Antes de que los gallos canten y los primeros rayos del sol atraviesen el río Pato, Noemí Montiel se despierta y prepara el alimento del día. Alimenta a los animales, a su familia, a la tierra. Sale al patio, recoge los granos de café que después va a lavar, tostar y moler para poner su marca propia en el mercado. Mientras ella trabaja, otras tantas mujeres de la Zona de Reserva Campesina (ZRC) del Pato-Balsillas, en San Vicente del Caguán, siguen una rutina de cuidado de la vida campesina. Aun así, sus nombres rara vez aparecen en los títulos de propiedad de la tierra que habitan, defienden y cultivan.
La tierra es femenina, dicen las lideresas del Pato-Balsillas, pero los dueños de ella son los hombres que las rodean: los esposos, padres, primos, hijos. “Es una muestra más de la cultura patriarcal. La mayoría de las fincas están a nombre del hombre, no es una titulación conjunta”, dice Estefanía Chica, líder de la Asociación Municipal de Colonos del Pato (AMCOP). Esa es una de las desigualdades históricas a las que se enfrentan las mujeres campesinas: en el campo colombiano, la tierra tiene nombre de hombre.
La Defensoría del Pueblo alertó en junio de 2025 sobre esta brecha. De las 10,2 millones de personas que se identifican como campesinas, 4,9 millones —es decir, el 48,8 por ciento— son mujeres. Y aunque representan casi la mitad, en el 63,7 por ciento de los predios figura un hombre como titular, y únicamente el 36,3 por ciento está en cabeza de mujeres, según cifras del Dane de 2021.
Además, las pocas mujeres que acceden a la tierra son dueñas de los pedazos más pequeños: el 72,1 por ciento son minifundios de menos de tres hectáreas. Esa desigualdad se profundiza con los trabajos invisibilizados y las voces silenciadas. El 93,1 por ciento de las mujeres rurales realizan trabajo no remunerado frente al 56,9 por ciento de los hombres, de acuerdo con la encuesta nacional de uso del tiempo de 2021. Y apenas el 0,6 por ciento de las mujeres participa en movimientos o partidos políticos, según datos del Dane de 2023.
“¿Por qué la finca es de don Jorge y no de doña Sandra si la han construido los dos? ¿Por qué doña Sandra no tiene parte de esta tierra?”, se pregunta Alejandra Caro, una joven lideresa, miembro de la Escuela Audiovisual Voces del Pato en la vereda Balsillas. Y esa misma pregunta se hace sobre su propia familia.
“¿Por qué la finca es de don Jorge y no de doña Sandra si la han construido los dos? ¿Por qué doña Sandra no tiene parte de esta tierra?”
Alejandra Caro es hija de campesinos de la región del Pato, y a pesar de que sus padres trabajaron de forma conjunta para construir la finca que hoy tienen, el título de propiedad es únicamente del padre, cuenta ella. La historia ahora se repite, pues la misma Alejandra, a pesar de haber hecho una vida campesina junto a su pareja, tampoco cuenta con el título de propiedad de su predio. Es un ciclo que amplifica la violencia económica, una de las formas más silenciosas de desigualdad.
Un derecho negado
En un mundo ideal las mujeres campesinas tendrían el mismo acceso, titularidad y control sobre la tierra que los hombres: cerca del 50 por ciento de los predios rurales estarían a su nombre, sin sesgo por tamaño, y contarían con igualdad en la asignación de tierras en procesos de formalización, restitución y reforma agraria. Acceder a la tierra no solo significaría reconocimiento económico, sino también la puerta de entrada a otros derechos fundamentales: salud, educación, crédito, asistencia técnica, justicia y participación política.
Pero esa deuda histórica está lejos de ser saldada. De hecho, en 2021 el acceso de las mujeres a la tierra en San Vicente del Caguán llegó a su punto más bajo: tres mujeres recibieron 15 hectáreas frente a 94 hectáreas que recibieron cuatro hombres, según las cifras del Equipo de Género y Enfoques Diferenciales de la Agencia Nacional de Tierras. Dos años antes, en 2019, 19 mujeres obtuvieron 221 hectáreas y 128 mujeres formalizaron 388 hectáreas gracias a una apuesta por contribuir a cerrar esas brechas. Aun con esa iniciativa, 15 hombres consiguieron 365 hectáreas en entrega —144 más que las mujeres— y 119 hombres formalizaron 547 hectáreas, superando en 159 hectáreas formalizadas para 128 mujeres.
Esas cifras muestran que, a pesar de los esfuerzos, la disparidad territorial persiste para las mujeres rurales. Así lo reconoce Iris Marín Ortiz, Defensora del Pueblo, en la alerta que hizo la Defensoría en junio de 2025: “A pesar de los esfuerzos que se han hecho desde la institucionalidad de figuras novedosas, como la de restitución de tierras, que ordena titular tanto al hombre como a la mujer, sigue habiendo una propiedad rural que está principalmente en cabeza de hombres, a pesar del aporte y el trabajo de las mujeres al campo. Esto quiere decir que los grandes latifundios o propiedades más extensas de tierras están en cabeza de hombres”.
Por eso, uno de los llamados que ha hecho la Defensoría es fortalecer las organizaciones de mujeres campesinas y garantizar su participación en la toma de decisiones como una forma de evitar que queden por fuera del acceso a la formalización y titulación de tierras. Esto en cumplimiento del Acto Legislativo 01 de 2023, que reconoce al campesinado como sujeto de especial protección constitucional.
En Colombia uno de los hitos más importantes para garantizar los derechos de las mujeres rurales es la Ley 731 de 2002, conocida como la Ley de la Mujer Rural, que estableció un marco para promover la equidad de género en el campo. La ley propone la titulación conjunta de la tierra como mecanismo de protección de los derechos de las mujeres. De esta forma, las Unidades Agrícolas Familiares (UAF) en tierras baldías tendrían que adjudicarse conjuntamente a cónyuges o compañeros permanentes.
Aplicar este tipo de medidas en procesos de formalización y restitución es una tarea de instituciones como la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la Unidad de Restitución de Tierras (URT), los Departamentos Administrativos y las secretarías de Planeación. Sin embargo, más de dos décadas después, en muchos territorios las instituciones no han podido cumplir sus propósitos y la ley se ha quedado en el papel: las mujeres siguen siendo minoría como titulares y su acceso a créditos, asistencia técnica y justicia permanece limitado. La brecha no está en la norma, sino en la voluntad política para implementarla, advierten las lideresas. Y mientras esto no cambie, “la tierra seguirá siendo un derecho prometido, pero no cumplido para las mujeres rurales”.
Un problema que contiene otros
Se trata de una desigualdad que contiene muchas otras desigualdades. Un despojo que las excluye de otros derechos: sin títulos a su nombre, las mujeres no pueden acceder a créditos, subsidios, asistencia técnica ni programas de desarrollo rural. “No puedo presentarme a un proyecto de mejora de vivienda, porque me preguntan: '¿usted tiene tierra?'. Y yo digo no, porque no es mía. Eso afecta directamente en mi capacidad de mejorar mi producción de café”, lamenta Alejandra Caro.
A eso se le suma el desconocimiento de los derechos, un obstáculo estructural para las mujeres campesinas y rurales. En muchos casos, la falta de acceso a la información y la educación jurídica limita sus capacidades para ejercer sus derechos, aun cuando existen marcos legales que los protegen. “Muy pocas veces he recibido educación sobre los derechos de las mujeres rurales; por eso seguramente es que muchas no reclamamos la tierra que nos pertenece”, reconoce Caro.
“No puedo presentarme a un proyecto de mejora de vivienda, porque me preguntan: '¿usted tiene tierra?'. Y yo digo no, porque no es mía. Eso afecta directamente en mi capacidad de mejorar mi producción de café”,
En el caso del Pato-Balsillas, algo que complejiza el acceso a la tierra no solo para las mujeres, sino para todos, es que muchas de esas zonas son objeto de especial protección ambiental, como lo es el Parque Nacional Natural Cordillera Los Picachos, declarado PNN mediante el acuerdo 018 del 2 de mayo de 1977 del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente.
La declaración impactó la vida de campesinos y campesinas que habitaban esa zona y sus áreas limítrofes. Esa es la historia de Estefanía Chica, hija de colonos de la vereda Rovira, quienes arribaron a esas tierras en los años sesenta, antes de la declaratoria que protegía sus tierras y, después de esa protección, perdieron la posibilidad de ser dueños.
Estefanía Chica, al igual que muchos jóvenes campesinos, salió del territorio durante la época más cruda de enfrentamientos entre las guerrillas de las Farc y el Ejército Nacional. Estudió Ingeniería Agrícola en la Universidad Surcolombiana, y regresó en 2018 con el anhelo de aportar sus conocimientos a la región. Desde entonces es lideresa de la Asociación Municipal de Colonos del Pato AMCOP y creadora de su propia marca de café, Sueños del Colono. Pero jamás pudo heredar la tierra en la que su madre cultivó café por años.
“La verdad es que me ha afectado bastante no poder tener un predio a nombre mío, me ha frenado los proyectos de agroindustria que he querido tener y también hay una afectación emocional. Muchos colombianos sueñan con tener una casita propia, pero para nosotros los campesinos nuestra realización es tener nuestra finquita con nuestros animales y nuestros cultivos. Y es muy triste a veces sentarse a pensar: "¿cuándo lo conseguiré?”, lamenta Chica.
El camino hacia cerrar las brechas
Para ayudar a cerrar las brechas de acceso de las mujeres a la tierra, la ANT debe implementar el Decreto 1396 de noviembre de 2024, que reglamenta un programa especial de adjudicación de tierras para mujeres rurales y campesinas. La iniciativa plantea un enfoque diferencial que busca incluir las condiciones específicas de violencia, desplazamiento, baja escolaridad y roles de cuidado de las mujeres.
A pesar de ello, señala Zohanny Arboleda, coordinadora de Mujer Rural de Diálogo Social en la ANT, “hay que ir más atrás, no se trata solo de entregar títulos, sino de transformar relaciones de poder, reconocer el trabajo no remunerado y construir una ruralidad más justa”. Para esto, explica Arboleda, hay garantizar la participación de las mujeres rurales en los planes de desarrollo, en los consejos municipales, en los comités de reforma agraria. Hay que formar a los funcionarios públicos en enfoque de género y derechos humanos de las mujeres rurales, visibilizar el papel de las mujeres como constructoras de paz, guardianas del territorio y sujetas de derechos, y acompañar la restitución de tierras con acceso a créditos, condonación de deudas y asistencia técnica, especialmente para mujeres víctimas del conflicto.
Por eso, desde el 2021 se lleva a cabo el programa Tierras y Territorios Sostenibles para la Paz, liderado por la ANT, el PNUD y la Asociación Municipal de Colonos del Pato, que busca cumplir con los compromisos adquiridos con los campesinos en el Acuerdo de Paz firmado 2016. En el Pato-Balsilla, así como en San Vicente del Caguán, esto se ha traducido en más esfuerzos para regular la tenencia de la tierra a través de la entrega de títulos a los campesinos y campesinas.
Durante el 2025 se formalizaron 8.790 hectáreas en San Vicente del Caguán, de las cuales 5.827 —el 63,3 por ciento— corresponden a los hombres y 2.963 hectáreas —el 33,7 por ciento— a las mujeres. Aunque hay disparidad, estas cifras son las más altas para las mujeres del municipio en los últimos diez años.
Al ver esos resultados, Estefanía Chica rescata el enfoque diferencial de este programa: “en el marco de este ejercicio se promovió la entrega de títulos a las mujeres o la titulación conjunta. Esperamos que cuando salgan todos los títulos se refleje esa exigencia que hizo el programa, pues es un avance muy importante en temas de tenencia de tierra y titularidad para la mujer”.
Actualmente Noemí Montiel es beneficiaria del enfoque diferencial que incentiva a la titulación compartida y, aunque aún no ha llegado el título de propiedad de su tierra, celebra que haya podido avanzar en ese largo camino con su pareja: “yo diría que si una como mujer tiene un título, tiene un respaldo importante para surgir”.
Pero el caso de Montiel no es el común denominador en el Pato. A varias mujeres campesinas, sus compañeros sentimentales les han impedido acceder a la titulación compartida. Esto muestra una cultura patriarcal arraigada en la que se desconocen los derechos de las mujeres, cuestionan las lideresas.
Noemí Montiel y Alejandra Caro acompañan jurídica y psicosocialmente a las mujeres que atraviesan por esas situaciones, aunque a muchas de ellas les cueste incluso reconocerse como campesinas. “Aunque trabajen en las labores del hogar o de cuidado o como tal de trabajar la tierra, no se reconocen campesinas porque también está esa consideración cultural de que quien trabaja la tierra son los hombres”, explica Zohanny Arboleda. En sus palabras, “muchas mujeres no consideran que pueden acceder a estas rutas porque no se ven como la persona que tiene el derecho de acceso a la tierra”.
Un pedazo de paz con justicia social
La lucha de las mujeres no es solo por un pedazo de suelo fértil en San Vicente del Caguán. Es, ante todo, una lucha por la paz con justicia social luego de décadas de desplazamiento, despojo, fragmentación y criminalización del territorio. Durante el conflicto armado, muchas mujeres vieron cómo, mientras cuidaban a sus hijos en las ciudades, sus fincas eran usurpadas, minadas o declaradas “áreas de reserva natural” sin consulta previa.
La paz, lejos de ser un simple cese al fuego, abrió una ventana: la posibilidad de reparar históricamente al campesinado, incluidas las mujeres campesinas. El Acuerdo de Paz de 2016, especialmente su capítulo de Reforma Rural Integral, reconoció a las mujeres rurales como sujetas de derechos. Desde entonces, en el Pato-Balsillas las organizaciones han exigido titulación conjunta obligatoria en todos los procesos de formalización, prioridad para mujeres jefas de hogar, víctimas del conflicto y jóvenes campesinas, acceso directo a créditos, asistencia técnica y mercados, pedagogía jurídica en veredas remotas sobre los derechos de la mujer rural, y fundamentalmente, que la tierra no sea entregada como un favor, sino como un acto de justicia histórica.
Pero hasta 2024, apenas se ha cumplido con el cinco por ciento de las disposiciones con enfoque de género del primer punto de la Reforma Rural Integral, según advirtió el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame, entidad de seguimiento a la implementación del Acuerdo. Es decir que, a pesar de los avances impulsados por el Gobierno, como el Programa Especial de Adjudicación de Tierras para Mujeres Rurales, la realidad en el territorio sigue marcada por la brecha.
“La formalización de la propiedad rural es la necesidad más sentida de las organizaciones campesinas. Sin tierra a nombre propio, no hay acceso a créditos, no hay vivienda digna, no hay estabilidad económica ni proyectos productivos claros”, dice Eliana Hernández, abogada y lideresa que acompaña este tipo de procesos desde hace 14 años en San Vicente del Caguán.
Ese anhelo colectivo late una visión de mundo: en el mundo ideal de las mujeres del Pato-Balsillas, la tierra no tiene dueño único, sino cuidadoras y cuidadores. Un territorio donde la mujer pueda estar tranquila porque el lugar que habita también le pertenece, su hijo o hija podrán heredar un lote, pero también derechos, dignidad y autonomía. Un territorio donde el café, el plátano, la miel y los huevos no sólo alimentan, sino que generan economía propia. Donde ser campesina no sea sinónimo de pobreza, sino de soberanía. Porque hasta que la tierra no tenga nombre de mujer, la paz seguirá siendo incompleta.
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