Este viernes 12 de enero, cuando un alud de tierra sepultó a 39 personas, la carretera que conduce de Quibdó a Medellín volvió a ser noticia. El desastre natural ocurrió en el sector de El 17, a dos horas del casco urbano de El Carmen de Atrato.
Sin embargo, la tragedia que hoy enluta al Chocó no ha sido la única: en 2009 ocurrió una tragedia similar a la reciente en la que 41 personas murieron después de que un desbordamiento de tierra hiciera que el conductor de un bus de Rápido Ochoa cayera a un precipicio. Y entre 2012 y 2018 más de 100 personas fallecieron en accidentes de tránsito.
La historia se ha repetido a lo largo de los años: en junio de 2016 hubo por lo menos seis muertos y dos heridos por otro derrumbe en el sector del 20. Y entre 2022 y 2023 murieron otras tres personas en los sectores de El 16 y el 20.
La promesa de terminar esta vía, además, se ha hecho gobierno tras gobierno desde hace más de 15 años. Terminarla, incluso, fue el compromiso institucional del gobierno Santos asumido tras dos paros cívicos que detuvieron al Chocó en 2016 y 2017.
Desde el inicio de la obra en 2009, sin embargo, toda clase de adiciones, nuevas licitaciones y obstáculos han retrasado la entrega de un trayecto que no suma más de 127 kilómetros.
De las casi 200 familias que viven en la zona, la mayoría pertenecen a las 28 comunidades indígenas que hay en El Carmen de Atrato. Hoy, estas familias vuelven a sentir el miedo y la zozobra de que ocurra otra emergencia en cualquier momento.
Un saneamiento ancestral
Después del deslizamiento el presidente Gustavo Petro prometió la destinación de medio billón de pesos para terminar, en un año, la pavimentación de la vía y hacer las obras de seguridad en los puntos críticos. Aunque líderes y lideresas de comunidades que viven alrededor celebran los anuncios, piden diferenciar otras acciones urgentes.
Hay, por ejemplo, una solicitud de intervención con enfoque ancestral para esta vía. Claudia Domicó, guardiana del río Atrato por la mesa departamental indígena y habitante del sector de El 17, solicita que se tenga en cuenta el saneamiento territorial: “La intervención no es de la manera en que piensa el mundo occidental, sino desde lo espiritual, desde el saber y el conocimiento ancestral, porque se han movido muchas cosas del territorio que han afectado a las diferentes comunidades indígenas que existen en la zona”.
Lo mismo opina Javier Arrieta, coordinador de la mesa departamental de los pueblos indígenas: “La vía Quibdó- El Carmen de Atrato es un territorio sagrado, la vía también tiene su cosmogonía y hay que hacerle un saneamiento espiritual; si no, la tierra, la naturaleza, nos va a seguir cobrando”.
“La vía Quibdó- El Carmen de Atrato es un territorio sagrado, la vía también tiene su cosmogonía y hay que hacerle un saneamiento espiritual; si no, la tierra, la naturaleza, nos va a seguir cobrando”
Javier Arrieta, coordinador de la mesa departamental de los pueblos indígenas
Uno de los tres derrumbes que cayeron el viernes pasado causó afectaciones en una vivienda en el resguardo Abejero y allí, según cuenta Domicó, la familia está en estado de shock: “No hablan mucho de lo que pasó y solamente lloran”, cuenta la guardiana.
Por eso, otra de las solicitudes que tienen los líderes es apoyo psicológico y cursos de emergencia para enfrentar riesgos de avalanchas y otros desastres naturales.
Aunque el secretario de planeación Cristian Ruíz aseguró a Consonante que ya se está prestando apoyo psicosocial en la zona, esta familia aún no recibe ningún tipo de acompañamiento. “La atención se concentró en el gran derrumbe. No han tenido en cuenta que de ahí para abajo hubo otros derrumbes que hicieron daño a otras familias”, denuncia Domicó.
Eso lo corrobora Froilan Zapata, a quien el deslizamiento le dañó su sembrado de chontaduro, árbol de pan, yuca, caña, marañones y guayacanes. “Desde el miércoles se me han venido cinco derrumbes por el fenómeno del niño, y el talud que ya estaba resentido, la vía lo botó y eso afectó la pata de la montaña”, cuenta.
Por eso José Manuel Correa Henao, conocido como Marmato, campesino y presidente de la junta de acción comunal de El 15, donde vive desde hace más de 13 años, aunque conmovido profundamente por la tragedia reconoce que lo que sucedió fue producto de las lluvias, por un lado, pero por otro por falta de profesionalismo en la intervención de la vía.
“Lo que pasó es por culpa de estas montañas tan movidas que están y el invierno, acá llueve día y noche. Pero que trabajen con más técnica y tecnología y que la adecuación en la topografía no tenga que lastimar tanto a las montañas”, comenta el líder.
Correa no es el único habitante que tiene la percepción de que no se ha hecho el tratamiento adecuado para mejorar la seguridad vial. Isabel Rincón, presidenta de la junta de acción comunal El 11 y El 12, dice que en varias ocasiones la comunidad ha pedido que hagan “terraceo”, una técnica para estabilizar la tierra y evitar posibles nuevos deslizamientos. “Aquí nunca le han puesto atención a los taludes, hemos pedido que por favor hagan terraceo y dicen que no se necesita, que eso ya está peinado”, afirma.
“Aquí nunca le han puesto atención a los taludes, hemos pedido que por favor hagan terraceo y dicen que no se necesita, que eso ya está peinado”
Isabel Rincón, presidenta de la junta de acción comunal de El 11 y El 12
Montañas lastimadas
Según afirma el ingeniero chocoano Leyner Mosquera, quien tiene amplia experiencia en desarrollo, análisis económico y financiero y quien realizó un estudio sobre la vía para la Universidad de los Andes, la percepción de una intervención inadecuada en la vía no es errada.
El problema técnico, explica el académico, sería una de las posibles causas del accidente y debería ser una de las prioridades. “Al Chocó se le mira con ese pincel de hacer cosas un poco mediocres. Entonces, esta obra contempló la pavimentación pero no contempló el aseguramiento de los puntos críticos que son esos taludes que sostienen la montaña para que no se venga abajo”.
Mosquera añade, a su vez, que no se hizo un ejercicio juicioso de incorporar en el análisis financiero ese aseguramiento de la tierra.
Según le aseguró el Invías a Consonante en marzo de 2023, los diferentes contratos que estaban en ejecución en la zona tenían prevista su culminación para el segundo semestre del año pasado, pero esto no pasó.
Los retrasos han sido por varias razones. Primero, están los constantes paros que han hecho las 28 comunidades indígenas que habitan la zona para pedir que las empresas que intervienen la vía y les causan afectaciones, cumplan los compromisos que han hecho en la última década.
Por ejemplo, las comunidades de Fieras, Eborro y Mirlas, agrupadas en el resguardo indígena ‘El Fiera’, ubicado en la transversal, han detenido en varias ocasiones los vehículos del consorcio Vías y Equipos Pacifico 2021 (Latinco) para exigir el cumplimiento por parte del Invias de los compromisos de compensación por la intervención en la vía adquiridos con la comunidad en el 2020.
En segundo lugar están los problemas con algunos de los consorcios que han detenido tramos de la obra por varios meses. Entre esos el contrato 1456 de 2017 que estaba a cargo del consorcio Vías para el Chocó, que incluía dos de las empresas involucradas en el escándalo de la Unión Temporal Centros Poblados: ICM Ingenieros S.A.S. (con el 50 por ciento) e Intec de la Costa S.A.S. (con el 20 por ciento). Para ese momento, el Invias tuvo que suspender el contrato y la obra duró siete meses sin avances.
Lo que sigue
Las comunidades de la zona han celebrado la declaración de desastre natural que expidió el presidente Petro y el anuncio de la inversión. Sin embargo, plantean la necesidad de hacer comités de seguimiento a la inversión.
“Hay que crear comités y veedurías ciudadanas para la inversión en todo el municipio, tanto en la cabecera municipal, como los resguardos indígenas y en las veredas. Porque en esa vía solo han cortado y tirado cemento, más no le han hecho los muros de contención o los trabajos requeridos en los puntos que siempre han sido críticos, además de incumplir acuerdos pactados con las comunidades”, dice Claudia Domicó.
Mientras tanto, las gobernaciones de Antioquia y Chocó firmaron el año pasado los estatutos de la Rap de los Dos Mares en las que se propone, entre otras cosas, la construcción de un túnel de aproximadamente ocho kilómetros en una conexión de 26 kilómetros, entre el municipio de Ciudad Bolívar y el corregimiento de El Siete.
La Promotora Ferrocarril de Antioquia S.A.S, una empresa comercial del Estado con capital público varias entidades y la encargada de la obra, aseguró que esta sería la solución final al problema de la vía. Sin embargo, esto está apenas en estudios preliminares que pueden durar, por lo menos, un año más y las comunidades no se sienten escuchadas ni conformes.
