¿Por qué es importante este certificado? La resolución 113 de 2020 indica que para que una persona pueda acreditar su discapacidad y acceder a los servicios del Estado de manera diferencial y a ofertas laborales, es necesario que obtenga un certificado de discapacidad, pero primero debe hacerse una valoración médica por parte de una IPS que contrata el ente territorial, en este caso, el municipio.

Qué está  pasando con los certificados: El año pasado, Jairo Antonio Moreno radicó un derecho de petición en la Coordinación de salud y educación solicitando una respuesta sobre la emisión de su certificado de discapacidad. El 1 de agosto, y como respuesta a la solicitud de información, Michael Córdoba, coordinador de Salud, respondió que aún se encontraban en el proceso de asignación de recursos para la contratación de la IPS habilitada para la emisión de los certificados. El 16 de agosto, Moreno volvió a enviar otro derecho de petición, solicitando una valoración médica en Quibdó para poder obtener el certificado y recibir una indemnización por parte de la Unidad de Víctimas, pero no obtuvo respuesta.

¿Qué tan grave es el problema? De acuerdo con la Personería, en Tadó hay cerca de 300 personas en situación de discapacidad, pero no hay una cifra exacta pues no existe un registro. Según la respuesta al derecho de petición emitido por la alcaldía, hasta agosto de 2022 solo habían podido certificar a una sola persona. 

Qué dicen los afectados: “Yo he estado en la Alcaldía varías veces y me dan largas. Le pedimos el favor al personero para ver si a él nos escuchan más que a nosotros. También pedimos una atención priorizada y ver si es posible que nos den un apoyo económico como población discapacitada”, dice Moreno.

Lo que sigue: el personero Yirson Ledezma está evaluando si imponer una acción de tutela o una acción popular en los próximos días. “ De igual manera, sería bueno que se reúnan todos para que vayan sacando copia de las historias clínicas y adjuntar esto a la solicitud”, dice. 

Qué pasó: La comunidad comenzó a circular algunos videos en redes sociales contando la situación de las vías que se encuentran en muy mal estado y que afecta el traslado de los cultivos. “Nos estamos organizando para tomarnos las vías, para hacer bloqueos, lo que tengamos que hacer, para hacernos escuchar a nivel departamental y nacional. Necesitamos buscarle una solución al conflicto que tenemos sobre la vía”, dice Susana Jiménez, habitante de Puerto López. 

Una promesa incumplida: Hace un año la administración había prometido hacer adecuación y arreglos en la vía, pero nunca se hicieron.

¿Qué dice la gente? “Hace más de un año tocamos las puertas en la Alcaldía, nos prometieron que iban a subir una maquinaria y no fueron. Nos dijeron que la maquinaria estaba ocupada y que estaba en la vereda Arroyo Hondo, pero nos dimos cuenta que tampoco estaba allí. El alcalde se comprometió a devolver el dinero invertido en la vía, pero a nosotros no nos interesa el dinero. Lo que nos interesa es la vía”, agrega Jiménez.

El contexto: Puerto López es una de las veredas más productivas de la región. Se produce yuca, guineo, café, frijol o tomate de árbol. De esta vereda se sacan más de tres toneladas de malanga semanales y pueden cosechar hasta cerca de 20.000 kilos de café. Además de la producción agrícola hay cría de ganado para la producción de queso, pero la vía en mal estado impide que esos productos puedan salir, haciéndole perder a los campesinos su producción. “Necesitamos la vía para así poder desarrollar la vida del campo, evolucionar y tener en que sacar nuestros productos, porque podemos ser grandes productores pero no tenemos una vida adecuada”, concluye Jiménez. 

¿Cómo se solucionó el asunto?Según Katrin Bolaño, jefa de prensa de la secretaría de Educación Departamental, La Gobernación finalmente realizó un nuevo contrato con el Programa Mundial de Alimentos, que opera el PAE en La Guajira desde 2017, para el suministro de los alimentos de los establecimientos escolares en zonas urbanas y rurales. “También se viene realizando la concertación para la vigencia 2023 desde ya para no tener dificultades en el proceso el próximo año”, afirmó la funcionaria. 

¿Por qué estuvo suspendido el PAE tanto tiempo? Desde el 21 de agosto, la Contraloría había alertado que el programa podía quedar suspendido porque el gobernador encargado, José Jaime Vega, no tenía facultades para hacer un nuevo contrato. La Asamblea Departamental debía darle facultades a Vega, pero solo hasta el 24 de agosto se aprobó en la plenaria la Ordenanza 543 del 2022, en la que se le otorgó facultades para modificar el presupuesto del departamento. A partir de entonces tuvieron que pasar varias semanas para que la Gobernación pudiera reiniciar el contrato con el PMA.

¿Qué dice la gente?: "Esta era una situación que nos causaba mucha preocupación pero agradecemos que haya sido subsanada por parte de La Gobernación y Secretaría de Educación Departamental”, dice Alexander Martínez, rector de la Institución Educativa Agropecuaria.

¿Qué pasó en el evento?: Durante tres horas, las y los secretarios de gobierno, planeación y desarrollo social, salud y educación presentaron los informes contando los alcances obtenidos en sus carteras en el último año. Al inicio del evento, García Peñaranda hizo mención a la inestabilidad política que vivió el municipio por cuenta de su inhabilidad, que lo mantuvo por fuera del cargo casi todo el primer semestre del año pasado y que contribuyó a que muchas obras se retrasaran. También aclaró que durante este año se han dedicado a avanzar en las obras que fueron aprobadas en 2021.

El contexto: García ha estado en el centro de las críticas durante los últimos meses por cuenta de contratiempos en las obras y por posibles irregularidades en el manejo de recursos de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. Solo hace dos semanas estalló un escándalo alrededor de los dineros provenientes de OCAD Paz para la construcción de 563 viviendas rurales por 40.920 millones. De acuerdo con una denuncia que hizo la congresista Catherine Juvinao en una plenaria del Congreso, esta obra estaría atrasada. Además, la Contraloría y la Procuraduría han alertado sobre la presunta participación de funcionarios de la alcaldía en un cartel de contratación para la obtención e instalación de unos paneles solares financiados por el Sistema General de Regalías, y por el lento avance de las obras en las vías que conducen del casco urbano de Fonseca a los corregimientos Sitio Nuevo y El Hatico.

¿Qué dijo la gente?: A diferencia de lo que se esperaba, durante el evento se escucharon pocas críticas hacia la gestión del alcalde. Durante la mayoría de las intervenciones, los asistentes le demostraron al mandatario su apoyo y que “En general ha sido buena la gestión, pero es importante mejorar las calles del municipio y reforzar la seguridad”, manifestó uno de los asistentes. Otros aprovecharon la ocasión para hacerle algunas peticiones. “Le pido que retome los consejos de desarrollo campesino, el Centro Provincial de Gestión Agroempresarial del Ranchería y la asistencia técnica, los campesinos lo piden, no tenemos ayuda financiera y el campesino no está en condiciones económicas para soportar la producción”, comentó el agrónomo Armando Olmedo.

Lo que sigue: Hamilton García anunció que seguirá invirtiendo en el aumento del pie de fuerza y en la formación de más policías, también se aprobó un proyecto de cinco kilómetros de pavimento para los barrios periféricos y la construcción de un megacolegio.

Desde que era niño, Wilson Murillo supo que tenía que dedicar su vida al aprendizaje y a la enseñanza del saber tradicional. Tomó esta decisión después de darse cuenta de que la gente a su alrededor no conocía el precio que sus antepasados pagaron por la libertad del pueblo. Por eso, a sus 61 años se dedica a gestionar iniciativas culturales que fomenten el reconocimiento de la identidad en Tadó. Para él,  poco importa la historia si no se convierte en conocimiento colectivo.  

Consonante conversó con Wilson Murillo sobre la herencia africana en Tadó, y la historia del rey Barule, un hombre negro esclavizado que luchó por la libertad de su tierra. Pero también sobre la importancia de la música y la gastronomía como vehículos para mantener viva la cultura. Todo esto, a propósito de las fiestas de Nuestra Señora de la Pobreza que se celebran cada año en este municipio chocoano.

Consonante: ¿Qué representa la figura del rey Barule en la historia de Tadó? 

Wilson Murillo: El rey Barule dejó una historia importante de libertad y reivindicación en Tadó.

La esclavitud se inició en 1533 cuando llegaron al territorio nuestro, a Monte Carmelo, los esclavistas españoles con los africanos esclavizados. En ese momento, no hubo un proceso de resistencia. Esto pasó cuando Barule y los otros esclavizados se agruparon para combatir el sometimiento de los esclavistas. Ellos tenían más francos y actitud libertaria frente a las estrategias de los españoles de aumentar el trabajo y dar menos comida y menos descansos. Eso fue allanando el camino para que dijeran “hombre, esto no es justo” y se pudieran agrupar en varios frentes mineros. Pudieron persuadir algunos líderes y con ellos empezaron a convocar a las personas hasta que lograron tener un buen número de cimarrones. Entonces, buscaron la estrategia y montaron el sistema para combatirlos. 

Lograron vencer a los esclavistas y crear el palenque de Tadó, pero por ahí cinco o seis meses después fueron derrotados porque los esclavistas jefes que estaban en Popayán y en Cartago –donde era el asentamiento principal del virreinato español– organizaron a todo su ejército. Los españoles y los mineros se agruparon para aportar a esta guerra. Unos dijeron: “en Tadó está pasando esto y no nos podemos dejar porque ya han muerto varios esclavistas españoles. Es un fracaso”. Y otros respondieron: “yo coloco armas; yo coloco hombres; yo coloco comida; yo coloco munición”. Entonces se organizaron muy bien y en marzo de 1728 logran coger casi descuidado al ejército de los cimarrones agrupados. Barule y otras personas que tenían el poder fueron capturadas.

C: Ahora que menciona la fecha de la rebelión, pienso que han pasado casi tres siglos. ¿Por qué este año se decidió conmemorar la historia del rey Barule en Tadó? 

W.M. : Porque hay cosas que caracterizan a los pueblos. La historia nuestra, como la historia de muchos otros pueblos, no está escrita.  No accedemos a ella y solo vive en los comentarios que se transmiten de generación en generación.  Las personas negras nos hemos caracterizado por tener la historia más en la mente, en lo oral. No la escribimos y  esa información se ha ido perdiendo con la muerte de la gente. 

Es necesario retomar el tema de Barule para hacerle ver a las nuevas generaciones que somos un pueblo sufrido. Un pueblo que siempre ha estado pendiente de mendigar. No debemos revivir y repetir nuestra historia. A partir de esa realidad tenemos que procurar mejorar nuestras condiciones de vida para vivir con dignidad. Hacer el recuento de todo lo que se vivió nos debe servir para procurar el cambio.  

La violencia ya no es el mecanismo, pero sí lo es la reivindicación. En nuestra época no hay esclavistas europeos pero la élite colombiana sigue pasando por encima de la gente. Hoy se ha cambiado el sistema de esclavización: ya no es la minería ni la plantación de caña sino el asistencialismo. Esta es la manera de mantener a los pueblos aislados. Ellos dicen: “yo les doy” o “tranquilos, no se preocupen que yo les mando algo para que coman este mes”. Y la gente cree que eso es suficiente. No hace el esfuerzo de salir adelante por sus propios medios porque el asistencialismo es una manera de mantener sometida a la gente.

C: ¿Cree que hay otros modelos de esclavitud actuales?

W.M. : Este esquema del que hablo se repite de otras formas. Algunas personas toman ese modelo y tratan de replicarlo buscando que la gente no mejore sus condiciones. Por ejemplo, haciendo que la gente del campo se quede en el campo produciendo pero que su economía y sus condiciones de vida no mejoren. Esto los hace dependientes de lo que producen los demás. 

También evitando que podamos tener empresas, porque a pesar de que tenemos mucha riqueza natural no se nos permite apropiarnos de ella. En el tema forestal y pesquero, la gente de afuera es la que explota nuestra riquezas. En el Chocó, tenemos áreas que son reservas naturales, pero el Estado las negocia con particulares, entonces son reservas  para los que vienen pero no para nosotros. Estos son mecanismos que están siendo utilizados y en los que la esclavitud se mantiente a través de los bajos salarios que les pagan a los trabajadores. Si empezamos a crear agroindustria, por ejemplo, la dependencia económica va a desaparecer. 

Ahora, no todo el mundo tiene el nivel profesional necesario. En el Chocó, somos profesionales en tal tema pero resulta que para eso no hay salida acá entonces siempre viene un profesional de afuera. De esta manera, se sigue utilizando un término desagradable para nombrar a los trabajadores chocoanos: la mano de obra no calificada.  Entonces a la persona que sabe hacer una cosa pero no es profesional se le llama mano de obra no calificada, y por ende el valor de su trabajo es mínimo frente al de un profesional.

C: ¿Cree que otras personas en Tadó comparten esta lectura? Especialmente en relación con la historia del rey Barule…

W.M. : No ha sido posible empezar a socializar la historia de Barule, por la falta de información, pero ya estamos investigando. No había un conocimiento real de todos esos hechos que se presentaron. Sin embargo, actividades como la conmemoración de la gesta libertaria del rey Barule, han generado interés en la gente, sobre todo entre la comunidad educativa, por conocer los antecedentes históricos del municipio. A partir de esto podemos empezar un proceso de aprendizaje colectivo que permita mantener viva esta historia. 

C: ¿Y esto contribuiría al empoderamiento de las comunidades afro en Tadó y en el Chocó?

W.M.: Han ocurrido hechos importantes en el Chocó, sin embargo no han sido relevantes para el resto del país. Por ejemplo, a Benkos Biohó todo el mundo lo conoce por el plan que hizo en San Basilio de Palenque para lograr la libertad en América. Pero a Barule, que gestó la primera lucha libertaria que se hizo en el Pacífico colombiano, nadie lo conoce. También sucede con el caso del Carmelo, que fue el primer real de Minas del Chocó y uno de los más grandes del país,  pero nunca fue relevante. Ni siquiera ha sido retomado por el sector educativo como un tema de enseñanza o un tema de interés. Obviamente nos toca a nosotros porque no podemos esperar a que vengan de otro lado a enseñárnoslo. Esto debe ser un compromiso nuestro. 

Por eso, destaco el interés que se despertó en el sector educativo a partir de estos días para conocer en profundidad a Barule y poder realizar ese proceso de conocimiento colectivo.

C: ¿Es posible que el legado de Barule siga vivo de otras maneras? Por ejemplo, en las tradiciones culturales. 

W.M.: Las personas africanas que llegaron por primera vez a Tadó y sobre todo al corregimiento del Carmelo, se dedicaron a la actividad minera. También sabemos que ellos traían consigo su conocimiento cultural y ancestral desde África. Eso los representaban a través de los mitos, los cantos, la pesca, la medicina tradicional, y  la manera como se relacionaban en la parte religiosa.

Hoy podemos encontrar parte de eso en cantos, rituales y alabaos. También, en el tema de cultivos y la producción con las fases de la luna, en la pesca, en los platos típicos e inclusive en el vocabulario. Sin embargo, muchas de las palabras se han ido perdiendo por la parte digital, entonces uno escribe una frase nuestra (africana) en el computador y le dice “corregir” y se la cambian por otra y le cambian el texto. Aún existen personas que cuentan la historia en cuentos sobre cómo era la vida y la manera de construir sus viviendas. 

Entonces, [yo diría] que todavía hay muchas cosas que están y son del interés de la población. Los pueblos se identifican por su aspecto cultural, por sus prácticas culturales. 

C: Durante un tiempo los instrumentos eran un canal de comunicación entre las personas esclavizadas. ¿Cree que esto se mantiene hoy en día en Tadó?

W.M.: Hoy está inmerso. Acá todavía se consiguen velorios con alabaos, con avemarías y adultos mayores con décimas, que es una práctica muy tradicional y que la gente ha mantenido. Las décimas son como versos pero largos. Los poemas, por ejemplo, a veces traen versos de cuatro renglones pero la décima es de diez. Es parecida a la trova pero recuerde que hay gente que hace la trova de versos cortos como hay gente que la hace más extensa. La décima es como una trova extensa. 

C: Ahora que menciona el tema de los alabaos en los velorios, ¿cuál es la dimensión de la corporalidad en el legado ancestral que pervive en Tadó?

Se ha dado en dos temas fundamentales, en la danza  y en el teatro, donde las expresiones corporales son muy dicientes. El cuerpo habla y el cuerpo enseña de acuerdo a la articulación, a los movimientos, cada escena que se ve deja un mensaje y quien lo está viendo puede estarlo escuchando pero está admirando los movimientos, está admirando las acciones y puede decir qué le quieren transmitir. 

C: ¿Cómo lograr preservar esa identidad cultural?

W.M.: Yo creo que se requiere de una política institucional, llámese municipios, o departamentos, donde la institución incorpore políticas en la preservación de cada elemento. Por ejemplo, las instituciones tienen la jornada extendida hasta las tres de la tarde, donde los estudiantes ven matemáticas, idiomas, ciencias sociales, inglés, entonces si la jornada extendida incluyera actividades corporales y ancestrales, esto crearía en el estudiante más disposición, así como también más espacios para la práctica de estas actividades, de estos elementos tradicionales. 

C: ¿Entonces es responsabilidad del Estado enseñarles a los jóvenes sobre su cultura?

Ahí la responsabilidad es compartida. Es compartida porque también es especialidad de nuestros mayores, obtentores del saber, de empezar a hacer educación. Del abuelo al nieto, y de los padres a los hijos. No necesariamente deben ser institucionales pero también es importante que en los procesos educativos se tenga en cuenta el conocimiento tradicional del entorno.  En ocasiones los currículos y los contenidos no incorporan nada de su entorno y entonces vemos música colombiana pero no vemos música nuestra. Entonces creemos que la música nuestra no es representativa  en Colombia. Los muchachos empiezan a sentir que la música nuestra y la danza nuestra, que son la base de nuestro pueblo, no son representativas. Solo después de conocer lo nuestro deberíamos salir a conocer lo demás. El sistema educativo y el sistema cultural se inicia a partir del conocimiento del entorno, el conocimiento propio y a partir de lo propio debemos salir a explorar lo demás. 

1. Aumento del precio de la gasolina afectaría el subsidio del combustible en Fonseca

Líderes del gremio de los transportadores del sur de La Guajira manifestaron su preocupación por la decisión del gobierno de aumentar progresivamente el precio de la gasolina, ya que esta alza podría afectar el subsidio del combustible del que se benefician once municipios fronterizos de La Guajira.

¿Qué dice la gente? Lenio Arocha González, uno de los representantes del gremio de transportadores del sur de La Guajira, dice que la situación es preocupante porque podría afectar el bolsillo de las personas más vulnerables ya que en el municipio y en general en todo el departamento, son muy pocos los vehículos que usan diésel, combustible que no entrará en el alza progresiva. “La realidad que vive el departamento de La Guajira no la vive nadie. Le pedimos al Gobierno Nacional que venga y palpemos esta situación del aumento del combustible subsidiado. El 99 por ciento del combustible que usamos es gasolina. Necesitamos tener la tranquilidad de que  no seremos nosotros los que vamos a pagar la deuda”, comenta.

El contexto: la gasolina en Colombia tiene uno de los precios más bajos de la región, después de Bolivia y Venezuela, gracias al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que fue creado en 2007 con el fin de aislar el precio de la gasolina y así conseguir que los consumidores siempre tuvieran un precio estable y asequible, así los precios del petróleo aumentaran en el mercado internacional. Esto sucede porque el Fondo asumía la diferencia si aumentaba, y así no se le trasladaba al consumidor. 

Sin embargo,  Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda, dice que esto fue acumulando un déficit que en este momento está pesando en las cuentas del país. El presidente Gustavo Petro aseguró en una publicación en Twitter esta semana que este déficit estaba llegando a los 40 billones de pesos, casi la mitad del déficit del presupuesto nacional. Esta deuda hace casi imposible que se destinen recursos para desarrollar los proyectos sociales que propuso el gobierno.

Qué dicen los expertos: Oliver Pardo, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, asegura que este desmonte del subsidio a la gasolina va a afectar a todas las personas, incluyendo las que están en zona de frontera. “En teoría, el aumento debería ser de 400 pesos mensuales por galón para todo el país y si es un consumidor de gasolina va a recibir un menor subsidio por lo tanto lo que va a pagar por galón va a ser mayor”. Agrega, además, que este aumento es difícil, pero necesario. “Ya no hay más espacio para el endeudamiento público, entonces toca elegir entre inversión en las carreteras, agua potable o el subsidio a la gasolina”.

Lo que sigue: Los líderes esperan una visita por parte del gobierno para empezar a aclarar esta situación. “Confiamos en nuestros congresistas y en nuestro presidente para poder llegar a una solución de este problema”, puntualiza Arocha González.

2. Líderes del AETCR solicitan rendición de cuentas al alcalde por proyectos financiados con recursos PDET

Líderes del AETCR de Pondores le solicitaron al alcalde Hamilton García que rinda cuentas sobre la ejecución de las obras PDET. Piden que el alcalde muestre la totalidad de los contratos aclarando aspectos como: criterios de selección de las iniciativas, selección de las empresas contratistas y el estado de ejecución de las obras. Su petición se dio luego de que la representante del Partido Verde, Catherine Juvinao denunciara en una plenaria del Congreso que a pesar de que se han invertido más de 41 mil millones de pesos en proyectos de la paz, las obras presentan pocos avances. 

Las obras de Fonseca: Según Juvinao, el contrato para la construcción de 563 viviendas rurales por 40.920 millones apenas presenta un avance del 0,47 por ciento de acuerdo con información del DNP. La congresista compartió una imagen en sus redes sociales con la información recolectada. 

Qué dice la gente: “Es muy triste que la mayoría de la población comience a enterarse qué son los PDET por las noticias de los escándalos que se revelan”, dice Benedicto González, firmante de paz. Por su parte, Orangel Romero Ortega dijo: "Solicito al primer mandatario que le explique al municipio, al departamento y al país como van los proyectos y dónde están invertidos esos recursos porque no se ve tal inversión".

Qué dice el alcalde: A través de videos en redes sociales y prensa escrita, Hamilton García Peñaranda ha afirmado que las obras presentan avances del 90 por ciento y que para este 22 de septiembre se estarán entregando estas obras de las viviendas de los proyectos tanto en Conejo como en el Hatico.

3. Comerciantes se quejan por el mal funcionamiento del transformador instalado por Air-e

Luego de casi dos meses de la puesta en funcionamiento del segundo trasformador de potencia en el municipio, el gremio de comerciantes aún se queja por  daños de electrodomésticos, bajones constantes, cortes de luz, y energía con poca capacidad o voltaje.

¿Qué dicen los comerciantes? “Cada vez que hay un amago de lluvia, enseguida suspenden el servicio. Las subidas y bajadas siguen siendo recurrentes.  Yo tengo UPS porque protege los equipos cuando se va la luz”, comenta Jhon Jairo Peñaranda, propietario del café internet Soluciones JJ ubicado en el centro. Y agrega: “las cosas siguen iguales, siento que el servicio no ha mejorado”. Por su parte, Luis Jiménez, propietario de la carnicería Donde Lucho ubicada en el barrio San José opina que el servicio de luz ha mejorado poco. “Aquí en el barrio San José hay partes donde las neveras de noche no congelan una cubeta de hielo. O tiene que apagar la nevera para que no se vayan a quemar, porque ese sube y baja”.

El problema viene de antes: El 7 de julio, la empresa Air-e puso en funcionamiento el segundo transformador de potencia en la subestación Fonseca para aumentar la capacidad de carga y optimizar el servicio para los usuarios. El propósito de esta instalación era frenar los apagones que se presentan al menos tres veces a la semana en alguno de los barrios del municipio. Los apagones pueden durar desde media hora hasta un día completo.

Además, 

Además, se inaugura El Paseo del Girasol para fomentar el ecoturismo

Esta semana se inauguró un nuevo atractivo a las afueras del municipio: El Paseo de Girasol, ubicado en el Km 2 en la vía de Distracción a Cuestecitas sobre la vía nacional. Esta iniciativa es una réplica de los parques de girasoles ubicados en los municipios de Galapa y Luruaco en el Atlántico. “A través de este cultivo buscamos fomentar el ecoturismo en el sur del departamento de La Guajira. Somos pioneros en este tipo de cultivos y en este tipo de emprendimientos. Buscamos generar empleo y una forma distinta de conocer el departamento”, dice Juan Cesar Salenme, socio cofundador del proyecto. Las personas pueden visitar el paseo desde las 8 de la mañana hasta las seis de la tarde. 

1. Alcalde Copete de nuevo en líos por incumplimiento de solicitudes

El Juzgado Municipal de Tadó interpuso un incidente de desacato por el incumplimiento a una acción de tutela radicada por una exfuncionaria del Concejo Municipal, que le obligaría a pagar al alcalde cinco días de cárcel y una multa de cinco salarios mínimos. Este es el segundo lío en el que se mete Cristian Copete en menos de seis meses por responder tarde a solicitudes de información. 

¿Qué pasó? Mabel Valderrama Perea, exfuncionaria del Concejo, había presentado un derecho de petición para solicitar un certificado de su bono pensional, cuando se desempeñó como auxiliar del Concejo Municipal entre los años 1992 y 1993. Al no recibir una respuesta, interpuso una acción de tutela radicada el 9 de junio. Un mes después, el 10 de agosto, llegó una notificación de desacato al despacho jurídico de la Alcaldía, dando un plazo de un día para dar respuesta a la solicitud. 

¿Qué dice la alcaldía? Yancy Margarita Copete Andrade, funcionaria de la Oficina Jurídica de la Alcaldía, manifestó que en ese momento se dio la respuesta. “El día 11 de agosto le di respuesta a la peticionaria quedó superada la contestación al derecho de petición, a la acción de tutela y por supuesto, al desacato. Pero para nuestra sorpresa, recibimos el 12 de septiembre la sanción del Juzgado”, dijo. Copete Andrade piensa que hubo un problema en la oficina del juzgado, por lo que no llegó la respuesta de la Alcaldía. La funcionaria volvió a enviar los documentos y la evidencia de que se dio la respuesta en el mes de agosto.

No es la primera vez: En marzo de este año una jueza del el Juzgado Promiscuo Municipal de Tadó también ordenó el arresto del alcalde Cristian Copete durante cinco días por no acatar la orden de reintegrar al trabajador Yassin Ricardo Copete Gómez en el Archivo Municipal. Copete Gómez había sido despedido sin justa causa y había instaurado una tutela que no fue respondida por la Alcaldía. Al no recibr una respuesta a tiempo, la jueza estableció el desacato. Sin embargo, una semana después, la jueza anuló la orden de arresto, al comprobar que el trabajador sí fue reintegrado al cargo de forma extemporánea.

2. La comunidad educativa está preocupada por la vandalización de la sede El Esfuerzo

Docentes y directivos de la sede El Esfuerzo de la I.E. Nuestra Señora de la Pobreza, que está ubicada a las afueras del barrio Reinaldo y a la que asisten unos 80 estudiantes, denunciaron que personas desconocidas intentaron entrar a las instalaciones del colegio: encontraron los candados dañados, con signos de haber sido forzados con varillas.

No es un problema nuevo: Miriam Cuesta, psicorientadora de la institución asegura que también han dañado las puertas y los techos. También, en otras ocasiones, se han llevado muebles y material didáctico. Lo más preocupante es que los responsables podrían ser personas del mismo barrio. “Hemos ido a algunas casas y nos hemos encontrado con pupitres de la escuela. Estamos preocupadas porque no vemos sentido de pertenencia”, dice. 

¿Qué dicen las madres de familia? María Yurley Mosquera, madre de familia, opina que la falta de rejas alrededor de la sede hace que sea más fácil que la gente entre a la institución “Los niños mayores vienen a jugar a la cancha, dañan los candados, entran a los salones y los dejan abiertos”, agrega.

¿Qué dice la alcaldía?:  Desde la secretaría de Educación municipal no hay soluciones. Tadó es un municipio no certificado y depende de la Secretaría Departamental de Educación para la contratación y asignación de personal de seguridad en los colegios, pero la dependencia no tiene recursos para este rubro. Así lo confirmó Michael Mosquera, coordinador de Salud y Educación de Tadó: “el Secretario (departamental) dice que a nivel nacional no le envían la plata suficiente para que se contrate durante todo el año”.

¿Entonces? Con el fin de fortalecer el sentido de pertenencia con la institución, Beatriz Garcés, docente de la sede principal, propone realizar una asamblea con toda la comunidad educativa y los habitantes del sector y una toma sectorial acompañada de carteleras alusivas al cuidado de la escuela y buen uso de sus enseres. No obstante, piden que se envíe un vigilante cuanto antes y que se instale una reja en el colegio. 

3. Unión y regocijo en las calles: el balance de las fiestas patronales es positivo

La mayoría de los tadoseños y tadoseñas coinciden en que el balance de las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Pobreza es positivo. Los bundes, las misas, la muestra de platos tradicionales, las comparsas y los desfiles se desarrollaron en completa calma. La gente destacó la gran cantidad de personas que participó en los eventos que se realizaron entre el 26 de agosto y el 9 de septiembre, y resaltó la presencia de turistas de otras partes del departamento. 

¿Qué dijo la gente? “No hubo ninguna pelea, eso me gustó mucho. Una prima vino de Quibdó y otra de Medellín, ninguna quería perderse el bunde de San Pedro”, destacó Emily Mosquera. 

Un dato curioso: este año se conmemoraron los 295 años de la gesta libertaria del Rey Barule, quien luchó por la libertad de las personas esclavizadas en Tadó. 

Lo que sigue: durante los próximos meses se celebrarán otras fiestas tradicionales en el departamento. Durante estos días se celebran las fiestas patronales de Istmina en honor a Nuestra Señora de Las Mercedes y en octubre tendrán lugar las tradicionales fiestas de “San Pacho” en Quibdó en honor a San Francisco de Asis.

Tadó finaliza las fiestas patronales con gran concierto de cierre

Desde las 8 de la noche, los y las tadoseñas podrán disfrutar del concierto con el que finaliza la celebración de las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Pobreza. Este concierto agregó un día más de celebración, pues usualmente termina el 8 de septiembre, con el tradicional desfile en honor a la virgen. 

Será en el parque principal Rey Barule y los artistas invitados incluyen al salsero dominicano Mickey Taveras, al cubano Tirso Duarte y al cantante de vallenato Erick Escobar. También harán presencia Luis Cueto, Johnsy y DJ F Mix, entre otros.

¿Cuál es el balance? Después de tres años de pausa por la pandemia del COVID-19, los y las tadoseñas han salido a las calles a disfrutar de los eventos que incluyeron desfiles, bundes, comparsas y otras celebraciones. “Hace tres años no veíamos esto. Las fiestas han estado buenas, las hemos gozado y estamos prestos a seguir disfrutando, ya he estado en tres bundes. Tengo muchas expectativas del concierto, hace rato no voy a uno, pero por la talla de los artistas sé que va a estar muy bueno”, dice Claudia Martínez. Este movimiento ha sido bueno para los comerciantes porque han aumentado sus ventas. “Estas fiestas han sido muy buenas para nosotros, ayer (el día del desfile) fue el mejor día, espero que hoy también sea bueno”, dice una vendedora de comidas rápidas del parque Rey Barule. 

Nuevo informe del Centro Nacional de Memoria Histórica da cuenta sobre el paramilitarismo en Tadó

El Centro Nacional de Memoria Histórica publicó esta semana un informe en el que confirma las alianzas de los paramilitares del Bloque Pacífico de las AUC con políticos, comerciantes, mineros e integrantes de la fuerza pública en la subregión del San Juan. Los habitantes de esta zona sufrieron desapariciones forzadas, violencia sexual, asesinatos selectivos y desplazamientos forzados.

Este documento es el resultado de 64 entrevistas a exmiembros de las autodefensas en esta región que hacen parte del mecanismo no judicial de contribución a la verdad que no cometieron graves violaciones a los derechos humanos; entrevistas a 69 víctimas y organizaciones territoriales y documentos como sentencias de Justicia y Paz y archivo de prensa local y nacional.

El lanzamiento del informe: El evento de lanzamiento fue en Istmina y Quibdó el 6 y 7 de septiembre, respectivamente, en el marco de la Semana por la Paz. Contó con la participación de organizaciones de víctimas y sociales del departamento, la Diócesis de Quibdó e Istmina - Tadó, la Comisión Vida, Justicia y Paz, algunos consejos comunitarios, la comunidad académica de la Fundación Universitaria Claretiana y los medios de comunicación locales que hicieron parte de los talleres de memoria histórica y de validación.

Las conclusiones: El informe retoma una sentencia del Tribunal Superior de Medellín que detalla cómo fue la llegada de los paramilitares al territorio con el objetivo de contrarrestar el accionar de la guerrilla. Para el caso de Tadó los mineros y grandes comerciantes se reunieron con Doble Cero en el restaurante “Asados El Camino”, en Quibdó, para crear un grupo paramilitar que actuará en el municipio, así como en Istmina y Condoto. 

El informe concluye también que el objetivo del grupo paramilitar era controlar y vaciar el territorio, pero pasando “de agache” o camuflado a nivel nacional. El grupo cometió crímenes atroces que recuerdan en Tadó. “Por los años 95 y 96 fue una cosa terrible. En el 96 yo era secretario General y de Gobierno de Tadó y a los jueces y fiscales les daba miedo la situación y me mandaban a mí a levantar a los muertos. Vi varias masacres. En el 97 me tocó levantar en la vía de Pueblo Viejo a Manungarrá me tocó levantar siete cadáveres, todos muertos a bala con tiros de gracia. Y como a la semana me tocó por aquí en una finca cercana al casco urbano el levantamiento de tres cadáveres. Por la misma época me tocó levantar tres cabezas de una baranda del puente de Playa de Oro”, recuerda Hermes Sinisterra, exfuncionario e historiador local.

Espere una ampliación de este tema en nuestra próxima publicación.

Comunidad de Guarato bloquea vía Tadó-Pereira 

Desde las 6:00 de la mañana de este viernes, la comunidad del corregimiento de Guarato tiene bloqueada la vía Tadó-Pereira para exigirle a Invías y a Ingevías que cumplan las obras acordadas con el consejo local del corregimiento.  

Qué piden: las solicitudes están consignadas en un pliego de peticiones publicado el sábado pasado, que incluyen tres puntos principales: el incumplimiento a las  afectaciones por la intervención de la vía, la aclaración de una supuesta falsificación de firmas en las actas de vecindad y la terminación de los trabajos en el corregimiento (terminación de barandas, revisión de gaviones, trabajo en la iglesia, adecuación de terreno, arreglo de tuberías de abastecimiento de agua, pasos para tuberías de abastecimiento, arreglos de tapas, caseta comunal).

Qué dicen las autoridades: una funcionaria de la alcaldía aseguró que la administración no tiene capacidad para mediar con la comunidad. “Nosotros no tenemos nada que ver con el paro, eso directamente con Ingevias e Invías. El alcalde intentó negociar con ellos para permitir el paso de los instrumentos para el concierto, pero la comunidad dijo que solo abrirían la vía si la empresa y la agencia iban a dialogar con ellos”.  

1. Líderes de Conejo rechazan propuesta de exploración minera de la empresa Max Resource Corp.

Un grupo de líderes del corregimiento de Conejo, en Fonseca, publicó un video esta semana denunciando su rechazo a los estudios de exploración de minerales que está adelantando la empresa canadiense en el territorio. Los denunciantes aseguran que la empresa lleva a cabo un proceso de consulta previa con la comunidad afro, pero, deja por fuera a la mayoría de la población.

Qué está pasando: los habitantes de este corregimiento se enteraron hace seis meses que la minera canadiense Max Resource Corp. iba a iniciar un proceso de estudio, exploración y posible explotación de minerales como cobre y plata en la zona. Ahora, cuando los estudios de exploración se están adelantando, la comunidad asegura que la empresa no ha convocado a la gente y tampoco ha dejado claras las afectaciones que podría tener esta mina en el territorio, o si podría haber desplazamientos. “Ellos no han querido convocar al pueblo a una plaza pública para socializar el proyecto. No hemos tenido conocimiento en qué consiste, qué van a hacer y a qué acuerdos llegaron con el consejo comunitario afro”, dice el líder social Deiver Guerra. 

La polémica: la compañía en este momento adelanta un proceso de consulta previa con el consejo comunitario afro del corregimiento, ya que este proceso sólo puede llevarse a cabo con comunidades étnicas (afro, indígenas, raizales, palenqueras y Rom) a las que un proyecto, en este caso minero-energético, afecte directamente su territorio o su forma de vida. Sin embargo, los y las líderes insisten en que todos los habitantes deben enterarse de lo que está pasando. “El hecho de que ellos tengan las facultades de hacer la consulta previa con las comunidades afro, no quiere decir que el pueblo no tenga derecho a saber. Los consejos comunitarios no están conformados por 5.000 habitantes que tiene el corregimiento”, puntualiza Guerra.

Un agravante: además de la exploración de la minera canadiense, el corregimiento podría verse afectado por otro proyecto minero de extracción de carbón dela compañía turca Best Coal Company (BCC) en  Cañaverales, un corregimiento vecino, ubicado en San Juan del Cesar. “La explotación de carbón sucedería en Cañaverales, pero el botadero de todos esos materiales estériles quedaría en nuestro corregimiento, esto también nos afectaría directamente”, comenta Deiver Guerra.

Qué dice la gente: “La Guajira tiene la experiencia del Cerrejón, una mina que ha explotado como centro y sur en el departamento con consecuencias como el desplazamiento de poblaciones, la destrucción de ecosistemas, contaminación  del ambiente, salud y habitantes; es suficiente experiencia para que no se repita en otros territorios”, indicó Benedicto González, Firmante del Acuerdo de paz del  AETCR de Pondores.

El transporte escolar continúa suspendido en Fonseca

Más de 9.000 estudiantes de las instituciones educativas de 12 municipios no certificados de La Guajira estuvieron sin transporte toda la semana. La Gobernación decidió interrumpir la adjudicación del nuevo contrato hasta que la Fiscalía determine la veracidad de uno de los documentos presentados por una de las empresas oferentes, Transportes Relaturg.

El contexto: El lunes 5 de septiembre se dio por terminada la ampliación del contrato que tenía la Gobernación con el operador Unión temporal Elkajuluin, que desde 2019 proveía el transporte escolar a los estudiantes en los municipios no certificados. Para el proceso de licitación del nuevo operador se presentaron dos empresas, Transportes Relaturg y Transporte Sensación. Pero mientras se corrobora la veracidad de los documentos presentados por las empresas, los y las estudiantes están varados. 

Qué dice la gente: Fonseca es uno de los municipios afectados, por lo que algunos estudiantes han tenido que caminar largas distancias o pagar otro tipo de transporte para llegar a los colegios. “Me ha traído dificultad. Yo trabajo y me toca esperar para mandar a mi hijo  para poder irme a trabajar.  Me toca esperar cola para mandarlo de La Laguna para El Hatico, o si no se va a pie con unos compañeros que son más grandes que él”, cuenta Ingris Vergara, madre de un estudiante de la Institución Educativa Agroambiental José Pérez.

Qué sigue: el jueves 8 de septiembre el gobernador encargado de La Guajira José Jaime Vega se reunió con la Asociación de Docentes de La Guajira (Asodegua) y la Asociación de Rectores de La Guajira  para escuchar las solicitudes y tomar medidas temporales mientras se soluciona la adjudicación del contrato del nuevo operador. Una de las soluciones temporales planteadas incluye volver a las clases virtuales.

“Esperamos que el gobierno departamental le cumpla a los estudiantes de los doce municipios que requieren el transporte escolar, que este servicio sea oportuno, con vehículos seguros, donde su personal sea responsable”, manifestó Asodegua en un comunicado. 

Indignación por aumento excesivo en las tarifas de la luz 

Desde hace cuatro meses, los usuarios de Air-e  han visto un aumento de entre el 15 por ciento y el 20 por ciento en las tarifas de la energía de los hogares y hasta un 50 por ciento en las de los locales comerciales. Este aumento afecta especialmente a las personas más vulnerables, que no pueden pagar.

El contexto: Esta semana, el Ministerio de Minas y Energía anunció el Pacto por la Justicia Tarifaria, con el fin de encontrar soluciones a corto y mediano plazo a los aumentos de las tarifas. Anunció que está llevando a cabo conversaciones con las dos empresas comercializadoras de energía, Air-e y Afinia, que operan en los departamentos de Córdoba, Sucre, Cesar, Magdalena, Atlántico y La Guajira. También indicó que se revisará la regulación de las tarifas de energía junto a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), la Superintendencia de Servicios Públicos y Domiciliarios y el Ministerio de Hacienda, con el fin de que sean estables y más asequibles.

Qué dice la gente: “Estoy aterrada por los altos costos que viene presentando la empresa Air-e. Tengo una casa arrendada en el barrio Las Flores, que habitamos unos 16 días en total. Tenemos una nevera y cuatro abanicos, que permanecen apagados durante el día. Iniciamos pagando $80.000 hace 5 meses y en estos momentos estamos pagando $ 290.000. Le pedimos explicación a la empresa y siempre dicen que ese es el costo de los vatios”, dice  Maidelin Martínez.

Eliza Vizcaino, administradora de la Tienda La Estrella, ubicada en el centro de Fonseca cuenta que además los bajones de energía le han dañado varios electrodomésticos. “Se nos han dañado varias neveras por la inestabilidad del servicio. Hace 4 meses estábamos pagando de 800 a 900 mil pesos, lo que era manejable, pero en este momento estamos pagando de 3 a 4 millones de pesos y además nos cobran $ 300.000 y $400.000 por alumbrado público un servicio que no prestan, porque todo está oscuro por las noches en la calle”, comenta.

Qué va a pasar: “En el corto plazo, se está considerando la posibilidad de elegir un indicador económico más favorable que reduzca el impacto negativo en la tarifa. Para el mediano plazo, estamos construyendo un indicador específico para el sector eléctrico que nos permita lograr la justicia tarifaria en el país”, dijo la Viceministra de Energía, Belizza Janet Ruiz Mendoza.

Además,
Por falta de vigilantes, institución educativa fue saqueada

El sábado 3 de septiembre se llevaron material didáctico de la sede el Carmen de la institución educativa Ernesto Parodi Medina. El otro hecho se presentó el jueves 8 de septiembre en la sede Calixto Maestre, de la misma institución. Se robaron muebles, equipos y utensilios de cocina, afectando a más de 300 estudiantes que reciben los alimentos en el colegio. 

¿Qué dice la institución? La coordinadora de la sede, Olga Olmedo Larrazabal, manifestó que nadie les da una solución efectiva. "Ya no sabemos a quién acudir para que nos puedan resguardar la seguridad de la institución, nos encontramos indefensos por los múltiples robos que mensualmente se realizan y no es una problemática sólo nuestra si no de todas las instituciones del municipio”. 

Por su parte Katrin Bolaños, jefa de prensa de la Secretaría Departamental, asegura que la inestabilidad gubernamental había retrasado todos los procesos, pero que esta semana se logró la contratación de empresa de vigilancia y servicios generales. “La próxima semana se estarán asignando las demandas de cada institución", dijo la funcionaria. 

La forma cómo los y las jóvenes se acercan a la sexualidad en San Juan del Cesar es un reflejo de lo que no funciona con la educación sexual en el país. En los colegios, el tema está a cargo de los psicoorientadores -mujeres, en su mayoría- quienes tienen poco tiempo para dedicarle a este tema; no existen programas de formación para que los maestros y docentes se capaciten y logren derribar sus propios prejuicios; y, finalmente, en la mayoría de las familias sigue reinando la idea de que hablar de sexo incentiva a los adolescentes y jóvenes a tener relaciones sexuales. Todo esto lleva no solo a que muchos resuelvan sus dudas en internet y comiencen a tener relaciones sexuales llenos de temor, sino tener problemas de confianza y autoestima.   

"En mi casa no se habla de estos temas, las dudas que me surgen, normalmente yo investigo en Google. También le pregunto a mis amigas. De hecho sí me estoy cuidando pero porque hablé con una amiga y ella me explicó lo que debía hacer", dice Eoris Vázquez, de 23 años. 

Abrir la conversación

Consonante habló con varios jóvenes del municipio para entender el panorama de la educación sexual. Siete adolescentes y jóvenes fueron entrevistados, y 31 respondieron de manera anónima un sondeo de opinión enviado a través de Whatsapp (para consultar el formulario enviado haga clic aquí). Al igual que Eoris, Armando Manjarrez, de 24 años, no recuerda haber tenido una educación sexual, ni en su casa ni en el colegio. “Solamente tuve una conversación con mi papá cuando tenía alrededor de 14 años y él solamente me decía que me pusiera preservativo y que si no lo usaba, existía una pastilla que se llamaba pastilla de emergencia, de ahí para allá todo lo he aprendido yo desde mi parte y soy consciente de que debo cuidarme”, cuenta. 

La mayoría de los adolescentes coincidió en que la educación sexual que ha recibido en los colegios y las casas ha sido superficial. Es decir, tuvieron algunas charlas en las que les hablaron de cómo prevenir embarazos y enfermedades de transmisión sexual, pero estas no hicieron parte de un proceso diseñado para que ellos y ellas realmente conocieran sus cuerpos y evacuaran todas sus dudas frente al tema. Fueron espacios esporádicos y poco efectivos para resolver sus preguntas.

“Solamente presencié una charla de educación sexual en octavo grado, de ahí en adelante no se volvieron a tocar estos temas”, cuenta Izamar Díaz, consejera de juventudes del municipio. Y agrega “Tal vez se haga alusión a este tema en forma de chiste, pero muchos piensan que esos temas no se deben tocar y no hay una buena comunicación donde los jóvenes manifiesten sus dudas y hablen ampliamente y en confianza”. Por su parte, Andrea, una estudiante de 14 años, dice: “nos han hablado cómo se puede prevenir un embarazo, los riesgos que eso puede traer, pero no llegan a explicarnos a fondo las consecuencias que puede traer tener relaciones a temprana edad”. 

Johanna Blanco, psicóloga y coordinadora del programa de educación integral de la sexualidad del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Colombia, sostiene que una búsqueda en Internet no reemplaza la formación que se debe dar en los colegios y los hogares. “Ellos pueden acceder a información, pero la familia y la escuela tienen que brindar formación. El conocimiento científico es información, y las actitudes, las habilidades, las competencias, la toma de decisiones, el autoconocimiento, la empatía y el sentido crítico son formación. Esto no se desarrolla leyendo un artículo en Google”, afirma.

Según Blanco, buscar la información adecuada, comparar fuentes de información y hacer un uso seguro de las redes es algo que se aprende en el colegio. Pero de este tema, aunque hace parte de la educación sexual, tampoco se habla. “Cuando no se tienen estas habilidades y además no se tiene supervisión parental, se corre el riesgo de encontrarse con páginas pornográficas o ser víctimas de delitos sexuales”, advierte.

Para Johanna, si bien hablar con amigos y usarlos como fuente de información hace parte esencial de la socialización durante la adolescencia, al estar en el mismo momento de la vida, “con las mismas preguntas, con las mismas inquietudes, lo que hace es perpetuar malos conocimientos o creencias”, dice.

Los problemas

Para entender qué está pasando en San Juan, es importante tener presente que en Colombia la educación sexual es obligatoria. Existen varias leyes, decretos y sentencias de la Corte Constitucional que la reglamentan y dejan claro que este tema es de vital importancia para el desarrollo de los  adolescentes. Por ejemplo, la Ley General de Educación de 1994 establece la obligatoriedad y aclara que la educación sexual debe ser impartida de acuerdo a las necesidades físicas, emocionales y afectivas de los estudiantes de acuerdo con su edad.

Por otro lado, el Decreto 1860, también de 1994, ordena que la educación sexual debe hacer parte del proyecto educativo institucional y debe atravesar el currículo académico. Es decir, la educación sexual debe ser parte de la cotidianidad de las instituciones educativas. Y está la Ley 1620 de 2013 que indica que la educación sexual debe ser integral. En otras palabras, reconoce que la educación sexual va más allá de prevenir embarazos o enfermedades de transmisión sexual y que es fundamental para que los jóvenes desarrollen sus personalidades. 

Blanco dice que el marco legal de la educación sexual en el país es uno de los más robustos de América Latina. “Estas leyes permiten entender que la sexualidad hace parte de la identidad y de la formación de todas las personas y que también es un elemento que contribuye a la prevención del embarazo en la adolescencia y a violencias basadas en género”, dice. Pero aclara que todavía existen muchos obstáculos a la hora de implementar estas leyes. “Esto requiere una voluntad política y una inversión económica importante, porque de aquí a que aterrice en las escuelas, en los centros de salud y en las familias, implica grandes esfuerzos'', reconoce.

Consonante puso la lupa en el caso de San Juan del Cesar para explicarle, con ejemplos, las barreras que existen:

1. En los colegios: personal recargado y poco capacitado

En San Juan del Cesar hay siete instituciones educativas con bachillerato: seis públicas y una privada. La mayoría solo tiene un psicoorientador o docente orientador para acompañar los procesos académicos y psicosociales de los estudiantes. Esto incluye, por ejemplo, implementar un programa de educación sexual. Pero esta es tan solo una tarea más en su larga lista de responsabilidades que incluye atender los casos de matoneo o bullying, estar pendientes del gobierno escolar y hasta atender consultas psicológicas de las familias de los estudiantes, entre muchas otras tareas que les asignen los rectores. 

Por eso, el primer obstáculo para que los colegios puedan cumplir con lo que manda la ley es el personal. Existe una desproporción entre el número de docentes orientadores y el de estudiantes. Para Mariana Sanz de Santamaría, directora y fundadora de Poderosas Colombia, una onegé que busca reforzar el poder de decisión de adolescentes y jóvenes entre los 13 y 20 años de edad y promover la formación en Educación Integral para la Sexualidad (EIS), la carencia de personas preparadas para tratar estos temas en las instituciones educativas es evidente. Es un problema generalizado.

“En Colombia tenemos una cifra de un orientador por cada 1.000 estudiantes y esto puede llegar a ser un orientador para cada 2.000 estudiantes en la zona rural. A esa persona le toca resolver otras situaciones en la institución, entonces le queda muy difícil dar una buena clase de educación sexual”, dice Sanz de Santamaría.

Liliana Amaya Díaz, docente orientadora desde hace 23 años en la I.E. Maria Auxiliadora, tiene que sortear múltiples responsabilidades todos los días. Amaya Díaz debe acompañar a los 980 estudiantes que asisten a primaria y bachillerato en la institución. Entre sus responsabilidades está implementar un plan transversal de educación sexual. Para hacerlo, se reúne cada cierto tiempo con los docentes y evalúa la posibilidad de incluir algún tema relacionado con sexo y sexualidad en el currículo académico. “Por ejemplo, la profesora de biología sabe que en octavo se ven las enfermedades de transmisión sexual; el profesor de matemáticas me puede ayudar con las estadísticas de los embarazos adolescentes y el de ética puede hablar de los roles de género'', explica. 

En teoría, distribuir los temas a tratar entre diferentes docentes y grados logra que el sexo y la sexualidad atraviesen la vida académica de los jóvenes. Y es que la educación sexual debe ser transversal. Johanna Blanco dice que el modelo de transversalidad es el más sostenible a largo plazo y el más efectivo para entender la sexualidad en todas sus dimensiones. “Desde todas las áreas se pueden analizar todos los elementos de la sexualidad, los físicos, emocionales y cognitivos y tener una comprensión mucho más compleja de la sexualidad que no se limita a lo biológico”, cuenta. 

Pero este abordaje choca con una barrera generacional y cultural. Liliana cuenta que algunos maestros de la institución no se sienten cómodos a la hora de hablar con sus estudiantes sobre algunos temas. “Tenemos profesores de 65 años, y les queda difícil hablar sobre la población LGBTI, por ejemplo”. En estos casos, dice, los maestros le piden ayuda y ella organiza una campaña o activa una ruta.

Por eso, para integrar a los maestros y maestras en la educación sexual se necesita una transformación en la práctica del docente, del lenguaje que usa, de los ejemplos que aplica. “Si esto no pasa primero por su piel, por su mente, por sus creencias, por la forma en la que se relaciona con su pareja y con sus colegas pues no va a poder brindar una educación sexual coherente. De nada nos sirve un gran proyecto, si luego el profesor en clase hace un comentario homofóbico”, dice Johanna.

2. El silencio reina en las casas

La mayoría de los jóvenes que Consonante entrevistó para este artículo dijo que no habla de sexo y sexualidad con sus padres y madres. ¿La principal razón? La falta de confianza. “Para los padres es un tabú hablar sobre eso con sus hijos y con alguna otra persona cuando ellos están presentes, seguro que les debe de dar pena”, dice Lelibeth Brito, una joven de 24 años. El tabú alimenta el silencio que existe en el pueblo. 

Otro joven de 19 años que respondió el formulario enviado por Consonante, dijo que nunca ha hablado de este tema con sus padres. “Mi madre dice que eso ya lo aprende uno en el colegio”, afirma.

Para Mariana Sanz, el principal motivo por el que no se habla de sexualidad en las casas, es porque muchos padres y madres tampoco recibieron una buena educación sexual. Algunos, ninguna. “Ellos tampoco fueron educados en derechos sexuales y reproductivos y hay una resistencia muy fuerte por parte de los acudientes. Ante la falta de educación, la reacción natural es tener miedo”, asegura. Johanna Blanco coincide. “No importa la condición socioeconómica, la región del país, no hablan de sexualidad porque les da pena, les da temor, les da vergüenza, no saben cómo, en qué momento ni a qué edad hablarle a sus hijos”, cuenta.

La poca formación que se tiene en las familias, produce, de acuerdo a Johanna Blanco, dos consecuencias. La primera es que no desarrollan las suficientes habilidades comunicativas para establecer un diálogo horizontal, respetuoso y genuino con sus hijos e hijas. “¿Qué significa hablar con los hijos? ¿Yo hablo y tú escuchas? ¿O significa dialogar y preguntar también respetando la confidencialidad de ellos y ellas?”, se pregunta. 

La segunda consecuencia es que se generan falsas creencias, particularmente la que se tiene de que hablar de sexualidad es incentivar a los jóvenes a tener actividad sexual. Esto es algo que también sucede en San Juan. Ketis Daza, referente de la dimensión de sexualidad, derechos sexuales y derechos reproductivos de la secretaría de Salud, dice que las campañas de educación sexual que se lideran desde el municipio también están orientadas a los padres de familia para que ellos sepan lo que se les está enseñando a sus hijos. “Muchos papás piensan que cuando uno les va a hablar de sexualidad es que se va a inducir a los jóvenes a tener relaciones sexuales, es una barrera que hemos tenido. Pero estamos insistiendo en que los padres se eduquen porque entre otras cosas, dentro de la sexualidad también encontramos la violencia sexual y la violencia de género”, cuenta. 

Johanna Blanco cuenta que el estudio “Orientaciones técnicas internacionales sobre educación en sexualidad”, liderado por la Universidad de Oxford en 2018 -una guía para la implementación de programas de educación sexual integral dentro y fuera del entorno escolar- indica que cuando se imparte una educación sexual adecuada, sucede todo lo contrario. “Cuando se habla de sexualidad de una manera adecuada, temprana y respetuosa, integral, no solo lo que incluye lo genital, sino todo lo que incluye la sexualidad, se retrasa el inicio de la actividad sexual”, dice.

Por eso, en los hospitales insisten en que los jóvenes deben asistir a los servicios de salud acompañados de sus padres, para que ambos puedan resolver dudas y recibir información adecuada. “Es importante que los chicos tengan la seguridad de que sus padres son las primeras personas que los van a orientar, es el núcleo familiar en donde uno debe tener este tipo de charlas, abiertamente, sin tabúes y tener un ambiente de seguridad donde se puedan solucionar estas dudas”, dice Aura León Bayona, médica especialista en salud familiar del Hospital San Rafael.

Una de las consecuencias de que no se hable abiertamente de sexualidad es el aumento de embarazos a temprana edad. “En este momento estamos viendo que en los colegios muchas menores de edad quedan en estado de embarazo y a mí me parece que es por la desinformación”, dice Luis Maestre, estudiante de 11 grado. 

Ketis Daza, indica que el año pasado se presentaron 59 casos de embarazos adolescentes. En el colegio María Auxiliadora, se presentaron seis. Liliana Amaya se ha enfocado en el último año en hacerle seguimiento a estos casos, ha estado atenta a los estudiantes y a sus familias y ha intentado vincular a la comisaría de familia y a la Policía de infancia y adolescencia en las rutas de atención que ha creado. También ha diseñado una red de comunicación con otros docentes para saber si una estudiante ha tenido cambios de ánimo o ha dejado de asistir a clases. Sin embargo, las acciones lideradas por la docente son más reactivas que preventivas. 

Pero además de los embarazos, la docente ha estado atendiendo casos de abuso sexual y de prostitución. “Hemos solicitado el acompañamiento de la Comisaría de familia y de la Policía de la infancia y la adolescencia para hacer talleres en prevención de riesgos de violaciones. De todas maneras, yo siempre me mantengo en contacto con la familia, mandándoles mensajes”, cuenta.

Aura León indica que el 15% de las consultas de adolescentes que atiende son de embarazos. “La verdad es que es alto y hay que seguir trabajando para que los muchachos posterguen su estado reproductivo”, dice. 

3. Los colegios, la administración y los servicios de salud: desarticulados

Aunque en la secretaría de Salud, en el hospital y en los colegios existen algunos planes y programas para que los y las jóvenes reciban información sobre salud sexual y reproductiva, cada uno marcha por su lado. Además, el interés por ofrecer este tipo de educación a los adolescentes parece estar más motivado por cumplir un requisito que por ofrecer contenidos y espacios realmente útiles y pertinentes. 

Tal vez por ese motivo, varias de las medidas propuestas por las autoridades no tienen el efecto esperado. Lo que sucede con algunos programas del Hospital San Rafael es un ejemplo. El centro médico tiene a disposición de los jóvenes programas que buscan resolver sus dudas en torno a la sexualidad, por ejemplo el curso “Vida adolescente”, que está dirigido a muchachos de entre 12 y 17 años. Sin embargo, estos programas no funcionan como espacios de formación sino como consultas médicas por lo que los jóvenes que participan son atendidos individualmente por un profesional de la salud. Es decir, tienen una cita médica. Esta consulta se hace una vez al año, “pero si ellos tienen en algún momento otra duda y quedan con más cosas por resolver, podemos agendar una segunda cita”, aclara Aura León. Pero la estrategia es ineficiente. “La verdad a nosotros nos toca buscarlos, son pocos, de pronto por los temores, porque piensan que eso va a ser algo que todo el mundo va a saber”, dice León.

La secretaría de salud tiene varias campañas en los barrios, como la estrategia “Servicios Amigables”, pero Ketis Daza sostiene que hace falta que las EPS hagan su parte. “Aquí también tenemos que mirar que las EPS tienen una responsabilidad con sus usuarios y que ellos deben también hacer sus actividades de promoción y prevención. Nosotros nos apersonamos de la situación y estamos tratando de que esos índices se reduzcan con educación, pero con unas actividades pedagógicas enfocadas en la población”, dice. 

Esta falta de articulación y el bajo impacto de los proyectos, según Johanna Blanco, muestra el déficit de las capacidades institucionales, la falta de consenso que hay entre los sectores sobre el enfoque de la educación sexual, los pocos recursos que hay destinados a la formación a docentes y la poca vinculación que tienen los y las jóvenes en la etapa de planeación, que al final les quita agencia. “Estamos parados en una visión donde los jóvenes sólo deben participar en las actividades que se planteen, pero no se les vinculan a ellos y a ellas desde el inicio de las actividades para que sean ellos quienes digan dónde convocar, a quiénes convocar, dónde reunirse, cuál es el lenguaje más adecuado, qué es lo que les gusta”, dice.

Mariana Sanz de Santamaría indica que es urgente una aproximación más integral sobre lo que es la sexualidad, para comenzar a salir de una educación enfocada en la genitalidad y en la prevención de embarazos o enfermedades de transmisión sexual. “La sexualidad es tener cuerpo y la educación sexual empieza desde que naces y comienzas a conocer, explorar y amar el cuerpo. La educación sexual integral es hablar de tener un cuerpo y cómo habitarlo”, puntualiza. Un primer paso para hacerlo es encontrar más espacios, dentro y fuera de los colegios y las casas para hablarlo con libertad. "Me gustaría que la gente se familiarice un poco más con el tema, creo que no debería ser ajeno, que la gente no sienta el temor a hablar acerca de él, una etapa en la vida de cada persona y debemos de aprender a normalizarlo y no señalar a los adolescentes que ya comenzaron su vida sexual", señala Eoris Vázquez.

Luis Eduardo Oñate y Carlos Mario Navarro, ambos de 17 años, no se conocían. Luis Eduardo era estudiante y vivía en San Juan del Cesar, y Carlos Mario vivía en Urumita, donde le ayudaba a su papá con las tareas del campo. Coincidieron en el mismo bus que salía de San Juan del Cesar el viernes 27 de febrero de 2004 y los dos fueron retenidos en un puesto de control del Ejército, en el punto donde se bifurcan los caminos que van para Badillo, corregimiento de Valledupar, y Corral de Piedra, zona rural de San Juan. Ninguno volvió con vida.

El caso de estos dos jóvenes es el único ubicado en este municipio del sur de La Guajira e hizo parte de la audiencia donde 12 exmilitares del Batallón de Artillería N° 2 La Popa reconocieron su participación como autores intelectuales y materiales del asesinato de 127 personas fuera de combate. Este acto de reconocimiento, que se llevó a cabo el 18 y 19 de julio en Valledupar, fue el primero que se enfocó en los casos de ejecuciones extrajudiciales cometidos por el Ejército en la región Caribe entre enero de 2002 y julio de 2005. De las 127 víctimas, 11 fueron identificadas por la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como integrantes de los pueblos kankuamo y wiwa. La Sala también indica que 20 víctimas aún no han sido identificadas.

Según Daniela Rodríguez, abogada defensora de las víctimas del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), el Batallón La Popa, que operaba en la zona del norte del Cesar y el sur de La Guajira, fue la unidad de la Décima Brigada del Ejército que reportó un mayor número de resultados operacionales entre 2002 y 2010 en esta región del país. 

Rodríguez asegura que en este período de tiempo se identificaron alrededor de 300 víctimas y este batallón fue importante en la construcción de la práctica de ejecuciones extrajudiciales.

El Auto 128 de 2021 de la Jurisdicción Especial para la Paz, es el documento que identifica los autores, los coautores, los hechos que ocurrieron y los patrones criminales que sucedieron entre 2002 a 2005, cuando el batallón fue comandado por Publio Hernán Mejía Gutiérrez (2002 y 2003), y Juan Carlos Figueroa Suárez (2003 y 2004). Ninguno aceptó los cargos ante el tribunal de paz. 

Según el Auto de la SRVR, Mejía Gutiérrez y Figueroa Suárez implementaron durante sus años de comandancia de La Popa dos patrones criminales que les permitió ocupar los primeros puestos en los reportes de resultados operacionales. El primer patrón se le atribuye a Publio Hernán Mejía y se enfocó principalmente en el asesinato de personas señaladas de pertenecer a grupos armados ilegales, en articulación con paramilitares del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). El segundo, que se asocia con la dirigencia de Juan Carlos Figueroa, se concentró en el asesinato de personas vulnerables que no tenían ningún vínculo con los grupos armados y que, incluso, fueron trasladados de otras ciudades para luego ser asesinadas y presentarlas como bajas en combate en la zona de influencia de La Popa.

Para Sebastián Escobar, abogado del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), si bien ambos patrones tienen el mismo nivel de gravedad, el paso del uno al otro muestra la necesidad de mantener resultados en las operaciones a cualquier costo, y la tecnificación de la práctica de ejecuciones extrajudiciales. “Se vuelve mucho más sofisticada en la medida en la que seleccionan y trasladan víctimas que estaban por fuera del territorio”, dice Escobar.

18 años a la espera de justicia

Osmaira Nieves, hermana de Luis Eduardo, y Franklin Navarro, padre de Carlos Mario, han acompañado cada fase del proceso y desean que sus familiares sean recordados como dos jóvenes a quienes sus sueños y honra les fueron arrebatados.

Nieves tiene 40 años y nació en Potrerito, una vereda de San Juan del Cesar. Ella y su familia fueron obligados a desplazarse a otro corregimiento del municipio, que evita mencionar por motivos de seguridad y donde se ha establecido los últimos 18 años. Esta mujer wiwa es artesana y madre de dos niños. 

El día de la audiencia, Osmaira Nieves sostuvo un periódico en su mano mientras dio su testimonio. El papel amarillo y deteriorado tiene un recuadro hecho con marcador, que delimita el espacio donde el ejemplar de El Pilón publicó la noticia en la que se afirmaba que dos integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) (Luis Eduardo y Carlos Mario) habían sido abatidos por el Ejército y sus cuerpos habían sido encontrados en el corregimiento de Badillo, al norte del Cesar.

A ella le tocó ir a reconocer el cuerpo de su hermano en Valledupar. Un líder de la comunidad le preguntó si quería ir a ver si alguno de los jóvenes que habían reportado como integrantes de las AUC era su hermano, pues tenían rasgos indígenas. “Yo no quise aceptar la noticia, no quería ir a ver. Recuerdo que se reunieron 8.000 pesos para que yo me trasladara. Si yo no hubiera escuchado a las personas, hoy mi hermano sería una de esas personas desaparecidas que están en esas fosas sin nombre ni apellido”, cuenta.

Franklin Navarro, padre de Carlos Mario, fue el encargado de reconocer a su hijo. Lo hizo el 29 de febrero, dos días después de los hechos. Navarro ha sido campesino toda su vida. Vive en Urumita, en el sur de La Guajira. Se dedica al cultivo de maíz y de yuca, y a veces de fríjol. 

Para Navarro, la ausencia de Carlos Mario ha sido especialmente difícil porque era su único hijo y el que le ayudaba con las tareas del campo. El 27 de febrero de 2004, Carlos Mario iba a visitar a su mamá en San Juan del Cesar. Cuando Franklin regresó de la mina esa tarde, le dijeron que un grupo del Ejército se había llevado a Carlos Mario. Se dirigió hacia el puesto de control, pero no le dieron respuesta.

Navarro cuenta que días después de la desaparición de su hijo empezó a sospechar que los militares de La Popa estaban involucrados. “Para que me dieran la certificación de la muerte de Carlos Mario se demoraron un año, me tocó meter una tutela”, dice.

Osmaira siempre tuvo la esperanza de que el Ejército le diera una respuesta de por qué su hermano había muerto en un combate, cuando, según ella, Luis Eduardo nunca había cogido una cauchera para matar un pájaro. 

La batalla contra la estigmatización

La implementación de los compromisos del Acuerdo de Paz ayudó a visibilizar el proceso de las víctimas del Batallón La Popa y también el de Luis Eduardo y Carlos Mario. Con el apoyo de los abogados del Cajar, del Comité de Solidaridad y de Pedro Loperena, comisionado de Derechos Humanos del pueblo wiwa, Osmaira Nieves se concentró en limpiar el nombre de su hermano, en un municipio en el que desde mucho antes habían comenzado a ser estigmatizados. “En San Juan fuimos señalados. Nos decían que todos los que bajábamos de la Sierra éramos guerrilleros”, cuenta.

Tanto para el Cajar y el CSPP, como para la Sala de Reconocimiento de la JEP, esta violencia específica sobre los pueblos indígenas no fue fortuita. “Hubo una fuerte estigmatización a los pueblos indígenas. El Ejército usó su cercanía a la Sierra Nevada de Santa Marta y a la Serranía del Perijá, donde había grupos guerrilleros, para vincularlos con estos grupos armados, ya fuera como miembros o colaboradores”, cuenta Sebastián Escobar. Según Daniela Rodríguez, la estigmatización de la que fueron víctimas los indígenas fue más allá de la afectación individual o familiar. “Esta mentira instalada que generó una violencia desproporcionada, también ocasionó unos daños gravísimos a nivel colectivo y territorial”, dice Rodríguez.

Osmaira Nieves cuenta que luego de la muerte de Luis Ernesto, las personas le decían que a lo mejor ella no estaba enterada de las actividades de su hermano. “Yo sí sabía lo que hacía. Un señor Martínez lo llevaba a vender fruta en el mercado de San Juan y yo me levantaba a cocinarle temprano y me iba con él. También sé que él iba al colegio porque llegaba a la casa y me pedía que le ayudara con sus tareas, y si yo no sabía le preguntaba a alguien para que le ayudara”.

La familia de Carlos Mario también fue víctima de la estigmatización por parte de las autoridades judiciales. Franklin Navarro cuenta que en los años en los que avanzó solo en la investigación sobre su hijo, una juez en Valledupar le preguntó, con sospecha, por qué su hijo llevaba el uniforme de las AUC. Él, en medio de su dolor, le respondió que ella sabía más que nadie quiénes eran los que le habían puesto a su hijo ese uniforme paramilitar. 

Las limitaciones de la JEP

La atención que puso la JEP sobre los casos del Batallón La Popa y el apoyo que recibieron por parte de las organizaciones de víctimas permitió, por un lado, que más víctimas se unieran al proceso y, por otro, que se conocieran entre ellas. Las familias de Luis Eduardo y de Carlos Mario, después de haber hecho un esfuerzo por conocer la verdad por separado, finalmente se juntaron para hacer las preguntas en conjunto. “Una sola golondrina no hace verano. Las dos familias nos hemos apoyado mucho, siempre hemos estado insistiendo en qué pasó, quién fue, cómo fue”, dice Osmaira Nieves.

Sin embargo, todavía hay un alto número de víctimas que no han sido reconocidas. Pedro Loperena, quien ha acompañado todos los casos de la comunidad en La Guajira, piensa que faltó más visibilización por parte de la JEP en el territorio.

Daniela Rodríguez coincide. De las 127 víctimas que estaban identificadas para asistir a la audiencia, sólo había representación de 25 o 30 familias. Incluso, cuenta que algunas personas que se enteraron de la audiencia por medios de comunicación, se acercaron a decir que sus familiares habían sido víctimas de otras unidades de la Décima Brigada en otros periodos de tiempo. “Uno se pregunta qué está pasando con el resto de personas y cuáles son los esfuerzos que está haciendo la Jurisdicción Especial para la Paz para que todas las personas que no denunciaron en su momento o que todavía no son conscientes de que fueron víctimas de un crimen de Estado, puedan participar en estos escenarios”, agrega Rodríguez.

La abogada considera, además, que si bien es necesario enfocarse en los hechos individuales y le da alivio a algunas víctimas, no permite ver la práctica de las ejecuciones extrajudiciales como un aparato que articulaba el poder político y militar. “Se ha tomado una muestra muy pequeña de lo que fue la práctica en el territorio y de la presión por resultados, que no solo venía del comandante de La Popa, sino que venía del comandante de la brigada y del comandante de la división y del comandante del Ejército Nacional. Este es un primer peldaño que se está recorriendo en la JEP y hace falta todavía que se abarque muchísimo”, añade. 

Las deudas 

Daniela Rodríguez piensa que las experiencias de las víctimas fueron diversas. Algunas personas salieron de la audiencia con tranquilidad porque pudieron escuchar a los militares hablar de su caso particular y confirmaron las versiones que ellos tenían sobre la manera cómo ocurrieron los hechos y cómo habían presentado a sus familiares. “Otro grupo de víctimas desafortunadamente no encontró en el espacio las respuestas que estaban esperando, porque ninguno de los doce comparecientes que estaban allí presentes admitió la responsabilidad en los casos o no les brindaron información útil que les permitiera saber a quiénes interrogar o a quiénes preguntar sobre esas demandas individuales”, dice Rodríguez. Además, considera que esta insatisfacción generó incertidumbre y frustración frente a lo que viene en el proceso.

Osmaira Nieves cree que aunque las confesiones individuales de los militares sirven para dar indicios y responder algunos interrogantes, es importante saber que ellos no actuaron porque sí, si no porque alguien dio la orden. “El Coronel, el de más alto rango, tampoco se manda solo”, agrega. También piensa que es necesario que los exmilitares hagan un reconocimiento en el territorio y que sean partícipes de sus usos y costumbres. “Tenemos que hacer limpiamiento y un lavado de sangre y volver a recorrer el camino que ellos recorrieron con nuestras víctimas. A eso hay que hacerle un saneado espiritual”, dice Nieves. 

Elizabeth Coronado, hermana de Carlos Navarro, quien también estuvo en la audiencia, asegura que faltan respuestas a algunas preguntas. “Todavía no sabemos a quién se le ocurrió ese macabro plan de asesinar jóvenes inocentes. Por lo menos los que están ahí, no son los máximos responsables”.

Por su parte, Pedro Loperena piensa que no hubo sinceridad por parte de los comparecientes. “Esas partes donde dicen que se arrepienten, son un show preparado con un libreto escrito. Es tanto así que todos tenían escrito en papel lo que iban a decir y se dedicaron a leer y hasta tenían los mismos párrafos subrayados. Y en ese tipo de espacios no se trata de pedir perdón de labios para afuera, es un compromiso que deben hacer con la sociedad”, afirma.

Loperena cree que otro alivio importante para la reparación a las víctimas es una compensación económica. “Estas madres que perdieron a estos jóvenes, que ni siquiera lograron la mayoría de edad y que hoy estarían ayudando a sus familias, deben ser reparadas económicamente, por el proyecto de vida que destruyeron. Esto ayudaría un poco al resquebrajamiento que ocasionaron las fuerzas militares”, dice. 

Lo que sigue

Esta semana se cumple el plazo para que las víctimas y sus representantes hagan observaciones a la resolución de conclusiones, que es el documento que entrega la SRVR en donde se habla de las responsabilidades, de las conductas, de las posibles sanciones y donde también se valora el reconocimiento que hicieron los doce comparecientes.

Daniela Rodríguez explica que las personas que se acogieron a este proceso en la JEP y aceptaron sus cargos, deben concertar las posibles sanciones con las víctimas, de tal forma que ellas puedan decidir si se sienten reparadas o no. “Ahora, después de la audiencia, los comparecientes deben ser mucho más enfáticos en la presentación de acciones que puedan ser reparadoras para las víctimas”, dice. Luego se abrirá un espacio de diálogo para discutir estas sanciones.

Este proceso es paralelo al proceso adversarial, que fue al que se acogieron los dos comandantes del batallón que no aceptaron los cargos: Publio Hernán Mejía y Juan Carlos Figueroa, y José Pastor Ruiz Mahecha, quien hizo parte de la sección de operaciones y luego de la sección de inteligencia.

Rodríguez cree que estos dos procesos, donde doce exmilitares aceptan su responsabilidad e incriminan a sus comandantes, y tres no reconocen su competencia, impiden que haya una verdad completa. "A nosotros nos dieron la cara esos doce, ¿y las otras víctimas? No pudieron actuar solo ellos, en un batallón hay más personas y de más rango. Todavía queda mucho por decir, mucho que contar", concluye Osmaira Nieves.

Haz clic aquí para ver la charla: https://fb.watch/epzd-IqNGK/

1. Estudiantes de la I.E Nuestra Señora de la Pobreza terminan el semestre sin salón de clases

Por no pagar el arriendo de los locales que tenía alquilados la I.E Nuestra Señora de la Pobreza, esta semana los estudiantes de los grados 4to y 5to de primaria tuvieron que recibir clases en malas condiciones. Los estudiantes inclusive tuvieron que instalarse en los pasillos de la institución. “Les tocó escuchar clase de una manera muy desagradable tanto para ellos como para la profesora. Daban las clases en los pasillos detrás de otras aulas que quedaban cerca al restaurante, siempre y cuando no lloviera”, afirma Yajaidy Gómez Moreno, madre de familia.

Gabriel Copete, rector de la institución, reconoce que la infraestructura actual no da abasto para albergar a todos los niños que están matriculados en la institución. Afirma que desde inicio de año está gestionando con la alcaldía la construcción de cuatro nuevas aulas y un segundo piso, pero “al alcalde le cogió el tiempo con el proceso electoral y no pudo reunir los recursos para hacer esa nueva plancha”. El rector espera reunirse con el alcalde Cristian Copete la próxima semana para evaluar el plan de construcción del segundo piso y las aulas para que estén listas para el regreso de los estudiantes el próximo 5 de julio. Los padres también están a la expectativa. “Esperamos que desde hoy hasta que regresen de vacaciones puedan ejecutar las aulas que están pendientes por hacer, porque fue un compromiso del colegio con la alcaldía”, concluye Gómez.

2. Después de dos semanas, comunidades desplazadas de Bagadó regresan a su territorio

El jueves en la tarde, 430 personas del resguardo indígena del Alto Andágueda regresaron al municipio de Bagadó luego de permanecer 10 días en el corregimiento de Guarato, a unas tres horas de Bagadó. De acuerdo con la información que le dieron los líderes indígenas a la Personería municipal, las comunidades de Palmira, El Limón, Santa Isabel y Mutatá se desplazaron de su territorio luego de que se presentaran varias intimidaciones e incluso algunos disparos, porque un hombre que había sido expulsado del territorio regresó a una zona aledaña al resguardo vistiendo insignias alusivas al Clan del Golfo.

Desde el martes 1 de junio la Personería Municipal brindó asistencia a las 106 familias con alimentación, kits de aseo y atención médica. También se les brindó comida a los miembros de la guardia indígena que viajó hasta el resguardo hace unos días para verificar que ya no había riesgo. “El hombre ya no se encuentra en la zona y hasta ahora no hay confirmación de que efectivamente pertenezca a este grupo armado”, dice Yirson Ledezma, personero municipal.

Hasta el momento se descarta que este hecho esté vinculado con la presión de grupos armados a comunidades indígenas de cara a las elecciones presidenciales. 

3. Enfermeros y enfermeras del hospital de Tadó se quejan por falta de tapabocas

Esta semana, varias enfermeras y enfermeros de la E.S.E. Hospital San José de Tadó se quejaron por la falta de tapabocas. Los reclamos, que llegaron hasta la veeduría municipal, se dieron porque en el hospital solo les entregan un tapabocas al día. Elimelet Aguilar, auxiliar de enfermería, afirma que en el caso de que el tapabocas se dañe, las enfermeras deben reponerlo con su propio dinero, e incluso “remendarlo con grapadora”. La situación llegó a tal punto que el viernes una auxiliar de enfermería puso un letrero en su puesto de trabajo anunciando que no trabajaría por falta de insumos.

Marisol Rentería, secretaria e integrante de Bienestar Social del Hospital, dice que este caso “se puso en conocimiento del encargado de salud y seguridad, de la jefe de personal y están pendientes de reunirse con la gerente para tomar las medidas con la jefe de área para que eso no vuelva a suceder con ninguno de los compañeros de trabajo”. Sin embargo, lo cierto es que entre los funcionarios del hospital hay preocupación por la falta de otros insumos y medicamentos. “En este hospital, en vez de mejorar, los enseres día a día se van desmejorando. Las carpas que se tenían para realizar varias actividades en el parque, en los corregimientos y veredas ya no están”, dice Nancy Cossio, auxiliar de enfermería.

La Superintendencia Nacional de Salud realizó una visita al hospital al inicio de mayo, con el fin de revisar el estado del centro de salud. Se espera que el informe se dé a conocer en 20 días. 

Además

Estudiantes celebran con un desfile el Día del Medioambiente

En conmemoración del día del medioambiente, los estudiantes del colegio Nuestra Señora de la Pobreza realizaron una jornada de concientización sobre la contaminación, el manejo de las basuras y el reciclaje. El jueves en la mañana, recorrieron las calles del municipio con disfraces y pancartas con reflexiones alrededor del cuidado de los recursos naturales. “La mejor manera de crear conciencia y proteger el medio ambiente es con los niños y jóvenes para que ellos impulsen a los adultos a hacer los esfuerzos en la protección del ecosistema natural”, dijo Reuver Quiñones, docente de la institución. 

¿Por qué es importante?

Según los datos de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), en este municipio chocoano hay 79 personas desaparecidas. Aunque desde hace un año la diócesis ha trabajado con la UBPD en el rastreo e identificación de nuevos casos, sólo 30 familias se han acercado para iniciar los procesos.

Esto, según Palacios, se da por cuatro factores: el largo tiempo que toma esclarecer estos casos, la poca información que se tiene de las víctimas, la desconfianza en la institucionalidad y el esfuerzo que implica la construcción de confianza con las familias.“El hecho de poder llegar a ellas, para que nos den una foto o al menos que nos cuenten cómo era la persona o de poder hablar con las personas abiertamente, es un trabajo de confianza, de cercanía. Entonces yo creo que la dificultad es que es una cuestión de tiempo”, dice. 

Las víctimas

Del total de personas registradas en la UBPD, 62 llevan como mínimo, 20 años desaparecidas. Entre los años 1982 y 2015, se identificaron cuatro picos entre los que sucedieron el mayor número de desapariciones. En 1989 se registraron nueve; en 1997, 14; y en 1998 y 2002, se tiene registro de nueve desapariciones en cada año. Sólo entre 1997 y 1998 desaparecieron 23 personas.

Pero, aunque el trabajo de más de 30 años de la diócesis a través de la Comisión Vida, Justicia y Paz les ha permitido cultivar la confianza en las familias de las personas desaparecidas, todavía hay muy poca información que permita dar con su paradero. De hecho, aún no se sabe con certeza cuáles fueron los actores armados que perpetraron las desapariciones. “Cada actor armado tuvo su punto álgido en el tiempo. Hay algunas familias que hasta hoy no tienen la certeza del actor ni de las circunstancias de la desaparición de las víctimas. No tienen nada, simplemente saben que desaparecieron”, cuenta el párroco.

A finales de los 80, durante la década de los 90 y a principios de los 2000, hubo presencia de cuatro grupos armados ilegales en El Carmen de Atrato: El ELN, el Ejército Revolucionario Guevarista (ERG), las FARC y el Bloque Élmer Cárdenas de las AUC. Dejaron a su paso asesinatos selectivos, una toma guerrillera y al menos cuatro masacres. Todos estos grupos ya se han desmovilizado, pero los y las carmeleñas no han visto ni esclarecimiento de los hechos, ni reparaciones, que incluye saber el paradero de las personas desaparecidas, como contamos en este artículo. 

¿Y las familias?

La labor de la parroquia en la asistencia a las familias ha estado enfocada en dos frentes. Por un lado, le proveen un acompañamiento espiritual y psicológico y también ayudan con el proceso de búsqueda de sus familiares. Para el padre Yeison, un proceso complementa al otro. “Lo que se busca es sanar. Y sanar para las familias implica también avanzar en el proceso de búsqueda, de poder tener algo de su ser querido, que es un aporte importante”, dice. Este acompañamiento social revela las similitudes de los procesos de búsqueda en las familias y les permite conocerse entre ellas.

Como parte de este acompañamiento, la parroquia también ha trabajado con las familias en proyectos de memoria: han hecho recuentos narrativos y fotográficos de las víctimas, “tanto de los que pudieron encontrar y sepultar a sus familiares como los que hasta hoy no han podido tener ese proceso de duelo”. 

La búsqueda

El trabajo adelantado por la diócesis, la Mesa de Víctimas y la organización de víctimas Pueblo de la Memoria Histórica en estos años, ha sido clave para que la Unidad de Personas dadas por Desaparecidas pueda entrar a la comunidad y adelantar los procesos de búsqueda. Para Sonia Rodríguez, asesora de la Unidad Especial, la UBPD, al ser un mecanismo humanitario extrajudicial, el trabajo se inicia desde la información que entregan los familiares, organizaciones, colectivos u otros individuos en los territorios, para luego poder estructurar la información recibida, crear planes regionales de búsqueda y finalmente desarrollar acciones humanitarias de búsqueda, recuperaciones, entregas dignas y reencuentros. “Es importantísimo tener ese diálogo directo permanente, continuo con las organizaciones, con las plataformas, con las víctimas”, asegura.

Este trabajo conjunto, según el padre Yeison, lleva un año y está en una fase inicial. “Ahorita estamos más que todo en un proceso de localización: hemos hecho varias caminatas, mirando sitios de ubicación de fosas comunes, hemos hecho el trámite de órdenes judiciales que le permita a la Unidad llegar allá y esto ha exigido mucho trabajo y ha sido desgastante”, dice. Estos procesos también desgastan a las familias, y algunas de ellas han decidido no continuar. “Uno entiende que hablar de su ser querido y la forma como desapareció puede ser muy difícil”, agrega el padre. 

Sin embargo, Palacios piensa que el avance de estos casos, aunque sean pocos, genera confianza y credibilidad en la institucionalidad. “En este momento hay mucho escepticismo en cuanto a las víctimas, en cuanto a las desapariciones. Yo creo que en la medida en que se logren dar pasos y se logren esclarecer situaciones concretas, así sea de una, dos o tres familias, eso va a generar confianza y también al mismo tiempo va a darles tranquilidad y paz a las familias que sufren hoy”, puntualiza.

Lo que sigue

Este 9 de abril la diócesis, con el apoyo de la Mesa de Víctimas y el Pueblo de la Memoria Histórica, realizará un acto público en la plaza principal de El Carmen de Atrato que busca generar reflexión alrededor de cuatro temas: la fe, la memoria, la resiliencia y la esperanza. “A pesar de todas las situaciones que se han vivido, pienso que todavía podemos mirar la realidad con esperanza”, concluye. 

Qué está pasando 

Según las fuentes locales consultadas por Consonante, los resultados de las elecciones legislativas de este domingo en el Chocó no serán distintos a los de hace cuatro años. Los partidos Liberal y de La U, que han ganado en la región durante los últimos años, son los que tienen mayores oportunidades de quedarse con las dos curules a Cámara que le corresponden al departamento. Solo los de la lista por Cambio Radical a la Cámara, encabezada por el exalcalde del Medio Baudó, Gilder Palacios, podrían terminar llevándose alguna de estas curules.

En cuanto al Senado, las posibilidades de que haya un representante chocoano son bajas. En parte, por los cuestionamientos que tienen los candidatos con más maquinaria y recorrido en cargos de elección popular, como es el caso de Nilton Córdoba, líder del Partido Liberal y cabeza del Clan Córdoba y el exalcalde de Quibdó y candidato de La U, Isaías Chalá. La lideresa social Yolanda Perea, quinta en la lista cerrada al Senado por el partido Nuevo Liberalismo, podría alcanzar una curul, pero más por los votos nacionales que podría obtener pues no es tan conocida en la región. 

“Cambio no va a haber. Será más de lo mismo”, asegura Higinio Mosquera, veedor ciudadano, sobre la posibilidad de que se renueven los nombres para el Congreso este año. Según él, los candidatos pertenecientes a los clanes del Partido Liberal y de La U, tienen una ventaja respecto a los otros, principalmente porque tienen fichas en las alcaldías, gobernaciones y otras entidades departamentales. “Tienen la estructura y los movimientos, las militancias y tienen, además, los recursos”.

Esto se ve reflejado en la manera cómo buscan los votos. Desde hace varios meses, las y los candidatos empezaron a recorrer los municipios y las veredas para lanzar promesas de obras o puestos y contratos con la administración a cambios de votos de la gente. “Acá se compra el voto de otra manera. En los barrios, en las veredas, en los corregimientos se hace por convenios, por contratos. O sea, yo les hago la escuela y ustedes votan por mí. Ellos mandan la plata y la gente vota sola”.

Adicionalmente, la Misión de Observación Electoral (MOE), alertó sobre las consecuencias de esta estrategia. Según su informe Mapas y factores de riesgo electoral, en el Chocó, el 50 por ciento de los municipios está en riesgo por fraude electoral para la elección a Cámara, mientras que el 33 por ciento se encuentra en riesgo para el Senado.

El problema de que no haya una representación del departamento en el Senado es que se reducen las posibilidades de incluir las necesidades del Chocó en el debate nacional. Y a esto se suma la poca importancia que le han dado a la región los candidatos presidenciales en sus agendas. “Ninguno de los candidatos presidenciales tiene (al Chocó) en su agenda. Las consultas presidenciales han acaparado toda la atención y las elecciones de Senado y Cámara han pasado a un segundo plano, por lo que estos departamentos sufren aún más. No hay nadie que ponga en la agenda los problemas que tienen”, asegura Daniela Garzón, investigadora de la Fundación Paz y Reconciliación, Pares. 

Discursos vacíos

La mayoría de los discursos de campaña de las y los candidatos del departamento giran en torno a la idea de que ha llegado la hora de cambiar la situación de pobreza y violencia en la que viven sus habitantes. Sin embargo, hay poca información sobre cómo lo piensan lograr. Las páginas y los perfiles en redes sociales están llenas de frases “Nace la esperanza para el Chocó” “El Chocó es más” y “La palabra se honra”. Y las entrevistas que han dado para algunos medios locales se centran, en su mayoría, en lo que han hecho en el pasado. “Es difícil escuchar propuestas serias y cambiantes. Suelen decir lo que han hecho por el departamento y lo que aspiran a hacer, pero nada muy profundo”, cuenta un periodista local. 

Las pocas propuestas que hay están enfocadas en estos temas: disminución de la pobreza con la generación de empleo y el apoyo a emprendimientos, el fortalecimiento a la educación, la mejora en la prestación de servicios públicos y el acceso a Internet, la formalización de la minería y el fortalecimiento del turismo. En una menor medida proponen mejoras al sistema de salud departamental y reducir la violencia. 

Aunque estas propuestas sí van orientadas a las grandes necesidades que tiene el departamento, la mayor parte de los candidatos no ha mostrado un plan claro de cómo llevar a cabo proyectos de ley o reformas que permitan hacerle frente a estos problemas. 

Las y los candidatos conocidos

Lo que resulta paradójico es que a pesar de que el cambio es el centro del discurso de algunos de los candidatos, que ya han sido congresistas, gobernadores, alcaldes, diputados o concejales y los electores se preguntan por qué no ha sido visible la gestión por el departamento. Otros aseguran que solo se acuerdan del Chocó cuando es época de elecciones.

Más allá de las propuestas, lo que llama la atención es que muchos  están siendo investigados o han sido acusados por delitos asociados con corrupción.
El siguiente es un resumen de los antecedentes de las y los candidatos más visibles a la Cámara de Representantes y al Senado del departamento.  

Nilton Córdoba Manyoma
Partido Liberal
Senado
Abogado nacido en el Bajo Baudó y actual Representante a la Cámara. Es el líder de los liberales en el Chocó y cabeza del Clan Córdoba, uno de los más tradicionales del departamento. Ha sido Representante en dos períodos consecutivos (2014-2018) (2018-2022). Como congresista creó la Estampilla pro Universidad Tecnológica del Chocó y fue coautor de un proyecto de ley que le dio reconocimiento a la partería como práctica ancestral. 
Sin embargo, su labor se ha visto nublada por tres investigaciones, dos por celebración indebida de contratos cuando fue alcalde de Medio Baudó en 2008 y otra por corrupción, relacionada con su supuesta participación en el “cartel de la toga”, donde se le acusa de haberle ofrecido 200 millones de pesos a un magistrado auxiliar para detener una investigación por lavado de activos en su período como alcalde. 

Isaías Chalá Ibargüen
Partido de La U
Senado
Docente y empresario nacido en Istmina. Fue alcalde de Quibdó entre 2016 y 2019. Aunque no está inhabilitado para ejercer cargos públicos, en 2019 fue detenido junto a otros funcionarios de la Alcaldía de Quibdó por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público en la construcción de la Unidad Intermedia de Salud El Caraño, en la capital chocoana. Ya recuperó su libertad, pero sigue vinculado al proceso.

Jhoany Carlos Alberto Palacios Mosquera (Domingo)
Partido Liberal
Cámara
Exalcalde de Istmina (2008 - 2010) y Exgobernador del Chocó (2016-2019). En el 2019, la Procuraduría abrió una investigación en su contra por presuntas irregularidades en una licitación por más de $24.500 millones de pesos, que estaba dirigida a consolidar una red de pesca artesanal en el departamento. También, en 2020, la Fiscalía le imputó cargos por el delito de peculado por apropiación por irregularidades en un convenio que se hizo entre la Gobernación del Chocó y la empresa Universal de Servicios Públicos para la red de gas del departamento. A pesar de esto no está inhabilitado y es una de las candidaturas con más posibilidades de ganar. Es la fórmula del también liberal Nilton Córdoba. 

Gilder Palacios
Cambio Radical
Cámara
Abogado y exalcalde de Medio Baudó de 2016 a 2019, puesto al que llegó con 33 años de edad. Tiene como aliados al excandidato de la alcaldía de Quibdó, Wagner Mosquera, y cuenta con el apoyo del partido evangélico Colombia Justa Libres, que no tiene candidatos para la Cámara. Aunque está en una lista abierta, ha hecho campaña con sus otros compañeros de lista: Nigeria Rentería y Jhon Jairo Mosquera. 

Nigeria Rentería
Cambio Radical
Cámara
Abogada especializada en derecho contencioso administrativo. En 2013 fue designada Alta Consejera para la Mujer. También fue una de las negociadoras del equipo del gobierno en La Habana y en 2015 fue candidata a la gobernación del Chocó. Su trabajo se ha enfocado en la promoción de los derechos de las mujeres y las comunidades afrocolombianas.

Astrid Sánchez Montes de Oca
Partido de La U
Cámara
Abogada y actual Representante a la Cámara. Hace parte del clan Sánchez Montes de Oca, otro de los grupos políticos con más poder en el departamento. Es hermana de Patrocinio Sánchez, exgobernador que fue condenado en 2019 a 18 meses de prisión por peculado culposo, y de Odín Sánchez, excongresista condenado por parapolítica e inhabilitado 20 años para ejercer cargos públicos. Aunque algunas personas dicen que su gestión como representante no se ha visto, es una de las candidatas con más posibilidades de ganar. 

Eduar Torres Mosquera
Partido de La U
Cámara
Abogado. Ha sido candidato al Congreso en 2010 y 2014, pero en ambas ocasiones se ha quemado. Es hijo y heredero político de Ulises Torres, líder del clan Torres, excongresista que fue condenado junto a Odín Sánchez por parapolítica.

Omar Francisco Vidal Rojas
Partido Liberal
Cámara
Abogado y exalcalde de Bahía Solano (2012-2015). También ha sido concejal y diputado. En 2012, la Procuraduría le abrió una investigación preliminar y fue suspendido, pero no avanzó y pudo terminar su período. Apoyó en 2015 a Jhoany Palacios Mosquera en su campaña a la gobernación. Su hermano, Willington Vidal, fue capturado en el año 2020 por formar parte de la banda criminal “Los Mexicanos”.

Jhon Jairo Mosquera
Cambio Radical
Cámara
Abogado y exalcalde del Medio Baudó (2001-2004). Se ha desempeñado como asesor de la Dirección de Asuntos para comunidades Negras del Ministerio del Interior y del Senado. Ha sido profesor universitario y fue alcalde encargado de Yondó (Antioquia). 

Las nuevas voces

Yolanda Perea Mosquera
Nuevo Liberalismo
Senado
Activista, defensora de los Derechos Humanos, víctima del conflicto e integrante de la Ruta Pacífica de Mujeres. Su trabajo se ha enfocado en en la defensa de los derechos de las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado. Intentó postularse a una de las curules de paz, pero quedó inhabilitada por participación política previa, cuando aspiró a la asamblea departamental de Antioquia hace cinco años. Se encuentra en el quinto escaño de la lista cerrada del Nuevo Liberalismo. El umbral y el número de votos que obtenga este nuevo partido definirá si podrán ingresar al Congreso.

Luis Ernesto Olave
Fuerza Afro - Consejo Comunitario de Comunidades Negras de Guayabal
Líder social y defensor de derechos humanos de las comunidades afrocolombianas. En el año 2010 fue candidato al Senado por la lista del partido cristiano Mira, pero no obtuvo la curul. Ha sido promotor de la Ley Antidiscriminación en Colombia, denunciante de minería ilegal y defensor de minería artesanal en el Chocó ante la CIDH.

Juana Paula Moreno
Partido Mira
Cámara
Bióloga con énfasis en recursos naturales y tecnóloga en minas de cielo abierto. Apoya la candidatura al Senado del político bogotano del mismo partido Manuel Virguez Piravique, sobrino de la pastora María Luisa Piravique, líder de la iglesia cristiana Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional.

Luis Gregorio Moreno Mosquera
Pacto Histórico
Cámara
Abogado especialista en derecho administrativo y contratación estatal nacido en Quibdó. Se ha movido más en el ámbito privado, tiene una empresa de consultoría en derecho y es profesor de derecho en la Universidad de Medellín. Esta es su primera aspiración a un cargo de elección popular.

Consonante revisó las campañas que han hecho por estas semanas los candidatos al Senado y encontramos cinco temas clave de sus propuestas de campaña que involucran a La Guajira: transición energética, mejora en la prestación de servicios públicos, ampliación de las oportunidades laborales, la seguridad alimentaria y el fortalecimiento de la vocación agrícola y la ampliación de los cupos de la gasolina subsidiada.

Este año serán 10 los candidatos de origen o de extracción guajira. Unos, como Alfredo Deluque y Miller Soto ya tienen recorrido en cargos de elección popular. Otros, como Jorge Guevara y Lenan Díaz, se meten por primera vez en una contienda electoral. Sin embargo, la mayoría está de acuerdo en que es esencial una representación del departamento en el Senado y que de la mano de los Representantes a la Cámara puedan llevar a cabo proyectos de ley que beneficien y mejoren la calidad de vida de sus habitantes.

Consonante seleccionó seis de los 10 candidatos. Estas son sus propuestas, sus alianzas y su recorrido. 

Alfredo Deluque

Es autor de la Ley 2121 de 2021, o Ley de Trabajo Remoto, que permite formalizar el trabajo de personas que sólo pueden emplearse de forma virtual. Esto también le permite a empresas extranjeras ofrecer puestos de trabajo en el país bajo esta modalidad.

Además de Wilmer González, exgobernador, su otra alianza política es con Jorge Ballesteros, padre de José María Ballesteros, exgobernador que fue condenado por corrupción en 2014, por apropiarse de dineros públicos de una campaña de prevención contra el dengue. Según el fallo de la Corte Suprema, Jorge Ballesteros, el padre, tenía amplia influencia en el manejo de los recursos de la Secretaría de Salud.

Martha Peralta
Esta abogada wayúu es una de las más fuertes para ocupar una curul en el Senado.

Jorge Guevara

Miller Soto
Es el hijo del exalcalde de Barrancas, José Soto Berardinelli. Cuando tenía 15 años fue secuestrado y en medio de un tiroteo recibió un disparo que lo dejó parapléjico. Después de lo sucedido, sus padres se lo llevaron a vivir a Barranquilla. A los 19 años es elegido como concejal de esa ciudad por tres períodos consecutivos.

Indalecio Dangond
Es columnista de medios como El Espectador, El Heraldo y El Informador y ha trabajado para el Ministerio de Agricultura, la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite y Finagro.

Luis Alonso Colmenares 
Su nombre se hizo popular por el mediático caso de su hijo, Luis Andrés Colmenares, quien murió en el caño El Virrey en Bogotá en 2010 en circunstancias que no fueron resueltas. Su caso duró cerca de 7 años en la justicia. Su lema de campaña está enfocado en la búsqueda de la justicia y la eliminación de la corrupción, pero no ha dado a conocer propuestas claras.