La Normal Superior Demetrio Salazar Castillo, la segunda institución con mayor población estudiantil de Tadó, enfrenta un deterioro estructural que compromete la educación de cerca de 1.300 estudiantes. Desde su fundación, el 26 de febrero de 1963, ha sido testigo de varias generaciones formadas dentro sus aulas. Sin embargo, la infraestructura, que alguna vez fue motivo de orgullo para sus estudiantes, hoy refleja falta de planeación y mantenimiento.
A pesar de que en el año 2016 se inauguró una nueva sede en el barrio escolar, en el sector terminal o Villas del Remolino, tan solo ocho años después la institución ya se ve deteriorada. Las canoeras están dañadas, la pintura y la fachada están en mal estado y los espacios no soportan las constantes lluvias. "Sabemos que desde que fue entregada la institución, la edificación ha presentado problemas, dado que el modelo no coincide con las condiciones geográficas del municipio", advierte la coordinadora de educación, Brenda Yulieth Mosquera.
La comunidad educativa asegura que el mayor problema es el diseño de la institución: "fue como si miraran un diseño de Bogotá y lo trajeran acá", dice uno de los docentes. Además, carece de condiciones básicas: no tiene aula máxima, ni sala de profesores y sus instalaciones sanitarias dependen de un pozo séptico que requiere mantenimiento cada tres meses.
Esta situación se agrava en un contexto donde, según Mosquera, el 98 por ciento de las infraestructuras educativas de todo el municipio, tanto urbanas como rurales, no cumplen con las normativas exigidas para su funcionamiento y llevan más de 50 años sin recibir intervenciones significativas. En los 50 años de existencia de la infraestructura educativa municipal, las únicas reparaciones han sido "tapar goteras y pintar", dejando de lado aspectos fundamentales como el tamaño de las aulas y la adecuación a las normativas educativas actuales.
La rectora ha solicitado cubiertas para las canchas, el mantenimiento de los pisos y nuevos materiales escolares. Mientras tanto, la falta de una sala de reuniones obliga a que cualquier encuentro de más de 50 personas se realice en la sala de sistemas.
Un proyecto interrumpido
La Normal lleva varios años enfrentando dificultades. Uno de sus momentos más críticos fue durante la alcaldía de Mancio Agualimpia, entre 2012 y 2015, cuando la infraestructura de la sede antigua estaba en condiciones críticas: la cubierta estaba rota, los pisos destruidos, la humedad estaba empeorando y el espacio se estaba quedando pequeño para la cantidad de estudiantes que recibían. “Nos tocó hacer una manifestación pacífica entre estudiantes, docentes y padres de familia. En ese momento el alcalde manifestó que no tenía los recursos para atender la institución sin embargo se unió a una comisión con la que fuimos a buscar solución a la Secretaría de Educación departamental”, recuerda Jesús Adolfo Mosquera, ex docente pensionado de la institución.
Inicialmente, el secretario de Educación de ese entonces ofreció 1.500 millones de pesos para intervenir el plantel. Sin embargo, cuando los funcionarios de la Gobernación llegaron a evaluar la situación, se encontraron con una sorpresa: el rector había comenzado la construcción de una edificación proyectada para tres pisos sin haber informado a las autoridades. "Eso generó inconformismo porque habían empezado a construir sin ellos estar enterados", explicó Mosquera.
El rector de ese entonces era Rafael Alberto Jehovo Gutiérrez, quien había recibido de la alcaldía cerca de 100 millones de pesos para hacer arreglos: “nosotros comenzamos a construir una edificación de tres niveles pensando inicialmente en el aula máxima, la biblioteca y la sala de los docentes. La obra no se continuó porque al interventor le gustaba participar solo y hacía las veces de todo cuando la educación en el departamento fue intervenida”, asegura Gutiérrez.
Finalmente, la Secretaría de Educación aprobó una inversión mayor, alcanzando los 3.400 millones de pesos, con la condición de que no se podía continuar construyendo en la sede original. Aunque oficialmente desde la Secretaría aseguraron que el problema de continuar con la obra en ese terreno era que interfería con una tubería principal, y ponía en riesgo a los estudiantes, Mosquera subraya que "en el fondo la razón fue por la discrepancia entre el rector y el secretario de educación por no avisar".
Hoy, los cimientos de esa construcción incipiente siguen en la sede antigua y el dinero invertido terminó en ruinas. La rectora de la Institución, Eude Celina Ramírez, asegura que ha hecho estudios en ese terreno: “hemos hecho tres estudios de riesgos y nos arrojó que no hay ninguno”.
La nueva sede en Remolino también está incompleta
Para la nueva sede el municipio solamente aportó el terreno, los más de tres mil millones surgieron de un convenio entre la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la secretaría de Educación departamental. La infraestructura, que se inauguró en 2016, tiene 23 salones, tres baterías sanitarias, dos laboratorios, dos salas de sistemas, un comedor, dos áreas administrativas, y dos canchas.
Aunque la construcción fue proyectada para ser de dos pisos, ocho años después hay una parte que está sin construir, y faltan varios espacios. Según el profesor Mosquera, él fue el encargado de proyectar la segunda etapa de construcción, que contemplaba una biblioteca, siete aulas más y otras dos unidades sanitarias por un valor de dos mil millones de pesos. “El propósito era subir toda la normal allá. El proyecto ya está aprobado en Findeter pero por negligencias administrativas no se ha ejecutado”, asegura el docente.
Terminar de construir también es un desafío porque cerca a la parte que falta pasa un cable de alta tensión. Además, este año apareció una persona que asegura ser dueño de esa parte del terreno.
En medio del enredo, nadie parece tener el proyecto de la segunda fase “Cuando recibí la institución no encontré ningún proyecto que hablara de segunda etapa. Yo fui a ver si en la alcaldía existe algún proyecto y nos respondieron que no lo hay”
Eude Celina Ramírez
Padres de familia, estudiantes y docentes están preocupados
El reclamo de la comunidad educativa es claro: se necesita inversión urgente para que los estudiantes de la Normal tengan las garantías en infraestructura que sean adecuadas para sus procesos de aprendizaje. “Los rectores venimos apostando a la paz en los planteles educativos, pero se nos sale de las manos cuando los niños nos preguntan por qué el deterioro institucional. Consideramos que eso sería violencia administrativa”, dice Ramírez.
Carmen Copete, madre de una estudiante, señala que "el colegio necesita mejoras. Los salones carecen de ventilación, y los niños se sienten sofocados". Jessica Beti, madre de un estudiante de octavo grado, coincide: "La infraestructura está muy afectada, lo que representa un peligro para los estudiantes. La pintura y los sanitarios no están en las condiciones necesarias".
Zuleima Pino, con tres hijos en la institución, resalta las consecuencias que viven ante la falta de un aula máxima: "Las reuniones tienen que hacerse en la sala de sistemas. Deberían arreglar eso". Ramírez, además, critica la gestión anterior: “ellos hacían unos convenios (con cada rector) pero la institución que menos recursos recibió fue La Normal y La Pobreza, lo que giraban solo alcanzaba para el pago de los servicios públicos".
Hoy le piden al alcalde Juan Carlos Palacios atender las necesidades: “los rectores presentamos al señor alcalde un informe de necesidades y hasta hoy no hemos tenido respuesta alguna escrita, ni verbal”, agrega.
Por su parte, la coordinadora de educación, Brenda Mosquera, asegura que están realizando un diagnóstico de las instituciones del municipio y ya se han hecho algunos arreglos. "También solicitamos a la gobernadora que incluya en el plan de desarrollo la construcción de un megacolegio en Tadó”, añade Mosquera.
