Primero está el murmullo: “otra vez se fue”. Después, como hormiguitas por la ciudad, las personas se mueven por las calles buscando señal. Es una rutina colectiva. Algunos se dirigen al aeropuerto; otros caminan hacia puntos específicos del parque Santander, lugares donde, con algo de suerte, alcanza a salir una llamada o entra un mensaje de WhatsApp. La escena se repite varias veces en un mismo día o se alarga durante días enteros.
En el mejor de los casos, queda la opción de conectarse a una red wifi en algún local comercial, algo que no es tan común porque tener wifi en Leticia es un privilegio. Las alternativas para adquirir el servicio son escasas y por eso muy costosas; suelen depender de servicios como Starlink, Global y StarClic, cuya conectividad exige la compra de equipos que pueden costar más de $1.600.000 pesos. A esto se suma una mensualidad que puede oscilar entre $150.000 y $200.000 pesos, una cifra elevada para gran parte de la población de la región. Este tipo de servicios funciona en zonas remotas gracias a una gran constelación de satélites en órbita baja (LEO), lo que reduce la latencia y no depende de infraestructura terrestre.
Este panorama no es sorpresivo. En 2024 el 65,6 por ciento de los hogares colombianos contaba con conexión a internet, pero en el Amazonas esa cifra es muy inferior: el 41,3 por ciento de los hogares del casco urbano tenía acceso, y en las zonas rurales no se superó ni el 24 por ciento. Muy por debajo del promedio rural nacional, que alcanza el 41,9 por ciento.
“Acá hemos estado en un letargo durante todos estos años. Realmente nunca ha habido una conectividad estable, siempre se han presentado intermitencias”
Pedro Nariño Martínez, secretario de Desarrollo Institucional de la Alcaldía de Leticia y encargado de gestionar todo lo relacionado con las tecnologías de la información.
Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo, la región de Orinoquía-Amazonía presenta la brecha más alta del país en habilidades digitales (0,682 en el IBD), lo que significa que la población carece de las competencias necesarias para aprovechar internet de forma productiva. A esto se suma que existe un bajo interés o percepción de utilidad de internet en la vida cotidiana y productiva, sumado a una alta informalidad laboral que no incentiva la digitalización.
Esto no solo refleja una desventaja estructural frente al promedio nacional, sino que restringe los servicios públicos digitales, como educación, salud y empleo, ampliando las desigualdades sociales y territoriales que ya existen en el departamento.
“Conectividad Alta Velocidad”, una promesa que nunca llegó
En el 2013 el Mintic lanzó el Proyecto Nacional de Conectividad Alta Velocidad, que buscaba llevar redes de alta velocidad a 28 cabeceras municipales y 19 áreas no municipalizadas (47 puntos en total) que, por sus limitaciones geográficas o de orden público, no habían sido incluidas en el Proyecto Nacional de Fibra Óptica. El contrato, por más de 373.000 millones de pesos, fue adjudicado a la empresa Andired, encargada del diseño, instalación, inversión y mantenimiento de la red de conectividad de alta velocidad para estos lugares de la Amazonía, Orinoquía y el Pacífico.
La meta para el Amazonas era conectar a Leticia, Puerto Nariño y las zonas no municipalizadas. La red partiría desde Solano, Caquetá, y se extendería a través de antenas repetidoras distribuidas por el lecho amazónico: a lo largo del río Putumayo, en corregimientos y territorios apartados como La Chorrera, Puerto Arica, Tarapacá y San Martín de Amacayacu, hasta cubrir la cuenca del río Amazonas y llegar finalmente a Leticia.
El problema es que hoy, más de 10 años después, el proyecto, además de que no funciona bien, sigue sin terminarse. Según un informe con corte a diciembre de 2025, todavía restan 10 cabeceras por conectar (2 municipios y 8 áreas no municipalizadas), principalmente en Amazonas, Guainía y Vaupés. En el Amazonas faltan La Pedrera, La Victoria, Mirití-Paraná y Puerto Santander.
El atraso supera los ocho años. Según la información oficial del proyecto, en 2017 debían quedar conectados los 32 municipios y corregimientos restantes —en 2016 se habían conectado 15—, con fechas de corte el 31 de julio, el 30 de septiembre y el 30 de noviembre de ese año. Los accesos de banda ancha debían entregarse a más tardar el 31 de diciembre de 2017, y los Kioscos Vive Digital, en zonas rurales, a más tardar en marzo de 2018.
Pero toda clase de inconvenientes han retrasado el proyecto y debido a controversias contractuales, las partes acudieron a un Tribunal de Arbitramento. El 7 de julio de 2021 se aprobó un Acuerdo Conciliatorio que entró en vigencia en agosto de ese mismo año. En este acuerdo se pactó un nuevo cronograma para completar la instalación en los municipios faltantes, con una duración aproximada de 24 meses a partir de marzo de 2022. La nueva fecha de terminación quedaba proyectada para marzo de 2024, pero tampoco se cumplió.
Hoy el MinTIC adelanta procesos administrativos sancionatorios, los cuales están actualmente suspendidos por orden del Tribunal de Arbitramento mientras se resuelve una nueva demanda interpuesta por Andired en diciembre de 2023.
En Leticia aseguran que el proyecto nunca fue viable por diversas razones. Una de ellas era el alto costo de mantener las antenas y trasladar al personal hasta estos puntos para hacer reparaciones. A eso se sumaban las afectaciones en terreno: la presencia de grupos armados que cortaban los cables y los hurtos de equipos por parte de civiles. Cuando una antena fallaba, el sistema entero colapsaba.
“Por otro lado, los operadores locales que se encontraban en la región, como Claro y Movistar, tienen algunas antenas propias, pero no alcanzaban a suplir la demanda de la población, por lo que empezaron a anclarse a las antenas de Andired. No obstante, las fallas continuaron y la conectividad, que buscaba integrar a toda la Amazonía con el resto del país, cada día se veía más cerca de convertirse en un fracaso que en una realidad”, menciona Nariño.
Esa precariedad en la conectividad terminó por imponer otro ritmo en la vida cotidiana. Conectarse dejó de ser un acto inmediato para convertirse en una espera larga. En lo urbano la dinámica era una; en la ruralidad y sus alrededores, en cambio, la falta de señal no solo significaba incomunicación, sino reorganizar el día entero en función de la posibilidad, incierta, de que en algún momento el servicio de internet regresara. Algunos recorrían largas distancias, a pie, en moto o por río, hasta encontrar un punto donde fuera posible enviar un mensaje, hacer una llamada o descargar información básica. Lo cotidiano se volvía un esfuerzo.
En la comunidad de Nazareth, ubicada a una hora en bote desde el puerto de Leticia, esa rutina se hacía aún más exigente. Allí, Gildardo Laulate Benítez, curaca de la comunidad, describe días enteros marcados por la intermitencia: estar atento a los momentos en que regresaba la energía para encender rápidamente el celular, buscar señal en los alrededores, coordinar con otros habitantes quién había logrado conectarse o decidir si valía la pena desplazarse hacia otro punto, intentar una y otra vez, levantar el celular en distintos puntos, caminar unos metros más, subir a un lugar más alto.
En ocasiones, la comunicación dependía de subirse a una canoa y avanzar por el río hasta un lugar donde, con suerte, el teléfono lograra captar algo de red. “El internet era pésimo, pues en el territorio en el que nos encontramos, y al estar alejados del pueblo, la energía no era constante; entonces se iba a cada rato o se caía un palo en los postes, lo que ocasionaba que nos quedáramos sin energía por días. Esto afectaba nuestro quehacer y la comunicación con nuestros familiares que no se encontraban en la comunidad”.
Acciones que surgen donde el Estado no llega
Berta Gonzáles tiene 72 años, es abogada y vive en el municipio desde hace más de 50 años. Durante la pandemia vivía sola, en el barrio Victoria Regia Alta, y todos los días atravesaba la angustia de no poder comunicarse con sus hijos, que estaban en Bogotá y en comunidades sobre el río, en Leticia. En medio de las cifras de muertes por covid-19, la zozobra le dejó claro el nivel de desprotección del territorio en materia de tecnología y comunicación.
En 2022, Berta tomó la decisión de interponer una acción popular contra el MinTIC, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), Claro, Movistar, la Andired y otras autoridades nacionales y regionales. Buscaba la protección del acceso al servicio público de telecomunicaciones y la garantía de un acceso a internet eficiente y oportuno. Lo hizo junto a otras personas de la comunidad —Mercy Luz Bernal, William Ramírez López, Laureano Roa Bonilla y Alirio Torre Martínez—, también inconformes con lo que estaba ocurriendo.
Solicitaron, de manera puntual, la garantía y protección de los derechos colectivos consagrados en el artículo 78 de la Constitución Política de Colombia, que hacen referencia al “control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización”, al derecho a un adecuado servicio de comunicación vía telefónica e internet, por cuanto los demandados no garantizaban, ni prestaban, un servicio eficiente y oportuno.
“La conectividad no es un derecho particular, sino un derecho colectivo, y al ser esto así, se protege mediante acciones populares y acciones de grupo. Se estaban vulnerando los derechos a la conectividad, a la comunicación no solo celular sino telefónica, al internet y a los mensajes”
Berta Gonzáles
Solicitaban también establecer tarifas de cobro que fueran justas y coherentes con la efectividad y calidad real de los servicios prestados, incluso se solicitó la suspensión del cobro de facturas por los servicios deficientes, o que los cobros se redujeran al 20 por ciento de la tarifa habitual.
Y a pesar de que han pasado cuatro años en proceso, han sido pocos los avances. Inicialmente un juez dictaminó medidas cautelares —una orden judicial— que enfatizaba en que los entes regularan y vigilaran los servicios de los prestadores y que los operadores invirtieran para mejorar la conectividad.
Sin embargo, esta demanda fue tutelada y apelada por los operadores, extendiendo el proceso pues, como lo cuenta González, fue solo hasta el año pasado que salió la sentencia, pero como fue apelada, actualmente se encuentra en el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca.
A pesar de esto, González asegura que la decisión motivó parcialmente la inversión en mantenimiento e instalación de nuevas antenas, pues los operadores debían demostrarle al juez con hechos lo que se estaba realizando para garantizar los derechos colectivos. Si esto no pasaba, el juez podía tomar la decisión de sacarlos de operar en la región. Sin embargo, la mejoría ha sido poca y las intermitencias continúan.
“Las herramientas de protección de los derechos las encontramos en la Constitución; allí están, solo que debemos saber utilizarlas. Los derechos se defienden, y la sentencia muestra que al reclamar por lo que se vulnera, en este caso la conectividad, se está haciendo una justicia parcial que tanto reclamaba y necesitaba el Amazonas”, recalca Berta con seguridad.
A la fecha, los retrasos y las fallas en la ejecución han escalado a escenarios judiciales, donde se discuten posibles sanciones, incumplimientos contractuales y responsabilidades frente a los recursos invertidos. Mientras estos procesos avanzan, en territorios como Leticia y sus comunidades cercanas, las promesas de conectividad continúan sin materializarse plenamente, dejando en evidencia una brecha que no sólo es tecnológica, sino también institucional.
¿Es tan difícil conectar al Amazonas?
Los estudios previos realizados por organismos como el Banco Mundial, la CAF y el BID, junto con los diagnósticos del Ministerio TIC, identifican que los retos para conectar al Amazonas no son solo tecnológicos, sino de naturaleza geográfica, económica, social y regulatoria
Lo primero que se nombra es la “geografía extrema”, el territorio está densamente cubierto por selva, con numerosas lagunas y zonas pantanosas, lo que hace que el despliegue de infraestructura terrestre convencional sea físicamente complejo y excesivamente costoso. A esto se suma la baja densidad poblacional y las grandes distancias entre centros poblados, que dificultan la logística para el transporte de equipos y el mantenimiento de las redes.
El despliegue debe cumplir con estrictas normativas ambientales y obtener permisos de autoridades que protegen áreas de especial importancia ecológica, lo que en el pasado ha llevado al retiro de proyectos en zonas como Parques Nacionales Naturales. Además, las condiciones de orden público en ciertas zonas rurales pueden dificultar la instalación y poner en riesgo la integridad de la infraestructura frente a posibles actos de vandalismo.
Esto hace que la inversión requerida para conectar al Amazonas no sea “atractiva” en términos de mercado. El despliegue en selva densa eleva los costos de inversión y operación, en contraste con el reducido tamaño del mercado local, limita el retorno de la inversión para los operadores privados. El Amazonas representa apenas el 0,08 por ciento del PIB nacional, lo que se traduce en una menor capacidad de pago de los hogares y una escasa demanda empresarial de servicios avanzados. Todo esto genera un círculo vicioso: el bajo PIB genera poca inversión digital, lo que a su vez mantiene baja la productividad y perpetúa la pobreza.
Reconocen también que las condiciones atmosféricas y climáticas de la región afectan la estabilidad de las señales inalámbricas (microondas y satelitales) que se han usado hasta ahora, lo que genera las constantes interrupciones que han denunciado los habitantes.
En el medio están los habitantes de lugares como Leticia o Puerto Nariño. Aunque ya se pueden hacer transacciones virtuales y durar más tiempo respondiendo mensajes, la conectividad se ve interrumpida en algún momento de la semana. “La señal ha mejorado un poco después de la pandemia, pero sigue siendo intermitente, porque hay muchas antenas, pero ninguna funciona. Esto ha ocasionado que algunas personas opten por comprar antenas satelitales, pero sigue siendo difícil para muchas otras, ya que no cuentan con los recursos suficientes”, explica Charlie Rivas, concejal del municipio de Puerto Nariño.
Hoy el gobierno del presidente Petro tiene una ambiciosa propuesta en medio de la actitud escéptica de los analistas. En 2024 Colombia y Brasil firmaron un Memorando de Entendimiento en donde acordaron ampliar la colaboración en tecnologías de la información y las comunicaciones. Esto dio nacimiento al proyecto “Fortalecimiento del acceso y/o uso de servicios de telecomunicaciones para cerrar la brecha digital en las regiones del país”, aceptado y publicado el 17 de octubre de 2025.
Su objetivo es conectar a los municipios de Puerto Asís, Puerto Leguízamo, Tarapacá, Puerto Nariño y Leticia, así como las áreas no municipalizadas, a la red nacional e internacional de fibra óptica mediante el programa InfoVías de Brasil. Esto mediante una tecnología que no se ha implementado nunca en Colombia: llevar la fibra óptica por los ríos amazónicos.
Este esquema ha permitido extender redes de alta capacidad a municipios de difícil acceso, donde las condiciones geográficas limitan el despliegue terrestre en la Amazonía brasileña. Por tal razón, Colombia, con una inversión de $970.000 millones de pesos, generó una ruta de redundancia de este cable mediante la extensión de la conexión hasta Buenaventura, lo que permitirá conectar a toda la región.
“Actualmente, Colombia ya tiene el nodo instalado, que es la troncal donde estarán todos los equipos, y además cuenta con el cable principal de fibra óptica desplegado. Tabatinga, de igual forma, también tiene el cable, pero hay un retraso por parte de Brasil, ya que no ha concretado la empresa que va a administrar y generar la conexión con nosotros”, comenta Pedro Nariño.
Colombia lanzó la licitación para que los operadores obtengan la licencia y sean ellos quienes brinden el servicio para que Leticia empiece a estar conectada. Teniendo en cuenta que habrá regulaciones en los precios del servicio, donde el Estado financiará únicamente a la población de los estratos 1 y 2.
“Se espera que esto empiece a funcionar en agosto del presente año, con una conectividad que alcance hasta el kilómetro 7. Pero por el río y las comunidades es complicado, principalmente por los recursos y el difícil acceso. No obstante, a mediano plazo, es decir, en un horizonte de cuatro años, se proyecta conectar todas las comunidades hasta Puerto Nariño”, agrega Pedro.
Sin embargo, el proyecto no está exento de riesgos. El país carece de experiencia en este tipo de despliegues tecnológicos, en particular en la instalación de fibra óptica subfluvial, lo que aumenta la incertidumbre. Nicola Stornelli, comunicador social, periodista y analista de políticas públicas en telecomunicaciones, explica que “a diferencia de los cables submarinos en el mar, en los ríos no suelen ser necesarios pesos adicionales para fijarlos, ya que su propio peso es suficiente. Sin embargo, la sedimentación puede arrastrar vegetación u otros materiales, lo que exige un diseño robusto y protecciones específicas”.
A esto se suman las condiciones cambiantes de los ríos amazónicos: variaciones en el caudal, acumulación de sedimentos, vegetación en movimiento y fenómenos extremos como las recientes sequías del río Amazonas. Todos estos factores no solo complejizan la instalación, sino que también generan dudas sobre la sostenibilidad del proyecto en el tiempo.
“Al hacer el acuerdo con Brasil el proceso puede tardar más de lo previsto, ya que la distancia desde Manaos hasta Leticia es de aproximadamente 1100 kilómetros por el río Amazonas, lo que retrasaría aún más su implementación. Técnicamente, es inviable que en dos o tres meses toda Leticia esté conectada. Por eso, debieron realizarse estudios previos donde primara el pragmatismo sobre la ideología al tomar decisiones de tal magnitud, así como una licitación de carácter internacional”, comenta Stornelli.
A esto se suma que la empresa designada para que analice las alternativas de despliegue en el río Putumayo es Internexa, que ha enfrentado cuestionamientos por incumplimientos y retrasos en otros proyectos de conectividad, con investigaciones abiertas en la Contraloría y la Procuraduría. “Lo ocurrido en el Chocó es un claro ejemplo de lo que podría salir mal y funciona como una alerta para este caso”, concluye Stornelli.
Las expectativas en el territorio persisten. La mejora en la conectividad se proyecta como una oportunidad para que las comunidades accedan a nuevas posibilidades sin tener que abandonar su lugar de origen. “Lo que está sucediendo es que muchos de nuestros jóvenes, al no encontrar oportunidades aquí, deciden marcharse. Pero al llegar se enfrentan a otro mundo, donde algunos terminan involucrándose en actividades ilícitas. Si el mundo avanza, las comunidades también deben avanzar”, afirma Charlie Rivas. En ese sentido, la promesa de conexión no solo habla de cables y tecnología, sino de la posibilidad de transformar el rumbo de toda una región.
