Líderes de las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes de la zona conocida como La Trocha, en El Carmen de Atrato, acordaron promover la convivencia pacífica en la última mesa de diálogo realizada a finales de abril. El encuentro buscó establecer soluciones a los conflictos interétnicos que se presentan de manera constante en este territorio. 

La cita se dio luego de que el pasado 16 de abril el campesino de la vereda El Piñón, Carlos Arturo Muñoz, fuera retenido por guardias indígenas en su casa y llevado hasta la comunidad El Dieciocho, donde horas después fue liberado gracias a la intervención de las organizaciones sociales afros y campesinas, la alcaldía municipal y la organización indígena Fedeorewa. Según denunció Muñoz, estaba siendo víctima de extorsiones y amenazas de indígenas que se hacían pasar como integrantes del ELN.

A esta situación se le suman las denuncias contra habitantes de la zona y el sector camionero relacionadas con robos, extorsiones y tráfico y alto consumo de sustancias psicoactivas en la zona.

Según indicó Adanies Palacios Rivas, personero municipal, la intención del encuentro fue acordar la convivencia pacífica entre todos los indígenas, campesinos y afros: “Aquí tenemos problemas de tierras, de comisión de delitos, de convivencia. En la actualidad no tenemos presencia de actores armados en la zona. La propuesta es que los líderes que están aquí asuman un compromiso”. Los líderes además hablaron de la seguridad y de cómo enfrentar el aumento del consumo de drogas ilícitas en sus comunidades.

Entre los acuerdos principales de la mesa de diálogo se destacaron: el respeto y compromiso de convivencia pacífica entre las partes, el respeto por el territorio y la necesidad de identificar a las personas que están extorsionando o cometiendo delitos para aplicar la ley, ya sea indígena u ordinaria.

¿Qué plantearon los líderes indígenas?

Javier Arrieta, coordinador de la mesa de diálogos indígena y de la Asociación Orewa, ofreció disculpas a los campesinos por los casos de extorsiones y de robos en los que se han visto relacionados indígenas. “Quiero iniciar pidiéndole disculpas a nuestros hermanos campesinos, nos hemos equivocado irrespetando a nuestros compañeros campesinos y a nuestros compañeros indígenas. Nosotros vivimos de los que nos vende don Carlos, Rubí, y viceversa, nosotros vendemos nuestros productos al campesino. Hoy nosotros como indios no podemos extorsionar a nuestros campesinos a nombre del ELN (...) Hoy es el día de hablar, cuántos han extorsionado, cuántos han afectado”.

Arrieta, además, hizo un llamado a la institucionalidad para que brinde garantías que les permitan tener una casa por cárcel, con una estructura adecuada, para sancionar a quienes cometan delitos. Actualmente cuentan con una en Sabaletas, pero por su deterioro se han logrado escapar varios presos. “Nos encontramos preocupados porque nuestros hijos están haciendo daños y por esto nos sentimos tristes, pero para buscar el castigo existe la ley indígena y ordinaria”, indicó.

Frente a esto, Orlando Vitucay, líder indígena de Río Playa, pidió el apoyo de las autoridades para frenar los delitos que puedan cometerse. “Nosotros estamos descuidando a nuestros jóvenes, como comunidades y como alcaldía. Nosotros tenemos la ley, tenemos castigos y sanciones, pero les pido al personero y a la institucionalidad que no nos dejen solos. Estamos avanzando con el proyecto del Ministerio del Interior en el fortalecimiento de la guardia indígena. Nosotros sabemos dónde están los expendedores de drogas, pero no los podemos capturar porque no tenemos autoridad fuera de nuestras comunidades”.

Otros líderes, como Ferley Tequia Vicuña, de bajo Río Grande, reconocieron el daño a la comunidad de La Trocha. “Los jóvenes que están haciendo daño en la carretera no están respetando. Ya se han dado consejos y castigos internamente y dentro del reglamento se plantea el traslado a otro territorio. Si hay pruebas, esto es lo que se debe hacer”. 

Orlando Queragama, líder indígena de El Dieciocho, por su lado, dijo que los jóvenes que extorsionan son de la comunidad. “Nosotros no somos un grupo armado, no somos secuestradores. Nos llamó el capitán Salazar, del batallón de Quibdó, dónde están estos tres muchachos que son extorsionistas, nosotros en jurisdicción especial tenemos la ley indígena y así lo vamos a resolver. Nosotros mismos debemos concertar en el congreso indígena”.

Los líderes indígenas también pidieron perdón por la agresión de la que fue víctima Carlos Muñoz. “Pido perdón a don Carlos y al mismo tiempo le pido que se excuse por agredir al gobernador indígena”, dijo Julio César Queragama, coordinador de la mesa indígena de El Carmen de Atrato.

¿Qué plantearon los líderes campesinos?

Los líderes campesinos que asistieron a la reunión estuvieron de acuerdo en que el camino es buscar la convivencia pacífica. “Quisiera que el tiempo de la tranquilidad regrese. Les hago un llamado para que podamos vivir en comunidad”, dijo Melba Rosa Agudelo, coordinadora de la Plataforma Campesina de El Carmen de Atrato. “No solamente son las comunidades las que cometen errores, nosotros como campesinos también los cometemos. Es un problema de toda la sociedad”, indicó Ramiro Giraldo, líder campesino e integrante de la mesa ambiental de La Trocha.

Sin embargo, también señalaron que ha habido otros actos violentos que deben revisarse. “Hay amenazas de muerte, agresiones físicas y verbales, robos de peces y cultivos. Amenazas a líderes y lideresas y les falta a las autoridades indígenas responsabilidad para gobernar en las comunidades”, agregó Isabel Cristina Rincón, presidenta de la junta de acción comunal del 11, 12 y Piñón. 

Melba Agudelo explicó que incluso los campesinos han pensado en crear una guardia campesina para protegerse, o que la propia guardia indígena también les preste protección. Para lograrlo, dijo, se requiere capacitación. 

Marcela Sánchez, coordinadora de la Plataforma Campesina, reconoció las disculpas de las comunidades indígenas y la fuerza de la unidad de las mismas. “Es importante tener objetivos comunes partiendo de la base que somos todos y todas carmeleños. ¿Hasta dónde como carmeleños reconocemos esa trietnicidad? A todos y todas nos ha tocado el desarraigo y la violencia, por ello debemos partir del respeto y de la ancestralidad que nos une por la defensa de nuestros territorios, reconociendo nuestros procesos y nuestros objetivos y buscando unos puntos comunes, la plataforma está para acompañar y para mejorar”.

Los líderes campesinos además solicitaron a las entidades del estado la puesta en marcha de capacitaciones en donde se definan los derechos y deberes tanto al interior de las comunidades indígenas, como fuera de ellas y, al mismo tiempo, se capacite en legislación ordinaria.

¿Qué dicen las autoridades?

Piedad Estela Montoya, Secretaria de Gobierno de El Carmen de Atrato, sostuvo que en relación a las diferentes dificultades entre las etnias se deben elevar querellas ante la inspección de policía. “Se debe buscar el debido proceso en todos los casos. Es importante pedirle al sistema de justicia que avance con más celeridad frente a los casos que se vienen presentando en este sector”, dijo.

Además, Mónica Monsalve, enlace de víctimas, sostuvo que ya se solicitó el fortalecimiento a la guardia indígena y a los líderes indígenas, pero que eso requiere de un compromiso de las comunidades.

Por su parte, la Personería municipal planteó revisar con la guardia indígena que ningún niño participe en los bloqueos para proteger sus derechos. Además, indicó que sobre la vía nacional no se pueden hacer capturas por parte de las comunidades indígenas, porque no son sus territorios.

Lo que sigue

El Padre Rodrigo Ortega, integrante de la pastoral social de la Diócesis de Quibdó, invitó a mejorar la convivencia en la zona y planteó que se deben solicitar proyectos comunes y generar espacios de diálogo. Además, realizó la invitación oficial para un encuentro interétnico el 15 de junio.

Antes de esta fecha, se realizará una asamblea indígena en la que se hará seguimiento a los acuerdos. Los campesinos y los afros informaron que se reunirán internamente para formular sus propuestas que serán llevadas a la mesa interétnica. Todos afirmaron que es necesario reactivar y dar continuidad a esos espacios.

Por último, las comunidades solicitarán ante el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia capacitación en justicia indígena y ordinaria; y a la Alcaldía, el reconocimiento de las etnias en El Carmen de Atrato.

Por más de 30 años, Margarita María Cardona ha sido guardiana de la biblioteca pública municipal de El Carmen de Atrato. Su trabajo comenzó en 1987 cuando le entregaron unos libros viejos y obsoletos para prestar a estudiantes en un salón pequeño. Hoy la biblioteca está entre las principales del departamento. Durante el 2022 tuvo 6.900 visitantes y en enero de este año la cifra alcanzó los 650. 

Pero su trabajo y el de Nohelia Taborda, quien lleva 7 años como auxiliar de la biblioteca, no solo se evidencia en las cifras. La biblioteca ha ganado concursos del Ministerio de Cultura para fortalecer sus recursos y hoy tratan de reunir recursos para llevar sus libros a las veredas.

Margarita está vinculada de planta en la alcaldía municipal como auxiliar administrativa de la biblioteca desde 1991. La biblioteca ha sido su primer y único trabajo. “En 1987 el entonces alcalde del municipio, Gustavo Vélez,  me encargó la labor de cuidar unos libros. Cuando empecé, la biblioteca era un salón pequeñito, tenía un poco de libros viejitos y obsoletos. Al principio daba cine por la noche y cobraba la entrada para poder comprar libros, para que los estudiantes pudieran hacer las tareas, y en ese entonces la alcaldesa nos donó un televisor y un betamax”, recuerda.

La biblioteca era pequeña y Margarita comenzó a organizar los libros con códigos como había aprendido en el colegio. En ese entonces se manejaban tarjetas por autor, título y tema. Con el tiempo, para 1995, se logró que la sede hiciera parte de la red nacional de bibliotecas, se fortaleció el  material bibliográfico y el acceso a convocatorias. En uno de esos programas ganaron un premio de 50 millones de pesos por parte del Ministerio de Cultura.

La biblioteca ha sido reubicada en múltiples oportunidades. En un momento estuvo donde actualmente funciona la Junta de Acción Comunal central: “Ahí llegó la biblioteca y lloré cuando me metieron en ese hueco, me tocó amontonar los libros, porque no cabían y no había estanterías. Cuando llovía se inundaba el salón y había una alcantarilla en la parte de atrás y olía horrible, se veían pasar las aguas negras, allá no quería ir nadie. Salí para donde el alcalde y le dije que así no podía trabajar, que eso afectaba la salud de la gente y la mía, entonces me pasaron para un salón de la alcaldía”.

Estando en las instalaciones de la Alcaldía, ocurrió la toma de las exFarc del 5 de agosto de 2000. Parte del edificio quedó destruido. Margarita, en medio de los escombros, recogió los libros que se salvaron y los cargó entre costales. 

Luego de la toma guerrillera, todo indicaba que la biblioteca la iban a cerrar.  Sin embargo, Margarita encontró un espacio para reubicar nuevamente los textos en el aula múltiple de la escuela Luis Agudelo. Allí la situación era muy complicada por el ruido y porque pocas personas llegaban.

La biblioteca dio muchas vueltas, pero finalmente el gobierno nacional en compensación por el daño a causa del conflicto armado construyó el espacio donde está actualmente (Calle 4 Guayaquil no. 4-35).

Además de Margarita, la biblioteca sobrevive gracias a Nohelia, quien lleva 7 años como auxiliar. Nohelia cuenta que cuando llegó era una persona demasiado tímida, pero su trabajo en la biblioteca le ha permitido encontrar su parte más humana y creativa. “Yo en ese entonces trabajaba en el Reparcheo del siete, cuando el alcalde del municipio era Jorge Iván Bedoya y cada rato le preguntaba si había algún trabajito, hasta que un día me dijo que había una vacante para la biblioteca”, recuerda.

Su contrato era para el manejo de la sala de sistemas, pero con el tiempo fue aprendiendo todo lo que se requiere para ser bibliotecaria y junto con Margarita forman un equipo que hace que la biblioteca municipal sea un referente para bibliotecas de otros municipios del Chocó. 

“Mi primera experiencia de lectura fue con Margarita en la sala infantil. Estábamos organizando unos libros cuando llegaron los niños de la guardería, tomé un libro de Ramón preocupón y empecé a leer temblando y luego fui perdiendo el miedo a hablar en público”, recalca. Su trabajo le ha permitido continuar con sus estudios, terminó un técnico en sistemas y en auxiliar administrativo y ha realizado otros diplomados del Ministerio de Cultura. 

Una de las actividades que Nohelia más disfruta es narrar cuentos. Ella no los lee sino que los memoriza y luego los cuenta, con el propósito de rescatar la tradición oral. “A mí me decían que salir a narrar cuentos era algo novedoso y me fui metiendo porque a la gente le gusta. Me aprendo el cuento, inclusive los mismos libros de acá, lo escojo y empiezo a narrarlo y a veces lo dramatizo”, dice. Margarita y Nohelia también trabajan con títeres, con manualidades y actividades lúdico recreativas con el propósito de innovar. 

Quienes llegan a la biblioteca agradecen tener un espacio adecuado para estudiar. Eso opina Isabela Pulgarín Tirado, de 13 años:  “Me gusta la biblioteca porque es un espacio muy agradable para hacer tareas, leer, estudiar y poder apoyarnos entre varios.  Acá además de estudiar, hay una llave del saber que nos permite llevar libros a la casa y devolverlos después”. A Isabela le gustan los textos sobre psicología y los que hablan sobre el ser humano. 

A Ana Sofía, de 13 años, le encanta la biblioteca porque “es un espacio tranquilo en el que podemos venir a hacer tareas, a leer y pasar el tiempo. Me gustan los libros de suspenso”. Por su parte, Daniela Sánchez Torres, de 13 años, va a la biblioteca porque es un espacio tranquilo donde puede hacer tareas. Ella prefiere los libros de romance y de crítica. 

Entre las actividades de la biblioteca se destacan:  el programa radial “Palabras al aire” los viernes, el proyecto “Cosmonautas de la lectura” donde a través de youtube promocionan la lectura, “Leyendo con los abuelos” en donde van a la casa hogar, “Susurros al oído" donde se envían audios con reflexiones por medio de WhatsApp y “Los carmeleños tiene quien les escriba”, que busca visibilizar escritores del territorio, imprimen una carta, le sacan fotocopias y se meten debajo de las puertas.

El reto de llevar la lectura a las veredas 

Nohelia y Margarita también sueñan con llevar estas actividades por fuera de la zona urbana, pero las oportunidades son pocas, porque no cuentan con el personal suficiente para hacerlo, ni con los recursos económicos para cubrir gastos de viaje. “No damos abasto en realidad,  hacer extensión bibliotecaria es fundamental, ir a todas las veredas, llegar a más personas, pero requerimos viáticos para poder salir”, puntualiza Nohelia.

En la actualidad la única biblioteca itinerante rural existente es la de la vereda El Porvenir, desde donde se busca  impulsar la lectura, el emprendimiento y la memoria histórica.  En el año 2019 salió la convocatoria del Ministerio de Cultura para las bibliotecas rurales itinerantes y una de las condiciones era que la vereda debía tener más de 100 habitantes, por esta razón se tomó la decisión de postular a la vereda El Porvenir.

Alicia Villegas, lideresa encargada de la biblioteca rural, advierte que tienen varios retos para seguir funcionando: “Primero necesitamos un espacio permanente para la biblioteca: es muy importante que tenga un lugar donde se puedan visitar, tanto la gente de la vereda y de otros lugares. También pedimos que se vincule a más voluntarias al proceso y la recuperación de la memoria histórica”.

Para Fabiola Soto, docente de la sede Gabriela Mistral de la Institución Educativa Marco Fidel Suárez,  “la biblioteca itinerante es un proyecto muy importante en la vereda y en la comunidad educativa, ya que los niños han mejorado en la lectura y en el análisis”. Esta opinión es apoyada por María Piedad Ruiz, quien inicialmente apoyó la biblioteca rural de El Porvenir: “Es importante la biblioteca porque se educa a los niños en el hábito de leer para adquirir conocimientos y mejorar la ortografía”.

La biblioteca itinerante rural se convierte en refugio de la cultura en las zonas más alejadas del municipio, pero para ello es importante que el gobierno nacional ajuste la propuesta y pueda ampliarla para que otras veredas puedan también ser beneficiarias, de la mano de la biblioteca municipal y la experiencia de Margarita y Nohelia. 

El trabajo de Margarita y Nohelia es parte de la vida cotidiana de niños, jóvenes y adultos que visitan la biblioteca, pero además una labor que va más allá de un simple contrato.  

Por qué es importante

Las mujeres rurales de El Carmen representan la mitad de la fuerza laboral del campo del municipio. Ellas mantienen los hogares, y también aportan en la producción de comida. Sin embargo, al igual que en el resto del país, la mayoría no percibe un salario. Para William Herrera, economista y líder del equipo de datos de la Dirección de Mujer Rural del Ministerio de Agricultura, esta situación debe cambiar. “Si queremos que nuestro país crezca, tenemos que hacer algo para que ellas releven su cuidado, entren en el mercado laboral, y sean parte de esta máquina económica de nuestro país”.

Qué está pasando

La mayoría de las mujeres rurales de El Carmen de Atrato cumple con el rol tradicional de ser las cuidadoras de su familia. Esto significa, como lo dice Llergmandi Rivera, “encargarme de la casa, de que las niñas estudien, hacerle de comer a entre siete y diez trabajadores, estar pendiente de las cosas de mi esposo y de mis hijos, mantener la casa organizada y la alimentación de todos”. Además, se suelen hacer cargo de otras labores relacionadas con el sostenimiento de la finca: ordeñar vacas, cortar el pasto, rajar leña, cuidar pollos o vacas, entre otras actividades. 

Sin embargo, lo que se dice en el pueblo es que las mujeres del campo no trabajan o que simplemente “están en la casa”. Incluso muchas de ellas afirman que “no hacen nada” o que son amas de casa. Su trabajo, entonces, termina por ser invisibilizado. A esto se suma que en El Carmen es poco el reconocimiento institucional y familiar que se le da al papel que cumplen ellas en la transmisión de saberes ancestrales o en el fortalecimiento de sus comunidades y organizaciones sociales. “En el campo a la mujer le toca trabajar fuerte, hasta quizás más fuerte que a los hombres, madrugar a despachar a los hombres con el desayuno, con trabajadores, a cuidar marranos, a lavar la casa, a organizar los niños a lavar la ropa… el hombre se echa la plata al bolsillo y uno no se ve sino el cansancio”, cuenta Julieta Restrepo Sánchez, quien vive con su exesposo, su hija y su nieta, y se dedica a trabajar en la casa y en la finca.

Las barreras que enfrentan las mujeres rurales

A la falta de reconocimiento de su trabajo se suman otros problemas que terminan por poner a las mujeres de la zona rural en una situación de desventaja y, muchas veces, a sumirlas en la pobreza. Aunque en El Carmen de Atrato no hay cifras, se sabe que en Colombia el 44 por ciento de los hogares con jefatura femenina vive en situación de pobreza monetaria, esto quiere decir que no alcanzan a ganar o producir un mínimo de 300 mil pesos mensuales por cada persona del hogar.

1. Tienen poco acceso a la propiedad de la tierra

Ana Gertrudis Sánchez heredó una finca de 30 hectáreas de sus padres, pero la propiedad está a nombre de su hermano. A pesar de esto, ella se siente dueña de su predio y, como propietaria, lo administra y genera ingresos a partir de él. A sus 64 años, Gertrudis vive sola, pues sus hijos se independizaron y su marido murió. Tiene cultivos de pancoger y "12 animalitos propios, pasto, cerdos y estoy sembrando comida porque la situación se ha puesto muy difícil, cuido marranos, gallinas, pollos”. Además, en su tierra tiene un kiosco al que la gente asiste los domingos a jugar cartas, dominó y a conversar. Gertrudis les vende tinto, perico, mecato, almuerzos y comida preparados por ella. El manjar más vendido es su pan de queso casado con panelita elaborada con leche y panela de la zona.

Como ella, muchas mujeres de El Carmen no tienen tierra a su nombre. Eso hace que sea más difícil acceder a créditos bancarios, porque son consideradas personas de alto riesgo para las entidades financieras precisamente por no tener la titularidad de las tierras o no poder acreditar ingresos. Esto muchas veces trunca sus proyectos productivos.

Otras podrían ser dueñas de la tierra, pero sería bajo la figura de la propiedad compartida. Es decir, la finca está a nombre del esposo, pero por ser esposas o compañeras permanentes serían propietarias del 50 por ciento del predio. Sin embargo, muchas mujeres no están informadas de este derecho y manifiestan que la propiedad es del esposo. 

En el peor de los casos, están aquellas que no tienen propiedad. Ellas trabajan y viven en fincas de otras personas que administran sus esposos, como es el caso de Blanca Nury Soto y Sara Rivera. Blanca Nury tiene 32 años y vive con su esposo y su hija de ocho años. Se reconoce como ama de casa, aunque desarrolla múltiples funciones. No es propietaria, pues a raíz del conflicto armado tuvo que abandonar la propiedad familiar de sus padres y aún no la logra recuperar. Además, en su núcleo familiar tenían un predio a nombre de su esposo y éste la perdió, según ella, en malos negocios.    

Esta no es una situación exclusiva del municipio. Históricamente las mujeres han tenido dificultades para acceder a la tierra. A pesar de que en 1984 se promulgó la Ley de Mujer Rural, solo los hombres, reconocidos como “jefes de hogar”, podían tener tierra a su nombre. Fue así hasta 1988, cuando la lucha del movimiento de mujeres campesinas logró que se reconociera que también había jefas de hogar. Pero esto no resolvió el acceso a la propiedad de los terrenos para las mujeres. En Colombia no se sabe en manos de quién está la tierra, ni cuál es el estado de los predios, pues no se ha hecho el catastro multipropósito, una herramienta que se propuso en 2016 con la firma del Acuerdo de Paz para saber cómo estaban las tierras rurales. Por esta razón tampoco se sabe, por ejemplo, cuántas hectáreas son de mujeres y cuántas de hombres, ni cuántas están formalizadas y cuántas no.

2. Trabajan dobles y triples jornadas con salarios bajos

En el municipio las mujeres rurales trabajan hasta tres jornadas: una, en las tareas de cuidado del hogar y de las familias; otra en las de la finca; y, algunas, también son lideresas sociales.

• Cuidar de la casa y de la finca. Las mujeres campesinas trabajan todo el día. Unas son “amas de casa”, es decir, trabajan en las labores de cuidado del hogar, que están relacionadas con la organización y limpieza de la casa, preparación de comida, el cuidado de los hijos y apoyo en su educación. Sin embargo, en ese mismo paquete se incluye cuidar animales y huertas caseras para autoconsumo y, en el caso de Blanca Nury Soto, también cortar pasto, rajar leña, encerrar animales, ordeñar vacas, hacer quesitos, entre otras labores de la finca. Ella no recibe ningún salario por todo su trabajo que, según su visión, es una colaboración a las labores de su esposo, que es el mayordomo de la finca y recibe un sueldo. De su salario le descuentan 100 mil pesos para el pago de seguridad social, sin embargo, Blanca en este momento no sabe si tiene salud o no: "mija nunca nos hemos enfermado pa comprobar si estamos asegurados o no".

• Cuidar de la casa, de la finca y jornalear. Estas generalmente trabajan por días en fincas cercanas en labores domésticas o en cultivos desarrollando labores de limpieza, recolección y selección de frutas u otros productos, entre otros. Esta actividad la realizan al tiempo con labores de cuidado en el hogar y en sus propios terrenos. Generalmente les pagan por día de trabajo, pero menos que a los varones. Mientras a un hombre se le pagan de 40 a 50 mil pesos, a las mujeres le pagan entre 35 y 45 mil al día. En los casos de las guluperas y las aguacateras, les pagan lo mismo a los hombres y a las mujeres, sin embargo para cargos permanentes en la mayoría de los casos contratan hombres por el salario mínimo con prestaciones sociales y a las mujeres las contratan por días, sin ninguna prestación.

• Cuidar de la casa, la finca y comercializar. Otras mujeres, además, mantienen los cultivos (abonan, podan, entre otros), recolectan y comercializan productos. Estas mujeres les pagan dependiendo de los precios del mercado y no reciben ningún tipo de prestación social. En el caso concreto de Ana Gertrudis, lo que produce la finca no le alcanza para sostenerse, y por ello debe trabajar los fines de semana en el kiosco para poder comprar su alimentación y cubrir los gastos de su hogar.
  

• Cuidar de la casa, la finca, comercializar y liderar sus comunidades. Luego están quienes, además de todo eso, también desarrollan labores comunitarias y sociales. Este es el caso de lideresas sociales, ambientales y defensoras de derechos humanos, que deben ir a reuniones constantemente, salir a la zona urbana o a otros municipios, hacer cartas, propuestas o documentos, visitar a familias o personas de la comunidad, entre otras. Estas mujeres por lo general no reciben pago por este trabajo de liderazgo, por lo que venden los propios productos extraídos de la finca para generar algún tipo de ingreso. María Fernanda Vélez es una de ellas. Su familia fabrica quesos y derivados lácteos, además de vender pollos. Otras lideres como Marcela Sánchez, Alicia Villegas, Dora Agudelo o Liliana, comercializan dulces o huevos felices y hacen guacamole, artesanías.

A nivel nacional las mujeres trabajan más que los hombres, pero ganan menos. Según la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo, el promedio total de horas de trabajo de las mujeres en zonas rurales es de 14 horas con 22 minutos diarios, pero solo reciben remuneración por el 38,1 por ciento del tiempo diario trabajado. O sea, trabajan la mayor parte del tiempo sin paga. En los hombres el trabajo remunerado es del 72,7 por ciento, y trabajan diariamente 11 horas con 55 minutos. Esto se debe a que realizan más trabajo de cuidado o doméstico, pero no es lo único que hacen por lo que no les pagan. De hecho, el ingreso mensual promedio de las mujeres en 2020 fue de 93.129 pesos, mientras que el de los varones fue de 339.853 pesos.

3. Enfrentan dificultades para estudiar

Vivir lejos de las escuelas y tener que moverse por vías en mal estado son un obstáculo para que las mujeres estudien. Blanca Nury, por ejemplo, no pudo terminar la primaria. La Institución Educativa Rural en la que estudiaba quedaba a hora y media de camino y por las condiciones del clima de la vereda Guangarales debía amanecer en semana en la escuela. Esta situación hizo imposible que siguiera estudiando. A ella le gustaría terminar por lo menos la primaria, pero por sus múltiples ocupaciones no tiene tiempo para hacerlo.

Otras persisten hasta el bachillerato, pero muchas no lo terminan porque encuentran pareja y conforman familias a temprana edad, dejando de lado la educación. Lina Marcela Gómez, de la vereda La Argelia, recuerda que quiso hacerlo, pero “nos quedaba muy duro a nosotras solas… Ahora es que uno piensa, si yo hubiera estudiado… desde pequeñita quería estudiar para policía”, dice. Para ir a clases debía vivir en el pueblo, lejos de su familia, y era muy costoso. Llergmandi Rivera Ibarra quiso estudiar pero la situación económica de su familia era difícil y luego de casarse su esposo pensaba que ella no necesitaba estudiar porque ya lo tenía todo.

Y aunque son pocas, también hay mujeres técnicas, tecnólogas y profesionales, pero no logran ejercer su profesión y seguir viviendo en el campo. En otras palabras, deben elegir entre sus fincas y el cuidado de sus familias y su desarrollo profesional. Julieta, por ejemplo, estudió enfermería y trabajó un tiempo en el Hospital, sin embargo, después de casarse y tener su primer hijo deseaba continuar trabajando, pero su esposo se opuso y ella tuvo que dejar su trabajo y retomar las labores de la finca y del campo. Marcela Sánchez es politóloga y ama su profesión, trata de ejercerla en todo momento al interior de las diferentes organizaciones sociales de las que hace parte, sin embargo, ella sabe que para ser remunerada por su trabajo tendría que salir de su vereda y posiblemente del municipio, ya que hay pocas opciones laborales y no existen medios para trabajar virtualmente. 

4. Tienen poca representación en las organizaciones sociales

Hay mujeres rurales que reconocen la importancia de participar en las organizaciones sociales y hacerse escuchar, por lo que sacan el tiempo para desarrollar su trabajo como lideresas. Esto se ve en Guaduas, donde la mayoría de los cargos directivos son ocupados por mujeres. Por ejemplo, tanto en Agroecotur como en la Junta de Acción Comunal hay “un matriarcado”, y los hombres respetan sus opiniones y sus decisiones. Además, en el municipio hay tres organizaciones de mujeres: Mujeres Artesanas de El Carmen, Mujeres Artesanas de El Siete y la AMUCA. Las dos primeras son asociaciones en las que las mujeres elaboran productos y los comercializan para generar algunos ingresos alternativos para los gastos familiares; mientras que la tercera es una organización que a pesar de contar con personería jurídica, lleva varios años inactiva.

Sin embargo, esta no es la regla. En la mayoría de organizaciones del municipio (ASOHASSCA, ANUC, Fundación Mesa Social y Ambiental, Asociación de Caficultores de El Carmen, Mesa de Victimas, Mesa Indígena, Club de caminantes Cerro Plateado, entre otras) los representantes legales son hombres y las mujeres ejercen cargos de apoyo, como la secretaría. En ocasiones las voces de las mujeres no son escuchadas. Por ejemplo, Llergmandi siente que en la vereda La Argelia su voz no es tenida en cuenta y a pesar de ser una mujer participativa, manifiesta que mientras exista una Junta de Acción Comunal inactiva será muy difícil solucionar las problemáticas de la comunidad. Lo mismo siente Julieta, que hace parte de Agroecotur y de la JAC de Guaduas, pero cree que su participación es débil porque tiene 73 años. Además, muchas mujeres no tienen tiempo para hacerlo o consideran que no les corresponde participar en las organizaciones sociales. Para ellas, esta es una tarea de los hombres.

William Herrera dice que esto es algo evidente. “En los últimos estudios que ha hecho el Dane hemos podido notar que las mismas mujeres rurales creen que tener poca participación en instancias culturales, administrativas o económicas está bien porque su rol no es ese”. Según la Encuesta de Cultura Política 2021, el 80 por ciento de las personas en la ruralidad no pertenece a ningún grupo u organización. De la población que sí participa, la mayoría son hombres, con 20,5 por ciento de participación, frente a un 18,8 por ciento en las mujeres.

¿Cuáles son las soluciones?

Para transformar la situación de las mujeres rurales se necesita un cambio estructural en la forma en que la sociedad ve a las mujeres, que sigue siendo como las cuidadoras naturales. Para el economista es necesario transformar ese concepto. “Hay un trabajo importante desde el Estado, que es eliminar ese pensamiento para poder avanzar en un desarrollo rural inclusivo”. 

Esto se hace difícil en El Carmen de Atrato. David Jiménez, coordinador de la Umata, cree que estos problemas quedaron en el pasado. “Las mujeres del campo en El Carmen de Atrato, como en el resto de del país, en el pasado fueron discriminadas por una sociedad machista, que solo les reservaba la tarea de cuidar a los hijos y hacer de comer, pero en la actualidad eso viene cambiando”. Jiménez explica que ahora manejan la economía de los hogares y están atentas al buen funcionamiento de los cultivos, además de trabajar en los procesos de producción, pero no habla de que ganan menos por sus labores del campo ni de que no reciben pago por su trabajo en el hogar.

En el municipio no hay un trato diferenciado para las mujeres del campo. Por ejemplo, a pesar de que en el mercado campesino, que organiza la Umata, participan diversos emprendimientos femeninos, algunos de ellos de la vereda Guaduas, el apoyo es el mismo para todo el mundo.

Las acciones afirmativas para reducir la brecha que ha tomado el Ministerio de Agricultura y del Estado podrían servir de ejemplo para las autoridades locales. Es el caso de los programas Agricultura por contrato, El Campo Emprende y Alianzas Productivas, en los que el Ministerio prioriza o califica mejor los proyectos liderados por mujeres. También está el proyecto Oportunidades Pacíficas, que busca fortalecer la autonomía de las mujeres, mejorar su seguridad alimentaria y ayudarlas a reconocer sus derechos. En el Chocó hay 194 mujeres vinculadas. 

Lo que requieren las mujeres

Son las mujeres las que saben qué es lo que necesitan para avanzar hacia la igualdad y para resolver los problemas que viven. Las carmeleñas están de acuerdo en que hay al menos tres aspectos que son urgentes. 

• Tener acceso a internet y señal de celular para que, quienes lo deseen, puedan acceder a información sobre educación e incluso a capacitarse o trabajar. Esto, además, les daría la posibilidad a sus hijos para estudiar de manera virtual desde el bachillerato hasta los niveles, técnicos, tecnológicos o profesionales.

• Más oportunidades para trabajar y que las entidades les ayuden a elaborar o participar de proyectos en donde se apoye a las mujeres del campo.

• Mejorar las vías de acceso a las veredas para facilitar la venta de los productos, al reducir los costos y esfuerzos. Con estos sus proyectos o emprendimientos podrían ser más viables.

Por qué es importante

La falta de información sobre la menstruación lleva a que muchas mujeres y niñas no comprendan qué está pasando en su cuerpo cada día. Es decir, no tienen conciencia sobre las emociones, los cambios corporales o el nivel de fertilidad que experimentan en las diferentes etapas de su ciclo menstrual. Esto, a su vez, les impide tomar decisiones informadas sobre cuál método anticonceptivo es mejor en cada caso o sobre las opciones de productos disponibles para gestionar el periodo. Una de las consecuencias más evidentes son los embarazos a temprana edad. En 2020, según el Dane, 4.268 niñas entre los 10 y los 14 años fueron madres.

La situación se agrava en las zonas rurales y en comunidades étnicas. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de Profamilia en 2015, de 17 temas sobre sexualidad, las mujeres de 13 a 49 años solo habían accedido a información sobre dos.

Menstruación sin tabú: ¿en qué consiste?

Es una propuesta que busca brindar información a las mujeres y niñas de El Carmen de Atrato, en principio, sobre el ciclo menstrual. El proyecto nació en Quibdó en 2021 y fue idea de varias jóvenes, entre ellas Rosy Chaverra Pacheco, líder estudiantil quibdoseña. En El Carmen de Atrato lo encabeza Valeria Muñoz Gallego. 

Menstruación sin tabú, por ahora, contempla cinco fases: una apertura, un proceso de investigación,  varios talleres, foros y charlas de sensibilización e información, la recolección de apoyos y ayudas y finalmente la entrega de kits (con productos ecológicos) a mujeres del municipio. Busca, además, incluir a hombres (que entendiendo la naturaleza de la menstruación pueden acompañar y evitar comentarios despectivos) y mujeres, niños y niñas de todas las edades y en todos los lugares de El Carmen. 

En El Carmen empezó porque a Valeria, de 22 años, la mueve la defensa de los jóvenes y la gestión de sus problemáticas, y porque considera que “los jóvenes tenemos todas las capacidades para hacer muchas cosas, así seamos pequeños, porque la gente siempre nos ve como los chiquitos, como los que no saben, como los que deben estar con el papá de la mamá”. Además, esta joven que trabaja ayudando a sus padres a vender los productos de la panadería familiar y sueña con ser sexóloga, observó con preocupación que del periodo menstrual no se hablaba.

• El proyecto comenzó con una charla el 11 de diciembre acerca del ciclo menstrual. En la misma jornada se entregaron 50 kits de productos de higiene a 50 mujeres, entre ellas adultas, jóvenes y niñas. La empresa Miner S.A. aportó los recursos para comprar los kits. 

• El 29 de enero, en la reunión de conformación de la Plataforma juvenil del municipio, hubo otra conversación al respecto.

• También se están desarrollando programas radiales en la Emisora Cultural 2001 en los que se replican los talleres a través de una especie de conversación. En estos se han tocado temas como el ciclo menstrual, la historia de la menstruación y la importancia de esta en la vida de las mujeres y la sociedad en general. 

• Además, se creó un grupo de WhatsApp denominado Menstruación sin tabú. A través de este se difunde información acerca de los eventos y otros temas relacionados.

• Al día de hoy el proyecto cuenta con el apoyo de amigos y de la Corporación IFT, principalmente en temas de gestión y de asesoría técnica.

¿Qué está pasando en El Carmen de Atrato?

Desde que empezó a trabajar en la iniciativa, Valeria logró identificar que “no es fácil hablar del tema. En el Carmen tanto hombres como mujeres huyen cuando uno les menciona la palabra menstruación, porque todavía no aceptan que esto es algo natural”. 

Esto tiene que ver con la educación que reciben. En los talleres fue evidente que la información que brindan las instituciones educativas sobre este y otros temas relacionados con la sexualidad es muy incipiente. “En mi institución teníamos maestras que nos explicaban el tema, pero sacaban a los hombres para poder hablar con las mujeres, dizque porque los hombres no se debían entrenar. Según las docentes ese era un tema sucio y que a los hombres no les interesaba mucho”, cuenta una joven carmeleña.

Valeria, por su parte, se ha encontrado de frente con algunos tabúes. “Muchas personas me han dicho que no se dan clases de educación sexual en los colegios porque existe la posibilidad de que las niñas se embaracen por curiosidad. Para mí esto es falso, en la investigación que he realizado frente al tema, me he dado cuenta que hay lugares en donde se habla de sexualidad de manera más abierta y los embarazos a temprana edad disminuyen, porque los jóvenes saben cómo protegerse, saben a qué lugares pueden asistir en donde haya personas o profesionales que les puedan ayudar”, cuenta Valeria.

Las instituciones educativas, por mandato de la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) deben contar con cátedras de educación para la sexualidad en las que se haga especial énfasis en el respeto a la dignidad y a los derechos del menor. Sin embargo, esto no pasa en los planteles. Y en las casas, menos. 

Ella plantea su propio ejemplo: “mis papás me dijeron: pasa esto y lo otro con su cuerpo, esto va a pasar en algún momento, te va a llegar el período, vas a tener relaciones y el asunto funciona así. Para mí fue muy importante que mis padres me explicaran todo esto. Frente al tema se plantea además la importancia de que los padres se involucren en estos temas y hablen con mayor claridad con sus hijos. ¿Pero qué ocurre si los padres tampoco entienden el tema con claridad? este aspecto se liga entonces al desconocimiento”, agrega.

Natalia Mazo, secretaria de Salud de El Carmen, reconoce que en el municipio es difícil tocar el tema. “Todavía hay muchas partes, sobre todo en zona rural, donde se tiene como mucho miedo con ese tema. Las mujeres no mencionan que requieren, por ejemplo, toallas higiénicas o una pastilla para el cólico. Se aguantan muchas cosas y eso sigue siendo muy triste a pesar de que nosotros tratamos de llegar a todas esas zonas y mostrarles”.

Mazo explica que desde la Secretaría están trabajando en varias acciones en pro de la salud sexual y reproductiva desde el Plan de intervenciones colectivas y con apoyo de Profamilia. Además, con el apoyo de las instituciones educativas, desarrollan el programa Valiente, que busca sensibilizar y educar a los niños, niñas y adolescentes desde los 5 años, frente al ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos.

Pero esto no ha sido suficiente para llevar información completa a las mujeres y niñas, especialmente sobre la menstruación. 

¿Qué dicen los y las jóvenes?

Consonante buscó a diez jóvenes para hablar sobre la menstruación. La mayoría pidió no poder su nombre en este artículo. Estas fueron algunas de sus respuestas.

• “La verdad tengo muy poca información. Sí tengo, soy mujer y todo, pero mi familia ha sido muy conservadora en ese punto, mi mamá lo único que me ha dicho es a qué edad va a pasar y qué debo hacer frente a la situación, pero nada más”, dijo una joven.

• "Esta situación (la forma en que se mira la menstruación) es horrible y es horrible porque no es como algo natural, sino que se tiene la percepción de que es algo sucio y esto realmente nos afecta además porque es algo que vive con nosotros todo el tiempo", agregó una carmeleña.

• Varias jóvenes afirmaron que los hombres  les hacen bullying cuando se dan cuenta que una mujer está menstruando. Además, si una mujer es sensible, sentimental o llora en algún momento, siempre se atribuye esta situación al periodo menstrual. Si se le cae la toalla higiénica de la maleta aparecen comentarios como: "ay, gas, tiene el periodo".

• Roberto Queragama, consejero de la juventud y habitante de la comunidad indígena Consuelo parte baja del resguardo El Doce, quebrada Borbollón, explica que si bien las mujeres de su comunidad sí usan productos como toallas higiénicas desechables, es necesario aumentar el  el conocimiento general acerca de la menstruación y los derechos sexuales y reproductivos. "Yo soy hombre y a mí realmente mi mamá nunca me dijo que es una menstruación, ni mi hermanita jamás me dijo". Este líder espera que el proyecto Menstruación sin tabú llegue a su comunidad. 

• “Uno escucha anécdotas de mujeres: a mí me llegó el período a los 12 años y nadie en mi familia supo acompañarme o cuando me puse la toalla higiénica me la puse al revés. Son historias que a uno después le dan risa, pero en el momento en el que pasan pueden generar una frustración en relación a lo que está pasando con el cuerpo”, explica Luisa Alejandra Duarte Rodríguez, coordinadora de la escuela de liderazgo juvenil de la Corporación IFT, que está apoyando este proyecto.

Las consecuencias de no hablar sobre la menstruación 

La mitad de la población del mundo menstrúa y la otra mitad se encuentra con esta realidad constantemente. Por eso, para Juana Botero Piedrahita, educadora menstrual, hablar sobre este tema es “un asunto de Estado”. Juana, además, es responsable del Staff de Dirección de Comfama, una organización antioqueña que el año pasado tomó la decisión de dar un subsidio para productos menstruales a las mujeres y otras personas menstruantes afiliadas, entendiendo que es una carga económica alta e injusta de la que tampoco se habla.

Para Lina Corredor, profesora líder de Poderosas Colombia, este diálogo “tiene que ver con un ejercicio de ciudadanía y con la dignidad, hemos sido históricamente silenciadas y señaladas en ese proceso menstrual, y nos hemos sentido juzgadas y con miedo y tenemos un montón de tabúes porque nadie nos ha educado en ese tema”. Poderosas es una fundación que ofrece un programa de educación integral para la sexualidad y promoción de los derechos sexuales y reproductivos en diferentes lugares del país, como Barú, Urabá y La Guajira.

Cuando se deja de hablar sobre el ciclo menstrual puede haber, al menos, cuatro consecuencias importantes en la vida de las mujeres y niñas:

• No entender cómo funciona tu cuerpo. “Cuando se vulnera tu derecho a recibir información sobre la menstruación, se te niega la posibilidad de conocerte, de entender cuáles son tus procesos biológicos”, afirma Lina Corredor. Y a partir de esa desinformación “muchas veces cometes errores en un plano sexual, porque el mayor tabú que hay alrededor del acto sexual y la menstruación es que las peladas asumen que cuando menstrúan no quedan embarazadas o si tienen relaciones sexuales dos o tres días después, tampoco. Y cuando te das cuenta de que puede haber un ovocito que está en otro lado, que pudo haber madurado, pero que igual el espermatozoide puede llegar, pues cambia la perspectiva. Entonces empiezan a decir: es que así tenga el periodo tengo que usar condón, o tengo que pedir la cita en la eps”.

• No poder elegir el producto menstrual que mejor te funcione: Además, tampoco se enseña que existen diferentes opciones para gestionar la menstruación, no solo toallas higiénicas o tampones que tienen un gran impacto ambiental. También existen las copas menstruales, calzones absorbentes o toallas reutilizables y, de acuerdo con su contexto y necesidad, cada mujer debería tener la información a la mano y la posibilidad de acceder a estos productos.

• Poner en riesgo tu salud. A causa de la pobreza se generan problemas de salud, en muchos casos graves, por el uso de productos que no son higiénicos. Según el DANE, en mayo de 2021 73.462 mujeres usaron “telas o trapos, ropa vieja, calcetines, papel higiénico, papel, servilletas” durante su periodo menstrual.  A esto se suma la falta de acceso a agua potable y baños públicos para las mujeres.

• Violencias. “Que no se hable de menstruación puede llevar a consecuencias como que se crea que la mujer puede ser objeto sexual una vez le llegue la menstruación porque supuestamente ya es mujer. Eso es una de las principales falsas creencias, porque no es una mujer, es una niña que menstrúa y la connotación de las mujeres en la sociedad es a veces que puede ser objeto de deseo sexual y por ende se podría incurrir en un abuso y acoso”, afirma Juana Botero. Además, en algunos lugares se aparta a las mujeres y niñas porque consideran que están enfermas o sucias. 

¿Por qué debería interesarle al gobierno?

El tabú, además de las consecuencias en la salud y la vida diaria de las mujeres, impide que se dé una conversación pública. Es claro que mientras se siga viendo desde el ámbito privado no hay posibilidad de que los gobiernos reconozcan la responsabilidad que tienen con las mujeres, sobre todo las empobrecidas y rurales, de garantizar una vida digna que, incluye, menstruar con dignidad. 

Por ejemplo, el 11,7 por ciento de las mujeres en Colombia tuvieron dificultades económicas para adquirir los elementos necesarios para atender su periodo menstrual en diciembre de 2021, según la encuesta Pulso social del Dane. La consecuencia, al final, es que se perpetúa la pobreza menstrual. 

Juana Botero Piedrahita explica que “las mujeres menstruamos aproximadamente 40 años de nuestra vida y si uno sumara todos los días de sangrado, sería como si sangráramos 7.5 años. Para esto nosotras necesitamos gestionar nuestra menstruación con diversos productos, entre esos los de higiene. En Colombia se ha hecho una estimación de que el gasto aproximado anual por mujer o persona menstruante sería de 180 mil pesos”. Hacer esta compra, si se tiene en cuenta que muchas familias dependen de un solo salario, se vuelve “una decisión vital. En muchos casos es una decisión entre comprar los productos de higiene menstrual o alimentación para la familia”.

Además, en el caso de las niñas y adolescentes en edad escolar que no tienen los recursos para acceder a estos productos y servicios, “hay mucha deserción escolar por vergüenza, por ir al colegio durante esos días de sangrado”.

Lo que sigue

• El proyecto Menstruación sin tabú tiene planeado realizar campañas de sensibilización para que las personas conozcan el tema. 
• Además, están en la búsqueda de alianzas estratégicas con ciudadanos y diversas instituciones, tanto privadas como públicas, para conseguir recursos, apoyos y asesorías técnicas. Para Lina Corredor, de Poderosas Colombia, esto es clave para lograr que la iniciativa permanezca en el tiempo.
• Los gestores y promotores de este proyecto esperan poder llegar no solo a las veredas sino también a las comunidades indígenas, ya que en la ruralidad es donde hay más dificultades para el acceso de productos para gestionar la menstruación.
• Los y las jóvenes insisten en la necesidad de tratar en profundidad estos temas en las instituciones educativas. Además, quisieran tener, por ejemplo, dispensadores de toallas higiénicas en los baños de los colegios y en lugares estratégicos del municipio.

Por qué es importante

El río Habita ha resultado  afectado por distintos factores sociales y ambientales como el mal manejo  de las basuras, la explotación minera, la expansión de cultivos y el mal uso de los suelos durante años. Según Didier Montoya Vélez, campesino y líder de la vereda La Argelia, “los productores agrícolas tiran la producción que tiene plagas y enfermedades al río. La gente también arroja  basuras, venenos de los cultivos y los residuos que quedan después de aserrar”. Según un diagnóstico realizado por la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó), la autoridad ambiental del departamento, el 15,8 km2 del área de la cuenca (es decir, el 12,8 por ciento) presenta sobreutilización del suelo, lo que la Corporación considera como una cifra alta.

Además, el río Habita nace en el Cerro plateado y recorre las veredas de La Mansa, La Argelia y Habita, y termina uniéndose con el río Atrato. En este sentido, su conservación es vital para recuperar el río Atrato, que fue declarado sujeto de derechos a través de la sentencia T-622 de 2016 de la Corte Constitucional, y los líderes y lideresas ambientales del municipio han esperado que Codechocó inicie acciones concretas para proteger el río desde entonces. 

¿Qué dice el plan?

En octubre las comunidades fueron informadas sobre la implementación del plan y Codechocó, junto a la Corporación para el Desarrollo del Chocó Biogeográfico (Corpobio),  convocaron a la gente a que se inscribieran para conformar un grupo de “Promotores ambientales”, que estaría integrado por 30 representantes de las comunidades que conforman la cuenca hidrográfica. Con ellos se socializó el documento. 

• El plan contempla seis programas enfocados a la protección y sostenibilidad ambiental y al fortalecimiento de los procesos comunitarios.

• Dentro de estos hay 26 proyectos específicos que van desde el fomento del ecoturismo comunitario y el monitoreo y estudio poblacional del venado cola blanca hasta obras de mitigación y mejoramiento de vivienda.

• El presupuesto necesario para ejecutar estos proyectos es de poco más de 22 mil millones de pesos. Esos recursos no están disponibles de forma inmediata, pues deben venir de varias entidades, como Codechocó, la Alcaldía municipal y gobernación de Chocó, ICA, Sena, Ministerio de Agricultura, entre otras. 

• Según Harry Escobar, la estrategia de Codechocó para conseguir los recursos consiste en  reorientar las obligaciones ambientales que tienen las empresas presentes en la zona. Por ejemplo, Latinco, el Consorcio Vías y Equipos Pácífico 2021 o Miner S.A.
  
  “Codechocó le dice a las empresas: usted me tiene que reforestar una hectárea, por ejemplo, que vale 12 millones de pesos, más tres años de mantenimiento son 18 millones. Serían 30 millones por hectárea. Entonces, si digo que son cinco o diez hectáreas, ya podría contar con 150 o 200 millones para destinarlos a esta acción (la implementación del plan)”, afirma Escobar.

• El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), por su parte, propuso fortalecer las unidades productivas haciendo un adecuado uso del suelo y conservación del medio ambiente. Harold Agualimpia, instructor del SENA, explica que “la formación se denomina Desarrollo de Acciones de Promoción Ambiental Comunitaria y se ofrece teniendo en cuenta la vocación ambiental por ser guardianes del río Habita. En esta formación se crea una unidad productiva a partir del desarrollo de la formación, con el Sena Emprende Rural”. 

• La figura de los “guardianes” o “promotores ambientales” está plasmada en el plan bajo la línea de “Fortalecimiento de la participación comunitaria en la gestión ambiental”. El proyecto se llama “Vigías Ambientales Comunitarios para la Recuperación y Conservación Ambiental de las Fuentes Hídricas” y está bajo la responsabilidad de Codechocó. Este, según el documento, costaría 3.472 millones de pesos.

El conflicto de los “guardianes” del río 

La primera acción que Codechocó desarrolló para la ejecución del plan de manejo ambiental del río fue crear un grupo de líderes o guardianes integrado por habitantes de las comunidades ubicadas en la cuenca del río Habita. 

De hecho, los días 20 y 22 de noviembre inició el proceso de capacitación para la conformación de los guardianes. A este primer encuentro asistió un grupo de personas interesadas en el proceso, pero desde allí surgieron varias preguntas: ¿cuál será el acompañamiento institucional que habrá en ese proceso de creación y consolidación de los guardianes? ¿Cuáles son las funciones de los guardianes y su alcance real? ¿Cuál será la articulación de los guardianes del río Habita, con los guardianes del río Atrato?

Por su parte, el subdirector de Codechocó reconoce que los convocaron pero afirma que no tiene la respuesta a estas preguntas.  “Son personas que van a recibir una información y diseminarla en sus territorios, es decir, serían multiplicadores. Nosotros los reconocemos, más que como guardianes, como líderes naturales de su territorio, como personas interesadas en que esto mejore. Y el nivel de articulación no es porque sean guardianes sino porque son líderes de sus territorios y nosotros debemos actuar con los líderes”, es decir, con ellos, como líderes de las comunidades, se concertan las acciones del plan.

Al respecto, la propuesta de algunos de los integrantes de la mesa social y ambiental que estuvieron presentes en el encuentro y de algunas personas que hacen parte de los futuros guardianes del río habita, como Ramón Cartagena, Marcela Sánchez, Adrian Foronda, entre otros, fue asociar a los guardianes del río habita a la Fundación Mesa Social y Ambiental. De esta forma, podrían gestionar y ejecutar las propuestas del plan, teniendo en cuenta el reconocimiento de la mesa a nivel nacional e internacional. 

¿Qué dice la gente?

• “Es importante que otras personas se apropien y se articulen con el trabajo que se viene haciendo con el río Atrato. Necesitamos coordinar todo ese tipo de actividades y acciones y caminar juntos para defender y proteger el afluente”, afirma Ramón Cartagena, guardián del río Atrato.

• Didier Montoya, quien se postuló para ser guardián del río Habita, desea que se logre repoblar el río de peces, se restrinja la pesca, la cacería indiscriminada y se puedan ver proyectos de pesca deportiva y turismo en la zona. “Mi expectativa es que en un futuro pueda existirlo que había antes. Antes todos los de la vereda podíamos ir a pescar. Yo crecí en eso, yo era de los que me sacaba 8 o 9 truchas, de una cuarta”. Ahora solo se consiguen en la parte alta del río, y en menor cantidad. A Didier le gustaría también “crear más cultura en la gente de la misma vereda, ya que son inconscientes con el medioambiente y los peces”.

• Damaris Vélez, también postulada para ser guardiana del río Habita, espera “que más de una persona tome conciencia de la protección del medio ambiente, para que dejen de tirar las basuras al río y en las fincas y carreteras. Espero que se le pueda dar solución a la disposición de las basuras de la vereda, para que no tengamos que quemarla, enterrarla o tirarla al río, sino que nos apoyen para que suba un carro y las recoja”.

Cinco años de espera 

Este plan surgió como una acción de compensación ambiental a raíz del inicio del trabajo del consorcio LAX 051, encargados del arreglo de algunos tramos de la vía Medellín-Quibdó.   Esta empresa, que trabajó entre 2008 y 2016 en El Carmen de Atrato, tenía una serie de obligaciones ambientales que estaban dirigidas a reforestar algunas áreas del municipio, según explica Harry Alexander Escobar, subdirector de Calidad y Control ambiental de Codechocó. “Sin embargo, en ese entonces surgió un problema. “La mayoría de los territorios en El Carmen que son susceptibles de restauración, porque están en áreas inestables o de erosión, son predios utilizados para la ganadería. Pero los propietarios son renuentes a dejar espacio para poder hacer la siembra o las reforestaciones”, afirma Escobar.

Por esta razón, desde Codechocó decidieron repensar ese instrumento ambiental. Es decir, crear un plan de manejo que permitiera caracterizar y “hacer las inversiones en este tramo de la subzona hidrográfica o esta microcuenca denominada río Habita", asegura Escobar.  La construcción del plan se hizo en 2016 y contó con la participación de las comunidades, la Alcaldía, Secretaría de Planeación, Umata, Policía, Hospital y las organizaciones de víctimas y campesinas. 

Pero el plan solo entró en funcionamiento este año. Es decir,  pasaron casi cinco años para que este documento, que estipula una serie de programas y proyectos para el territorio, se pusiera en marcha. Según el subdirector de Codechocó, la demora se debió a la falta de recursos, pues la entidad cuenta con un presupuesto muy bajo: 12.800 millones de pesos en 2017 y 20 mil millones de pesos en 2021. Un presupuesto que contrasta, por ejemplo, frente al de la autoridad ambiental del vecino departamento: este año Corantioquia tiene 118 mil millones de pesos de presupuesto.  Sin embargo, otras autoridades avanzaron en proyectos específicos del plan, como el mejoramiento de viviendas, que no pasaron, al menos, en el marco del plan.

En esos cinco años, Escobar afirma que desde Codechocó estuvieron “trabajando con la comunidad de El Carmen en la figura de conservación llamada Distrito Regional de Manejo Integral Alto Atrato”, otro instrumento que pretende conservar el territorio y que incluye algunas partes del río Hábita. 

Lo que sigue

• Codechocó está planeando una reunión con los líderes el próximo 3 de diciembre para empezar a conversar sobre las acciones trazadas en el plan y priorizarlas. Además, Harry Escobar asegura que van a concertar con la comunidad quién va a administrar los recursos.  

• Por el lado de la comunidad, el 12 de diciembre el equipo de guardianes del río Habita se reunirá de manera autónoma y con el apoyo de la Alcaldía municipal  para revisar el plan de manejo ambiental y establecer algunos acuerdos internos para su funcionamiento. 

Por qué es importante: Los habitantes de las veredas La Argelia y Habita llevan más de un mes afectados por el mal estado de la vía. Todos los días, quienes deben llegar al casco urbano, ponen en riesgo sus vidas al atravesar la carretera. A pesar de que Codechocó recomienda no transitar por la zona, la gente no tiene otra opción.

Qué está pasando: La vía sigue en muy mal estado. Hay grietas pronunciadas “tanto en la vía como en el talud superior.  Y en el talud inferior es donde está el botadero, donde almacenaban el material", reconoce Omar Benítez, secretario de Planeación municipal.

Los antecedentes:

• El 3 de junio de 2012, se le informó a la comunidad de La Argelia que se utilizaría la vía de acceso para disponer escombros en un lugar ubicado a 4,2 kilómetros de la entrada a la vereda. Hace tres meses, el Consorcio Vías y Equipos Pacífico 2021 que está a cargo de la pavimentación Quibdó-Medellín, empezó a utilizar este botadero llamado técnicamente Zodme, zona de depósito de material.

• Enseguida, la comunidad notó que la vía empezó a deteriorarse con el aumento considerable el tráfico de vehículos de carga pesada.

• El 25 de julio, tras una fuerte lluvia, la comunidad de La Argelia quedó confinada por un derrumbe en la vía de acceso a la vereda. Ese mismo día, la Alcaldía y la minera El Roble reabrieron la vía. Sin embargo, el 3 de agosto otro alud de tierra cerró totalmente la vía. También cayó mucha tierra al río Habita.

• Luego, la Alcaldía anunció a los habitantes de las veredas La Argelia y Habita que posiblemente había una falla geológica en la zona.

Qué han hecho las autoridades: hasta el momento, han reconocido el peligro y emitido alertas, pero no han adelantado acciones concretas para resolver la situación o, al menos, mantener informada a la comunidad sobre lo que están haciendo.

• Codechocó, la autoridad ambiental del departamento, declaró el municipio en alerta roja por "movimientos en masa y avenida torrencial" en la vereda La Argelia el 25 de agosto. Recomendó a la alcaldía adelantar una serie de actividades, entre ellas actualizar el plan de contingencia municipal, organizar reuniones informativas con la comunidad y disponer de instalaciones adecuadas para atender a los posibles damnificados. Pero la alcaldía todavía no ha organizando una reunión que sirva, al menos, como mecanismo de información y prevención para la gente.
  
  A la comunidad, le recomendó "evitar el tránsito recurrente por zonas de alto riesgo". Algo poco posible pues es la única vía que tienen para entrar y salir de sus fincas.

• El Concejo municipal convocó a los involucrados en el tema y sesionó el pasado lunes 30 de agosto con el propósito de apoyar la gestión para la solución definitiva de la problemática. Sin embargo, precisamente por la mala condición de la vía, pocos habitantes de la vereda La Argelia pudieron asistir. Representantes de Chodechocó, también citados a la reunión, no asistieron.

• El secretario de Planeación municipal, Omar Benítez, afirma que la administración municipal ha radicado varios oficios para investigar cómo se autorizó la construcción del botadero en la vereda. "Estamos esperando la respuesta a estas comunicaciones para poder generar una alerta a la comunidad en general. Sabemos el riesgo existente y que la comunidad está muy preocupada". Afirma que "la idea es hacer unas obras de mitigación y tratar de solucionar este tema", pero no da más detalles. Codechocó, sin embargo, no ha respondido cuáles son los permisos que tiene el botadero.

¿Y el consorcio? No asistió a la reunión convocada por el Concejo municipal. Además, la comunidad reclama que aún no conoce los resultados de los estudios técnicos realizados en la zona por un geotecnista y geólogo. Esto no les permite tener claridad acerca de las acciones que va a realizar el consorcio para solucionar la situación. Pero Omar Benítez sostiene que "el consorcio está muy dispuesto a colaborar".

Este consorcio está compuesto por dos empresas: Ingeniería de Vías SAS y Equipos y Triturados SAS.

Qué dice la gente:

• Edison Urán Montoya, afectado por el desastre, dice que está preocupado porque perdió tanques y mangueras y esto ha afectado el abastecimiento de agua para su consumo doméstico. En la reunión del Concejo, el Consorcio Vías y Equipos se comprometió a censar los daños a la población y a suministrar los materiales para que la familia Urán pueda recuperar el suministro de agua.

• En el grupo de WhatsApp de la vereda La Argelia han manifestado diferentes inconformidades con respecto a un arreglo que está haciendo el mismo consorcio en la zona. La gente considera, primero, que lo que hacen no representa una solución duradera y, segundo, porque no han socializado con la comunidad lo que está haciendo.

Lo que sigue:

La comunidad de la Argelia y las veredas aledañas quiere saber quién dio los permisos para de la zona de descarga de materiales. Además, esperan con urgencia acciones concretas para despejar la zona.

Desde el Consorcio Vías y Equipos Pacífico 2021 se abstuvieron de dar declaraciones y dijeron que van a construir un documento con las acciones a realizar en la vereda La Argelia. La gente aguarda este documento.

Por qué es importante: El Ministerio de Educación Nacional ordenó el regreso a la presencialidad en todas las instituciones educativas del país a partir del 15 de julio, y estableció una serie de condiciones mínimas de autoprotección y cuidados para evitar contagios de Covid-19. La Secretaría de Educación de El Carmen replicó la directiva nacional, pero en varias instituciones no existen protocolos de bioseguridad.

• “Volvamos todos a la presencialidad, si se presentan algunas dificultades en el transcurso de estos meses, eso se va organizando. Todos vayamos a clase por el bienestar de los estudiantes”, dijo Marcela Clavijo Mazo, secretaria de Educación municipal.

Los detalles:

- 2440 estudiantes indígenas, mestizos y afro descendientes regresaron a clases presenciales en el municipio el pasado 14 de julio, después de que fueran suspendidas en marzo de 2020 por la pandemia de Covid-19. 

- En el pueblo dicen que todavía muchos no están vacunados contra el Covid-19 y que no todas las sedes de las dos Instituciones educativas del municipio cumplen con los protocolos de bioseguridad. 

- La virtualidad no es una opción por la falta de conectividad, sobre todo, en la zona rural. Una situación que se presenta en muchas partes del país.

Qué dice la gente:

• Diana Foronda, madre de familia de La Argelia parte baja, explica que: “en la escuela no hay gel,  a la niña mía le dijeron que tiene que llevar su propio gel, yo diría que como institución organizada debería tener dotación. No hay alcohol en la entrada, o sea que los pobres que no tengan su frasquito para desinfectarse no lo harán”. 
• Monica Guerra dice que en la Institución Educativa Rural de la vereda la Argelia “los baños están en pésimas condiciones y tenemos problemas con el agua”. Además, la comunidad ha observado que los y las estudiantes no tienen el hábito de usar el tapabocas todo el tiempo.
• Monica Liseth Guerra, madre de familia, opina que “el dilema es lo de las profesoras. Debido a la pandemia ellas mantienen de allá para acá, de El Siete para acá todos los días. Es muy maluco porque en El Carmen también hay contagiados”, y los niños y niñas no están vacunadas.

“No hay excepciones”: el 12 de julio, antes de que los niños y niñas regresaran a clases, en la vereda La Argelia se hizo una reunión a la que asistieron docentes y el rector de la institución, algunos padres de familia solicitaron alternativas para aquellos estudiantes que no se sintieran seguros de volver a clases. La respuesta del rector Vicente Bernini Ayala fue negativa. Indicó que el regreso a clases es obligatorio y los estudiantes pueden perder el año por inasistencia.

Los mensajes enviados desde la Secretaría de Educación van en la misma línea. “Según la directiva ministerial número 5, que convoca a la presencialidad, los únicos alumnos exceptuados son los que presentan alguna condición médica certificada. Los demás estudiantes deben asistir presencialmente, porque los docentes no están obligados a darles clase virtualmente”, dijo la secretaria de Educación municipal.

Al final: Los padres y madres entrevistados concuerdan en que sí quieren que las clases sean presenciales pues los niños, niñas y jóvenes están muy animados. Su petición es que mejoren las condiciones. 

• “Hay que buscar alternativas mientras está tan grave la situación de contagio. No es que los maestros, o los niños o las familias no queramos volver, todos queremos.  Ojalá los niños tuvieran la posibilidad de una buena educación”, comenta un docente. 
• La presidenta de la junta de acción comunal de la vereda  El Siete, Yeny Milena Yepez Garcia, lo ve con buenos ojos, “porque los muchachos estaban perdiendo la conectividad, la socialización y la interacción con las demás personas, se estaban volviendo sedentarios”.
• “Volver a clases tiene muchas cosas positivas: el impacto que tendrían en mejorar la calidad de la educación de los niños sería mucha, porque muchos padres y madres se han sentido abandonados. Muchas familias tuvieron casi desescolarizados a los niños completamente, algunos incluso analfabetas”, dice Paula Giraldo, docente.

Lo que sigue:

• Padres y madres esperan la vacuna de sus hijos para enviarlos con tranquilidad a las aulas. Gobierno local, docentes, estudiantes y padres están a la expectativa.
• Los docentes esperan que el gobierno local se pronuncie y flexibilice el acuerdo para evitar más deserción escolar.