El paramilitarismo en La Guajira amenaza a los comerciantes 

Hace dos semanas, un grupo de 80 comerciantes se reunió con la Policía de Fonseca, al sur de la Guajira, para alertar sobre su preocupación por el aumento de atracos, robos y extorsiones de los que son víctimas. “Las cosas están horribles, en su peor momento. Acá atracan todos los días, hay fleteos y robos de hasta 40 millones”, denuncia un comerciante, quien pidió reservar su nombre por seguridad.

Algunos comerciantes consultados mencionan que han considerado cerrar sus negocios por la falta de garantías en la seguridad. “Sabemos que esta es la principal fuente de empleo del municipio, pero no soportamos más extorsiones ni robos. Si la situación no mejora, nos vamos”, cuenta otro comerciante. Los mensajes y llamadas, según afirman, se han difundido a todo el comercio, y los grupos criminales, que se identifican supuestamente como integrantes del Clan del Golfo, piden 30, 40 y hasta 50 millones de pesos para no ser declarados como “objetivo”. Sin embargo, los comerciantes creen que detrás de esto no solo está el Clan del Golfo, sino también otros grupos armados.

Los mensajes de extorsión son enviados por WhatsApp con nombre y apellido. El delincuente se presenta como el supuesto comandante financiero del Ejército Gaitanista de Colombia y habla de una “citación para tratar temas correspondientes a su apoyo y retomar dicho acuerdo”.

Son varios los hechos de violencia que los comerciantes han documentado: el dueño de un local comercial recibió dos disparos en las piernas, en otro negocio se llevaron los celulares de todos los empleados, en un almacén se robaron 14 millones de pesos y a una empleada de Coca Cola le robaron 50 millones de pesos a la entrada del banco. 

Y aunque, después de la reunión con la Policía de Fonseca, se capturaron a 7 personas que extorsionaban bajo el nombre del Clan del Golfo (autodenominado Ejército―antes Autodefensas― Gaitanista de Colombia), para la comunidad el miedo persiste: “Nos sentimos vulnerables y hace falta acompañamiento del Gobierno. Estamos prevenidos y pedimos al Ejército, a la Policía y a la Fiscalía que intervengan”. A pesar del miedo, se atreven a denunciar porque quieren hacer visible el problema y pedir garantías para su seguridad: “No queremos más heridos, somos unos 2.000 comerciantes que pagamos impuestos y, si tenemos que cerrar y bloquear las vías, lo haremos”.

“No contesto números desconocidos porque me llaman para pedir plata. No hay apoyo de las autoridades, dan estadísticas que no corresponden a la realidad. A un comerciante le robaron el camión y la misma Sijin le dijo que pagara 20 millones para que lo devolvieran, no hacen operativos, no hay policías (...) Nos están matando y atracando, y el alcalde y la Policía no hacen nada”, reclama otro comerciante.

El Gaula de la Policía informa que se han instaurado denuncias por extorsión en los municipios de Fonseca, Barrancas y San Juan del Cesar en contra de comerciantes, ganaderos y agricultores. Solo en noviembre se identificaron a 4 víctimas y se capturaron a 3 personas relacionadas en los delitos. Para contrarrestar las extorsiones, el grupo de prevención e investigación criminal del Gaula realizará para la siguiente semana desplazamientos en los municipios para atender las denuncias.

Sin embargo, el Gaula advierte que no tiene confirmada la responsabilidad del Clan del Golfo: “Si bien es cierto se tiene presencia el Clan del Golfo, no podemos afirmar que las extorsiones mencionadas por los comerciantes en Fonseca se atribuyan a este grupo criminal, hasta no adelantar los respectivos actos investigativos a que dé lugar”.

Amenazas a Supergiros 

Para los vendedores de Fonseca, las amenazas están relacionadas con las recientes denuncias en Supergiros. “Es una advertencia para los comerciantes, ellos se hacen sentir metiéndose con nuestros empleados, no hay una seguridad completa”, advierten. 

El 4 de noviembre Marlen Fernanda Mozo, trabajadora de Supergiros, fue asesinada en el municipio de Bosconia, en Cesar, durante el día y en su lugar de trabajo. La Policía Metropolitana de Barranquilla señaló que el responsable de las amenazas y ataques que recibió la empresa de giros y apuestas venían al parecer del Clan del Golfo.

El 22 de noviembre en Luruaco, Atlántico, dispararon contra otra empleada de Supergiros y al día siguiente, hombres armados atacaron a otra mujer en el centro de Barranquilla. En el lugar, los delincuentes dejaron un panfleto firmado por el Ejército Gaitanista en el que amenazaban a quienes “operaban sin acuerdo”.  Por estos hechos, esta semana la Policía capturó a 12 personas que al parecer estarían detrás de los ataques.

Consonante intentó comunicarse, tanto por llamadas como por correo electrónico, con la Secretaría de Gobierno de Fonseca para conocer qué se ha adelantado y cómo se ha garantizado la seguridad en el municipio, y no obtuvo respuesta. Por su parte, la Policía de Fonseca tampoco dio declaraciones sobre el tema aunque fue contactada en varias ocasiones.

La violencia se expande en el departamento

Desde 2023, según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha), la violencia armada en Riohacha, Dibulla y San Juan del Cesar se ha intensificado debido a la disputa territorial entre grupos armados. Lo que ha incrementado los desplazamientos individuales y masivos, confinamientos, restricciones a la movilidad, masacres, homicidios selectivos y amenazas a líderes sociales y defensores de derechos humanos. 

Este año se han registrado 1.356 desplazamientos en La Guajira, mientras en 2023 se registraron 956, según la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas. Este incremento, según el informe, obedece al desplazamiento masivo en la zona rural de Riohacha desde finales de febrero, que afectó a los corregimientos de Las Palmas y Juan y Medio: “Las principales causas de estos desplazamientos forzosos incluyen los enfrentamientos entre los grupos armados, el temor de quedar atrapados en el fuego cruzado, las amenazas hacía los líderes sociales y las diferentes acciones armadas ejercidas por los mismos”.

Más de 2.800 personas de las comunidades afrodescendientes y de los pueblos Wiwa y Kogui  fueron confinadas, entre febrero y mayo de este año, en zona rural de Riohacha debido a los enfrentamientos y la disputa territorial entre las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN) y el Clan del Golfo (autodenominado Ejército―antes Autodefensas― Gaitanista de Colombia). “Los confinamientos dificultan a la población civil el acceso a servicios básicos, como la salud, la educación por la interrupción de ciclos escolares por el cierre de instituciones educativas y la obtención de alimentos debido al deterioro de sus medios de vida. Las comunidades optan por el confinamiento como medida de autoprotección, arraigo a su territorio y a las condiciones y características que este les brinda”, dice el documento.

Y, por último, la Ocha advierte que la circulación de panfletos en la zona rural de Riohacha ha generado temor y estigmatización social, lo que repercute en la agudización de los riesgos para la protección y la salud física y emocional de las personas, además de vulnerar el derecho a la libre circulación.

“La seguridad está alterada por la presencia de grupos armados en el territorio. La troncal Caribe está afectada por el narcotráfico. Las noticias de cuerpos desmembrados son cada vez más comunes”, dice una habitante de la región. 

La Defensoría del Pueblo mantiene vigente la alerta temprana de inminencia 025 de 2023 en la que advierte sobre los riesgos de los impactos humanitarios por la disputa territorial entre las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y el frente Francisco José Morelos Peñate del Bloque Nelson Darío Hurtado Simanca de las AGC, relacionados con los negocios de contrabando y narcotráfico en la Troncal Caribe y áreas cercanas. 

Aunque la Defensoría alerta sobre la disputa territorial, también identificó otros hechos de violencia como las extorsiones y amenazas. “La utilización del terror como mecanismo de un mensaje de poderío sobre el adversario y para el sometimiento y control sobre la población civil a lo que se agrega la imposición de exacciones, extorsiones, amenazas de muerte, y restricciones a la movilidad que recaen sobre ella”, dice la alerta temprana 025 de 2023. La población en situación de riesgo incluye a comerciantes, hoteleros, pescadores, operadores de turismo formal e informal, transportadores, docentes, ganaderos, finqueros, jóvenes en contextos de vulnerabilidad, defensores de Derechos Humanos y líderes sociales.

En la Defensoría se han reportado denuncias de extorsiones a docentes, quienes han sido intimidados exigiéndoles el pago de un porcentaje a cambio de permitirles continuar con sus labores en los corregimientos de Dibulla, sobre la Troncal del Caribe. En algunos corregimientos de este municipio, grupos armados ilegales han realizado citaciones a líderes y lideresas sociales para imponer normas de conducta y cobros de dinero a cambio de “seguridad”.

Para la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios el registro de emergencias humanitarias, como el confinamiento, es un indicador del recrudecimiento del impacto del conflicto armado. Junto con la Defensoría del Pueblo y la Unidad de Víctimas piden una respuesta humanitaria de todas las autoridades locales para garantizar la seguridad de las comunidades.