Por qué es importante:
Los líderes y lideresas han intentado llamar la atención sobre las consecuencias de los proyectos de explotación de carbón en su territorio. Principalmente, frente a la actividad de la empresa Carbones del Cerrejón que desde 1984 ha extraído el carbón de La Guajira, exportando casi 30 millones de toneladas cada año. Desde el inicio de sus operaciones, la mina ‒una de las más grandes a cielo abierto en el mundo‒ ha sido acusada de alterar la calidad del aire en la zona, afectar el bosque tropical y deteriorar las fuentes hídricas del departamento.
La multinacional también ha sido acusada de ser responsable del desplazamiento de más de 25 comunidades afro, campesinas y wayuu, según el Colectivo de Abogados José Albear Restrepo (Cajar) quienes llevan varios de los casos contra Cerrejón. Pese a esto, la concesión de explotación carbonífera de la multinacional, que ha intervenido unas 69.000 hectáreas, va hasta 2034.
“Existen más de 14 fallos judiciales, en los que por 20 años se han reconocido las prácticas de injusticia, discriminación y racismo contra nuestro pueblo y se ha ordenado el restablecimiento de los derechos al agua, a la salud, a la consulta previa, a la tierra, al territorio, a la identidad cultural, al ambiente sano, a la seguridad alimentaria y a la vida, entre otros. Sin embargo, aún no hay justicia. Las órdenes para la garantía de estos derechos no han sido respetadas e implementadas ni por las entidades estatales ni por la empresa y no tienen un efectivo cumplimiento”, afirmaron los miembros de la caravana.
Qué está pasando:
Cansados de insistir en que se cumpla lo pactado, la caravana “La Guajira le habla al país” llegó el martes a Bogotá. “Hoy estamos viajando desde la Guajira a decir ¡no más minería! y que se respete nuestra vida, venimos para que ustedes nos escuchen de primera mano. Podemos vivir sin carbón, pero no sin agua y cultura”, habían anunciado un día antes en su cuenta de Twitter @laguajirahabla.
A través de actos culturales, tertulias, plantones y una audiencia pública en el Congreso, los líderes mandaron un mensaje claro: desde hace más de 30 años, cuando Cerrejón empezó sus operaciones en la región, les han vulnerado los derechos a sus comunidades de forma sistemática.
“Logramos que con esta visita nos escucharan, oyeran de primera mano los testimonios de las personas que vivimos allá. Los congresistas se comprometieron a ir hasta allá y ver en carne propia lo que estamos viviendo. Van a ver si es mentira lo que nosotros decimos y si es verdad que Cerrejón hace minería responsable”, cuenta María de los Ángeles García, una líder de la comunidad afro-campesina de Manantialito de Barrancas.
En Consonante quisimos conocer las historias de los líderes y lideresas detrás de esta causa. Aquí resumimos las historias de seis de ellos.
Laura Brito
22 años, Resguardo indígena wayuu de Provincial, Barrancas.
“Cómo podemos darle de comer a nuestros hijos si ellos lo contaminan todo”
La comunidad de Laura está a menos de dos kilómetros del Tajo Patilla -como se refieren a las diferentes zonas de explotación de la mina-. Laura cuenta que cuando los mineros utilizan explosivos, se produce un “polvillo” que queda suspendido en el aire. “Se crea como una bruma, esas partículas van descendiendo poco a poco y caen en las plantas, el agua, los animales y a fin de cuentas eso es lo que terminamos respirando”, dice. Su hijo Mateo, de cinco años, se enfermó al poco tiempo de nacer. Para ella, la razón es evidente: su bebé inhaló polvo de las emisiones de la explotación.
La situación que relata Laura ha sido estudiada por expertos que han concluido que la salud de los habitantes de Provincial está en riesgo. Por ejemplo, un grupo de investigadores de la Universidad del Sinú y la Universidad del Cauca junto con tres universidades de Brasil estudió la salud de los trabajadores de la mina y las poblaciones cercanas entre 2009 y 2017, y concluyó que la gente tenía un índice alto de níquel, manganeso y bromo en sus cuerpos; y estaba en riesgo de contraer enfermedades respiratorias, del corazón, de la piel, del estómago, y así como algunos tipos de cáncer. Cerrejón ha respondido a estas denuncias afirmando que tienen varias estaciones que monitorean la calidad del aire.
Las afectaciones que Laura ve con frecuencia en su comunidad son la principal razón por la que decidió movilizarse. “Cualquier persona que tenga algo sensibilidad y vea cómo los niños se enferman en el resguardo, se pone la mano en el pecho y dice ¡marica!”, afirma. “Uno tiene que trabajar y hacer cualquier cosa para que se le garanticen los derechos”, agrega Laura.
Su protesta es también en contra de la estigmatización. “Nos dicen que somos unos aprovechados, que vamos en contra del desarrollo del país, que lo único que queremos es plata”, explica. Y cuenta que algunas personas han llegado a culparla por el estado de salud de su hijo “Por ahí dicen que los niños se enferman, que se mueren por desnutrición porque no los alimentan bien, que no les dan agua limpia, pero ¿cómo lo podemos hacer si ellos contaminan todo?”.
María de los Ángeles García Mejía
28 años, Comunidad afro-campesina Manantialito, Barrancas.
“Los jóvenes estamos heredando una Guajira agonizante”
María de los Ángeles vive en Manantialito, una comunidad afro que existe hace más de 106 años. Cuenta que le preocupa cómo la calidad de vida de sus habitantes ha desmejorado debido a la actividad de la mina. “Cerrejón ha desviado más de 17 arroyos han sido desviados. Antes el agua llegaba a mi casa sin problemas, ahora si llega dos veces a la semana es mucho. Los arroyos se están secando”.
Uno de los arroyos de los que habla María de los Ángeles es el arroyo Bruno, en Albania. En 2016, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y Corpoguajira dieron luz verde a Cerrejón para desviar 3,6 kilómetros este cuerpo de agua, uno de los principales afluentes del río Ranchería. Las comunidades interpusieron dos acciones de tutela. Una llegó al Consejo de Estado, quien falló a favor de las comunidades y le ordenó al Gobierno crear una mesa interinstitucional para valorar la compensación de los daños que causaría la futura explotación del arroyo y los impactos que estaba generando el desvío del cauce.
La segunda acción de tutela llegó a la Corte Constitucional en el 2017 que ordenó frenar el proyecto de Cerrejón debido a las inconsistencias en los estudios sobre los impactos ambientales y sociales del proyecto. Sin embargo, hace poco menos de dos meses las comunidades aledañas denunciaron que la empresa no está cumpliendo y continúa trabajando en la zona.
María de los Ángeles afirma que el ecosistema natural y la cultura de Manantialito está desapareciendo. “Nosotros siempre hemos sido más de medicina ancestral y más de 172 plantas medicinales están en vía de extinción. Otras ni siquiera se ven en el territorio. Por ejemplo, el guáimaro, que llamamos el árbol de la vida, está en vía de extinción y el bosque seco tropical, casi único en Colombia, se está perdiendo”.“Nuestra Guajira se convirtió en una zona de sacrificio donde todos llegan agarran lo que necesitan y nos dejan un desastre ambiental”.
María de los Ángeles considera que esta caravana es una bandera de lucha para que las futuras generaciones tengan un territorio limpio y libre de minería. Considera que la única solución real para las afectaciones de su comunidad es el cierre de la mina.
Hugues Martínez
49 años, Miembro del consejo ancestral afrodescendiente Los Negros de Cañaverales, San Juan del Cesar.
“Desde muy joven he sido un defensor de mi pueblo, sus tradiciones y su naturaleza”
“La Guajira se respeta”, dice Hugues Martínez, el único representante de San Juan del Cesar en el colectivo.
Afirma que el sentido de partencia por su tierra lo ha acompañado toda la vida. Por eso, trabaja para que los pobladores conozcan sus derechos y luchen por ellos. Como defensor de lo que él afirma “es lo suyo”, se identifica como cantautor de música vallenata, activista ambiental y defensor de los derechos humanos.
Hugues se manifiesta en contra del proyecto minero de minería a cielo abierto que la empresa turca Best Coal Company (BCC) espera ejecutar en 350 hectáreas del corregimiento de Cañaverales. Cuenta que ha hecho parte del grupo de líderes que se han encargado de dar a conocer lo poco que se sabe del proyecto entre los demás miembros de la comunidad para impedir que se haga realidad. Desde 2009, el consejo comunitario se ha opuesto desde 2009 a la explotación de las 12 millones de toneladas de carbón para evitar la contaminación de la reserva forestal el Manantial y la pérdida de su vocación agrícola.
Al igual que Los Negros de Cañaverales, otras comunidades del departamento se han unido en torno a la defensa del territorio para impedir que la minería se siga extendiendo en el departamento. En 2012, Cerrejón propuso un proyecto que implicaba desviar 26 kilómetros el cauce del río Ranchería, uno de los más importantes del departamento, con el fin de explotar 500 millones de toneladas de carbón. Pero los pobladores de la zona se movilizaron para evitar el avance del proyecto.
Pero la unión de la gente no es la regla en La Guajira. Por eso, Hugues dice que sus preocupaciones van más allá de las afectaciones ambientales. Piensa que este tipo de proyectos suelen producir enfrentamientos entre miembros de las mismas comunidades. “Cuando hay una ruptura social no hay como unir a las personas y si no hay quienes nos agrupemos no hay por qué luchar”, cuenta.
Nixon Ramírez
42 años, Resguardo indígena Tamaquito II, Barrancas.
“Deben compensar la pérdida de nuestra cultura y religión”
Para Nixon Ramírez, las compensaciones no pueden ni deben ser sólo materiales o tangibles. En su opinión, la mina del Cerrejón está exterminando la cultura y las tradiciones de las comunidades de La Guajira. “No es cuestión de pagarle a las personas, hay que compensarlos su tejido social”, dice Nixon.
El resguardo indígena Tamaquito II está ubicado en un territorio de 300 hectáreas al que llegó la comunidad luego de firmar un acuerdo de traslado con Cerrejón en 2013. Antes, estaban ubicados cerca de la frontera con Venezuela, en un territorio con nacederos de agua y arroyos que les garantizaban su sostenibilidad: recoger frutos, la cacería y la agricultura. Según Nixon, Cerrejón les ha ido comprando predios que antes se usaban para caminos, pastoreo y siembra, pero asegura que lo que pagan “es un insulto frente a lo que valen verdaderamente”. “Ellos llegan, le dan una miseria a la gente que luego queda en la calle y no tiene para dónde agarrar cuando se les acaba la plata”.
Por eso, considera que es necesario contemplar otros aspectos que también se ven afectados por intervenciones de la magnitud como lo adelantado por el proyecto Cerrejón. Al despojarlos de sus tierras también lo hacen de sus tradiciones y costumbres, asegura Nixon. “No sólo es la casa que le van a dar, deben ver más allá. Las compensaciones deben ir desde la protección de la ancestralidad y las costumbres, eso no tiene precio y no se les está dando el respeto que merece”.
David Peláez
16 años, Comunidad Lomamato, Hatonuevo.
“Los jóvenes se dejan comprar por la mina”
Para David, el problema más grave que enfrentan los jóvenes de La Guajira es que la oferta laboral disponible se reduce a lo que ofrecen las empresas mineras.
Sin embargo, reconoce que en Hatonuevo no todos piensan igual que él. Cuenta que este tipo de temas divide a la comunidad: están aquellos que se manifiestan a favor de la actividad minera en el territorio y quienes están en contra por las afectaciones ambientales y de salud. Para él, la mina del Cerrejón está rompiendo las relaciones entre los habitantes del municipio.
Su principal referente en esta manifestación es su madre Angélica. Ella es la fundadora de la organización Fuerza Mujeres Wayuu. Reunían mujeres de la alta, media y baja Guajira para que conocieran sus derechos y supieran defenderlos. Dice que ella le inculcó la idea de que cuando una comunidad se reúne y pelea junta por una causa que considera justa, puede lograr grandes cosas. “La mina los convence de que estudien en el SENA cómo operadores de máquinas pesadas, y les prometen trabajo apenas se gradúen. Ellos finalizan sus estudios y realizan sus prácticas en la mina, pero hasta ahí les llega el trabajo”. David dice que “a punta de esperanzas y promesas no cumplidas, mantienen a la gente de su lado”.
Beatriz Salas
21 años, Riohacha.
“Por primera vez las personas de La Guajira se están despertando”
“Mi familia siempre me ha inculcado luchar por las causas en las que creo”, dice Beatriz quien afirma que desde muy joven ha participado en movilizaciones sociales. “Siempre he tenido ese sentir de que mi objetivo en la vida es ayudar a los demás, por eso estudio Derecho”.
Antes de que se convocara a la caravana, Beatriz ya hacía parte de un movimiento de lucha. En julio, en plenas movilizaciones por el Paro Nacional, hizo parte de un grupo de jóvenes que organizó una huelga de hambre en el parque Simón Bolívar de Riohacha para llamar la atención del Gobierno nacional. Su objetivo era llegar a acuerdos con el Gobierno para que implemente las medidas más urgentes de la Sentencia T-302 de 2017, para garantizar los derechos alimentarios de la niñez wayuu. “En ese momento estaban pasando muchas cosas y sabíamos que no iban a oír nuestra voz. Tuvimos que hacer algo más grande para que nos oyeran y se pudiera mostrar las necesidades del pueblo guajiro”, afirma.
Suspendieron la huelga cuando parecía que el gobierno se sentaría a negociar con ellos. Sin embargo, al ver cómo se dilataba la negociación, Beatriz y sus compañeros optaron por iniciar una segunda huelga de hambre en Bogotá. “Nos fuimos para la capital porque allá es donde se toman las decisiones, allá sí nos tenían que prestar atención”. Después, se enteraron que estaba formando la caravana y decidieron unirse. Beatriz considera que en este momento su departamento está pasando por uno de los peores momentos de su historia por la gran cantidad de megaproyectos que se están presentando. Por ejemplo, el proyecto eólico Guajira I de Isagén que fue anunciado por el presidente Iván Duque en junio. ”Aunque sea para producir energías limpias, este proyecto tiene incidencias directas sobre muchas comunidades y a ellas no se les ha consultado nada”, dice. “Por eso, yo sé que apenas vuelva a Riohacha la lucha sigue”.
¿Por qué es importante? El proyecto demuestra la preocupación de las nuevas generaciones del municipio por detener el deterioro del ecosistema a su alrededor. Según un estudio de la Universidad de Córdoba que midió el impacto causado por la intervención del hombre en la Ciénaga de Ayapel, de las 65.033 hectáreas que componen la reserva natural, 3.000 se han deforestado y otras 2.550 hectáreas de espejo natural de agua se han perdido.
La iniciativa: La fundación Jóvenes por Ayapel resultó seleccionada por la campaña Promesa Climática del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Gracias a este reconocimiento, la fundación espera recibir 15 millones de pesos y apoyo técnico de expertos para sembrar 2.000 árboles nativos en cuatro meses. “Esperamos aportar a la reforestación arbórea de la ciénaga”, cuenta Paul Zabala, coordinador de la organización.
¿Cuál es el problema de fondo? La deforestación en la ciénaga está afectando la economía y la salud de quienes viven cerca de la cuenca del río San Jorge y la ciénaga. Desde hace varios años, tienen inconvenientes para conseguir agua potable y peces para su consumo. En algunos casos, han presentado problemas de salud por consumir agua contaminada. Además:
Las causas:
“El problema de fondo es la minería. Para explotar el oro tienen que pasar las retroexcavadoras y cuando se explota el metal se desechan los líquidos tóxicos en el agua que desemboca en la ciénaga”, afirma Avinael Lozano, gestor agroecológico en la región y miembro de la iniciativa Agroecosistemas Biodiversos Familiares.
¿Entonces? Los expertos destacan que este tipo de iniciativas son valiosas pues sirven para despertar en la gente el interés por el cuidado del medioambiente. Sin embargo, aclaran que la situación de la Ciénaga de Ayapel requiere de una intervención más profunda para ser reversada.
“Un espacio como este se recuperaría entre unos 20 a 30 años. Lo más importante es hacer un trabajo de educación ambiental. Las personas deben valorar la riqueza ambiental. Sino, se pueden hacer mil proyectos ambientales pero, si no hay consciencia, no sirve de nada”, opina la bióloga Ana Pico.
Avinael Lozano coincide. “A las personas no les interesa mucho lo que implica el desecho de residuos sólidos, la contaminación de las aguas y el uso de químicos. Nosotros vamos a las periferias, donde se origina la mayor contaminación, para hacer pedagogía. Si no vamos a donde empieza la cadena de contaminación, no va a servir de nada lo que hagamos acá”, dice.
Lo que sigue: Mientras los Jóvenes de Ayapel esperan el desembolso de los recursos de Promesa Climática para sembrar las plantas de árboles nativos en un sitio estratégico dentro de la ciénaga y el humedal, la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS) pretende ejecutar políticas y proyectos sobre medioambiente y recursos naturales renovables para cumplir con las pautas y regulaciones legales expedidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) para el periodo 2020-2031.
Sin embargo, estas acciones no son suficientes. Hace tres años la ciénaga fue declarada como territorio Ramsar (espacio de protección e importancia natural global), y todavía no se han hecho efectivos los proyectos para la recuperación de la zona. Mientras tanto, la deforestación crece un 16 por ciento cada año; unas 2.000 hectáreas cada 365 días.
Para Pico, el verdadero cambio se verá cuando se deje reposar el ecosistema, se diseñe un plan de manejo integral para la recuperación de la ciénaga y se implemente un proyecto de protección para las especies nativas y endémicas de flora y fauna. Pero, sobre todo, cuando las autoridades, como la Corporación Autónoma Regional, se involucren más en la toma de decisiones y planteen sanciones más radicales.
Por qué es importante: La base de la economía de Condoto es la minería por lo que la mayoría de los productos (desde alimentos hasta tecnología) llega desde el interior del país. Los bloqueos han dejado en evidencia la dependencia de este municipio de lo que se produce en otros lugares del país, y llega hasta allí por tierra.
Qué está pasando: Solo existen dos carreteras que comunican al Chocó con el centro del país (Chocó-Risaralda y Chocó-Antioquia), y actualmente, la vía Chocó- Risaralda está bloqueada. En la vía de Pereira-Quibdó sólo dejan pasar ambulancias, personal médico y carros fúnebres. Entonces:
El contexto: El paro nacional cumple 38 días. Se han registrado protestas, manifestaciones pacíficas y actos violentos en todo el país que han demostrado un profundo descontento social.
El debate: A pesar de que los bloqueos están contemplados dentro del derecho a la protesta en la Constitución del 91, muchas personas consideran que no son proporcionales, y están afectando los derechos de los terceros pues el 70% de la carga del país se mueve por carretera. Las voces a favor afirman que los bloqueos son una estrategia válida para intentar llamar la atención del Gobierno.
Lo que sigue: el desenlace de esta situación es incierto, tanto a nivel local como nacional. Pese a que los gremios ya están sentados en la mesa de negociación con el gobierno, no se ha llegado a ningún acuerdo definitivo y los bloqueos continúan. Desde el litoral del río San Juan piden abrir urgentemente un corredor humanitario.
Después de un año de arreglos y adaptaciones, la nueva cancha de fútbol de Andagoya, Chocó, está lista para ser entregada oficialmente a la comunidad. Todos esperan que sirva para impulsar su golpeada economía.
Por qué es importante:
Andagoya es considerado el municipio referente del fútbol chocoano. Desde hace 47 años, se realiza el Torneo de Amistades del Medio San Juan, un evento que reúne entre 5.000 y 15.000 personas de diferentes partes del país durante una semana para ser testigos de lo mejor del talento local.
La suspensión del campeonato en 2021 y la pandemia han producido una fuerte crisis económica en Andagoya y otros municipios cercanos. Muchos habitantes viven del rebusque diario y el torneo dinamizaba la economía durante varios meses. Según la Junta Organizadora, del 2 al 8 de enero se movían entre 1.500 y 2.000 millones de pesos.
Los detalles:
Lo que espera la gente:
La expectativa por la entrega de la obra es muy grande. “Durante la construcción de la cancha tuvimos que movilizarnos a municipios cercanos para continuar con la práctica” dice Carlos Becerra, integrante de la selección de fútbol del Medio San Juan, “esperamos que las condiciones de la cancha sean óptimas para la formación deportiva”.
Florencio Martínez, miembro de la Junta de Deporte de Andagoya, espera que el nuevo escenario mejore la calidad del espectáculo deportivo, y ayude a mitigar la ola de violencia en el municipio.
Lo que sigue:
Según el alcalde José Oliver Moreno, se planea inaugurar la cancha en junio durante el primer Torneo Nacional de Fútbol Sub 20 realizado en el Chocó. Moreno espera que se convierta en un centro de entrenamiento profesional para un equipo de tercera división del departamento del Chocó.
Se confía que con la reapertura y mejoras de la cancha, el territorio se convierta en la vitrina de exhibición para mostrar el talento futbolero.
Desde que se inició el Paro Nacional el pasado 28 de abril, los jóvenes han sido los grandes protagonistas de las movilizaciones en el país, incluso en pueblos y ciudades pequeñas de departamentos como Chocó y Cesar.
¿Por qué es importante?
Es atípico que la población se organice para protestar en municipios como San Diego, Cesar, y Condoto, Chocó. Por eso, los habitantes de estos lugares vieron con extrañeza que se organizaran manifestaciones en el marco del Paro Nacional, y además, que estas fueran impulsadas y organizadas por jóvenes.
¿Qué pasó?
¿Por qué marchan?
Los jóvenes piden mejores garantías de educación y empleo. En la actualidad, el 23,9% de los jóvenes entre 14 y 28 años no cuenta con un empleo formal y la tasa de informalidad asciende al 66% según cifras del DANE.
Los analistas señalan que:
La participación de los jóvenes, tanto en las grandes ciudades como en la periferia, puede ser indicador de un profundo cambio social.
Rodrigo Uprimmy, reconocido jurista, afirma que si se hace una lectura positiva de lo que está sucediendo en el país ‒incluida la participación de los jóvenes como nuevos actores sociales en las calles‒ estaríamos ante una “primavera democrática”.
Qué sigue:
Las manifestaciones en el marco del Paro Nacional continúan en todo el país. En algunos municipios, los jóvenes esperan consolidar nuevos movimientos juveniles locales que busquen defender sus derechos. Este es el caso de Resistencia Condoto, grupo que surgió de las últimas movilizaciones en Condoto, Chocó.
Los detalles: El ataque ocurrió en la medianoche del pasado 17 de abril en “El Retén”, un sector conocido por ser un punto de encuentro de la Policía en la entrada del municipio. Esa noche, dos policías estaban estacionados en el lugar cuando fueron atacados por tres personas que les lanzaron una ráfaga de disparos desde una moto en movimiento.
Los dos heridos fueron atendidos en el Hospital de San José y luego fueron remitidos a Quibdó.
Lo que no se sabe: En Condoto aún no saben quiénes fueron los autores intelectuales o materiales del atentado. Ningún grupo armado ni delincuencial se ha pronunciado. Sin embargo, distintas voces de la comunidad atribuyen el hecho a miembros del Clan del Golfo o del ELN, grupos que hacen presencia en la zona desde hace varios años.
El miedo de la gente: La población del municipio está en alerta, porque hace una década que no presenciaban un atentado como este. “Si arremeten contra la Fuerza Pública, qué seguridad va a tener el resto de la población”, dijo Walter Mosquera, representante de las JAC. “Condoto siempre ha sido un pueblo tranquilo. Este tipo de cosas provocan incertidumbre”, agregó.
Para Jorge Perea, líder del Consejo Comunitario, la inseguridad y la violencia han empeorado desde hace varios meses. En su opinión, estos ataques son represalias de los actores armados contra las autoridades por los operativos realizados.
El contexto: En los últimos años han aumentado los enfrentamientos entre los grupos armados en el departamento del Chocó. Municipios como Cértegui y Unión Panamericana han registrado asesinatos, extorsiones, atentados y desplazamientos, entre otros. En Quibdó la violencia ha aumentado significativamente durante los últimos meses, como registra este artículo de El Espectador.
Para Luis Carlos Sarmiento, Personero de Condoto, es evidente que la violencia y el conflicto armado han recrudecido. “Los grupos ilegales están rehaciendo un control territorial para así poder establecer rutas estratégicas para la libre movilidad del tráfico de estupefacientes”, afirma.
¿Y entonces? La semana pasada se llevó a cabo un consejo de seguridad en Quibdó, para atender y plantear estrategias de intervención. Asistieron el viceministro de defensa, Procuraduría, Fiscalía y altos mandos del Ejército Nacional. Se estableció una recompensa de 100 millones de pesos para dar con los responsables del atentado.
