Sobre los ríos y las carreteras —varias en estadoprecario— de Chocó no se observa mayor movimiento desde las primeras horas de hoy. En la tarde del pasado miércoles, el Frente de Guerra Occidental del Ejército de Liberación Nacional (Eln) decretó un paro armado en todo el departamento, ordenando a la población abstenerse de transitar por el departamento para “evitar cualquier incidente”.
El grupo guerrillero asegura que con estas acciones busca “visibilizar la grave situación humanitaria” por el accionar de la fuerza pública y el avance del paramilitarismo en el departamento, pero las comunidades resaltan que precisamente este tipo de acciones los dejan aún más vulnerables dentro de una cadena de violencias que han agravado el conflicto en los últimos años en varias regiones del Chocó.
“Ningún grupo armado, venga de donde venga, representa a las comunidades. Y menos defiende sus derechos. Ninguno absolutamente. Cualquier acción bélica que se haga no es ni en procura de proteger a la comunidad, si no es por intereses guerreristas, para tener dominio sobre economías ilícitas, sean minería, rutas de narcotráfico, extorsión y demás”, expresó Juan*, un experto de la región que pidió la reserva de su nombre.
“Los paros armados se han convertido quizás en la cuarta estrategia de guerra más utilizada por el Eln, después del reclutamiento, el confinamiento y el desplazamiento forzado”, complementa. Estas acciones han debilitado las estructuras organizativas de las comunidades afrodescendientes e indígenas, y han instalado el miedo.
Según el Foro Interétnico Solidaridad Chocó (Fisch), entre 2024 y 2025, han tenido lugar cerca de ocho paros armados en diferentes regiones del departamento, en especial en las subregiones de San Juan y Baudó. Este sería el primero de carácter departamental en ese periodo, establecido desde el día de hoy por 48 horas.
Además del comunicado del grupo guerrillero, la gobernadora del departamento, Nubia Carolina Córdoba, aseguró que “se han difundido por redes sociales y medios locales distintas amenazas y restricciones para los ciudadanos y servidores públicos del territorio”.
“Las comunidades vamos a estar acogidas 100 por ciento al paro. La Gobernación sacó un comunicado pidiendo que sigan las dinámicas normal, pero a nosotros nos toca asumirnos al paro”, lamenta un líder del departamento que pidió la reserva de su nombre. Como él, otros líderes y lideresas, así como familias enteras, se han concentrado en los cascos urbanos y centros poblados de todo el departamento para acompañarse mientras pasa el constreñimiento.
¿Qué conflictos tienen lugar en el Chocó?
La Defensoría del Pueblo y organizaciones sociales han alertado en los últimos años que los actores armados están llegando a sangre y fuego para quedarse con varios territorios estratégicos del departamento. Tras un periodo de relativa calma luego de la firma del Acuerdo de Paz, los grupos armados ilegales empezaron su avanzada por el territorio para quedarse con los pedazos que controlaban las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).
Para finales de 2017, el Eln pasó de las subregiones del San Juan y el Baudó hacia zonas que nunca había ocupado, como el Medio Atrato. El autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (Egc, antes Agc), herederos del paramilitarismo, iniciaron su expansión desde el norte, por el Bajo Atrato y el Darién, donde las autodefensas han mantenido el control durante las últimas tres décadas. “Hay que ver, por ejemplo, el impacto del paro en regiones como el Atrato Medio y Bajo, donde ciertamente ellos no tienen una hegemonía territorial”, advierte un líder que pidió la reserva de su nombre.
Cuando el Estado se contrajo por la pandemia por el covid-19, entre 2020 y 2021, los grupos avanzaron por la región e incluso se afianzaron en las cabeceras municipales. Entre 2018 a 2020, las confrontaciones se concentraban en el Bajo Atrato y Darién, particularmente en los municipios de Riosucio y Carmen del Darién, en la costa Pacífica y parte del Medio Atrato. Con el avance de las Egc, para 2021 ya había subido hasta la región del Baudó, causando grandes confinamientos y dejando un saldo de 8.000 personas desplazadas, según estimaciones de la Defensoría regional.
En agosto del 2021, en el San Juan se desató el infierno: el pacto operacional que tenían el Eln y el Egc, con el cual se repartieron la subregión y evitaron enfrentarse, después de 4 años se rompió. Con los combates, se han desplazado miles de personas y varias comunidades permanecen confinadas. En el San Juan se están constituyendo nuevos corredores para los intereses económicos, que buscan salir a Buenaventura, norte del Valle del Cauca y Risaralda.
Actualmente hay 10 alertas tempranas vigentes para todo el Chocó, desde el año 2020. Desde entonces, las confrontaciones entre ambos grupos se han agudizado en las subregiones de San Juan, Baudó y Alto y Medio Atrato. Ahora las confrontaciones se agudizan en el Alto Atrato y precisamente derivan en este paro armado.
¿Qué pasó en Lloró?
En el comunicado difundido, el grupo armado denunció que el pasado 20 de julio, miembros del Ejército arribaron a la comunidad de Chiriquí en el municipio de Lloró, ubicada a tres horas por el río Atrato desde el casco urbano, y retuvieron a 12 personas afro e indígenas, entre ellos menores de edad.
“A estas personas las obligaron a patrullar junto a los militares en busca de campamentos del Eln poniendo en riesgo su vida e integridad física”, se lee en el comunicado. Incluso acusa que “a esto se suma el hurto de dineros pertenecientes a la comunidad, teléfonos, electrodomésticos, gasolina y enseres de hogar”. Al día siguiente, señalaron que se detuvo y torturó a otro labriego de la región.
La detención arbitraria, el involucramiento forzado de la población civil, así como actos de tortura, representarían una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario (DIH). “Es condenable y es inaceptable que se involucre a la población civil y que se violen los derechos humanos, como aparentemente ha sucedido en el municipio de Lloró”, expresó Juan*.
Varios líderes con los que habló Consonante precisaron que siguen intentando verificar con precisión estos hechos, pero advierten que hay inconsistencias con lo que describe el grupo armado en el comunicado. Fabián*, líder del Consejo Comunitario Mayor de la Organización Campesina y Popular del Alto Atrato (Cocomopoca) —el territorio colectivo de comunidades negras más grande de la subregión del Alto y Medio Atrato—, aclara que Chiriquí es una comunidad afro asentada sobre la cuenca del río Atrato y que en los últimos meses también algunas comunidades indígenas cercanas han padecido la guerra. Para él, el comunicado del Eln es confuso y no cuenta a detalle la situación que están viviendo ambos pueblos. “No es un solo hecho aislado. Son varios y el comunicado parece que habla de manera general”, dijo.
Allí, como lo explica Fabián*, la guerra los está asfixiando. “En los últimos tres años en la cabecera municipal se viene presentando una guerra sangrienta”. El municipio tuvo una presencia histórica del Eln, pero actualmente los paramilitares se han hecho un lugar en Lloró, especialmente en la cabecera municipal y otros centros poblados del municipio. En la disputa que libran, los actores armados han instrumentalizado a la población civil, obligándolos a realizar tareas como transportar paquetes. Si se resisten, las consecuencias pueden ir desde que les quiten sus motores y lanchas hasta que atenten contra su vida. Por su parte, la presencia de la fuerza pública —que por años ha sido débil— ha venido estigmatizando a las familias de la región.
“De un lado, que de manera voluntaria la población civil esté diciendo ‘somos afín con este grupo’, de esta forma no ha pasado. De otro lado, la respuesta de las fuerzas militares ha sido muy agresiva con la población civil; aseguran que las familias de la zona rural de Lloró están al servicio de los grupos armados, pero sin ningún principio serio que conlleve a identificar que así sea”, explica el líder que pidió el anonimato, quien aclaró que los grupos armados también están estigmatizando a las comunidades como colaboradoras de su enemigo y lamentó que el Eln esté utilizando estos hechos para, a conveniencia, decretar el paro armado.
¿Qué dice la institucionalidad?
A través de las redes, el pasado 23 de julio las Fuerza Militares anunciaron que en Lloró habían dado un golpe operacional contra el Frente Guerrillero Manuel Hernández “El Boche”, perteneciente al Frente de Guerra Occidental del Eln, que opera en el municipio de Lloró. Precisó que consiguió la desmovilización de dos miembros de la organización e incautó computadores, celulares y armas.
Por su parte, el comandante de la Décima Quinta Brigada, William Fernando Caicedo Benavidez, dio detalles sobre el operativo de Chiriquí. Hace dos días, en un video aseguró que el paro armado se trató de una retaliación del Eln por las operaciones militares que la Fuerza Pública adelantó el fin de semana pasado en esa comunidad de Lloró, un despliegue aéreo de cerca de 120 militares. “Se logró la ubicación de un área campamentaria para aproximadamente 30 miembros de este cartel del Eln. Allí era un sitio por el cual se pasaban los secuestrados como (...) el caso del ingeniero Arnold Rincón, el director de Codechocó —liberado el pasado 29 de junio—”, dice el brigadier general.
En esa operación precisó que lograron incautar drones, propagandas y una emisora del Eln, además de señalar que las familias afro estaban siendo usadas como escudos humanos por el grupo guerrillero. “No es que hayan campamento dentro de Chiriquí. Allí lo que sí ha pasado es que la comunidad se ha desplazado casi en un 80 por ciento. Sus viviendas han quedado abandonadas y lo que podría estar pasando es que los armados estén utilizando de manera temporal sus casas”, cuestiona Fabián*, quien espera que en las próximas semanas se realice un acompañamiento psicosocial a esta comunidad y conocer la verdad.
Según la Gobernación de Chocó, el Ejército y la Armada, en coordinación con la Policía, fortalecieron la presencia institucional en los corredores viales y fluviales durante el paro armado, con especial énfasis sobre las inmediaciones del municipio Unión Panamericana y el corredor Quibdó e Istmina.
“Las unidades militares y policiales continuarán desplegadas a la largo y ancho del departamento, especialmente en la zona del Alto Atrato y en el municipio de Lloró, ejerciendo control militar de área y desarrollando operaciones ofensivas contra todos los Grupos Armados Organizados”, señaló en un pronunciamiento el Comando General de las Fuerzas Militares. Además recordó que actualmente no hay ningún cese al fuego vigente que limite el actuar de las Fuerzas Militares para adelantar operaciones ofensivas contra los grupos armados que hacen presencia en el departamento.
*Nombres cambiados por seguridad.
