“Las mujeres Emberá hemos luchado desde el territorio y trajimos esa propuesta al Congreso de la República para que aquí nos ayudaran a que este sueño se convirtiera en realidad. Pero hoy quiero reiterar que esperamos que esta ley no se quede en letra muerta”.
Desde el atril del Senado, Juliana Domicó pronunció esas palabras antes de cerrar su intervención con un emotivo ara guma, ara guma —gracias, en emberá chamí—. Su voz resonó firme en el recinto. Detrás de ese discurso había años de conversaciones en los resguardos, reuniones con mujeres, debates legislativos y una convicción que repite sin titubeos: la mutilación genital femenina no hace parte de la cultura Emberá.
La lideresa indígena, consejera mayor y representante legal de la Confederación Emberá Nacional (Compec), fue una de las principales impulsoras del proyecto de ley aprobado recientemente por el Congreso que busca erradicar esta práctica en los territorios indígenas. Para ella, la discusión va más allá de una reforma legislativa.
Se trata de una lucha por la vida de las niñas y de una apuesta para transformar una violencia histórica desde las propias comunidades.
La iniciativa convierte a Colombia en el primer país de América Latina en contar con una legislación específica para prevenir y erradicar la mutilación genital femenina, una violencia documentada en el país desde hace cerca de dos décadas. Según la organización Equality Now, apenas 59 de los 94 países donde se ha identificado esta práctica cuentan con leyes específicas para combatirla. De acuerdo con datos de Unicef, alrededor de 230 millones de mujeres y niñas en el mundo han sido sometidas a algún tipo de mutilación genital femenina.
“Esto no es cultural”, afirma con contundencia durante una conversación con Consonante. “Es una práctica nociva que adquirimos y, así como llegó, se debe erradicar”.
Domicó, oriunda del resguardo Quebrada Cañaveral, en Córdoba, sostiene que la práctica no está ligada a la cosmovisión Emberá. Sus argumentos nacen tanto de la investigación como de la memoria colectiva: mientras algunos territorios registran casos desde hace décadas, en otros no existe rastro de ella ni en los hospitales ni en los relatos de las mayoras. Esa diferencia la llevó a preguntarse por su origen y a concluir que se trata de una imposición histórica, no de una tradición ancestral.
La visibilización pública del tema en Colombia comenzó en 2007, tras la muerte de dos niñas indígenas en un hospital de Pereira. Desde entonces, autoridades tradicionales, lideresas y organizaciones han impulsado distintas estrategias para erradicar la práctica. El camino, sin embargo, ha estado marcado por tensiones, estigmatización y debates sobre autonomía indígena. “Nos han estigmatizado como pueblo por esto, y eso no lo vamos a permitir más”, dice Domicó.
En esta entrevista, la lideresa explica cómo las mujeres Emberá participaron en la construcción del proyecto de ley, por qué insiste en que la mutilación genital femenina no hace parte de la cultura de su pueblo y cuáles son los desafíos para que la futura implementación de la norma se traduzca en pedagogía, acompañamiento y protección efectiva para las niñas en los territorios.
¿Cómo llegaste a involucrarte en la lucha contra la mutilación genital femenina?
Hace un poco más de dos años asumí como consejera mayor y representante legal de la Confederación Emberá Nacional. Desde ese momento retomé un trabajo que venía desarrollando desde joven en defensa de los derechos de las mujeres y de la niñez indígena.
Cuando viví en el Valle del Cauca, me encontré nuevamente con el tema de la mutilación genital femenina. La práctica seguía ocurriendo a pesar de que hacía casi dos décadas se había hecho visible públicamente.
Entonces empecé a preguntarme por qué, después de tantos esfuerzos de organizaciones, autoridades y liderazgos indígenas, aún no se había logrado erradicar.
Las mujeres nos decían algo muy fuerte: que las niñas que morían a causa de esta práctica podrían haber sido enfermeras, docentes o lideresas para nuestras comunidades. Nos preguntábamos cómo acabar con algo tan arraigado, especialmente cuando a muchas mujeres se les había enseñado que esa práctica era necesaria para ser reconocidas como mujeres, esposas o madres dentro de la comunidad.
¿Cómo nació el proyecto de ley y quiénes participaron en su construcción?
Nos enteramos de que el representante Cristian Garcés había radicado un proyecto de ley que proponía medidas punitivas contra las mujeres que realizaban esta práctica. Eso nos alertó profundamente.
Ya veníamos dialogando con otras congresistas para construir una propuesta propia, pero este proyecto se adelantó. Entonces revisamos el texto y concluimos que no había sido concertado con los pueblos indígenas ni recogía las voces de las mujeres Emberá.
Nuestra preocupación era que castigar penalmente a las parteras podía convertirse en una forma de violencia contra la nación Emberá. Las parteras no son solamente quienes atienden los nacimientos. Son portadoras de conocimiento, guardianas de la lengua, de las prácticas culturales y de la medicina tradicional. Criminalizarlas sin procesos de formación y diálogo no solucionaría el problema.
Por eso nos sentamos a dialogar con el autor del proyecto. Le explicamos que cualquier iniciativa relacionada con los pueblos indígenas debe construirse mediante concertación y que las mujeres indígenas deben participar activamente. Le planteamos que la solución no podía ser la cárcel, sino la pedagogía y la prevención. Finalmente aceptó retirar el enfoque punitivo y trabajar en una propuesta conjunta.
Se sumaron varias congresistas, entre ellas Carolina Giraldo y Jennifer Pedraza, además de otros representantes a la Cámara. También participaron organizaciones y fundaciones que apoyaron el proceso.
El trabajo no fue sencillo porque requería recoger las voces de las mujeres en los territorios. Muchas veces no contábamos con recursos para movilizarnos o para garantizar la participación de las autoridades indígenas en las discusiones. Algunas organizaciones apoyaron la logística y eso permitió que las mujeres Emberá pudieran intervenir directamente en la construcción del proyecto. Más adelante el ICBF respaldó recorridos territoriales para escuchar cómo querían las mujeres que quedara redactada la ley.
¿Cuál fue el mayor reto durante ese proceso?
Sin duda, hablar del tema en los territorios. Muchas mujeres no querían hablar de ello porque es una experiencia profundamente dolorosa. Había que encontrar formas respetuosas de abordar la conversación, especialmente cuando había niñas presentes.
Descubrimos que era imposible llegar imponiendo respuestas desde afuera. La solución debía surgir de las propias comunidades. Siempre les decía a las mujeres que ni el Ministerio de Salud, ni las organizaciones, ni la Compec iban a traer la solución; la solución tenía que construirse desde los resguardos.
Eso implicó generar confianza, hablar de la historia de nuestros pueblos, de los cambios que ha traído la colonización y de cómo imaginaban ellas mismas el proceso de erradicación.
En varias ocasiones has dicho que la mutilación genital femenina no es una práctica cultural Emberá, sino una práctica impuesta. ¿Por qué?
Durante años me hice una pregunta muy sencilla: si esto realmente fuera parte de nuestra cultura, ¿por qué no ocurre en todos los territorios Emberá?
Somos un pueblo que está presente en cerca de 19 departamentos de Colombia, además de Panamá y Ecuador. Sin embargo, los casos se concentran principalmente en Chocó y el Eje Cafetero. En Córdoba, por ejemplo, no existen registros en hospitales ni tampoco aparece en la memoria oral de las mujeres mayores.
A partir de esa inquietud empezamos a investigar. Existían varias hipótesis sobre el origen de esta práctica. Algunas señalaban que pudo surgir durante la colonización para evitar abusos sexuales contra niñas indígenas; otras la relacionaban con la influencia de la Iglesia Católica o con los primeros contactos con poblaciones africanas.
Paralelamente, empezamos a conversar con mayores y mayoras de distintos territorios. Yo misma preguntaba por prácticas relacionadas con el nacimiento, la crianza y la vida de las mujeres. Encontraba que esas prácticas sí se repetían en distintos pueblos Emberá y hacían parte de una misma narrativa cultural. Con la mutilación genital femenina no ocurría lo mismo.
Por eso llegué a la conclusión de que no es una práctica propia de nuestra cosmovisión. Si realmente fuera cultural, estaría presente en toda la nación Emberá.
Tenemos muchas prácticas culturales sanas que siguen vivas y que hacen parte de nuestra identidad. Erradicar la mutilación genital femenina no va a acabar con nuestra cultura ni con nuestras creencias.
Y aun si alguien insistiera en considerarla una práctica cultural, yo siempre digo lo mismo: una cultura no puede estar matando a sus niñas. Una práctica que pone en riesgo la vida no puede justificarse en nombre de la tradición. Lo que hace esta violencia es quitarle oportunidades a niñas que nacieron sanas y que podrían convertirse en lideresas, maestras, médicas o profesionales que aporten a nuestras comunidades.
¿Qué cambia concretamente con la aprobación de esta ley y por qué consideras que no vulnera la autonomía de los pueblos indígenas?
Durante casi veinte años hemos intentado enfrentar esta situación mediante resoluciones internas. La experiencia demuestra que las medidas punitivas no eliminan la práctica; simplemente la vuelven más clandestina.
La ley busca algo distinto: fortalecer la pedagogía, la prevención y la transformación de los mandatos internos de las autoridades indígenas para alinearlos con la erradicación de esta violencia.
También busca que las mujeres tengan un papel central en la ejecución de los procesos de formación. En el Cuarto Congreso de la Nación Emberá muchas mujeres propusieron liderar ellas mismas los talleres, porque históricamente han sido los hombres quienes administran los recursos destinados a estos programas.
Incluso se planteó que, si después de recibir formación una partera insiste en realizar la práctica, su responsabilidad sea recorrer los territorios explicando por qué debe abandonarse. La idea es transformar, no castigar.
Respecto a la autonomía, yo podría entender esa preocupación si se tratara de una medida impuesta desde afuera. Pero este proyecto fue concertado con las mujeres Emberá. La Confederación Emberá Nacional participó activamente en su construcción y se recogieron las voces de mujeres de distintos territorios. Fueron ellas mismas quienes solicitaron una herramienta que permitiera avanzar en la erradicación de esta práctica.
Además, el proyecto busca convertirse en una política pública con recursos para territorios históricamente marginados por el Estado. No estamos hablando de una imposición, sino de una construcción colectiva.
Por otro lado, la autonomía no puede estar por encima de los derechos de las niñas. Cuando hablamos de infancia, existe una protección especial que debe prevalecer.
¿Cómo se acompañará a las sobrevivientes y qué cambios se necesitan en el sistema de salud?
Ese ha sido uno de los grandes vacíos. Muchas mujeres han vivido estas experiencias sin ningún tipo de acompañamiento.
Por eso dentro del proyecto de ley quedó establecido que debe existir una atención integral. Inicialmente propusimos incluso mecanismos de reparación para las sobrevivientes, pero durante el debate legislativo surgieron discusiones sobre cómo financiar esas medidas.
Finalmente se acordó que el Estado deberá garantizar acompañamiento psicológico, atención en salud y apoyo psicoespiritual. Para nosotras esto es muy importante porque el daño no afecta solamente a la mujer; también impacta a su familia, a su comunidad y a la relación espiritual que tenemos con el territorio y con la Madre Tierra.
También necesitamos transformar la atención que reciben las mujeres Emberá en los servicios de salud. Muchas están siendo revictimizadas. Con frecuencia recibimos denuncias de madres que llegan a un hospital buscando atención para sus hijas y terminan siendo insultadas o señaladas por el personal médico.
Por eso el proyecto de ley incluye la formación de profesionales con enfoque diferencial e intercultural. Es necesario que las universidades enseñen cómo atender estos casos con humanidad, respeto y comprensión del contexto. Una mujer que busca atención médica no debería salir del hospital sintiéndose juzgada o humillada.
¿Qué hace falta para que la ley no se convierta en letra muerta?
Lo primero es la sanción presidencial. Esperamos que ocurra lo más pronto posible. Pero después viene algo igual de importante: los recursos. Si no hay presupuesto para implementar la ley, seguiremos exactamente en la misma situación.
Necesitamos fondos para llevar pedagogía a los territorios, para formar profesionales, para acompañar a las comunidades y para garantizar la presencia de psicólogos, personal de salud y otros especialistas. Como organización indígena no tenemos la capacidad de llegar solos a todos los territorios donde existe riesgo. Por eso el compromiso del Estado es fundamental.
Finalmente, ¿qué mensaje les darías a las niñas Emberá que nacen y crecen en este nuevo contexto?
Que hay muchas maneras de dar vida. Dar vida no es solamente traer un hijo al mundo. También damos vida cuando defendemos los derechos de las niñas y construimos herramientas para protegerlas.
Todas las mujeres que luchamos para que este proyecto de ley fuera aprobado estamos contribuyendo a que las nuevas generaciones tengan más oportunidades para vivir, crecer y conocer el mundo libres de esta violencia. Ese es el futuro que queremos para ellas.
