“Nos sentimos traicionados por el gobierno, perdimos esta batalla”: líder de El Carmen de Atrato sobre renovación de contrato con Miner S.A

Después de tres años de operar sin un contrato vigente, la empresa Miner S.A. recibió luz verde el pasado 23 de mayo para renovar el título de concesión que había tenido durante 22 años y que venció el 22 de enero de 2022. La Agencia Nacional de Minería (ANM) celebró la firma como un “hito en la contratación minera”, destacando que el nuevo acuerdo permitirá la extracción de cobre en El Carmen de Atrato por 30 años más.

Sin embargo, el entusiasmo institucional contrasta con la percepción de líderes y lideresas sociales y ambientales del municipio, quienes denuncian que su participación en la construcción del nuevo contrato fue limitada. Aunque desde 2022 distintas organizaciones venían exigiendo mecanismos claros de consulta, las dos reuniones que sostuvieron con la empresa y la ANM dejaron más la impresión de un trámite formal que de un verdadero espacio de diálogo.

Después del segundo encuentro, el 29 de marzo de 2025, organizaciones como la Plataforma del Campesinado, la Fundación Mesa Social y Ambiental, Sintramienergética- Chocó, Cuerpo Colegiado de Guardianes del Atrato, Centro Sociojurídico para la Defensa Territorial SIEMBRA, entre otras, le pidieron a la ANM una verdadera participación en el proceso de la renovación, una solicitud que no tuvo respuesta. Días después se anunció la renovación de la concesión y ahora las organizaciones saben poco de las condiciones del nuevo contrato.

Entre las solicitudes enviadas al entonces presidente de la ANM, Álvaro Pardo, se incluyó la exigencia del cumpliento de las obligaciones de la empresa que según denuncian han omitido:

•  Reforestación: de 115 ha que ha debido reforestar entre 2001 y 2023, la empresa solo ha acreditado 12.

• Contaminación de aguas: reiteradamente se han identificado puntos de vertimiento no autorizados, a la vez que se han presentado contingencias ambientales también ligadas a los vertimientos indebidos sin que haya habido debidas sanciones.

• Mantenimiento de vías: las vías de acceso a El Roble se encuentran en muy malas condiciones pese a que el plan de manejo le obliga a tenerlas en buen estado.
  
•  Presas de cola: la Presa 4 fue construida sin estudios geotécnicos adecuados ni análisis de estabilidad necesario, representando una amenaza para el municipio ante riesgos de sismicidad (Terrae, 2017).

• Botaderos de estériles: las presas y botaderos se han construido irregularmente sin los debidos permisos ambientales y sin respetar la ronda hídrica del río Atrato, encajonándolo cada vez más y aumentando el riesgo de emergencia ante lluvias torrenciales.

• Calidad del agua: tras su paso por la mina, el río Atrato, declarado sujeto de derechos, está estéril, carente de peces y vida acuática en él.

• Nefasto seguimiento ambiental al proyecto por parte de Codehocó: ha sido frecuentemente violado el derecho al acceso a la información y participación ambiental, no existe un expediente ambiental completo y claro, ante incumplimiento documentados no se han interpuesto sanciones, se ha alertado la baja capacidad administrativa y financiera de la entidad considera insuficiente para hacer seguimiento a proyectos mineros (WWF, 2019), fueron advertidos nueve hallazgos administrativos sobre El Roble (Contraloría, 2019).

En Consonante hablamos con Ramón Antonio Cartagena, representante legal de la Fundación Mesa Social y Ambiental de El Carmen de Atrato, una organización que lleva más de 10 años haciendo seguimiento a los procesos mineros en el municipio, sobre cómo recibieron los movimientos sociales la noticia y qué expectativas tienen con la renovación.

Consonante: Para muchos sectores las dos reuniones con la empresa, la ANM y la comunidad, fueron más una formalidad que un espacio real de participación. ¿Por qué consideran eso? ¿Cómo transcurrieron esas reuniones?

Ramón Cartagena: Lo que sucedió el 29 de marzo fue un descaro. No nos brindaron la participación adecuada y digna para presentar nuestras propuestas. En la mañana la Agencia Nacional de Minería, y la misma empresa, utilizó el espacio para conversar y para contarnos muchas cosas, y eso está muy bien, nosotros no criticamos eso. Pero lo que nos dolió enormemente, lo que fue una puñalada para los que defendemos el territorio, fue que después de la una de la tarde nos hicieron escoger solo 10 líderes y a cada uno le dieron un espacio de solo tres minutos para hacer su intervención, eso es insólito. ¿Qué alcanza a decir uno en tres minutos?

A los 10 líderes que nos inscribimos, porque no había más participación, nos pusieron un cronómetro y cuando se acababan los tres minutos prácticamente nos arrebataban el micrófono. Cosa que no pasó con la empresa minera ni con la ni con la Agencia Nacional de Minería. Yo personalmente en lo poco que pude hablar le solicité al presidente de la Agencia que abriéramos un nuevo espacio, que nos diera una nueva fecha, pero el presidente respondió que ya no se podía hacer nada.

C.: La ANM ha dicho que en esa reunión “fueron socializados los términos preliminares de la renovación del contrato, escuchadas las diferentes observaciones de la comunidad y recogidos sus aportes para la definición final del instrumento contractual”. ¿Ustedes conocieron el borrador del nuevo contrato? ¿Los líderes del municipio saben hoy cuáles son las condiciones de esa renovación que ya se anunció?

R.C.: A nosotros simplemente vinieron a traernos una noticia de que aquí se ganó un pleito y que la mina tiene que pagar 120.000 millones de pesos de regalías. Nos dijeron cómo se van a distribuir, cuánto le toca a la Alcaldía, a la Gobernación, etcétera, etcétera.  Hicieron un boom con esos recursos.

El alcalde y la gobernadora del departamento del Chocó hoy sí alzan la voz y las manos de alegría, cuando ex gobernadores, ex alcaldes, y la misma ANM, nunca hicieron nada para que esos recursos se recibieran.

Pero aquí no nos dejaron participar en nada. No conocemos el borrador, ni el contrato. Es más, yo siento que nos vinieron a callar, esa es la verdad, con una plata de ese pleito de las regalías, con eso nos taparon la boca.

C.: Además del tema de las regalías, el nuevo acuerdo establece que la minera deberá transferir $1.671 millones en el primer año exclusivamente para inversión social en Carmen de Atrato. Este monto se dividirá en dos partes: 67 por ciento será decidido por la comunidad, en conjunto con las autoridades locales. El 33 por ciento restante será ejecutado por la empresa en sus propios programas de gestión social. ¿Cree que esa fue una ganancia del movimiento social?

R.C.: Eso lo explicó el señor Pardo en la reunión, pero no es ninguna ganancia, al contrario, es un baldado de agua fría que nos dieron a las organizaciones. Hoy nos sentimos traicionados por el gobierno, nos sentimos traicionados por la Agencia Nacional de Minería.

Sí es un compromiso que tienen con el nuevo título, pero es que nosotros no solamente estamos aquí pidiendo plata, no somos limosneros. Estamos también pidiendo atención en los temas ambientales, atención en proyectos de envergadura, proyectos productivos. Es que aquí no nos pueden decir “es que la mina es muy buena porque le dio dos bultos de abono a un campesino”, ¿eso para qué sirve?

Aquí lo que necesitamos, por ejemplo, es que nos digan que vamos a hacer un proyecto de 2.0000 o 3.000 millones de pesos para producir maíz, para producir café que somos fuertes en eso. O que se va a construir un hospital de segundo nivel, no un centro de salud, que es lo que tiene hoy el Carmen de Atrato. Eso es lo que nosotros pedimos porque aquí hay un saqueo grande; llevamos 35 años siendo explotados y en 35 años nosotros los carmeleños no tenemos una obra o proyecto significativo, sólo migajas. 

Aquí hay unos temas bastante álgidos como los pasivos ambientales, los temas sociales, para sacar un poco adelante todo este campo que está hoy atrasado, que está abandonado a pesar de que anteriormente éramos una despensa agrícola. Eso es lo que queremos, proyectos para que cuando esa empresa se vaya quede algo de qué sobrevivir. Porque si esta empresa se acaba dentro de dos o tres años, yo no sé qué le va a pasar a El Carmen, no tiene futuro, es un municipio inviable. Si desde hoy no planteamos un futuro para las generaciones que vienen, para el mismo cuidado del territorio, del río, del medio ambiente, entonces ¿en qué estamos? Esa es nuestra lucha.

¿Ahora que le dan un nuevo título por 30 años más nos van a seguir dando migajas? Eso es lo que no podemos aceptar.

C.: Entonces ¿qué expectativas tienen con la renovación de este contrato?

R.C.: La verdad es que hay una frustración y una impotencia muy grande. A veces decimos que no vale la pena luchar, que no se puede luchar cuando vemos que el mismo gobierno se hace cómplice para que destruyan el territorio. 

Han sido muchos años luchando para reivindicar no solamente lo ambiental, sino también lo de las comunidades. Aquí, por ejemplo, el sindicato minero está solo también. ¿Cómo es posible que hoy los trabajadores de la mina, la gran mayoría, están en una tercerización laboral? Es injusto. No podemos permitir que en un pueblo que está sacando cobre y oro por toneladas a los pobres trabajadores les paguen unos salarios paupérrimos. 

Aquí la vaina también es de justicia: justicia social, justicia ambiental. Eso es lo que nosotros estamos reclamando. Pero ¿Qué vamos a hacer ahora cuando ya le dieron un título y ahora la empresa sigue con su poder económico? Ellos van a seguir señalándonos porque el gobierno no nos dio las garantías necesarias a través de la participación.

C.: Hay personas que dicen que ustedes querían que la mina se fuera ¿Esa era su intención?

R.C.: Falso de toda falsedad. Nosotros nunca hemos dicho eso. Sí queremos que la empresa esté acá, pero que haya una participación comunitaria real. Es más, el título lo estábamos acondicionando, esa reunión era el momento oportuno para nosotros, para que el gobierno se sentara a escucharnos, la Agencia Nacional de Minería, el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Minas. Qué bueno que se hubiera hecho una gran asamblea real con toda esta institucionalidad. 

Eso es lo que estamos reclamando, porque lo que no queremos es que se repita lo de hace 30 años. Eso no lo podemos seguir viviendo más, sería una irresponsabilidad tanto para las comunidades como para el río, para el territorio, para el medioambiente.

C: ¿Por qué sienten que el gobierno los traicionó?

R.C.: Yo fui el responsable de la campaña de Petro aquí cuando era candidato. Yo creía en este gobierno, pero nos falló. Con lo que ya estamos viviendo con la Agencia Nacional de Minería, con todas estas tramaderas y marrulleras, toda esta falta de participación, estoy viendo que aquí no hay ningún cambio.

Lo que está pasando en Jericó, lo que está pasando en Mocoa. Todo eso está pasando porque no hay una política ambiental seria desde la institucionalidad. No es justo que unos campesinos de Jericó que toda la vida han cultivado su plátano, su café, hoy defienden su territorio porque van a llegar unos extranjeros a extraerles una cantidad de recursos y les van a destruir su río, su agua, su hábitat. Ese caso de los once de Jericó y lo que está pasando aquí son dos cosas supremamente parecidas. Yo hablo mucho con el compañero Fernando Jaramillo, gran líder de Jericó, y él sabe el contexto que estamos viviendo acá y yo también tengo algo de conocimiento de lo que está pasando allá. Son similares a nosotros hoy, a mí en particular y a otros compañeros nos están señalando.

El Gobierno no nos fue claro desde el principio, me dice Fernando que el presidente estuvo allá diciendo un poco de mentiras que hoy no ha cumplido, que hoy miren en el meollo en donde están metidos esos campesinos. Lo mismo está pasando en Mocoa, lo mismo nos está pasando en el Carmen de Atrato. Aquí lo que hay es una recocha y un gobierno que habla muy bonito, pero que en el fondo, en el papel, no dice nada.