes de la vereda siguen sin respuestas, aunque la gente del resto del municipio admira y valora sus esfuerzos, que adelantan a pulso, a punta de recursos legales.
En marzo de este año publicamos una nota sobre los reclamos que hizo la comunidad de Guaduas sobre el arreglo de la vía, puedes leerla acá: Habitantes de Guaduas denuncian mal estado de la vía de acceso a la vereda
Por qué es importante: En San Diego están acostumbrados a pasar varios días sin el servicio de agua en sus casas desde hace más de 15 años. En 2019 pensaron que su situación mejoraría: ese año la Alcaldía contrató una obra para optimizar el acueducto municipal. Irónicamente, desde entonces empeoró el servicio. Tuvieron que conformarse con tener agua solo dos veces a la semana, además tienen que extraerla con turbinas y recogerla en canecas.
Qué pasó: en dos días se organizó todo.
Resulta muy extraño para la comunidad que justo el día que se hizo el bloqueo regresó el agua. Algunos, como Eduin Guerra, piensan que la intermitencia en el servicio es un asunto de voluntad. “Se da uno cuenta que no es un problema del agua, de deficiencia, atmósfera, tiempo, geología, etcétera. No, es en Emposandiego, en la administración que quieren ‘mamarle gallo’ a uno”.
Rafael Arzuaga, funcionario administrativo de Emposandiego, afirma que el 13 de mayo se presentó una explosión en la tubería que surte las últimas calles del 21 de enero y que estuvieron trabajando para arreglarla. “Ese día (el viernes 21) estaba presupuestado colocarles el servicio de noche. La situación del suministro ya estaba normalizada”, asegura. Sin embargo, en esa zona afirman que el barrio ya estaba sin servicio desde inicios de mayo.
El contexto:
El problema de fondo en el municipio parece ser la obra de optimización del sistema de acueducto que se ejecutó en 2019 durante la administración de Elvia Milena Sanjuan a través de un contrato con el Consorcio Hidráulico San Diego por $5.797.593.373. La obra se ejecutó en un plazo de 10 meses, pero de acuerdo a los funcionarios de Emposandiego y los habitantes nunca funcionó. La actual alcaldía no ha recibido formalmente la obra.
Arzuaga, funcionario administrativo de Emposandiego y quien lleva 28 años en la empresa, dice que desde entonces les ha tocado sectorizar aún más el servicio: los lunes llega a unos barrios, los martes a otros y así se va turnando el servicio de agua. En unos barrios puede llegar en la mañana pero a otros, como es el caso del 21 de enero, puede llegar solo entre la medianoche y las tres de la mañana.
Mientras tanto, los habitantes del barrio 21 de enero aplican distintas estrategias para tener agua. “La gente aquí tiene unas canecas plásticas de seis galones y se va para otros barrios o un parque cercano donde hay cuatro llaves, llena uno sus canecas y las trae al hombro, en bicicleta, en moto, en lo que cada quien pueda”, comenta Guerra.
También usan turbinas o motobombas para extraer el agua de la tubería, que cuando llega a estas calles (las últimas del barrio) no cuenta con la suficiente presión. Una turbina cuesta $110.000 pesos y si un vecino no tiene, se la prestan porque sin ésta, según cuenta Guerra, simplemente no puede recoger agua.
Lo que sigue:
Desde la personería municipal aseguran que continuarán con el seguimiento semanal a Emposandiego para garantizar el suministro en la frecuencia acordada. Además le pedirán un informe a la empresa. “ Lo haremos cada 8 días y luego lo vamos postergando para hacerlo mensual, hasta tanto la empresa preste este servicio sin la necesidad de un ente de control detrás de ellos”, dice Rafael Araújo, personero.
Si el servicio de agua vuelve a fallar, la comunidad está dispuesta a volver a tomarse las calles. “El pueblo no puede seguir soportando que le roben de frente. Ya estamos soportando que nos llegue dos veces por semana, cuando la ley dice que el suministro debe ser 24/7”, concluye Rita.
La alcaldía municipal no tiene un plan para mejorar el servicio a largo plazo.
Por qué es importante: Con Merlis Fragoso y Luciano ya son cuatro las personas que mueren en esta carretera, una vía que es utilizada diariamente por decenas de personas del corregimiento que trabajan o estudian en Valledupar, a 15 minutos en vehículo. En el 2020, dos mujeres murieron en circunstancias similares.
Qué pasó: el 21 de abril la comunidad organizó una movilización. El grupo de 60 personas se encontró en la plaza principal, y recorrió las calles de Guacoche. A las 7:00 am, el grupo bloqueó la carretera que conduce de Guacoche a Valledupar en un punto conocido como “La Tabacalera”.
Se generó un trancón, y la Policía se acercó al lugar. Entonces, el grupo pasó a hacer bloqueos selectivos para permitir el paso de los carros. “Permanecimos alrededor de dos horas pidiendo que el crimen no quedara en la impunidad”, cuenta Aldo Ibarra, presidente del Consejo Comunitario. También buscaron llamar la atención de los conductores para que manejen con prudencia.
El detonante:
La comunidad se enteró de esta decisión por un video que emitió el abogado de Mendoza, en el que explicaba que su cliente había quedado en libertad luego de las audiencias preliminares de legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento. “Sentimos mucha indignación y tristeza al saber que estaba libre la persona irresponsable que había acabado con la vida de dos personas” cuenta Yerlis Castilla, una de las asistentes a la movilización.
El contexto: la vía en donde ocurrió el accidente tiene una longitud de 9 kilómetros. Es angosta, no tiene buena señalización ni iluminación y es insegura. La comunidad se queja de su mal estado y de que es poco vigilada por la fuerza pública. “Se requiere una intervención para ampliarla de manera urgente y efectiva”, dice Ibarra.
Qué sigue: Los integrantes del Consejo Comunitario aseguraron que van a convocar otra protesta para pedir que se resuelva el presunto asesinato de Merlis y su hijo. “Seguiremos en pie de lucha, exigiendo que la justicia actúe con contundencia”, concluye Ibarra.
Según un comunicado de Rodrigo Pinto, el abogado de Mendoza, el proceso judicial continúa en investigaciones con el fin de esclarecer los hechos.
Por qué es importante: Media Luna, corregimiento de San Diego, es conocido por los locales como la despensa agrícola del norte del Cesar. La mayoría de su población se dedica a cultivar maíz, yuca, plátano, aguacate y café.
Este mercado les permitió vender sus productos directamente a los consumidores a un precio justo. Una estrategia que no soluciona todos los problemas de comercialización que enfrentan, pero sí mejora el panorama para los campesinos.
Los detalles: El mercado campesino se realizó el 20 de marzo en la plaza del corregimiento de Media Luna, y fue organizado por Familias en su Tierra, la Alcaldía municipal y las organizaciones comunales. En total, 25 familias campesinas participaron del evento.
El evento fue, según los productores y los organizadores, todo un éxito. De los 22 productos que estaban a la venta, se vendieron alrededor del 70%. Además, atrajo a visitantes y comerciantes de otros municipios con quienes pudieron crear nuevas alianzas comerciales.
Cómo se organizó: Margelis Aguilar Pérez fue una de las productoras participantes. Cuenta que hace dos años se inscribió a Familias en su Tierra, el programa de Prosperidad Social que apoya a través de distintas iniciativas a población víctima del desplazamiento forzado.
A lo largo de 2020, Margelis y otras 200 familias beneficiarias trabajaron en el fortalecimiento de sus cultivos y huertas caseras con el apoyo de los gestores del programa. Entre todos pensaron que organizar un mercado campesino era la mejor manera de mostrar los resultados de su proceso.
Esto, pues los mercados campesinos se han posicionado en el país como una alternativa para que los productores puedan venderle a sus compradores productos frescos a un precio justo.
“El intermediario tiene acabado al campesino”, afirma Carlos Mario Calderón, alcalde de San Diego. Calderón cuenta que en “Media Luna, un aguacate se consigue en 1.000 pesos, pero en Valledupar el mismo aguacate tiene el valor de 4.000 o 5.000 pesos. El intermediario tiene acabado al campesino”.
Estos intermediarios pueden ser cooperativas, asociaciones campesinas, comisionistas, comerciantes y hasta transportadores.
Margelis cuenta que en Media Luna hay tres o cuatro compra- ventas. Comerciantes locales y de otros departamentos como La Guajira, llegan al corregimiento y allí los campesinos venden su cosecha.
A pesar de la diferencia de precios, esta continúa siendo la opción más rentable, pues como asegura Margelis, “si uno lo lleva hasta Valledupar o otra parte le va a salir más caro. Entonces, con las compra venta de acá se logra un mejor precio y ellos se encargan de transportarlo”.
Lo que queda pendiente: Dentro del Plan de Desarrollo Municipal 2020 - 2023 de San Diego está contemplada la realización de tres mercados campesinos o ferias agroalimentarias y la institucionalización de dos esquemas formales de comercialización para los campesinos.
Pero, aunque estos mercados hacen parte del plan de desarrollo, el número propuesto indicaría que es un proyecto que busca apoyar en distintos momentos del camino a los campesinos, pero no parece ser la solución principal para el problema de la precarización de los productores.Ante el éxito de esta primera versión, la administración municipal está considerando aumentar la frecuencia del mercado. Se haría cada 15 días.
Lo que sigue: Según Margelis, si este tipo de eventos se hacen con más frecuencia, “podemos dialogar y llegar a un acuerdo con los demás y regular los precios. Al final, el propósito es que se pueda vender todo”.
Además, la periodicidad de estos mercados les permitiría organizarse y planificar las cosechas. Así, las familias ya sabrían que “para una fecha tendríamos unos productos y para la siguiente, otros”, dice la productora.
El viernes 19 de febrero alrededor de las 2:00 pm, la comunidad de Media Luna recibió la noticia de que Juan Thomas Oñate, un estudiante de 19 años, se había ahogado en la zona de las cascadas El Castillo. Este lugar turístico está ubicado a unos 10 km del casco urbano del corregimiento y tiene tres cascadas, separadas por una distancia entre 50 y 100 metros.
Por qué es importante: el caso de Juan Thomas Oñate preocupa a los y las habitantes locales pues aseguran que el turismo en la zona va en aumento. No están preocupados porque más personas visitan su territorio –algo que consideran positivo– sino porque las autoridades no regulen esta actividad ni garanticen la seguridad de los y las visitantes.
Los detalles del accidente:
El contexto: desde que las medidas de confinamiento se flexibilizaron a mediados del año pasado, ha aumentado el número de turistas y deportistas aficionados que llegan a la zona rural entre el corregimiento de Media Luna y los límites con el municipio vecino La Paz.
Esta zona cuenta con varios atractivos naturales como el río Tocaimo (un lugar que aparece en varias composiciones musicales del maestro Leandro Díaz), Piedra Lisa, el balneario en el río Perú (uno de los visitados en las fiestas decembrinas y durante el carnaval de San Diego) y las cascadas de El Castillo. Estas últimas son más frecuentadas por jóvenes y deportistas.
“Estimamos que la visita a estos lugares aumentó 35% en el 2020. En una mañana, contabilizamos la presencia de 300 ciclistas entrando al municipio”, asegura Guerra Peralta.
En el caso de la zona de las cascadas, antes no era conocida por personas que vivieran fuera de San Diego y La Paz. Según Cárdenas, se fue “regando el voz a voz”, por lo impresionante de los paisajes y también por la dificultad para llegar. Ahora han nacido pequeñas iniciativas turísticas y más personas están interesadas en conocer estos lugares.
¿Qué dicen las autoridades? Jorge Humberto Jiménez, funcionario de la Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpocesar, afirma que es necesario lograr una articulación entre la Alcaldía, la Corporación, la Policía y las mismas entidades de socorro “con el fin de poder exigir a través de documentos administrativos ciertos comportamientos y restricciones del uso de estos espacios naturales”.
Por su parte, Elkin Cárdenas asegura que desde la Defensa Civil han enviado tanto a la Gestión del Riesgo y a la Alcaldía de San Diego comunicados advirtiendo el peligro de la zona y proponiendo contratos por comodato con distintos agentes gubernamentales para operar en estos lugares.
Un convenio de este tipo, dice Cárdenas, le permitiría a la Defensa Civil, al menos, obtener radios para facilitar la comunicación, al igual que cuerdas y arneses para atender las emergencias más graves.
“No tenemos dotaciones. Ninguna de las dos jurisdicciones (San Diego y La Paz) se ha manifestado con protección y equipo. Solo se acuerdan de nosotros cuando hay una emergencia”, denuncia Cárdenas, voluntario desde hace 18 años.
En resumen, los tres factores que preocupan:
El primero, hacen falta varios elementos para garantizar la seguridad de los y las turistas. Por ejemplo, se necesitan señales que delimiten los senderos y alerten de la profundidad del agua. También, para identificar las zonas rocosas y los puntos de máximo riesgo. Pero hasta ahora no hay señal de que las autoridades locales se organicen para adelantar estas gestiones.
El segundo, no hay presencia de personal capacitado para atender emergencias en uno de los atractivos más llamativos: el área de las cascadas. Tampoco hay señal de telefonía celular.
Y este no es un dato menor, pues en caso de accidentes es muy difícil entrar en contacto con cualquier organismo de emergencia que pueda llegar hasta el lugar. “Esta es una zona rural, donde solo hay algunas fincas. Esto hace más difícil el contacto con un cuerpo de rescate”, dice Guerra.
El tercero, hace falta organizar el turismo a nivel local. Este es un tema urgente pues el turismo desordenado puede generar más accidentes e impactar negativamente en el medio ambiente.
Para Tannia Durán, integrante de la Mesa Ambiental de San Diego, “el ingreso irregular y las actividades que se realizan allí pueden llevar rápidamente a su deterioro. Las personas manipulan las piedras para hacer pozos, llevan champú, jabón, se bañan allá. Esto muestra que hay un desentendimiento de la capacidad ecoturística de estos escenarios”.
Por qué es importante: la carretera que comunica la vereda de Guaduas con la cabecera municipal de el municipio El Carmen de Atrato es la única vía de entrada y salida. Además del tránsito de personas y vehículos, esta vía es necesaria para que los habitantes puedan transportar productos como pescado, leche y queso.
El contexto: la ola invernal de noviembre de 2020 empeoró el estado de las vías del municipio. Pero este no es un problema nuevo. Desde hace más de 15 años, los habitantes de la vereda Guaduas han lidiado con diferentes tipos de afectaciones a la infraestructura de las vías y los puentes. Los puentes que comunican las fincas con la carretera se han caído en varias ocasiones y la comunidad ha improvisado atravesando tablas y palos para hacer posible el paso de las personas.
En el estado actual de las vías, un vehículo se demora hasta tres horas desde El Carmen de Atrato hasta Guaduas. Son 22 kilómetros de vía transitable.
Qué piden
Desde el 15 de enero, la Junta de Acción Comunal y la asociación Agro Ecotur Guaduas acudieron a distintos niveles y entidades estatales con el fin de lograr el arreglo de la carretera.
Para la presidenta de la JAC, Liliana Úsuga Montoya, las obras que necesitan incluyen:“el ensanchamiento de la vía, la canalización del agua lluvia y vertimientos naturales, y la construcción de cuatro puentes ubicados en diferentes afluentes de la vereda”.Para mitigar los daños más urgentes solicitan 1.500 horas de maquinaria.
Sin respuestas: ni el Instituto Nacional de Vías ni la Gobernación del Chocó se ofrecen a hacer el mantenimiento y arreglar las vías.
¿Y entonces?
Emperatriz Londoño, secretaria de la JAC, se ha acercado a diferentes medios de comunicación locales y nacionales para encontrar una solución al problema. Mientras tanto, decidieron tomar las riendas de la situación.
El 25 de febrero organizaron un “convite” para que la comunidad limpie las vías de la vereda. “Con la colaboración de los habitantes hay muchas cosas que se pueden mejorar como las cunetas y la trochería pero también es necesaria la maquinaria pesada.En algunas zonas no es suficiente con nuestro trabajo”, dice.
Lo que sigue
La comunidad prepara un nuevo derecho de petición dirigido a la Alcaldía del Carmen de Atrato donde se solicitará la maquinaria para el arreglo urgente de la carretera y también un reporte de lo que ha hecho el ente municipal en los últimos meses en materia de vías. Si no tienen éxito, buscarán a la Procuraduría.
