En Chato y Tadocito, las comunidades se quedaron esperando en marzo la siembra de más de tres mil árboles que les habían prometido como parte de un proyecto de recuperación de áreas degradadas. La iniciativa de la Alcaldía de Tadó, financiada con recursos de regalías, contemplaba la recuperación y el mantenimiento de 9,5 hectáreas de bosque afectado por la deforestación y la minería en el municipio. Sin embargo, a la gente solo le quedó ver cómo Corpissa, la empresa que debía ejecutar los trabajos, se llevaba el proyecto para otros corregimientos.
“El proyecto era para Tadocito y Chato, pero como no encontraron todo el personal beneficiario porque ahí no viven todas las familias de la zona, entonces fue repartido en otras comunidades como El Tapón”, explicó Jorge Betín, coordinador de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria, Umata.
Esta es solo una de las inconformidades y sospechas que despertó Corpissa tanto en los habitantes como en varios funcionarios públicos de Tadó. Con un costo de $903 millones, el proyecto tenía como objeto la “prestación de servicios para la recuperación de áreas degradadas por actividad antrópica” en el municipio, especialmente en Campo Alegre y Chato. Eso implicaba, de acuerdo con el contrato de prestación de servicios, “desarrollar procesos de recuperación de las coberturas vegetales” y “realizar procesos de mantenimiento” de las mismas. También contemplaba un acompañamiento técnico de la comunidad en temas ambientales y la realización de seis talleres de sensibilización ambiental.
Sin embargo, de acuerdo con José Armando Perea, presidente del Concejo de El Tapón, “lo que hicieron fue deforestar para sembrar árboles donde no había necesidad”. Según Perea, “sembraron árboles de cedro, guayacán, matarratón y guama donde hoy la maleza los mata y nadie les hace trabajo al cultivo”.
Ni siquiera los habitantes de El Tapón, donde se desarrollaron los trabajos de siembra, fueron beneficiarios del proyecto de restauración porque este no incluyó ningún mantenimiento a las coberturas vegetales, cuestionó Perea. “Solo trabajamos en actividades de rocería y siembra de árboles. A la gente le pagaron entre 60 y 70 mil pesos por jornales, pero no supimos más nada porque eso no era para nuestro corregimiento”.
Corpissa en el Chocó
Corpissa es la abreviatura de la Corporación Mixta para el Desarrollo Integral, la Sostenibilidad Social y Ambiental de las Regiones. Esta organización, que tiene como representante legal a Mary del Carmen Urrutia Murillo, opera principalmente en los departamentos del Chocó y el Cauca, donde tiene contratos de todo tipo: desde la interventoría a la restauración de áreas degradadas en Consejos comunitarios en el Carmen del Darién hasta el seguimiento de ingresos de vehículos a revisión técnico mecánica en Popayán o la instalación de estufas ecoeficientes en Quibdó.
En Tadó, además de contratar y prestar servicios para la recuperación de áreas degradadas, también lidera proyectos de producción agropecuaria inteligente en la línea avícola y la construcción de un parque en la urbanización Villas del Remolino II.
En la mayoría de los casos, Corpissa adjudica contratos a un mismo proveedor: la Corporación Prosperar Social de Colombia, una entidad con sede en Quibdó que, al igual que Corpissa, tiene un amplio abanico de proyectos en campos diversos.
Un proyecto “sospechoso” para las comunidades
Otro de los proyectos recientes que generó inquietud entre los tadoseños estaba enfocado en fortalecer la producción agropecuaria inteligente en el sector avícola. Con un presupuesto de $1.432 millones, financiado a través del Sistema General de Regalías, la iniciativa tenía como objetivo no solo dotar a 55 familias de suministros y herramientas para la construcción de galpones, sino también ayudarlas a crear espacios adecuados para la producción de aves de postura.
De acuerdo con el contrato entre Corpissa y Prosperar, se debían beneficiar 55 productores pecuarios de las veredas Aguas Clara, Angostura, Bochoroma, Brisas, Brubata, Carmelo, Corcobado, El Churimo, Gingarabá, Guaráto, Santa Bárbara y Tabor.
“Nos entregaron 30 gallinas ponedoras, 10 bultos de cuido, un tanque de 500 litros, dos comederos, dos bebederos, cinco tejas de zinc, una malla para cercar el galpón, un recogedor, y nos dieron 500 mil pesos para construir”, contó un habitante de la vereda Corcobado.
A pesar de que el proyecto cumplió con la entrega de insumos, el beneficiario cuestionó que “solo da para sostenerse”. En sus palabras, “con la venta de los huevos se sostiene el proyecto porque se compra el cuido y cuando sea necesario renovar las gallinas uno las compra con lo que ha guardado de los huevos vendidos, pero ese proyecto solo da para sostenerse y no para mejorar la vida de la gente”.
Por estas razones, las comunidades piden que los proyectos venideros tengan en cuenta las necesidades de la gente para que se generen impactos positivos y no queden con la sensación de que participan en iniciativas improvisadas que se llevan los recursos públicos.
“Para que nuestros campesinos queden conformes en la ejecución de un proyecto se debe visitar a cada uno de los productores de las comunidades indígenas y negras para saber cuáles son los fuertes de cada uno de los pueblos y así poder fortalecer las actividades”, dijo Jorge Betín, coordinador de la Umata.
Poca información y transparencia
Para Juan Carlos Palacios, alcalde municipal de Tadó, lo “sospechoso” de los trabajos ejecutados por Prosperar y contratados por Corpissa es que “no presentaron un empalme a feliz término sobre la forma de ejecución de esos proyectos”. De acuerdo con el mandatario local, “el panorama no es alentador porque tenemos información limitada en la Alcaldía frente a esos dos proyectos”.
Para lograr tener información sobre los trabajos de estas organizaciones, el excoordinador de la Umata, Francisco Marcelo Perea, interpuso una acción de tutela en contra de Corpissa, pues tenía la sospecha de que la corporación usaba información falsa.
“En el proyecto de reforestación utilizaron documentación de un ingeniero amigo mío que nunca trabajó en el proyecto. Nadie sabía sobre el plan de manejo ambiental y el amigo que aparecía firmando al parecer le falsificaron la firma. Él hace mucho tiempo que no está en el Chocó y ni siquiera estaba enterado de ese proyectó porque él vive en Antioquia”, contó Perea.
Según José Armando Perea, presidente del Concejo de El Tapón, los ingenieros ambientales contratados por Corpissa nunca les quisieron dar información sobre los costos del proyecto, lo que también generó suspicacia entre la gente del corregimiento.
