En los surcos de la tierra y en los márgenes de los mapas oficiales se libra una batalla por el alimento, la dignidad y el futuro del planeta. El campesinado, como otra pieza de defensa decisoria en el futuro medioambiental, se alza en un grito común por vivir en sus fincas, asegurar el alimento y cuidar la biodiversidad.
Los movimientos sociales campesinos han repetido con insistencia que sin los derechos de quienes trabajan la tierra —acceso a la tierra, semillas, agua, entre otros—, las negociaciones globales del clima seguirán reforzando modelos extractivistas, mercantilizadores y excluyentes.
Hoy, con el inicio de la COP30, la cumbre anual de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático —donde los países del mundo se reúnen para negociar acciones globales frente al cambio climático, evaluar los avances de los compromisos existentes y acordar nuevas metas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero— las comunidades locales, lejos de los lugares de decisión, juegan un papel clave para avanzar en la protección ambiental, pero dudan de ser escuchadas.
Consonante conversó con Rigoberto Abello Rodríguez, líder campesino de Caquetá, para entender el papel del campesinado como actor climático y alimentario frente a la crisis ecológica. Rodríguez ha acompañado diversos procesos organizativos y ambientales en el departamento. Actualmente es secretario de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de La Montañita y acompaña la Secretaría de la Asociación Agroambiental Brisas de la Amazonía, vinculada a proyectos de restauración ecológica junto al Instituto Sinchi.
Además, ha brindado acompañamiento técnico a la Coordinadora Departamental de Organizaciones Sociales, Ambientales y Campesinas de Caquetá (Coordosac) y participó como delegado y vocero en la mesa campesina del Caquetá durante el Paro Nacional de 2021. Desde allí ha impulsado iniciativas de zonificación ambiental participativa y procesos de seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz, especialmente en temas relacionados con la Reforma Rural Integral y los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet).
Formado en Historia por la Universidad Nacional de Colombia, Rigoberto inició estudios de maestría en Medio Ambiente y Desarrollo en la misma institución. Llegó al Caquetá hace más de una década, donde ha consolidado su trabajo en la defensa del territorio, el fortalecimiento de las zonas de reserva campesina y la sostenibilidad rural amazónica. El año pasado, representó a las comunidades campesinas en la COP16 —sobre la diversidad biológica— que tuvo lugar en la ciudad de Cali y desde esa experiencia clama por que los habitantes del campo sean vinculados en las decisiones en materia ambiental que hoy se libran en Brasil.
Consonante (C): ¿Cuáles son los principales factores que están afectando al campesinado a causa del cambio climático?
Rigoberto Abello Rodríguez (RAR): Podríamos mencionar la variación que se ha venido dando alrededor del invierno y verano. Es evidente en el territorio: antes duraba menos una temporada que otra. Antes se tenía un poco más de certeza cuándo empezaba una y cuándo terminaba la otra.
El tema de las inundaciones ha sido otra problemática. Para el caso de Caquetá se ha agravado en los municipios que están al borde de ríos: Curillo, Valparaíso, Solita, Cartagena del Chairá, recientemente San Vicente del Caguán. Una cosa eran las ‘conejeras’, subidas del río que se aprovechaban para el cultivo de arroz en municipios como Curillo, pero otra cosa muy distinta son las inundaciones que las comunidades han tenido que afrontar. Otro asunto tiene que ver con las olas de calor debido también al avance de la deforestación.
También la incidencia que puede hacer el campesinado alrededor del cambio climático, la falta de posibilidad que tiene de adaptarse. Hay una carencia de información, no hay una capacidad instalada que permita comprender que el cambio climático tiene posibilidades de adaptación y evidentemente para eso se requieren unos instrumento o unas fortalezas que el campesino ahorita no tiene.
La afectación entonces tiene que ver también con el no acceso a la información, el no comprender cómo es el cambio climático, de dónde viene, cuáles son sus dinámicas naturales y cuáles son producidas por un modelo que va más allá de lo que dicen las noticias: la deforestación, sino que esto va más arriba. Entonces esta afectación también tiene que ver con la estigmatización del campesinado y con las pocas posibilidades que tienen de contrarrestar los estigmas que el cambio climático ha reforzado sobre ellos.
C: ¿Cuál es la apuesta o visión del campesinado colombiano por la gobernanza climática?
RAR: La justicia climática agraria. Cómo concebir desde la puesta del campesinado que la atención del clima pasa por la garantía de derechos campesinos, del acceso, del uso, de la tenencia de la tierra; del goce efectivo de esa protección especial que tiene el campesinado y que abarca ahora el Artículo 64 de la Constitución Política.
Esa justicia climática agraria —que conversábamos en un foro de 2022 en El Doncello, donde participaron más de 350 personas de nueve municipios— recoge una visión que el campesinado comparte con los pueblos indígenas y las comunidades afro: que cuidar y proteger el territorio es cuidar el ambiente; que se deben generar relaciones que permitan avanzar en un proyecto de vida; y que, además, garanticen que lo que tenemos hoy pueda ser disfrutado por quienes vienen detrás de nosotros.
Pero eso pasa por la voluntad que el Estado tiene en el goce efectivo de los derechos del campesinado, porque de lo contrario se generan unas dinámicas que no se controlan, entre estas, una ruta para satisfacer las necesidades básicas del campesinado sin que eso implique daño ambiental. Y, evidentemente, es muy difícil debido a las condiciones en las que el Estado concibe y trata al campesinado en territorios como el Caquetá.
C: ¿Qué tan efectivos han sido los estímulos de conservación?
RAR: Acá se han desarrollado procesos de restauración como Conservar Paga, pero no estaba respondiendo totalmente a lo que esperaba el campesinado.
Visión Amazonía venía ya como dos o tres años desarrollando un programa alrededor de cómo conservábamos un pedazo de tierra y le daba un incentivo a la comunidad. Ese incentivo era de $300.000 pesos. El campesinado entraba con 10 hectáreas, pero si usted quería meter 20 o 100 hectáreas, le daban los mismos $300.000 pesos. Y gracias al acceso a la información conocimos más incongruencias.
Dejusticia presentó unos informes que señalan que, en zonas de la Amazonía donde se recibe inversión, del 100 por ciento de los recursos que llegan a departamentos como el Caquetá, solo el 17 por ciento es para el campesinado; el resto se queda en intermediarios.
También descubrimos que Visión Amazonía recibía $1.200.000 pesos por cada familia que estaba en estos programas. Entonces, le daban $300.000 pesos a la familia campesina y se quedaban administrando $900.000 pesos en temas de papeles y demás. Esto es muy injusto, no respondía a las necesidades y no era transparente.
Gracias a la movilización que hubo en el 2021, donde nos encontramos para exigir el cumplimiento y territorializar el Acuerdo de Paz de 2016, especialmente la reforma rural integral, le dijimos a los ministerios ‘sí podemos conservar, pero deben cumplir’. Es así que en septiembre del 2023 se cambia el programa de Conservar Paga de Visión Amazonía: la gente ahora recibe $900.000 pesos y la entidad se queda con $300.000 para temas administrativos.
Creemos que es un poco más justo, pero más allá de eso empezaron a generarse otros procesos como por ejemplo los de restauración. Es nuevo que se esté contando con las organizaciones campesinas y comunales para diseñar esas apuestas de restauración desde las dinámicas de las organizaciones, es decir, que la restauración no se volviera una agenda impuesta y fuera de la mano con la reforma agraria.
C: Desde aquel encuentro en 2022 han pasado algunos años y desde entonces el orden público ha atravesado varias crisis en el país y Caquetá no se queda atrás. ¿La presencia y control de actores armados en el departamento han impactado en la apuesta o decisiones ambientales de los campesinos del departamento?
RAR: Hay una incidencia de los grupos armados en el Caquetá. Incidencia negativa en las agendas agrarias, ambientales y de derechos humanos que desarrollan organizaciones del tejido social del Caquetá. Eso ha generado mella en muchos aspectos y no ha dejado avanzar en apuestas que se tenían consolidadas.
Sin embargo, hay una fortaleza del tejido organizativo en el Caquetá. Ejemplo es todo el trabajo que se ha venido haciendo en Cartagena del Chairá desde la Asociación de Juntas Comunales y las organizaciones campesinas en articulación con coordinaciones departamentales como Coordosac. Referencio a Cartagena de Chairá porque fue una apuesta colectiva que dio lugar a esa visita de la señora ministra, Susana Muhamad, en 2022 y que allí insistieron en que el campesinado era capaz de contener la deforestación siempre y cuando tuviera las posibilidades y condiciones que debía brindar el Estado, parar esas necesidades insatisfechas que en general empujan la deforestación.
No digo que el campesinado esté talando por las necesidades básicas insatisfechas, pero eso lo obliga muchas veces a quedar instrumentalizado por los grandes poderes políticos y económicos del Caquetá que necesitan aumentar sus hatos tumbando selva.
Los programas de conservación y la relación entre organizaciones campesinas, comunales y ministerios ha evitado caer en la cooptación de los grupos armados porque ellos han generado unas dinámicas muy perversas en los territorios, suplantando organizaciones, cooptando organizaciones, imponiendo dirigencias que no son dirigencias, sino que son instrumentos de ellos para simplemente detener apuestas porque no hay una apuesta política en territorio.
No es que el grupo armado como otrora lo tenía la extinta Farc-Ep tenía una apuesta política. No, aquí no. Aquí el tema es: ‘necesitamos recursos y todo se hace de la mano de nosotros y punto’. Y no se habla del Acuerdo de Paz y no se habla de restauración, ‘eso no sirve para nada’ y lo que hacen es servir a poderes locales muy poderosos alrededor de la ganadería.
C: ¿Qué propuestas abandera el campesinado por la soberanía alimentaria?
RAR: Desde hace rato venían andando procesos alrededor de la recuperación de semillas, pero de un tiempo para acá, desde el Acuerdo y todo lo que generó, se han venido gestando otros procesos para recuperar lo que era el Caquetá, que desde la palabra de los mayores era una ‘alacena de comida’. El Caquetá tiene una vocación de producción de comida, no de producción agroindustrial, sino de lo necesario para vivir.
Es muy triste saber que el plátano, que es espectacular, sobre todo en Puerto Rico o Curillo, no se comercializa en la principal ciudad que es Florencia porque queda más barato sacarlo del Huila. Hay una ausencia de fortalecimiento de ciclos cortos de economía campesina, de garantizar que los de la vereda por lo menos coman lo que está en la vereda.
Pero hay gente esforzándose para cuidar semillas de arroz, maíz o plátano que son del Caquetá, generando una serie de apuestas alrededor del aprovechamiento de la selva: el copoazú, de sacha inchi, el asaí, la canangucha o las aromáticas. Sin embargo, la atención del Estado no ha ayudado mucho.
Cuando empezó el acuerdo entramos con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis), que inmediatamente sesgó la posibilidad de apoyar estos procesos. Quitó el impulso de la soberanía alimentaria y la cambió por seguridad alimentaria. Seguridad alimentaria es darle a la gente algo para que viva, independientemente de dónde viene. Entre la canasta le pueden dar atún o mermelada con conservantes y eso ha imposibilitado que el Estado impulse estas apuestas que hay de soberanía alimentaria, de sembrar lo nuestro, comer lo nuestro y fortalecer esos círculos económicos comunitarios locales que permitan autoabastecerse.
C: ¿Qué debe atenderse en materia de tierras en el país para atender la crisis climática?
RAR: Materializar lo que ya constitucionalmente está establecido: el campesinado como sujeto especial de protección. El campesinado debe tener la garantía de participación efectiva y vinculante en las decisiones que se dan alrededor de cómo se ordena el territorio, de cómo se invierte en el territorio y de cuál es esa visión de gobernanza y gobernabilidad compartida con el Estado desde el campesinado y en consonancia también con pueblos indígenas que, en este caso en el Caquetá, es necesario articular.
Creo que es la urgencia a materializar lo consignado en el Acuerdo de Paz, puntualmente la Reforma Rural Integral, que no es la reforma agraria como tal, pero sí es la ruta hacia esa reforma agraria y que posibilita desde esas instancias de participación la profundización de la democracia en asuntos públicos, donde es fundamental la participación efectiva del campesinado.
C: En algunos escenarios se viene hablando de la necesidad de revisar la tenencia de la tierra por el desequilibrio: en pocas manos, grandes extensiones de tierra; en muchas manos, predios pequeños. Sobre esto y la necesidad de formalización de la propiedad, mucha en Zona de Reserva Forestal, ¿qué reflexiona?
RAR: En el marco del proceso de zonificación ambiental participativa que se viene desarrollando y que responde a la estabilización de la frontera agrícola, en una medida, las organizaciones campesinas y comunales que están participando allí, pero sobre todo las instituciones se han dado cuenta de cómo está en detalle el departamento.
Esta zonificación ambiental participativa no se proyectó alrededor de hacer un inventario de lo que hay en Solano, Puerto Rico, Cartagena del Chairá y La Montañita, no. Evidentemente se identifican áreas de especial interés ambiental, pero como esto está en el marco de la reforma agraria, lo que se acordó en 2021 es que esa zonificación ambiental participativa debería visibilizar qué hay para cuidar, qué se está produciendo en territorio y cuáles son esas organizaciones que deben ser objeto de protección y de acompañamiento para que se siga fortaleciendo la producción campesina y la protección de la Amazonia desde las comunidades y figuras organizativas del campesinado.
Eso lo menciono porque entra a relucir el tema del acaparamiento de tierra. Es evidente que para haciendas que están muy cercanas a la Ruta 65, que es la pavimentada que cruza de norte a sur el Caquetá cerca del piedemonte, están las mejores tierras y están acumuladas por unos pocos que generan, de alguna manera, ese desplazamiento hacia abajo del campesinado. Pero no solamente eso, sino que estos pocos también tienen tierra más abajo, como si tuvieran la posibilidad de vender ganado de primera, de segunda y de tercera y de cuarta. Tienen tierra por todos lados y esa tierra lo que les permite es tener un poder macabro alrededor de estas dinámicas que se dan en el Caquetá.
Según un estudio de mi colega Karla Díaz, hay una informalidad de alrededor del 67 por ciento de la tierra en el Caquetá. No se sabe de quién es. Por eso, en el informe de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra), pareciese que 21 personas tuvieran 4 millones de hectáreas en el Caquetá. Muchas de esas fincas, según la Agencia Nacional de Tierras y el Igac, ya no son grandes extensiones de tierra, sino que fueron divididas, pero otras sí siguen permaneciendo allí.
Y el no saber también permite que se sigan dando estas dinámicas de acumulación de tierras. Hay una fiebre por la tierra en el Caquetá impresionante a partir del Acuerdo de Paz y que se apunta hacia zonas como La Macarena y El Chiribiquete. El paramilitarismo fue de alguna manera algo estratégico puesto en la Amazonía porque había una ola de surgimiento de paramilitares en Guaviare; surgimiento paramilitares en el Meta, sobre todo pegándose hacia La Macarena; surgimiento de paramilitares en el sur del Caquetá; surgimiento de paramilitares por la Ruta 65 y esto empujando básicamente a romper, a conectar, de alguna manera, lo que es el Guaviare con el Meta y el Caquetá, por una gran vía.
Eso sigue pasando ahorita después del Acuerdo de Paz porque la ausencia de las extintas Farc-Ep en zonas de alta protección, generó la posibilidad de los grandes poderes políticos y económicos de la deforestación, pero no solamente para la ganadería. Cuando se agoten los suelos está el riesgo de proyectos petroleros.
Pero hay un tejido organizativo que por lo menos en este momento tiene blindado el departamento del Caquetá del petróleo. En el Caquetá no hay un solo pozo petrolero extractivo. No hay un proyecto de minería a gran escala. Ninguno de los ocho proyectos de represas ha podido gestarse. Ha sido la gente movilizándose.
C: ¿Qué crítica le hace a las empresas frente a su responsabilidad ambiental?
RAR: Dejusticia empezó a sacar estos estudios al respecto de que la carne que se estaba vendiendo en grandes almacenes de cadena estaba promoviendo la deforestación en el Chiribiquete. Eso fue una acción jurídica importante que generó una molestia a quienes vienen lucrándose de la ganadería. Sin embargo, aún falta más presión, en especial del Estado.
Hay una corresponsabilidad también en el tema de las inversiones, de Obras por impuestos. Las empresas han sido muy dadas a invertir sin garantizar salvaguardas, sin garantizar veedurías, invierten pero no les importa si esa plata llegó completa. Los informes de la Contraloría hablan de que en los últimos años ha sido más de cuatro billones de pesos que se han robado en el departamento de Caquetá, que ha llegado por el tema de la paz y mucho tiene que ver las empresas, porque las empresas son oídos sordos frente a donde invierten, solo quieren reducir sus impuestos.
También hay una mala intención con el tema ambiental. Hay empresas que han generado reuniones o campamentos alrededor de ‘mire lo bueno que es una represa’, ‘mire lo bueno que es la inversión petrolera’, y eso en contubernio con las instituciones.
C: ¿Qué críticas le hace a los gobiernos del país que han delineado las políticas ambientales de los últimos años?
RAR: Una de esas críticas permanentes ha sido a las políticas ambientales en territorios como el Caquetá, que deben tener al sujeto campesino y la reforma agraria, como una manera de articular esa visión campesina a las políticas ambientales del Estado. En muchas partes ha sido posible, en otras todavía genera escozor en el momento en que no les gusta hablar de lo ambiental respecto a la corresponsabilidad que tienen del reconocimiento de la deuda histórica con el campesinado.
La Ley 2 de 1959 es uno de los ejemplos más claros. Esa ley proyectaba, para el departamento del Caquetá, impulsar la economía forestal, que ahora quieren recuperar con las concesiones campesinas, pero la mirada ambientalista del centro generó que eso se volviera lo mismo que una figura de protección antes peor, como si fuera también un parque nacional, cuando era un tema de ‘cómo impulsamos ese aprovechamiento de los recursos de la selva, garantizando otras condiciones de vida al campesinado’.
C: ¿Cómo observa el campesinado los sistemas de producción y consumo en su apuesta ambiental por una vida digna?
RAR: Se sigue insistiendo en la Amazonía, y en particular en Caquetá, en los monocultivos. Si no es la ganadería, es el aprovechamiento forestal. Allí es donde todavía se sigue teniendo una distancia entre el Estado, las oenegés y las organizaciones campesinas y comunales. Partir de reconocer esas figuras organizativas y de entender que estas organizaciones tienen unas agendas nos posibilitaría avanzar en construir apuestas productivas más armónicas y respetuosas dentro de la Amazonía.
La idea de los policultivos ha estado siempre presente en el campesinado, pero el apoyo que el Estado brinda es mínimo. En municipios como Cartagena de Chaira son contados los tractores y la mayoría son privados y son de privados que tienen grandes extensiones de tierra. Para San Vicente del Caguán ni se diga. Hay municipios que ni siquiera tienen un solo tractor. Y eso es fundamental, no para sembrar pasto y ganadería, sino para generar nuevas apuestas productivas.
Más allá del tractor hay otros mecanismos más amables con la tierra, sobre todo con la delicadeza de la tierra amazónica, que permitirían acondicionar para poder sembrar e impulsar el plátano, el arroz o la yuca. Hay iniciativas, posibilidades y disposición desde las organizaciones campesinas comunales de avanzar en sistemas diversos de producción, pero el Estado sigue insistiendo en frenarlos, poner obstáculos e insistir en que hay un solo camino, un solo cultivo.
C: ¿Qué relaciones, acuerdos y compromisos deben establecerse entre los campesinos del Sur Global con las Naciones del Norte Global?
RAR: Yo creo que uno de los acuerdos principales es que nos tenemos que unir todos, tenemos que jalar para el mismo lado.
Tiene que haber un punto de convergencia en donde estas formas organizativas, organizaciones campesinas, comunales, pueblos indígenas, comunidades afros, diversidades, etcétera, encontremos un punto de convergencia para afrontar el despojo y la extracción en todas sus dimensiones que viene efectuando el Norte Global.
Yo hablo del extractivismo en varias dimensiones. No solamente es la extracción petrolera, la extracción minera, sino también la extracción académica, como llegan cantidades de científicos, de académicos al Sur Global, recogen todo lo que necesitan de las comunidades de los territorios y luego eso lo patentan y generan unas dinámicas de acumulación muy irresponsables, instrumentalizando a las organizaciones del tejido social latinoamericano como si fueran menores de edad.
Entonces nos toca organizarnos para generar unas condiciones recíprocas de compromisos, porque el Norte Global no puede seguir insistiendo en las dinámicas de acumulación desmedida, de explotación desmedida, de deshumanización económica, sino tiene que generar otras relaciones para que desde aquí podamos contener lo que a todos nos incumbe: esa crisis climática, esa crisis del modelo económico y esa crisis que tenemos como humanidad que nos tiene en riesgo como especie.
C: ¿Qué espera de la COP30?
RAR: Uno espera muy poquito de eso.
Tuvimos la posibilidad de estar en la COP en Cali, ahí tuve la posibilidad de acompañar como enlace territorial al Ministerio de Ambiente y eso me posibilitó a mí y otros compañeros que entraron en algunos espacios de articulación entender cómo funcionaba la institucionalidad, como hay intereses arraigados.
Nosotros fuimos una delegación de 50 personas, 13 procesos organizativos: juveniles, campesinos, indígenas, comunales, ambientales, diversidad y firmantes de paz. Nos fuimos para para para la COP y allí pudimos evidenciar realmente el monstruo que significa el tema ambiental en el mundo. Vimos muchos eventos y apuestas muy interesantes, conectamos con otras experiencias que nos recordaron que no estamos solos, pero también entendimos que eso no es el fin en sí, que ahí no se va a solucionar nada, que es un espacio de disputa.
Es un espacio en donde el mundo global se encuentra en cosas que muchas veces no va a generar más allá de una aceptación simbólica, pero que es importante de alguna manera seguir insistiendo como humanidad y ponernos de acuerdo en cosas fundamentales.
Uno espera que en la COP30 se sigan discutiendo los asuntos de las comunidades locales. Los pueblos indígenas ya ganaron ese reconocimiento. En ese mismo sentido están las comunidades afrodescendientes o comunidades de la diáspora y también en ese sentido estamos las comunidades campesinas insistiendo en que nos nombren como es y no nos metan en un saco como si fuera cualquier cosa.
Si se sigue desconociendo que en los territorios viven los campesinos y campesinas, que son los que tienen la posibilidad de cuidar, de generar procesos de cambio transformadores, lamentablemente vamos a seguir viendo esto con unas gafas alejadísimas de la realidad, en donde solamente es dar una donación para ver quién cuida eso sin siquiera saber que eso llega al campesinado, ni siquiera mejora condiciones de vida y ni siquiera tiene una visión crítica de lo que se requiere en territorio.
Evidentemente eso no solamente depende de lo que se defina en la COP30, sino de la movilización y de la organización de las comunidades y sus formas.
