Hace unos quince años, en las riberas del río Inírida los peces ornamentales comenzaron a valer más que la yuca, más que el mañoco, más que casi cualquier otra actividad cotidiana. La demanda internacional del pez Ángel o escalar altum —un pez ornamental de alto valor comercial— transformó la economía local y empujó a comunidades enteras a buscarlo en lagunas y caños donde todavía abundaba.
Para muchas familias, el altum fue sinónimo de plata rápida y de supervivencia. Esta especie comenzó a habitar en los acuarios de varios países del mundo. Con su forma estilizada y sus colores sobrios, esta especie solo se encuentra en los ríos Inírida, Atabapo y Orinoco. En documentos técnicos de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), Inírida aparece como uno de los principales centros de acopio de peces ornamentales en Colombia. No solo de los escalares, sino también de otras especies como sapuaras, cardenales y neones.
En el territorio, sin embargo, esa historia no se cuenta como una simple bonanza; en el relato aparece una mezcla de necesidad, aprendizaje y desgaste. Marcos Sáenz Mendoza, pescador indígena, recuerda que en 1998 “un escalar podía pagarse a 5000 pesos”, que significaba un buen ingreso. Pero también recuerda el modelo que organizó el negocio, que se basaba en la dependencia de otra persona que tenía el control del mercado en Inírida; esta persona les entregaba por adelantado linternas, baterías, bolsas, oxígeno, café o azúcar; después, todo se descontaba. El riesgo quedaba del lado del pescador: si no había captura, no había ingreso.
Este esquema explica buena parte de la memoria económica que todavía rodea a los ornamentales en Guainía. El pez podía dar plata, pero no necesariamente estabilidad. Según los pescadores de la zona, el esfuerzo era alto, pero la incertidumbre también. Cuidar un pez vivo no es un detalle menor: exige agua en buen estado, oxígeno y manejo fino. Y aun así, una noche de pesca puede terminar sin nada: ni peces, ni ganancia; pero sí con una inversión ya realizada que no se recupera.
La cadena no termina en la comunidad. Juan David Bogotá, investigador del Instituto Sinchi, explica que en el comercio de ornamentales existe una cadena de actores: quien captura, quien acopia en la región, quien recibe en Bogotá y, finalmente, quien exporta. “La mayoría de las especies se van”, dice. Y agrega que, aunque en la Amazonía hay entre 1.200 y 1.300 especies de peces, “se tiene registro de que se comercializan alrededor de 400, pero en realidad las que son frecuentes son poquitas”.
Un informe del Servicio Estadístico Pesquero Colombiano, presentado a la Aunap, muestra que Inírida lideró el valor monetario de la producción de peces ornamentales en la Amazonía y la Orinoquía durante 2020 y 2021, con $1.182.885.668 y $1.782.669.100, respectivamente. Este desempeño se explicó en buena medida por la comercialización del escalar altum. Sin embargo, el mismo reporte advierte una caída pronunciada en 2022, atribuida a la reducción en el número de ejemplares exportados, tras las restricciones impuestas al ingreso de especies vivas en China, uno de los principales destinos de este mercado.
Héctor Sotomayor, acopiador con más de quince años en el negocio y experiencia como exportador desde 2007, confirma esta situación. Según afirma, los pedidos internacionales disminuyeron drásticamente después de 2020. Antes se autorizaban hasta 300.000 escalares por temporada; hoy los volúmenes son mucho menores.
En Guainía, esa caída se sintió como la confirmación de un temor latente: la vulnerabilidad de depender de un mercado costoso e inestable. Ante ese escenario, muchas familias retomaron prácticas tradicionales como la producción de casabe y mañoco, la pesca para el consumo y, en algunos casos, el turismo comunitario. El mismo mercado global que durante años alimentó las expectativas económicas terminó empujándolas a reactivar oficios que históricamente han sostenido su vida cotidiana y la economía local.
Sotomayor, rechaza la idea de que el negocio haya sido una fuente de enriquecimiento fácil. “El precio lo define el mercado internacional”, explica. En temporadas altas el escalar se pagaba entre 5.000 y 7.000 pesos en la comunidad. Pero el acopiador debía asumir costos de transporte aéreo, agua, energía, bolsas especializadas y personal: “si no se dobla el precio respecto a lo que se compra, no hay rentabilidad. No queda nada”, señala.
“Se ha aprendido mucho. Hoy los pescadores saben que un pez maltratado no sirve. En manos de ellos está la calidad”. Hace cuatro años, asociaciones locales solicitaron ampliar la veda del escalar de dos a seis meses, para evitar la desaparición en ciertas zonas. Lo hicieron motivados porque en algunos lugares la especie dejó de verse durante casi cuatro años. Se dice que pescadores ajenos al territorio extrajeron los padrotes, que son los peces reproductores.
El impacto sobre el ecosistema
Más allá de lo económico, también emerge la preocupación por los impactos ambientales de esta práctica. Como explica el investigador Juan David Bogotá, estas especies son capturadas directamente en su hábitat natural, donde se reúnen las condiciones necesarias para su desarrollo. Aunque existen modelos de manejo que buscan establecer cuotas de extracción, medir su impacto real sigue siendo complejo: no todas las poblaciones responden de la misma manera ni todos los territorios enfrentan igual presión. “Si tú sacas mucho, pues se va a acabar —advierte—, pero el impacto real es difícil de identificar”.
La regulación, en teoría, busca responder a ese equilibrio frágil. La Ley 13 de 1990 fijó el Estatuto General de Pesca en Colombia; el Decreto 2256 de 1991 reglamentó esa ley; y el Decreto 4181 de 2011 creó la Aunap como autoridad técnica del sector. Para el caso del escalar altum, la Aunap estableció en 2017 una veda anual del 1 de enero al 30 de junio en la cuenca del Orinoco, así como una talla mínima y máxima de captura para su comercialización.
La entidad explicó entonces que la especie requería manejo especial por su distribución restringida, su comportamiento territorial y su ciclo reproductivo. Durante la veda está prohibido pescar, comercializar, acopiar o transportar especies provenientes de poblaciones naturales.
Parte de esas medidas surgieron directamente en el territorio. La propia resolución de Aunap recoge que en reuniones realizadas en Inírida en 2016, comunidades indígenas, pescadores, acopiadores y exportadores pidieron ampliar la protección del altum y prohibir también la captura de reproductores.
Sin embargo, la norma no logra cerrar varios de los vacíos que atraviesan este negocio. Alan Alirio Córdoba, delegado para la Orinoquía de la Mesa Nacional Integral Permanente de Pesca, señala que la Ley 13 fue concebida desde un enfoque general que no dialoga del todo con la realidad amazónica ni con las particularidades de la pesca ornamental indígena. Su principal cuestionamiento apunta a los costos de entrada: permisos, trámites y exigencias técnicas que resultan mucho más accesibles para intermediarios con capital que para pescadores artesanales. En ese contexto, quienes asumen el trabajo más exigente continúan ocupando el eslabón más débil de la cadena.
Las preguntas que quedan en el territorio
A esa discusión se suma otra, más difusa, pero persistente en las conversaciones del río: qué pasa cuando los peces salen del país. Durante años circularon rumores sobre compradores extranjeros que estarían reproduciendo especies amazónicas fuera de su lugar de origen. Bogotá Gregory es cauto frente a esa idea. Dice no tener evidencia sobre supuestas patentes de especies colombianas, aunque reconoce que en otros mercados sí existen manipulaciones para resaltar colores. También subraya una dificultad clave: “reproducir muchas de esas especies es muy complicado, o imposible”; estos peces crecen en unas condiciones muy particulares que las da cada uno de los ríos en los que habitan, simularlas por fuera, especialmente en otro país, presenta grandes dificultades.
Desde la Guardia Indígena, Hever López insiste en que el cuidado del territorio no empezó con la ley, sino con la memoria de los mayores: calendarios propios, reglas comunitarias, vigilancia y sanciones internas. En paralelo, las comunidades enfrentan otras amenazas más agresivas y menos reguladas, como la minería ilegal en el río Inírida. En ese contexto, cuidar las especies y su ecosistema es fundamental.
López reconoce que en el territorio se sintió un impacto muy fuerte por la extracción sin control de peces ornamentales, que se evidenció en la dificultad de encontrar algunas especies. Por eso hoy regulan la captura y refuerzan la vigilancia. Cuando alguien incumple las reglas, se informa a los líderes.
La pesca ornamental ha dejado dinero en las familias, pero también dejó una pregunta abierta sobre el tipo de economía que el país ha permitido construir en lugares que poco se observan, como Guainía. Una economía donde el valor del pez crece a medida que se aleja de la comunidad que lo captura, y que depende de un mercado internacional cambiante, de reglas pensadas a veces lejos del territorio y de una biodiversidad cuyo conocimiento todavía no está completo.
Para los pescadores de Inírida el dilema es claro: si la demanda externa cae, se alivia parte de la presión sobre la fauna, pero también se estrecha una fuente de ingreso para familias que han vivido del río. Si la regulación se endurece, puede proteger poblaciones vulnerables, pero también puede profundizar asimetrías si no incorpora mejor las condiciones reales de quienes pescan. Y si la conversación sobre conservación no incluye soberanía económica, el territorio puede terminar cuidando un recurso del que otros sacan la mayor ganancia.
