Por qué es importante
Para las comunidades indígenas, campesinas y afro, el río Atrato ha sido históricamente uno de sus principales medios de sustento económico y cultural. Sin embargo, la expansión de la minería ilegal de oro y platino, la explotación de madera y la falta de obras de alcantarillado y acueductos en los municipios aledaños ha contaminado esta fuente hídrica. Por esto, en 2016 la Corte Constitucional dio una serie de órdenes para restablecer los derechos del río Atrato y de las comunidades que habitan su cuenca que debían ser implementadas casi inmediatamente.
Desde entonces, la población étnica y campesina de la cuenca del río Atrato espera que se tomen acciones que les garanticen un río limpio y una vida digna. El plan de acción que presentó a comienzos de mes el Ministerio de Agricultura en El Carmen de Atrato demuestra un tardío cumplimiento por parte del Estado y un intento por restablecer la soberanía alimentaria, la productividad y la sostenibilidad económica en la zona.
¿Qué pasó?
El 1, 2 y 3 de septiembre el Ministerio de Agricultura convocó a una jornada de tres días para socializar y validar el plan de acción con la comunidad. El equipo del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico (IIAP) y el Cuerpo Colegiado de Guardianes del río Atrato, que son miembros de las comunidades que velan por el cumplimiento de la sentencia, estuvieron presentes en las reuniones. También participaron alrededor de 50 representantes de las comunidades y veredas del municipio así como miembros de organizaciones, empresas y de la alcaldía.
¿Qué había ordenado la Corte Constitucional?
Según la séptima orden de la Corte, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Interior, el Ministerio de Hacienda, el Departamento de Planeación Nacional, el Departamento para la Prosperidad Social, las Gobernaciones de Chocó y Antioquia y los municipios accionados, junto con las comunidades étnicas, debían diseñar un plan de acción integral que permitiera recuperar las formas tradicionales de subsistencia y alimentación en el marco del concepto de etnodesarrollo. Esto, con el fin de que se aseguraran los mínimos de seguridad alimentaria en la zona.
Este plan debía construirse seis meses después de emitida la sentencia y debía incluir una estrategia, con planes y programas definidos y con enfoque étnico, de sustitución de los ingresos para los pobladores de la región.
Además, estas medidas debían incluir indicadores claros y precisos que permitieran realizar una evaluación y seguimiento eficaz a las medidas adoptadas.
Consulte aquí la sentencia T-622 de 2016.
¿Qué dice el plan?
El plan tiene cuatro líneas de acción: sostenibilidad productiva; gobernanza territorial; planificación y ordenamiento territorial; y mejoramiento de la calidad de vida.
Además, el Ministerio de Agricultura manifestó que pretende estructurar tres proyectos, uno para cada cuenca; alta, media y baja. El Carmen de Atrato pertenece a la cuenca alta, junto a Bagadó, río Quito, Atrato y Lloró. El Ministerio presentó las líneas de producción sostenible y, junto a la comunidad, revisó cuáles eran aplicables a El Carmen de Atrato. Se acordaron las siguientes:
Sin embargo, todavía hace falta mucho tiempo para que este plan empiece a funcionar. Según el Minagricultura, apenas se encuentra en proceso de formulación y ajuste uno de los proyectos que permitiría sacar adelante algunos de los compromisos que tiene la sentencia. Francisco Vargas, del Ministerio de Agricultura, dice que este proyecto podría comenzar su ejecución en el 2022 “de acuerdo a las apropiaciones presupuestales y la articulación de todas las entidades accionadas en la orden 7°”.
Qué dice la gente:
¿Cómo resuelve este plan los problemas de las comunidades?
Los principales problemas que las comunidades del río Atrato argumentaron para la sentencia T-622 de 2016 fueron: el vertimiento de mercurio, cianuro y otras sustancias químicas tóxicas que han llevado a la muerte de personas por consumo de agua contaminada y el deterioro de los suelos para la agricultura. Asimismo, se refirieron a la proliferación de enfermedades como diarrea, dengue y malaria; la extinción de especies; la desviación de fuentes hídricas; la acumulación de basuras; la sedimentación intensiva y la deforestación.
Laura Santacoloma, quien es coordinadora de la línea ambiental de Dejusticia y ha hecho seguimiento al cumplimiento de la sentencia, asegura que este plan puede funcionar pero es necesario que exista una articulación con los territorios y a nivel institucional para que tenga un verdadero impacto. “Hay que tener en cuenta que en esa zona no solo hay comunidades afro sino indígenas y campesinas y sus hábitos alimenticios son diversos”, dice.
“Lo que ha pasado [en los cuatro años que han transcurrido desde la sentencia] es que las diferentes instituciones están haciendo acciones pero desarticuladas. Así es difícil evaluar el impacto real de la sentencia y en la protección de los derechos humanos”.
Laura Santacoloma, coordinadora de la línea ambiental de Dejusticia
Lo que sigue
A pesar de que este plan renueva la esperanza de la gente, aún tardará mucho tiempo en entrar en acción. Alicia Villegas, antigua guardiana del río para El Carmen, agrega que “si realmente se aprueba el proyecto y sigue su implementación, falta que los demás municipios de la cuenca alta lo aprueben”. Además:
