En abril de 2023 alias Iván Mordisco, máximo jefe del Estado Mayor Central de las Farc (EMC), una disidencia de esa antigua guerrilla, anunció desde las Sabanas del Yarí, en San Vicente del Caguán, que iniciarían una negociación de paz con el Estado en cabeza del gobierno de Gustavo Petro. Desde ese momento, el EMC ha dicho que el proceso debe priorizar y poner en el centro a las comunidades, una premisa que ha sido replicada por todas las estructuras que lo componen.
“La diferencia en esta conversación que llevamos, es que no buscamos puestos burocráticos, no buscamos alcaldías, gobernaciones, ni puestos en el Senado. Queremos que el pueblo sea el que esté ahí (...) si algo sale de aquí debe ser para el pueblo”, dijo en una entrevista en abril de este año alias Calarcá, comandante del Bloque Jorge Briceño del EMC que opera en Caquetá y sur del Meta. Calarcá es considerado el segundo al mando de la disidencia y es vocero de la estructura en los diálogos de paz.
Aunque el EMC ha insistido en que la participación de las comunidades y las organizaciones sociales es fundamental para implementar los acuerdos que se hagan, hasta el momento no hay una hoja de ruta, un espacio formal ni garantías suficientes para que participen del proceso. En municipios como San Vicente del Caguán, en Caquetá, las comunidades campesinas, indígenas y las organizaciones sociales ven con buenos ojos la posibilidad de ser escuchados en la mesa y están jugados con el proceso de paz. Pero se debaten entre la desconfianza en el Estado y el temor de quedar a merced de uno o varios actores armados.
El papel que puedan tener las comunidades de San Vicente es clave en varios aspectos. Primero porque el municipio ha sido protagonista del actual proceso de paz: fue ahí donde se llevó a cabo la reunión exploratoria para el diálogo en septiembre de 2022 y donde reapareció alias ‘Iván Mordisco’ — quien era dado por muerto — para anunciar; frente a campesinos, indígenas y organizaciones sociales que reunió la Coordinadora del Suroriente Colombiano para los Procesos Agrarios y Sociales (Coscopaas); el inicio de esa negociación.
Segundo por el peso histórico que tiene este municipio en los procesos de paz anteriores: en 1998 fue el epicentro de los diálogos y la zona de distensión o de despeje durante el fallido proceso de paz entre el presidente Andrés Pastrana y las Farc. También fue donde se llevó a cabo la última conferencia de las Farc antes de dejar las armas en el marco del Acuerdo de Paz de la Habana.
Tercero, por el significado que tiene San Vicente del Caguán en medio del conflicto armado, antes y después del proceso de paz de 2016. Por ejemplo, fue la zona por la que se movió alias ‘Tirofijo’ y gran parte del secretariado de esa guerrilla y en la que tenían una presencia fuerte hasta el punto de llegar a poseer más de 200 mil hectáreas de baldíos que fueron recuperados en 2015. También porque las disidencias de las Farc, que no se acogieron o se salieron del Acuerdo de Paz firmado en noviembre 2016, tienen una presencia fuerte y un amplio control territorial.
Según la Fundación Conflict Responses (CORE), que le hace seguimiento al conflicto armado en Colombia, hasta 2023 en al menos siete de los 16 municipios del departamento, incluyendo San Vicente, el EMC extorsionaba o controlaba economías ilegales, realizaba acciones militares o tenía disputas con otros actores armados e imponía reglas a los civiles. Sin embargo, la misma fundación muestra que tanto las disidencias de La Segunda Marquetalia — de alias Iván Márquez — como las del Estado Mayor Central de las Farc tenían capacidad para injerir en la realidad local de manera sostenida y de forma directa o indirecta ampliamente en Caquetá y por tanto en San Vicente del Caguán.
Esa injerencia muestra el reto que implica para las comunidades participar en una mesa de diálogo de forma autónoma y sin la presión de los actores armados, más cuando el mismo EMC ha dicho que una de sus condiciones en este diálogo es que no entregará las armas hasta que se implemente lo acordado. Sin embargo, las dos disidencias que están en San Vicente, se disputan el control territorial en algunas zonas, una situación que puede terminar en acciones militares como las del fin de semana del 25 y 26 de mayo cuando el EMC y La Segunda Marquetalia se enfrentaron en zona rural.
Eso es una muestra de las tensiones que vive la comunidad aún cuando hay un cese al fuego entre el Estado y el EMC. También es un reflejo del riesgo que corren los líderes sociales pues pueden ser señaladas de colaboradores o a fines de uno de los dos grupos armados, esto termina estigmatizándolos y poniéndolos en riesgo. Por ese temor a ser identificados y señalados, los líderes de diferentes organizaciones sociales de San Vicente del Caguán con los que habló Consonante prefirieron no ser nombrados.
Todos coinciden en apoyar el diálogo y querer participar, a pesar del panorama adverso en el que se encuentran. Cabe resaltar que cada uno representa un sector específico en temas sociales y geográficos. “Las comunidades no son un actor homogéneo, menos ahora con la reconfiguración del conflicto”, dice Estefanía Ciro, doctora en sociología y fundadora e investigadora del Centro de Pensamiento desde la Amazonia colombiana A la Orilla Del Río que le ha hecho seguimiento a los temas de conflicto y paz en la región.
“Las comunidades no son un actor homogéneo, menos ahora con la reconfiguración del conflicto”
Estefanía Ciro, doctora en sociología y fundadora e investigadora del Centro de Pensamiento desde la Amazonia colombiana A la Orilla Del Río.
Ciro cuenta que hace años había plataformas organizativas a nivel nacional y regional que hoy no existen por la fractura organizativa que hay en el Caquetá. “Hay que saber y entender que las comunidades tienen múltiples intereses y legitimidades, hay gente de acuerdo y gente que no. En el Caquetá no hay vocerías claras y eso es algo que aún no entienden hacia afuera”, explica Ciro.
Una mezcla de esperanza y desconfianza
“Lo que para algunos fue un fracaso con los diálogos del Caguán en el 98, para nosotros fue una experiencia de motivación: motivó la economía y la seguridad, (durante ese tiempo y antes de que se rompiera el diálogo) la gente podía vivir más tranquila”, cuenta un integrante de la Corporación para la Defensa de los Derechos Humanos Caguán Vive, que reúne a líderes de diferentes organizaciones. El vocero se refiere a lo que fue el fallido proceso de paz del presidente Andrés Pastrana en 1998. Por eso, dice, el anuncio de los diálogos de paz con el EMC y el protagonismo que tendría el municipio en estos, revivió la esperanza de algunas comunidades de San Vicente del Caguán de vivir sin tensiones y de que el Estado volviera la mirada a su territorio para tramitar sus necesidades.
Karen*, integrante de una Junta de Acción Comunal en Las Sabanas del Yarí, coincide en que esa esperanza no la sentían desde el 98. También admite que el cese al fuego que se pactó desde octubre del año pasado y que sigue vigente en el departamento, es quizás el mayor cambio que ha sentido en el sector en el que vive y en el que sólo hay presencia del EMC. Tampoco quiere decir que la disidencia se haya hecho a un lado. Karen cuenta que sus integrantes siguen convocando a reuniones para hablar del diálogo que adelantan o para dar directrices, o como dicen desde el EMC, para ‘dar orientaciones’. De igual forma, para ella y para los habitantes de su territorio, la mesa y el cese ha significado que desde el año pasado la comunidad pueda estar más tranquila y sin temor a enfrentamientos.
Algo similar opinan desde la Asociación de Cabildos Indígenas de San Vicente del Caguán (ACISC). “Desde que la mesa está en el territorio hemos bajado la tensión, no hay presión y ninguno de los dos actores armados ha vuelto a molestar”, dijo un vocero que habló de forma colectiva. Esto a pesar de que hay resguardos que están cerca a veredas donde hay disputas entre el EMC y la Segunda Marquetalia como los ocurridos entre el 25 y 26 de mayo en la vereda Guayabal.
“Desde que la mesa está en el territorio hemos bajado la tensión, no hay presión y ninguno de los dos actores armados ha vuelto a molestar”
Vocero de la Asociación de Cabildos Indígenas de San Vicente del Caguán (ACISC)
Para las comunidades indígenas, no sólo es el cese. Contar con la mesa de negociación en el territorio y con reuniones como la del 10 de mayo en la que algunos representantes de diferentes organizaciones y comunidades fueron escuchados por delegados del proceso de paz, les da más peso para hacer solicitudes y gestiones ante funcionarios locales. “Socialmente, cuando mencionan la mesa de negociación en la Alcaldía, los funcionarios se ponen más activos y tienen mayor disposición”, aseguran desde ACISC.
En la Asociación de Cabildos Indígenas también dicen que la mesa ha ayudado a crear lazos y reconectar con los liderazgos sociales. “Desde 2021 las organizaciones no nos veíamos. Este espacio nos ha ayudado a pensarnos el territorio de forma colectiva, ya no nos sentimos tan solos”, comenta el vocero. Una forma de cómo se está pensando el territorio quedó plasmada en el acuerdo especial sobre transformaciones territoriales de Caquetá, Meta y Guaviare que se firmó el 10 de marzo. Ese acuerdo consiste en acciones prioritarias en los territorios para empezar a implementar lo acordado. En el caso de lo firmado para Caquetá, Meta y Guaviare, priorizan reuniones con entidades nacionales, solicitudes de información, apoyos a proyectos productivos y giros de dinero para, por ejemplo, fortalecer o garantizar el funcionamiento de un hospital.
Aunque son acciones precisas que pueden beneficiar a unos sectores específicos, las comunidades consideran que puede traer grandes beneficios. “Confiamos en que el Estado dé soluciones a las problemáticas, queremos que los acuerdos territoriales den fruto, que muestren un gesto de paz y que las comunidades seamos parte de este gesto de reconciliación”, afirmó Liliana*, líder de una organización campesina. A pesar de la ilusión que tiene en el proceso, Liliana desconfía: “Hay unos acercamientos, pero no un acuerdo. Esto apenas está empezando, uno ve la zona militarizada y le genera zozobra, eso también nos pone en riesgo y más en una región como la nuestra en la que otros actores (armados ilegales) quieren entrar”. Esa desconfianza no pasa sólo por la presencia del Ejército, sino por lo que representa: el Estado.
Por eso, aunque las comunidades tienen los ojos sobre la mesa de negociación, ven con sospecha el compromiso que puede llegar a tener el Gobierno Nacional. Karen comenta que se han sentido escuchados por el EMC, pero no sienten lo mismo por parte del Gobierno. Lo dice porque antes de la firma de los acuerdos territoriales que le corresponden a Caquetá, ella y otros líderes de la zona pasaron una lista de propuestas que incluían fortalecer o invertir en escenarios rurales, comunales y proyectos campesinos, pero no quedaron en ese documento ni lograron una respuesta favorable de los delegados del gobierno.
“No sabemos si el Estado está comprometido con las propuestas, no dicen ni sí ni no. (...) El EMC dice que estará en la mesa a beneficio de las comunidades, ahí la duda es que el gobierno cumpla”, asegura Karen. Para ella, se trata de algo que va más allá de la desconfianza: “No podemos hablar de desconfianza porque ni confianza nos han dado, nunca nos han mirado, esto es un caso de olvido estatal”. Pero los cuestionamientos de algunas comunidades no son sólo por lo que el Estado pueda cumplir, también por el papel actual que está teniendo, por la falta de garantías para participar y por las dudas que tienen alrededor de la voluntad del EMC para que la mesa sea amplia y participativa.
“No podemos hablar de desconfianza porque ni confianza nos han dado, nunca nos han mirado, esto es un caso de olvido estatal”
Karen*, integrante de una JAC en Las Sabanas del Yarí
Sin garantías
El 15 de mayo, más de 20 líderes del Putumayo y Caquetá viajaron a Bogotá para reunirse con entidades nacionales y organizaciones internacionales. Su fin era denunciar violaciones a los derechos humanos en ambos departamentos. Según el informe presentado, a nivel nacional, la violencia territorial aumentó en un 36 por ciento en los primeros tres meses de este año frente al mismo periodo del anterior. La cifra hace parte del balance realizado por la Coordinadora Humanitaria — un espacio que reúne organizaciones y líderes sociales de más de 15 departamentos y que es apoyado por la corporación Vivamos Humanos del expresidente Ernesto Samper—.
El informe también dice que de los 129 posibles hechos de violación del cese al fuego a nivel nacional, 22 ocurrieron en el Caquetá, lo que representó un aumento del 57 por ciento de hechos violentos reportados en ese departamento frente al mismo periodo de 2023. De esos 22, 15 fueron responsabilidad del EMC. Las cifras, sumadas a las del Putumayo, fueron parte de los argumentos que llevaron los líderes para sostener que hay pocos avances en la política de Paz Total de este gobierno.
Lina Mejía, coordinadora de Derechos Humanos de la Corporación Vivamos Humanos, que le hace seguimiento al conflicto armado que se vive en los territorios, dijo que el informe y el viaje de los líderes a Bogotá son una muestra de la realidad que se vive en medio de los diálogos de paz. “En el marco del proceso de paz y de estos últimos meses se han dado algunas situaciones con el EMC como la arremetida contra el tejido organizativo y la creación de ONGs para legitimar que este actor armado tiene un proceso organizativo. (...) Esa arremetida es una forma de legitimar la mesa, llegar más fuerte a negociar, arrinconar a las organizaciones de base y restarles voz”, dice Mejía.
"Esa arremetida es una forma de legitimar la mesa, llegar más fuerte a negociar, arrinconar a las organizaciones de base y restarles voz"
Lina Mejía, coordinadora de Derechos Humanos de la Corporación Vivamos Humanos
Por eso, uno de los retos es garantizar que la participación de las comunidades sea amplia. “El EMC ha tendido a creer que las comunidades son ciertos sectores que de una u otra forma son afines y es respetable, pero no debe ser así — dice Estefanía Ciro de A La Orilla del Río — . El actor armado no ha logrado construir una mesa donde las voces a favor, en contra, de denuncia y de apoyo, se encuentren. Cuando hablan de introducir a las organizaciones en sus diálogos ha sido muy parcial, muy fragmentado y no ha logrado convocar a la sociedad”.
Debido a esto, algunos líderes y organizaciones han sido críticos con el proceso que se lleva a cabo, ese es el caso de Rodrigo*, un líder del Caquetá que hace parte de una organización integrada por Juntas de Acción Comunal y comunidades indígenas y campesinas. “Lo que tenemos ahora es un proceso de amedrentamiento y sujeción de los tejidos organizativos del Caquetá. Actores armados están construyendo aparatos para cooptar organizaciones y liderazgo sociales. De paso hay una desatención institucional, está dejando por fuera la protección de las comunidades”, afirma.
Rodrigo dice que está de acuerdo con el proceso de paz, pero quiere que este tenga las garantías para que las comunidades participen de forma autónoma en la mesa y no bajo presión de los actores que están en el territorio. “Las comunidades están siendo instrumentalizadas. Las sientan y les preguntan si quieren vías, si quieren un colegio para (Las Sabanas del) Yarí y asienten porque lo quieren y lo necesitan”, dice Rodrigo quien insiste en que hay improvisación y una desarticulación institucional que impide garantizar la protección de las comunidades.
No todos lo ven de esa forma. “Presión no ha habido. Aunque también puede ser que hayamos normalizado la presencia y las orientaciones del grupo armado. Pero si ellos nos dicen que hay un diálogo y que nos van a escuchar, queremos estar ahí y no nos sentimos obligados”, dice Karen de una de las JAC de Las Sabanas del Yarí, a quien cuando le preguntan qué cree que pasaría con los que han participado en la mesa si ésta se levanta sin un acuerdo, se queda en silencio. “No lo hemos pensado — menciona Karen y después de unos minutos de meditarlo sigue —. Creo que ninguno tiene garantías si se llega a alzar la mesa. El gobierno no ha llegado antes y no va a llegar a defendernos si se acaba la negociación. Si eso pasa, las comunidades vamos a estar a disposición del EMC o del grupo que llegue”.
Hasta el momento no hay nada formal sobre la participación comunitaria en la mesa. “No hay un protocolo ni claridad sobre la participación de las comunidades. En cuanto a garantías de seguridad o en lo que hemos llamado ‘el día después de la participación’ no hay nada concreto ni específico”, dijo Kyle Jhonson, fundador e investigador de CORE. Según los informes de esta fundación sobre la mesa de negociación con el EMC, en la situación actual de este proceso, las organizaciones, comunidades y líderes que participan en la mesa pueden estar en situaciones que ponen en riesgo su seguridad.
Algunas comunidades son conscientes de esto y han asumido ese riesgo. Por el lado de Caguán Vive, uno de sus voceros aseguró: “Nadie quiere y nadie busca ser señalado ni perseguido por participar en la mesa de negociación, pero si eso pasa, es una consecuencia de lo que se juegan los liderazgos y están dispuestos a asumirlo”. Otros, mientras participan o critican la mesa, han buscado sus propios espacios para alzar su voz y hacer propuestas.
"Nadie quiere y nadie busca ser señalado ni perseguido por participar en la mesa de negociación, pero si eso pasa, es una consecuencia de lo que se juegan los liderazgos y están dispuestos a asumirlo"
Vocero de la Corporación para la Defensa de los Derechos Humanos Caguán Vive
Por su parte, la Asociación de Cabildos Indígenas de San Vicente del Caguán, además de dejar constancia de su intención de participar en la mesa, ha empezado a empoderarse del proceso y hacer sus propias rutas. Por ejemplo, una de sus propuestas es que puedan tener un espacio autónomo desde una mesa con autoridades indígenas. Para ellos, la propuesta que hacen de la mesa alterna podría blindar el proceso porque las comunidades indígenas se sentirán más autónomas con un espacio propio. “Entendemos que es un proceso en construcción, que hay protocolos que se vienen esbozando. Lo que estamos haciendo es impulsar los procesos. Ya no esperamos que la ruta la organicen ellos, ahora también proponemos nosotros”, dicen desde la asociación.
Similar es la propuesta que tiene Rodrigo: una mesa alterna para las comunidades con el fin de discutir y aportar al proceso sin presiones. Además, con el respaldo que tiene de comunidades campesinas e indígenas y con organizaciones sociales, pide al Gobierno Nacional que también atienda las solicitudes que hacen sin que estas pasen necesariamente por la mesa. “Dialoguen, pero nosotros también tenemos agendas que merecen atención. No limiten la acción del Estado a lo que pueda conseguir el EMC”, comenta.
"No limiten la acción del Estado a lo que pueda conseguir el EMC"
Rodrigo*, líder del Caquetá e integrante de una organización de Juntas de Acción Comunal y comunidades indígenas y campesinas
Ese es uno de los problemas que ve la investigadora Estefanía Ciro en el proceso que se lleva a cabo: “La gente naturalizó que es ese actor armado el que trae al funcionario. El inconveniente es que el Estado valide y nutra esta idea y crea que para hacer política tiene que entrar de esa forma a las regiones”. Sin embargo, Ciro explica que aún con todas las visiones que hay sobre la mesa es claro que las comunidades quieren que esta continúe porque es un gana-gana. Por un lado trae al Estado al territorio y por el otro, la mesa se convierte en una forma de controlar al actor armado.
Pero a la duda de lo que pueda pasar entre el Estado y el EMC, se le suma la incertidumbre de lo que pasa al interior de la disidencia luego de que una parte de esta, la de alias Calarcá, que comanda los frentes en Caquetá y Meta, decidiera continuar en la mesa de negociación, mientras los otros se apartaron de esta. “Mira lo complejo: se factura el EMC y se fractura Caquetá y Guaviare. Ya las comunidades no están temerosas de si se rompe o no la mesa, ahora están temerosas del actor armado que se sale de la mesa entre gente que se conocía”, concluye Ciro.
*Nombre cambiado a petición de la fuente
**Consonante intentó comunicarse con Camilo Gonzáles Posso, coordinador de delegados del gobierno nacional en los diálogos de paz con el EMC, pero hasta el momento de publicar esta historia no contestó los mensajes.
