El 17 de diciembre de 2024, los habitantes de Leticia vieron confirmadas las denuncias de corrupción que desde hace años empañaban la gestión de José Huber Araujo Nieto, exalcalde del municipio entre 2016 y 2019, elegido con el respaldo del Centro Democrático. Ese día, la Fiscalía lo arrestó por su presunta participación en un entramado de contratación irregular de obras públicas. Desde entonces, un clima de desconfianza y desesperanza se ha instalado en la ciudad, donde dos de las principales necesidades de la comunidad —el muelle fluvial y la planta de tratamiento de aguas residuales— siguen sin solución.
El muelle fluvial fue concebido como una megaobra clave para mejorar la navegabilidad en el río Amazonas, conectar a comunidades indígenas y fortalecer las economías locales basadas en el comercio y el turismo. Sin embargo, el proyecto, que debía estar terminado a finales de 2019, permanece suspendido desde octubre de ese mismo año. Hoy, el único rastro visible de la obra son unos pilotes oxidados y semienterrados a orillas del río.
La obra fue financiada con 12.000 millones de pesos provenientes de regalías, y desde 2020 los organismos de control encendieron las alertas. La Contraloría General inició un proceso de responsabilidad fiscal en 2023 por $9.581 millones contra varios funcionarios municipales, incluido el exalcalde. Por su parte, la Procuraduría sancionó disciplinariamente a Araujo con una inhabilidad de nueve años y seis meses para ejercer cargos públicos, según la decisión de primera instancia proferida en noviembre de 2024 por la Sala Disciplinaria de Juzgamiento del organismo.
En medio de esas investigaciones, la Fiscalía adelantaba un proceso penal, por el que Araujo fue enviado a prisión tras ser imputado por los delitos de cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos. El ente acusador argumentó que Araujo habría recibido al menos 2.000 millones de pesos en efectivo y consignaciones bancarias a cambio de haber direccionado el contrato a favor de la Unión Temporal Faro, integrada por tres empresas sin la experiencia requerida para ejecutar la obra.
Según le precisó la oficina de prensa de la Fiscalía a Consonante, Araujo no aceptó cargos en la audiencia de imputación, pero sí en marzo pasado durante un interrogatorio. El fiscal del caso en la primera semana de abril radicó escrito de acusación con allanamiento a cargos. Ahora, el ente investigador espera que el juzgado de conocimiento cite a audiencia para oficializar la aceptación de los hechos.
En el escándalo también fueron procesados dos miembros de su gabinete: la exasesora jurídica de la Alcaldía de Leticia, Ángela Julieth Bautista Grimaldo; y el exsecretario de Planeación Municipal, Argemiro Perdomo Santos, a quienes la Fiscalía les imputó los delitos de falsedad ideológica en documento público e interés indebido en la celebración de contratos.
La hipótesis del ente investigador es que estos funcionarios “no realizaron estudios previos ajustados a las necesidades del proyecto, en relación con precios del mercado, transporte y materiales; adecuaron las cláusulas contractuales a conveniencia de la unión temporal beneficiada; y dieron vía libre para celebrar el contrato con un solo proponente que no cumplía los requisitos técnicos y de ley”, se lee en un comunicado de diciembre del año pasado.
Sin ser enviados a la cárcel, también están vinculados a la investigación por peculado por apropiación los empresarios Édgar Eduardo Santacruz Morales y José Luis Hernández Serrano, quienes se mueven en el sector de la construcción. Santacruz y Hernández, según la Fiscalía, habrían prestado sus empresas para simular el cumplimiento de los requisitos exigidos, participar en la unión temporal y resultar beneficiados con el contrato. Asimismo se les señala de malversar el dinero del proyecto en asuntos personales como el pago de impuestos y deudas.
Por otro lado, la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Ptar) es una obra en construcción en riesgo de no continuar. Lejos de ser la megaobra insignia de la administración de Araujo, hoy la actual alcaldía hace malabares para salvar el proyecto, pero la desfinanciación y cuestionamientos a la planeación ponen en duda que se logre y la sombra de otro elefante blanco se alza en el centro del municipio.
La importancia de esta obra para la comunidad tiene a los leticianos divididos entre quienes cuestionan la continuación de la obra en el predio donde se desarrolla y otro grupo que presiona a la alcaldía para que consiga los recursos necesarios para terminarla allí.
El proyecto se retrasó por carecer de un predio para realizar la obra, la falta de estudios de suelos y otras deficiencias en la planeación del proyecto. Por eso, la Procuraduría en agosto del año pasado profirió pliego de cargos contra Araujo. La entidad destacó que el exalcalde firmó el contrato por un valor cercano a los 12.000 millones de pesos sin tener en cuenta que la Ptar no iba a poder construirse en los tiempos pactados, “con lo que pudo vulnerar los principios de moralidad y eficacia”, señaló en un comunicado.
La entidad también lo está investigando, junto a otros funcionarios de su administración, por una obra relacionada con el acueducto y alcantarillado del municipio que inició en octubre de 2018. Se habla de sobre costos, desconocimiento de la base normativa para realizar la obra y desequilibrio en la inversión y los resultados obtenidos. La oficina de prensa de la Procuraduría le confirmó a Consonante que Araujo tiene cuatro investigaciones disciplinarias activas.
“Nos chocamos con una pared muy grande que es la corrupción y frente a eso no se ha podido hacer nada”, lamenta Laureano Roa Bonilla, exalcalde del municipio (1995-1997), quien ha realizado seguimiento a varios proyectos públicos. “Con el objetivo de llenarse los bolsillos de plata, sin importarles si las cosas quedaban bien o mal, tenemos muchas obras acá en Leticia con esos problemas por la falta de una planeación correcta”, agregó.
Desde la secretaría de Planeación, oficina a cargo de Ángela Andrea González, le señalaron a Consonante que, en su interpretación, hay dos factores que afectaron la ejecución del muelle y la Ptar, distinto al entramado de corrupción y las fallas en la planeación: el cambio de gobierno y la pandemia por el Covid-19.
Desde la veeduría municipal, la ciudadanía ha presionando para que las instituciones le den solución a estas obras que necesita la principal ciudad del departamento del Amazonas. “De nada nos sirve que existan responsables y que se compongan multas, si todo va a quedar abandonado”, expresó Isaac Rodriguez, vicepresidente de la Red de Veedurías Departamental. Estos líderes se han propuesto sacar adelante los proyectos a través de las mesas en las que se revisan estos temas. Pero la tarea es difícil.
Todos los problemas detrás de estos proyectos hicieron que el muelle fuera desaprobado por el sistema de regalías y la Ptar se encuentren en un un desequilibrio económico. Al revisar los contratos y documentos de estas obras y conversar con veedores, Consonante le cuenta las movidas que hoy tiene en crisis ambas obras.
Un puente de fantasía
Leticia tiene una estrecha relación con el río Amazonas y se conecta como una ciudad portuaria con otras poblaciones de la región a través de sus afluentes. Desde las últimas tres décadas la dinámica del municipio con el río ha cambiado por la formación de un islote que bordea casi la totalidad de la ribera del centro urbano del municipio. A ese terreno, fruto de la sedimentación del río, se le conoce como la Isla de la Fantasía, un suelo que experimenta inundaciones anuales por las torrentes lluvias del Trapecio amazónico, las cuales llegan a afectar la región durante periodos de tiempo cercanos a los cinco meses.
La Isla de la Fantasía tiene un papel crucial en el desarrollo turístico y comercial. Dependiendo del nivel del río, es favorable o riesgoso el embarque de pasajeros en la región. Cuando el nivel es alto, la problemática principal es el difícil acceso para los turistas a las embarcaciones, dado que no existe una estructura segura.
Cuando el cauce que queda entre la Isla de la Fantasía y la tierra firme de Leticia es demasiado bajo, afecta el tránsito de embarcaciones de porte medio o grande, por lo que los empresarios del turismo y las familias de la región optan anualmente por trasladar las balsas al costado oriental de la Isla de La Fantasía y todo el embarque de pasajeros se hace desde ese lado de la Isla.
Los turistas y habitantes del municipio deben aventurarse por tablas o entre el fango para embarcarse hacia las comunidades indígenas.
Pero quienes más se ven afectadas son las familias que se han asentado en ese islote, sorteando las inundaciones y la falta de servicios básicos. Fabiola Vela Linares, oriunda de Puerto Nariño, vive hace más de 20 años en la Isla de La Fantasía en una casa de madera sin electricidad. “Uno acá sufre harto. Por el agua, toca usar canoa. Y si no tienes plata, no puedes cruzar. Para los niños ir al colegio les toca pagar $1.500 pesos todos los días”, lamenta.
En el Plan de Desarrollo Municipal (2016-2019), el exalcalde Araujo planteó adelantar gestiones para solucionar los problemas de infraestructura de embarque y desembarque fluvial de pasajeros y turistas. Esa aspiración se empezó a materializar desde 2016, con los estudios y diseños de un muelle de pasajeros que licitó el Instituto Nacional de Vías (Invias).
La autoridad de infraestructura vial le compartió los diseños a la Alcaldía para la búsqueda de recursos y en 2018 el municipio postuló el proyecto al Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) para conseguir financiación a través del Sistema General de Regalías (SGR) disponibles para el departamento del Amazonas.
Así, entre abril y junio de 2018, la administración municipal obtuvo $13.674.232.524 de pesos para la ejecución de la obra y la interventoría. El proyecto planteaba la construcción de un puente flotante con una estructura metálica y de madera que iniciaría en la Carrera 12 con Calle 8, atravesaría el río hasta llegar a la Isla. La obra tendría un plazo de ejecución de un año y se acordó un desembolso inicial del 40 por ciento del valor de la obra.
Para el contrato del proyecto y el de la interventoría solo se presentó un proponente en cada una. Para el primero, se trató de la Unión Temporal Faro, representada por Luis Carlos Falla González. La asociación la conforman tres empresas: Traing Trabajos de Ingeniería S.A.S., representada por Édgar Eduardo Santacruz Morales —investigado por la Fiscalía—, Ingenieria WH S.A.S., representada por José Luis Hernández Serrano —también investigado— e Ingenieria y Construcciones Faro S.A.S., representada por Falla. El valor de ese contrato, firmado en noviembre de 2018, rondó los 12.600 millones de pesos.
La interventoría se acordó por un valor de 1.074 millones de pesos y se la quedó el Consorcio Interfluvial, una unión integrada por la empresa Cayena Consultores e Interventores S.A.S., representada legalmente por Rodrigo José Piedrahita Amín; y Hergoms S.A.S., representada por Jhonattan Alejandro Camargo Ávila.
Para la obra, la Unión Temporal Faro debía certificar como experiencia previa un contrato cuyo objeto fuera la construcción de un muelle fluvial de pasajeros que contemplara dentro de sus ítems la construcción de un puente vehicular. Sin embargo, Santacruz y su empresa Traing Trabajos de Ingeniería presentó un contrato de 2018 en el que había construido un puente vehicular en Saravena y así la alcaldía avaló el requisito.
“Se cumplía con el proceso de publicación de los procesos para que la gente presentara sus propuestas, pero todo iba orientado a favorecer a determinadas personas o empresas con el contrato. Argemiro Perdomo era el secretario de Planeación y entonces él, sin mayor planificación, proyectaba los pliegos de condiciones, proyectaba la contratación de frente a cantidad de inconvenientes y anomalías”, reprochó el veedor municipal, Laureano Roa. “Salieron beneficiadas estas empresas a las que sin el mayor músculo financiero les soltaron los recursos”, agregó.
Dos de las empresas vinculadas a estos contratos ya estaban siendo investigadas por las autoridades. Los representantes de Ingeniería WH S.A.S. y Hergoms S.A.S. fueron acusados por la Fiscalía de integrar una red criminal que, en alianza con otras empresas y funcionarios de la Gobernación de Guainía —durante los mandatos de Óscar Armando Rodríguez (2012-2016) y Javier Eliécer Zapata Parrado (2016-2019)—, así como de la Alcaldía de Inírida —bajo la administración de Camilo Andrés Puentes Garzón (2016-2019)—, habría buscado direccionar la contratación pública en la región. Según la acusación, los empresarios accedían a información privilegiada suministrada por funcionarios públicos, la cual utilizaban para ajustar los objetos contractuales y otros requisitos a su favor, asegurándose así la adjudicación de los contratos.
Desaprueban el muelle
La Contraloría informó que hicieron falta estudios previos para la correcta ejecución de la obra y advirtió errores en la proyección presupuestal. Desde la oficina de planeación de la alcaldía explicaron que el proyecto había desconocido la normativa sobre movilidad reducida, al no contar con rampas y que “en los diseños se contemplaban todos los pilotes, pero en la parte presupuestal solo se cuantificó una fila”.
Entre 2019 y 2021, la administración de Araujo y la de su sucesor intentaron solucionar los errores pidiendo más dinero de regalías, pero de nada sirvió: en medio de las investigaciones que habían empezado a llevar las autoridades, el contratista dejó de responder por la obra.
La alcaldía inició el proceso de liquidación del contrato tras constatar que la obra solo alcanzó un avance del 10 por ciento, según el sistema de información de la entidad. Para recuperar los recursos desembolsados al consorcio, hizo efectivas las pólizas de cumplimiento. De acuerdo con la Oficina de Planeación Municipal, en enero de 2024 la aseguradora reintegró la totalidad del dinero a la administración. No obstante, durante la sesión del 5 de marzo de este año, en el marco de los diálogos participativos sobre el contrato, los entes de control afirmaron que la aseguradora solo devolvió cerca de 5.000 millones de pesos, y no los 7.000 millones del anticipo.
“La administración piensa que porque se recuperaron los recursos ya se soluciona el problema. El daño para la comunidad quedó: la obra no se hizo”, reprocha Roa.
Hoy realizar ese proyecto es inviable con los nuevos precios del mercado. Pasó de costar cerca de 13.000 millones de pesos a 17.000 millones de pesos. A través de la resolución 692 de 2024, el SRG ordenó la desaprobación del proyecto y que el municipio de Leticia le devolviera los más de 13.000 millones de pesos que le había girado para el contrato de obra y el de interventoría. La actual alcaldía intentó mantener esos recursos, pero la decisión fue confirmada en la resolución 1558 de 2025.
La Oficina de Planeación reconoció que aún evalúa los pasos a seguir. Esperan que, con el acompañamiento del Departamento Nacional de Planeación (DNP), se defina una ruta jurídica clara frente a los dos procesos judiciales en curso relacionados con este proyecto. Según explicaron desde la alcaldía, aunque parte de los recursos fueron reintegrados por la aseguradora y otro porcentaje permanece en las arcas del municipio, existe una porción sobre la que la interventoría —realizada por el Consorcio Interfluvial— asegura haber ejecutado actividades parciales. Este punto ha generado controversias y complejidades jurídicas que aún no se resuelven.
La administración actual, liderada por Elkin Uní Heredia, ha buscado alternativas para sacar adelante esta obra considerada clave para el municipio. Según han señalado funcionarios del Invías y del Ministerio de Transporte, una posible vía sería contratar una consultoría técnica que permita ajustar los diseños originales del proyecto o, si es necesario, elaborar unos nuevos. Por ahora, la Alcaldía continúa en fase de gestión para definir el camino más viable.
Por ahora, son pocas las expectativas y lo que la administración ha resuelto desde el año pasado es mantener una estructura en madera, con el nombre de puente humanitario, para conectar el malecón con la Isla de la Fantasía.
La Ptar sin un predio para construir
Unas horas antes de que Araujo saliera de la administración municipal, el contrato para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Ptar) quedó amarrado. El 31 de diciembre de 2019, se firmó el documento entre la entidad territorial y el Consorcio Construcción PTAR Leticia, para que en 15 meses la ejecutara, pero la siguiente administración, en cabeza de Jorge Luis Mendoza Muñoz (2020 - 2023), se encontró con un gran obstáculo: no había dónde hacer la obra.
En el pliego de condiciones del proyecto no aparece la cédula catastral o matrícula inmobiliaria del terreno. Como si se tratara de un dato evidente, la administración de Araujo solo precisó en dicho documento que “la planta se proyectó en el lote que permite recolectar el mayor porcentaje de aguas residuales, con el aprovechamiento de las condiciones actuales de drenaje natural del terreno”. Así, sin relacionar los estudios del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado donde se supone estaba identificado el lugar para la obra.
El proyecto buscaba solucionar definitivamente el problema ambiental de recolección y disposición final de las aguas residuales que actualmente se descargan a los caños y quebradas y que impactan directa o indirectamente al río Amazonas. Para eso, la administración de Araujo presentó el proyecto al OCAD y en mayo de 2019 le viabilizaron cerca de 13.500 millones de pesos de las regalías.
A pesar de que durante el proceso de licitación tres proponentes interesados en el proyectos realizaron varias observaciones sobre el borrador de pliego de condiciones señalando aspectos como la falta de planos, licencias ambientales —como el permiso de vertimiento de aguas residuales— y pedirle claridad a la alcaldía sobre la propiedad de un terreno para realizar la obra; Argemiro Perdomo, como secretario de Planeación, en una respuesta lánguida no atendió las inquietudes de los interesados y ordenó publicar el pliego de condiciones definitivo de la obra.
Por esa razón y bajo el agravante de la crisis sanitaria por el Covid-19, durante varios meses no fue posible dar inicio al contrato. La administración municipal llevó una larga negociación para hacerse con la propiedad del predio donde se tenía planeado el proyecto, en la Carrera 11 con 5, un terreno de 1,5 hectáreas que las autoridades le habían confiscado a Evaristo Porras Ardila, narcotraficante capo del Cartel del Amazonas.
Después de una larga negociación, la Alcaldía de Leticia y la Sociedad de Activos Especiales (SAE) suscribieron la promesa de compraventa el 4 de marzo de 2021 por $1.546.794.270 de pesos, obligando a la administración municipal a aportar el 44 por ciento de ese valor del presupuesto de la alcaldía por no haber contemplado todo este gasto con la financiación de regalías. El negocio solo quedó escriturado hasta el 14 de mayo de ese año, 17 meses después de la firma del contrato.
El Consejo de Estado ha señalado que la contratación pública debe realizarse bajo el principio de planeación, es decir, de manera organizada, concienzuda y contando con los elementos necesarios que puedan llevar a materializar la obra.
Este pilar se viola cuando, por ejemplo, las instituciones públicas celebran contratos sin haber adquirido los predios sobre los cuales busca construir determinada obra y puede derivar en la nulidad del contrato, según lo precisó la sección tercera de la alta corte en sentencia del 24 de abril de 2013. Con todo y la flagrante infracción, el contrato continuó.
“Nosotros como veedores tenemos unas responsabilidades ante la ciudadanía de vigilar la forma como se ejecuta el erario, así como a estar en todo el proceso de estructuración, planificación y ejecución, pero esto no sucede. Nosotros estamos entrando ya en las ejecuciones de los proyectos. Y generalmente hay una mala planificación porque muchos de esos proyectos nacen desde la capital y no contemplan el dinamismo de la región”, señaló el veedor Rodríguez.
Cuestionamientos al predio para la Ptar
A pesar de que la administración de Araujo señaló que este terreno era la mejor opción, hay cuestionamientos sobre la idoneidad del predio para esta obra. Roa lideró una veeduría ciudadana sobre este proyecto y desde sus inicios, además de advertir que el predio no estaba en manos de la Alcaldía, señaló que el predio no cumplía con las especificaciones técnicas para construir una planta de tratamiento.
“La distancia entre la Ptar y las viviendas no cumple. No hay barreras naturales que se requieren. En su momento, no se hicieron los estudios de suelos para ver si el terreno podía resistir todo el peso de la infraestructura”, expresó. Según la normatividad actual del Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial, la distancia mínima de amortiguamiento para las Ptar en zonas residenciales es de 75 metros desde la vivienda más cercana, pero el lote en discordia está rodeado a menos de 10 metros de viviendas, de centros educativos como la escuela Rafael Pombo y hoteles como el Decameron.
A los habitantes de la zona les preocupa el perjuicio que puede traer este proyecto ubicado en el corazón del municipio, por riesgos de inundación y malos olores que se pueden generar para habitantes y turistas, como lo ha enseñado el caso de la Ptar Aguas Claras, en el norte del municipio de Bello, Antioquia.
Roa también cuestionó que se inició con la construcción de las redes de aguas negras sin antes empezar con las obras de la planta de tratamiento y que solo hasta diciembre de 2022 —tres años después de la firma del contrato— se realizaron las socializaciones con la comunidad del barrio El Águila, quienes se verían afectada por el vertimientos de las aguas residuales, desconociendo la opinión de la comunidad incluso desde la ideación del proyecto en 2017. Por eso, estas familias han hecho resistencia a la instalación de tuberías.
“Lo más triste es que en su momento ni la Procuraduría, ni la Contraloría, ni la Fiscalía, mucho menos la Personería Municipal, habiendo nosotros advertido la situación antes de que empezaran a construir esta obra, actuaron”, reprocha Roa. En 2019, junto a 28 habitantes del municipio, presentaron una acción popular para que las autoridades entraran a deliberar si la obra podría realizarse allí y si se había cumplido con los requisitos de planeación, a fin de evitar que la obra fuera un elefante blanco. Por la pandemia, la compra del lote y las modificaciones que la alcaldía hizo al proyecto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca consideró que los hechos iniciales de la denuncia habían cambiado y falló en contra de la comunidad y el proceso se archivó en noviembre del año pasado.
Con los nuevos movimientos del proyecto, el mismo grupo de veedores ciudadanos están alistando una nueva acción popular con modificaciones para conseguir la suspensión del proyecto. Esperan que esta vez el juez le dé prioridad al tema como exige la ley. “Si nos diera la razón de que esa construcción no es viable allí, entonces, ¿qué va a pasar con toda esta tubería que ya enterraron? ¿Qué va a pasar con toda esa plata que ya se invirtió?”, se pregunta Roa.
Avance desfinanciado
El Consorcio Construcción PTAR Leticia, representado por Grace Edith Zarate Pesantes, fue el único proponente del cuestionado proyecto. El contrato se celebró por un valor de $11.933.776.807 de pesos y la alcaldía desembolsó el 50 por ciento del valor del contrato —cerca de seis mil millones de pesos— al consorcio a modo de anticipo. Zarate es reconocida en el municipio por haber ejecutado varios contratos en el municipio, uno de ellos, el relacionado con los pozos artesianos para el suministro del agua al acueducto de Leticia, que a la fecha no opera por no contar con la licencia para su funcionamiento.
La asociación la conforman cuatro empresas: Construnal de Aguas S.A.S., con una participación accionaria del 15 por ciento y representada legalmente por Mario Arturo Rojas Rodríguez; Geosigma Ltda., con una participación del 18 por ciento, representada por Grace Edith Zarate; Invermohes S.A.S, con el 17 por ciento de las acciones y representada por Sergio Gustavo Gómez Herrera; e Ingeambicol S.A.S, con el 50 por ciento de las acciones y representada por Sharon Gianina Moreno Bernal.
Esta última empresa araucana y su representante legal saltaron a la opinión pública por el escándalo de la compra de un jet de lujo para la Policía Nacional por un valor de más de 12 millones de dólares. El consorcio a través del cual se realizó esta operación estaba conformado por tres empresas, varias sin experiencia para estos asuntos, y precisamente la que mayor participación tenía en la asociación, el 90 por ciento, era Ingeambicol. Caracol Radio pudo establecer que la empresa y Sharon Moreno hacen parte de una red de sociedades que mueven la contratación en Arauca.
Para quedarse con el contrato, el Consorcio Construcción PTAR Leticia tuvo que certificar dos contratos terminados con entidades públicas o privadas, con una cuantía mayor o igual a la del proyecto y cuyo objeto sea la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales o potables de 100 litros por segundo. Con la experiencia que logró certificar una de las cuatro empresas, Invermohes S.A.S, cumplieron el requisito. Se trató de dos módulos de la PTAR de Tunja, Boyacá, obra sobre las cuales en 2023, la Procuraduría señaló que una parte no estaba en funcionamiento por líos legales y se estaba impactando ambientalmente el Río Jordán.
En 2021, el contratista solicitó realizar un rediseño del proyecto por una variación en el flujo de agua que iba a manejar la Ptar. Después de su aprobación el proyecto avanzó durante todo el año 2023 como nunca antes lo había hecho, pero al año siguiente el consorcio solicitó un serie de suspensiones por desabastecimiento de materiales hasta que manifestaron otro problema: el presupuesto era insuficiente. Desde entonces el proceso se suspendió, quedando en un avance del 51 por ciento del proyecto y una ejecución financiera del 50 por ciento del valor inicial de la obra.
La administración actual, en cabeza de Elkin Heredia, está citada en las mesas periódicas de la Contraloría, dentro de la iniciativa Compromiso Colombia, para evitar que se pierda esta obra. Allí acordaron que el municipio buscaría recursos y el consorcio reinició el contrato en abril de este año, renovando pólizas y generando el balance económico.
Desde la oficina de planeación le confirmaron a consonante que el municipio ya tiene listos 950 millones de pesos para inyectarle a, pero faltan más recursos. Por eso, la administración de Heredia ha tocado las puertas de la Gobernación de Amazonas para intentar refinanciar la obra, pero la autoridad departamental los dejó con las manos extendidas.
“Nosotros lo advertimos. Comparamos con otras Ptar que se instalaron en otras partes del país y realmente no daba por ningún lado que fueran a terminar esa obra con la plata que estaba presupuestada”, señaló el exalcalde Roa. Según explica, los sobrecostos de un proyecto de tal magnitud tras cuatro años desde que formalmente se empieza a ejecutar, se palpan en los precios de los materiales de construcción.
Nota: Consonante buscó a Jose Araujo y su secretario de Planeación para conocer más sobre su proceso ante la justicia, pero no se obtuvo respuesta.
