Desde 2022, una estructura envuelta en plástico de construcción ha quedado varada en pleno centro de Inírida, como un fantasma que nadie mira pero todos conocen. Con el tiempo, la obra inacabada se ha fundido con el paisaje cotidiano: los vecinos aparcan sus motos frente a ella sin preocuparse, sabiendo que allí no se mueve el comercio.
En ese mismo lugar funcionaba la vieja plaza de mercado, deteriorada y olvidada, que clamaba por una renovación. La construcción que hoy permanece estancada prometía ser su reemplazo. Pero tres años después, lo que debía ser un símbolo de progreso se ha convertido en una de las obras inconclusas más antiguas del municipio, y para muchos, en otro elefante blanco de la región.
Para que eso no ocurra, el caso se encuentra priorizado en la Comisión de Moralización Regional de Guainía, dentro de la cuál periódicamente los entes de control están realizando revisiones de los avances de su ejecución. Sin embargo, es una labor que debe abanderar el ente territorial.
Consonante buscó agendar una entrevista con la Alcaldía de Inírida para conocer varios aspectos del proyecto, pero el funcionario encargado se encontraba de vacaciones. Se esperaba resolver varias preguntas por un derecho de petición que se remitió a la oficina del alcalde, Arturo Alexander Sánchez, pero aún no se ha obtenido respuesta.
Según los reportes presentados durante los Diálogos de Seguimiento Participativo —el espacio en el que la comunidad hace veeduría al proyecto—, al 25 de abril de 2025 la construcción de la nueva plaza de mercado tenía un avance físico del 79,9 por ciento. Tras varios ajustes al presupuesto inicial, el costo total del proyecto llegó a los 7.993 millones de pesos, y sigue demandando recursos del municipio para cubrir tareas pendientes, como la interventoría. En términos financieros, se ha ejecutado el 80,92 por ciento del presupuesto, lo que equivale a más de 6.000 millones de pesos desembolsados.
Los problemas que ha sorteado este proyecto tiene tres responsables: la Alcaldía de Inírida, por las fallas en la planeación y estudio previo del proyecto que obligaron a que fuera reformulado parcialmente; el Departamento de Prosperidad Social (DPS), por no agilizar la revisión de la reformulación del proyecto al ser su financiador; y el contratista, ante cuestionamientos en su experticia para desarrollar una obra de tal magnitud.
Un proyecto esperado
Desde la llegada a la administración municipal de Pablo Willian Acosta Yuvabe (2020-2023), primer alcalde indígena del municipio, empezó a prepararse el megaproyecto. En su Plan de Desarrollo Municipal dejó plasmada la necesidad de alcanzar una solución de raíz a las deficiencias espaciales de la antigua edificación de la plaza de mercado. Lo presumió como un resultado que lograría su gestión, pero quedó en deuda.
Las plazas de mercado en Colombia cumplen una función de servicio público, cuya gestión y responsabilidad recae sobre las entidades territoriales. En el caso de Inírida, la cabecera municipal actúa como centro de acopio y puerto de distribución para los bienes que no se producen localmente, abasteciendo tanto a la población urbana como a las comunidades más alejadas del departamento.
Durante años, las distintas administraciones municipales han reconocido que la desorganización en la comercialización de productos agropecuarios afecta directamente el abastecimiento alimentario. Esta situación ha generado problemas en el manejo de alimentos y residuos sólidos, ha fomentado la informalidad entre los comerciantes, ha contribuido a la invasión del espacio público y ha deteriorado el paisaje urbano.
La comunidad recuerda el mal estado en el que se encontraba la infraestructura, también que con el proyecto se prometió que los primeros que tendrían acceso a los locales serían quienes ya hacían uso de la plaza. Pero la cura fue peor que la enfermedad.
Una vez empezó la construcción de la obra, los primeros afectados fueron los comerciantes que se apropiaron, aún más, de las calles del municipio. “Sacaron a la gente y el que tuvo con qué pagar un local, pues pagó. El que no, pues fue a vender en la calle”, recuerda Helena Dimate, exconcejal y miembro de Veeduría en Acción Planea Guainía, un grupo conformado en febrero de este año por siete mujeres, a través del cual buscan ejercer control y vigilancia sobre la gestión pública.
“La gente prácticamente estaba viviendo entre el mercado, vendiendo comida por las calles. Literalmente, uno se tenía que encaramar por encima de la comida porque ya no había por dónde pasar”, complementa Ligia Martínez, otra de las mujeres del grupo de veeduría del municipio. Ante la necesidad, se sumó la proliferación de vendedores ambulantes que empeoró la disposición del espacio: los racimos de plátano en el piso o las bolsas de mañoco apiladas sobre mesas plásticas se veían por toda parte.
La situación cambió con la llegada a la alcaldía de Arturo Alexander Sánchez (2024 - 2027), quien buscó la recuperación del espacio público y ubicó transitoriamente a los vendedores en la caseta comunal del centro. Otros quedaron por el coliseo o cerca al barrio Berlín. “Pero necesitamos la plaza de mercado con suma urgencia para que la gente que anteriormente vendía allí la pueda aprovechar”, resalta Martínez.
Las jugadas de una obra con un único proponente
Aunque inició en el periodo del alcalde Acosta, la obra era una idea heredada de su predecesor, Camilo Puentes (2016 - 2019) —procesado por presunta corrupción en la asignación de contratos, dejado en libertad en abril de 2020 por vencimiento de términos—, quien había empezado a tocar puertas, junto al exrepresentante a la Cámara del departamento por el partido Cambio Radical, Carlos Cuenca Chaux —condenado este año por compra de votos—, para que el gobierno nacional le desembolsará los recursos.
A mediados de 2021, por gestión del entonces congresista, el municipio logró la financiación de la obra con recursos del Fondo de Inversión para la Paz del Departamento de Prosperidad Social.
Después de analizar el costo de materiales y mano de obra, la alcaldía estableció inicialmente que el proyecto tendría un valor cercano a los 5.815 millones de pesos. De estos, se pactó que más de 222 millones de pesos serían ganancia neta para el contratista. El proyecto contemplaba construir una nueva infraestructura sobre el mismo terreno en el que se encontraba la antigua plaza de mercado. Se trataría de un nuevo edificio levantado sobre un predio de 1.500 metros cuadrados en el que se organizarían 56 locales en una edificación de dos pisos.
Al proceso de licitación sólo se presentó un proponente: Giovanni Alexander Delvasto Arenas, en representación del Consorcio Plaza Inírida 2021. Delvasto, administrador de empresas y renombrado comerciante de Inírida, era cercano al congresista Cuenca. Según El Morichal, “en redes sociales hay rastro de la familiaridad entre los dos: compartieron espacio durante el mundial del 2014 en Brasil, un viaje a Estados Unidos para ver una carrera de autos de carrera o diferentes reuniones privadas”.
La cercanía entre la familia Delvasto y el exrepresentante es ampliamente reconocida en el municipio. Incluso, su relación llegó a quedar expuesta en la compra de votos para las elecciones legislativas de 2014 y uno de los que quedó en el ojo de ese escándalo fue el hoy contratista de la plaza de mercado: se hicieron públicas fotografías de Giovanni Alexander Delvasto en donde, al parecer, estaba descargando materiales de construcción en una casa de escasos recursos, hechos que tendrían relación con el entramado de compra de votos a favor de Cuenca, según señaló El Espectador.
Por este caso, en enero de este año, la Corte Suprema de Justicia condenó al excongresista Cuenca a más de siete años de cárcel, le impuso una millonaria multa y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos. En la decisión, el alto tribunal señaló que la familia Delvasto fue clave en la operación y el nombre del contratista de la plaza de mercado salió a relucir.
“Alexander Delvasto reconoció la ayuda brindada al acusado para las elecciones del año 2014, esto, mediante estrategias políticas, suministro de alimentos y albergues para los sufragantes que se desplazaban a los puntos de votación los cuales en su gran mayoría eran indígenas pertenecientes a comunidades del sector”, se lee en la sentencia.
Consonante buscó a Delvasto, representante del consorcio, pero declinó la entrevista porque aseguró que no confiaba en la prensa. A pesar de representar el consorcio, hay otro nombre alrededor de la unión. El Consorcio Plaza Inírida 2021 es una asociación creada entre Delvasto, con una participación del 95 por ciento, e Ingelec S.A.S, representada legalmente por Jaime Eduardo De La Portilla Moncayo, un empresario pastuso.
A pesar de solo tener un cinco por ciento de las acciones del consorcio, la experiencia de Portilla como director de una obra civil igual y con un valor similar al del proyecto de la plaza de Inírida le daría lo necesario a la unión para quedarse con el contrato, según requisitos del pliego de condiciones que consultó Consonante. Sin embargo, se trató de una experiencia controversial.
Años atrás, Portilla había llevado a cabo la obra de la plaza de mercado de Puerto Asís, Putumayo, y la historia es similar a la de la obra de Inirida. La Gobernación de Putumayo y una unión temporal creada para la construcción de la plaza que representaba Portilla celebraron el contrato de obra 618 del 30 de 2013. El proyecto tenía una cuantía inicial de 5.199 millones de pesos, pero también tuvo varias falencias en la planeación de los diseños iniciales y se generaron costosas adiciones que rondaron los 1.500 millones de pesos. La obra sólo fue inaugurada hasta mediados de 2021.
Consonante contactó a Portilla para conocer sí él y su empresa en la práctica tienen participación en la dirección y toma de decisiones del consorcio, así como de la obra civil en Inírida, o si todo ha quedado en manos de Delvasto. El empresario pastuso guardó silencio ante las preguntas.
El 28 de diciembre de 2021, se suscribió el contrato de obra 498, entre la Alcaldía de Guainía y el Consorcio Plaza Inírida 2021. Tal como quedó registrado en la pálida valla del proyecto que se instaló en el lote de la obra, la edificación debía entregarse a finales de julio de 2022, pero los contratistas del proyecto adujeron varios problemas en la ideación de la obra e incumplimientos de la institucionalidad y empezaron a correrse los tiempos.
Prórrogas y un mal diseño
Los términos del contrato, tal como lo elaboró la Alcaldía de Inírida de Pablo William Acosta, contemplaban que el proyecto se debía realizar en siete meses, para ser inaugurado a finales de julio de 2022, pero la firma de inicio de la obra se realizó hasta el 30 de marzo de ese año, lo que le daba al consorcio solo cuatro meses para realizar la plaza de mercado. Un imposible a todas luces.
Esa restricción venía por orden del nivel nacional. Una de las condiciones del DPS para la financiación de la obra era que el plazo de ejecución del convenio debía realizarse hasta el 31 de julio de 2022. La falla en los tiempos era de conocimiento de Delvasto y así lo reconoció en una entrevista que le concedió a La W, en la que el comerciante señaló que los términos del contrato debían quedar así, pero sabía que en ese tiempo no podría concluir la edificación.
Así empezaron las prórrogas y suspensiones de los términos del contrato. Primero, el consorcio pidió una suspensión de un mes para revisar presuntas fallas en los planos. Después, se excusó en la demora por parte de la alcaldía para dar inicio al contrato, también en imprevistos en la adecuación del suelo cuando iniciaron excavaciones y en las demoras en el transporte de materiales a raíz de la temporada de sequía. Así, corrió un año de prórrogas.
A mediados de 2023, por concepto de la interventoría y el consorcio, la alcaldía presentó una reformulación del proyecto para replantear aspectos del diseño relacionados con desagües e instalaciones sanitarias, hidráulicas y eléctricas, los cuales debían ser aprobados por Prosperidad Social para avanzar en la construcción.
La obra empezó a tomar revuelo mediático cuando empezó a quedar parada la construcción y funcionarios de la alcaldía empezaron a exculparse. En un video publicado en agosto de 2023 en la página de la institución, Carlos Ernesto Díaz, quien había asumido la Secretaría de Planeación, salió en defensa de la alcaldía exponiendo los avances de la ejecución de la obra y que las suspensiones eran necesarias para mejorar las condiciones del proyecto.
La alcaldía de Acosta debía realizar el estudio previo de la obra, un proceso que debe surtirse para avalar la viabilidad de un proyecto. A inicio de 2021, el entonces secretario de Planeación y Desarrollo Económico Municipal, Miguel Ángel Uribe Ramírez, concluyó ese estudio, pero hay varias dudas sobre el proceso. Desde el Departamento Nacional de Planeación (DNP) se elaboró una guía para la elaboración de proyectos que pretendieran construir y dotar plazas de mercado. Para entonces, el modelo que estaba disponible, precisaba aspectos del presupuesto y el cronograma que debieron ser tenidos en cuenta por la entidad territorial para que la obra fuera exitosa.
Consonante buscó a Miguel Ángel Uribe Ramírez, exsecretario de planeación municipal, para preguntarle si siete meses era un tiempo posible para realizar la obra y si se falló en el estudio previo y la materialización de los planos para la plaza de mercado, pero lejos de referirse a su gestión argumentó que no se pronunciaría porque desconocía los detalles actualizados de la obra en manos de la nueva administración.
Lo cierto es que el estudio previo y las especificaciones técnicas de la obra, que estaban a cargo de Uribe, presentaban varias fallas. Una vez se superó la etapa de reevaluación del proyecto, la Alcaldía y el consorcio liderado por Delvasto acordaron una adición presupuestal de 2.177 millones de pesos, provenientes de recursos de la administración municipal. Con este ajuste, el contratista no sólo mantuvo los 222 millones de pesos que inicialmente representaban su ganancia neta, sino que obtuvo cerca de 80 millones de pesos adicionales en utilidades.
Previniendo un elefante
Junto a otras obras del departamento, la construcción de la plaza de mercado empezó a ser evaluada dentro del proyecto Compromiso Colombia, una estrategia de control fiscal de la Contraloría General de la República que buscaba generar diálogos entre la comunidad, las instituciones locales y las entidades a cargo de obras para que no terminen siendo elefantes blancos, pero ni así logró destrabarse el proyecto de la plaza de mercado.
Durante ese tiempo, a esto se sumó el vencimiento del contrato de interventoría y la demora en la asignación de uno nuevo —más de seis meses— para el puesto. Por esto y la reformulación del proyecto, el consorcio justificó una parte de las suspensiones del contrato, que en total tuvieron lugar desde el 13 de julio de 2023 hasta el 31 de agosto de 2024. Durante un año, un mes y 18 días el proyecto estuvo en pausa.
“Para que se volviera a mover la obra de la plaza de mercado, nos tocó, como veeduría, llamar a la mesa de moralización del departamento donde estaba Fiscalía, Procuraduría y Contraloría”, recuerda Ligia. Así escaló la presión y se reavivó la obra en agosto de 2024. “Porque estamos ahí encima como veeduría, con el alcalde actual se movió. Pero el alcalde anterior sí nunca le puso acento a eso. El secretario de Planeación nunca le prestó atención”, reprocha Dimaté.
De esta manera la obra se reactivó y Giovanni Delvasto ha solicitado tres prórrogas de tiempo para cumplir con la construcción. Según le informaron al grupo de veedoras en mesa con los entes de control, se amplió el plazo hasta mediados de este año para concluir. Consonante revisó la documentación subida en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop) y la última acta de prórroga acordó la nueva fecha de finalización del contrato para el 14 de junio. “Ya estamos cansados que cada rato piden (el consorcio) plazo”, cuestionó Martínez.
A inicios de abril de este año, la Contraloría solicitó auditar 889 convenios interadministrativos que Prosperidad Social había celebrado entre 2020 y 2024, pero esa institución solo pudo suministrar la documentación de 25 convenios, lo que impide verificar la millonaria ejecución del resto de proyectos. Consonante le consultó al ente de control si pudo auditar el convenio de la plaza de mercado de Inírida y desde la oficina de prensa confirmaron que este fue uno de los procesos sobre los que pidió cuentas al DPS, pero no le entregaron información.
El grupo de veeduría ciudadana confirmó que Prosperidad Social ya cerró su ciclo con el proyecto y dejó en manos de la Alcaldía la financiación de la interventoría final. “Había que hacer un adicional para poder terminar la plaza de mercado. Prosperidad Social dijo que ya no daba más plata, entonces, para que no se perdiera la obra, se comprometió el ente territorial a dar el último apoyo para contratar un interventor”, explicó Martínez.
Consonante contactó a Prosperidad Social para conocer qué responsabilidad mantiene sobre la obra y qué seguimiento ha hecho a los recursos invertidos en Inírida. Sin embargo, la oficina de prensa no entregó detalles.
Según Martínez, el último obstáculo fue precisamente ese: la falta de recursos para contratar un nuevo interventor, un gasto que ahora debía asumir la alcaldía. Pero había un cuello de botella político. El Concejo Municipal no le había aprobado al gobierno local el uso de cerca de 12 mil millones de pesos no ejecutados del año anterior, que servirían para financiar distintas obras del municipio, incluida la plaza de mercado.
Fue entonces cuando los veedores decidieron intervenir. “Nos permitimos recordarle al Concejo que eran representantes del pueblo, no del alcalde, y que estaban perjudicando a la gente, no al mandatario”, relató Martínez. La presión surtió efecto: en una sesión extraordinaria del pasado 10 de marzo, el Concejo aprobó el uso de esos recursos y se asignaron finalmente 120 millones de pesos para la interventoría de la plaza.
Mientras tanto, el consorcio solicitó la más reciente prórroga, esta vez alegando un retraso en la entrega de un equipo importado. Desde noviembre de 2024 adquirieron un sistema de bombeo contra incendios, pero el proveedor notificó que, por tratarse de un producto extranjero, tardaría varios meses en llegar. Con la instalación de los componentes especializados la red contra incendios y la red eléctrica, el consorcio encabezado por Delvasto podría por fin terminar la obra y dejarla en funcionamiento.
“A nosotros nos ha causado mucha molestia que cada rato nos salgan con una cosa más, que siempre falte un detalle”, concluyó Martínez, con el tono de quien ya ha escuchado demasiadas promesas.
