Uribia es el municipio de La Guajira que queda allá arriba, en la punta del mapa, donde naturalmente se alza un desierto árido mezclado con bosque seco tropical en oasis como la serranía de la Macuira. Allí habita la madre de la estirpe Wayuu, un pueblo centenario que ha sobrevivido a los cambios abruptos del clima: en la temporada seca, los vientos alzan el polvorín y se llevan los techos de las viviendas tradicionales, mientras que cuando se meten las lluvias los arroyos inundan el paisaje desértico y los caminos se vuelven trampas de barro que se tragan los vehículos. Esos ciclos los conocen bien sus pobladores, pero desde hace dos años la rutina se rompió, las lluvias no son suficientes, los jagüeyes no se llenan por completo y hoy el pueblo Wayuu enfrenta una temporada seca tan fuerte que la comparan con la gran sequía de los años 2000.
Lucas Palmar guarda en la memoria una tragedia climática que se remonta al inicio del siglo entre los años 2000 y 2004, una sequía prolongada que destruyó los pastos y agotó las fuentes tradicionales de agua, causando la pérdida casi total del rebaño caprino y bovino del territorio. "Vivir en el desierto siempre es difícil, pero en mis 52 años solo recuerdo una sequía tan intensa como esta, en los años dos mil, cuando duramos años sin un ciclo abundante de lluvias y perdimos todo el ganado", relata Lucas Palmar.
En aquel momento, la alternativa de escape para decenas de familias fue la migración transfronteriza hacia poblados Wayuu como Paraguaipoa y los Filuos en territorio venezolano, donde encontraban agua, pasto para los animales y oportunidades de subsistencia. “Hace unas décadas nuestros familiares se fueron para otra zona buscando mejores condiciones” dice Lucas.
Los mayores recuerdan esa racha sin lluvias abundantes y la comparan con lo que ocurre ahora. Sin embargo, hay diferencias críticas: las condiciones económicas y sociales en la frontera han cambiado, y desplazarse al país vecino ya no ofrece las mismas garantías de auxilio que antes. A esto se suma el avance del cambio climático, los reportes del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) confirman que para el segundo semestre de 2026 y comienzos de 2027, las temperaturas medias en La Guajira se mantendrán entre 1 °C y 3 °C por encima de sus promedios históricos.
La entidad proyecta un colapso en la segunda temporada de lluvias del año: para octubre y noviembre de 2026 se estiman reducciones de precipitaciones de hasta el 60 por ciento en la Media y Alta Guajira, un déficit que se extenderá hasta enero de 2027. La estadística oficial valida lo que la comunidad ya sufre en la piel, la segunda ventana de lluvias, la que solía salvar el año, simplemente se cerró.
Para sobrevivir a la escasez hídrica del territorio, la principal alternativa han sido los jagüeyes: reservorios que se llenan durante la temporada de lluvias. Estas lagunas artificiales se han construido de generación en generación como una práctica tradicional; a pico, pala y a fuerza de pulmón, como acostumbran a decir en la región, se cava la tierra hasta moldear un depósito que almacena el agua del primer ciclo de lluvia del año. Ese líquido acumulado abastece a los hogares para cocinar, para la higiene de las familias, además de calmar la sed de los animales domésticos y de cría como chivos, vacas y cerdos, dando espera a la segunda temporada invernal del año.
Tener agua en el jagüey asegura la cría del ganado, una fuente alimenticia y económica, fundamental para la pervivencia del pueblo wayuu. De los animales obtienen la leche que combinan con maíz para preparar el ayajaushi, alimento esencial para los niños; la leche también la convierten en queso de cabra y de vaca que consumen y venden, de igual manera la carne de chivo que constituye además la base de su dieta. Por eso, el secamiento de los jagüeyes desencadena un efecto dominó que destruye las prácticas ancestrales que han mantenido con vida a la comunidad.
Sin embargo, esta forma de almacenar agua ha sido cuestionada por entidades gubernamentales, por integrantes del pueblo Wayuu a través de denuncias en redes sociales y por la Corte Constitucional, que en la Sentencia T-302 advirtió sobre los riesgos para la salud de consumir agua de jagüeyes compartidos con animales. En la práctica, sin embargo, y ante la falta de otras fuentes de agua, los jagüeyes siguen siendo en muchas comunidades la única alternativa disponible para garantizar el acceso al agua y sostener la vida.
Frente a esta crisis de salubridad y desabastecimiento de agua, la Corte Constitucional emitió en 2017 la Sentencia T-302, un pronunciamiento histórico en el que declaró un Estado de Cosas Inconstitucional por la vulneración masiva y sistemática de los derechos fundamentales a la salud, la alimentación y el agua potable de la niñez wayuu. En la sentencia, la Corte ordenó al Estado implementar una respuesta integral y coordinada para garantizar el acceso a agua limpia en municipios como Uribia, Manaure, Maicao y Riohacha.
Sin embargo, casi una década después, las dificultades para ejecutar las obras y medidas ordenadas muestran la distancia que todavía existe entre las decisiones tomadas en Bogotá y su cumplimiento efectivo en La Guajira. La sentencia está escrita, pero sus soluciones aún no llegan de manera efectiva a muchas comunidades del desierto.
Y esa distancia entre las decisiones del gobierno y la situación sobre el terreno quedó registrada en una carta enviada el cinco de agosto de este año por Crispín Jesús Palmar Montiel, autoridad tradicional y representante del Consejo Directivo de Corpoguajira. En el documento dirigido al Gobierno Nacional y a las autoridades ambientales, Palmar detalla la crisis en Wüinpümüin, la zona más septentrional de la Alta Guajira.
En su relato, explica cómo la intensidad del fenómeno del Niño no solo disparó la mortandad del ganado caprino —base de la economía local—, sino que aumentó los casos de desnutrición y enfermedades en las familias por la falta de agua potable. En el corregimiento de Puerto Estrella, donde viven cerca de tres mil personas repartidas en 118 comunidades, la única fuente hídrica disponible es el pozo de Cocomana, un punto donde las personas y los animales beben del mismo lugar. Mientras tanto, en el casco urbano de Puerto Estrella, la planta desalinizadora permanece dañada y el sistema de piletas públicas construido por Esepgua quedó fuera de servicio sin haber funcionado nunca.
La carta de Palmar describe un panorama similar en otros corregimientos de la zona. En Taroa y Bahía Hondita, unas 800 personas sobreviven sin vías terrestres transitables, dependiendo del transporte marítimo o de pozos artesanales de muy bajo caudal. En Castillete y Puerto López la situación es más compleja: no cuentan con fuentes subterráneas ni pozos funcionales, por lo que dependen por completo de jagüeyes que hoy están secos. En Punta Espada, las obras de infraestructura tampoco entraron en operación, lo que dejó a la población dependiendo de tres jagüeyes artesanales.
Frente a esta situación, Palmar plantea soluciones inmediatas y a mediano plazo. Aunque solicita el envío de camiones cisterna para mitigar la emergencia, aclara que no es una medida sostenible, ya que el viaje desde Uribia toma entre 8 y 12 horas por trochas de difícil acceso. Por ello, propone centrar los esfuerzos en limpiar, adecuar y ampliar la red de jagüeyes comunitarios —como Araliatu, Wanajapieru o París—, instalar sistemas solares para la potabilización del agua y recuperar la infraestructura del pozo de Cocomana para abastecer a las comunidades vecinas.
La propuesta de Crispín es respaldada por Santiago Arango Aramburo, profesor de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, quien explica que, frente al déficit de agua dulce, la ingeniería ofrece caminos de adaptación al cambio climático. Arango señala como una alternativa de alto impacto la instalación de plantas de desalinización por ósmosis inversa alimentadas por radiación solar y energía eólica, aprovechando el potencial del territorio sin depender de combustibles fósiles. Sin embargo, enfatiza que el reto principal reside en la gobernanza y la transparencia: se requiere evitar que las obras se pierdan en la corrupción y, sobre todo, construir un verdadero diálogo de saberes.
Hoy, la escasez de lluvias y la amenaza de un fenómeno de El Niño cada vez más agresivo obligan a las familias a buscar agua cada vez más lejos, especialmente a aquellas que habitan distantes de las fuentes naturales y de los viejos pozos comunitarios construidos a mediados del siglo pasado. La escasez ha volcado la vida cotidiana a solo tareas urgentes como: conseguir el líquido y quemar cactus para alimentar al ganado. En los nueve corregimientos del municipio de Uribia que conforman la Alta Guajira, la rutina exige caminar hasta cinco horas diarias bajo un sol que no perdona, solo para conseguir un poco de agua con la cual cocinar y calmar la sed de los animales.
Antes, el ciclo funcionaba de otra manera. Los chivos pastoreaban cerca de los jagüeyes, que se llenaban con la primera temporada de lluvias entre marzo y mayo, conservando el agua necesaria para aguantar hasta la segunda temporada, entre agosto y noviembre. La vegetación permanecía verde alrededor de los reservorios y el ganado encontraba alimento suficiente sin interrumpir el flujo de la vida. Ahora, con dos años consecutivos sin lluvias suficientes la vegetación en los alrededores también ha sufrido, solo quedan rastros de pastos y arbustos silvestres insuficientes para pastorear los chivos.
Al caer la noche, el desierto no descansa. En lugar del silencio habituado cuando los animales pacen tranquilos, el aire se llena del lamento de los chivos que no saciaron la sed, pues sus dueños ahorran cada gota de agua para que alcance para todos, y en los círculos de la palabra—el espacio ritual y tradicional donde se comparten los relatos de la comunidad— ya no hay espacio para la memoria; la conversación gira en torno al ganado que cae de flaco sobre la arena.
En este territorio, la ayuda del Estado llega tarde o no llega. La supervivencia depende, en buena parte, de la organización comunitaria y de la solidaridad entre vecinos. Ante la desaparición de los pastizales, las familias han tenido que buscar alternativas para alimentar al ganado. Una de ellas está en manos de los pastores. Cada mañana, José Acosta sale con su machete a cortar tunas y cardones, de las pocas plantas que resisten el verano extremo. Luego prende una fogata en el suelo y quema durante horas varios kilos de penca para quitarles las espinas antes de ofrecérselas a los animales. Sin otra cosa que comer, el ganado termina devorando las tunas: una de las últimas barreras para evitar que el hambre termine de arrasar con los rebaños.
Esta tarea la repiten todos los días para que los animales tengan algo en el estómago. Otra de las acciones que toman las familias para mantener a los animales, es evitar ordeñar las cabras y vacas, pues estas al no estar alimentándose bien y tomando agua suficiente, ordeñarlas seria condenarlas a morir deshidratadas, la poca leche que producen en estos tiempos se les deja a sus crías y sin embargo a veces los animales no tienen ni para amamantar a sus crías. Pero suspender el ordeño sacrifica el plato ayajaushi —alimento de maíz con leche que alimenta a los niños— y frena la elaboración del queso, pero mantiene al animal en pie. Si el chivo flaquea demasiado, ni siquiera sirve para el consumo, porque solo queda cuero pegado a los huesos.
Para resistir los periodos más duros la alternativa es diferentes de acuerdo en donde estén asentadas las familias, las que habitan cerca del mar —los apalanchis o pescadores, como los que habitan en Bahía Honda— encuentran en el mar el alimento. Pero no todas las rancherías tienen esa ventaja; para la mayoría de los asentamientos ubicados tierra adentro, llegar a la costa representa una odisea de varios días para viajar, pescar y regresar con suficiente pescado salado.
En la historia ancestral, estas rachas de sequía se enfrentaban a través del conocimiento propio y la fe: las comunidades celebraban rituales para pedirle a Maleiwa que enviara las lluvias, para pedirle a Juya que besara el desierto, pero hoy los mayores asumen con resignación que la cultura ha sido alterada y que, en el vasto territorio de la capital indígena de Colombia, los dioses ya no escuchan el clamor.
Pero tampoco la tecnología moderna ha logrado ser una garantía. En diversos puntos del norte extremo se han instalado plantas desalinizadoras, pero su funcionamiento es inconstante. Robesindo Epieyu habitante y autoridad tradicional del corregimiento de Tawaira, lo resume de forma simple, cuenta que intentar abastecerse en una de estas plantas se ha convertido en una lotería: en ocasiones, las familias recorren hasta cuatro horas de trayecto solo para encontrarse con que los equipos están fuera de servicio o averiados por falta de mantenimiento.
La experiencia que cuenta Robesindo coincide con el planteamiento de Santiago Arango: una alternativa tecnológica puede fracasar si se diseña sin tener en cuenta a la comunidad. El docente sostiene que el conocimiento no puede fluir en una sola dirección y que la crisis hídrica no se resuelve únicamente desde los escritorios del interior del país ni a partir de modelos cuantitativos. Para Arango, las soluciones deben construirse a partir del diálogo entre la ingeniería, la memoria climática y los saberes con los que el pueblo wayuu ha comprendido y enfrentado las condiciones de su territorio durante generaciones.
Robesindo Epieyu, cuenta que comprar agua es una alternativa, pero no es una opción alcanzable para la mayoría. La distancia y el mal estado de los caminos disparan los precios a cifras prohibitivas para la economía local, traer un solo viaje de diez mil litros desde el corregimiento de Nazareth hasta los asentamientos de Puerto Estrella cuesta un millón de pesos, y se vende cada litro a mil pesos.
A finales de agosto de este año, la Sala Especial de Seguimiento de la Corte Constitucional realizó su tercera inspección judicial en el territorio para verificar el cumplimiento de la Sentencia T-302 y conocer de primera mano las condiciones de acceso al agua potable, la alimentación y la salud en la Alta y Media Guajira. Durante el recorrido por asentamientos de Uribia y Manaure, los magistrados constataron una de las situaciones que las comunidades habían denunciado por distintos medios: familias que consumen agua de jagüeyes expuestos a la contaminación por escorrentías y heces de animales. Ante esta situación, la Corte emitió el Auto 1201 de 2026 y ordenó medidas cautelares de urgencia. Entre ellas, dio un plazo de 48 horas a la Alcaldía de Uribia y a la empresa Esepgua para garantizar el abastecimiento de agua potable mediante carrotanques a las comunidades en riesgo.
Robesindo, maneja un carro tanque y explica que, llevar agua en estos vehículos no es la solución porque solo puede calmar la sed por un instante, pero confiesa que, siendo wayuu y viendo la angustia de su gente, muchas veces prefiere buscar agua de un poso con el que cuenta su familia y regalar el agua cuando la necesidad es extrema. Para él, el transporte del líquido es una forma de auxilio mutuo.
La diferencia con las sequías del pasado es que hoy la crisis ya no permanece invisible. Aunque la ayuda estatal no siempre llega, la conectividad de algunas zonas del norte de La Guajira ha permitido que el propio pueblo wayuu haga públicas sus denuncias. A través de redes sociales y medios comunitarios indígenas, las alertas se multiplican. Fotografías y videos muestran a niños, mujeres y adultos mayores enfrentando a diario las dificultades para conseguir agua. En las imágenes aparecen jagüeyes con agua verdosa o cargada de sedimentos, una muestra de las condiciones en las que algunas familias deben abastecerse mientras la crisis de acceso al agua persiste en el extremo norte de Colombia.
