A casi dos años de la elección de los Consejos Municipales de Juventud, los consejeros y consejeras aseguran que la promesa de representar y lograr cambios significativos a favor de los y las adolescentes y jóvenes en sus municipios se ha ido diluyendo entre la falta de voluntad política de las autoridades locales y el desconocimiento del Estatuto de Ciudadanía Juvenil. 

Los Consejos Municipales de Juventud revivieron en 2021 con una misión principal: canalizar el inconformismo de miles de jóvenes que protestaron a lo largo del país contra la reforma tributaria del expresidente Iván Duque y la violencia policial durante las manifestaciones, y a favor de la gratuidad en la educación superior. Motivados por esa ilusión, Diana Cuayal del Valle de Guamuez, Putumayo; Elías Jiménez de San Juan del Cesar, La Guajira, y Juan Guillermo Romero de Ovejas, Sucre, se postularon y fueron escogidos como consejeros de juventud el 5 de diciembre de 2021.

“A los consejeros nos tocó el papel más difícil entre la política porque la administración no nos presta atención porque no lo considera importante y los jóvenes tampoco se interesan en escucharnos de la manera en la que queremos. Estamos trabajando a medias con las personas que sí se interesan y con aquellos que sí quieren trabajar con la juventud”, dice Elías Jiménez, un joven de 23 años quien es consejero de juventud de San Juan del Cesar, La Guajira.

Si bien en el año 2021 se impulsó la creación de los Consejos de Juventud en todo el país, basados en la Ley Estatutaria 1885 de 2018, desde 1997 ya se había empezado a hablar en Colombia sobre el Sistema Nacional de Juventud para garantizar la participación y el bienestar de los y las jóvenes. Los Consejos Municipales de Juventud (CMJ) deberían ser uno de los espacios autónomos para encontrar soluciones a las necesidades y problemáticas que viven. En estos deberían tener participación, además, representantes de las organizaciones juveniles campesinas, de comunidades étnicas y población víctima del conflicto armado. 

Aunque todos iniciaron con un número de siete a 17 consejeros, aproximadamente, a lo largo de los dos últimos años sus integrantes han empezado a desertar. Por ejemplo, en el municipio El Carmen de Bolívar, Bolívar, pasaron de 17 a once y en San Juan del Cesar, La Guajira, de 15 a cinco consejeros. Esto se debe a que no han encontrado eco en sus peticiones, no han tenido las garantías para movilizarse y asistir a las sesiones, y otros han hecho sus proyectos de vida fuera de sus municipios. Quienes se mantienen temen que las debilidades en los Consejos de Juventud y el desencanto que han encontrado quienes fueron elegidos repercuta en la desaparición de este espacio de participación que se había logrado abrir.  

“La mayoría manifiesta que sienten que la administración no les brinda la atención necesaria y eso dificulta el proceso. Muchos se han desanimado. Algunos no asisten porque tienen sus ocupaciones. Sí es incómodo que uno trate de llevar el proceso de la mejor manera y que la entidad gubernamental no ponga de su parte”, dice Elías Jiménez.

Juan Guillermo Romero, un joven de 20 años de edad quien representa a los y las jóvenes víctimas del conflicto armado en el CMJ de Ovejas, Sucre, teme que esto repercuta en las urnas dentro de dos años cuando se escojan nuevamente a los consejeros. “Si las cosas continúan como están, la participación va a ser más baja porque los consejos y las plataformas no se han posicionado en los territorios como debería haberse dado durante estos dos años. Mucha gente no sabe qué es un Consejo de Juventud. Creo que las elecciones que se aproximan van a ser muy duras en términos de participación de jóvenes”, lamenta 

Las autoridades los dejan “en visto”

Elías Jiménez cuenta que han tenido que sesionar algunas veces en su casa porque no tienen las garantías para hacerlo en un lugar adecuado dentro del municipio. Por ley, recuerda, deberían tener las sesiones en las instalaciones del Concejo Municipal pero desde que se posesionaron no han encontrado eco en esa exigencia. “Sesionamos parcialmente. Hay momentos en los que hemos sesionado hasta en mi casa, porque muchas veces no logramos conseguir el espacio. Hay unos consejeros que pertenecen a la zona rural y no cuentan con los viáticos para desplazarse hacia el municipio a la sesión. En la zona rural, la conectividad no es muy buena tampoco. Entonces también se dificulta que estén de manera virtual”, agrega Jiménez.

Según la Ley Estatutaria 1885 de 2018, las administraciones municipales deberían proveer el espacio físico con todos los elementos necesarios y destinar recursos que garanticen el funcionamiento de los consejos. Sin embargo, Cuayal, Romero y Jiménez coinciden en que son las Alcaldías, como primeras autoridades de sus municipios, con quienes han tenido mayores dificultades para interlocutar y lograr que cumplan con sus funciones. Estas, además, contemplan: instalar las sesiones de las Comisiones de Concertación y Decisión, donde se exponen las necesidades de la juventud y se hace seguimiento a los planes y programas en su favor; implementar políticas públicas de juventud; y dar respuesta a las peticiones de información hechas por los consejeros.

“Lastimosamente la administración de mi municipio ha estado muy alejada desde el inicio. No se han sacado proyectos específicos para jóvenes. Hemos sugerido que se destine presupuesto pero no lo han hecho. Intentamos proponer y hacer pero no hemos sido escuchados de forma vinculante. Nos escuchan pero no hay resultados”, dice Diana Cuayal, una joven de 26 años consejera del Valle del Guamuez.

Por su parte, Jiménez cuenta que solo hasta hace dos meses, durante una reunión con la Defensoría del Pueblo, se enteraron que había un presupuesto destinado para la juventud a pesar de que la Alcaldía había sido insistente en que no había. “El Enlace de Juventud llegó con que el Consejo contaba con un presupuesto, sino estoy mal, de 17 millones de pesos y con eso era que se iba a realizar la Semana de la Juventud y posiblemente la asamblea”, agrega.

Al respecto, Snick Olivella, enlace de Juventud de San Juan del Cesar, cuenta que como administración han logrado darle las garantías a los y las consejeras. Asegura que han destinado la biblioteca municipal y la sala de juntas de la Alcaldía para las sesiones, se han reunido tres veces para coordinar la Semana de la Juventud, y él se ha encargado de gestionar ante la Alcaldía los transportes hacia Riohacha o El Molino. Sin embargo, reconoce que los tiempos del Alcalde han sido un limitante para avanzar en más acciones este año. “Hemos quedado que se va a hacer la Asamblea, la Mesa de Concertación y no se hace. Toca esperar que el Alcalde tenga tiempo porque se la pasa ocupado y él debe estar en eso”, explica Olivella.

Vanesa Martínez, delegada para la Infancia, la Juventud y la Vejez de la Defensoría del Pueblo, recalca que las obligaciones de la administración municipal no deben limitarse a realizar la Semana de las Juventudes, sino que deben generar proyectos y destinar presupuestos para desarrollar acciones concretas. Agrega, que no se puede señalar solo a las autoridades locales por las debilidades en el proceso pues el funcionamiento depende de ambos actores: Alcaldía y Consejo Municipal de Juventud. 

“Debemos insistir y persistir en el cumplimiento de la Ley Estatutaria a nivel de alcaldías, porque es el primer respondiente en el territorio. Entonces los CMJ acuden directamente a estas entidades. Pero también les hemos sugerido a los CMJ que se estructuren y que presenten propuestas para que eso blinde un poco el proceso”, afirma Martínez.

Avances a paso de tortuga

A pesar de las dificultades, Diana Cuayal, Elías Jiménez y Juan Guillermo Romero reconocen que han logrado realizar algunas acciones concretas en sus municipios. Por ejemplo, Romero destaca que durante la Semana de la Juventud en Ovejas, Sucre, y, con recursos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), realizaron la jornada “Consejo al colegio”, un espacio de sensibilización en las aulas para informar sobre el Estatuto de Ciudadanía, la función del Consejo y la Plataforma Municipal de Juventud, y construir propuestas con los y las estudiantes con base en sus problemáticas. “Hemos encontrado que no se limitan a las instituciones y comparten realidades de su barrio, su comunidad e incluso, su misma familia. Con esto estamos construyendo la agenda”, detalla Romero. 

Por su parte, Cuayal destaca que esta experiencia les ha permitido acercarse a la institucionalidad, interactuar con otros actores de su municipios, entender cuáles son las transformaciones que se pueden y se deben realizar en estos escenarios que antes eran ajenos para ellos y ellas y llevar a cabo las Asambleas de Juventud. “Otro de los logros ha sido mantenernos, resistir y ser activos a pesar de que ha sido un ejercicio difícil y la mayoría de Consejos no están funcionando. Hay una violencia institucional muy fuerte de estigmatización, de infantilización, pero los jóvenes venimos construyendo procesos muy lindos”, afirma. 

Elías Jiménez agrega que en su caso han avanzado en el último año en la construcción de la política pública de juventud gracias al contacto que han establecido con el Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo. Esta, detalla, el consejero, tendrá seis líneas: acceso a la educación, emprendimientos, deportes, prevención del consumo de sustancias psicoactivas, salud y educación sexual. Además, cuenta, que tienen un proyecto para “descentralizar la información de la juventud en su municipio para que llegue a cada territorio” y así saldar los vacíos y la falta de articulación entre el Consejo, la Plataforma y la Alcaldía. 

Sin embargo, estos avances contrastan con la situación de derechos humanos de los y las jóvenes en Colombia. Según Carlos Camargo, defensor del Pueblo, el 43,7 por ciento de los homicidios ocurridos durante el 2022 en el país se concentró en el rango de 14 a 28 años de edad. Además, aseguró durante el lanzamiento del informe de seguimiento al Sistema de Juventud, que: “se evidencia que en razón a sus liderazgos, tanto quienes integran los Consejos como quienes forman parte de las Plataformas de Juventudes, presentan un incremento de amenazas y riesgos a su vida e integridad”. A esto se suma la falta de acción estatal. "Solo el 73 de los 1.102 municipios que tiene Colombia cuentan con una política pública de juventudes y de ese reducido porcentaje no todos tienen planes de acción o indicadores”, agregó Camargo.

Una ley llena de vacíos

Los consejos y consejeras de juventud; Vanesa Martínez, la Delegada para la Infancia, la Juventud y la Vejez de la Defensoría del Pueblo, y Fabián Acosta, director del Observatorio de Juventud de la Universidad Nacional coinciden en que hay falencias de fondo sobre el Sistema Nacional de Participación Juvenil y la Ley Estatutaria 1885 de 2018. La primera debilidad es que no son vinculantes las decisiones y propuestas de los y las jóvenes. Esto quiere decir, que queda a discrecionalidad de las administraciones municipales incluirlas en sus planes de gobierno. 

Al respecto, Acosta asegura que es necesario una reforma que le dé más fuerza a la Ley Estatutaria. “Ojalá puedan consolidarse un poco más con una reforma que les dé recursos y que los haga más decisorios en términos de las demandas de los jóvenes. Esto podría ayudar también a mover las problemáticas juveniles a nivel institucional y a consolidarlas como política pública”, dice Acosta. Diana Cuayal comenta que en estos momentos están recogiendo insumos en distintos municipios del Putumayo para articular con Colombia Joven, la Consejería Presidencial para la Juventud y el Consejo Nacional de Juventudes con el fin de modificar la ley y otorgarle mayor poder a los Consejos.

Vanesa Martínez, delegada para la Infancia, la Juventud y la Vejez de la Defensoría del Pueblo, agrega que hay tres deficiencias principales que repercuten en el funcionamiento del Sistema Nacional de Juventud: el desconocimiento de la Ley, la transición de los gobiernos locales, que dificulta la continuidad de los procesos, y la desarticulación de los distintos actores al no tener claras sus funciones. 

“Si todas las autoridades cumplen con su parte, si se conforma el Consejo Municipal de Juventudes y si tienen las garantías, eso va a generar unas acciones a nivel del territorio que va a impactar a las juventudes en general. Eso va a representarse en el Consejo Nacional y a nivel de los departamentos para que se den los diálogos con el gobierno en todos los niveles y se tengan unos compromisos, a los cuales hacerle seguimiento con una asignación presupuestal real”, detalla Martínez. 

Finalmente, jóvenes como Elías Jiménez consideran que para terminar de blindar el proceso de participación de los Consejos Municipales de Juventud es necesario que más jóvenes apoyen a sus voceros. “Si no nos acompañan no podemos hacer nada. Necesitamos que se interesen por el proceso. Es necesario que, además, la administración y los padres le presten atención a los jóvenes como el futuro y el presente del país”, afirma Jiménez. 

A Belisa Solano, una profesora de 37 años, la han robado tres veces en Fonseca. La primera vez, en enero de 2021, un hombre en una mototaxi la sorprendió mientras se movilizaba en la moto junto a su hija. Amenazándola con un arma le robó el celular. En la segunda, en junio de 2021, un hombre le puso un revólver por la espalda y la amenazó con matarla si no le entregaba la moto y el celular. En ambas ocasiones, Solano denunció en la Policía. En la tercera, el 10 de agosto, optó por no imponer ninguna denuncia porque no ha habido avances, hasta la fecha, sobre sus dos primeras acusaciones.

“Me mostraron una cantidad de hombres, unos cuatro o cinco, para ver si se parecían a las personas que habían realizado el atraco pero no se me pareció a ninguno de ellos. El caso quedó ahí. Lo mismo pasó en la segunda ocasión, reporté la moto y afortunadamente la encontré porque me la dejaron tirada en la entrada a Barrancas”, recuerda Solano.

En Fonseca, un pueblo al sur de La Guajira, personas como Belisa Solano encuentran una serie de obstáculos para denunciar delitos, principalmente los robos. La limitada respuesta por parte de las autoridades para realizar investigaciones exhaustivas sobre los delitos que ocurren a diario en Fonseca y en La Guajira; las fallas en las herramientas virtuales de denuncia; la desconfianza en el sistema judicial, y el desconocimiento de las autoridades encargadas de recepcionar y una oficina que trabaja solo entre semana, son algunos de los obstáculos que refieren los y las habitantes. 

Otro de los casos que muestra estos obstáculos es el de Paola Blanchar, una trabajadora de 23 años. A Paola la robaron a las 3 de la mañana del 9 de julio, cuando estaba cerrando el billar donde labora. Dos hombres con la cara cubierta la abordaron y le quitaron una pulsera de oro, la cédula, el celular y una maleta con sus objetos. El valor de todos los elementos hurtados, según Blanchar, rondaba los 700 mil pesos. “Mi jefe llamó enseguida a la Policía pero ellos ni se acercaron al local. Llegué a la estación para poner el denuncio de mi cédula pero no me preguntaron mayor cosa. Creo que es una de las inconformidades que hay acá, uno le hace saber a la Policía y ellos como si no les importara nada. La Fiscalía dice que vaya primero a la Policía. Cada uno se tira la bolita”, agrega Blanchar.

Solano y Blanchar personifican el sentimiento compartido de gran parte de la población de Fonseca que sostiene que: ”denunciar no sirve para nada”. Esta percepción ha tomado fuerza en en el municipio al tiempo que han incrementado  los robos y homicidios en el municipio de manera sostenida desde 2019. Según cifras del Secretario de Gobierno entregadas a Consonante en febrero de este año, los robos pasaron de ser 86 en 2021 a 117 en 2022, los robos de carros aumentaron de tres a doce y los hurtos a establecimientos comerciales y a motos se redujeron de ocho a siete y de 23 a 22, respectivamente.

El viacrucis para radicar una denuncia

Para denunciar en Fonseca, un habitante tiene la opción de dirigirse a la sede de la Fiscalía en el municipio que está abierta de lunes a viernes. Cuando son temas urgentes que se presentan los fines de semana, deben ir hasta San Juan del Cesar donde funciona la Unidad de Reacción Inmediata (URI), un centro de atención a la ciudadanía en donde se atienden los delitos que requieran intervención inmediata de la justicia. El ente investigador tiene, además, la página A Denunciar, donde se pueden interponer las acusaciones de forma virtual. Después de esto, los casos son dirigidos a fiscales de intervención temprana, quienes priorizan los casos y dan atención a las denuncias urgentes. Estos son los canales que la entidad tiene como puerta de entrada para acceder al sistema de justicia. 

Silvia Helena Hoyos, directora seccional de la Fiscalía en La Guajira, explica que en el departamento y por lineamiento de la Fiscalía General de la Nación, se priorizó la atención de los casos de homicidio, violencia sexual y violencia intrafamiliar. “Es por eso que la violencia sexual y la violencia familiar han tomado el carácter de actos urgentes, entonces se atienden de manera inmediata”, detalla Hoyos. 

Los y las habitantes del municipio aseguran que no es suficientemente claro quiénes son los encargados de recibir las denuncias. Esto lleva a que los ciudadanos se confundan y no sepan a dónde acudir y, por otra parte, a que los funcionarios no recepcionen los casos que les llegan. De esta manera, denunciar los casos termina en una cadena de ir de un lugar a otro sin obtener respuestas. “Por regla general las denuncias se colocan en la Fiscalía pero hay más autoridades que pueden recibirlas. Por ejemplo, la Inspección de Policía o las unidades Seccionales de Investigación Judicial y Criminal (Sijin) pueden recibirlas y remitirlas a la Fiscalía, que es la competente para tramitar los procesos legales”, explica Juan Jaime Peralta, personero municipal. 

Para Arturo Suárez, subdirector de la Escuela de Justicia Comunitaria de la Universidad Nacional de Colombia, es importante tener claro que la Inspección de Policía actúa en los casos de problemas de convivencia; las Comisarías de Familia, reciben los casos de violencia intrafamiliar y maltrato a la niñez, y los Defensores de Familia y la Policía, se encargan de la captura; la Fiscalía recibe las denuncias e investiga; y los jueces, finalmente, valoran los hechos y tomar una decisión. “Al que ven frecuentemente es al policía y le exigen a la Policía que responda por todo pero no es su competencia”, afirma.

Eder Huguez Peñaranda, secretario de Gobierno, reconoce este problema. “Hay dos aspectos relevantes. El primero, la cultura. Fonseca no es un pueblo de denuncia, no sé si eso lo genera el temor o la desconfianza. Lo otro es que no tenemos URI”, afirma Peñaranda para quien es evidente que hoy en día hay un subregistro de hurtos y robos. Sobre el primer caso, una habitante de un corregimiento de la Serranía del Perijá en jurisdicción de Fonseca, quien prefiere mantener el anonimato por miedo a represalias, aseguró que ha evitado denunciar el robo que sufrió en su finca porque conoce a los presuntos criminales y podrían agredirla. 

Hoy en día, los delitos más denunciados en Fonseca son el hurto, las amenazas, las lesiones interpersonales, la falsedad en documento y la violencia intrafamiliar, según Silvia Helena Hoyos, directora seccional de la Fiscalía en La Guajira. Hoyos detalla que durante la vigencia de 2023, que comprende enero a agosto de este año, tienen entre los registros de denuncias de Fonseca: cinco homicidios, de los cuales, asegura, han esclarecido un 80 por ciento. Además, cuentan con 147 denuncias formuladas por hurto. Al respecto la Directora de la Fiscalía especifica que estos pueden ser de vigencias pasadas, es decir, de meses anteriores que hasta ahora se denuncian. 

En el caso de los hurtos (cuya cuantía no supere los 150 salarios mínimos legales vigentes) y las lesiones personales, el tiempo máximo para que la justicia asuma el caso es de seis meses desde que ocurrió el delito, según la ley 1826 de 2017. Para el resto de crímenes, como lo establece el Código Penal, el tiempo máximo de prescripción es de cinco a 20 años, dependiendo del tipo de delito. Esto quiere decir, que el Estado tiene ese tiempo límite para castigar a los culpables.

A los problemas de radicar denuncias de formas tradicionales, se suman las barreras para hacerlo de manera virtual. Primero, porque no hay suficiente pedagogía sobre su existencia o sobre cómo usarla, y porque las preguntas suelen ser extensas y las personas desisten. Esto sin contar que la página de denuncias virtuales, A denunciar, suele caerse o no hay suficiente conectividad para acceder. Incluso, para llenar el formulario se debe disponer de al menos una hora para incluir los datos sobre los hechos, testigos, los presuntos culpables y los elementos hurtados.

Silvia Helena Hoyos, directora de la Fiscalía seccional La Guajira, reconoce que: “a veces la página puede colapsar, enredarse o parecerle al usuario que puede estar muy amplio el cuestionario. Pero en realidad son las preguntas básicas que necesita el fiscal para conocer los hechos y tratar de evitar al máximo estarlo citando a una ampliación”.  

La impunidad

“¿Para qué denunciar si no voy a tener ningún resultado? Quienes somos víctimas no denunciamos porque no va a suceder absolutamente nada. Siento que las leyes y las autoridades no están haciendo su trabajo ni el acompañamiento a la comunidad. Es preocupante que tengamos que vivir en esta situación”, dice Belisa Solano.

La falta de acción de las autoridades en la captura, judicialización y esclarecimiento de los casos ha generado que los y las habitantes de Fonseca desconfíen en la justicia. Andrés Idárraga Franco, secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, denunció en redes sociales durante una visita a La Guajira en junio que en este departamento hay una “impunidad sistemática que convierte a La Guajira en un departamento fallido en lo judicial”. Según Idárraga, al menos 85 por ciento de las investigaciones por corrupción en manos de la Fiscalía o juzgados penales han prescrito o están en inminente prescripción. El Índice Global de Impunidad, publicado por la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), detalla que La Guajira tiene un índice de impunidad de 49 por ciento. 

Al respecto, la Directora de la Fiscalía seccional La Guajira asegura que la percepción negativa sobre el avance de las investigaciones por parte de la población se debe a que “los seres humanos tenemos una sensación general de insatisfacción”. Agrega que se han logrado avances significativos en el esclarecimiento. “En los cinco homicidios ya sabemos quién es el autor y tenemos unas órdenes de captura ordenadas por un juez. Estamos esperando que la Policía Nacional o la Sijin las materialicen para poder judicializar de manera concreta. Otra cosa es que el juicio todavía no se lleve a cabo y que a veces a las personas les cueste un poquito esperar y tener paciencia. Eso no depende sólo de Fiscalía porque los juicios se adelantan ante los jueces, quienes tienen grandes cargas de trabajo”.

Hoyos asegura que los casos que se presentan mayores obstáculos para esclarecer son los hurtos a pesar de que son los delitos que más se denuncian. La Directora explica que esto se debe a la debilidad en las pruebas pues en algunos casos no hay cámaras y alrededor del 50 por ciento de las que han sido instaladas por la Alcaldía están deterioradas o no funcionan. 

Carmen Puche cuenta que a finales del año pasado le hurtaron de su casa una lavadora. Un testigo le contó quién había sido el presunto ladrón, ella fue hasta la casa de él y junto al joven y la Policía hizo recorridos por los barrios para que le dijera dónde había vendido la lavadora. “A las 6 de la tarde llego a la Estación de Policía y me dicen que lo van a dar salida porque no lo encontraron en flagrancia. Él se fue a dormir a la casa tranquilo. Después, reuní pruebas con las cámaras de tiendas recordando la hora del robo y pudimos seguir el recorrido que había hecho el muchacho gracias a una calcomanía de la moto y por la llanta delantera. Fueron tres días buscando hasta que ubicamos mi lavadora”, agrega. A pesar de que varios testigos lo identificaron, la Policía no tomó ninguna medida contra él. 

Para Arturo Suárez, subdirector de la Escuela de Justicia Comunitaria de la Universidad Nacional de Colombia, este tipo de situaciones en el que las víctimas de delitos terminan por interpretar que la justicia no actuó afecta su confianza en las instituciones. Por eso, para él, no solo es necesario que la justicia opere sino que la ciudadanía entienda cómo funcionan los operadores de justicia que se deben cumplir.

El especialista agrega que el acceso a la justicia no se limita a la posibilidad de interponer una denuncia sino que son un conjunto de condiciones que impiden el goce efectivo de las personas al derecho a la justicia. “Las barreras no son solamente aquello que dificulta instaurar una denuncia o promover una demanda, sino también la comunicación e interacción que se tiene después de haber colocado la denuncia o la querella, con el sistema. Se esperaría que este le debe brindar amparo, protección y respuestas eficaces, oportunas y concretas a uno como ciudadano pero lo que se ve es que sencillamente no se mueve”, afirma Suárez. 

Las salidas

Para recuperar la confianza en el sistema de justicia y acceder a este derecho, Arturo Suárez asegura que se debe priorizar la atención de los casos. “Pasan hasta dos o tres años y las víctimas no reciben una llamada de parte de la Fiscalía y cuando la reciben, en la mayor parte de los casos, es para ver si uno tiene información para ampliar la denuncia”, afirma Suárez. Además, agrega que se debe tener en cuenta el papel de la justicia comunitaria y su potencial para resolver conflictos comunitarios a través de la mediación y la conciliación. 

El subdirector de la Escuela de Justicia Comunitaria de la Universidad Nacional considera que se debe hacer una caracterización de los delitos para entender qué factores influyen en el incremento de ciertos casos. “Podemos decir si los hurtos obedecen a redes transnacionales o si lo que más se produce son las lesiones personales, producto del consumo de alcohol. Esto permite leer el contexto local e interpretarlo para construir estrategias de acceso y resolución”, explica Suárez. 

Hernando Herrera Mercado, director de la Corporación Excelencia para la Justicia (CEJ), añade que se debe trabajar en tres frentes: la reforma a los código penales para que prioricen a la víctima y no a los victimarios; incrementar el número de despachos judiciales y de fiscales en los departamentos olvidados estatalmente; crear procedimientos y trámites expeditos para que el ciudadano también se sienta motivado a denunciar; y fortalecer la presencia estatal en cuanto al acceso a servicios básico e internet.

Por lo pronto, la Alcaldía de Fonseca y de Barrancas junto a la Fiscalía tienen el proyecto de ampliar la sede del ente investigador en Fonseca, para que haya una persona que pueda estar disponible las 24 horas de los siete días de la semana. Según el secretario de Gobierno, la inversión que se realizará será de aproximadamente 880 millones de pesos. De estos, Fonseca aportará 400 millones de pesos y Barrancas, los otros 480 millones de pesos restantes. Aunque ya el proyecto tiene los Certificados De Disponibilidad Presupuestal (CDP), que garantizan la asignación de los recursos, aún no se ha firmado el convenio.

La Fiscalía asegura que junto al Ejército y la Policía están investigando las estructuras criminales que cometen estos delitos para esclarecer los robos en el municipio y en La Guajira. Mientras las autoridades muestran resultados frente a los delitos denunciados, los y las habitantes del municipio temen que cada día se pierda aún más la credibilidad en el sistema judicial y se tome justicia por cuenta propia. “Le provoca a uno tomar justicia por mano propia. De pronto por la manera de crianza, por los valores, uno no es capaz de decirle palabras vulgares o darle una ‘palotela’ a esa persona, pero eso es lo que en realidad provoca al ver la injusticia del sistema judicial de Fonseca”, agrega Solano.

Aunque por años los habitantes de Tadó han pedido estudios que garanticen que el agua que les suministra el acueducto es potable, a la fecha no se tiene un análisis que lo concluya. En el último estudio que dio a conocer la Empresa de Servicios Públicos Aguas de Tadó, de diciembre de 2022, solo se tomaron muestras de su planta de tratamiento y no del trayecto del agua por las tuberías.

La empresa Aguas de Tadó envió a análisis 1.500 ml de agua tratada y captada del Río Mungarrá, proceso que estuvo a cargo del laboratorio Aliscca. 

 “La empresa Alissca nos hizo los estudios hasta el año pasado, estos estudios arrojaron positivo para el consumo del agua que se suministra. Para reducir la propagación de bacterias estamos lavando las plantas periódicamente cada dos meses ya que el agua que utilizamos para darle a la gente viene de Santa Catalina y la otra del Río Mugarrá”, indicó Emanuel Murillo, gerente de la empresa Aguas de Tadó.

Murillo agregó que el agua que suministra a los hogares en Tadó está garantizada: “El agua se trata con cloro y sulfato y se tienen las máquinas que hacen todo el proceso para que sirva para el consumo humano y con los parámetros indicados”.

Frente a la posible presencia de metales pesados, como mercurio, Murillo indicó que no se tienen estudios, pero que se conoce que en el Río Mungarrá se trabaja la minería. “Para nadie es un secreto que se utiliza mercurio en el río, vamos a avanzar con la Secretaría de Salud para que ellos puedan tomar esas muestras”.

(Ver documental: Agua mala)

¿Qué dicen los estudios?

Nubia Carolina Higuera Mora, microbióloga industrial de la Universidad Javeriana, indicó que las muestras arrojan que el agua es apta para el consumo humano. “Teniendo en cuenta los tres parámetros que fueron analizados -recuento de mesófilos, de escherichia coli y coliformes totales-, esa muestra que se llevó a análisis está entre los parámetros que son permitidos para la resolución de agua potable. Los mesófilos son los microorganismos que normalmente crecen en temperatura ambiente y ese resultado (18 unidades formadoras de colonia) son muy bajos y no afectan la calidad del agua. En los indicadores para ver si el agua está en contacto con heces fecales de seres humanos o animales, el resultado es negativo”, dijo.

Sin embargo, puntualizó que teniendo en cuenta que la muestra se tomó en la bocatoma, “el agua podría adquirir contaminación por donde pase, incluyendo las tuberías. Y habría que evaluar la permeabilidad de las mismas, si hay filtraciones o si en algún punto están deterioradas”. A su vez, como en el caso de Tadó, que el agua se mantiene en tinas, Higuera recomienda analizar también los recipientes. 

(¿Cómo limpiar su tina de agua y evitar enfermedades?)

Además, varios estudios demuestran que un sistema hidráulico en mal estado puede convertir las propias tuberías en bioreactores que facilitan que se multipliquen bacterias y patógenos peligrosos contaminando el agua. “La contaminación del suministro de agua ocurre debido a la desestabilización del material de la tubería y los depósitos en el sistema de distribución de agua debido a procesos fisicoquímicos y microbiológicos que se han desarrollado durante décadas y causan problemas de salud ( Hepatitis C y enfermedades gastrointestinales) que dan como resultado la tasa de mortalidad de 3,4 millones de personas en todo el mundo”, dice un estudio publicado por el International Journal of Research Publication and Reviews.

¿Qué dice la gente?

En Tadó solo el 60 por ciento de la población cuenta con el servicio de agua y quienes lo tienen, máximo pueden hacer uso de esta 8 horas al día, según informa la empresa Aguas de Tadó. Sin embargo, algunos habitantes reclaman que el servicio es intermitente y que no se sabe cuándo llega o cuándo la quitan.

Yirson Marino Ledezma, Personero de Tadó, indicó que aunque hasta ahora no se registran quejas formales por la calidad del agua, es necesario que quienes tengan inconvenientes o presenten algún síntoma lo reporten ante las instituciones encargadas.

“Es importante conocer de cualquier situación que esté afectando la salud humana, saber en realidad si el agua presenta metales pesados o bacterias que afecten la salud humana. Haremos los requerimientos necesarios para que se realicen los estudios y poder tomar medidas”, puntualizó.

Además, algunos habitantes de Tadó siguen desconfiando de la calidad del agua y reportan que se han enfermado. “Solicité que me quitaran el servicio de agua porque cuando consumía esa agua del acueducto me daba diarrea constante y ahora que no la utilizo no he vuelto a tener problemas de esa naturaleza. Igual que yo, muchas personas no toman esa agua porque no tienen claro si es de calidad”, dijo Nasly Copete.

Por su parte, Gabriel Copete, docente jubilado, señaló que tampoco confía en el servicio. “El agua del acueducto la utilizamos para algunos oficios domésticos y no para el consumo o para preparar alimentos o beber porque no hay claridad sobre su calidad”.

Otros cuestionan que el servicio sea intermitente: “El acueducto de Tadó no tiene horario fijo, a veces la ponen por ratos. Yo la utilizo para bañarme y para hacer oficios en la casa y no la bebo porque no hay garantía de qué agua nos mandan a la casa, yo compro agua en bolsas para beber”, indicó Juan José Mosquera.

Frente a las quejas, Emanuel Murillo, gerente de la ESPAT, responde que han promovido campañas para que la gente confíe en el agua del acueducto: “Utilizar el agua lluvia viene de años y ha sido difícil que la gente confíe en el agua que suministramos a pesar de que tienen la acometida. A través de la trabajadora social y colaboradores ambientales hemos salido a educar a la gente sobre la importancia de consumir el agua de la empresa y no mezclarla con agua lluvia debido que esta podría estar contaminada”.

Lo que sigue

Es necesario que se analicen más muestras del agua que está llegando a las casas y se revisen las tuberías. La Personería indicó que pedirá a la Secretaría de Salud que se hagan estas muestras.

Por su parte, Emanuel Murillo, gerente de la ESPAT, indicó que necesitan más recursos por parte de la Alcaldía municipal para poder garantizar el servicio del agua las 24 horas. “Esto por ahora es imposible, es muy difícil”, dijo.

El 10 de abril en el municipio de Fonseca un árbol de acacia cayó sobre un carro Spark, modelo 2016. Pedro Segundo Solano, de 65 años de edad y propietario del vehículo, indica que la caída del árbol afectó el 70 por ciento del automóvil, dañando el panorámico delantero y trasero, el capó y la cabina superior.  Todo esto sucedió luego de un fuerte aguacero.

“Entré a la Universidad de la Guajira a dejar dos pasajeros, iba con dirección hacia la Clínica de la Esperanza y estaba lloviendo. Cuando iba pasando por el Parque de la Virgencita me cayó una rama en la cabina del carro, frené y al mismo instante se cayó el árbol encima del vehículo.  Salí de prisa por el panorámico frontal porque las ramas no dejaban abrir las puertas para auxiliar a las dos pasajeras que llevaba. Las dos pasajeras sufrieron golpes leves, la copiloto se desmayó de la impresión y fue llevada de urgencias al hospital en donde permaneció por una hora”, cuenta Pedro Segundo.

El año pasado se reportaron varios árboles caídos: 6 en el casco urbano, 5 en la Serranía del Perijá, 2 en el resguardo indígena de Mayamangloma y 2 en la región de Almapotoque. Y en lo corrido de 2023 van cinco emergencias. 

No todos los árboles serán talados

El Consejo Municipal de Gestión del Riesgo reporta que hay al menos 106 árboles que deben ser intervenidos urgentemente, 24 de estos en el casco urbano y 82 en la zona rural.  Wilmer Pitre, integrante del grupo de apoyo del Consejo Municipal, indica que realizaron un censo en conjunto con Corpoguajira para ubicar los árboles que requerían atención, aunque no todos serán talados. “Identificamos algunos árboles que ya cumplieron su ciclo de vida y se encuentran en evidente deterioro. Mediante un acta entregamos las coordenadas de su ubicación para que se nos otorgue el permiso, luego nosotros buscamos a las personas encargadas de realizar el trabajo de tala y se procede a sembrar un árbol nuevo”, recalca.

“En cuanto a esta temporada de lluvias que se avecina, pedimos a la comunidad no albergarse debajo de los árboles cuando esté lloviendo o que se puedan ver con raíces levantadas y que se evidencie que están huecos, como sucedió hace pocos días con una ceiba en el bulevar de la plaza Simón Bolívar de Fonseca y al igual que el tradicional ceibote del cementerio que también fue talado después de que se desprendiera una gruesa rama que, por fortuna, no causó una tragedia”, agrega.

Sin embargo, los ambientalistas en Fonseca reclaman que no todos los árboles sean talados. Jaser Arafat, líder de un grupo de ambientalistas, señala que “primero deben dar a conocer el estudio técnico dónde se dé las causas del por qué los van a talar. Como, por ejemplo, el estado del sistema fitosanitario, los riesgos que representan para la comunidad y por qué no se pueden podar. También, qué especies de árboles van a reemplazarlos”.

¿Qué dicen las autoridades?

Corpoguajira es la entidad responsable del cuidado de los árboles en Fonseca y cualquier institución que requiera talar un árbol debe solicitar permiso ante esta. La directora territorial de Corpoguajira, Estela Freyle Lopesierra, indicó que en materia ambiental se establece que aquellos árboles que impliquen situaciones de riesgo deben ser talados por emergencia. “En todos los casos, al igual que cuando se hace un permiso forestal, se aplica un proceso parecido. La ley establece que un tercero- toda persona natural o jurídica - puede solicitar ante la corporación un permiso para talar si se trata de una situación de emergencia, dependiendo si el árbol está en espacio público u propiedad privada. Si están ubicados en espacio público el responsable es el representante legal del municipio con jurisdicción donde está el árbol, es decir el alcalde, según la Ley 99 de 1993, que es la misma que rige a las CAR. Los alcaldes están en obligación de solicitar formalmente ante la corporación la tala, la poda, la manipulación y cualquier tratamiento que se le vaya hacer a los árboles”, resalta.

Corpoguajira se encarga de otorgar los permisos ambientales de manera formal. Por ejemplo, los árboles que están en los tramos viales y que representan un peligro hacen parte de Invías. En la mayoría de los casos hay un contrato de concesión que tiene Invias con un tercero y es a través de esos operadores que debe solicitarse el permiso para talar o podar. La corporación puede corroborar el inventario forestal y priorizar cuáles son esos árboles a intervenir y que representan un peligro.

¿Por qué cuidar los árboles?

El municipio vive el primer ciclo de lluvias, que contempla desde finales de marzo hasta mediados de junio. Para evitar emergencias se requiere que se hagan diagnósticos, podas y talas de los árboles que se encuentran en mal estado.

La ingeniera ambiental Olga Margarita Herrera Torres puntualiza que “los árboles deben estar en constante monitoreo por parte de las entidades responsables para evitar su deterioro o un desarrollo que sea negativo para su entorno. Dependiendo de si están en bosques, ejes viales, zonas urbanizadas, etc. Estas medidas van a variar dependiendo de la especie de árboles”.

Herrera indica que la razón más importante de cuidar los árboles es porque estos aportan a la limpieza del aire y a regular el cambio climático. “Se necesitan árboles sanos, los árboles forman bosques que se convierten en los responsables de sostener la vida y benefician a todo ser vivo del planeta con un trabajo que no vemos, pero que sí podemos sentir como, por ejemplo, el almacenamiento del carbono”.

Herrera recomienda algunas prácticas claves para mantener un árbol en buenas condiciones de vida: “Debemos regar los árboles tres veces por semana, con suficiente agua. Sin embargo, en algunas ocasiones depende de la especie de planta y el tipo de clima en el que se encuentre. Se recomienda librarlo de las malezas, protegerlo de las plagas y hormigas y evitar que las personas estén en permanente contacto con su corteza y, por supuesto, realizar podas periódicas dependiendo del tipo de árbol y los motivos para lo cual son utilizados”. 

En Fonseca hay cuatro especies de árboles en peligro de extinción: guayacan, corazón fino, puy y olla de mono.

¿Quién responde por los daños ocasionados por la caída de un árbol?

Pedro Segundo Solano indica que luego de la emergencia que dejó su carro dañado en un 70 por ciento no sabe a quién recurrir. “Yo tengo unos recorridos con estudiantes del Cristo Rey y me toca rebuscarme como pueda para pagarle a otro y que me haga el recorrido. Con ese carro yo mantengo a mi familia que somos 5 personas. El alcalde y el secretario de Gobierno se acercaron al sitio del accidente y me dijeron que les llevara la cotización de los daños del vehículo para ver con cuánto me podían ayudar, mi carro no tiene seguro contra accidentes y me toca ver con cuánto me ayudan, lo demás me toca a mí”, dice con preocupación.

Sin embargo, en Colombia ya hay jurisprudencia al respecto. En un caso por la caída de un árbol contra un vehículo en Bogotá, el Consejo de Estado (en el fallo 2000-0007 de 2014) obligó a la Alcaldía a pagar los daños ocasionados al considerar que hubo un fallo en el servicio de mantenimiento de un árbol.

Lo que sigue

Si una persona conoce sobre un árbol en mal estado puede reportarlo ante la Oficina de Gestión de Riesgo y ante Corpoguajira.  Actualmente en Fonseca se desarrolla una jornada de sensibilización en colegios y con la comunidad para hacer jornadas de limpieza e impulsar la siembra de árboles.

Además, Corpoguajira indica que adelanta un programa radial donde tratan temas como el cambio climático y las emergencias que se pueden dar en temporadas de lluvias, así como consejos para los campesinos y la población en general.

En varias comunidades indígenas y centros etnoeducativos de Hatonuevo, Manaure, Albania, Distracción, Barrancas y Fonseca, en la Guajira, los estudiantes completan más de un mes sin transporte escolar. Desde el 8 de marzo el Ministerio de Transporte expidió una resolución que permite que en las comunidades se autorice el uso de vehículos de modelo 1999 en adelante por dos años más, es decir, hasta el 2025. Sin embargo, la demora ahora radica en que se debe expedir un certificado por cada carro que prestará el servicio.

“Los vehículos deberán ser reemplazados por otros con características de homologación para el servicio de transporte escolar, de doble tracción, teniendo en cuenta el siguiente esquema de transición: Los modelos 1999 a 2005, por modelo 2009 o posterior, a más tardar el 1 de enero de 2025 y los modelo 2006 y posteriores, por modelos 2010 en adelante, a más tardar el 1 de enero de 2026”, dice la resolución del Ministerio de Transporte.

En la resolución, el Ministerio de Transporte agrega que a partir del 1 de enero de 2026 todos los vehículos que se destinen “al servicio de transporte terrestre automotor de pasajeros especial escolar étnico, de minorías raciales y culturales, deberán cumplir las condiciones de homologación para el servicio de transporte especial escolar y no podrán tener más de 15 años de uso, contados a partir de la fecha inicial del vehículo”.

Sin embargo, Angel Estelló, líder de 107 transportadores e integrante del cabildo negro de Hatonuevo, indica que el problema ahora es que el Ministerio de Transporte, sede La Guajira, debe expedir un certificado por cada vehículo y avalado por la alcaldía del municipio. “Esto nos trae una nueva dificultad, para mí son temas políticos que van por encima del derecho a la educación. La expedición de cada vehículo tardaría unos 15 días, creemos que de acá hasta Semana Santa no habrá transporte escolar”, indica. 

“Nosotros entregamos las carpetas, con los certificados del Soat, tecnomecánica, resolución y el modelo de cada vehículo. A ninguno nos han dado ninguna respuesta”, puntualiza.

El jueves, 23 de marzo, se registraron bloqueos en Barrancas y Fonseca por la falta de transporte escolar en las comunidades rurales.

Deserción escolar y bajas notas, entre las consecuencias

Elesmi Carrillo, tía de tres estudiantes de la Institución Etnoeducativa Rural Guaimarito, en Hatonuevo, cuenta que cuando no tienen el servicio de transporte debe pagar 2.000 pesos por trayecto en moto. “Ella ha perdido clases y ahí se perjudica porque no le ponen las notas y luego tiene bajas calificaciones. La niña pierde las notas por la falta del transporte porque a veces los docentes no la dejan entrar al aula de clases por llegar tarde”, dice.

Alexander Martínez, rector de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Fonseca, indica que el tiempo que estuvieron sin transporte escolar fue muy difícil para los jóvenes porque “estaban desmotivados y hubo deserción escolar. Nosotros alcanzamos tres meses sin transporte escolar. Algunos niños se retiraron de la institución y en las clases hubo un atraso porque por mucho que el profesor quiera atender a uno o dos estudiantes que no vinieron a unas clases, no es lo mismo porque descuida entonces el resto, a unos 32 estudiantes”, añade. Actualmente hay rutas en Cardonal, Villa Hermosa y El Hatico. 

Por su parte, Manuel Guerra, rector de la Institución Técnica Agropecuaria de Conejo, indica que el transporte se solucionó en el corregimiento en las rutas de Trigo y Kilómetro 0,  hace dos semanas. Y esta semana inició la tercera ruta que faltaba para recoger a los niños y niñas de Pondores.

“Unos niños venían a pie, otros en mototaxi, los tenían que traer los padres de familia y era muy complicado, algunos no podían venir. Si los pelaos no van al colegio se afectan académicamente”, agrega Guerra.

¿Qué dicen las autoridades?

La Secretaría de Educación departamental informa que el transporte ha iniciado paulatinamente, pero que, en algunas zonas, los indígenas no han permitido el acceso porque buscan que sean sus vehículos los que sean aprobados. La Secretaría comunica que para la vigencia 2023 la Administración Departamental contrató como operador de este servicio complementario de educación a la Unión Temporal Costa Caribe, por un costo de 18.953.420.367 millones de pesos.

El servicio de transporte escolar contará con 332 vehículos, para los cuales de manera planificada se han establecido 292 rutas, distribuidas así: 100 se prestarán en el área urbana y 192 en el área rural, con cubrimiento en 78 establecimientos educativos.

Y aunque la mayoría de solicitudes para certificar cada uno de los vehículos, según los líderes transportadores, ya fueron enviadas al Ministerio de Transporte, sede de La Guajira. De esta cartera informaron a Consonante que están dando respuesta “por orden de llegada”. Aunque se intentó hablar con el director territorial Nolberto José Larrada Mejía, para explicar el trámite y avance de los certificados, no fue posible.

Lo que sigue

Angel Estelló, líder de los transportadores, indica que, si hasta el lunes no les dan respuesta sobre los certificados de los vehículos, las comunidades harán una nueva protesta o viajarán hasta Bogotá para que les resuelvan sus reclamos. Este lunes las comunidades Wiwa y Wayúu, junto con los líderes transportadores, se van a reunir para estudiar nuevas acciones. 

En todas las calles del corregimiento de Guayacanal, sin excepción, hay zanjas de dos, tres y hasta cuatro metros de profundidad. Hace seis meses empezaron las obras para el alcantarillado en el pueblo y al día de hoy los huecos profundos, abandonados y sin tapa, son la única señal visible de la construcción. En uno de esos pozos murió Eliécer Daza Cuello, un obrero de 47 años que trabajaba en la obra. Daza Cuello murió a las dos de la tarde del 18 de enero en el sector de Corral de Piedras, a tres kilómetros de Guayacanal.

La noticia de su muerte puso en alerta a toda la comunidad que sospechaba que algo así podía ocurrir en cualquier momento.

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Después de tres años sin disfrutar del carnaval por la pandemia, Fonseca, en la Guajira, vuelve a vestirse con el colorido que la caracteriza en estas fiestas. Los plumajes, los canutillos y las lentejuelas de los vestuarios de las reinas, las comparsas y los disfraces de todo aquel que decide disfrutar de esta máxima expresión cultural. 

Este año, las  fiestas de los dioses “Momo”, “Baco” y “Arlequín” se realizarán del 17 al 19 de febrero, y estarán marcadas por desfiles callejeros con la participación de las reinas centrales y populares, comparsas y danzas folclóricas: cumbias, cumbión, baile negro, congo grande, garabatos, colitas, mapalé mezcladas con la champeta y el reguetón. Los escenarios principales serán  la avenida Santander, la plaza Simón Bolívar y la tarima Tierra de Cantores. 

Aunque todavía no se conoce la lista oficial de artistas, se habla de la participación de Simon Figueroa acompañado de LuisDa Solano, Jaider Brito y la Orquesta Shekeré. Este viernes es el desfile de “Batalla de Flores” desde el barrio El Carmen hasta la plaza Simón Bolívar. El sábado tendrá lugar el desfile “Fonseca de Fantasía” desde Fointer Club y el domingo se eligirán a las reinas y a las comparsas ganadoras.

El carnaval es un evento de concurrencia masiva que no distingue de raza ni clase social. Los eventos públicos en la plaza principal son gratuitos y los asistentes tienen la oportunidad de disfrutar las diferentes actividades y artistas que se presentan en la tarima. Es allí en donde el público estalla saltando y coreando sus canciones preferidas. “En el carnaval las personas se desprenden de cualquier prejuicio social y se lanzan a disfrutar”, afirma Bladimiro Manjarrez, profesor y gestor cultural.

En Consonante reunimos cuatro motivos que demuestran por qué los eventos gratuitos, las reuniones familiares, las comparsas barriales y los sancochos barriales hacen de esta celebración una verdadera fiesta para el pueblo.

1. Una fiesta gratuita

El carnaval es un evento totalmente gratuito a diferencia de otros como el Festival El Retorno, donde en agosto del año pasado hubo palcos con precios entre los 500 mil y el millón de pesos, y entradas generales de 30 mil y 50 mil pesos.  

Otros eventos en el departamento como el Festival Folclórico y Cultural de Los Laureles, en Distracción y que se celebra en mayo; y el Festival Nacional del Carbón, en Barrancas y que se celebra en octubre, también tienen costo.

Bladimiro Manjarrez afirma que en Fonseca “los carnavales son la fiesta más popular y de integración de toda la comunidad”. “Mi herencia carnavalera nace de mi madre Alicia Manjarrez, era la fiesta que más disfrutaba, por eso digo que yo nací carnavalero y disfruté los carnavales”, agrega este fonsequero, de 71 años.

Para Manjarrez, el carácter popular de esta celebración se ve en cualquier sitio donde se celebra esta fiesta, no solo en Fonseca. “La intención es manifestar la idiosincrasia y cultura de cada región, resaltar y destacar los personajes que forman parte de la cultura del pueblo”, explica. Sin embargo, reconoce que con el paso de los años se han perdido algunas tradiciones populares. Por ejemplo, los pilones organizados por familias en los que cantaban versos acompañados de tamboras tanto en el día y la noche. 

Pero para otros fonsequeros la confluencia de clases se sigue viendo en los eventos gratuitos. “En las fiestas se disfruta sin ningún prejuicio. Es un evento donde logramos ir personas de los diferentes estratos sociales y con el motivo de que es totalmente gratis podemos acceder a esa clase de eventos”, dice Sabrina Molina, de 44 años.

2. Un plan familiar

Desde sus inicios ha sido tradición involucrar a personas de todas las edades en los preparativos para la celebración del carnaval.  La elaboración de los atuendos que se van a lucir, y las actividades para la consecución de los recursos para la compra de los insumos que demanda la celebración motivan la reunión de familias y hasta vecinos. 

La familia en consenso escoge la casa más apropiada para reunirse, que sea amplia, con espacio para montar la olla y poder bailar. Los niños son quienes más disfrutan correteandose unos a otros para mojarse y lanzar maizena y espuma. Además, dentro de la programación oficial del carnaval suele haber eventos exclusivos para los niños y niñas que disfrutan acompañados de un adulto responsable.

“Esta celebración reúne a toda la comunidad, uno ve a toda la familia: abuelos, adultos y niños”, dice Nafer Isidoro Vergara Amaya, gestor cultural y expresidente de los carnavales de Fonseca. Vergara dice, además, que los preparativos del carnaval motivan el intercambio generacional dentro de los núcleos familiares. “Son actividades de sano esparcimiento dentro del disfrute en familia a través de la cultura y entra a jugar un gran papel la inversión de valores porque este es un proceso pedagógico que debe iniciar desde casa y decirle a los hijos que está bien y que está mal”, afirma.

La matrona fonsequera Elvia Martínez, de 86 años, sostiene que “el carnaval se goza en los barrios, en los salones de baile, en los patios, con bancas de madera y pistas improvisadas. Recuerdo que antes iba a la Caseta Estrella, el Iris, el Diamante, la Colita y la Currucuchu”. Martínez ha disfrutado de los carnavales durante toda su vida. “Los carnavales los empecé a disfrutar desde los 18 años, antes los padres no nos permitían tanta libertad. Disfruté de los capuchones, disfraces que te cubrían toda la cabeza, principalmente el rostro y se hacían en diferentes motivos, animales e incluso diablos, bailabas con tu pareja en las casetas y salones, pero no sabías de quién se trataba”, recuerda.

3. El sancocho trifásico y el “chirrinche”

Aunque algunas personas toman aguardiente, ron, whisky o cerveza, el “chirrinche” es el rey del carnaval. El litro de esta bebida artesanal producto de la caña y destilada que se almacena en alambique ya sean de cobre o de vidrio cuesta 6 500 pesos. Algunos lo mezclan con diferentes productos como coca-cola, menta, uvas pasas, manzana verde, agua de coco, trozos de caña y algunas plantas medicinales. Todo para darle un mejor sabor.

Pero la fiesta no está completa si no hay comelona y no puede faltar un buen sancocho trifásico que se hace en leña y en la calle. Por lo general lleva verdura, yuca, plátano, guineo, auyama, mazorca, color, pimienta de olor, maggi, sal y lo más importante las carnes que acompañarán la sopa. Se acostumbra hacer trifásico que consiste en tres tipos de carnes: carne de res, cerdo y pollo, pero si no hay para tanto se recurre al hueso de res, o menudencia (vísceras, patas, pescuezo y cabeza de pollo o gallina). 

“El infaltable sancocho se hace con verduras, mondongo y patas de res, y se toma con chirinche o anisado”, resalta Elvia Martínez. 

4. Las reinas y las comparsas

La alegría que le imprime al carnaval las reinas y las comparsas es fundamental para incentivar la unión de los barrios. Son el ingrediente alrededor del cual se reúnen las familias enteras para verlas, aplaudirles y escoger a sus favoritas. Los barrios se preocupan por escoger una representante que reúna los requisitos para ser la reina.

De igual manera siempre hay una líder que recluta a quienes tienen más chispa para los ritmos que marcan el carnaval y formar parte de la comparsa para concursar. Las barras para apoyar a las reinas son numerosas y reúnen a todo el barrio a la hora de su elección.

Las reinas lucen sus mejores atuendos confeccionados por profesionales, al igual que quienes diseñan los vestuarios para las comparsas. Las comparsas por lo general tienen nombres jocosos: la tumba catre, báilame como quieras, el polvo, la pela viejo, las pepitonas, entre otros.

En los últimos 15 años los representantes de los barrios que participan del carnaval, reciben un incentivo económico por parte de la junta central del carnaval para subsanar los costos y preparativos del carnaval.  Este año la junta central es presidida por la locutora y presentadora de eventos Cassandra Cuello Álvarez, con su reina central infantil Renata Thalía Fragoso Martínez y la reina juvenil Yiseilis Rincones Fonseca.

Marcela Sánchez nació en El Carmen de Atrato, en la vereda Guaduas, hace 44 años y se reconoce como campesina desde la cuna pues al nacer, en su familia sembraron su ombligo. “Mi ombligo lo sembraron en el lugar donde yo nací, en una finca que se llama El Instituto. Para mí, eso es vital”, dice. 

Sánchez se desplazó del municipio por el conflicto armado en el 2000, y se graduó como politóloga en la sede de Medellín de la Universidad Nacional en 2007. Trabajó con la Diócesis de Quibdó, la Alcaldía de Medellín, la Alcaldía de El Carmen de Atrato y la Unidad para las Víctimas y desde el 2018 trabaja con la organización Agroecotour Guaduas.  

Pero a pesar de que Marcela Sánchez lleva años ejerciendo el liderazgo en El Carmen de Atrato, todavía le preguntan por qué no puede dedicarse exclusivamente a tareas de cuidado en su hogar. “A veces me cuestionan porque como mamá me mantengo ocupada en reuniones”, dice. Sin embargo, afirma que desde las organizaciones sociales se puede educar a la ciudadanía. Por ejemplo, desde la Plataforma Campesina han creado espacios para que haya mayor comprensión del rol que desempeñamos las mujeres lideresas en sus familias. 

A propósito del encuentro organizado por la Plataforma Campesina el pasado fin de semana, Consonante habló con Sánchez sobre el movimiento campesino en El Carmen y los retos que persisten para las mujeres de la zona rural. 

C: ¿Cómo ha sido la participación de las mujeres en el movimiento campesino de El Carmen de Atrato?

MS: Desde mi punto de vista, el liderazgo de las mujeres ha ido de la mano de la reivindicación de los derechos de las víctimas.  Surgió por la necesidad de la defensa del territorio ante unas amenazas a la continuidad de las comunidades en algunos lugares. Este es el caso de la llegada de la minería a Guaduas.

 C: ¿La participación de las mujeres ha aumentado en los últimos años?

MS:  He conocido a muchas mujeres lideresas desde  que soy líder, pero me parece que el liderazgo solo llega hasta ciertos espacios. En lo social hay mucha participación de las mujeres, pero no se destaca.  Todavía nos falta participar en la política, por ejemplo. Creo que ni siquiera hemos tenido candidaturas serias a la Alcaldía o al Concejo. Además, en El Carmen, las organizaciones están supremamente fragmentadas, y esto afecta la participación de las mujeres.

C: ¿Cuáles son las barreras que tienen que enfrentar las mujeres para participar en reuniones, manifestaciones y espacios de decisión?

MS:  Yo me reconozco como campesina, pero he tenido acceso a otros espacios a los que muchas mujeres no han podido llegar como la educación superior. No tener acceso a educación superior lleva a que muchas no puedan ejercer  liderazgos y tener herramientas que son claves.  Por eso, en la Plataforma queremos brindar posibilidades  para que las mujeres puedan trascender porque el trabajo que hacen es mucho. 

C: ¿Qué están haciendo?

MS: La plataforma es la posibilidad de trabajar unidos. La Plataforma nos está brindando la oportunidad de tener en un solo espacio colectivo, por un lado, mucha pluralidad y, por otro, horizontalidad.  Por ejemplo, yo puedo llevar las experiencias de mi vereda, que es Guaduas. También se puedan llevar y compartir otras experiencias de la Mansa, del 18, o de la Argelia.  Es una red municipal y precisamente por ser redentores, tener conexiones sentirnos acompañados y acompañadas tener visión cada vez más colectiva desde el lugar de donde estamos, pero tener esa visión hacia los otros y a los otros territorios y que nos unifica qué nos diferencia. 

C: ¿Qué le pides a las autoridades en temas de género?

MS: Que lleguen programas continuos, más posibilidades de desarrollo económico, y se incentive la formación en derechos y en equidad. También, crear espacios  en los que se le dé reconocimiento a la mujer rural, porque si la vida en el campo es difícil, para las mujeres rurales es aún más dura. Es necesario que haya programas y proyectos directos para las mujeres rurales para compensar  su trabajo  como  cuidadoras. Son ellas quienes llevan la economía y saben todo lo que significan las dificultades.

En el campo el patriarcado y el machismo es muy fuerte. Especialmente en El Carmen porque los colectivos de mujeres se han centrado en impulsar lo productivo y lo económico pero también hay que apuntarle a la equidad en otros términos. Por eso es importante construir redes que sean fuertes. 

C:¿Crees que la gente no tiene en cuenta el balance que tienen que hacer las mujeres entre su liderazgo y las labores de cuidado?

MS: Evidentemente, la participación de las mujeres en escenarios locales, municipales, regionales o nacionales genera conflictos familiares, porque esto implica dejar la casa, a los hijos, al esposo y no cumplir con unos roles que se espera que  las mujeres cumplan.

Por eso es importante que, por un lado, se trabaje el empoderamiento de las mujeres, pero también se genere conciencia que el núcleo familiar debe apoyar a las mujeres para formarse, capacitarse y gestionar.

C: ¿Qué pasa en el caso de las mujeres que son madres de bebés o niños pequeños? ¿Es más difícil para ellas participar en el movimiento campesino carmeleño? 

MS: Sí, por eso les ha gustado mucho que en la plataforma campesina ofrezcamos la posibilidad de que estén los niños y niñas. Así saben que sus hijos están en un lugar también aprendiendo y compartiendo. Cuando nos reunimos, ellos están cerca, en sitios cercanos o contiguos y a veces participan familias completa. Los niños y niñas pueden llevarlos a estos lugares y así comparten experiencias y hacen amistades.

 C: Es decir, ¿ los niños y niñas participan activamente en las reuniones del movimiento campesino?  

MS: Sí. Es necesario tener espacios para los niños, porque por un lado permite que los padres puedan compartir los espacios con sus hijos, pero también para que los niños puedan comprender lo que hacen sus papás.

Por ejemplo, los temas de biodiversidad o de defensa del territorio de agua les encantan a los niños. Entonces, se trata de fortalecer esto,  valiéndonos de la creatividad. Esperamos que los niños y niñas sean los promotores de este movimiento campesino que venimos liderando desde la Plataforma.

 C: ¿Cómo incentivar en ellos y ellas el amor por el campo?

MS: Primero, tenemos como objetivo tejer redes para que cualquiera que esté en una vereda sienta que hay otras veredas y otras comunidades donde hay campesinos y campesinas que ejercemos liderazgo y que estemos ahí por el amor a la tierra. Que sintamos que no somos pocos y que somos importantes. Somos resistentes.

También queremos poder transmitir la importancia de lo que hacemos a nivel local, y a la vez conseguir los apoyos para visibilizarnos como campesinos porque en un departamento como el Chocó esto no es fácil. No es fácil hablar de unos campesinos que no son negros ni indígenas. Esto es absolutamente exótico para algunas personas y a veces se les hace totalmente increíble. Pero esa es una de las luchas que también hemos venido dando: decir que somos los chocoanos de la montaña, y que aquí existimos a pesar de nuestro tono de voz, de nuestro color de piel, y de nuestras costumbres. Necesitamos y exigimos tener visibilidad, reconocimiento y participación.

C: ¿Y qué esperan las mujeres de todo este proceso?

MS: La primera lucha que hemos dado es por tener reconocimiento y participación real que va más allá de estar en unos espacios. Se trata de que se cumpla lo que se acuerde y que nuestras opiniones, solicitudes y propuestas sean vistas como importantes.

Este lunes la Alcaldía de Tadó socializó el proyecto de mejoramiento de la malla vial y la pavimentación de los barrios San Pedro y Reinaldo. La obra, que deberá terminarse en un plazo de 12 meses, tiene un costo total de 5 600 millones de pesos e incluye 1.963 metros cuadrados en concreto rígido. 

El contrato fue adjudicado el 20 de diciembre del año pasado a la empresa Cobertura Global S.A.S. representado por Prospero Ríos Mena.

Aunque en San Pedro, un barrio con aproximadamente 2 mil habitantes, se destaca que con el proyecto de pavimentación se van a generar más empleos y se valorizará el sector, para muchos hay otras necesidades que también deberían ser priorizadas por la Alcaldía.

Los reclamos de la comunidad

Sócrates Kury Perea, líder del barrio San Pedro, dice que además de la pavimentación hay otros aspectos urgentes que se deben resolver. “La pavimentación es importante porque valoriza las viviendas del barrio aunque hay otras prioridades en nuestro barrio: falta mejorar el sistema de acueducto y el alcantarillado, que se atienda la recolección de las aguas residuales. Se necesita urgente un centro de salud en el barrio, con médicos y enfermeras capacitadas, y la escuela está abandonada. Hay muchas cosas por hacer, no hay presencia estatal”.

Soris cuestiona que “van a pavimentar y luego van a tener que destruir para ajustar el alcantarillado y el acueducto”. 

Sobre esto último, Aristarco Parra Mosquera, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio San Pedro, agrega que para la comunidad una de las prioridades es tener cobertura de acueducto y alcantarillado. “Hay zonas que tienen agua solo 20 minutos a 30 minutos en el día. Los alcaldes no les atienden las peticiones a las juntas de acción comunal y las necesidades del barrio son muchas”, indicó.

Mosquera puntualiza que, en varios espacios, han reiterado que requieren un centro de salud: “No tenemos un hospital y la comunidad lo ha pedido”.

Otros de los reclamos son contar con un parque y liderar programas para la juventud.  Levistos Mosquera Caicedo, líder del barrio, advierte que “los escenarios deportivos están abandonados, no se ve que la Alcaldía y los entes estén pendientes de la juventud y de esos procesos. Se debe incentivar la educación y la salud mental”. 

Su voz, como los demás, se suma a la necesidad de tener un servicio de agua constante, alumbrado público y agrega que falta información sobre el proyecto: “Tampoco han hecho una revisión de los posibles daños que se daría en las viviendas con las obras, no hay vallas con datos de cuánto se invierte. La pavimentación es importante para facilitar las vías de acceso, pero hay otros temas importantes en Tadó, por ejemplo, el campo está completamente abandonado”.

Según Mosquera Caicedo, en los sectores de El Matadero, Chatica, Ibordó, y Pantanito, el servicio es intermitente o no cuentan con acueducto y alcantarillado.

Por su parte, la concejal y residente del barrio Ana Siris Mosquera cuestiona que los contratistas no tienen claro cuáles son las calles y carreras que van a pavimentar. “Nosotros no quedamos contentos con esa socialización, los ingenieros no conocen el terreno y la cartografía presentada tiene inconsistencia con la realidad del barrio”, puntualiza. “Falta alumbrado público, pues las mejoras del año pasado no fueron suficientes y hay farolas destruidas. La pavimentación es importante porque cuando llueve se bloquea el paso de alimentos y del transporte, pero antes nos deben garantizar que quedarán bien”.

“El barrio tiene muchas necesidades por resolver como son los escenarios deportivos, el alcantarillado y acueducto, y más programas para la ocupación del tiempo libre”, agrega.

¿Qué dicen las autoridades?

El alcalde de Tadó, Cristian Copete Mosquera, sostuvo durante la socialización de la obra que “San Pedro será pavimentado en casi toda su totalidad. Son 1 963 metros cuadrados que serán intervenidos con una duración estimada de 12 meses siempre y cuando no se presenten razones climáticas que puedan retrasar el proyecto”. En el barrio Reinaldo no se ha socializado el proyecto.

Copete se comprometió a vigilar que los tiempos se cumplan e indicó que este proyecto es financiado por el Departamento para la Prosperidad Social y tiene como finalidad “mejorar la calidad de vida de la comunidad. Es una obra de impacto social”.  Además de la pavimentación, Copete recalcó que se van a desarrollar otros proyectos de paneles solares  y una cancha de fútbol en las zonas rurales. Agregó que en este año se invertirán más de 30 mil millones de pesos en el municipio de Tadó.

En la presentación del proyecto de la Alcaldía ante el Departamento para la Prosperidad Social se indicó que se espera beneficiar de manera directa a 12.800 personas disminuyendo la congestión en las vías, daños frecuentes a los vehículos particulares y de transporte público, disminuir los tiempos de transporte y facilitar el acceso de productos.

(Las calles a intervenir son: carrera 18 entre calles 9-9ª, carrera 18b entre calles 11-12 , carrera 18b entre calles 10-11, carrera 19 entre calles 11-12, carrera 20 entre calles 9-10, carrera 20 entre calles 11-12, carrera 21 entre calles 9-12, calle 9 entre carreras 9ª-18, calle 10 entre carreras 18-19, calle 10 entre carreras 19-21, calle 11 entre carreras 20-21, calle 12 entre carreras 18b-21, carrera 8 entre calles 2ª-3, calle 8A entre Carrera 20 y calle 9, calle 8A entre carreras 21-20, calle 8A entre carreras 21-22, carrera 21 entre calles 9-8A y carrera 20 entre calles 9 -8A )

(Acá puede consultar todos los detalles de la licitación de la obra)

Lo que sigue

La comunidad espera que las obras se realicen bajo los criterios establecidos y se terminen en un año. Yirson Marino Ledezma, personero municipal, indicó que es necesario constituir una veeduría con personas del barrio que sean garantes del proceso y que puedan trabajar articulados con los veedores municipales. 

“Vamos a estar pendientes de esta obra, porque de nosotros como habitantes depende el bienestar de todos”, sentenció la concejal y habitante del barrio, Ana Siris Mosquera.

Aristarco Parra Mosquera, presidente de la Junta de Acción Comunal, hizo un llamado a la comunidad para revisar que los trabajos sean de calidad y pide a la empresa que contrate  a los habitantes del barrio.

Encuentre acá una guía de las ofertas disponibles para este semestre en el departamento. Aún está a tiempo de inscribirse y participar. 

Becas del Ministerio TIC

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Icetex tienen abierta una convocatoria para que 7.000 colombianos puedan acceder a 1.575 cursos en plataformas digitales e instituciones de educación superior acreditadas en alta calidad a través de créditos condonables para formación en temas TIC.

Pueden participar jóvenes con título bachiller de colegios públicos y privados. En la selección se prioriza a quienes vivan en municipios, mujeres, grupos étnicos y raizales, población vulnerable, y víctimas de conflicto armado.

Hay cursos virtuales en las plataformas Platzi y Coursera. Las inscripciones van hasta el 31 de marzo.

Consulte acá cómo inscribirse y los requisitos.

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO

El programa de educación continua de la universidad ofrece cursos en: Transformación digital, data science, inteligencia artificial, ciberseguridad, bases de datos. programación, machine learning e internet de las cosas.

Más información en este enlace

UNAD

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia ofrece programas tecnológicos y profesionales en varias áreas. El plazo de inscripción para el primer semestre académico es hasta el 20 de enero, a las 3 de la tarde. Puede consultar la lista de convocatorias y los requisitos en este enlace.

La UNAD también cuenta con cursos y diplomados entre las 24 y 160 horas en las escuelas de: Ciencias Administrativas, Contables, Economía y Negocios, Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, Ciencias Jurídicas y Políticas, Ciencias de la Educación, Ciencias de la Salud y formación empresarial. Vea los detalles.

Si está interesado en aprender inglés, francés y portugues puede consultar la convocatoria en este enlace https://estudios.unad.edu.co/unad-bilingue. Para estos cursos tiene plazo hasta el 25 de enero. Cada nivel cuesta 189.000 y las clases van desde el 1 de febrero al 1 de mayo de 2023.

Becas de Ecopetrol

Ecopetrol lanzó una convocatoria, que va hasta el 28 de febrero, para acceder a la educación superior. Hay 70 becas y podrán participar los jóvenes que obtuvieron un desarrollo superior en las pruebas Saber 11 del 2022.

El programa cubre el 100% del valor de la matrícula universitaria o de estudios superiores en la institución educativa acreditada por el Ministerio de Educación Nacional, que sea elegida por el estudiante. Adicionalmente, reconoce un auxilio semestral para transporte, manutención y alojamiento para quienes estudien fuera de sus municipios de residencia. Encuentre acá los requisitos.

Becas en la Universidad Icesi

El ministerio TIC financiará el 100 por ciento del costo de la matrícula para realizar un curso corto en la Universidad Icesi. Los programas son sobre habilidades digitales.

Debe ser colombiano, bachiller y estar admitido o inscrito en uno de los cursos ofertados por Icesi.

https://www.icesi.edu.co/es/becas

SENA

El Servicio Nacional de Aprendizaje oferta de manera gratuita varios cursos  complementarios y de inglés.  La lista completa puede encontrarla acá: https://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-oferta/buscar-oferta-educativa.html

-Acciones básicas para la atención de una persona con afectación en salud (40 horas)
-Acciones de prevención en salud mental (40 horas)
-Acciones de prevención y manejo de violencia de género (40 horas)
-Aceites esenciales: extracción, usos y aplicaciones (40 horas)
-Administración de recursos humanos (40 horas)
-Agricultura ecológica: fertilización, suelos y cultivos (40 horas)
-Agroecología y desarrollo rural (40 horas)
-Análisis de datos para procesos logísticos (48 horas)
-Aplicación de conceptos de economía circular en contextos productivos (48 horas)Atención en salud con pertinencia étnica (40 horas)
-Buenas prácticas agrícolas (48 horas)
-Cocina internacional (40 horas)
-Cocina vegetariana (40 horas)
-Digitación de textos (40 horas)

También hay cursos gratuitos de inglés (nivel 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 ) 48 horas. Estos iniciarán a partir de febrero. 

Formación privada

Hay abiertas otras convocatorias en universidades privadas. Los costos de matrícula en estas son desde los 4 millones de pesos. 

-Uniremington: plazo hasta el 15 de febrero. Detalles de cursos virtuales: https://www.uniremington.edu.co/ 

-Universidad Cooperativa de Colombia. Detalles: https://www.ucc.edu.co/