Las organizaciones sociales carmeleñas, como la Fundación Mesa Social y Ambiental, Agroecotur Guaduas, los Caminantes del Cerro Plateado, entre otras, llevan varios meses en un proceso de concertación con la Corporación de Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó) para diseñar el modelo de compensación ambiental que debe implementar el Consorcio Vías y Equipos Pacífico 2021 en el departamento. Como lo ha contado Consonante, establecieron tres proyectos con los que buscan impactar el territorio: educación ambiental, producción sostenible y ecoturismo y avistamiento de aves. Las comunidades presentaron los proyectos, Codechocó los revisó y está en proceso de aprobarlos y destinar unos recursos específicos para ellos.
Sin embargo, este proceso se ha demorado más de la cuenta. ¿La razón?: el aumento del precio del dólar. Harry Escobar, subdirector de Calidad y Control Ambiental de Codechocó, explica que la ejecución de los proyectos requiere la compra de equipos para la producción sostenible o el avistamiento de aves, pero debido al aumento del precio de la moneda extranjera los insumos se encarecieron. “Estamos esperando que se normalice un poco el dólar para que puedan hacer la cotizaciones, porque en este momento no nos están dando para lo que esperamos porque hay unos compromisos con las comunidades”.
Esta “acción piloto”, como la llama Codechocó, ha revivido un debate sobre la importancia de las compensaciones ambientales y su eficacia a la hora de mitigar los daños causados por los megaproyectos en la región, especialmente, por cuenta de la compensación de Miner S.A. al municipio.
En 2001 Codechocó aprobó un Plan de Manejo Ambiental de la empresa Minera El Roble, que explota cobre, oro y plata en El Carmen de Atrato, y para entonces la legislación era distinta. Este plan obliga a la empresa, entre varias cosas, a sembrar mínimo cinco hectáreas de árboles por año y a monitorear las fuentes hídricas, además de reportar los vertimientos a Codechocó. En adelante, los distintos consorcios que han pasado por el territorio también han tenido obligaciones de este tipo. Sin embargo, es poco el conocimiento que las comunidades tienen frente a este tema y muchas las inquietudes manifestadas por los miembros de la Fundación Mesa Social y Ambiental. Las dudas se enfocan, sobre todo, en el efecto de las compensaciones.
¿Qué son las compensaciones ambientales?
Las compensaciones ambientales, según el decreto 1076 de 2015, son todas las acciones desarrolladas en el territorio que buscan resarcir y retribuir tanto a las comunidades como a las regiones y al entorno natural por los impactos o efectos negativos generados por una obra, proyecto o actividad. Por ejemplo, hay compensaciones para licencias ambientales (como la de Miner S.A.) y compensaciones para permisos de aprovechamiento forestal (como el del Consorcio Vías y Equipos).
Omar Velandia, líder técnico del grupo de compensaciones ambientales de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), aclara que una empresa debe compensar un territorio únicamente cuando el impacto ambiental no se corrige o se mitiga en la fase de diseño del proyecto. “Ahí es donde nace la compensación. Nosotros decimos: no, no es posible desarrollar ninguna medida y por ende tenemos que llegar a establecer una obligación de compensación”, explica.
“En estas compensaciones casi siempre la obligación es de reforestar, pero puede haber otras actividades, como saneamiento predial y restauración ecológica”, explica Velandia.
¿Cuáles son los proyectos por los que El Carmen debe ser compensado?
En primer lugar, el municipio debe ser compensado por el impacto causado por Miner S.A. Esta empresa, que lleva 35 años extrayendo cobre, oro y plata en El Carmen de Atrato, está a la espera de que la Agencia Nacional de Minería autorice un nuevo contrato para extracción, pues el actual se venció el 23 de enero de 2022. Aún así, la empresa sigue operando con la licencia ambiental otorgada para el antiguo contrato que le impone unas obligaciones ambientales relacionadas con procesos de reforestación. Además, la minera cuenta con permisos de ocupación del cauce del río Atrato para zona de disposición de materiales y concesión de aguas. Ahora, para el nuevo contrato, la empresa deberá compensar al territorio bajo los estándares de la normativa actual, que ha cambiado significativamente desde 2001, el año en que Codechocó estableció la compensación de la empresa.
En segundo lugar, la vía Medellín-Quibdó, que está en proceso de pavimentación hace más de 15 años, está siendo intervenida en varios tramos de la jurisdicción de El Carmen a cargo del Consorcio Vías y Equipos Pacífico 2021 y Latinco. Para el desarrollo de sus objetos contractuales estos consorcios obtienen permisos de aprovechamiento forestal, concesiones de aguas superficiales, entre otros permisos otorgados por las autoridades ambientales. Por cuenta del aprovechamiento forestal, los consorcios deben compensar al municipio y, casi siempre, esta obligación se trata de sembrar más hectáreas que las que aprovecharon.
Y, por último, la entrada de micro centrales hidroeléctricas al territorio también han incrementado las preocupaciones. Para su operación estas empresas deben contar con licenciamiento otorgado por la autoridad ambiental, concesión de aguas para el uso del agua del río Atrato y el río Grande, permisos de ocupación del cauce, entre otros. Además, si en los estudios de impacto ambiental se evidencian daños o impactos negativos, la autoridad ambiental debe imponer a la empresa compensaciones ambientales acordes con dichos impactos, especialmente relacionadas con los ríos.
¿Cómo se establecen las compensaciones?
Para establecer una compensación ambiental se tienen en cuenta varios factores, como las hectáreas impactadas por la intervención del proyecto y el tipo de bosque o ecosistema. Por ejemplo, en ecosistemas estratégicos (alta montaña y páramos, ecosistemas marinos costeros, humedales, manglares entre otros) por una hectárea intervenida en el proyecto deben compensarse diez. En otros ecosistemas, la fórmula varía. La compensación está regulada por el manual de compensaciones, que también establece las acciones que se relacionan con preservación, restauración y proyectos de uso sostenible del territorio.
Para las licencias ambientales otorgadas a los proyectos extractivos u otras obras, la forma de establecer la compensación es más extensa y parte, precisamente, de evaluar cómo se pueden prevenir, mitigar o corregir los impactos del proyecto, antes de entrar a compensar. Esa evaluación, además, es la que define si el proyecto es ambientalmente viable. Para los permisos de aprovechamiento forestal, según Escobar, el subdirector de Codechoco, “el usuario tiene que reponer los árboles que aprovechó en el marco de este proyecto”.
¿Cuáles son los problemas de la reforestación?
- Conseguir la tierra para sembrar los árboles. Una de las obligaciones de las empresas que deben reforestar es conseguir los terrenos en los que sembrarán los árboles. Esto lo pueden hacer mediante acuerdos con dueños de los terrenos o comprando predios. Sin embargo, en El Carmen esto ha sido un problema, especialmente por cuenta de los ganaderos. Según Harry Escobar, “ha sido complejo que el ganadero entienda que permitir espacios para reforestaciones no es hacerle un favor a la autoridad ambiental. Se están haciendo un favor ellos mismos porque ellos deberían estar recuperando las zonas que afectaron”, asegura. Esa falta de acuerdos ha impedido o dificultado que las empresas reforesten.
En el mismo sentido, el ingeniero Darney Ceballos, de Miner S.A, manifestó, que una de las principales dificultades que la empresa ha tenido para la reforestación es la imposibilidad de llegar a acuerdos con los ganaderos de la zona, pues no acceden a disponer zonas en sus predios para la conservación o para el desarrollo de procesos silvopastoriles por considerarla una cesión poco rentable.
“Ha sido complejo que el ganadero entienda que permitir espacios para reforestaciones no es hacerle un favor a la autoridad ambiental. Se están haciendo un favor ellos mismos porque ellos deberían estar recuperando las zonas que afectaron”
Harry Escobar, subdirector de Calidad y Control Ambiental de Codechocó
- Los árboles sembrados no prosperan. En algunos predios donde se ha podido reforestar surge un problema adicional y es la dificultad de que las plántulas crezcan. Escobar explica: “a pesar de que se ven muchas zonas de pastos, hay muchos predios privados que se usan para ganadería y hay una necesidad de estabilizar taludes, pero hay riesgo porque el ganado se come las especies que se sembraron”, dice el funcionario.
Dora Agudelo, miembro de la Fundación Mesa Social y Ambiental, contó que su familia accedió a reforestar en sus predios, pero el proceso falló porque el material vegetal que aportó la minera no era de óptima calidad y no hubo una propuesta clara de seguimiento y control de la siembra por parte de la empresa, lo que se tradujo en la muerte de muchas de las especies.
La Mesa Social y Ambiental y líderes del Pueblo de la Memoria Histórica visitaron los predios en donde Miner había reforestado y encontraron el mismo patrón: las plántulas fueron sembradas, pero ya no estaban. Para Ramón Cartagena, presidente de la Mesa, “es prioritario el seguimiento y control en los procesos de reforestación, si las empresas son responsables de la siembra de un número determinado de árboles, estos árboles deben existir y debería haber árboles de más de 20 años, que incluso ya podrían aprovecharse. Sin embargo, no están”.
¿Quién controla y hace seguimiento?
La responsabilidad depende de los tipos de zonas y de los impactos, explica Omar Velandia, de la ANLA. Por ejemplo: en áreas de reserva forestal declarada, por la Ley Segunda de 1959 el responsable es el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. En aprovechamientos forestales, el responsable es la corporación autónoma ambiental. En compensaciones por vedas, el responsable es la ANLA, así como en proyectos mineros que superen las 800 000 toneladas por año.
En el caso de El Carmen, Codechocó es la autoridad encargada de velar por las compensaciones de los consorcios, pues los permisos que otorgaron son de aprovechamiento forestal. Además, la producción de Miner S.A. no alcanza el mínimo que establece la ANLA. En 2021, cuando la empresa sacó su mayor producción, alcanzó las 286 000 toneladas de material, por lo que la compensación está a cargo de Codechocó.
¿Hay alternativas a la reforestación?
Como respuesta a los problemas de reforestación, Codechocó está en proceso de “reorientar la compensación ambiental” del Consorcio Vías y Equipos Pacífico 2021. Esta obligación consistía en sembrar siete hectáreas de árboles como compensación a las dos dos hectáreas que utilizaron para su trabajo de pavimentación de un tramo de la vía Medellín-Quibdó. Según el permiso que les otorgó Codechocó en septiembre de 2021, debían “mantener una densidad de siembra de 500 individuos forestales por hectárea, para un total de 3500 individuos a establecer”. Pero esto no fue posible.
La alternativa que planteó Codechocó es una “acción piloto” en la que esos recursos que antes eran para sembrar árboles “los estamos reorientando para implementar acciones que van en favorecimiento de la conservación ambiental del territorio”, explica Escobar. Como lo ha explicado a Consonante, esa reorientación significa tomar la plata que iba a la reforestación y utilizarla en las acciones contenidas en el Plan de Acción del Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) del río Atrato y el Plan de Manejo del río Habita. Hasta ahora, las acciones priorizadas tienen que ver con la promoción del ecoturismo, la educación ambiental y la producción sostenible, dirigidas de forma directa a organizaciones comunitarias del territorio legalmente constituidas.
¿Cuál es la participación de las comunidades?
En El Carmen la participación de las organizaciones territoriales ha sido poca. A pesar de que hay un movimiento ambiental fuerte, las autoridades ambientales no le consultan qué necesita el territorio.
De hecho, según Omar Velandia, de la ANLA, “si bien la norma no prevé que tenga que ser de obligatorio cumplimiento (la participación de la comunidad), nosotros establecemos requerimientos con miras de socializar los planes de compensación con la comunidad, las autoridades municipales, departamentales y ambientales”. El funcionario explica que, además, las empresas tienen la posibilidad de contratar personal de la zona que conozca el territorio si lo desean.
En esta acción piloto que está desarrollando Codechocó, por primera vez, están participando las comunidades, y esperan que así sea al momento de imponer la compensación a Miner S.A.
¿Qué sigue?
El gobierno de Gustavo Petro se ha comprometido con el cuidado del medio ambiente y con la transición energética. En esta línea, la ministra de Medio Ambiente, Susana Mohamad, ya radicó un proyecto de ley para prohibir el fracking. “No es lógico que si queremos iniciar una transición energética, vayamos a profundizar la dependencia de combustibles fósiles con técnicas de altísima incertidumbre e impacto social y ambiental”, dijo la funcionaria.
Para avanzar en esta transición energética es clave el cobre, por lo que los líderes ambientales de El Carmen no creen que se le niegue el contrato a Miner S.A., que es la única mina de cobre de Colombia. Sin embargo, este nuevo gobierno también ha dicho que trabajará más con las comunidades y por la protección “a toda costa de la biodiversidad”. Queda entonces la pregunta de hacia dónde se moverá la balanza cuando se trate de impulsar la transición energética y, a la vez, cuidar la biodiversidad. O de impulsar la transformación del campo y compensar los impactos en los ecosistemas.
