“Con los parques eólicos le estamos entregando La Guajira a los extranjeros”: investigadora Indepaz

Los planes de convertir a Colombia en un país modelo de transición energética avanzan a pasos agigantados en La Guajira. Este departamento cuenta con riquezas naturales para la puesta en marcha de energías renovables: los vientos que llegan a esta zona son uno de los más veloces de todo el país y la radiación solar es la más alta registrada de los 32 departamentos. Desde que se instaló el primer parque eólico Jepirachi en 2004, son 57 iniciativas eólicas que se están desarrollando y que están en espera de ejecutarse, sin contar los paneles solares que se están repartiendo en la alta, media y baja Guajira para llevar energía a zonas que no tienen sistema de electricidad.

San Juan del Cesar, uno de los nueve municipios del sur de La Guajira, está en el punto de mira para el desarrollo de proyectos de energía eólica. En abril, la compañía Mainstream Colombia SAS, filial de la empresa irlandesa Mainstream Renewable Power, dio inicio a la socialización del parque eólico Sirius en la vereda Veracruz y en el corregimiento Los Haticos. Durante el encuentro, los funcionarios dieron a conocer que esperan colocar 21 aerogeneradores (una especie de molinos de viento) de aproximadamente 180 metros de alto que convierten la fuerza del viento en energía eléctrica. Otras empresas como Oak Creek de Alemania, Acciona de España y la colombiana EPM están en estudios y trámites. 

Joanna Barney, psicóloga e investigadora de Indepaz, ha recorrido durante cuatro años La Guajira, desde el Cabo de la Vela hasta el sur del departamento, para conocer de primera mano los parques en operación y los territorios donde llegarán los próximos. A partir de sus investigaciones, ha publicado dos informes en los que advierte el acelerado crecimiento de la instalación de proyectos eólicos en territorio wayuu y los problemas sociales que estos podrían acarrear. 

“Por el mar y la tierra guajiros, vuela el viento wayuu” es el título de su última publicación que fue presentada esta semana en el marco de la Feria del Libro de Bogotá 2023. En ella, Barney hace una caracterización de las 19 empresas que buscan transformar la fuerza del viento en energía, los vacíos legales para estos proyectos y las consecuencias sociales y ambientales que están generando. La investigadora afirma que espera que el libro abra el debate sobre el desarrollo verde y la necesidad de proteger el territorio guajiro y a las comunidades que allí habitan, principalmente, el pueblo wayuu. 

“Quiero que piensen en La Guajira como otro lugar lindo de Colombia digno de ser protegido y no como un bastión energético del cual se puede ir a extraer lo que necesita el país supuestamente para desarrollarse. Ningún desarrollo que se diga verde puede estar por encima de la gente. Mi mensaje es de reivindicación con una comunidad que ha sido terriblemente olvidada”, afirma Barney.

Consonante: En su libro alerta sobre el desarrollo de proyectos minero energéticos de transición energética y de hidrocarburos en La Guajira y da a entender que el departamento se convertirá en una “zona de sacrificio”. ¿Por qué?

Joanna Barney: Sobre todo con la transición energética. Los parques eólicos no se adjudican con bloques como lo hacen en los proyectos minero energéticos tradicionales. Aquí las empresas llegan a los territorios, revisan cuáles son los vientos más óptimos y ellos mismos delimitan el parque y sus áreas de impacto. Si a ese mapa le pones banderas, descubres que todos esos desarrolladores son extranjeros, entonces no sólo estamos entregando a La Guajira, sacrificando a su comunidad indígena, sino que además tienen una normativa que lo permite y lo viabiliza.

La parte terrible de que hagan una captación del territorio tan absoluta es que además no están generando un gran porcentaje de trabajo ni de desarrollo a las comunidades, porque esa energía no es para La Guajira. Esa energía va a entrar al Sistema Integrado Nacional o se va a ir en hidrógeno, que también es un material de exportación, pero en ningún momento es para interconectar a La Guajira. Entonces es todo un complejo empresarial a costa de una comunidad muy bella, que es la wayuu.

C: Los parques eólicos se están posicionando como una energía limpia para Colombia. ¿Es así?

JB: Cualquier obra de infraestructura tiene impacto. La afectación de los parques eólicos en la alta Guajira con los murciélagos es muy grave. Los murciélagos son los que hacen la polinización de la vegetación, lo que podría llevar a que se desertifique más el territorio y eso es lo que comen los chivos. Eso se engrana con que las comunidades que logran sobrevivir en el desierto y que no se les mueren los niños son justamente aquellas que todavía guardan unos sistemas tradicionales de vida del desierto, bien sea porque tienen chivos o porque pescan. 

Si te vas a los parques eólicos offshore (en el mar), los que están planteados son muy cercanos a la playa. Eso afecta literalmente toda la línea de los pescadores y de los apalaanchi. Eso sin contar con el turismo, porque si pones el parque Astrolabio en una zona turística como el Cabo de la Vela, los turistas no van a ir a ver un parque eólico. Ahí ya estaríamos acabando con tres formas de vida: el turismo, los chivos y la pesca.

C: Si trasladamos estos problemas al sur de La Guajira donde hay mayores fuentes hídricas dulces y es un corredor de biodiversidad de la Serranía del Perijá y la Sierra Nevada de Santa Marta, ¿podríamos estar ante un aumento de los impactos ambientales?

JB: Se amplifica totalmente porque en el sur de La Guajira tenemos el ingreso de varias aves migratorias. Lo problemático con los parques eólicos son las líneas de conducción eléctrica. Por mucho que los pongan los ahuyentadores de vuelo, que son estas pelotas para que supuestamente las aves no caigan ahí, eso va a hacer un daño irremediable. Lo que se estaba planteando en 2019 es que cada uno de los parques hicieran esas líneas de conducción energética de manera organizada, de tal manera que no quedara como de una tela de araña. Eso para las aves migratorias es fatal, pero también para las que están ahí todo el tiempo.

C: Usted ha hecho dos publicaciones a partir de los proyectos eólicos. ¿Qué es lo que más le llama la atención de los hallazgos de estas investigaciones principalmente de la última?

JB: En la primera ya teníamos como los síntomas iniciales de una problemática social. Era fácil prever que esto se iba a escalar rápidamente a una dimensión en que probablemente los parques ni siquiera puedan realizarse por temas de índole social. Con la segunda publicación se ratifican un poco todas estas problemáticas. Tenemos un mapeo generalizado de 57 parques de los cuales 21 ya están con conflictos activos. Mapeamos todos esos conflictos y lo que podemos decir hasta ahora es que el desconocimiento que tiene Colombia sobre cómo manejar estos conflictos en el territorio es absoluto. Es un emprendimiento torpe y va a seguir complicándose en la medida que ingresen más empresas.

C: ¿A qué conflictos se refiere?

JB: Uno es el desconocimiento. Se llega al territorio sin saber cómo funciona la territorialidad wayuu. Tenemos, además, la problemática de que el Ministerio del Interior emite unos certificados que no son válidos para el territorio y esta certificación tradicional choca con las autoridades ancestrales que realmente pueden tomar decisiones territoriales. Esa es una problemática de fondo que afecta a todo lo demás, porque hablan con una comunidad y negocian con ella, pero esa comunidad no tiene la capacidad de negociar. Entonces, empiezan los bloqueos y los paros de las comunidades que no fueron consultadas.

Ahora tenemos una situación crítica y es que hay comunidades que se han enfrentado entre ellas por los supuestos beneficios que trae la empresa. Tenemos muertos pero hay un subregistro enorme por la dinámica de los usos y costumbres de las comunidades wayuu. Cuando entierran a sus muertos que normalmente no hay ningún registro más allá de lo que en el territorio se habla.

La otra son las situaciones de extrema vulnerabilidad que tienen estas comunidades que terminan viendo en las empresas una sustitución del Estado. Entramos en unas dinámicas muy complejas entre que la empresa debería volverse Estado o que hace promesas como Estado. En la consulta previa les prometen agua, luz, educación… básicamente lo que el Estado tendría que estar proveyendo. Al mismo tiempo las empresas se quejan de estar siendo chantajeadas por las comunidades, pero estamos en una situación de desigualdad absoluta y, las comunidades no suelen contar con buenas asesorías. Llegan a las consultas previas pensando que los parques eólicos no les van a causar ningún impacto y la realidad es que sí.

C: Si ustedes ya habían alertado en 2019 sobre esta situación, ¿por qué no ha cambiado?

JB: Es un tema coyuntural. En 2019 estaba ingresando el gobierno Duque y las empresas se sintieron respaldadas. Los cambios que el primer libro planteaba era que las comunidades fueran socias de los proyectos, que tuvieran un verdadero arraigo y revisar las autoridades ancestrales. Las empresas no quisieron y se sintieron respaldadas por el gobierno que les dio vía libre y con la ley 2099 les dio muchas prebendas para que los proyectos salieran rápidamente. Decidieron que tal vez podían saltarse el paso de hacer las cosas bien. No le encuentro otra explicación. 

C: Del seguimiento que usted ha hecho a los proyectos eólicos en el departamento, especial en la alta y media Guajira. ¿Cuáles son los que más llaman su atención?

JB: Ninguno en especial. Lo que me llama la atención es el porqué le estamos delegando la seguridad energética a las empresas. Esto se supone que no es una transición sino una complementación de la matriz energética, porque realmente no vamos a abandonar aceleradamente los fósiles sino que vamos a complementar con la energía eólica y solar. En ese orden de ideas me parece curioso que estemos delegando esa seguridad energética en multinacionales extranjeras y no la está haciendo una empresa nacional. 

Vemos que este gobierno está muy atento a los temas de regulación de precios y le queda difícil porque son empresas privadas, que no necesariamente obedecen a políticas nacionales. Cuando hablamos de seguridad energética estamos delegando también esta responsabilidad y este gran proyecto en otras empresas, muchas son europeas o gringas y usan empresas colombianas solamente para los ejercicios de certificación. Los grandes desarrolladores se quedan en manos extranjeras. Pensaría que va en contra del discurso de nacionalizar los recursos.

C: En su último libro indica que la fuerza de los vientos en La Guajira se siente principalmente en el mar y en la alta y media Guajira. Sin embargo, la empresa Mainstream Colombia SAS hizo recientemente una socialización sobre el proyecto eólico que esperan ejecutar en el sur de La Guajira. ¿Por qué están llegando a esta zona si no hay un registro tan fuerte de los vientos?

JB: Probablemente porque salen del territorio de reserva de resguardo y ven más fácil comprar las fincas. Aunque no haya tanto viento, se les disminuyen los conflictos supuestamente sociales que tienen. Entonces para no llegar al tema de consulta previa están revisando otras zonas que también tienen vientos altos pero no tanto como los tendrían en la zona extrema norte.

C: Acciona es otra de las empresas que instalará parques eólicos en San Juan del Cesar. Uno de los elementos que llama la atención es la propuesta de instalar el sonar Sodar para medir las ondas acústicas. Ustedes advierten que el sonido será audible para las personas. ¿Cómo funciona este sonar? ¿Qué consecuencias puede generar para la gente?

JB: Todos los parques tienen sonidos de alta y baja frecuencia. Si tú vas a la Alta Guajira y pasas por el parque eólico Guajira uno, que tiene unos aerogeneradores un poco más grandes que los de Jepirachi, y te das cuenta que el sonido es bastante alto. Ellos (Acciona) necesitan hacer unas pruebas de medición para determinar si el lugar donde van a instalar los parques tenía unos antecedentes de ruido de más de 70 decibeles o de menos y dependiendo de eso, pueden supuestamente mitigar los impactos. 

Los parques eólicos emiten sonidos y no sólo detectables para nosotros, sino también para la fauna. La problemática que se ha visto en la alta Guajira con la fauna, sobre todo con la fauna voladora, es que impacta los murciélagos. Entonces, ellos necesitan hacer esas mediciones para determinar los impactos y con ello la mitigación de los mismos, por eso están haciendo esas pruebas. 

C: ¿Hay alguna forma en que las comunidades o los habitantes de estas zonas se beneficien de la instalación de los parques eólicos?

JB: Sí. Lo hemos planteado desde el primer libro. Las empresas deben tratarlas como socias de los proyectos. No como si fuera una solicitud de ingreso y de estadía sino una real sociedad que le permita a la comunidad ser parte del proyecto. En esa medida no importaría tanto cambiar el uso del suelo, porque ellos se volverían empresarios del viento. Esta sería una forma decente de hacer proyectos. Desgraciadamente esas sociedades tripartitas: gobierno, empresa y comunidad no han sido acogidas por ninguna de las empresas. 

La otra sería que el Estado directamente desarrolle alguno de los proyectos, puede ser con Ecopetrol haciendo partícipe a las comunidades. Ecopetrol es el Estado y tendría una forma diferente de relacionamiento con las comunidades y podrían ser proyectos más precisos con lo que necesitan las comunidades.

C: ¿Esto no ha sucedido?

JB: No lo hemos visto todavía. Hemos visto unas consultas muy asimétricas, en donde se les prometen a las comunidades proyectos productivos que deben presentar a la empresa y la empresa es quien los aprueba, quién los desarrolla, etcétera. Se supone que las comunidades no reciben dinero de parte de las empresas porque, dicho por las empresas, las comunidades indígenas no saben manejar plata. Entonces lo que hacen es brindarles proyectos productivos que ellos mismos administran.

C: ¿Esto es algo que se podría cambiar en el marco de las consultas previas?

JB: Las consultas previas se volvieron privadas a partir de junio del 2019. Ya no se publican en la página del Ministerio del Interior. Ahora están escondidas, no hay forma de que la academia las obtenga, ni siquiera las comunidades por derecho de petición. La gente no queda con documentos que den cuenta de lo que está ocurriendo con su territorio.

Se ven cosas de las épocas de la minería y es que se surten todos los pasos de la consulta previa en un solo día. Los talleres de impacto ambiental son superficiales. No hay ninguna profundidad y todas las empresas usan el mismo formato sobre impactos ambientales. Desconocen los impactos sociales porque eso aumentaría los valores de sus pólizas. Las consultas se hacen como por salir del paso con funcionarios que, además, los coartan porque les dicen que tienen que firmar la consulta previa porque el proyecto va porque va. 

Hemos visto otras cosas, quizás más delicadas, y es que acuden al chantaje con agua. Llevan el carrotanque y les dicen “ya trajimos el carrotanque y hoy tiene que hacerse la consulta previa”. Les ponen fechas a la comunidad cuando debería ser al contrario. 

C: Entonces, ¿qué debería hacerse para que los parques eólicos y la transición energética funcionen en La Guajira?

JB: Lo primero es reconocer que los expertos están en el territorio: las comunidades. Si se sigue la Constitución, las leyes que están establecidas de consulta previa y de buenas prácticas de las empresas, no hay que hacer tantas preguntas. Necesitan oír al territorio. 

En diciembre del año pasado, las comunidades ancestrales le entregaron a la Irene Vélez, la ministra de Minas, una hoja de ruta para iniciar de buena manera estos proyectos. En uno de los puntos le solicitan que se les dé tiempo para organizar los territorios de manera ancestral. Esto puede ser por protocolos autonómicos o siguiendo el mandato wayuu u otras formas de autodeterminación que están debidamente consagrados en la Constitución.

Siendo optimista, pensaría que con la nueva hoja de ruta de la transición energética. Con la idea de una transición “justa” tendríamos una posibilidad de revisar esos proyectos. Tengo la esperanza de que eso sea así y que podamos avanzar en una regulación, pero el gobierno lleva muy poco tiempo y está apenas entendiendo la dimensión de los problemas que está heredando de los gobiernos anteriores.