En Tadó, las conversaciones políticas suelen volver a discusiones repetidas entre una elección y otra, líderes y lideresas siguen nombrando problemas que sienten enquistados desde hace décadas: la falta de acceso a agua potable, la necesidad de formalizar la pequeña minería y proteger a los mineros artesanales y de subsistencia, el deterioro de la infraestructura vial y educativa, además del desempleo, la pobreza y las dificultades para acceder a servicios de salud.
Mientras el comité de campaña del Pacto Histórico recorrió el casco urbano y corregimientos como El Tapón, Yerrecuy, Corcovado, Angostura y Playa de Oro para promover la candidatura de Iván Cepeda, otros aspirantes como Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella tienen poca presencia en el municipio y no realizaron actividades públicas de cierre de campaña.
En un departamento donde las mayores dimensiones de pobreza multidimensional están relacionadas con el bajo logro educativo, el trabajo informal y la falta de acceso a agua mejorada, las elecciones también reabren el debate sobre las deudas históricas del Estado con los municipios del Pacífico colombiano. Consonante conversó con líderes sociales de Tadó para conocer cuáles son las prioridades que esperan ver en la agenda de quien llegue a la presidencia de Colombia.
¿Qué proponen los tres candidatos que lideran las encuestas para el departamento de Chocó?
Aunque las campañas han hablado del Pacífico colombiano, las propuestas concretas para el Chocó siguen siendo limitadas. De los tres candidatos con más eco en el departamento, solo Paloma Valencia e Iván Cepeda han presentado iniciativas específicas para la región. Abelardo de la Espriella, en cambio, no ha formulado propuestas puntuales para el territorio ni visitó el departamento durante la campaña, aunque su movimiento político sí ha tenido presencia a través de grupos juveniles.
Valencia visitó el Chocó en enero de 2026, antes de las elecciones legislativas, y presentó un programa general para el Pacífico colombiano. Entre sus propuestas está la creación de una Gerencia Especial para el Pacífico que dependa directamente de la Presidencia, con el objetivo de garantizar que la inversión pública llegue a departamentos como el Chocó. También habló de fortalecer la infraestructura vial con proyectos como las rutas Quibdó–Medellín, Ánimas–Nuquí, Nóvita–Cartago y Quibdó–Pereira, además de la construcción de muelles fluviales para mejorar el transporte y el comercio.
Cepeda visitó Quibdó en febrero y habló de un plan de reparación histórica para el Pacífico colombiano, acompañado de una “revolución ética” contra el racismo estructural y el abandono estatal. Su propuesta se centra en una mayor presencia e inversión directa del Estado para garantizar derechos fundamentales. En infraestructura, coincide con Valencia en la necesidad de fortalecer la conectividad terrestre y fluvial, aunque insiste especialmente en el transporte fluvial como eje de integración regional. También propone la creación de granjas solares administradas por las Juntas de Acción Comunal.
Uno de los temas más sensibles en Chocó es la minería; también aparece de manera distinta en las campañas. Valencia plantea que la consulta previa no funcione como un veto a los proyectos extractivos y propone que las comunidades puedan convertirse en socias de las iniciativas mineras y energéticas. Cepeda, por su parte, propone un cambio en la gestión de los recursos minerales para que la riqueza derivada del oro y otros minerales se traduzca en mejores condiciones de vida para las comunidades y no termine fortaleciendo economías ilegales o grupos armados. También ha dicho que la explotación minera no puede comprometer el acceso al agua.
Precisamente el acceso al agua potable,una de las principales preocupaciones en Tadó, aparece de manera parcial en los programas de gobierno. Valencia habla de implementar indicadores y mecanismos de rendición de cuentas para garantizar agua potable y conectividad en el Pacífico, además de incentivos tributarios para que empresas privadas construyan microacueductos. Cepeda propone reconocer el acceso al agua como un derecho absoluto, eliminar el enfoque de mercado en la prestación del servicio y ejecutar un plan de choque para garantizar cobertura universal de agua potable y saneamiento básico en el Chocó.
En salud y educación también hay diferencias. Cepeda propone fortalecer la Universidad Tecnológica del Chocó con mayor cobertura e inversión en investigación científica y tecnológica, además de crear una red hospitalaria de mayor complejidad para evitar que los pacientes deban salir de la región para recibir atención especializada. En los programas de Valencia y de la Espriella no aparecen propuestas concretas sobre educación superior para el departamento.
La seguridad ocupa un lugar central en las propuestas de Valencia y de la Espriella. Valencia ha insistido en que sin control territorial de la fuerza pública no puede llegar la institucionalidad y propone militarizar corredores viales y municipios afectados por estructuras criminales. También plantea reforzar la presencia de la Armada y la Fuerza Pública en ríos estratégicos como el San Juan, además de articular su estrategia antidrogas con apoyo tecnológico de Estados Unidos. De la Espriella, por su parte, centra su discurso en la erradicación de cultivos ilícitos y propone destruir 330 mil hectáreas de coca mediante fumigación aérea, extradición y otras herramientas legales.
¿Qué hará el nuevo presidente para la formalización de la minería de subsistencia y artesanal?
Una de las principales preocupaciones en Tadó es la criminalización de las actividades mineras de subsistencia, o la minería artesanal. Aunque a los líderes y lideresas prefieren no ser nombrados, manifestaron que uno de sus grandes anhelos es que se llegue a acuerdos concretos para evitar, por ejemplo, la quema de maquinaria. “El nuevo gobierno debe tener en cuenta que la minería es una de las principales fuentes de empleo en el departamento del Chocó, especialmente en el municipio de Tadó. Queremos que el próximo mandatario se siente a dialogar con los representantes de los mineros con el fin de mitigar esta problemática”.
Según cifras de la Agencia Nacional de Minas, el 82 por ciento de la economía del Chocó depende de la minería. Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en 2020 aportó el 20 por ciento del PIB del departamento, solo superado por la Administración pública y la defensa.
Ariel Quinto, presidente de la Federación de Pequeños Mineros del Chocó (Fedemichocó), aseguró a Consonante en 2021 que al menos 60 mil familias derivan sus ingresos de la minería en este departamento. “Somos el renglón más importante de la economía del Chocó”, afirma Quinto.
A nivel local insisten en que esta actividad tiene mucho más peso en la economía, especialmente en la informalidad. El profesor Wilson Murillo, quien lleva más de 10 años acompañando a mineros del municipio de Tadó, dice que más del 70 por ciento de la población local se dedica a la minería.
El Plan de Desarrollo del alcalde Juan Carlos Palacios refiere que de acuerdo con la plataforma AnnA Minería de la Agencia Nacional de Minería para abril de 2024 el municipio de Tadó contaba con 26 títulos mineros vigentes y 29 solicitudes vigentes de titularidad minera. Así mismo, según la ANM, se encontraban registradas 917 personas como mineros de subsistencia en modalidad de barequeo.
La solicitud es clara: que no los traten como criminales. No solo como un asunto técnico o económico, sino como una cuestión de derechos. Uno de los dilemas que la minería plantea para todos los candidatos es la confusión entre informalidad e ilegalidad. Los pequeños mineros sienten que la policía y el ejército son "enemigos que atentan contra su sustento".
El 1 de octubre de 2025 el Ministerio de Minas y Energía presentó ante el Congreso el proyecto de Ley Minera para la Transición Energética y la Reindustrialización del País, una iniciativa que busca replantear el rumbo del sector minero en Colombia. La propuesta plantea un modelo que combine la transición energética con la reindustrialización nacional y que refuerce la soberanía del Estado sobre los recursos minerales. Además, introduce nuevas reglas ambientales, sociales y contractuales para promover una minería planificada, justa y sostenible, al tiempo que impulsa la formalización de pequeños mineros y el fortalecimiento de encadenamientos productivos regionales. Pero aún falta mucho para que sea una realidad: de acuerdo con la Gaceta del Congreso del 14 de abril de 2026, el proyecto se encuentra actualmente en estado de Informe de Ponencia Positiva para Primer Debate en el Senado de la República.
La preocupación ha sido que muchos mineros confiesan no saber qué es la formalización minera ni para qué sirve, ya que nadie les ha explicado la ruta para hacerlo. También existe el temor de que las exigencias del Gobierno para legalizarse y muchos consideran que la formalización podría ser solo una medida superficial que no resolverá los problemas de fondo. Mineros artesanales de Tadó han denunciado que no entienden los alcances de los acuerdos recientes entre el Gobierno y el gremio minero, y que desconocen quiénes los representan en las mesas de diálogo. Aseguran que han sido excluidos del proceso y reclaman que ni el Gobierno nacional ni la Gobernación los han convocado a participar en las discusiones sobre su futuro.
¿Alguno garantizará el acceso a agua potable?
Han pasado aproximadamente 493 años desde la fundación de Tadó y, pese a su riqueza natural y abundancia de fuentes hídricas, gran parte de la población aún espera poder contar con un servicio de agua potable eficiente y constante.
Según el plan de desarrollo, el suministro de agua potable tiene una cobertura del 75,7 por ciento. La cifra solamente abarca la prestación del servicio en la cabecera municipal, que cuenta con dos sistemas de captación de aguas crudas (sistema por gravedad y sistema de bombeo). El 23,4 por ciento restante presenta un déficit en la prestación del servicio en el área rural, donde las comunidades negras cuentan con un abastecimiento de agua no convencional en regular estado; al tiempo que las comunidades indígenas se abastecen de los ríos y quebradas de forma manual y sin ningún tipo de tratamiento.
“Estamos bañados en medio de dos ríos, San Juan y Mungarra, y estamos sin acueducto, si esta es la oportunidad, hay que pedírselo a la presidencia o a quien tenga que ser. Recuerdo que en años anteriores nos metieron el tema de aguas y aguas de Pereira donde vinieron e hicieron una gran inversión, pero a la fecha estamos sin agua, como ciudadano lo manifesté, ese acueducto no va a funcionar”, comenta Francisco Asprilla, veedor ciudadano.
Aunque en el papel buena parte del municipio cuente con la infraestructura necesaria para llevar agua a los hogares, varios líderes no se fían de la potabilidad del líquido. Además, no es un servicio continuo. A pesar de las promesas, no ha llegado a las 18 horas diarias que se dice que funcionan. En lugares como Villa del Remolino, o el centro, el agua suele llegar por una o dos horas al día.
“El municipio de Tadó cuenta con un aproximado de veinte mil pobladores, por eso debe ser prioridad poder contar con un acueducto que brinde un servicio donde sus pobladores puedan consumir de manera directa, ya que este es un elemento esencial para el desarrollo de la vida del ser humano”, agrega el líder juvenil Leifer Asmed Mosquera Perea.
En 2024, un estudio del Clúster de Agua, Saneamiento e Higiene (WASH) en Colombia —liderado por Unicef— precisó que el 75 por ciento de los hogares de 20 departamentos usan fuentes de agua sin tratar; uno de estos es Tadó.
¿Cómo atender la crisis de la salud?
Habitantes del municipio aseguran que persisten las dificultades para acceder a citas médicas, medicamentos y atención especializada. En muchos casos, los pacientes deben trasladarse a otras ciudades como Quibdó, o Pereira, para recibir tratamientos. En el municipio tienen un solo hospital para 20 mil habitantes y tres ambulancias que casi nunca funcionan. Como reportó Consonante, los vehículos estuvieron fuera de servicio durante un año y dos meses.
“La salud en todo Colombia está pésima, pero aun así sería bueno que intervinieran en la infraestructura del hospital San José de Tadó, ya que se prometieron un hospital de segundo nivel en este gobierno y hasta la fecha de hoy no han cumplido”, asegura Asprilla.
Los tadoseños vienen denunciando hace un tiempo dificultades para que los gestores farmacéuticos entreguen las medicinas. De hecho, en marzo de 2025, la Superintendencia Nacional de Salud interpuso una medida cautelar contra Audifarma, una de las empresas dispensadoras en el Chocó que presta servicios a la Nueva EPS, por el desabastecimiento de medicamentos de todo tipo, algunos tan básicos como el acetaminofén. Desde el 11 de octubre del año pasado, la Nueva EPS suspendió de manera parcial la entrega de medicamentos a sus usuarios en Tadó.
En el Chocó, además, solo existe un hospital de segundo nivel ubicado en Quibdó. Recientemente la gobernadora Nubia Córdoba denunció una sobreocupación del 340 por ciento, con el servicio de urgencias colapsado. El hospital está intervenido por la Superintendencia de Salud, pero no ha podido salir de una crisis que viene desde hace varios años por, entre otras razones, un desequilibrio financiero, el deterioro de la calidad en la atención y prácticas inseguras para los pacientes en el hospital.
¿Bajarán las cifras de pobreza y desempleo?
En 2022 el Dane reportó que el Chocó tenía el mayor porcentaje de habitantes en condición de pobreza monetaria extrema, es decir el 44 por ciento de su población. Y entre noviembre de 2025 y enero de 2026, la tasa de desocupación juvenil alcanzó el 30,9 por ciento, la más alta de todo el país en ese segmento poblacional.
“El nuevo presidente de Colombia debe tener como prioridad el generar oportunidades en cuanto a empleo, para toda nuestra gente. Es de suprema importancia que en las políticas públicas que este presidente pretende implementar en su programa y desarrollo de gobierno, vaya impulsado el empleo para toda la juventud, y la comunidad tadoseña en general. Buscar alternativas para que los jóvenes no sean reclutados para hacer parte del conflicto armado”, dice el joven Leifer Asmed Mosquera.
Para el año 2025, la tasa de desocupación de Chocó fue 12,8 por ciento, mientras que en 2024 se ubicó en 15,9 por ciento. Aunque hubo una aparente disminución, el departamento sigue teniendo la tasa más alta de todo el país. La ciudad de Colombia con la mayor tasa de desempleo en el trimestre enero-marzo 2026 fue Quibdó con una tasa de 26,0 por ciento.
Según el Dane, la inseguridad alimentaria moderada o grave (hambre) en el Chocó pasó de 36,3 por ciento en el 2024 a 56,8 por ciento en el 2025, y la inseguridad alimentaria severa (hambre extrema) se triplicó, al pasar de 6,4 por ciento en 2024 a 17,9 por ciento en 2025.
Aunque Tadó es reconocido por su riqueza minera y cultural, muchos habitantes consideran que el municipio necesita proyectos productivos, apoyo al emprendimiento y programas que impulsen el empleo juvenil para evitar fenómenos como la migración y el reclutamiento por grupos armados ilegales. En las cifras del plan de desarrollo se destaca que el empleo informal es la norma, alcanza un 92,5 por ciento a nivel general. En la cabecera municipal es el 91,3 por ciento, y en la zona rural llega al 94,5 por ciento.
El diagnóstico del documento revela que los ingresos derivados de actividades como la minería artesanal y la agricultura familiar apenas alcanzan para la subsistencia debido a la escasez de recursos y la falta de tecnificación.
La propuesta es potenciar otros sectores productivos, como el turismo: “sería bueno que a través del gobierno se diera a conocer los atractivos turísticos que hay en el municipio, para que capaciten a sus pobladores y así puedan sobrevivir de ese arte. El municipio de Tadó es conocido como la puerta de entrada al departamento del Chocó por el oriente, pero está muy quedado en desarrollo, hoy se ve el turismo como una potencia de este centro poblado, porque cuenta con las condiciones para ser uno de los municipios con senderos turístico en la subregión del San Juan”, comenta Gabriel Copete, ex rector de la institución educativa Nuestra Señora de la Pobreza y líder político del municipio.
¿Terminarán con la promesa eterna de pavimentar vías y mejorar la infraestructura?
Los últimos cinco presidentes de Colombia han prometido terminar la vía Quibdó-Medellín, pero ninguno le ha cumplido a las comunidades. En los últimos días, las instituciones reconocieron que este gobierno tampoco entregará el proyecto finalizado. Empresarios cercanos a políticos y mencionados en escándalos de corrupción han tenido contratos. Si se suman las cifras oficiales y los dos accidentes reseñados, el número de fallecidos en esta vía es de 339.
“Como medidas urgentes para el desarrollo de nuestro pueblo la construcción de la vía al mar: Animas Nuquí, y por otro lado también se pudiera terminar la referente a red vial, que conduce: Medellín-Quibdó, Tadó-Pereira; e incluso poder iniciar obras de apertura en la vías: Istmina, Nóvita que conduce hacia la ciudad de Cartago en el departamento del Valle del Cauca”, explica Copete.
Leifer Mosquera también afirma que es una prioridad que las vías de acceso a los diferentes municipios, y otros departamentos, estén en óptimas condiciones, al igual que las calles estén en buen estado. En Tadó, por ejemplo, los habitantes reportan que durante las temporadas de lluvia muchas comunidades rurales quedan prácticamente incomunicadas, afectando el transporte de alimentos, el acceso de estudiantes a escuelas y el traslado de pacientes.
También proponen avanzar con el canal interoceánico Atrato-Truandó, un ambicioso megaproyecto de infraestructura propuesto para unir el océano Atlántico (Mar Caribe) con el océano Pacífico a través del departamento del Chocó. Pero Copete afirma que para ello se necesita que el departamento cuente con verdaderos representantes, en cabeza de los dos parlamentarios, para que esta obra pueda ser incluida en el plan de desarrollo nacional.
Además de las vías, también buscan la intervención de infraestructura agrícola y deportiva. “Me atrevería a decir que la plaza de mercado tiene más de cien años y no funciona. Se necesita un lugar donde puedan llegar todos los agricultores que cultivan la tierra en Tadó. Se habla mucho de la parte agrícola, pero los gobernantes no solucionan problemas, antes, por el contrario, la tienen en completo abandono. Dos temas que deben ser prioridad para el nuevo presidente son lo referente a la agricultura y deporte”, agregó el líder.
¿Cómo sacar a la Utch de su crisis y mejorar la infraestructura educativa?
Docentes y padres de familia han insistido en la necesidad de mejorar la infraestructura de varias instituciones, garantizar el acceso a herramientas tecnológicas y fortalecer la educación superior para que los jóvenes no tengan que abandonar el municipio en busca de oportunidades académicas.
Después de la alimentación escolar, la mayor parte del dinero que recibe Tadó para educación se invierte en el sostenimiento del transporte, un servicio que, a pesar de la inversión, no cumple con las condiciones adecuadas. El resto del dinero no alcanza para la infraestructura escolar que está en estado crítico.
Los 3.787 alumnos del municipio estudian en condiciones precarias. En la Normal Superior Demetrio Salazar Castillo solo hay 10 computadores para 1.212 estudiantes, en la Institución Técnico Agroambiental (I.T.A) el transporte escolar pone en riesgo a los y las estudiantes por la antigüedad de los buses, y en Nuestra Señora de Fátima hacen falta baños. Un panorama que se ha sostenido en los últimos años y que ha causado que padres de familia, veedores y la comunidad educativa se pregunten en qué se invierte el dinero de la educación en Tadó.
Por su parte, mientras en Atlántico o Bogotá casi el 50 por ciento de los jóvenes accede a la educación superior, en Chocó la cifra no supera el 20 por ciento. Y la única universidad pública no ha logrado salir de una crisis que ya cumple más de dos años.
“Es de suma importancia que el nuevo presidente se fije en la infraestructura educativa que está muy deteriorada, especialmente en la alma mater del departamento del Chocó, como lo es la Universidad Diego Luis Córdoba, para que funcione como lo que es, a preparar jóvenes que puedan aportar para el desarrollo de su pueblo”, dice Copete.
Una historia que Consonante ha seguido de cerca: en diciembre de 2024, se cumplieron cinco meses de un paro que dejó al menos seis rectores posicionados en menos de seis meses; en enero de 2025, la universidad arrastraba tres meses de retrasos salariales para docentes y administrativos; en octubre de 2025, nuevas decisiones del Ministerio de Educación reactivaron el debate sobre la autonomía universitaria; y hoy, en mayo de 2026, la elección del nuevo rector vuelve a abrir la disputa sobre el rumbo de la institución. Una línea de tiempo que cuenta la persistencia de la crisis de la universidad pública en uno de los territorios donde más se necesita.
