El discurso de la “limpieza social” ya tiene consecuencias en el sur de La Guajira

El 25 de mayo hacia las nueve de la noche, dos jóvenes fueron asesinados a tiros en una trocha de la vía al corregimiento de Los Pondores. Andrés David y Maikol iban en una motocicleta, que no fue robada y quedó junto a sus cuerpos. La versión de los medios de comunicación locales es que los hicieron entrar a la trocha para matarlos. ¿Quiénes? Nadie responde a esa pregunta, ni siquiera la Policía o el Ejército. ¿Por qué? Tampoco se sabe.

Aún así, apenas unas horas después de los crímenes, las redes sociales se llenaron de comentarios que culpan a los jóvenes, ponen en duda su honra y que justifican los asesinatos. “Ellos sabían por qué fue” o “les llegó rápido el tate quieto” son algunos de los comentarios, aunque no se les acusa de ningún crimen. 

El silencio y la justificación han sido las respuestas de la ciudadanía frente a la violencia contra estos dos jóvenes, pero también contra los asesinatos de Jaime Pájaro Cuello, el 26 de abril en Zambrano, y contra los hermanos Jader y Francisco Romero, en octubre, en el corregimiento La Junta. Quizás el único de los últimos crímenes cometidos en los últimos seis meses que ha merecido una reacción de rechazo fue el del líder Javier Gámez, también en La Junta. 

Estas expresiones se dan en un contexto en el que se han incrementado las amenazas personales y los panfletos, la presencia de actores armados y, sobre todo, el anuncio de una “limpieza social”, que no es más que una serie de asesinatos selectivos contra personas consideradas “indeseables” por el grupo que la ejecuta o por la sociedad en la que ocurre. Para el profesor de la Universidad del Norte, Luis Fernando Trejos, es claro el mensaje que grupos las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc o Clan del Golfo) quieren dar:  “Lo que evidencia la historia del país es que las mal llamadas limpiezas sociales son un mecanismo de ingreso y legitimación de organizaciones armadas en territorios particulares. Es una especie de carta de presentación que le envía un mensaje al mundo criminal diciendo: hemos llegado. Pero también a las comunidades en el sentido de: nosotros vamos a garantizar seguridad en los territorios, aunque no dicen cómo”.

La Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (Mapp OEA) alertó en su informe más reciente, publicado en abril del 2023, sobre la evolución del control social y la gobernanza por parte de los grupos armados como una de las principales formas de violencia. “A través de estas acciones los grupos armados ilegales evidencian su poder y buscan aceptación por parte de las comunidades, aprovechando la debilidad de las instituciones en la prestación de servicios públicos, y en la regulación de asuntos inherentes a la convivencia ciudadana, a las relaciones personales y a los ámbitos administrativo, penal, civil, medioambiental, entre otros”. 

El discurso de la limpieza social también advierte que están en peligro quienes cometen actos ilícitos como robos, o quienes realizan acciones mal vistas socialmente, como el consumo de sustancias psicoactivas. Por eso muchas personas aseguran sentir el ambiente “más tranquilo” que hace un mes, cuando hombres armados se pasearon por las calles de Zambrano amenazando a algunas personas que luego se fueron del corregimiento. Consonante consultó a diez líderes de distintos corregimientos y todos coincidieron en que había calma. Algunos, incluso, dijeron que los que “no deben nada” están tranquilos. 

El peligro del discurso de la “limpieza social”

Un líder juvenil de San Juan asegura que los jóvenes sanjuaneros están en peligro. Según él están en un “ciclo del no retorno”. Es decir, los jóvenes no tienen oportunidades y son fácilmente captados por grupos criminales. “Estos grupos se fortalecen del hurto y la venta de drogas. Por ahí empezamos a ver afectación en los jóvenes: un aumento desmedido del consumo que las mismas bandas están sembrando”, afirma. Y luego, por cuenta de ese consumo son señalados, amenazados y pueden ser asesinados para legitimar su discurso de seguridad. 

Pero lo que más preocupa a este joven es que si bien algunos pueden terminar en dinámicas criminales, el riesgo se puede extender a todos. Para el profesor Luis Trejos este es uno de los peligros de que se extienda y se acoja el discurso de que se debe “limpiar” a la sociedad de personas que se consideran indeseables. “Lastimosamente por lo general ese tipo de prácticas son muy bien recibidas socialmente, porque el ciudadano percibe que las autoridades son incapaces o incompetentes de garantizar o brindarle seguridad a ellos o a sus bienes”, afirma.

El líder juvenil lo ve claramente en San Juan. “No tenemos una cobertura policial idónea. Trajeron siete auxiliares nuevos y no dan abasto. Esto les permite (a los grupos armados) andar a lo ancho dentro del área rural, a la gente no le queda sino tener miedo. San Juan no se ha militarizado cuando pasan esas situaciones, pero cuando el alcalde dijo que lo habían amenazado, en dos días estaba militarizado el municipio”.

“Puede darse la situación en que crean que un hombre con el cabello largo es consumidor o un hombre con tatuajes o una mujer que sea liberal automáticamente la pueden confundir o asumir como una trabajadora sexual. Ese tipo de prácticas tú sabes dónde y cómo inician, pero no dónde y cómo terminan o cuáles son sus límites”, afirma Trejos quien hace énfasis en que estas acciones criminales que supuestamente brindan seguridad las cometen basadas en estereotipos, aunque no cometan ningún crimen, únicamente por ser “diferentes”, como: jóvenes, consumidores de droga, personas LGBT o mujeres en prostitución. 

Desorden criminal, impunidad y narcotráfico

Según el defensor de derechos humanos Lerber Dimas, hay condiciones y movimientos que dejan ver que la violencia no va a disminuir. Desde la Plataforma de Defensores de Derechos Humanos, Activistas y líder de la Sierra Nevada (Pdhal) han observado que las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn) están intentando extender su control a La Guajira, incluyendo a la región del sur. “Han venido tomando la zona de la troncal del carbón, y ya tienen gente en Cuestecitas, Albania y San Juan del Cesar, que están llegando y penetrando. Mandan tres, cuatro o cinco personas para hacerse sentir y abrir campo para que el grupo entre con mayor fortaleza”, explica Lerber Dimas, director de la Pdhal. 

Según Dimas, el contexto en el que ocurre este avance es de un desorden criminal. “Con la captura de 5-7 (jefe paramilitar encargado de la expansión de las Agc en Magdalena, Cesar y La Guajira, capturado en junio de 2022) quedan algunos comandantes con algún poder en los territorios. El desorden criminal es que cuando no hay una cabeza, las partes que siguen empiezan a interactuar de manera violenta sin ningún tipo de organización porque en últimas el paramilitarismo se rige por un poder económico. Aumentan las extorsiones, los asesinatos para hacer favores y los asesinatos extorsivos”, afirma.  Los más de seis panfletos que han circulado en San Juan serían una prueba de esto. “Estos panfletos no son una orden del comando central de las Agc, ellos no van a desgastarse haciendo un panfleto para este tipo de cosas. Incluso puede generarlo el otro actor”. 

Además, este desorden fue una oportunidad para que las Acsn avanzaran. “Esto también coincide con el famoso cese bilateral de hostilidades que ha servido para que estos grupos se posicionen más en los territorios. El 31 de diciembre el Estado sacó sus tropas de Mingueo, Palmor, de la parte montañosa de La Guajira y deja descubierta la Sierra en virtud de la voluntariedad del cese”.

En este momento la gente de la zona rural de San Juan no sabe a ciencia cierta a qué grupo pertenecen los hombres que han visto pasearse por los caminos y montañas vestidos de negro y portando armas cortas. Un habitante de Los Haticos  asegura que “en días pasados había un grupito por ahí de las autodefensas que se metió y estaba pidiendo dinero a los ricos. A muchos les dio rabia porque llegaban a las fincas y duraban dos o tres días. Estaban de civil, pero unos usan capuchas cubriéndose el rostro”. Otra persona en el corregimiento de Caracolí cuenta que “hace algunas semanas hubo algunas de esas amenazas, contra una persona que vivía aquí, pero la hicieron salir. Se presentaban frente a frente. Por aquí ha habido movimiento de personas extrañas, más que todo en la parte alta, pero de pronto las ven cerca del pueblo. Más que todo andan con prendas negras, uniformadas y armadas”.

Más allá de a qué grupo pertenecen, es claro que sobre el territorio hay intereses. El principal: mover la droga. Pero también armas y personas. Según los registros de prensa, en lo que va del año las autoridades han hecho 19 incautaciones de drogas (marihuana y cocaína) en La Guajira. Según la información de las autoridades y los análisis de organizaciones como InSight Crime y Pdhal, la droga sale del Catatumbo y del sur de Bolívar y llega la frontera con Venezuela o al mar caribe, donde es enviada a centroamérica y continúa su destino a Estado Unidos y a otros países. De hecho, la mayor parte de esas incautaciones se han dado cuando la droga ya estaba en mar caribe. Pero al menos cinco se han efectuado entre San Juan del Cesar y Maicao. La cantidad de droga suma 7,7 toneladas.

Las capturas que la Fuerza Pública ha hecho en estos operativos son las únicas que corresponden al conflicto armado en San Juan del Cesar. Sin embargo, en ninguno de los seis asesinatos cometidos en los últimos seis meses ha habido esclarecimiento. “Está la misma incertidumbre, el mismo miedo, la misma incógnita de quién y por qué, no hay respuesta de nada”, dice un líder. Esta impunidad, según Luis Fernando Trejos, se suma al avance de los grupos criminales. “La impunidad termina convirtiéndose en un incentivo más para el delito”, dice. 

Además, se articula con el discurso que soporta la “limpieza social”. Mientras que la sociedad sigue viendo como normal o incluso apoya los delitos contra personas “indeseables”, las autoridades no tienen presión para dar resultados en materia de capturas o esclarecimiento. “Aquí no hay un consenso sobre un rechazo absoluto a la violencia, sino que unos hechos sí y otros no. También tenemos en ese ecosistema a unas instituciones que no operan plenamente dando resultados, sino que muchas veces producen impunidad y eso facilita entonces que los delincuentes no tengan ni sanción social, ni sanción judicial”, explica Trejos. En el caso de San Juan del Cesar, las autoridades siguen sin reconocer la presencia de grupos armados en el territorio.

¿Cómo rechazar todas las violencias?

Quizás lo único que puede hacer la ciudadanía en contra del avance de los grupos armados sea rechazar la violencia. “Si hubiera un consenso ciudadano rechazando este tipo de prácticas, hoy hubiera habido una marcha en San Juan contra la violencia, diciendo que estos no son los métodos, respaldando a las instituciones, manifestaciones a través de redes sociales y siendo empáticos y solidarios con la familia de las víctimas”, explica el profesor Trejos. Esto, sin embargo, no sucedió.

Según líderes y lideresas del municipio una de las razones es el miedo. Por esto mismo nadie quiere que se mencione su nombre en la prensa. Tampoco hay quien denuncie. Johana Daza, personera municipal, afirma que no ha recibido denuncias relacionadas con acciones de conflicto armado ni tampoco la Personería las ha hecho. “Obtener un pronunciamiento de la Policía es difícil”, dice un joven del municipio, sobre la falta de información que circula. 

A esto se suma que la gente no confía en la justicia y tampoco la tiene cerca. “La ruralidad está totalmente desatendida y ahí está la fortaleza de los grupos paramilitares. En los planes integrales de seguridad no hay estrategias que vayan a la ruralidad, por eso el actor armado es el que va a generar dinámicas y a imponer normatividades. Si una persona necesita resolver un problema, se lo resuelve el ‘paraco’”, afirma Lerber Dimas. En medio de todas estas condiciones, el silencio continúa a la par de la violencia.