El acuerdo intergeneracional por la conservación del jaguar en las Sabanas del Yarí es un proyecto que, aun sin financiación, impulsa la protección y conservación del jaguar y su hábitat. Campesinos, niños, niñas y jóvenes implementan rutas y acciones de trabajo para la recuperación del territorio y la creación de corredores biológicos.
Con este acuerdo, campesinos y jaguares habitan juntos, logrando una conciliación entre la producción campesina y la conservación ambiental. Si quieres conocer más acerca del acuerdo intergeneracional por la conservación del jaguar, escucha este episodio de El Megáfono.
Créditos
Locución: Mayra Alejandra Ayala y Valeria Ortiz
Guión y entrevistas: Mayra Alejandra Ayala
Edición: Valeria Ortiz
Ilustración: Eduardo Montoya
Coordinación general: Ángela Martin Laiton
Carlos Alberto Carrillo, director general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre (Ungrd): "Entonces, es una enorme preocupación, créame que es de las mayores preocupaciones que tengo porque Iota fue un huracán extremadamente fuerte, pero que dejó muy pocas pérdidas de vidas. Solamente cuatro personas murieron y de hecho hasta donde sé tres de las cuatro murieron en el proceso de rescate, ni siquiera en el momento del huracán. Pero si hoy un huracán de esa misma magnitud golpeara a Providencia, muy probablemente estaríamos hablando de una cifra de muertos muchísimo más alta".
Valeria Ortiz: Esto es Voces en primer plano. Un espacio de entrevistas en profundidad donde voces locales y expertas cuentan, explican y contextualizan su propia historia. Les habla Valeria Ortiz, periodista de Consonante.
En noviembre de 2020 el paso del huracán Iota afectó al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Sin embargo, la isla de Providencia fue la más perjudicada, con más del 90 por ciento de su infraestructura destruida.
El 1 de junio de este año inició la temporada de ciclones tropicales que se extenderá hasta el 30 de noviembre y que según proyecciones del Centro Nacional de Huracanes se espera que sea más activa de lo normal. Este fenómeno impacta cada año, principalmente, a la región Caribe de Colombia. Pero, ¿qué son los ciclones tropicales?, ¿qué implican? ¿Cuáles son los protocolos de alerta que hay en el país? ¿A 5 años del huracán Iota qué ha pasado con las comunidades afectadas? ¿Están preparadas para esta temporada de ciclones tropicales?
Para responder a estas preguntas, hablamos con Sergio Ruiz Castro, Coordinador del Análisis y Pronóstico del Tiempo en el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam); y con Carlos Alberto Carrillo, director general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Sergio Ruíz: Los ciclones tropicales son unos fenómenos meteorológicos que se forman en el océano, alimentados por la energía del océano. Es decir, la temperatura superficial del mar es el principal factor que los alimenta. Por eso existe una temporada, que llamamos la temporada de huracanes, que es la temporada en la que están esas condiciones dadas para que se formen los huracanes.
Esas condiciones son la temperatura superficial del mar, que sea de 27.5 grados o de 27 grados en los primeros 50 metros de profundidad del mar. Y además, que la humedad sea alta y que haya viento leve inicialmente. El hecho de que haya viento leve permite que empiece a formarse una circulación del viento. Hay un término que llamamos la vorticidad, que es una tendencia del viento a girar, a rotar y esta favorece también que se que se arme, que se formen la rotación de las masas de aire. Entonces, eso se va retroalimentando, cuando empieza la formación empieza a aumentar la cantidad de humedad en el área, entonces empezamos a tener la formación de un ciclón tropical.
Valeria Ortiz: Sergio Ruíz, Coordinador del Análisis y Pronóstico del Tiempo en el Ideam, nos explicó que según las condiciones dadas en el ambiente se pueden formar diferentes tipos de ciclones, los cuales se clasifican teniendo en cuenta la velocidad de sus vientos.
Por ejemplo, se denomina depresión tropical a vientos de 64 km/h o menos. Tormenta tropical cuando los vientos van de 65 km/h a 117 km/h. Un huracán de categoría 1 tiene vientos de hasta 156 km/h. Y un huracán de categoría 5 es cuando el viento supera los 250 km/h
Sergio Ruíz: Cuando esa depresión tropical sigue fortaleciéndose porque encuentra condiciones favorables, entonces si el viento supera los 64 km/h, se convierte en una tormenta tropical.
Y de la misma manera, si esa tormenta tropical se fortalece más aún, entonces llega a ser un huracán. Pero cuando pasa de depresión tropical a tormenta tropical es cuando le ponemos nombre. Por eso es que algunas veces en los pronósticos se habla de tormentas nombradas. Nombradas significa que es tormenta tropical porque pasó de 64 km/h y le pusimos un nombre. Ya esos nombres ya están predeterminados.
Valeria Ortiz: Iota, el huracán que les mencioné al inicio, fue denominado en categoría 5, la más intensa. Los huracanes mayores son los de categoría 3 o más por lo destructivos y peligrosos que pueden ser. Pero ¿cómo hacen los cálculos para clasificar cada ciclón?
Sergio Ruíz: La Organización Meteorológica Mundial tiene designadas unas autoridades locales para el estudio de los ciclones tropicales. Para el área que a nosotros nos compete, que es el Atlántico Norte, el Golfo de México y el Caribe, está el Centro Nacional de Huracanes, que es una dependencia del Servicio Meteorológico de los Estados Unidos. Ellos son los que tienen las herramientas para poder hacer el seguimiento, más a profundidad, de un ciclón tropical.
Entre esas herramientas están los aviones cazahuracanes. Son unos aviones que vuelan dentro del huracán para tomar mediciones. Entonces, hay algunos aviones que vuelan muy bajo, casi a 400 metros del nivel del agua midiendo por la parte baja. Y hay unos aviones que vuelan sobre el huracán y dejan caer unas sondas que atraviesan todo el huracán y van tomando datos. Esas sondas son conectadas en tiempo real, van tomando los datos y enviándolos en tiempo real. Esos datos son la temperatura, la humedad, la presión y la velocidad del viento. Entonces, esos datos cuando ya se tienen se reevaluan y se puede determinar entonces estos datos que te digo de la velocidad del huracán.
Valeria Ortiz: Recordemos que este fenómeno se da cada año entre junio y noviembre y las zonas colombianas más expuestas son el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y el departamento de La Guajira . Según las proyecciones del Centro Nacional de Huracanes se estima que esta temporada sea más activa de lo normal ¿por qué? ¿qué significa esto?
Sergio Ruíz: Dentro del pronóstico para este año se estableció que hay un 60 por ciento de probabilidad de que la temporada sea más activa de lo normal. Cuando decimos lo normal nos referimos al promedio de huracanes que han habido en 30 años, que es la climatología. Entonces, en los últimos 30 años cada año en promedio hay 14.5 tormentas nombradas. Lo que te decía, tormentas tropicales. Entonces, en algunos años hay mayor cantidad o menos cantidad y este año decimos que la probabilidad de 60 por ciento de que haya más de ese número, de 14.5.
Valeria Ortiz: Ahora, que exista la posibilidad de que haya más ciclones, ¿significa también que pueden ser más intensos?
Sergio Ruíz : Hay más energía en el océano para formación de ciclones. Por lo tanto, se espera que en este momento haya más cantidad, pero sí podrían ser más fuertes porque hay más energía. Pero básicamente cuando decimos que será más intensa la temporada, siempre se relaciona con un número de ciclones que se esperan y el pronóstico también habla de tormentas nombradas, pero también de huracanes y de huracanes mayores. Los huracanes mayores son los huracanes de categoría tres o más que son muy destructivos, muy peligrosos.
Sergio Ruíz: En el pronóstico de la temporada se dice que va a haber una temporada más alta y van a haber en promedio este número de tormentas y de huracanes mayores que serían como entre tres y cinco, tal vez. Pero ese pronóstico es para todo el Atlántico, Caribe, Golfo de México. Luego, la probabilidad de que uno de ellos afecte el territorio de Colombia es bastante baja, del orden de 10 por ciento de que un sistema, y no hablo de un huracán categoría mayor, sino que algún sistema afecte en los sitios más expuestos.
Valeria Ortiz: Según las predicciones del Centro Nacional de Huracanes hay una posibilidad de que haya hasta 19 tormentas tropicales, 10 huracanes y 5 huracanes mayores distribuidos en todo el Atlántico, el Caribe y el Golfo de México.
Sergio Ruíz: Siempre le decimos a la gente cuando hablamos de esto, le decimos si van a pasar 20 o si van a pasar cinco, siempre tenemos que estar preparados para que nos pase uno. Siempre tenemos que tomar las medidas teniendo en cuenta de que estamos en una en una zona en la que transitan los ciclones tropicales y que en algún momento podríamos tener la afectación por uno de ellos. Los primeros del año se forman en el Golfo de México y en el Atlántico cerca de la costa este de los Estados Unidos y los de la mitad de la temporada que son agosto, septiembre, octubre, se forman en el Atlántico. Muchos de ellos se quedan en el Atlántico porque al formarse se desvían hacia el norte y se quedan allí.
Los de final de temporada son los que más nos preocupan porque se nos forman aquí en el Caribe. Los de octubre y los de noviembre se forman en el Caribe. Entonces, a diferencia de los que se conforman allá saliendo de la costa de África, nosotros los monitoreamos durante días y predecimos la trayectoria, por dónde va a pasar. Los que se conforman aquí, hacen que tengamos menos tiempo para prever por dónde se van a desplazar y cuál va a ser su trayectoria. Entonces, hacemos énfasis en la vigilancia de esos y en las alertas que generamos para ellos.
Valeria Ortiz: Recordemos que el huracán Iota que destruyó más del 90 por ciento de la infraestructura de la isla de Providencia se formó en noviembre de 2020.
Luego del paso del huracán Iota, el Gobierno Nacional emitió el Decreto 1472 de 2020, el cual declaraba la existencia de una situación de desastre en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Para ese entonces el presidente de la república, Iván Duque dijo en medios lo siguiente:
Iván Duque: “Y también estaré desplazándome personalmente, tan pronto las condiciones climáticas lo permitan, para acompañar a todo el sistema de gestión del riesgo y ver el daño e iniciar rápidamente un proceso de reconstrucción de infraestructura y de atención a los damnificados y a las personas afectadas”
Valeria Ortiz: Sin embargo, casi 5 años después de ese suceso, hay dudas sobre la calidad y funcionalidad de esa reconstrucción ante la posibilidad de otros ciclones tropicales. Así lo afirmó Carlos Alberto Carrillo, director general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.
Carlos Alberto Carrillo: Nosotros tenemos serias preocupaciones sobre el proceso de reconstrucción. Yo incluso he hablado de la necesidad de reconstruir la reconstrucción. Ese proyecto en su momento se vendió como un éxito, pero la primera reacción del pueblo raizal cuando yo fui recién posesionado casi en la UNGRD fue de expresar una enorme molestia y además una gran preocupación. Algunas familias se quedaron sin casa, pero los problemas empezaron a surgir muy pronto después de la reconstrucción.
Valeria Ortiz: el Gobierno Nacional de Iván Duque contrató a Findeter como actor principal en la reconstrucción de viviendas. Findeter es la Banca de Desarrollo Territorial, es decir que es una entidad que se encarga de la planeación, estructuración, financiación y ejecución de proyectos de infraestructura. Esta entidad es pública con participación de privados.
Findeter fue la encargada de la reconstrucción de las casas, de la planta de tratamiento de agua potable, de escenarios deportivos y otras infraestructuras. Estos contratos fueron firmados con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; el Ministerio del Deporte; el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Cultura.
Según la página oficial de Findeter, una de las obras más complejas fue la construcción de viviendas, ya que fueron más de 1.800 proyectos independientes que se dividieron en tres frentes, llevados a cabo de forma paralela: una primera etapa de techado, la reparación de viviendas que no hubieran sufrido daño estructural y la construcción de viviendas nuevas.
Cada casa nueva costó alrededor de 700 millones de pesos, pero Carlos Carrillo asegura que esas casas no fueron pensadas según las necesidades del pueblo raizal.
Carlos Alberto Carrillo: yo creo que un error en principio fue no estudiar a profundidad la arquitectura local, no respetar esa tradición que ellos tienen, no solamente en temas lingüísticos y culturales, musicales, en fin, sino también una tradición arquitectónica muy valiosa que se expande más allá de las fronteras de Colombia, que coincide con Bocas del Toro, con otros lugares en donde ha habitado ese mundo Creole.
Son apenas un poco más de 1 m² en donde una familia no tiene condiciones para estar durante 12 o 15 horas. Y hay casas de esas que ya se están viniendo abajo. Hay que recordar también que Providencia está en una zona sísmica. Y nosotros hemos evaluado algunas viviendas, pero lamentablemente hoy no tenemos los recursos para hacer un peritaje completo de las viviendas que fueron reconstruidas.
Y parte de su forma de ocupar el territorio es abasteciéndose de aguas lluvias y de acumulando aguas en unas cisternas, que también eran espacios seguros y que en este proceso de reconstrucción fueron destruidas por la reconstrucción para cambiarlas por una unas instalaciones supuestamente más modernas, pero que no cumplen ese doble propósito de ser un refugio también. Es muy preocupante la situación porque como sucede en todo, son las personas más vulnerables las que terminan en mayor grado de exposición.
Valeria Ortiz: en septiembre de 2024 El Espectador publicó una investigación sobre cómo madera extraída ilegalmente del Parque Natural de Paramillo por el Clan del Golfo terminó en una de las obras para restaurar las viviendas de la isla. Ese medio informó que Maderas El Amparo fue la empresa que comercializó la madera extraída ilegalmente y que fue utilizada en un contrato de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de Desastre durante el gobierno de Iván Duque.
Carlos Alberto Carillo: otra de las discusiones, de las diferencias con Findeter tuvo que ver con los escombros. Ellos afirman que hicieron su trabajo, que los retiraron completos, pero lo cierto es que cuando nosotros llegamos encontramos un basurero de unas proporciones enormes para el tamaño de la isla, pero además con materiales muy peligrosos que en caso de un huracán pueden convertirse en proyectiles. Son desechos de construcción, pedazos de inodoros, cosas que realmente pueden ser muy peligrosas.
Valeria Ortiz: en la temporada de ciclones esos desechos de construcción pueden salir volando y ocasionar varios daños e, incluso, muertes. El director de la Ungrd nos contó que en julio comenzarán los viajes de embarcaciones que llevarán esos escombros hasta Cartagena.
Carlos Alberto Carillo: en Cartagena van a ser clasificados. Lo que pueda venderse, lo que pueda aprovecharse de esos escombros, va a ir a un fondo que redundará en un beneficio para la población en la isla. Ellos decidirán en qué invertirlo, pero ese dinero que se logre recuperar de la basura irá para la isla. Ha costado una tonelada de dinero. Es un proyecto de casi 40.000 millones de pesos que también es consecuencia de la falta de deseo de hacer las cosas bien de quienes hicieron la reconstrucción. Esperamos muy pronto poder recuperar eso.
Valeria Ortiz: Colombia cuenta con un protocolo de alerta temprana que entra en funcionamiento en la temporada de ciclones tropicales. Ese protocolo está a cargo de la Mesa Técnica de Alertas por Ciclones Tropicales, integrada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), la Dirección General Marítima (DIMAR) y su Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH), la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (AEROCIVIL), la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Ese sistema de alerta se divide por colores, así nos lo explica Sergio Ruíz.
Sergio Ruíz: Tenemos unos niveles de alerta que lo relacionamos con colores que son amarillo, naranja y rojo. El amarillo le llamamos aviso, el naranja le llamamos alistamiento y el rojo protección y refugio.
Entonces, hay una categoría previa que es verde, que es vigilancia. Entonces, si nosotros vemos un sistema que se está formando, analizamos si ese sistema tiene alguna probabilidad de afectar el territorio nacional. Por ejemplo, como ya te dije, este año ya se formó un sistema, ese no tenía probabilidad de afectación, no activamos protocolo, no sacamos comunicado, no alertamos o no alarmamos a nadie porque no era necesario.
Si hay un sistema que empieza a generar riesgo de que afecte al territorio, pero que está, por ejemplo, fuera del Caribe, entonces ponemos la alerta de vigilancia. Decirles, "Informamos que hay un sistema que estamos vigilando y que podría afectar al territorio, para que empiecen a hacer unas primeras preparaciones, a estar informados y estar pendiente de los comunicados del seguimiento que nosotros hacemos.
Carlos Alberto Carillo: Solamente La Guajira y San Andrés y Providencia tienen posibilidades reales de ser golpeadas por un huracán, mucho más San Andrés y Providencia. Sin embargo, cuando estos huracanes se acercan o pasan por enfrente de nuestras costas, empiezan a producir unos coletazos, incrementan las lluvias y estas son consecuencias que llegan incluso hasta el interior del país y por eso es importante hacerles un seguimiento permanente.
Es una realidad que la crisis climática está aumentando el número de ciclones, la intensidad y también los tiempos. El año pasado, por ejemplo, tuvimos en junio ya un huracán de categoría 4. No pasó por las costas colombianas, pero están llegando cada vez más temprano y cada vez más fuertes y cada vez más numerosos.
Valeria Ortiz: Si bien hay un protocolo de alerta que se complementa con el Plan Nacional de Respuesta ante Ciclones Tropicales y con la Estrategia Nacional de Respuesta a Emergencias, nos preguntamos ¿dónde queda la prevención, más allá de la respuesta después del desastre? ¿cómo prevenimos que viviendas como las de Providencia vuelvan a ser destruidas? O ¿tendrá que ser una constante reconstrucción cada que suceda uno de estos fenómenos?
Carlos Alberto Carillo: Nosotros, por ejemplo, no tenemos una norma clara de huracanes. A pesar de que tenemos dos departamentos del país que están expuestos cada año a los ciclones tropicales, nosotros no tenemos normas claras sobre las especificaciones técnicas necesarias para construir. Así que no hubo esa aplicación de normas en la reconstrucción, simplemente hay unas aseveraciones por parte de Findeter que ellos afirman que esas casas van a aguantar vientos de no sé cuánto y que las casas son perfectamente seguras, pero lo que sienten los raizales es que los están engañando porque por un lado dicen que las casas son seguras, pero las casas se vienen abajo con un temblor o con un viento cualquiera.
Entonces, es una enorme preocupación, créame que es de las mayores preocupaciones que tengo porque Iota fue un huracán extremadamente fuerte, pero que dejó muy pocas pérdidas de vidas. Solamente cuatro personas murieron y de hecho hasta donde sé tres de las cuatro murieron en el proceso de rescate, ni siquiera en el momento del huracán. Pero si hoy un huracán de esa misma magnitud golpeara a Providencia, muy probablemente estaríamos hablando de una cifra de muertos muchísimo más alta.
Valeria Ortiz: En 2022 habitantes de Providencia denunciaron fallas en las nuevas casas.
Carlos Alberto Carillo: Nosotros le estamos entregando a la alcaldía unos fix que son unas transferencias monetarias para hacer obras de emergencia en los refugios. Los refugios son básicamente iglesias que tienen estructuras de concreto. El proyecto de hacer un gran refugio en la isla, no tenemos la financiación para hacerlo. Estamos estructurándolo, la alcaldía va a poner el predio y es muy importante poder dejarlo contratado.
Yo espero que se puedan conseguir esos recursos, pero en este momento yo debo decir que la isla sí tiene una vulnerabilidad alta, porque la verdadera prueba de fuego y creo que en algún momento alguien expresó con una enorme desidia “hay que esperar a que pase otro huracán para ver si sí quedaron bien hechas” y yo creo que eso no puede ser.
Valeria Ortiz: Carlos Carillo nos contó que ya está aprobado un piloto de 27 casas nuevas para Providencia de la mano de personas expertas que han estudiado durante décadas la arquitectura raizal.
Carlos Alberto Carillo: El proyecto de construcción de las viviendas tiene un costo cercano a los 28.000 millones de pesos. Es el precio completo con el convenio con el PNUD, con los trabajos de urbanismo que se tenga que hacer, o sea, es el costo estimado total del proyecto. Estamos hablando de un valor que supera los 600 millones de pesos por casa.
Esos son valores que se acercan a los valores de la reconstrucción anterior, pero justamente el desafío de este proyecto es poder entregarles a los raizales casas que realmente valgan ese dinero. Construir en Providencia es costoso por diferentes razones, pero las casas que se entregaron difícilmente puede cualquier persona pensar que realmente costaban ese dinero.
Tendrá un plazo de ejecución de poco más de un año, así que esperamos que al final de este gobierno podamos estar entregando esas 27 casas.
Valeria Ortiz: La temporada de ciclones tropicales ya inició y como les dijimos al inicio, se estima que sea más activa de lo normal. ¿Cuándo vamos a empezar a hablar de prevención?
Este episodio hace parte del formato Voces en primer plano de El Megáfono. Les habló Valeria Ortiz, periodista de Consonante.
Locución: Valeria Ortiz
Guión y entrevista: Valeria Ortiz
Edición: Valeria Ortiz
Ilustración: Camila Bolívar
Coordinación general: Ángela Martin Laiton
“Esta casa de espesas paredes coloniales
y un patio de azaleas muy decimonónico
hace varios siglos que se viene abajo.
Como si nada las personas van y vienen
por las habitaciones en ruina,
hacen el amor, bailan, escriben cartas.
A menudo silban balas o es tal vez el viento
que silva a través del techo desfondado.
En esta casa los vivos duermen con los muertos,
imitan sus costumbres, repiten sus gestos
y cuando cantan, cantan sus fracasos.
Todo es ruina en esta casa,
están en ruina el abrazo y la música,
el destino, cada mañana, la risa son ruina,
las lágrimas, el silencio, los sueños.
Las ventanas muestran paisajes destruidos,
carne y ceniza se confunden en las caras,
en las bocas las palabras se revuelven con miedo.
En esta casa todos estamos enterrados vivos”.
La patria en la voz de María Mercedes Carranza, autora del poema. El audio fue tomado de la Biblioteca Digital de Bogotá.
Valeria Ortiz: Esto es Voces en primer plano. Un espacio de entrevistas en profundidad donde voces locales y expertas cuentan, explican y contextualizan su propia historia. Les habla Valeria Ortiz, periodista de Consonante.
Diego Alejandro Rubiano, coordinador del Observatorio Político Electoral de la Democracia en la Misión de Observación Electoral: “Si nosotros miramos datos como la tasa de homicidios, el número de acciones de combate, no estamos ni cerca de lo que se vivió, por ejemplo, en Colombia en la mitad de la década de los 90s. Hacia el año 94 y 95 cuando ciudades como Medellín tenían tasas de homicidios cercanas a las tres cifras que es un absurdo completamente pensarlo. Hoy no estamos en niveles ni siquiera parecidos afortunadamente. Entonces, hay que poner en perspectiva también esa información”.
Valeria Ortiz: Como ya varios de nuestros oyentes habrán escuchado, el sábado 7 de junio el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay fue víctima de un atentado en Bogotá. Diferentes medios nacionales como RCN y Caracol hicieron el cubrimiento de los hechos, dando voz a figuras públicas como a la también precandidata Vicky Dávila.
Ella, como otras figuras políticas han dicho que “dimos un paso hacia atrás, hacia una Colombia de muerte”.
Vicky Dávila: "Me duele inmensamente esto que está pasando hoy. Creo que esto nos obliga a una reflexión muy grande en Colombia. Nosotros tenemos que entender que hoy dimos un paso hacia atrás inmenso, hacia una Colombia de muerte y no hacia esa Colombia maravillosa que todos queremos para todos".
Valeria Ortiz: El martes 10 de junio, según un comunicado de la Policía Nacional, hubo 24 atentados en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, entre ellos carros, motos y cilindros con explosivos.
Ante esa situación, Alejandro Éder, alcalde de Cali dijo en la emisora de Blu Radio lo siguiente:
"La gran pregunta que yo me hago es qué pasó que de repente Colombia está otra vez en 1989. ¿Cómo va a ser que la semana pasada o el sábado, perdón, ni siquiera la semana pasada, un atentado contra un candidato presidencial? Ahora estamos viendo esta violencia que está ocurriendo aquí en Cali y no solo en Cali, también lo vemos en otras regiones del país donde está ocurriendo".
Valeria Ortiz: ¿Es cierto que en menos de una semana, en términos de violencia volvimos a los 80, 90 o a inicios de los 2000? ¿Alguna vez la violencia se fue por completo de Colombia?
Para responder a estas preguntas y entender el panorama político actual, hablamos con Diego Alejandro Rubiano, coordinador del Observatorio Político Electoral de la Democracia en la Misión de Observación Electoral.
Diego Alejandro Rubiano: Si nosotros miramos datos como la tasa de homicidios y el número de acciones de combate, no estamos ni cerca de lo que se vivió, por ejemplo, en Colombia en la mitad de la década de los 90s. Hacia el año 94 y 95 cuando ciudades como Medellín tenían tasas de homicidios cercanas a las tres cifras. Hoy no estamos en niveles ni siquiera parecidos afortunadamente. Entonces, hay que poner en perspectiva también esa información.
Hay un recrudecimiento importante que hemos visto desde años anteriores, pero también hay que contrastarlo con lo que ocurrió en el año 2018. En esas primeras elecciones, luego de la firma del Acuerdo de Paz, organizaciones como la MOE y las mismas entidades del Estado anunciaron como las elecciones más tranquilas.
O sea, en 2018, 2019, incluso en proceso de elecciones locales, lo vivimos con una disminución importante en el número de municipios en riesgo, en el número de hechos violentos y, desafortunadamente, lo que encontramos es una serie de dificultades en la implementación de ciertos acuerdos que estaban estipulados con la extinta guerrilla de las Farc y eso ha llevado también a una debilitación en la presencia estatal que nos ha devenido en esta situación.
No es llamativo, no es menor el número de datos que tenemos y de afectaciones en hechos violentos, tampoco es para tomarlo a la ligera, pero no es comparable con las cifras que se registraban décadas anteriores.
Valeria Ortiz: Según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1958 y 2024, el año con más casos de masacres fue el 2001 con 404 y con más de 2.300 víctimas. Por otro lado, en 2024 se registraron 14 hechos y 60 víctimas.
Sin embargo, según datos de Indepaz, quienes tienen registros a partir de 2016, en 2024 se presentaron 76 casos con 267 personas asesinadas. Y entre el primero de enero y el 31 de mayo de 2025, muestran que ha habido 31 masacres con 96 víctimas.
Aquí es importante aclarar que el Centro Nacional de Memoria Histórica define masacre como un homicidio intencional a cuatro o más personas. En cambio, Indepaz entiende por masacre como el homicidio a tres o más personas.
Diego Alejandro Rubiano: Creo que estamos en un momento de la historia muy crucial. En este caso tenemos el cierre de un gobierno que fue catalogado como el primer gobierno progresista en Colombia y eso ha dejado tantos tintes en distintos problemas que enfrenta nuestra sociedad y, particularmente, uno de ellos es el tema de la violencia. En ese sentido tenemos datos que a la vez son contrastantes, pero que hay que poner en perspectiva también con lo que hemos vivido en la historia colombiana.
En primer lugar, pues sí tenemos unos hechos bastante preocupantes alrededor del aumento en la presencia, el control y las acciones armadas de distintos grupos al margen de la ley y una fragmentación y una exacerbación en el número de estos grupos. Entonces, ya no solo contamos con ese gran conjunto que en su momento se llamaban disidencias de las Farc o esa gran guerrilla que quedó después del acuerdo de las Farc, que era el ELN; sino que hablamos de distintos grupos dispersos por el territorio con intereses económicos y en algunos casos políticos completamente disímiles entre sí y eso ha llevado a una situación de mayor control, mayor presencia y mayor capacidad militar de estos grupos.
La situación del departamento del Valle del Cauca y del Cauca creo que son ejemplos muy recientes de esa situación. Más de la mitad del departamento del Cauca tiene en este momento esa alerta por acciones unilaterales de grupos al margen de la ley. Y el Valle del Cauca, particularmente la zona sur del departamento, está también muy afectada, pero no es una situación exclusiva de allí, también pasa en el departamento del Guaviare, algunas zonas de Chocó. En el norte o el Caribe colombiano también tenemos, por ejemplo, situaciones de control social muy fuertes, ya también asociadas a estructuras como el Ejército Gaitanista de Colombia o también conocido como el Clan del Golfo.
Y de manera un poco más contrastante, lo que también hemos venido analizando es una disminución en el número de hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales. En principio suena como una buena noticia, pero hay que analizar también con pinzas porque ante un escenario de controles sociales muy altos, generalmente lo que se ve reducido son procesos de denuncia en estas comunidades y pues puede referirse también a hechos de subregistros que estamos presenciando.
Y dos, a pesar de que el número en general ha disminuido, lo que encontramos es que disminuyen las amenazas, pero lo que conocemos como hechos letales, atentados y asesinatos, desafortunadamente están concentrando una proporción más alta y esto pues también exige una respuesta estatal importante.
Valeria Ortiz: Como lo menciona Diego Rubiano, han surgido más grupos armados ilegales en las últimas dos décadas. Hoy hay al menos una docena de grupos con dinámicas económicas y de control militar muy diferentes entre sí. Entre ellos disidencias de las FARC como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, La Segunda Marquetalia y Estado Mayor de los Bloques y Frente. También Comuneros del Sur, un grupo que se separó del ELN. Entre otros grupos sucesores del paramilitarismo como el Ejército Gaitanista de Colombia y algunas bandas criminales urbanas.
Pero ¿por qué pasó esto, aun después de la firma de los Acuerdos de Paz con las Farc en noviembre de 2016?
Diego Alejandro Rubiano: Las deficiencias en la implementación del acuerdo de paz creo que son un elemento importante y sin lugar a duda una variable a analizar para la situación que estamos viviendo hoy.
El hecho de que, por ejemplo, no se haya controlado de la mejor manera o de manera adecuada el tema de la sustitución de cultivos, sino que al contrario, por ejemplo, se haya abusado de algunas figuras para generar procesos de resiembra, controles para-estatales o a cargo de distintos actores armados alrededor de esa economía del narcotráfico es uno de esos elementos de que el no cumplimiento efectivamente nos ha devenido en esta situación.
Y lastimosamente, el ejemplo que tenemos más claro en este caso es la situación del Catatumbo. Una de las regiones, particularmente el municipio de Tibú en donde se concentra una altísima cantidad de cultivos ilícitos de hoja de coca, vinculada a una salida importante en términos de esta economía ilícita y donde hoy está en disputa por dos actores armados con bastante presencia y capacidad militar alrededor de esa economía que, en principio, ya no debería existir. El Plan Nacional de Sustitución de Cultivos debería haber estado implementado en un 100%, pero lo que encontramos ya casi 9 años después de la firma del Acuerdo es que eso no ha ocurrido y tenemos estos mismos problemas.
Valeria Ortiz: Según Indepaz entre el 7 de agosto de 2018 y el 31 de julio de 2022 se registraron 957 homicidios a líderes, lideresas y defensores de Derechos Humanos. Y en ese mismo periodo, señalan que hubo 313 masacres con 1.192 víctimas.
Entre 2022 hasta el 31 de mayo de 2025 han asesinado a 623 líderes, lideresas y defensores. Y ha habido 230 masacres con 947 víctimas.
Sin embargo, en contextos de elecciones el panorama es diferente. Desde 2007, en la Misión de Observación Electoral se han publicado mapas de riesgo electoral, que presentan indicadores de factores como fraude y violencia. El objetivo de los mapas es analizar e identificar los posibles riesgos que pueden presentar algunos municipios en estas épocas.
Por ejemplo, para las elecciones de Congreso y Presidencia en 2018, en los mapas se estableció que en 170 municipios había riesgos por fraude y por factores de violencia, siendo esta la menor cifra registrada hasta el momento en la historia de la Misión de Observación Electoral. Pero esto cambió para las elecciones de 2022.
Diego Alejandro Rubiano: Nosotros hemos venido analizando la información de manera permanente y básicamente este patrón se empezó a revertir en el ciclo electoral pasado. Desde el año 2022 el ciclo de elecciones locales del año 2023 nos empezó a reflejar este panorama. Una disminución no tan acelerada, pero sí digamos que constante en el número de amenazas y un recrudecimiento en el número de hechos letales.
Valeria Ortiz: En 2018, 310 municipios presentaban riesgo por factores de violencia. Pero para las elecciones de 2022, el número aumentó a 375 municipios en riesgo.
Diego Alejandro Rubiano: Particularmente lo estamos asociando a esa fragmentación de los distintos actores armados. Entonces, lo que vemos es actores armados con una capacidad militar importante, aunque muy local, que afectan los liderazgos de ese territorio que buscan controlar particularmente.
Y no es menor, digamos, que en esos datos lo que encontramos es que la mayoría de afectaciones contra liderazgos políticos se den contra alcaldes y concejales que están ejerciendo su cargo en este momento. Y eso nos va ayudando a hilar o a atar esos cabos de por qué se están atendiendo estas situaciones de violencia, sobre todo en los territorios.
Departamentos como el Cauca, el norte antioqueño, el Bajo Cauca y algunas zonas del Valle son donde se están concentrando más estas afectaciones, y particularmente coinciden con territorios importantes para el desarrollo del conflicto, zonas estratégicas para el control de rutas, para el control de cultivos ilícitos, zonas de minería ilegal como ocurre en el sur de Bolívar, es donde tenemos estas coincidencias.
Valeria Ortiz: Recordemos que a inicios de este año hubo confrontaciones entre el ELN y disidencias de las Farc en Norte de Santander. Por eso el 20 de enero, Petro declaró Estado de Conmoción Interior para enfrentar esta situación. Según datos del balance del Puesto de Mando Unificado de Catatumbo, para inicios de febrero había más de 50.000 desplazados y más de 50 homicidios.
Además, este año en el departamento de Chocó ha habido confrontaciones entre el ELN y el Clan del Golfo. Entre el 18 y el 21 de febrero se decretó paro armado por parte del ELN, una situación que se dio en medio de denuncias por el aumento de la instalación de minas antipersonal. Según el balance de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, durante ese paro se afectó la movilidad de más de 430.000 personas y se agravó el estado de confinamiento de más de 15.000.
Diego Alejandro Rubiano: Nosotros efectivamente construimos los mapas y factores de riesgo electoral para cada proceso de elección de alcance nacional. Entonces, lo hacemos de manera periódica muy en lógica de ese ciclo electoral. Y, digamos que nos encontramos ante una situación bastante curiosa.
En el 2018, y vuelvo al mismo ejemplo, lo que encontramos fue una noticia importante en la disminución de municipios en nivel de riesgo, no solo en número, sino en niveles también de riesgo. Ya veíamos muchísimos más municipios en riesgo medio, riesgo alto, no tantos en extremo, pero desafortunadamente esa foto y esa ilusión quedó ahí.
Desde el año 2019 lo que hemos visto es un aumento leve del número de municipios en riesgo, pero lo que es contrastante con esa situación es que es un aumento en los niveles de riesgo. Particularmente, por ejemplo, en la elección de 2023 presentamos un mapa de riesgo por factores de violencia que consolidaba 312 municipios, la mayoría de ellos lastimosamente en riesgo extremo.
No tan disperso a lo largo del territorio nacional, obviamente con algunos aumentos en los municipios con estos factores bastante alterados, pero con niveles de riesgo muchísimo más altos en comparación con elecciones anteriores. Al cierre del año 2024 repetimos ese análisis para mirar el avance de la situación y lo que nos encontramos lastimosamente es que ya cerca de 400 municipios estaban siendo afectados por estas variables.
La situación no es sencilla, no hemos encontrado que se mantienen los patrones y el comportamiento del año 2024 en lo que va ocurrido de estos meses de 2025. Ya casi el primer semestre y encontramos una situación asociada a un altísimo número de acciones violentas por parte de grupos, a una altísima fragmentación y con bajas capacidades de negociación o posibilidades de negociación con estos actores.
Entonces, la situación no pinta tan alentadora en este momento. Obviamente, habrá que seguir avanzando en los análisis y acercarse un poco más al territorio para comprender de manera amplia el fenómeno.
Valeria Ortiz: Hasta ahora, también nos preguntamos ¿cuál ha sido la lectura de la Misión de Observación Electoral a las respuestas, acciones y posturas del Gobierno y de los partidos políticos?
Diego Alejandro Rubiano: Nos enfrentamos ante un hecho que culmina o le pone un punto muy importante a la situación que hemos vivido en los últimos dos o tres años, particularmente asociado a ese ciclo electoral 2022-2023. Y es en el que nos encontramos ante un cambio efectivamente en el patrón de afectaciones violentas en Colombia. Nosotros veníamos de un proceso o de varios procesos electorales en que las afectaciones se concentraban en contra de liderazgos sociales y comunales.
El año 2022 empezó a revertir ese patrón y las afectaciones empezaron a concentrarse más que todo en liderazgos políticos y con una mayor contundencia y niveles digamos de afectación que estábamos registrando.
Estos hechos que hemos estado registrando recientemente llegan en un momento en el que, anteriormente, no era tan usual tener campañas tan activas. Hoy vemos un adelanto por situaciones diversas, un adelanto muy prematuro en el tema de cuándo arranca la campaña. Y eso hay que evaluarlo también de manera sincera.
Lo que estamos viendo es que por la prevalencia y por la preferencia que tienen algunas candidaturas, el inicio de la campaña básicamente se da con la recolección de firmas y, desafortunadamente, nuestros esquemas de atenciones, por ejemplo, en temas de seguridad no están adaptados para que empiecen tan antes. Estructuras como el comité de entrega y recomendación de medidas de protección en el proceso electoral está diseñado para que arranque con la inscripción formal de candidaturas.
Eso para el caso del Congreso sería en el mes de noviembre de 2025, pero vemos que es una campaña que ya empezó con muchos meses de antelación, casi que un año de antelación en algunos casos. Y desafortunadamente, la respuesta y las medidas que tenemos para contrarrestar eso no están adaptadas a un inicio de campaña tan prematuro. Y eso es una cosa que se debe evaluar en este caso porque desafortunadamente pone a la institucionalidad casi que entre la espada y la pared.
Debemos atender una situación de seguridad compleja como la que he venido describiendo. Tenemos unas herramientas que no están adaptadas para que empiece de manera tan prematura, pero tampoco podemos zafarnos, ni volarnos las normas electorales y garantizar simplemente que se abra una campaña cada vez que los candidatos quieran.
Valeria Ortiz: Como hemos escuchado a lo largo de este episodio, la violencia de los años 80, 90 o inicios de los 2000 no ha retornado. De hecho, aún con las promesas de paz, no se ha ido de algunas regiones. Entonces, ante estos discursos ¿qué nos espera?
Diego Alejandro Rubiano: Yo creo que es responsabilidad también de distintas organizaciones de sociedad civil aterrizar toda esta información de la manera más completa y amplia posible y ese es el ejercicio que estamos haciendo desde la Misión de Observación Electoral. Presentar de manera lo más objetiva posible, un panorama de datos que no es tranquilizante, tampoco voy a vender mensajes de falsa calma, no es una situación amena, ni tranquila en contexto electoral porque puede implicar muchos retos, pero también nos genera otras problemáticas adicionales a pensar solamente en la seguridad.
Y es, por ejemplo, cómo podemos garantizar escenarios de debate público abierto, de información de calidad para las personas votantes en un contexto en el que los candidatos seguramente van a tener impactos en el desarrollo de sus ejercicios proselitistas. Vamos a ver menos debates, menos plaza pública, menos intercambio con la ciudadanía y exposición clara de propuestas que era algo en lo que, en medio de todo, en Colombia se había venido mejorando desde la firma del acuerdo.
Entonces, seguramente este hecho nos va a reducir el debate y las posibilidades de deliberación pública entre las candidaturas. Seguramente va a cambiar completamente los discursos de securitización de la política y eso va a tener unas implicaciones realmente complejas en una situación que, además económicamente, para el estado y para la sociedad en general es bastante compleja.
Entonces, el mensaje va en ese sentido. Habría que hacer un esfuerzo también como ciudadanía para comprender y analizar perfectamente los mensajes que se van a dar en torno a la campaña, no solamente guiados en torno a la seguridad, sino que ojalá se den de manera amplia frente a los problemas de la sociedad.
Valeria Ortiz: Este episodio hace parte del formato voces en primer plano de El Megáfono. Les habló Valeria Ortiz, periodista de Consonante.
Locución: Valeria Ortiz
Guión y entrevista: Valeria Ortiz
Edición: Valeria Ortiz
Ilustración: Camila Bolívar
Coordinación general: Ángela Martin Laiton
La música Wayúu es una de las formas de conexión entre lo tradicional y lo ancestral que resuena como un eco, a través de los instrumentos y un canto que ha guiado a generaciones Wayúu. Es un medio para transmitir sus conocimientos, ya que la oralidad cumple un papel muy importante en la preservación de sus saberes. Pero ese eco hoy se debilita porque solo queda un músico y sabedor en la comunidad.
Créditos
Locución: Dalis Bolívar
Guión y entrevistas: Dalis Bolívar
Edición: Valeria Ortiz
Ilustración: Camila Bolívar
Coordinación general: Ángela Martin Laiton
Laura Castro González, coordinadora y vocera de La Mesa por la Vida y la Salud de las mujeres:
"Una de las cosas que en las conversaciones interseccionales que hemos tenido con mujeres indígenas, algo que es muy recurrente por parte de ellas, es decir: “es que la interrupción voluntaria del embarazo no puede ser simplemente un servicio que nos presta la IPS, sino que necesitamos que sea reconocido como un derecho”.
Valeria Ortiz: Esto es Voces en primer plano. Un espacio de entrevistas en profundidad donde voces locales y expertas cuentan, explican y contextualizan su propia historia. Les habla Valeria Ortiz, periodista de Consonante.
En octubre de 2022 una niña indígena de 12 años de edad fue víctima de violación sexual por parte de su padrastro en Cajibío, Cauca. Luego se confirmó su embarazo. Ella y su mamá solicitaron la Interrupción Voluntaria del Embarazo (en su siglas IVE). Sin embargo, la institución de salud condicionó su realización a la autorización del resguardo indígena al que pertenece la niña, el cual se negó a autorizarla.
Recordemos que justo el 21 de febrero de 2022 la Corte había fallado a favor de la Sentencia C-055, la cual despenaliza el aborto hasta la semana 24 y la voluntad de la paciente es suficiente para realizar la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Pero, ¿cómo funciona esta sentencia en relación con la jurisdicción especial indígena? ¿hasta dónde llega la autonomía de los pueblos indígenas cuando se habla de derechos sexuales y reproductivos?
Para responder a estas preguntas, hablamos con Laura Castro y Sara Méndez, ambas voceras de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, una organización pionera del movimiento Causa Justa, pero hablaremos de esto más adelante.
Laura Castro es politóloga y profesional en lenguajes y estudios culturales. Y Sara Méndez es abogada feminista, es pecialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
Valeria: Bienvenidas, Laura y Sara a El Megáfono, un podcast de Consonante. En esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de la interrupción voluntaria del embarazo en relación con la jurisdicción especial indígena. Entonces, para iniciar, primero quería preguntarles si podrían explicarnos, por favor, cómo funciona la jurisdicción especial indígena.
Sara Méndez: Para hablar en términos también un poco generales, la jurisdicción especial indígena está determinada en la Constitución y lo que establece también es un modelo de gobernanza autónomo por parte de las comunidades indígenas frente a diferentes aspectos. Ahí entonces, por ejemplo, la Corte Constitucional desde su creación ha emitido diversos fallos donde ha establecido cuáles son los límites de cómo funciona la jurisdicción especial indígena.
Y pues frente a eso se ha identificado algunos elementos que pueden ser tenidos en cuenta en sentencias recientes, por ejemplo, uno de ellos ha sido el tema de la violencia contra las mujeres. Ese es uno de los límites frente a la jurisdicción especial indígena, en tanto pues también debe concordar con lo establecido en la Constitución y el bloque de constitucionalidad.
Laura Castro: Cuando nosotras hemos revisado cuáles son las discrepancias que tiene la jurisdicción ordinaria con la jurisdicción indígena, encontramos que algunos de los temas en donde hay distancias de posturas legales tiene que ver con: primero, el debido proceso. Segundo, cuando hay casos de afectaciones a la vida de la persona y a su integridad, y también cuando se afecta el derecho a la salud o, nuevamente, digamos a la vida.
Esas son las principales tensiones que reconocemos en la revisión jurisprudencial por parte de la Corte Constitucional frente a la jurisdicción especial indígena. Y el caso más reciente, que es precisamente donde nosotras entramos, es frente al reconocimiento del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo por parte de las niñas y mujeres indígenas en el marco de la sentencia C-355 de 2006 que despenalizó el aborto en tres causales y la C-055/2022 que nosotras llamamos sentencia a Causa Justa.
Valeria Ortiz: La sentencia Causa Justa es la que les mencioné al principio, la C-055 de 2022 que despenaliza el aborto hasta la semana 24 y la voluntad de la paciente, expresada de forma verbal o escrita, es suficiente para realizar la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Ahora, si la mujer tiene más de 24 semanas de embarazo, se pueden aplicar las tres causales de la sentencia C - 355 de 2006 como lo mencionaba Laura Castro. Es decir que, puede acceder a la Interrupción Voluntaria del Embarazo si:
Entonces, estas sentencias ¿cómo entraría a regir con la jurisdicción especial indígena?
Laura Castro: La Corte Constitucional expide esta sentencia en febrero de 2022. Y luego a mediados de 2023 vamos a tener dos sentencias de tutela que de alguna manera contravienen o ponen en duda eso que la Corte Constitucional había dicho en febrero de 2022 en dos casos de mujeres indígenas, una niña y una mujer indígena, una del territorio del departamento del Cauca y otra de Caldas, casos en los que las autoridades indígenas decidieron negar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, incluso cuando en uno de esos casos hay involucrada una menor de edad, donde se presume que hay violencia sexual.
Sara Méndez: Yo creo que para responder tu pregunta también es importante señalar que, cuando cuando nace la jurisdicción especial indígena y cuando nace la Constitución no nace, como te decía, detallada y especificada sobre estos temas sí pueden regularse en las comunidades de manera plena y sobre estos no y con eso nos hemos regido, sino que ha sido un desarrollo. Y ese desarrollo también ha sido principalmente jurisprudencial y cuando hay un desarrollo jurisprudencial, pues lo que sucede es que hay un desarrollo caso a caso.
Entonces, específicamente con estos dos casos que nos señalaba Laura, lo que establecieron estas dos sentencias, posteriormente declaradas nulas, es básicamente que las autoridades indígenas y los prestadores de servicios de salud sí tenían la capacidad, la facultad y la autoridad de tomar decisiones por encima de las mujeres sobre si debían o no acceder a una Interrupción Voluntaria del Embarazo en cuanto que pertenecían a la comunidad indígena.
Lo que hace la corte cuando emite los autos de nulidad 2397 y 2396 en 2023 es decir: “no, esperen un poquito. Primero, nos equivocamos en esas dos sentencias y nos equivocamos, por un lado, porque desconocimos el precedente establecido en la sentencia C- 055, desconocimos cómo se ha desarrollado el aborto como un derecho reproductivo de las mujeres y las niñas y desconocimos que también la jurisprudencia constitucional ha establecido que este debe ser garantizado y este servicio de salud debe ser garantizado para mujeres y niñas indígenas". Y también reconoce que en esos dos casos se consolidó un daño a la niña y a la mujer, en tanto que no se les permitió ejercer esa autonomía reproductiva cuando ellas decidieron ejercerla.
Entonces, ahí sí nos queda después de la expedición de esas dos sentencias, una pregunta, un poco como un vacío, porque a pesar de que en esos autos de nulidad la corte dice: “nos equivocamos, la C-055 es absolutamente válida y las mujeres y las niñas tienen la capacidad y la facultad de tomar esas decisiones y las autoridades indígenas y los prestadores de salud no tienen por qué imponer su voluntad a las mujeres y a las niñas", sí nos queda faltando que la Corte Constitucional dé una sentencia sobre estos dos casos.
Valeria Ortiz: Estos dos casos que mencionan Laura Castro y Sara Méndez, de una niña y una mujer indígena, son diferentes al de la niña indígena de Cajibío, Cauca que les conté al inicio.
En el caso de ellas, la Corte estableció en 2023 que las autoridades indígenas y los prestadores de servicios de salud sí tenían la autoridad de tomar la decisión, por encima de las mujeres, de si debían o no acceder a una interrupción voluntaria del embarazo en cuanto que pertenecían a la comunidad indígena. Esto, desconociendo la Sentencia Causa Justa. La Corte, después de reconocer que se equivocó, anuló esas sentencias del caso de la mujer y la niña indígena.
Sara Méndez: Todavía estamos esperando que eso sea solucionado por la Corte Constitucional y esperamos también que siga estos preceptos establecidos en los autos de nulidad, reconociendo y respetando la autonomía de las mujeres y las niñas indígenas. Ahora, a esto se le suma este nuevo caso, que es la sentencia del magistrado ponente Vladimir Fernández, es la SU, es una sentencia de unificación SU 176 de 2025.
Valeria Ortiz: Una sentencia de unificación, como nos explicó Sara, es una sentencia que por su importancia jurídica, social, entre otras, se toma para establecer unas bases y una líneas que pueden ayudar a aclarar y a solucionar situaciones similares que se presenten con el tiempo. Además, dependiendo de los casos posteriores, se le podrán añadir actualizaciones, según lo que se necesite.
Poniendo esto en términos más sencillos, imaginemos que vamos a construir una casa para una sola persona. Para esa construcción ya sabemos que necesitamos planos, columnas y materiales básicos. Después, un vecino nos pide que le ayudemos a construir una casa para su familia que está compuesta por 4 personas. Para ello, podemos utilizar como referencia los planos y las bases de la primera casa, pero haciendo unos ajustes para que quede según la necesidad.
Sara Méndez: Y en esta sentencia ¿qué sucede? Esta es una niña indígena de 12 años que en octubre de 2022 fue víctima de violencia sexual por su padrastro. Todavía en ese momento no se sabía quién había sido el responsable de los hechos de violencia sexual. Sin embargo, una vez su mamá notó que estaba embarazada, la llevó a diferentes IPS donde le hicieron exámenes de infecciones de transmisión sexual y le informaron sobre la opción de acceder a la IVE.
Se solicitó por parte de la niña y la mamá el acceso a la IVE, pero la EPS indígena AIC, Asociación Indígena del Cauca, remitió esa solicitud a la autoridad indígena que negó la posibilidad de acceder a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, a pesar de que era una niña de 12 años, víctima de violencia sexual y que además las IPS habían determinado que era un embarazo de alto riesgo.
Valeria Ortiz: En este punto hay algo importante por aclarar. Mientras la autoridad indígena adelantaba la investigación contra el padrastro, la niña en estado de embarazo, su mamá y sus dos hermanas más pequeñas ingresaron a una IPS para evitar que volvieran a la comunidad, ya que en ese momento él todavía vivía allí.
En septiembre de 2023, tres meses después del nacimiento de la bebé, ellas regresaron a su comunidad, sin que la autoridad indígena las acompañara en su retorno. Por la falta de medidas de seguridad y acompañamiento, y ante la dependencia económica del núcleo familiar respecto del padrastro, se vieron obligadas a vivir de nuevo con él, situación que se alargó hasta el momento en el que se ordenó su captura (tras conocerse los resultados de la prueba de ADN practicada en febrero de 2024).
Teniendo en cuenta eso, la mamá de la niña actuando como su representante legal, puso una tutela contra el cabildo al que pertenecen por eso que tubieron que vivir. El pasado 13 de mayo la Corte Constitucional publicó un comunicado sobre la sentencia 176 de 2025, en respuesta a esa tutela. Esta sentencia textualmente dice así:
“Corte protegió los derechos a la dignidad humana y a una vida libre de violencias en favor de una niña indígena que fue víctima de violencia sexual por parte de su padrastro y, producto de ello, quedó en embarazo”,
Sara Méndez: Entonces, alrededor de este caso hay otros hechos que son también muy relevantes en términos de los derechos de la niña, de su mamá y del núcleo familiar, de las dos que fueron vulnerados por falta de una debida diligencia en la investigación y en las medidas de no repetición y no revictimización por parte del cabildo indígena, la autoridad a cargo de esa investigación frente a los hechos de violencia sexual, frente a los cuales la Corte se pronuncia.
Pero la Corte también identifica que hay una vulneración al derecho a la salud de la niña debido a la negación por parte de la IPS de brindar el servicio de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Y entonces acá hace un análisis, hace una precisión que a mí me parece importante antes de entrar en el análisis del caso detallado, y es que señala que el respeto por la diversidad étnica y cultural de las comunidades indígenas no implica ignorar el derecho de las mujeres y las niñas de una vida libre de violencia.
Entonces, yo creo que primero eso es un límite evidente a cómo opera la jurisdicción indígena y creo que es importante también tenerlo en cuenta e identificar eso cómo va a trasladarse en el estudio de otros casos. Por ejemplo, las sentencias que tenemos pendientes de la niña y la mujer indígena.
Y a partir también de ese principio, ahí establece algunas obligaciones que tiene el estado. El estado no solamente como una cosa grande nacional como la Corte Constitucional, sino también todas esas entidades y órganos estatales incluidos el cabildo, en tanto que está ejerciendo ese poder estatal respecto a las víctimas de violencia sexual. Y uno de esos es el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva como la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Entonces, también acá lo que la Corte hace no es solamente quedarse únicamente con la solicitud inicial de la mamá en la tutela, que era el hacer justicia. Y lo pongo así como en esos términos porque así está muy literal; sino que va un paso más allá e identifica esta vulneración de derechos, no solamente en la debida diligencia en la investigación, sino que fue más allá e identificó cómo se vulneró la autonomía reproductiva de la niña, su acceso a la salud por la negación de de la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Pero, además, ahí también hay un punto que me parece interesante que no habíamos visto hasta ahora en estos análisis de mujeres y niñas indígenas, y es que señala que la privacidad y la intimidad de la niña también fue vulnerada al compartir la historia clínica con la autoridad indígena. Y yo creo que eso también va a ser un punto interesante en próximos casos que analicen este tipo de situaciones.
Valeria: Recordemos que esa es una sentencia de unificación. Por eso, les preguntamos a las voceras de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, si podía servir para otros casos donde se quiera hacer justicia. Sin embargo, aclaro que la sentencia no ha sido publicada, solo se publicó el caso en un comunicado de prensa de la Corte Constitucional.
Sara Méndez: Pues yo creo que ahí nos falta ver la sentencia para determinar.
Yo lo que ví del comunicado de prensa por la Corte, considero que efectivamente sí habla sobre derecho a la salud y sí debe reconocer, definir e identificar cómo operó el derecho a la salud y el derecho a la autonomía reproductiva en este caso concreto. Pero también falta ver de qué manera lo hizo y hasta qué punto profundizó, pues justamente porque de pronto, o sea, sin tener el expediente y sin saber cuáles fueron las pruebas y qué fue lo que se conversó, no tengo la manera de identificar si efectivamente profundizó mucho.
Sin embargo, creo que sí hay de nuevo como dos puntos muy evidentes en lo que dice la Corte que sí van a ser puntos de interpretación o de referencia en posteriores sentencias.
Una es la privacidad: la vulneración de la privacidad de la historia clínica al compartirla con las autoridades indígenas, porque la historia clínica es un documento ampliamente considerado privado y guardado en la regulación colombiana y en general en el mundo. Y en general uno no puede acceder a la historia clínica de un tercero, a menos que tengas una autorización clara y expresa del tercero y que haya una situación claramente establecida en la ley que permita al estado o a un tercero acceder a esa historia clínica.
Y pues acá lo que hace la EPS es vulnerar esa regulación y pasarle a un tercero sin autorización. Eso por un lado y es algo que no había sido analizado previamente en los casos, por ejemplo, como la mujer y la niña indígena, ni tampoco había sido estudiado en los autos.
Pero por otro, creo que está también el tema de cómo la jurisdicción especial indígena necesariamente no tiene que reñir o tener un conflicto con la garantía de los derechos de las niñas y las mujeres, o a una vida libre de violencia y reconocer que uno de sus derechos es acceder a un servicio de interrupción voluntaria del embarazo, si es su deseo, en tanto que pues al ser víctimas de violencia sexual, es uno de los servicios que deben ser garantizados en los protocolos de atención, tanto en salud como en justicia.
Laura Castro: Y yo agregaría una tercera y una cuarta cosa. Y es que lo que conocemos hasta ahora de la sentencia deja ver primero, que hay un llamado por parte de la Corte Constitucional para que ni las autoridades indígenas, ni las empresas prestadoras de servicios indígenas interpongan barreras en el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, ni pidan una documentación adicional, que eso es algo que la Corte Constitucional ha sostenido en más de sus 20 sentencias en relación al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.
Y en cuarto lugar, en la Corte Constitucional también en las sentencias que mencionamos de la mujer y la niña de 2022 y 2023, invitaba a esas comunidades de alguna manera a revisar las resoluciones internas que tienen las comunidades indígenas porque esas resoluciones se quedaron en el reconocimiento de la sentencia C-355 de 2006 y no han sido actualizadas a la C-055 de 2022.
Entonces, creo que es importante que también haya ese tipo de actualizaciones en las jurisprudencias indígenas, también de cara pues a otros indicadores de salud República que siguen teniendo más prevalencia dentro de las comunidades indígenas, como son los casos de embarazo adolescente y de mortalidad materna, donde vemos que las cifras, digamos, de salud pública en esos dos temas tienen mayor incidencia en mujeres indígenas.
Valeria Ortiz: Cuando desde el movimiento Causa Justa buscaban la despenalización del aborto, Laura y Sara reconocen que no tuvieron consideraciones particulares en términos de mujeres indígenas, sino que se enfocaron en mujeres migrantes en Colombia. Sin embargo, después de estos casos que se han presentado, ya se han planteado alternativas y se han hecho llamados a la Corte Constitucional para hablar sobre las barreras específicas que viven las mujeres indígenas para acceder a la IVE.
Laura Castro: Nosotras desde el movimiento Causa Justa hemos hecho varias intervenciones a la Corte Constitucional en su momento para solicitar la nulidad de los casos que ya mencionó Sara. Y hacemos acciones de incidencia vía enviar amicus o hacer, digamos, estrategias de comunicaciones para llamar a la Corte Constitucional a que reconozca lo que nosotras creemos es una doble protección jurisprudencial que deben tener las mujeres indígenas. Se busca que la protección de la sentencia de C-055 y la protección en el marco de la jurisprudencia indígena no deriven en barreras de acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Hemos realizado también eventos sobre el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo de mujeres indígenas, pero también de mujeres afrocolombianas con la participación de universidades y también organizaciones aliadas que han puesto un énfasis en estas barreras de acceso particulares que enfrentan estos grupos de mujeres. Pero sobre todo creemos que el trabajo es más de una transformación cultural que debe suceder al interior de las comunidades indígenas y que en este momento está siendo liderado por muchas mujeres indígenas que están rompiendo techos:
Uno, de acceso a la participación en espacios de debate y construcción política al interior de las comunidades indígenas, más mujeres siendo gobernadoras, llevando estos temas en las comunidades indígenas, pero también más mujeres haciendo pedagogía sobre la autonomía reproductiva, que es también un tema que requiere quiere unas traducciones y unas adaptaciones culturales de acuerdo a los usos y costumbres propios de las comunidades.
Entonces, nosotras sí creemos que este es un trabajo que tiene que ser liderado principalmente por las mujeres y las organizaciones indígenas. Por supuesto está en el corazón de nuestro trabajo también crear articulaciones y alianzas, pero son ellas quienes conocen todos los matices culturales y los matices de las discusiones espirituales que se atraviesan cuando se habla de Interrupción Voluntaria del Embarazo en el seno de las comunidades indígenas.
Valeria: Finalmente, nos preguntamos cuál es el camino a seguir, en términos jurídicos.
Laura: En resumen, ¿qué esperamos de la Corte Constitucional? Conocer la sentencia de unificación 176 completa, conocer las nuevas sentencias de los dos casos de 2022 y 2023.
Esperamos también en términos de la regulación la actualización de protocolos, rutas por parte de las comunidades indígenas que sean también acordes a las necesidades y usos y costumbres de las mujeres indígenas, porque, por ejemplo, una de las cosas que en las conversaciones interseccionales que hemos tenido con mujeres indígenas, algo que es muy recurrente por parte de ellas, es decir: “es que la interrupción voluntaria del embarazo no puede ser simplemente un servicio que nos presta la IPS, sino que necesitamos que sea reconocido como un derecho”.
¿Por qué? Porque al ser reconocido como un derecho hay un abordaje multidimensional de ese procedimiento, de ese evento en la vida de las mujeres, que no implica solamente el acceso al procedimiento de salud, sino también medidas, digamos, de restauración espiritual, psicosocial y psicoemocional, que es muy importante en el marco de los usos y costumbres. Para muchas mujeres indígenas cuando sucede una Interrupción Voluntaria del Embarazo, hay una desarmonía en relación con la tierra y hay una desarmonía en relación con el cuerpo. Entonces, al igual que cuando atendemos el postparto que hay 40 días, en el marco de las comunidades indígenas esos procedimientos de Interrupción Voluntaria del Embarazo requieren también una nueva armonización en la relación espiritual con el cuerpo y la tierra.
Entonces, ojalá esos protocolos puedan conservar esa dimensión más amplia de la visión de la interrupción voluntaria del embarazo. Y creo que lo otro que yo esperaría, y lo he mencionado, es la transformación sociocultural de esta discusión, no solo en el marco de las comunidades indígenas o en el seno de las comunidades indígenas, sino de la sociedad en su conjunto, que se entienda que este no es un tema que solamente nos pasa a las mujeres aisladamente. Las mujeres, personas trans, no binarias no abortan aisladas de esta sociedad.
Esta es una conversación que necesariamente involucre a los hombres. Uno, porque los hombres siguen ocupando la mayor cantidad de puestos de poder y decisión, pero también porque esta es una conversación que se trata sobre la democracia, la justicia y el país que queremos. La conversación sobre la despenalización del aborto y el acceso a servicios de Interrupción Voluntaria del Embarazo es una conversación que tiene que tener cualquier país que se considere democrático y justo de una manera transparente y argumentada.
Valeria Ortiz: Este episodio hace parte del formato voces en primer plano de El Megáfono. Les habló Valeria Ortiz, periodista de Consonante.
Locución: Valeria Ortiz
Guión y entrevista: Valeria Ortiz
Edición: Valeria Ortiz
Ilustración: Camila Bolívar
Coordinación general: Ángela Martin Laiton
Camilo González, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz – INDEPAZ :
“Resistencia desde la organización, repudio sin ningún pudor, ni miedo a los violentos, condena a las estrategias de lucha armada y a las estrategias militaristas de manera radical, enfrentamiento sin ningún prejuicio, ni nada a los discursos de los grupos armados que quieren justificar sus lógicas de muerte. Yo creo que eso es lo que se necesita, voces airadas para que de esa manera se deslegitime, se le quite permanentemente el espacio a los violentos y se le dé la voz a la gente que construye vida. Yo creo que ese es el mejor camino para superar la sociedad del miedo”.
Valeria Ortiz: Voces en primer plano. Un espacio de entrevistas en profundidad donde voces locales y expertas cuentan, explican y contextualizan su propia historia. Les habla Valeria Ortiz, periodista de Consonante.
Una de las banderas y propuestas más importantes del gobierno de Gustavo Petro ha sido la implementación de la política de la Paz Total, una estrategia que busca diálogos y acuerdos con los grupos armados ilegales de Colombia. Con la Ley 2272 de noviembre de 2022, se priorizaron los diálogos con el ELN, las FARC-EMC, la Segunda Marquetalia y bandas criminales, con el fin de acabar o reducir significativamente la violencia.
Como ya sabrán algunos de nuestros oyentes, la red de periodistas de Consonante está ubicada en cinco departamentos: Chocó, La Guajira, Guainía, Amazonas y Caquetá. En estos lugares ha habido presencia de uno o más de estos grupos y otros actores armados. Por eso, en este episodio nos enfocaremos en comprender el panorama de estos diálogos, cuáles son los principales desafíos de la implementación de la Paz Total en esos lugares donde hacemos periodismo y cuál puede ser el futuro de la paz en el país.
Camilo González Posso, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz – INDEPAZ es quien nos responderá a estas dudas.
Bienvenido, Camilo al Megáfono, un podcast de Consonante.
En esta oportunidad vamos a hablar sobre el panorama de las negociaciones con los grupos armados en Colombia. Entonces, para iniciar, ¿podría usted darnos una actualización sobre el estado de esas negociaciones con los grupos armados?
Camilo González: Pues hablemos de conversaciones, ¿no? Porque no siempre hay negociación, a veces hay exploraciones o búsqueda de rutas para desescalar violencias y buscar acuerdos de incorporación a la vida civil. Y podríamos decir que hay diferentes tipos de situaciones. ¿No?
Para hablar de las situaciones recientes que tienen una evolución, una dinámica con alguna posibilidad, pues yo creo que son notables los procesos en el sur de Colombia, particularmente en Nariño y Putumayo, donde hay conversaciones con dos estructuras, dos grupos armados irregulares que son: Comuneros del sur, que es una fracción que se abrió del Ejército de Liberación Nacional y que tiene una realidad sobre todo pues en la costa, en algunos municipios hacia el lado Pacífico de Nariño. Y, por otro lado, hay otro grupo que se llama Coordinadora Guerrillero Unificada Bolivariana o algo así para sintetizar coordinadora bolivariana, que fue también a su vez una escisión de la Segunda Marquetalia. Son organizaciones que quedaron o se reconfiguraron posteriormente al acuerdo de noviembre de 2016 con las FARC, por eso yo les llamo organizaciones post FARC.
Allí han avanzado. Han avanzado sobre la base de que estos grupos se acercan a conversar con el gobierno con un presupuesto. Una intención de buscar un acuerdo de incorporación a la vida civil y de dejar las armas, dejar de usarlas. Pero de todas maneras ya hay de entrada una intención de buscar un acuerdo y por eso han definido de manera relativamente ágil y en pocos meses han definido una ruta con algunas decisiones muy importantes hacia acuerdos parciales. El más reciente fue el que se dio con la Coordinadora Bolivariana, una reunión entre las dos delegaciones, una reunión de mesa con participación internacional de veedores, garantes y acompañantes y también con un seguimiento por parte de las comunidades y de diferentes entidades de gobierno. Entonces, es bastante interesante porque es definir ir a una Zona de Ubicación Temporal, a dos zonas, como una experiencia piloto con 60 combatientes en cada uno de los casos y allí desarrollar eh una agenda que vaya clarificando temas como el de la disposición de las armas, asuntos jurídicos y lo que tiene que ver con transformación de las realidades social sociales económicas en el territorio.
Valeria Ortiz: Lo que menciona González, fue un acuerdo al que se llegó el pasado 25 de mayo con dos disidencias de las FARC, Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y Estado Mayor de los Bloques y Frente. Además, el 23 de mayo el presidente Gustavo Petro firmó la resolución 161 para establecer una Zona de Ubicación Temporal en Tibú, Norte de Santander para la disidencia Frente 33.
Recordemos que a inicios de este año hubo confrontaciones entre el ELN y disidencias de las FARC en Norte de Santander. Por eso el 20 de enero, Petro declaró Estado de Conmoción Interior para enfrentar esta situación. Según datos del balance del Puesto de Mando Unificado de Catatumbo, para inicios de febrero había más de 50.000 desplazados, más de 30.000 personas confinadas y más de 50 homicidios.
Si bien los diálogos con el ELN no han continuado, el gobierno ha tenido otros avances con las disidencias de las FARC, como continúa contándonos Camilo González, presidente de Indepaz.
Camilo González: Yo creo que es muy interesante y algo similar que viene de atrás, incluso con mayor maduración, en el caso de Comuneros, con un ejercicio interesante simbólico, pero yo creo que también práctico de destrucción de material de llamado armamento de guerra, pero que indica que hay una intención en el sentido de darle solución al problema de las armas.
Todo esto está en desarrollo, no quiere decir que tenga todo un camino despejado. Hay problemas, hay problemas jurídicos, problemas de relación con las comunidades, el planteamiento frente a la política de sustitución de economías ilegales, eso es algo muy importante y tiene que tener unas construcciones que son complejas, pero yo creo que ahí hay un camino interesante.
El otro proceso que está en curso, que también tiene desarrollos recientes en el Catatumbo a raíz de la arremetida que hizo el ELN para recuperar posiciones y contra el Frente 33 y contra las comunidades allá. Eso ha generado nuevas circunstancias. En ese marco pues se ha dado un acuerdo que está reflejado en un pronunciamiento entre el gobierno y el Frente 33 y también una resolución del propio presidente de la república que le abre el camino a una Zona de Ubicación Temporal y a una agenda muy precisa de conversación de los los temas cruciales durante los próximos 7 meses.
Allí hay una situación que es importante porque pues hay que verla relacionada no solamente conversaciones para buscar soluciones a problemas de conflictividades armadas, sino también de problemáticas sociales, económicas en el territorio y también cuestiones de seguridad y militar. Es decir, no puede haber una política de paz, si no hay una política de seguridad al mismo tiempo.
Junto con esto, tenemos un panorama de dificultades mayores por la presencia de grupos muy poderosos, unos de estructuras sucesoras del paramilitarismo y son bastante, digamos con una transmutaciones mafiosas que es el caso del Clan del Golfo y otras estructuras afines, y el caso del Ejército de Liberación Nacional. Allí lo que tenemos son dificultades, ¿no? El Clan del Golfo es la estructura que más ha tenido expansión durante los últimos años y sobre todo en la parte noroccidental de Colombia, la frontera con Panamá y esta esquina de Córdoba, Sucre, Chocó, la parte norte, nordeste de Antioquia pero con derivaciones en toda la costa Caribe.
Y entonces esto es una situación muy crítica porque hay unas mutaciones de estas estructuras, que no se trata de una simple estructura armada, sino que se trata de un complejo macrocriminal que tiene imbricaciones con agentes del Estado, con poderes económicos, con negocios de diferente índole, no solamente del negocio y las rutas de narcotráfico, sino el negocio del oro, trata de personas, todo el problema de frontera, contrabando, contrabando de armas.
Valeria Ortiz: Esas dificultades, por ejemplo, se han visto reflejadas este año en el departamento de Chocó por las confrontaciones entre el ELN y el Clan del Golfo. Entre el 18 y el 21 de febrero se decretó paro armado por parte del ELN, una situación que se dio en medio de denuncias por el aumento de la instalación de minas antipersonal. Según el balance de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, durante ese paro se afectó la movilidad de más de 430.000 personas y se agravó el estado de confinamiento de más de 15.000.
Sobre esos hechos pueden profundizar en nuestra página web en la entrevista a Monseñor Mario de Jesús Álvarez Gómez, obispo de la Diócesis Istmina - Tadó, donde afirmó que “en el Chocó se viene cocinando una violencia peor que la del Catatumbo”.
El paro armado más reciente en Chocó fue entre el 2 y el 5 de mayo, sobre el río Baudó y sus afluentes. Situaciones como estas hacen que también nos preguntemos por los desafíos que enfrentan los otros departamentos y que, tal vez, no han sido tan visibilizados.
Camilo González: Estos departamentos, por ejemplo, en La Guajira, donde ustedes tienen presencia, allí hay una historia bastante complicada y larga de violencias de diferente orden, pero ligadas a estos grupos armados y a toda esta dinámica, digamos, los sucesores del paramilitarismo por un lado y, digamos, reconfiguraciones posteriores al acuerdo de las FARC y sucesores de los grupos rebeldes. En la Guajira tenemos una realidad y es que el peso mayor de disputas se ha venido dando en el último periodo, sobre todo entre grupos de sucesores del paramilitarismo, particularmente entre el Clan del Golfo y los Conquistadores de la Sierra.
Esa disputa arranca desde desde la zona del Magdalena, del mismo Santa Marta, todo el corredor que por estribaciones de la Sierra y la ruta hacia Riohacha, Dibulla y todo eso ha estado en disputa, en la medida en que ha habido varios intentos del Clan del Golfo o como se les quiera llamar, de disputarle posiciones allí a Conquistadores de la Sierra. Y en cambio, Conquistadores de la Sierra han expandido su área de influencia hacia La Guajira. No solamente hacia Ríohacha, sino de allí en adelante.
Esta es una un área que es de mucho interés porque es una plataforma de negocios ilícitos, de tráfico de drogas, de armamento, de diferentes tipos de contrabando y demás asociados a la presencia de estos grupos armados, de mafias de diferente carácter y es una conexión hacia las relaciones con las mafias internacionales, tanto hacia Norte América como hacia Europa.
Entonces, por eso ahí hay otros grupos que han intervenido, incluso si uno ve las realidades hacia Uribia y hacia la Baja el extremo norte de La Guajira, se da cuenta de incursiones de otros grupos de hasta la llamada Oficina de Envigado del Valle de Aburrá. Es decir, son muchos grupos. El ELN tiene incursiones ahí enfrente allá, frente norte que tiene pretensiones de mantener alguna influencia en la parte ya de la frontera con Venezuela ¿No?
Es decir, hay allí todas unas realidades de imbricación con la realidad económica corriente de cotidiana, ¿no? Y una relación muy conflictiva con la población Guajira y con la población indígena Wayú. Incluso porque se han presentado desplazamientos del pueblo Wiwa en varias ocasiones y recientemente la parte sur de La Guajira, hacia San San Juan del César, por ejemplo, a Barrancas, pero el escenario principal de disputa se da sobre todo hacia la costa costa Caribe y la frontera con Venezuela.
Valeria Ortiz: Guainía, Amazonas y Caquetá son algunos de los departamentos que pertenecen a la amazonía colombiana, una región que, por sus características geográficas, riquezas naturales y población indígena, tiene otras dinámicas con el conflicto armado y otros actores de las fronteras con Venezuela y Brasil. Camilo González, nos cuenta más sobre esto.
Camilo González: En toda esta zona hay una gran importancia de la minería, digamos en Venezuela, ¿no? y en esta frontera que penetra hacia Colombia y ahí hay diferente tipo de minerías, porque está la minería del oro y pero también hay en esta zona grandes interrogantes alrededor de la minería del coltán, ¿no? Y pues incluso recientemente han sido incautados, cargamentos grandes, porque se vienen por los grandes ríos del Orinoco, se vienen hacia Colombia, hacia Puerto Gaitán, hacia esa zona, circulan luego por las rutas hacia la frontera Caribe y exportan eso por los puertos por Barranquilla y los puertos del Caribe.
Hay mucho interés de mafias allá y allá hay varios grupos porque no solamente pues está el ELN, pero ahí están grupos de las disidencias de las FARC, tanto del llamado Bloque Amazonas en cabeza Mordisco, como de otros grupos, ¿no? Que eso además ha sido tradición porque en las épocas de las FARC y el negro acacio y toda esa serie de cosas, pues se ve la gran realidad de presencia hacia la frontera.
Pero yo creo que allí hay una gran proyección hacia el arco amazónico venezolano, ¿no? Que pues se han hecho informes, hay varias varias informaciones incluso desde Venezuela de presencia de grupos colombianos y de mafias ligadas y respaldadas por estos grupos armados que buscan explotar recursos mineros en esta parte de Venezuela, que es tan rica, ¿no? Entonces, tiene repercusiones hacia la frontera colombiana, no solamente en la parte de Guainía, sino de Amazonas. Y Amazonas ya no hacia la Orinoquía, sino hacia la Amazonía. Y con una gran presencia de mafias brasileñas respaldadas por grandes carteles, ¿no?
Y eso tiene gran gran repercusión, no solamente en el caso del Amazonas, sino en otros afluentes del Amazonas del lado colombiano, ¿no? Y y allí tenemos por allí se deriva la presencia y el desarrollo de minería por el Caquetá, el Putumayo. Y eso se acompaña con otra modalidad que sobre eso pues he tenido la oportunidad de conversar con los gobernadores de algunos pueblos indígenas desde este lado de la frontera de la amazonía oriental colombiana, que son resguardos indígenas de gran dimensión de resguardos indígenas de miles de hectáreas, que es una de las realidades importantes de la territorialidad indígena y colectiva en Colombia que digamos que forma parte de nuestra riqueza y posibilidades de defensa de la Amazonía que muestran la incursión durante los últimos años de grupos armados, digamos de los grupos post FARC con presencia en estas zonas y con una nueva modalidad de buscar sometimiento a pueblos indígenas para negocios de bonos de carbón. Esa es otra realidad.
Allí hay todo un negocio importante y unos unos agentes internacionales intermediarios que manejan este negocio en la bolsa de bonos de carbón y los grupos armados han logrado penetrar, posicionarse, incluso territorializarse para estar ahí atentos, controlando autoridades para exigirles participación, cuota de lo que son las rentas estas del negocio de los bonos de carbón.
Entonces, son otras modalidades, eso es otro extractivismo, ¿no? Uno distinto al de la minería, pero que forma parte de las complejidades y de la economía de la violencia en estas áreas de la Amazonía y de la Orinoquía. Que esto pues yo creo que ha sido menos visibilizado, pero es de una realidad enorme, minería y bonos de carbón en la Amazonía colombiana.
Valeria Ortiz: Hoy 31 de mayo inicia formalmente el año preelectoral para las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026. Teniendo en cuenta esto, le preguntamos a González, cuál es el panorama de la paz en este año y en el próximo gobierno electo.
Camilo González: Mire, lo primero que hay que decir es que el trabajo por la paz es una obligación de la sociedad, del Estado de carácter permanente, continuo en todas las circunstancias, época y lugar.
Entonces, que no, que es que fracasó la paz. No ha fracasado la paz. Que fracasó la paz total del gobierno porque no se lograron acuerdos. Bueno, han fracasado ciertas metodologías, ciertas tácticas, ciertas expectativas, pero de ahí a sacar la conclusión de que hay que entonces cerrar la página y dedicarnos a la guerra y a la acción militar, es una equivocación. Y tiene que haber una convicción en la sociedad y en el conjunto de las instituciones de que hay que persistir en este y en los siguientes gobiernos en el trabajo por la paz. Primera cosa.
Lo segundo, en este gobierno hay que trabajar por la paz hasta el 7 de agosto del año 26 a las 12 de la noche. Todo momento. Hay que trabajar por la paz. Eso no quiere decir que el trabajo por la paz y eso lo ha repetido el presidente, lo ha repetido todo el mundo, es parte de la teoría política. Que no se puede desligar el trabajo por la paz con los asuntos de seguridad, ni tampoco con las obligaciones del Estado del punto de vista de la persecución del crimen y de las obligaciones de la fuerza pública.
Pero en lo que se refiere a una estrategia de diálogos y de búsqueda de disminución de violencias mediante procesos dialogados. Siempre hay que intentarlo. Otra cosa es que se cometan errores y que hay que reconocerlos y rectificarlos. Que se tengan ilusiones, ¿no? Y entonces creamos y se caractericen actores como si fueran aliados cuando realmente son adversarios de la paz. Eso se puede corregir, se pueden hacer muchas correcciones. Pero lo que no se puede llegar es a la conclusión de que la paz ha fracasado.
El paso siguiente significa salvar vidas y significa fortalecer a la sociedad para frenar las violencias. Entonces, yo creo en eso. Y además con otra cosa, no se puede trabajar con la paz con ultimatums y fechas perentorias. Se trabaja con una metodología permanente, continua, sistemática, susceptible de todas las rectificaciones.
Entonces, yo creo que hay que trabajar con mirada tanto para responder a los problemas de coyuntura, pero con una mirada de mediano y largo plazo. Todo lo que sea trabajar con el afán de que hay que de que si lo que no se solucionó o los errores que se cometieron, entonces es los que significan darle el fallo final, yo creo que eso. Y sí, yo creo que hay que cambiar el lenguaje.
El lenguaje quiere decir que todo lo que sea hablar de metas absolutas a corto plazo, pues hay que sacarlas del imaginario. Pero por ejemplo, Paz Total ya. Eso es la lectura que le han hecho a la política del gobierno para pedirle cuentas y hacer oposición. ¿No? Entonces, uno mira incluso los documentos, el plan de desarrollo tiene un capítulo que llama Paz Total. ¿Y qué dice ese capítulo?
Que la Paz Total es una estrategia para varios gobiernos. Yo creo que lo fundamental es que no se puede en ningún momento declinar el propósito de la paz y la libertad. El mensaje a la sociedad de que no volvamos a las formas de la barbarie paramilitar o de las formas de la guerra desenfrenada y sin futuro.
Valeria Ortiz: Como se ha mencionado durante la entrevista, la paz debe de ir de la mano de la seguridad; los diálogos deben continuar y también se debe tener claro que la construcción de paz es un proceso de varios gobiernos. Ahora, también nos preguntamos de qué manera se sigue construyendo la paz y, a la vez, cómo se puede garantizar el derecho a vivir sin miedo.
Camilo González: yo creo que el derecho a vivir sin miedo, yo pienso que tiene que ser de la mano del derecho a la vida, de la realización de los derechos humanos que tiene que ser. Pero a mí me parece que allí hay varias cosas, uno lo que son obligaciones del Estado y la necesidad de ser la democracia, la democracia participativa, la democracia de solidaridad, la democracia de base, los poderes populares.
Yo creo que es fundamental eso, por un lado lo que es el fortalecimiento de la democracia participativa y popular. Por otro lado, el empoderamiento de las sociedades de base. Dice, "Yo creo que hay menor miedo entre más poder popular."
Y entonces, eso tiene que darse, ¿no es cierto? y la capacidad de expresión y movilización. Si no hay una movilización, una fuerza de paz, una conciencia ciudadana que se expresa de múltiples formas. Movilización no quiere decir que se puede salir a la calle, también. No, es la expresión desde el espíritu, es la presión de la cultura, son expresiones del arte, es todas las manifestaciones que muestran la disposición de una sociedad a ser a auto transformarse. Entonces, yo creo que es eso lo que nos puede dar a nosotros a superar.
De hecho, compromiso con una causa es lo que permite superar el miedo. Resistencia desde la organización, repudio sin ningún pudor ni miedo a los violentos, condena a las estrategias de lucha armada y a las estrategias militaristas de manera radical, enfrentamiento sin ningún prejuicio, ni nada a los discursos de los grupos armados que quieren justificar sus lógicas de muerte.
Yo creo que eso es lo que se necesita, voces airadas para que de esa manera se deslegitima, se le quite permanentemente el espacio a los violentos y se le dé la voz a la gente que construye vida. Yo creo que ese es el mejor camino para superar la sociedad del miedo.
Locución: Valeria Ortiz
Guión y entrevista: Valeria Ortiz
Edición: Valeria Ortiz
Ilustración: Camila Bolívar
Coordinación general: Ángela Martin Laiton
La poeta, de 24 años, publicó su primer libro “Es época de avispas” en el que nos lleva por la ribera del río Caguán, en Cartagena del Chairá, municipio en el que creció. Desde la cotidianidad cuenta el dolor, la belleza y la fuerza de la naturaleza en un departamento que ha estado marcado por la violencia y la búsqueda de la reconciliación. En este episodio de El Megáfono hablamos con ella sobre su proceso creativo y su relación con el campo.
Locución: Olga Arenas y Leidy Franco
Guión: Valeria Ortiz y Angy Alvarado
Entrevista: Angy Alvarado, Leidy Franco y Olga Arenas
Edición: Valeria Ortiz
Ilustración: Luisa Burgos
Coordinación general: Ángela Martin Laiton
En este primer episodio de Al grano les contamos:
Escúchalo completo y déjanos tus comentarios.
Locución: Valeria Ortiz, Haitin Herrera, Yanexis Cerpa, Esperanza Castro y Leidy Catherine Franco
Guión y entrevista: Valeria Ortiz
Edición: Valeria Ortiz
Ilustración: Luisa Burgos
Coordinación general: Ángela Martin Laiton
Desde 1992, según datos del Sistema de Información Ambiental Territorial de la Amazonía Colombiana, en los ríos Inírida, Guainía y Atabapo se ha desarrollado minería aluvial para extraer oro. Este conflicto socioambiental se ubica en Inírida, la capital del departamento de Guainía
Bienvenidos a un nuevo episodio de El Megáfono. Les habla Valeria Ortiz.
Recordemos que el departamento de Guainía se encuentra en medio de la selva amazónica colombiana. Está delimitado al norte por el Departamento de Vichada, al oriente por Venezuela, al sur por Brasil y al occidente por los Departamentos de Guaviare y Vaupés. Por eso llegar hasta su capital solo es posible por vía aérea, desde Bogotá y Villavicencio, o fluvial, principalmente a través del río Guaviare. Esas características geográficas influyen en los altos costos de vida en la zona.
Por eso, la minería ha sido una actividad de la que dependen económicamente muchas familias indígenas. Pero también ha traído consecuencias en términos de sostenibilidad, impacto ambiental y derechos humanos.
Para entender mejor la relación de la minería con los pueblos indígenas, hablaremos con Leonardo Ladino, antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia e inídigena del Pueblo Curripaco.
—Hola, Leonardo, bienvenido al Megáfono, un podcast de Consonante. Muchas gracias por aceptar esta invitación, por estar acá en este espacio y bueno, cuéntanos, ¿cómo estás?
—Muy bien, gracias, Valeria. Para mí es un grato placer desde este contexto amazónico, nororiente amazónico en el departamento de Guainía, el departamento que tiene frontera con Venezuela y Brasil, que se ve allá en la mitad del mapa de Colombia en el nororiente amazónico.
—Bueno, entrando en el tema, cuéntenos. Desde su mirada como antropólogo, y miembro de una comunidad indígena ¿Cómo podría describir esa relación entre las comunidades de Inírida y la minería en los últimos 5 años?
—Bueno, yo lo que considero es que la relación de la minería es una relación asimétrica, donde las comunidades simplemente son utilizadas para ser las que hagan la diligencia, porque es que mencionar la palabra indígena parece ser que es el milagro, es la ¿cómo se llama esto? La lámpara de Aladino, ¿no?Entonces, usted frota con el nombre indígena y entonces aparecen los recursos. O aparecen los procesos administrativos, como por ejemplo las licencias, el otorgamiento de licencias o como por ejemplo la creación de una zona minera indígena, sin que seamos nosotros expertos en el arte de la minería.
Sí puede puede que la historia refleje que haya habido en algún momento, para ser muy puntual, por allá en el 1570, Gonzalo Jiménez de Quesada se atrevió a venir por acá. Eso no lo sabía la gente en Colombia, ni lo sabe la gente aquí en la Amazonía tampoco, y motivado precisamente en la famosa ruta de El Dorado. Pero ¿la ruta de El Dorado por qué se da? Porque cuando va a encontrando oro, la gente le va diciendo hacia dónde es que lo consigue. Entonces, imagínese llegaron hasta por estos lados. Y uno se pregunta qué pudo haber pasado. ¿Por qué la ruta del Dorado se vino hacia estos lados? ¿Sí? Entonces, no sé hasta dónde, por ejemplo, sociedades tribales o sociedades de pequeños clanes como los que había en esa época podían ser sociedades mineras. No está evidenciado que hubiese precisamente una labor muy cultural con la minería. Entonces, en los últimos 5 años uno lo que encuentra precisamente es eso, autoridades indígenas, líderes indígenas que se dejan convencer por algún no indígena de que esto va a ser un gran negocio. Incluso, sin ver las complicaciones para el entorno. Entonces, de 5 años atrás la minería se ha hecho incluso en Venezuela también. Hay unas áreas de Venezuela en las que se han venido haciendo minería, no exactamente nada más de Guainía.
Y muchos de los frentes mineros precisamente son la gente aquí del pueblo que corre hacia Venezuela, ¿sí? Alguien preguntaba en alguna ocasión, "¿Usted cree que si no se hace nada contra la minería en Venezuela podría afectar al Guainía?" Y yo le decía, "Por supuesto, porque lo vemos desde el contexto del ecosistema, pues somos el mismo ecosistema. Somos el ecosistema masónico, sean Colombia, Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador, Guyana, Bolivia. Todo esto es el contexto, lo que llamamos la gran cuenca amazónica”. Entonces, si lo pensamos en términos en términos ecosistémicos, claro que cualquier lugar que se haga minería puede afectar y si lo pensamos en términos de lo que ha dicho la Corte Constitucional a ámbito territorial, pues es un concepto más amplio del territorio, ¿sí?
Con relación a la pregunta, digo que es asimétrica porque el que menos se beneficia es el pueblo indígena. Son personas externas las que están detrás de los negocios, personas de fuera del territorio, por ejemplo, y que utilizan al indígena como la persona que haga las diligencias o que pues se presenten las solicitudes en nombre de las comunidades.
—¿Cuál ha sido la relación o qué ha pasado con el Coltán? Pes que también se ha escuchado bastante sobre la extracción de este mineral en el territorio.
—Pues yo le cuento que en esta parte del territorio uno no lo ve. En alguna ocasión se escuchó. De hecho, como en el 2017 se alcanzó a escuchar, no sé si fue el 2017 o unos años atrás,se alcanzó a escuchar de un decomiso que hicieron por parte de la Corporación Ambiental de la CDA. No sé qué pasaría con lo que decomisaron porque no se volvió a hablar del tema. De hecho, es una muy buena pregunta que deberían de pronto mandársele un oficio a la Corporación Ambiental, qué pasó con ese material que se decomisó en algún momento, pero eran como 17 toneladas, ¿sí? Hace poco se volvió a escuchar de un decomiso también grande de Coltán. No sé de dónde sale, pero lo que más se escucha es el tema del oro, ¿sí?
Del Coltán lo que uno lee o escucha en los medios, ¿sí? Entonces, en esta parte, como estamos en el sector norte, uno no alcanza a escuchar, pero es posible que estén camellando y uno no lo sepa, pero pues no deja ser un riesgo porque obviamente si han detectado la existencia de este de este material y si lo que se quiere son tecnologías limpias, porque esa es la gran paradoja, ¿no? Que casi todo lo que significa tecnologías limpias, no son tan limpias. Son limpias hacia el lugar donde llega el producto, pero no limpias en el lugar donde se inicia el producto, que es donde explotan los recursos.
Entonces, lo que yo veo es que puede ser a futuro también un riesgo y sobre todo en contextos ecosistémicos como la Amazonía, que son territorios frágiles en los ecosistemas. Y también de riesgo porque lo que yo pude ver en algunas fotos que alguna vez me compartieron era que esta minería se hacía en caños. ¿Sí?
Y cuando hablo de caños, no hablo de los caños de Bogotá que son fuentes contaminadas de aguas residuales, sino caños que son vertientes de los ríos. Aguas que vienen dentro del monte, que nacen dentro del monte y que allá se reproducen también, son una especie de santuarios, lugares sagrados porque se reproducen los animales, que es la comida del pueblo indígena porque se reproducen los peces.. ¿sí?
En últimas son como despensas económicas, sitios donde está la comida, ¿sí? Y que hay que proteger porque allí se reproduce. Pero entonces si se hace minería, lógicamente la van a afectar y con ello se puede afectar el equilibrio que tiene que ver con la seguridad y la soberanía alimentaria.
—Bueno, ahora yéndonos más hacia el tema del empleo, cuéntenos ¿cómo son esas condiciones para quienes trabajan en la minería?.
—Si lo entendemos desde la lógica del derecho al trabajo digno, ¿sí? Que está en el artículo 25 constitucional, que eso no se cumple. Porque las comunidades indígenas que trabajan en la minería no son patrones. Por ejemplo, yo no conozco el primer indígena que se haya hecho rico en la minería y de hecho también obedecen a esas lógicas de economías que no son economías estables, ¿sí?
Entonces, por lo tanto son muy informales y más aún cuando son ilegales, porque aún cuando hayan licencias no hay la licencia principal que es la ambiental. Por eso aquí no han podido hacer una explotación minera legal. Por eso aquí la minería que se hace que surge en este departamento, así haya una zona minera y así hayan tres 13 títulos en el momento, 13 licencias, pues no son legales porque no hay un título, no hay una licencia ambiental otorgada todavía y para dar una licencia ambiental, pues tiene que haber un estudio de impactos y un plan de manejo de impactos ambientales.
Y pues eso no ha sucedido, entonces digamos que que no hay una formalidad en materia de las condiciones laborales y son hasta peligrosas. Por lo menos en lo que tiene que ver con lecho de río, por ejemplo. Hay algunos buzos cuentan las historias, no me consta porque son las historias que cuentan la gente desde las zonas mineras, es que hay gente que ha quedado sepultada porque sin darse cuenta, como eso es oscuro en la profundidad y ellos trabajan horas y horas, puede llegar el día y la noche, y ellos no saben en qué horas están. No se dan cuenta en qué momento al estar explotando en una orilla han socavado tanto la orilla que se les viene la barranca encima y ya no los pueden sacar.
Estamos hablando de un peso de tierra que les cae encima, entonces ya de paso ya los mata. Dicen que eso ha pasado en esas explotaciones. Entonces, ¿qué condiciones puede haber en un muchacho que se conecta a una manguera varias horas, cuyo aire sale de un compresor de un motor diesel que está haciendo combustión porque funciona con ACPM, creo que es que funciona. Y eso es lo que él recibe o cuando utilizan el mercurio muchos de ellos lo hacen descalzos para batir en el recipiente donde está la arena, donde está la arena con la pelusa y donde meten el mercurio para que vaya atrapando el oro. Que es lo que después se va a quemar para que quede solo oro y el mercurio se esfume gaseosamente y luego vuelva a caer ya sólidamente cuando ya llega a temperatura ambiente, ¿sí? No son condiciones dignas, no son condiciones apropiadas.
Entonces, ¿cuáles son los obstáculos que enfrentan las personas indígenas para acceder a empleos formales que ofrezcan condiciones dignas, pero que también les permita sostenerse técnicamente?.
Pues en honor a la verdad, por las condiciones del territorio, la mayor parte de la población es indígena o somos indígenas, porque yo hago parte también del pueblo Curripaco y casi el 75% de la población somos indígenas, constituidos a partir de 1986, del 89 y de 2000. Creo que el último es como del 2007 o 2009. Cada vez somos menos, desde luego, porque el proceso colonizador es fuerte y sobre todo porque pues hay una lógica que impera acá es que la mayoría de los gobernantes en estos territorios no son indígenas, ¿sí? Son personas no indígenas y que cuando llegan al poder, pues traen mucho de su gente amiga o sus compromisos políticos externos y por ende se va creciendo la población no indígena.
Entonces, hemos tenido presencia colona en diferentes momentos. Molano las categorizaba en tres grupos, la colona, la misionera y la burocrática. Pero cada una de ellas tiene diferentes momentos, ¿sí?
Digamos que la tardía pues es la que se da hacia los años 40 con extractores de recursos naturales, y también las pieles porque la Amazonía ha sido la despensa de las materias primas de las demandas globales, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir aquí nosotros frente a esos temas? Finalmente la minería se convierte también en una alternativa que ayuda pues a la economía.
Entonces, es el gran dilema sobre la contaminación ambiental porque pues no se hace una minería responsable y no creo que haya minería responsable, eso es un sofisma de distracción porque toda minería es una alteración al medio y esa alteración va a generar algún tipo de afectación.
Estos son departamentos que dependen mucho del nivel central de los recursos del estado porque aquí no hay empresas, son pequeños municipios. Nuestra población aquí está en el promedio de 52 000 y pico habitantes. Pero hay muchas necesidades también porque no hay, ahí sí como se diría, “no hay cama para tanta gente” en materia laboral con el estado. Y el comercio es muy pequeño, es incipiente, entonces como para decir que es que se van a generar muchos empleos y eso, no.
—¿Y qué propuestas o iniciativas o alternativas hay desde la comunidad para, tal vez, transformar un poco esa realidad de la minería?
—En este momento la alternativa que está pegando fuerte es el turismo de naturaleza y cultural, pero además comunitario porque ya digamos que colonos iniciaron el negocio, pero también se ha ido promoviendo mucho hacia sectores indígenas. ¿Sí? Pero obviamente esto también puede, si no se controla, si no se regula, pues se puede convertir también en un problema.
Es que estamos en la Amazonía, por eso yo digo, no cualquier alternativa, tiene que ser muy bien estudiada para poder generar ingresos que sean sostenibles. Y cuando hablo de sostenibilidad, hablo también del tiempo, no ambientalmente nada más.
—Ahora, el año pasado en 2024 el gobierno expidió el Decreto 1275, por el cual se establecen las normas requeridas para el funcionamiento de los territorios indígenas en materia ambiental por parte de las autoridades indígenas en coordinación con las demás autoridades o entidades ambientales. ¿Cómo fue recibido ese decreto por las comunidades? Y desde su perspectiva ¿qué se podría analizar de esto, teniendo en cuenta que después el resguardo indígena Chorobocón emitió una resolución que autorizaba la explotación minera en 1.043 hectáreas de la Reserva Forestal de la Amazonía, pero que después tras una tutela del Ministerio de Ambiente se anuló ese proyecto?
—Las comunidades lo entendieron de buen recibo, es decir, le parecía muy bueno porque era un reconocimiento a esa calidad y autoridad que ya le estaba diciendo la Constitución y es como dar una herramienta para poder entender lo que está diciendo la norma superior. Y es como poderlo llevar a territorio. Pero también el ejercicio era entender como autoridades, pues que también tiene unos límites, porque no estamos en un estado plurinacional.
Estamos, según la Constitución dice que Colombia es un estado único. Pues es lo que yo llamaba un “arma de doble filo”, si las autoridades no lo entienden desde la lógica de los usos y costumbres, que fue lo que sucedió acá cuando se solicitó por parte del resguardo para el proyecto minero, la sustracción de un área de la Reserva Forestal. Y resultó que esa área de sustracción tenía que ver incluso con el río.
Entonces, el decreto 1275 fue utilizado por el resguardo para invalidar, para no aceptar la decisión que tomó el Ministerio de Ambiente de negar la sustracción. Entonces, ellos niegan la del Ministerio y sacan una resolución basada en ese decreto para autorizar la sustracción. No teniendo en cuenta que el decreto no estaba cambiando el orden de las instituciones del Estado, ¿sí? Le estaba dando un poder, pero también un poder que bajo el principio constitucional de concurrencia, pues también tiene que respetarse. Y que las autoridades están embestidas es para colaborarse mutuamente para cumplir ese fin esencial, ¿cuál? Las buenas condiciones de la comunidad, ¿sí? Y el ambiente es uno de ellos. Y eso creo que no lo entendían de ellos y sus asesores tal vez lo entendían, pero preferían hacerse los de las gafas para poder hacer esos amaños, sus expresiones amañadas.
—Bueno, Leonardo, ya ahora para para cerrar, le pregunto ¿qué espera o qué exigiría usted por parte del Gobierno teniendo en cuenta que hace parte de una comunidad indígena, que vive en Irida, teniendo en cuenta como todas las condiciones geográficas de este lugar para que realmente se respeten los derechos de las comunidades y que también se les ofrezca un empleo formal digno?
—Yo lo que creo que está en mora y ya la Corte Constitucional se pronunció frente a una demanda que fue el caso en Vaupés, es que se debe realmente de manera decidida y oportuna, regular los temas de los proyectos REDD+ y todo lo que tiene que ver con bonos de carbón. Porque es una oportunidad para los pueblos indígenas, pero son otros los que se están llevando la mejor parte, y no son de acá del territorio. Y entonces a nuestras comunidades las convencen de que es un buen negocio y, en el mejor de los casos, de pronto puede que se dividan en 50 - 50. Pero es muy verraco que yo sea el dueño de la casa y sea el dueño de toda la riqueza de la casa y venga otro y me proponga un negocio porque hay alguien que me quiere comprar lo que yo tengo adentro y ese otro se me lleva el 50% , siendo yo el dueño. ¿Sí me hago entender? Porque además hay un gran dilema ahí, ¿no?
Yo le decía a mis compañeros “¿de dónde provienen esos recursos de los bonos de carbono, de los proyectos REDD+ más?” Yo le decía "son países que están contaminando, que han destruido, que siguen contaminando, que no están cumpliendo con los procedimientos o los protocolos internacionales, pero pues que justifican el pago a aquellos países que conservan para ellos seguir haciendo lo que están haciendo. Y pues obviamente artistas que se suman a ese tipo de de dinámicas, de negocios y entonces es como si, le pongo este ejemplo: es como si usted vive en la casa con sus padres y es un dependiente de su familia y sobretodo de su papá porque es el que provee, su mamá es una ama de casa, pero su papá le pega a la mamá y a veces es brusco, fuerte con ella que puede llegar a afectarla demasiado y en algún momento hasta matarla si es dado el caso , pero usted no dice nada porque es que su papá lo mantiene.
Entonces ahora nos hacemos llamar los guardianes y los protectores de la madre tierra, pero entonces estamos endulzados con los bonos de carbono porque entonces nos llega un recurso ¿Sí?
Donde el que hace el negocio con el recurso externamente, se lleva una buena parte del recurso y yo entonces acepto que sigan pagando y me beneficien con esos bonos mientras siguen contaminando el planeta o la madre tierra. ¿Sí? Entonces, por eso les ponía el ejemplo, entonces usted sigue dejando que le peguen a su mamá porque vive de su papá.
—Leonardo, muchísimas gracias por estar acá en El Megáfono y por responder a nuestras dudas.
—Valeria, muchas gracias a su mercé y a los oyentes, escuchas y miradores de este programa, de este podcast. Espero que llegue, sobre todo me gustaría que llegue mucho a jóvenes. Siempre he creído que en ellos está cifrada la esperanza, incluso acá en mi territorio. Y yo digo a la gente: la Amazonía no es un tema de los guainianos, ni de los seis departamentos, ni de los ocho países de la cuenca. La Amazonía es un tema del mundo en el papel que está jugando actualmente y aquí tienen que preguntarnos a todos y a todas los que tenemos que ver con este territorio que llamamos la Gran Cuenca. Pero así mismo el enfoque de desarrollo tiene que mirar que aquí también hay necesidades y que el enfoque tiene que ser desde esta Amazonía para la vida, pero las necesidades no dan espera, por lo tanto tiene que ser de manera decidida.
Locución: Valeria Ortiz
Guión y entrevista: Valeria Ortiz
Edición: Valeria Ortiz
Ilustración: Camila Bolívar
Coordinación general: Ángela Martin Laiton
El manantial de Cañaverales en San Juan del Cesar, al sur de La Guajira, es una reserva natural protectora con aguas subterráneas en medio del bosque seco tropical, que abastece de agua a todo el corregimiento de Cañaverales y a algunas zonas aledañas. Fui a Cañaverales, visité el manantial y hablé con algunos líderes del pueblo para retratar este lugar y contar su importancia para nuestro departamento.
Locución: Maira Fragozo
Guión y entrevistas: Maira Fragozo
Edición: Valeria Ortiz
Ilustración: Consonante
Coordinación general: Ángela Martin Laiton
Estela Marrugo, modista retirada, pero artista de corazón, ha dedicado más de 20 años consecutivos a desfilar en el Carnaval de Fonseca y en el Festival del Retorno. Con sus trajes, entusiasmo y baile ha marcado la historia, convirtiéndose en un ícono de la tradición cultural en Fonseca, en el departamento de La Guajira. En este episodio les contamos acerca de su vida alrededor de su amor por los desfiles y carnavales.
Créditos:
Locución: Dalis Bolívar
Guión y entrevistas: Dalis Bolívar
Edición: Valeria Ortiz
Ilustración: Luisa Burgos
Coordinación general: Ángela Martin Laiton
La cancha Emiliano Chaverra es el principal escenario deportivo del municipio de Tadó en el departamento de Chocó. Por años su terreno fue en gramilla, pero en 2012 inició el proyecto de construir una cancha sintética. El 31 de marzo de 2025 se inauguró; sin embargo, no cumplió con las expectativas de los tadoseños. Escucha en este episodio la historia completa.
Locución: Sory Marcela Jordan
Guión y entrevistas: Sory Marcela Jordan
Edición: Valeria Ortiz
Ilustración: Camila Bolívar
Coordinación general: Ángela Martin Laiton
