Por qué es importante

Antes de la violencia esta vereda albergaba más de 15 familias, es decir, tenía aproximadamente 50 habitantes. Además, muchas personas de otras zonas cercanas –como el corregimiento La Mansa, la vereda La Linda o la zona urbana de Ciudad Bolívar–  iban a trabajar a Monteloro. La vereda tenía potencial agrícola y era un lugar socialmente activo. Tenía una Junta de Acción Comunal, y una  escuela. Pero esto cambió tras la última incursión paramilitar en los años 90, cuando el territorio se convirtió en un corredor estratégico para los grupos al margen de la ley. 

Hoy sus pocos habitantes claman la presencia del Estado y denuncian que las autoridades sólo llegan durante las campañas electorales. A pesar de que la vereda pertenece geográficamente a dos departamentos sus habitantes sienten que nadie los escucha.

¿Qué dice la gente?

Una de las habitantes cuenta que volvió a su tierra para vivir tranquila. “En el pasado esta vereda era un lugar demasiado hermoso para vivir, allí nací, crecí y me enamoré y tuve a mi familia, pero por la violencia me tocó salir de noche como una delincuente, aun sabiendo que yo no le había hecho nada a nadie, y aunque solo estuve 6 años por fuera de mi vereda, un pueblo no es lo mismo, aquí tengo mis matas, mis animalitos, y nadie me molesta”, afirma. 

Consuelo Tabora, una mujer de la tercera edad que decidió retornar a su lugar de origen durante la pandemia, tiene razones similares. “Vivir encerrado es muy duro, yo le dije a mi hijo: me voy pa mi tierra, así sea que me meta en un rancho de plástico porque este encierro no lo aguanto más. Y me vine. Y aquí estoy, no tengo luz ni agua, pero estoy muy contenta y ya de mi tierrita no me saca nadie”.

Anteriormente la gente se movía del municipio de El Carmen a Ciudad Bolívar y a Salgar, en Antioquia, por lo que Monteloro era una parada casi obligada para los viajeros, lo que movía la economía. Ahora nadie pasa por la vereda.

Ofelia Valderrama, que es carmeleña, recuerda que “cuando era niña me tocó transitar por todos estos caminos de herradura y recuerdo que la vereda era muy bonita y poblada”.

¿Qué piden?

• Reabrir la escuela. Una de las personas entrevistadas cuenta que “antes la escuela estaba repleta de niños, porque vivíamos muchas familias. Pero ahora no hay niños. Únicamente hay una niña estudiando en La Mansa, que es una de mis hijas. A ella le toca madrugar mucho y yo la llevo en bestia y la recojo a las 12:00 a.m. que sale, o mi otro hijo si ya ha llegado a esa hora”.
  
  A pesar de que la niña desea continuar con sus estudios, siente que el esfuerzo que hace es muy grande, pues dice que la educación en La Mansa ha desmejorado y muchos de los padres de familia de esa escuela han manifestado la intención de enviar a sus hijos a estudiar en el municipio de Ciudad Bolívar.

• Arreglar la vía que está en pésimo estado. A Monteloro la gente llega a pie y algunos en moto o en bestia, ya que únicamente pueden ingresar carros con doble tracción que deben ser pagados a altos precios. Además, la vereda en la actualidad no cuenta con transporte público. Toda esta situación dificulta la comercialización de la producción de café, mora y el transporte del ganado, además de hacer más difícil el acceso a servicios de salud, educación, entre otros.

• Garantizar las condiciones para el retorno. Hace varios meses Consuelo Taborda Gallego, decidió retornar a su vereda de origen, a pesar de no contar con vivienda y mucho menos con servicios públicos. Sin embargo, para ella y para su esposo Tiberio la vida en el campo representa la libertad y el regreso a sus raíces. Ahora tiene un cultivo de café en levante, yuca, plátano, cebolla, tomate, cidra, aromáticas y pollos para su alimentación. Tiene dos perros que le hacen compañía y le avisan si llega algún extraño. 
  
  Hasta el momento no han recibido ningún tipo de apoyo para su retorno por parte de la Unidad para la Atención y Reparación a Víctimas y tampoco ha contado con el apoyo de la Alcaldía Municipal para el mejoramiento de su vivienda, que hoy es de tapia, con piso en tierra y techo de zinc. No han logrado instalar el agua y por ello deben bajar por ella hasta la quebrada y subirla en baldes, o recoger el agua lluvia. Tampoco cuentan con servicios sanitarios y mucho menos con pozo séptico. 
  
  Frente a este tema, Francisco Javier Puerta, líder de la vereda, dice que “los jóvenes terminan la escuela y se desplazan a otros lugares por falta de oportunidades y los jóvenes y adultos que se desplazaron por la violencia no quieren regresar por la misma razón”.

• Aún sin Junta de Acción Comunal. Jesica Vargas, líder de la vereda,  ha liderado algunas actividades en el territorio en compañía de su esposo. También con Francisco Javier Puerta. Ambos manifiestan que están tratando de conformar o “revivir” la junta de acción comunal “con el apoyo de propietarios de fincas que aún no retornan, pero si trabajan sus parcelas, sin embargo aún no hemos logrado hacer el registro legal”.

¿Qué dice la Alcaldía?

El alcalde municipal también se refirió al tema de la vía: “En el año 2020, antes de la pandemia, hicimos un convite con la Alcaldía de Ciudad Bolívar en donde ambos préstamos maquinaria para organizar la vía. Efectivamente no está en el mejor estado que digamos y un carro que no tenga doble no puede ingresar a la vereda”. 

El alcalde Jaiberth Ríos Oquendo explica que “hasta el año 2019 había como dos alumnos y un docente que estaba allá. Para el 2020 se cerró la sede porque el profesor se pensionó y ya no había ningún tipo de estudiantes, entonces no soportaba tener un docente allá sin haber estudiantes”. Después del cierre algunos habitantes han solicitado el uso de la sede para reuniones o habitación, pero la Alcaldía se ha negado para “evitar problemas jurídicos posteriores”.

“Nos encontramos realizando las gestiones con la alcaldía de Ciudad Bolívar para el mantenimiento de la vía, que en la actualidad se encuentra un poco descuidada”, aclara Omar Benítez, secretario de planeación 

Sobre el tema de la Junta de Acción Comunal, Piedad Montoya, secretaria de Gobierno de El Carmen, explica que en la Gobernación no se encontraron registros de la junta de Monteloro. Sin embargo, dice que esta junta debe registrarse, pero que ella no ha logrado establecer contacto con los líderes de la zona. Sobre este mismo tema el alcalde manifiesta que “en la vereda sí están organizados y se identifican dos representantes de la zona”. Algunos líderes de la zona se han acercado a la Alcaldía solicitando acompañamiento en temas productivos, relacionados principalmente con el cultivo de café.

Lo que sigue:

Los habitantes de la vereda y propietarios de los predios esperan que tanto las entidades públicas como las privadas puedan acompañarlos en el acceso a sus derechos. Esperan que, con urgencia, arreglen la vía, pero también quieren tener la posibilidad de ingresar a los programas educativos, culturales, recreativos y de salud que adelanta el municipio de El Carmen en las demás veredas. Para esto esperan conformar pronto su Junta de Acción Comunal.

Por otro lado, la señora Consuelo espera tener mejores condiciones en su proceso de retorno y que su vivienda pueda contar con energía eléctrica, agua y alcantarillado, ya que a pesar de las múltiples solicitudes que ha hecho al municipio de Ciudad Bolívar y a El Carmen de Atrato, los avances de su casa son gracias al trabajo propio y de su esposo, de más de 80 años, además del apoyo de su único hijo.

Por qué es importante

Las familias beneficiadas son campesinas y víctimas del conflicto sin casa propia. Con la puesta en marcha de este proyecto ven la posibilidad de tener una vivienda digna que se acopla a sus necesidades: fogón de leña ecológico, pozo séptico y patio. Ahora esperan que las siguientes fases no demoren siete años más. 

Los detalles

• Las viviendas tienen entre 50 y 100 metros cuadrados. Tienen tres habitaciones, sala comedor, cocina, baño, dos patios, puerta trasera y espacio para el pozo séptico. 

• Las entregan con fogón  ecológico de leña, ya pintadas y con el baño enchapado. 

• Se demoran aproximadamente veintiocho días en la construcción de cada casa y a la familia beneficiaria le corresponde brindar la alimentación, tanto del maestro de obra como de los ayudantes. 

• El proyecto empezó a gestionarse en 2014, y en 2015 fue aprobado con subsidios de vivienda de víctimas y del Departamento Nacional de Planeación (DNP).

• La primera entidad otorgó subsidios de 38 millones de pesos a 66 víctimas del conflicto armado interno. Por el lado del DNP el monto fue de 17 millones de pesos a otras 49 familias vulnerables, para un total de 115 familias. La entidad ejecutora es Fiduagraria, del Banco Agrario.

• La construcción de las primeras 26 viviendas comenzó en abril.

El proceso

Según Marcela Sánchez, habitante de la vereda Guaduas, en 2015 la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas (Uariv) inició el proceso de focalización para presentarse a la convocatoria. En marzo de 2016, la Uariv les indicó a las familias que el proceso de visitas y verificación de condiciones lo haría Fiduagraria. Pero solo a finales de noviembre del 2020 apareció un contratista para ejecutar parte del proyecto, que beneficiaba a 26 familias. 

En diciembre de ese mismo año, Fiduagraria les informó a los beneficiarios iban a efectuar el primer desembolso para el inicio de la construcción de las viviendas a través de tres contratos: uno para 16 viviendas, el segundo para 9 y el tercero para 1. El costo de cada vivienda es de poco más de 33 millones de pesos.

¿Por qué la demora?

En diferentes documentos y reuniones en las que participaron los enlaces de víctimas y representantes de Fiduagraria, las entidades les dieron cuatro argumentos a las familias sobre la demora en las viviendas:

1. El desembolso de los recursos vía subsidios es muy lento y conlleva muchos trámites.

2. En la licitación pública no se lograba encontrar un contratista que cumpliera con los requisitos técnicos.

3. Cada año que pasaba era más difícil la ejecución porque los materiales aumentaban los precios, pero no aumentaba el monto que se tenía: se formulaba el proyecto con un precio y el costo real, al final, era otro.

4. El proyecto no ha tenido hasta el momento ningún reajuste presupuestal por parte de las entidades responsables.

Entre 2016 y 2019 el entonces alcalde Jorge Iván Bedoya y la Secretaría de Gobierno, a través de la oficina de víctimas, buscaron dar una solución a las familias por los continuos retrasos en la ejecución del proyecto. Las mismas familias también buscaron respuestas. Esto se observa en casi una veintena de oficios enviados a entidades como el operador de proyectos del Banco Agrario, la Uariv y la Unidad de Gestión de Vivienda de Interés Social Rural (VISR) y Fiduagraria.

A su vez, en 2018, el defensor regional del Pueblo, en Quibdó, manifestó su preocupación en torno a los múltiples retrasos en la ejecución a través de una solicitud de interventoría y seguimiento.

Según Omar Benítez, secretario municipal de Planeación, en la administración actual “se hicieron las gestiones. Se mandaron unas cartas a través de Planeación, Personería y el enlace de víctimas para la ejecución de estas casas”.

Qué dice la gente

• Yeny Yépez, beneficiaria del proyecto en la vereda El Siete: “Yo me siento feliz y realizada porque tener casa no es riqueza, pero no tenerla si es mucha pobreza. Uno tiene que ser agradecido, no me mojo, nadie me saca, no pago arriendo, vivo con mi niña, me acuesto tranquila. No había firmado el acta de recibido cuando ya estaba viviendo en ella’’.

• Marcela Sánchez, beneficiaria en la vereda de Guaduas, está esperando su casa: “Me siento muy contenta, una casa es como algo que es para toda la vida. Es algo que hemos estado esperando. Yo pienso que uno tener una casa le permite sentirse dueño de algo y que algo les queda a los hijos. Tengo muchas expectativas, pero al mismo tiempo debo esperar la ejecución de los otros dos contratos, porque la mía está en el último, que es el contrato de una sola casa”. 

• Farley Guerra, de la Vereda la Argelia, es beneficiaria de una segunda fase del proyecto y fue citada el 28 de mayo para actualizar sus datos: “Yo lo único que sé es que estaba en los listados, sin embargo, esta semana vinieron a hacer visitas y a mi no me la hicieron. Quién sabe cuánto tiempo más tendremos que esperar”.

Lo que sigue:

• El pasado 28 de mayo fue publicado por redes sociales un listado de 40 beneficiarios de este proyecto de vivienda nueva rural, que sería el segundo grupo. Estas personas están a la espera de que comience una nueva fase y de que la espera esta vez no sea tan larga.

• En la vereda El Siete se conformó una veeduría ciudadana con el fin de hacerle control y vigilancia a las obras. Están pendientes de que se construyan y entreguen las 16 viviendas prometidas en esta primera fase. 14 familias ya tienen las llaves de su casa.

• Algunas personas se preguntan si, en los casos de mayor pobreza, las Alcaldía, la empresa privada o los consorcios viales podrían apoyar a las familias con la alimentación de los trabajadores.

• Para los beneficiarios que aún no tienen construidas sus casas es fundamental que queden bien construidas, que se logren terminar pronto las 115 viviendas y que surjan más proyectos para los carmeleños que aún no tienen casa propia.

Por qué es importante: El cierre de la vía compromete la economía de los habitantes de esta vereda agrícola, pues es el único camino que existe para entrar y salir. Además, al menos dos familias han tenido que dejar sus casas por la amenaza de nuevos deslizamientos.

Los detalles:

• El pasado domingo 25 de julio, después de una fuerte y constante lluvia, se produjo un derrumbe que dejó a la comunidad de La Argelia completamente confinada. Ese mismo día, la Alcaldía y la minera El Roble reabrieron el camino.
• Menos de diez días después, el 3 de agosto, volvió a caer un alud de tierra sobre la vía a pesar de que era un día soleado. Esta vez no solo quedó totalmente cerrada la vía, sino que la secretaría de planeación de El Carmen puso en alerta a los habitantes de las veredas La Argelia y Habita por una posible falla geológica en la zona. Ese día una gran cantidad de tierra también cayó en las riberas del río Habita.
• El derrumbe afectó las viviendas de tres familias. Ese mismo día, un grupo de funcionarios de la secretaría de Planeación municipal visitó la zona para identificar las familias y viviendas que están posiblemente en alto riesgo.

Los antecedentes: En El Carmen, todos relacionan la situación que están viviendo hoy en día con el inicio del trabajo del Consorcio Vías y Equipos Pacífico 2021. El 3 de junio de 2012, el Consorcio informó a la comunidad de La Argelia que utilizaría la vía de acceso para disponer escombros en un lugar que queda a 4,2 kilómetros de la entrada a la vereda. La comunidad notó que la vía empezó a deteriorarse.

• Según Jorge Iván Bedoya Montoya, habitante de La Argelia, “antes de iniciar con el botadero, desde el sector El Cinco hasta la parte baja de La Argelia (a la escuela), la vía estaba prácticamente en perfectas condiciones. Después de que iniciaron comenzó el deterioro por el tránsito de los vehículos de mucho peso”.

• Jaiberth Ríos Oquendo, alcalde del municipio, conoció la situación en ese entonces, e incluso funcionarios de la Alcaldía estuvieron reunidos con la comunidad y el consorcio para hablar de la situación. Hoy dice que “es deplorable la situación de la vía, la comunidad manifiesta el perjuicio que les ha ocasionado el tránsito de volquetas pesadas y otros equipos. Antes de mejorar, la vía se ha desmejorado en un 70 u 80 por ciento”.

Las consecuencias: El deterioro y el cierre total de la vía les ocasionan pérdidas socioeconómicas a los habitantes de estas veredas. En La Argelia hay cultivos de aguacate y café, y semipermanentes de gulupa, mora, tomate de árbol, lulo y granadilla, y la gente cría ganado, peces y cerdos. Los propietarios y trabajadores deben ir a los pueblos cercanos para vender sus productos así como proveerse de insumos y alimentos. Todas estas actividades están paralizadas.

Además,

• La familia de Jimena Urán tomó la decisión de mudarse a la casa de un familiar, pues tienen miedo de quedar sepultados debajo de la tierra. Cuentan que el 3 de agosto, después del segundo derrumbe y de que el río habita quedara represado por la caída de tierra, funcionarios de la secretaría de Planeación visitaron sus casas. “Nos dijeron que nos fuéramos a vivir a otra parte por el riesgo y que ellos nos daban tres meses de arriendo”, dice Edison Andrés Urán, esposo de Jimena.
• Galdis Gómez, madre de Jimena Urán, inicialmente se negó a abandonar su hogar. “A mí no me gusta vivir tan arriba, donde vive mi hija. Además no quiero dejar sola mi casa ni mis cultivos de café, mora y plátano”. Sin embargo, el 4 de agosto en la noche abandonó su casa por un nuevo deslizamiento de tierra. “Anoche nos hizo volar”, dice.
• La finca de Bernhard Deinlein, llamada 'El Descanso' también resultó afectada. En diferentes zonas del cultivo de aguacate, han identificado grietas. También, daños en la carretera que dificultan la recolección y transporte de la cosecha. El administrador de la finca, Gildardo Gómez, explica que “hay partes donde la camioneta ya no puede pasar, eso está volteado al revés, esta grave, arriba ha descolgado el talud más de 4 metros. De la carretera para abajo eso quedó separado”.

Qué dicen las autoridades: Hasta el momento no hay claridad sobre qué ocasionó el desastre natural. La Alcaldía dice que asumirá la gestión para lograr las reparaciones.

“Nosotros tenemos la obligación constitucional de garantizarle a la comunidad la libre movilidad. Si no tenemos los recursos, haremos el llamado a Gestión del Riesgo departamental, nacional y a la Gobernación para que nos apoyen. También a las empresas privada que están acantonadas en nuestro municipio, porque es una obligación que ellos y por medio de su responsabilidad social nos puedan facilitar la maquinaria amarilla para darle solución”, dice Ríos Oquendo.

El Consorcio Vías y Equipos Pacífico 2021 no se ha manifestado, según la profesional social Jenifer Giraldo, debido a que están  “a la espera de los estudios técnicos”. Además, recomiendan a la comunidad no transitar por el sitio en momentos de lluvia y en la medida de lo posible no visitar la zona en la noche para "evitar pérdidas humanas".

Qué dice la gente: “Como junta queremos ver soluciones. Es muy duro que las personas que salimos en moto o tenemos vehículos no podamos transitar ni sacar lo que vamos a vender o comer por que no hay paso”, dice Francisco Higuita, uno de los líderes de la junta de Acción comunal de la vereda La Argelia. Higuita dice que en la comunidad están muy preocupados por las familias más afectadas.

Lo que sigue

• Desde la Secretaría de Planeación se radicaron solicitudes a Codechocó, al Instituto Nacional de Vías y a la Interventoría del proyecto que estaba utilizando la vía y esperan respuestas. Además, hace falta la evaluación de geotecnistas y geólogos para tomar acciones concretas.
• Los habitantes de la vereda temen que se pierda la base de la vía y queden totalmente incomunicados.
• Las familias más afectadas esperan que alguien se haga responsable por las pérdidas y daños en predios privados.