Elizabeth Guerrero cocina mirando el fuego. No el sabor, no el punto de la sopa: el fuego. Vive en Villa Norte y usa gas de pipeta, ese combustible que no se acaba de golpe sino que avisa. Primero la llama se encoge, luego palidece, después titubea. Es el lenguaje del cilindro cuando está a punto de morir. En esa casa, cuando el fuego habla así, todos saben que la comida o el tetero pueden quedar a medias.
El cilindro pesa 30 libras y dura, con suerte, veinte días. Cuesta 61.000 pesos, una cifra que no se mide solo en dinero sino en renuncias. Elizabeth ha tenido que pedir prestado para comprarlo. Tener gas en cilindro, dice, siempre es un riesgo, pero con niños lo es más: un cuerpo metálico pesado, una válvula que no perdona descuidos. Por eso vigila la llave como quien cuida algo frágil. El gas no es solo energía doméstica: es una amenaza silenciosa y una preocupación constante que se instala en la cocina y no se va.
En Villa Norte, como en casi todo San Vicente del Caguán, el gas domiciliario es una promesa vieja. Diez años, dicen. Diez años es suficiente tiempo para que una promesa deje de ser anuncio y se convierta en paisaje. Elizabeth lo sabe porque las redes están ahí, desde 2022, metidas en su cocina como una broma pesada: tubos instalados, llaves nuevas, la idea de un servicio que nunca llegó. El gas está dibujado en las paredes, pero no existe.
Como ella, miles de familias han visto pasar gobiernos, funcionarios, discursos. Cada uno promete lo mismo, cada uno se va igual. El gas domiciliario se volvió una espera heredada, algo que se menciona en voz baja, como si nombrarlo demasiado fuera a traer otra decepción.
Para Elizabeth, el gas no es un debate técnico ni una política pública: es continuidad. Cocinar sin estar pendiente de la llama que se apaga, sin calcular los días que quedan en el cilindro, sin pedir prestado. “Tener gas domiciliario sería una gran tranquilidad”, dice mientras sirve la comida a sus tres hijos. Tranquilidad: una palabra pequeña para algo que aquí sigue siendo excepcional.
En San Vicente del Caguán solo el 7 por ciento de los hogares cuenta con gas domiciliario, lo que equivale a 1.101 familias, según reconoce Planeación Municipal en respuesta de un derecho de petición enviado por Consonante. El año pasado se ejecutaron dos contratos para la instalación de acometidas. El primero por 785 millones de pesos y el segundo por 2.361 millones de pesos.
Floricel Leiva Casanova tiene 55 años y un oficio que pesa en el cuerpo: es cotera. Carga y descarga mercancía de los camiones, sube y baja bultos, mide los días por el cansancio de la espalda. Vive en el barrio El Coliseo, con su esposo y su nieto. En la cocina hay una estufa de gas de pipeta, como en tantas casas donde el gas nunca termina de ser una solución y siempre es un cálculo.
“Cocinar así es una espera larga y un riesgo”, dice.
No habla en abstracto. Habla de la duda: si el gas alcanzará para terminar el almuerzo, si una chispa mal puesta prenderá la casa. El cilindro no se fía, se paga de contado. Y entonces llega la disyuntiva, dicha sin dramatismo: “A veces me toca decidir si compro la carne o compro el gas”. Comer o cocinar. No siempre ambas cosas.
Cuando el dinero no alcanza —que es seguido— Floricel vuelve a la leña. La consigue caminando, recogiendo ramas secas a la orilla de la carretera. A veces la acompaña su nieto; a veces un primo presta el motocarro para llevar los montones hasta la casa. En el patio, improvisa un fogón con lo que hay: la base vieja de una nevera, una parrilla encima.
El fuego vuelve a ser primitivo, visible, lento. No es una elección cultural ni una nostalgia: es la forma de seguir cocinando cuando el gas se convierte, otra vez, en un lujo.
Floricel recuerda que hace unos años, una pipeta mal instalada explotó en su casa. “Me quedé sin pestañas y sin nada. Esa vez pensé que nos quemábamos todos”. El cuerpo recuerda antes que la memoria: desde entonces, deja la comida preparada para su nieto y su esposo. Cocinar, para ella, dejó de ser rutina y se volvió riesgo calculado.
Cuando sale a buscar leña, Floricel pasa frente a la planta donde, dicen, funcionará el sistema de gas del barrio. La mira con desconfianza. “Es una cosita de nada, como un engaño”, dice. En su casa no pusieron contador, no dejaron nada. Les prometieron que en diciembre habría gas. Diciembre pasó. “¿Será que eso es suficiente para todo el pueblo?”. La pregunta no espera respuesta.
Rosa Helena Rojas Lozada vive también en El Coliseo, en una casa de madera. Ocho menores dependen de ella: sus dos hijos y seis nietos huérfanos. Para Rosa Helena, el gas natural no es un derecho ni una política pública: sería un privilegio. “Un beneficio muy grande”, dice. Cocinar sin vigilar la llama, sin pensar si el gas se acabará a mitad de la olla.
El último cilindro le costó 97.000 pesos. Cuando no hay plata, vuelve a la leña. “Así resuelvo”, dice, y la palabra pesa. Trata de cocinar cuando no hay viento, porque su casa es de tablas y el fuego no perdona descuidos. Aquí, incluso cocinar exige leer el clima.
A Rosa Helena también le han dicho que el gas está por llegar. Se lo repiten desde hace años. En su casa, las redes entran hasta la cocina y afuera hay un contador. Todo está puesto, menos el servicio. “Estamos como las embarazadas, esperando cuál será el último día”, dice. Las fechas prometidas se acumulan como capas de polvo: diciembre, abril, ahora 2026. El gas, mientras tanto, sigue siendo una promesa que no prende.
En una casa levantada a medias —bloques abajo, madera arriba— vive Hilda Martínez Sánchez. Tiene 64 años y una relación práctica con el tiempo: la comida no espera. Cuando el gas del cilindro se acaba, no hay margen para el reclamo ni para la paciencia. “Llamé al vendedor y me dijo que hoy no está trabajando, que mañana me lo traía”, cuenta. Mañana es una palabra inútil frente a una olla vacía. Entonces prende la leña.
Hilda no es de quedarse sentada. Sabe que esperar es, muchas veces, una forma de pasar hambre. “Si me pongo a esperar que ese señor venga, ¿qué hago? Yo hambre no aguanto”, dice, sin metáforas. Cocinar con leña no es una elección ni un retorno a nada: es resolver. Es seguir.
Pero el cuerpo cobra la cuenta. El humo se queda, entra por la nariz, raspa la garganta, pesa en los pulmones. Hilda lo sabe, lo siente, lo arrastra. Aun así, vuelve al fogón improvisado cada vez que el gas falla. Aquí, como en tantas casas de San Vicente del Caguán, el problema no es solo qué se cocina, sino cómo, con qué y a qué costo. El gas se acaba, el vendedor no llega, la comida no espera. Y el humo, ese sí, siempre cumple.
El humo no es solo una molestia: es una enfermedad que se cocina lento. El neumólogo e internista Humberto Ardila Vega lo dice sin rodeos. Cocinar con leña, explica, expone el cuerpo a una inhalación constante de partículas que terminan alojándose en los pulmones. El resultado no es inmediato, pero es persistente: enfisema pulmonar, EPOC, respiraciones cada vez más cortas.
“Las personas que cocinan con fogón de leña pueden causar daños a la salud por la inhalación de humo”, advierte.
Reducir la exposición sería la primera recomendación, aunque en muchos hogares eso suena más a deseo que a posibilidad. En escenarios extremos, dice Ardila, el uso de máscaras N95 puede ayudar a protegerse mientras se cocina. La imagen es precisa y brutal a la vez: mujeres cocinando en sus propias casas como si estuvieran en una zona de riesgo químico. El problema, otra vez, no es la falta de advertencias médicas. Es que, cuando no hay gas, el humo termina siendo la única opción.
Desde la Organización Mundial de la Salud, se advierte que alrededor de 2100 millones de personas (cerca de un tercio de la población mundial) “cocinan con fuegos abiertos o cocinas con fugas que alimentan con queroseno, biomasa (leña, excrementos de animales o desechos agrícolas) o carbón, lo que genera contaminantes dañinos en el aire de sus hogares”. La contaminación del aire doméstico causa enfermedades no transmisibles, como accidentes cerebrovasculares, cardiopatía isquémica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y cáncer de pulmón, responsables de la muerte de 3,2 millones de personas, entre estas 237.000 niños menores de 5 años.
Solo 1.101 familias tienen gas domiciliario
Zunilda Córdoba Peralta vive en el barrio Luis Augusto Castro y pertenece a una minoría casi excepcional en San Vicente del Caguán: las familias a las que el gas sí les llegó. Durante veinte años cocinó con cilindro, pagando hasta 100.000 pesos por cada pipeta. Veinte años es una vida doméstica entera. Ahora, dice, las cosas cambiaron. Las 64 familias del barrio reciben facturas mensuales entre 15.000 y 20.000 pesos. La cifra suena modesta, pero aquí significa algo más preciso: estabilidad.
El cambio no es solo económico. Es una forma distinta de habitar la cocina. Dejar de calcular el final del gas, de cargar cilindros, de vivir con la sospecha de que algo puede salir mal. El alivio se nota, incluso en la manera de contarlo.
Ismery Garzón Henao, presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio El Paraíso, lo resume así: “Muchas familias tuvieron confusiones al comienzo, con las primeras facturas, pero ahora ya entendimos y nos sale más económico cocinar”. Entender, en este caso, no es aprender a leer un recibo: es comprobar que el gas puede llegar, funcionar y cobrarse sin sobresaltos.
Son pocos barrios, pocas casas. Pero existen. Y su sola existencia vuelve más visible la pregunta que atraviesa a los demás: si aquí fue posible, ¿por qué en el resto no?
En 2022 se formuló un proyecto para conexión e instalaciones de gas domiciliario para usuarios de estratos 1 y 2, por un valor de 6.443 millones de pesos, de los cuales la administración municipal realizó un aporte de 5.750 millones de pesos. Este convenio, según reconoce la alcaldía, se encuentra suspendido por “circunstancias administrativas y procedimentales propias del proceso contractual. Por el cual aún no existen instalaciones en funcionamiento u operativas asociadas a esta iniciativa”.
Las promesas no son nuevas. Tienen fecha, papel y firma. En 2011 se selló un contrato con la empresa Gasdicom: cerca de 2.400 millones de pesos para llevar gas domiciliario a San Vicente del Caguán, durante la administración del entonces alcalde Hernán Cortés Villalba. Un año después, el 17 de diciembre de 2012, una carta anunciaba el inicio de obras en las calles de Villa Norte. La noticia pasó. Las máquinas, no.
Las obras nunca comenzaron. El gas tampoco.
Domingo Emilio Pérez, exalcalde del municipio, pone la lupa donde suele doler menos: en el origen. “El contrato se formalizó sin las garantías necesarias”, dice. La empresa no tenía experiencia previa suficiente y terminó abandonando la obra, dejando el proyecto a medio hacer, o peor: hecho solo en el papel. “Fue una crónica de una muerte anunciada”, agrega.
Desde entonces, el gas quedó atrapado en esa zona ambigua donde viven los proyectos fallidos: demasiado avanzados para empezarlos de nuevo, demasiado incompletos para servir. Mientras tanto, en las casas, el fuego siguió dependiendo de cilindros, de leña, de humo. Y la promesa, como tantas otras, aprendió a sobrevivir sin cumplirse.
En la zona rural, mediante el contrato de aportes No. 540 de 2024, se instalaron 409 acometidas de gas domiciliario. Están distribuidas así: en Guacamayas, unos 220 hogares; en Tres Esquinas, unos 100 hogares, y en Troncales, un total de 89 hogares.
Los números, cuando aparecen, no alivian. Ordenan el desencanto. En la zona urbana de San Vicente del Caguán se ha ejecutado el 57 por ciento del contrato de aportes No. 017 de 2026. La cifra suena razonable hasta que se traduce: 692 acometidas instaladas. En los barrios Luis Augusto Castro, La Victoria y El Paraíso hay 423 hogares con gas. En Los Pozos, 169. En La Sombra, 100. Sumados todos, el mapa se achica rápido.
En todo el municipio, apenas 1.101 hogares tienen gas domiciliario. De ellos, 423 están en la zona urbana y 678 en la rural. El dato tiene algo de paradoja: más cobertura en el campo que en el casco urbano, pero insuficiente en ambos lados.
Si se miran las proyecciones poblacionales, la distancia se vuelve más clara. En la zona urbana viven cerca de 26.787 personas; en la rural, 28.145. Con un promedio de 3,5 personas por hogar, la cobertura real de gas natural se estima en 5,5 por ciento en el área urbana y 8,4 por ciento en la rural. En conjunto, el municipio apenas alcanza un 7 por ciento de cobertura.
Dicho de otro modo: nueve de cada diez hogares cocinan todavía como pueden. Con cilindros que se acaban, con leña que humea, con promesas que no llegan. El gas existe, sí. Pero en San Vicente del Caguán sigue siendo una excepción estadística, no una condición de vida.
La administración lo explica en términos de criterios y priorizaciones. Estratos 1 y 2. Sectores con más viviendas sin acceso. Listas claras: La Victoria, Luis Augusto Castro y El Paraíso en la zona urbana; Guacamayas, Tres Esquinas, Troncales, Los Pozos, La Sombra, Playa Rica, Las Damas y Guayabal en la rural. En el papel, el orden existe. El mapa está trazado. El gas, dicen, avanza.
Pero en las casas de Elizabeth, Floricel, Rosa Helena e Hilda, la cocina sigue siendo un territorio incierto. Allí no llegan los porcentajes ni las resoluciones. Llega el cilindro que se acaba, la leña que humea, el cuerpo que aguanta. El gas domiciliario aparece como una promesa que se mueve de barrio en barrio, de año en año, sin terminar de instalarse donde hace falta.
El avance es real, pero desigual. Alcanza para mostrar que se puede, no para garantizar que sea para todos. Mientras tanto, cocinar sigue siendo un desafío cotidiano, una suma de riesgos pequeños y cansancios largos. El gas, en San Vicente del Caguán, no es todavía un servicio básico: es una frontera. Un derecho que, para muchas familias, sigue esperando el día en que por fin prenda.
