Por qué es importante

El “Centro Cambia”, como ha sido llamado el proyecto universitario, tendrá capacidad para alojar 4.000 estudiantes de manera presencial y ofrecerá inicialmente once programas profesionales vinculados a las facultades de Ingeniería, Ciencias de la Educación, Ciencias de la Salud, Bellas Artes, entre otras. El valor de la inversión es de 35 mil millones de pesos. 

Qué está pasando

La Alcaldía de Plato finalmente dio luz verde para construir una sede universitaria en el municipio, que beneficiará a toda la región centro del departamento del Magdalena; proyecto que estaba en el limbo desde comienzos de año. Según confirmó Jorge Bernal, asesor del despacho del Gobernador y coordinador de la Sede Subregional Centro en Plato-Magdalena, la administración municipal expidió una carta de intención en la confirma que pone a disposición de la Gobernación parte del lote del colegio Luis Carlos Galán para empezar la construcción, que fue anunciada por la Gobernación del Magdalena a comienzos de febrero. 

La decisión de la Alcaldía se dio después de una protesta realizada por la comunidad estudiantil del municipio el miércoles 27 de abril. Ese día, estudiantes, consejeros de juventud y líderes juveniles se movilizaron por las calles del municipio coreando arengas y sosteniendo carteles con frases como “La educación no se vende, se defiende”. Con esta manifestación, en la que también participaron estudiantes de Tenerife y Chibolo, los jóvenes se hicieron escuchar y le exigieron a la Alcaldía municipal que habilitara un espacio para la construcción de la sede universitaria. 

La falta de claridad sobre los permisos para empezar la construcción de la nueva sede en Plato fue precisamente lo que motivó la protesta estudiantil pues hasta ese momento había dudas sobre su viabilidad. En abril, el alcalde Jaime Peña Peñaranda publicó un comunicado en el que afirmó que el gobernador Carlos Caicedo no había solicitado el permiso para la construcción y señaló que ya había un proceso de licitación en curso para la construcción y dotación de un parque en ese mismo predio. 

Tras la marcha, la Personería convocó una reunión en la que participaron representantes de la Alcaldía, delegados de la gobernación, el presidente del Consejo, el rector del colegio Luis Carlos Galán y un delegado de los jóvenes. Según Jorge Bernal, en esta reunión se acordó que una comisión integrada por los equipos técnicos de la Secretaría de Educación de la Gobernación y de la Oficina de Planeación de la Alcaldía visitará el terreno del colegio Luis Carlos Galán para establecer si era posible construir la sede universitaria y el parque para el barrio en el mismo lugar.

Al final de la visita, que tuvo lugar el martes 3 de mayo, los funcionarios concluyeron que sí se podían construir ambos proyectos. De acuerdo con Bernal, ya se iniciaron los trámites legales relacionados con la propiedad del predio para dar inicio a la convocatoria para la licitación de la obra. 

Qué dicen los jóvenes

La construcción de esta sede universitaria genera expectativa entre los jóvenes y estudiantes del municipio que desde hace años esperan que mejore la oferta de educación superior en esta zona del departamento. 

• Daniel Padilla, actual consejero de juventudes, asegura que los jóvenes de Plato han soñado con este proyecto durante años. “Acá la educación es muy precaria, muchos jóvenes se ven obligados a coger otros rumbos porque no cuentan con una fuente de empleo o de estudio. Además ya muchas personas podrían ir pensando en crear pensiones, donde recibirán a estudiantes de afuera”.

• Jamer Ramos Ortega, líder juvenil del Municipio de Plato y presidente de JAC quien hizo parte de la manifestación, dice que este proyecto es una oportunidad para la activación del comercio y el empleo de la región. “Va a traer más inversión y desarrollo para nosotros”.

Lo que sigue

• La Gobernación proyecta entregar la obra a finales del año 2023.

• Los jóvenes del municipio, con el apoyo de  los Consejeros de juventudes y algunos personeros,  crearon un Comité “Pro educación”  para hacerle seguimiento al proyecto. “Nosotros seguiremos en esta gran lucha por la educación y queremos que este proyecto sea un hecho” asegura Daniel.

Moreno nació en la  comunidad de Togoromá en el litoral del San Juan, Chocó. Trabajó como madre comunitaria durante 17 años y desde que empezó a ocupar puestos de liderazgo ha luchado por defender su cultura, su territorio y, en general, los derechos de las comunidades negras del Pacífico. Desde hace varios años intenta elevar las preocupaciones, necesidades y reivindicaciones de las mujeres pertenecientes a distintas comunidades del San Juan. “Yo hago todo el recorrido por el San Juan y conozco a Carmen aquí y a Marta allá, a Juana por acá y cuando llego a hablar a algunos escenarios, no solamente hablo por Elizabeth sino por todas esas mujeres afros, negras e indígenas, que no tenemos la oportunidad de llegar allá y luchar por esa igualdad de derechos que todo merecemos”, comenta.

En 19 de septiembre del 2015 fue elegida como representante legal del Consejo Comunitario General del San Juan (Acadesan), organización de las comunidades afrocolombianas residentes en el medio, bajo y costero del Río San Juan y sus afluentes que comprende 72 comunidades. Fue la primera mujer que ha llegado a ocupar este cargo dentro de la organización. Hoy, su principal labor es hacer valer los derechos de más de 17 mil familias que viven en estos territorios, gestionando proyectos y estrategias que ayuden a salvaguardar la vida, el medio ambiente y hacer visible las problemáticas derivadas del conflicto armado.

Moreno conoce de cerca las necesidades de las comunidades a quienes representa. Antes de ocupar el cargo de representante legal, fue presidenta del Consejo Comunitario local por casi cinco años. Desde entonces encontró maneras de alternar su labores en la casa, sus responsabilidades como lideresa y como estudiante. Así, por ejemplo, logró terminar su bachillerato y sus estudios como Auxiliar de Enfermería. Trabajaba de lunes a viernes con madre comunitaria y estudiaba de viernes a domingo.

Además, representa al Chocó en el espacio nacional de Consulta Previa y de la plataforma de la Coordinación Regional del Pacífico, y hace parte de la Comisión de Internétnica de la verdad del Pacífico. También ha representado a su departamento en otros espacios como la mesa de diálogo entre las Farc y el gobierno en La Habana.

Consonante: ¿Qué obstáculos has enfrentado en tu trabajo como lideresa? 

Elizabeth Moreno: El primer obstáculo con el que la mayoría de las mujeres líderes que estamos en estos escenarios nos hemos encontrado ha sido el machismo, la desconfianza y los celos de los maridos. Esa es la primera barrera y creo que para muchas poder hoy estar en los espacios que estamos nos ha tocado separarnos de la pareja. Porque la satisfacción que me va a dar el trabajo por la comunidad, no la voy a encontrar en la casa. En la casa ayudo a los de la casa, pero en estos escenarios ayudo a toda una comunidad, a un territorio. 

Por otro lado está el racismo estructural y social que se ve reflejado en muchos escenarios. Sólo por el hecho de ser negra nos cierran el camino, no nos dan la oportunidad. Todo esto también hace que muchas veces el principal obstáculo sea la falta de confianza en nosotras mismas; en creer en nuestras capacidades. 

Por eso hay que ponerle la frente al sol para seguir avanzando. Las barreras que se encuentran en el camino, simplemente se echan para un lado, hay que alcanzar los sueños porque eso no se termina cuando mueres, continuas porque a veces dejas muchos legados que la gente coge para seguir su camino.

C: En el 2013 junto a la comunidad de Togorogá tuviste que desplazarte producto del enfrentamiento entre los paramilitares y la banda de Los Urabeños. Desde tu experiencia de vida y recorrido por los territorios del San Juan, ¿de qué maneras has visto que ha impactado el conflicto a las mujeres particularmente?

E.M: La afectación que genera todo este accionar del conflicto armado en el territorio frente a la mujer ha sido bastante crítico. Nosotras hemos pagado con nuestra vida, con nuestra dignidad, con nuestro cuerpo, con nuestra cultura todo lo que es el flagelo de la guerra.

Muchas [las mujeres] han sido violadas. Muchas hemos tenido que ver morir a nuestros hijos, a nuestras parejas, a nuestros familiares y demás miembros de diferentes comunidades. Hablamos de la pérdida de esa dignidad cuando nos toca vivir en los territorios algunas mujeres ser la pareja de este mismo victimario que acabó con su hijo, con su papá o con su familia. Se ve todo ese tejido social quebrantado.

Hablamos de la pérdida de la tierra, de desarraigo producto de toda esa circunstancias que nos llevan a abandonar el territorio. Ahí se pierde en muchas ocasiones la cultura porque donde vamos a vivir no tienen las mismas condiciones, la forma de vida es diferente. Tenemos a veces que adaptarnos a otro sistema de vida, que no es el propio, no es el original. Para nosotros el territorio es la vida y la vida nuestra está en el territorio.

Y si analizamos todo lo que vivimos con la pandemia. Se incrementó la violencia intrafamiliar, hubo muchas violaciones a nuestros hijos. Solo que por cuestiones en nuestro territorio muchas veces no se habla de eso, hay muchas cosas que callamos las mujeres; que por prudencia, por tener vergüenza, no se dice y vivimos es un calvario.

C: ¿Ves algún cambio en el rol de las mujeres dentro de las comunidades del San Juan?

E.M: Nosotras como mujeres afro de acá del pacífico de la región del San Juan hemos estado muy ligadas a la tradicionalidad y a la ancestralidad. Nuestras antecesoras vivían refugiadas o sumisas frente al patriarcado. Muchas hemos vivido bajo esa sombra, creíamos que éramos esclavas y que tendríamos que seguir siéndolo. La verdad es que en muchos escenarios, la mujer se vio rezagada a la casa, al cuidado de los hijos, al cultivo pancoger o de la siembra de medicinas tradicionales.

Pero gracias a la lucha que han dado muchas mujeres en la defensa de nuestros derechos como mujeres afro ha sido posible que hoy muchas podamos alzar la voz, que podamos hablar en diferentes escenarios. Es poder liberarse del yugo para poder estar aquí y allá. Ser cuidadoras de la casa, cuidadoras de los hijos, pero también estar en otros espacios donde podamos sentirnos bien. 

Pero tenemos que buscar estrategias para rescatar nuestra autonomía, seguir fortaleciéndonos para que esos derechos que hemos ido ganando vayan de la mano con  nuestra cultura. El reto más difícil ha sido auto reconocernos y también auto valorarnos. Buscar la igualdad ante las diferentes instancias pero también no desarraigarse de nuestros antepasados, de nuestra tradición.

C: ¿Cuáles son esas estrategias?

E.M: Estamos en varias plataformas. Organizaciones de diferentes mujeres que nos estamos buscando y brindando la oportunidad de seguir capacitándonos, conocer de nuestro derechos para poder reclamar, para tener los mismos derechos que los hombres y llegar a la misma  igualdad que tienen las mujeres en el resto del país. Tenemos derecho a defender nuestra cultura, nuestra raza, nuestra lengua, nuestro cuerpo, defendernos como mujeres negras. 

Hoy en día, por ejemplo, se está dando el rescate de nuestro pelo afro. Ya muchas hemos dejado de alisarnos e ir recuperando ese pelo y es muy bonito porque es como reencontrarse con el nacer, con su tradicionalidad, buscar esa conexión con la tierra.

Queremos estar en diferentes escenarios y hacernos escuchar. Queremos buscar estrategias que nos lleven a un futuro mejor. Necesitamos crear políticas que defiendan los intereses de las víctimas, de los campesinos, de los indígenas, de los afro. Necesitamos unificarnos e innovar esos escenarios. Creo que es desde allí donde las mujeres tenemos que sacar todo ese potencial que tenemos y ponerlo al servicio de nuestras comunidades.

C: ¿Destacas algún avance en ese sentido?

E.M: Creo que grandes luchas hemos tenido y se han visto grandes resultados. La lectura que nos daban anteriormente los esclavizadores era que las mujeres negras servíamos para la cama y para ser empleada doméstica. Pero gracias a Dios hemos roto esos estigmas, hemos abierto esa fecha y hemos demostrado que como mujeres negras tenemos capacidad de materializar nuestros sueños y tenemos capacidad de ejercer poder.

Hoy nuestras mujeres en el departamento del Chocó estamos ocupando cargos grandes ante el gobierno y se está demostrando la buena labor. Hoy en nuestro país hemos tenido ministra afro, ha habido senadoras, alcaldesas, hay mujeres negras que están en la Comisión de la Verdad (...) hoy muchas mujeres en los territorios ya hacen parte de los consejos comunitarios, han participado en la política, mujeres que vienen a cuidar a los procesos organizativos a las alcaldías. 

Yo soy la primera mujer que llegó a la representación legal de mi organización, cuanto anteriormente por el mismo machismo que vivimos nosotras no pasábamos de ser secretaria o vocal, porque supuestamente no teníamos más capacidad.

C: ¿Qué hace falta?

E.M: Yo creo que para romper con este sistema machista racista es necesario creer en nosotras mismos, apoyarnos y apalancar nuestro trabajo, unificando los sueños, unificando las ganas, unificando el amor por lo que hacemos por nuestra tierra, por nuestra raza y por nuestra gente. Decir basta ya de machismo, basta ya de clasicismo, basta ya de racismos.

Por qué es importante

En total, 398 candidatos y candidatas de 167 municipios se disputarán 16 curules en la Cámara de Representantes. Todos son víctimas y representantes de las regiones más afectadas por el conflicto armado en el país, o al menos así lo estipula que debería ser el decreto con el que el Gobierno reglamentó las CTEP el pasado octubre. Para varios candidatos del Chocó, estas curules son una oportunidad para tener una voz en el Congreso, y garantizar que sus necesidades y propuestas sean escuchadas.  

¿Qué está pasando con las campañas en Chocó?

Los candidatos y candidatas aún están a la espera de que lleguen los recursos estatales para hacer sus campañas a pesar de que las elecciones son el próximo 13 de marzo. Por ahora, han tenido que pedir favores  a familiares y amigos para diseñar la imagen de sus campañas, usar las redes sociales para visibilizar sus propuestas, valerse de los líderes de cada una de las comunidades donde entra la señal para hacer la pedagogía por teléfono y costear de su bolsillo la gasolina para hacer reuniones. “Estamos haciendo campaña vía telefónica; esto es muy berraco”, cuenta José Sócrates, el candidato del municipio de Vigía del Fuerte, Antioquia. En su opinión, “esto parece un chiste”, pues “hay posibilidad de inscripción pero no hay posibilidad de hacer campaña porque no hay recursos”.

La principal preocupación en este momento es que no tienen los recursos para poder trasladarse hacia las comunidades a las que se llega por vía fluvial. Solo un recorrido de seis días para hacer campaña podría costar 10 o 11 millones de pesos. “Movilizarse tiene costos elevados; y así no vamos a poder llegar a los rincones de estos 14 municipios, hablar con la gente y plantear nuestras propuestas”, afirma José de la Cruz. Las víctimas reclaman que se está produciendo una “competencia desleal”; pues el que tenga los recursos propios para ir a las zonas más alejadas y hacer campaña tendrá más posibilidades para ganar la curul. “El gobierno por un lado nos puso a pelear y por el otro a que hagamos campaña con las uñas”, comenta la candidata Zenaida Riosucio, desplazada de la masacre de Bojayá. 

¿Qué pasa con la financiación?

La financiación de las campañas por las curules de paz es diferente al de las elecciones regulares. El  acto legislativo 2 del 25 de agosto de 2021, que creó las circunscripciones especiales de paz, plantea una financiación “preponderantemente” estatal, a través de la reposición de votos y anticipos; y un pequeño porcentaje de financiación privada que debe estar en un fondo común, controlado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) que debe repartir este dinero entre todos los y las candidatas. Este modelo no permite la financiación directa de privados.

Sin embargo, este proceso de financiación no está funcionando como se esperaba para el caso del Chocó; tampoco para el resto de los departamentos.

En realidad, esto es lo que está sucediendo:

• Hay preocupación respecto al censo electoral de las zonas rurales, sobre el cual se define el monto de financiación que la CNE debe distribuir a los candidatos. Pese a que ya terminó el proceso de inscripción de cédulas en los 167 municipios, hay indicios de que el censo está desactualizado por la cantidad de barreras tanto tecnológicas como de movilidad que tienen estas comunidades. “Si el censo está  desactualizado no se sabe cual es el valor de los anticipos y su cálculo podría ser inferior al que los candidatos necesitan para sus campañas”, advierte Mauricio Vela, coordinador del Observatorio Político Electoral para la Democracia de la Misión de Observación Electoral (MOE). Además, reclama Zenaida, se quedaron por fuera las víctimas que están en los casos urbanos o las que no han podido tener un retorno con garantías a sus comunidades.

• Existen demasiados trámites que superan las capacidades económica y de gestión de las organizaciones sociales y de los candidatos de estas regiones, donde la mayoría son indígenas, campesinas o afros de bajos recursos. Por ejemplo, uno de los requisitos para pedir los anticipos que deben cumplir los candidatos es pagar una policía, que puede costar entre 5 y 7 millones de pesos, para “salvaguardar” los recursos públicos. Además, el acto legislativo exige la apertura de cuentas bancarias; lo que resulta un obstáculo más debido a la baja bancarización de estas zonas. Lo que refleja, según Mauricio, “que realmente no se analizaron las condiciones de estos territorios al crear esta reglamentación. Faltó un poco de sentido común, debería  ser menos engorrosa”.

• No se sabe cómo funciona el fondo de recursos privados y para muchos candidatos no tiene sentido. “Eso tiene algo complejo porque el financiador privado estaría apoyando a todos los candidatos; no parece ser una estrategia muy atractiva”, comenta Julio Cesar Paredes, experto del fondo territorial de capital humano del Instituto para las Transiciones Integrales (Ifit, por sus siglas en inglés), una organización no gubernamental que brinda asesoría técnica, imparcial e independiente a tomadores de decisión en contextos de negociaciones o transiciones.

• También existen reclamos sobre algunos candidatos que posiblemente están recibiendo dinero y respaldo de partidos políticos tradicionales de la región, o que su candidatura incumple alguno de los requisitos del decreto en cuanto a su condición de víctima o por haber sido candidatos/as a cargos públicos con avala de movimientos políticos con representación en el Congreso. Todo esto está prohibido según el decreto 1207 de 2021.

• Todavía hay muchas dudas sobre el acto legislativo y sus diferentes resoluciones, en especial en lo que respecta a las fuentes de financiación, procedimientos, fechas, plazos e inhabilidades. De acuerdo a los candidatos y candidatas esto ha traído toda clase de obstáculos y retrasos en la solicitud de los anticipos y muchas dudas respecto a cómo manejar los recursos propios.

Los expertos explican que esta clase de inconsistencias y retrasos con respecto a la financiación puede traer consecuencias graves. Si los candidatos comienzan a improvisar con el dinero sin conocer qué fuentes de financiación están prohibidas y cómo deben manejar sus recursos propios, podrían ser sancionados o, en el peor de los casos, podrían provocar que su candidatura fuera inhabilitada por el CNE según lo reglamentado por el decreto y por ende quedara la “la silla vacía”. Para José de la Cruz, “el riesgo es que toda la región se quede sin representación, que no haya esa persona  que ayude a legislar en beneficio de esta colectividad, que no haya esa voz de los que no tiene voz en el Congreso”.

Organizaciones como la Moe insisten en  la necesidad de que el Ministerio del Interior cree comisiones de seguimiento y hacen una llamado a la CNE para que haga pedagogía en los territorios sobre el manejo de los recursos para que los candidatos, con el fin de atender de manera preventiva las situaciones de estos municipios y adoptar de manera conjunta medidas de prevención o mitigación de estos riesgos.

Qué dice la gente

Para varios candidatos y candidatas, si no se hace una campaña pedagógica sobre la importancia de las curules de paz, no se podría garantizar que las elecciones sean realmente democráticas y que las comunidades voten de manera informada. Por eso, reclaman por la falta de garantías electorales.

• “Puede que haya mucha abstención porque le van a restar importancia; o van a votar por gente apoyada por los partidos tradicionales; tenemos que llegar a las comunidades para que ellos sepan y que no compren su conciencia”, advierte José Sócrates.
• “El pueblo tiene que actuar con libertad a la hora de elegir. Queremos una representación más cercana a la comunidad, alguien que pueda elevar la voz frente a las necesidades que tenemos, más cuando el departamento está asediado por la situación de violencia”, comenta José de la Cruz.
• “Hago un llamado al gobierno para que asuma su responsabilidad; no nos han dado las garantías para que podamos hacer esto dignamente. Tienen que asumir la seguridad de nosotros en los territorios”, reclama Zenaida. 

Otros riesgos

También hay otros factores que ponen en riesgo la campaña de los y las aspirantes a las curules de paz. Los dos más graves son la situación de seguridad en los territorios y la financiación de las campañas. Según la Moe, el 100 por ciento de los municipios que representan la Circunscripción No.6 (12 municipios de Chocó y 2 de Antioquía), presentan algún nivel de riesgo por violencia y un 71 por ciento un riesgo por fraude electoral.  

Una situación parecida viven otros municipios dentro de las demás circunscripciones. Según la Moe, en este momento el 86 por ciento del total de los municipios  inscritos a  nivel nacional  tiene algún nivel de riesgo por violencia y alrededor del 56 por ciento de los municipios tiene algún riesgo de fraude electoral.

Lo que sigue

Aún no hay indicios de que el CNE determine cuándo y cómo llegarán los recursos. La votación se hará el 13 de marzo, el mismo día que se elegirá el nuevo Congreso y también las candidaturas únicas de las tres coaliciones que se conformaron para competir por la Presidencia.

¿Qué pasó?

Más de 50 líderes y periodistas estaban reunidos en una formación en derecho internacional humanitario la noche del miércoles en el edificio “Héctor Alirio Martínez” cuando estalló el vehículo.  La explosión destruyó la mayor parte de las sede del ICA y afectó la estructura de la sede del Movimiento político de masas social y popular Centro Oriente de Colombia, donde trabajan organizaciones como Amar, Asojer, Asonalca, la Guardia Interétnica, Trochando sin Fronteras, la Fundación Joel Sierra , entre otras. También resultaron afectados restaurantes y residencias cercanas. Por el momento, se ha reportado un muerto, quien era el vigilante de la sede del ICA, y cuatro personas heridas.

Esta situación es producto del recrudecimiento de la confrontación entre el Eln y las disidencias de las Farc desde los primeros días del 2022. Esto es lo que ha pasado:

• En la madrugada del 2 de enero 23 personas fueron asesinadas en Arauca y sus cuerpos aparecieron abandonados en varias carreteras del departamento.
• El 9 de enero se registró un atentado con explosivos contra la sede administrativa de la empresa comunitaria de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Saravena. No hubo heridos.
• El 10 de enero hubo una detonación de un explosivo en la vereda El Consuelo en Saravena y la incineración de un bus de Copetran a la salida de Tame.
• Varias personas han sido reportadas como desaparecidas y al menos 170 familias han tenido que desplazarse de sus tierras. 
• Desde el 2 de enero hasta hoy varias organizaciones sociales defensoras de derechos humanos han emitido alertas sobre las amenazas y atentados contra los líderes sociales. Entre los homicidios más recientes está el de Miguel Alexi Amado, miembro de Asonalca y José Avelino Pérez, integrante de la Fundación Joel Sierra, defensor de derechos humanos quien ya había presentado procesos de judicialización por parte del Estado en el 2021.
• En lo que va del año al menos 40 personas han perdido la vida.
  
  

Jonathan Camargo, presentador del Informativo Centro Oriente, cuenta que hace días circuló un audio de Antonio Medina, de las disidencias del frente 48  de las FARC, en el que señalaba que iban a atentar contra las organizaciones sociales. Para Jonathan, lo que ocurrió ayer estaba dirigido precisamente contra la sede de las organizaciones sociales. “En este momento la gente tiene miedo y mucha tristeza. Esto está dejando víctimas todos los días: asesinatos, bombas, persecuciones , amenazas, etc. Lamentablemente esto deja bastante roto el tejido social y deja unas huellas muy fuertes en la comunidad”, lamenta.

Para Eliécer Cáceres , periodista de la emisora comunitaria Arauquita Stereo, este es un atentado directo contra el tejido social, a los líderes, lideresas y el movimiento social del departamento de Arauca. Pero pese a la zozobra y el miedo mantienen su propósito claro y no piensan dejar de defender una vida digna en  comunidad. “Como periodista seguiré denunciando estos hechos de terror que atentan contra la vida, contra un proceso social de más de 50 años en la región”.

Según Juan Carlos Torregrosa, abogado, activista y actual coordinador de la secretaría jurídica y seguimiento de casos de la Fundación Joel Sierra, con todo esto se corrobora lo que ya muchos venían declarando: “que la militarización del departamento no es lo que va a llevar a la protección de la vida e integridad de los líderes, lideresas y de la población civil, de sus bienes, procesos y proyectos”. Pero además, según Juan Carlos “pese a todas las amenazas que se han conocido y los  documentos de alertas que han circulado por redes el Estado no ha hecho mayor cosa para proteger a la gente”. 

Por su parte, Isneldo Gónzales, periodista  defensor de derechos humanos, quien estaba en el edificio “Héctor Alirio Martínez” al momento de la detonación, comenta que lleva toda su vida viviendo inmerso en el conflicto y admite que ha tenido que aprender a llevarlo de la mejor manera. “Lo que dan ganas es de no irme de mi departamento. Porque esta es mi tierra, donde nací, donde me crié y donde he trabajado toda mi vida. Aquí seguiremos luchando”, comenta mientras sufre de un terrible dolor de cabeza a causa de la explosión.

José Luis Lasso, personero de  Saravena, afirma que los habitantes de Saravena solo quieren la paz, y no se han cansado de pronunciarse  y manifestarse al respecto. Pero según él, para que esto ocurra es necesario que el Estado repare integralmente a las víctimas para que se rompa el círculo de conflicto y pobreza en la que están inmersos. “El 50 por ciento de los habitantes de Saravena  son víctimas del conflicto y llevan muchos años esperando por una mejor educación  y vivienda digna; lo básico para el desarrollo y para que sean otros los horizontes”, comenta.

¿Qué piden?

El llamado que han hecho las organizaciones sociales, defensores de derechos humanos y las comunidades organizadas en el departamento es:

• A  los actores armados, dejar a la población civil por fuera de sus acciones. 
• A las autoridades competentes, actuar con celeridad y sin dilación frente a la crisis humanitaria, tomando medidas  de protección y prevención .
• A los entes de control, como Defensoría y Personería, tomar las medidas necesarias y activar los protocolos para proteger a la población de Saravena, en especial a los líderes sociales que están siendo amenazados.
• Al gobierno nacional, cesar la estigmatización que posa sobre las organizaciones sociales.
• A los ciudadanos y movimientos  sociales, condenar toda acción que atente contra la vida de cualquier colombiano y actuar con mayor solidaridad.
• El apoyo y solidaridad de todas las organizaciones humanitarias nacionales e internacionales para que exhorte al gobierno colombiano a garantizar la vida e integridad de la ciudadanía en general.
  

La respuesta del gobierno

El presidente Iván Duque anunció medidas para fortalecer la seguridad en la zona; entre ellas incrementar la presencia con dos batallones de aproximadamente 600 hombres para hacer control territorial en los Centros Poblados de Puerto Nariño, La Esmeralda, Aguachica, Botalón y La Paz. La llegada de los militares se hizo efectiva el 7 enero. Sin embargo, desde entonces la medida ha generado rechazo entre la población que afirma que la  presencia del Ejército no les genera tranquilidad. “Lo que ha traído es un estado de tensión de zozobra en la población”, comenta Jonathan.

Lo que sigue:

Miembros del Ejército y la Policía siguen haciendo presencia en Saravena, después de que las diferentes entidades municipales les exigieron actuar. Esto, pues a pesar de que la estación de Policía está ubicada a dos calles del lugar donde ocurrió la exploción anoche, los uniformados tardaron aproximadamente una hora en llegar al lugar. También se espera que se lleve a cabo un Consejo de Seguridad en las próximas horas, pero aún no se ha confirmado.

Para Jonathan y varios representantes de organizaciones de base del municipio urge el diálogo con los diferentes actores sociales, tanto armados como sociales para buscar una salida a esta crisis. 

Para muchos, lo que se vivió en Arauca a comienzos de año no fue una sorpresa. Desde 2018 la Defensoría del Pueblo había alertado que el conflicto en la región había recrudecido por la reagrupación y conformación de grupos armados integrados por disidentes de las Farc. La entidad también había advertido en 2019 que aproximadamente 69.000 personas de Arauquita, Saravena, Fortul y Tame se encontraban en riesgo, al estar en un lugar estratégico para los grupos armados. 

En lo que va del año al menos 35 personas han perdido la vida, varias han sido reportadas como desaparecidas y al menos 170 familias han tenido que desplazarse de sus tierras. Además, el 9 de enero se registró un atentado con explosivos contra la sede administrativa de la empresa comunitaria de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Saravena y varios líderes sociales han recibido amenazas. Los últimos hechos reportados fueron la detonación de un explosivo en la vereda El Consuelo en Saravena y la incineración de un bus de Copetran a la salida de Tame.

La Fundación Joel Sierra, organización no gubernamental conformada por delegados de las organizaciones sociales de base más representativas de Arauca, lleva 26 años documentando el conflicto en el departamento. Se ha dedicado a denunciar las violaciones al derecho internacional humanitario, acompañar a las víctimas y hacer pedagogía del Acuerdo de Paz. Juan Carlos Torregrosa, asegura que la única salida a este conflicto es superar las causas estructurales que lo originan.

Consonante: ¿Hay alguna novedad en la dinámica del conflicto que se ha registrado estos días?

Juan Carlos Torregrosa: Lo primero que hay que recordar es que el país sufre un conflicto social político y armado hace muchas décadas, que tiene un origen político y unas causas estructurales que están relacionadas con las desigualdades, la inequidad, el modelo de producción y con la falta de garantía de derechos humanos. Un conflicto que se vive con mayor rigurosidad en algunas regiones, como es el caso de Arauca.

Todo lo que está pasando es parte de la misma dinámica, pero yo creo que es importante tener en cuenta que antes había una estructura nacional de las Farc, que tenían unos ideales políticos, una propuesta campesina y de reforma agraria. Pero cuando se habla de las disidencias ya es destino. Yo creo que eso le da otro ingrediente. 

Hay cosas que se han especulado. Se han acusado mutuamente. Se dice que supuestamente las Farc estaría trabajando con el gobierno, por todas estas pretensiones con Venezuela, pero también para todo el tema de fortalecimiento para poder asegurar lo de producción petrolera y demás. Entonces supuestamente están trabajando en conjunto. Pero ellos (las Farc) dicen que el Eln tiene infiltraciones, entonces los infiltrados son los que están trabajando con el gobierno. Pero todo eso está arbitrado por la presencia del Ejército, y de la fuerza pública. Alguno de los dos está trabajando con el Eln, no sé, pero ahí está la cosa. También se dice que la Nueva Marquetalia va a apoyar al Eln en esta lucha contra las disidencias de Gentil Duarte. Pero es un elemento nuevo. También en un comunicado del Ejército Popular de Liberación (EPL) decían que apoyaban lo que el Eln estaba haciendo. 

Entonces, esto no se puede mirar dejando de lado el conflicto social-político, porque son las mismas causas estructurales. 

C: Se dice que la región del Sarare es estratégica para los grupos armados ¿Por qué?

J.C.T: Esta zona ha estado totalmente abandonada por el Estado colombiano, pero cuando se trata de explotar los bienes de la naturaleza y de mano de obra barata, ahí si le interesamos al mundo. También es la zona de frontera más extensa con Venezuela, ahí también hay un interés.

A pesar de que la capital del departamento es Arauca, Saravena es la antena de la región del Sarare. Es la capital social, del emprendimiento y todo lo demás. Para sacar el petróleo para la costa tiene que atravesar el municipio. Además el alojamiento de los gringos y los militares se construyó en el cantón millar de acá. Sin embargo, el conflicto lo hemos vivido a lo largo de todo el departamento.

C: ¿Qué es lo que más les preocupa?

J.C.T: El movimiento social ha sido victimizado fuertemente en el marco de este conflicto.

El 9 de enero en horas de la noche ocurrió un atentado criminal contra la sede administrativa de la empresa comunitaria de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Saravena, ECAAAS-ESP. Esta empresa es un proyecto producto de la iniciativa de gestión popular del pueblo organizado. Es un modelo de emprendimiento solidario, que se contrapone al modelo de empresas que prestan estos servicios.

Previo al lanzamiento de este explosivo, había circulado en redes sociales un audio con la voz de una persona que se nombra como Antonio Medina. Y se dice que es el comandante del frente 28 de las disidencias de la Farc. En este audio hace una amenaza directa a los miembros de las juntas de acción comunal, se menciona a Asojuntas, líderes sociales y en general a sus proyectos. Esto es preocupante.

C: ¿Había pasado algo así antes?

J.C.T: En el 2003 fueron asesinados cuatro compañeros de este proyecto comunitario por  paramilitares, y  muchos han sido judicializados; incluido el actual presidente que ha estado preso dos veces. También han aparecido grafitis en las fachadas de la empresa comunitaria a nombre de paramilitares, que decían “muerte a los trabajadores de ECAAAS” y “muerte a milicianos de ECAAAS- ESP”. El año pasado se había lanzado un artefacto explosivo en el marco de este enfrentamiento que hubo entre el Eln y las Farc.

C: ¿Por qué los amenazan?

J.C.T: Han estigmatizado y señalado el tejido social de este pueblo organizado porque se opone a las políticas de explotación de los recursos, y ha denunciado públicamente la hecatombe social ambiental y humanitaria que eso ha generado. Entonces esa estigmatización tiene que ver con las masacres, asesinatos selectivos, la persecución judicial, el desplazamiento, la desaparición forzada, las torturas, la invasión de la vida cotidiana, y la militarización a ultranza de este territorio.

Nos han dicho que pertenecemos al Eln, que otros pertenecen a las Farc, qué somos colaboradores y todo ese tipo de cosas. Entonces hemos sido víctimas de todos esos ejes, incluyendo cuando se implantó el eje del paramilitarismo. Somos el enemigo interno, porque nos oponemos a ese afán depredador de acumulación de ultranza de capital del mundo imperial.

Entonces, se persigue al movimiento social y se causa el daño a sus proyectos y sus planes de vida.

C: Usted menciona que esta dinámica de intimidación al movimiento social no es nueva, ¿por qué lo dice?

J.C.T: En el 2002, después de la llegada al gobierno de Álvaro Uribe Vélez, la Fiscalía junto con la Fuerza Pública y unas personas de civil, que andaban en un carro con vidrios polarizados, recogieron a más de 2000 personas en el casco urbano de Saravena, y los concentraron en el coliseo Jacinto Jerez Archila. Eso comenzó el 11 de noviembre en la madrugada cuando se conmemoraban en el municipio las ferias y fiestas ganaderas. Las personas iban siendo pasadas frente a estos carros con vidrios polarizados, y dentro de los carros había unos civiles que señalaban a las personas, y luego las personas eran capturadas por el CTI de la Fiscalía. Fueron capturadas  43 personas y a las otras se le colocó un sello con tinta indeleble para que pudieran salir, al estilo de los campos de concentración nazi. Las otras personas fueron amarradas con unos zunchos plásticos y trasladadas inicialmente al batallón, y posteriormente fueron judicializadas y trasladadas al Distrito capital. 

Unas 35 o 36 fueron acusadas de ser colaboradores o pertenecientes del Eln y las otras fueron acusadas de pertenecer a las Farc (...) Inicialmente salieron por vencimiento de términos, luego de seis largos meses de estar privados de la libertad, y finalmente el juzgado 41 penal del circuito de Bogotá los absolvió de toda responsabilidad penal, en el caso de rebelión que se les había acusado.

Nosotros hemos dicho que más de 2.000 líderes sociales, dirigentes comunales y demás, han sido judicializados en esta estrategia entre el año 2002 y 2013 en el informe que estamos presentando ante la Jurisdicción Especial para la Paz.*

*Según investigaciones de Verdad abierta se calcula que durante los enfrentamientos entre el Eln y las Farc entre 2005 y 2010 murieron cerca de dos mil personas, en su mayoría población civil.

C: Entonces, ¿ cómo tomaron la noticia del gobierno de militarizar el departamento?

J.C.T: El Estado ha sido el principal victimario en esta región. Todo esto (la militarización) ha servido para ejecuciones extrajudiciales, que aquí se han cometido muchas; para las masacres por parte del Estado, a saber la Fuerza Pública, como la de Santo Domingo donde murieron 17 personas, la de Caño Seco, entre otras. Ellos no vienen a proteger a la población civil. Es el departamento más militarizado y aun así el año pasado ocurrieron 148 asesinatos de civiles.

Hemos dicho que esta no es una respuesta al conflicto, no es una respuesta para la protección de las comunidades y sus proyectos de vida. Tiene que ver con la implementación de una política de Estado. Ya eso estaba programado con anterioridad. Por ejemplo, en el Consejo de Seguridad cuando se anunció lo de los batallones también se dijo sobre la construcción de la estación de Policía de Puerto Jordán. ¿Y eso tiene que ver con lo que está pasando? También se dijo sobre dos instalaciones militares en Aguachica y La Esmeralda; pero coincidencialmente esta zona de Saravena, Tame, Botalón y de Arauquita, están terminando los trabajos de exploración para la explotación petrolera. Van a seguir como una fuerza mercenaria al servicio de las trasnacionales.

C: ¿Cuál es el plan de vida que defienden los movimientos sociales?

J.C.T: Hay un tejido social que se ha ido construyendo y que se articula en torno a un plan de vida que el pueblo organizado ha ido construyendo de acuerdo a sus experiencias y saberes naturales y también a la formación política e ideológica de las comunidades. Lo hemos ido definiendo a partir de eventos, foros, cabildos y movilizaciones para plasmar nuestra visión de pasado, presente y futuro.

Se ha ido construyendo como un diagnóstico, de lo que pasa hoy, de las necesidades, y de los derechos de la gente. Entendemos que la supervivencia de las especies depende del cuidado que tengamos con la naturaleza, entendamos que somos parte de la naturaleza, que no estamos por encima entonces debemos coexistir. No digo que no existan las rivalidades pero hemos hecho un esfuerzo por caminar juntos. La unidad frente a los temas, la planeación, y el tener un objetivo que nos guíe es fundamental. 

Se ha analizado si todo eso puede existir o no en este modo de producción capitalista. Se han hecho propuestas sobre la productividad, sobre derechos sociales, bienes de consumo colectivo, la producción avícola, para la industrialización de todos estos sectores. Hay propuestas para la educación, la salud, el trabajo digno, la vivienda, y el cuidado de la naturaleza. Hay propuestas para todo este tipo de cosas, y las hacemos con esa idea de que hay un mundo que tiene que hacer diferencia, debe haber una sociedad diferente. Relaciones emancipadas, cooperadas y del equilibrio dinámico; a partir del respeto, del trabajo colectivo, del trabajo democrático.

C: ¿Y estas propuestas han sido escuchadas? 

J.C.T: Volvemos al principio de todo este tema del conflicto armado social y político, y de los intereses del Estado que son diferentes a los nuestros. Por eso es que aquí se ha iniciado todo esto desde los años 70. Por ejemplo, ya se destruyó el santuario de flora y fauna de lo que se conoce cómo la laguna del Lipa (...) Ahí vamos mal. Hemos denunciado y hemos exigido al Estado parar.

Por eso las movilizaciones, las marchas, los paros, los cabildos, los foros, y todo lo demás. De una parte, denunciamos todo lo que afecta nuestro plan de vida, pero de otra parte, siempre hemos estado dispuestos a coordinar, concertar, dialogar con el Estado y con las instituciones, hemos mostrado por dónde puede ser el camino y le hemos hecho los planteamientos y propuestas.

Pero también hemos ido ejecutando y trabajando. Hemos definido los Territorios Campesinos Agroalimentarios. Hemos creado empresas comunitarias para demostrar que sí se puede manejar de una forma distinta, no para acumular. Hemos ido adelantando con el gobierno, o sin el gobierno, cómo sea. Hay cosas como estas que nos tienen orgullosos, por ejemplo, busque una empresa en el país que preste con calidad los servicios públicos cómo ECAAAS. Tiene la potencialidad para convertirse en regional, y que ahora tiene 16 mil suscriptores, provee servicios a más de 67 mil casas y 70 mil usuarios, y dónde no se reparten las utilidades. Busque eso en otro lugar.

Y ahí estamos demostrando en la práctica cómo es que esto funciona. ¡Ah!, pero bueno, en toda esa marchas, todas esas movilizaciones hemos expuesto la vida y nos han judicializado, todo por hacer estas actividades.

C: ¿En qué aportó el proceso de paz a todo esto?

J.C.T: No sirvió para absolutamente nada. Eso que dijo Juan Manuel Santos que “llegamos al fin de la guerra”, pues será en otro lado porque acá no ha pasado un día sin conflicto y su intensidad sigue igual. Mire todo lo que ha pasado desde el 2016 para acá. Los ataques a la poblaciones, la judicializaciones, las violaciones a los derechos humanos; las ejecuciones extrajudiciales que se pensaban que eran cosa del pasado aquí se siguen presentando. Las víctimas  que están registradas siguen esperando que algún día llegue la supuesta indemnización, que por cierto no repara integralmente nada; algunos desplazados han regresado pero no en las condiciones de protección y dignidad que habíamos exigido.

Eso se veía venir porque no se trata de unos diálogos para la desmovilización de una guerrilla y que se le hagan unas concesiones. Si no se superan las causas estructurales no podemos hablar de paz. ¿Qué es la paz? La vigencia plena de todos los derechos que permiten una vida en condiciones de dignidad.

C: ¿Cómo ve el panorama en los próximos meses?

J.C.T: No sé si la confrontación entre Eln y Farc vaya a terminar hoy, mañana, en un año; es difícil preverlo.

Para salir de este conflicto hay que superar las causas estructurales y eso se hace entendiendo el origen político del problema y avanzando en la solución de estas causas. Pero en el entre tanto, pedimos que los grupos armados dejen a la población civil por fuera de esto. Que el Estado colombiano decida tener un diálogo abierto y frontal con las organizaciones rebeldes, pero principalmente con el pueblo en general, y que atienda a las víctimas que están aquí. Es la única forma.

Aunque eso de momento se va a demorar hay cosas con las que se pueden empezar, como los diálogos con la población civil para atender sus necesidades.

¿Qué ocurrió?

En la madrugada del 2 de enero amanecieron 23 personas muertas tiradas sobre algunas carreteras de los municipios de Saravena, Tame, Arauquita y Fortul. 

Según Juan Carlos Villate, personero de Tame, el ELN organizó un operativo sistemático y calculado, donde acordó las zonas, entró a las viviendas, sacó amarradas a las personas y las fue matando y tirando por en el camino.”No habíamos visto tanta crueldad, encontrábamos en las carteras cuerpos votados de lado y lado. Una masacre”, comenta.

Según la Fiscalía, hasta el momento han sido identificados 20 de los 27 cuerpos que fueron encontrados en los municipios de Fortul, Saravena y Arauquita, en Arauca y en el municipio de Cubará, Boyacá. En este momento hay 20 cuerpos en Saravena y siete en Tame esperando en proceso para su necropsia. Entre los identificados se encuentran dos menores de edad y cuatro ciudadanos venezolanos, así como cuatro presuntos integrantes del frente décimo de las Farc y cuatro personas registradas en las bases de datos institucionales.

Las declaraciones oficiales del Ejército han apuntado a señalar que “es un enfrentamiento por el control de las economías ilícitas entre integrantes del Grupo Armado Organizado (GAO) ELN Frente de Guerra Oriental contra integrantes del Grupo Armado Organizado residual (GAO-r), de las disidencias de las Farc”.

Claves para entender el impacto de lo ocurrido:

• Ese día se registraron oficialmente 23 muertes, sin embargo, desde el domingo han aparecido 6 nuevos cuerpos, ya han llegado denuncias de desaparición de personas. También, es evidente el desplazamiento de decenas de familias que huyen tratando de proteger las vidas de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en riesgo de ser reclutados por estos grupos.  

• Las cifras de desplazados se estiman en 219 personas en Tame y 81 en Saravena. La cifra va en aumento, pues tan solo en el distrito El Progreso (Tame) hay alrededor de 2.000 personas que están en riesgo y están buscando salir. Tanto personeros como voceros de las alcaldías han manifestado la necesidad activar con urgencia los corredores humanitarios y del apoyo en recursos por parte del gobierno nacional y departamental para la atención de las necesidad básicas de la población. Sin embargo, no se ha actuado con diligencia frente a la atención humanitaria que se requiere. Según Villate, “El conflicto armado se ha normalizado tanto que ya  no genera diligencia en las actuaciones por parte de las autoridades”.

• De acuerdo a los personeros de estos municipios Medicina Legal está colapsada porque no hay suficientes médicos para adelantar el proceso de identificación de los cuerpos y  las familias ya llevan más de cuatro días esperando. Por ahora la prioridad de la atención está puesta en este asunto. Igualmente el hospital de Sarare (Saravena) comunicó que limitará la prestación de servicios de salud domiciliaria en zona rural y urbana por seguridad del equipo médico.

Rechazo frente a las medidas militares del gobierno

A raíz de a los hechos presentados el presidente Iván Duque y el ministro de Defensa Diego Molano Aponte han anunciado medidas fortalecer la seguridad en la zona; alguna de ellas son:

• Aumentar recompensas contra cabecillas de la zona.

• Incrementar la presencia con 2 batallones de aproximadamente 600 hombres para hacer control territorial en los Centros Poblados de Puerto Nariño, La Esmeralda, Aguachica, Botalón y La Paz.

• Construcción de dos instalaciones militares en Aguachica y La Esmeralda del municipio de Arauquita para puntos de control territorial.

• Construcción de la estación de Policía en Puerto Jordán.

• Distribución de 311 hombres del Ejército en 11 puntos de control en las vías del departamento.

• Instalación de un punto de control por parte de la Fuerza Pública en la vereda Betoyes del municipio de Tame.

• Refuerzo de la seguridad fluvial para el patrullaje del río Arauca.

En definitiva, plantean militarizar aún más un departamento que ya para inicios del 2021 contaba con  9.000 militares. Según datos de la fundación Joel Sierra aun así el año terminó con 148 muertes violentas de civiles y la población sigue sintiéndose desprotegida y reclamando una presencia real e integral del Estado. Sin embargo, la apuesta del gobierno parecería seguir defendiendo una solución al conflicto aumentando el pie de fuerza y las armas. “Que este año sea un año de estocada final a estos grupos”, comentó el presidente Duque en una de sus intervenciones.

Frente a estas declaraciones diferentes líderes sociales, organizaciones campesinas y de defensa de derechos han manifestado su contundente rechazo a las medidas de carácter militar planteadas por el gobierno; pues aseguran que la llegada de más armas al departamento no solucionaría los problemas estructurales del conflicto y mucho menos sus necesidades básicas. Por el contrario, como lo expone el Congreso de los Pueblos en un comunicado “no compartimos la presencia de la fuerza pública toda vez que somos la región más militarizada del país, lo que trae como consecuencia todo tipo de violencia de derechos humanos y profundiza una más la crisis”.

¿Qué piden las comunidades?

Desde el domingo los araucanos han decidido alzar su voz y manifestar su rechazo en contra de la violencia que se repite una y otra vez. Centenares de personas en veredas y cascos urbanos de los cuatro municipios han salido a las calles, vestidos de blanco, con globos, con velas y con cantos; exigiendo el respeto por sus vidas y el cese a las hostilidades entre los grupos armados.  

Estas son algunas de sus peticiones : 

• Exigen el respeto a la vida, a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario por parte de los actores armados, a no involucrar a la población civil en ningún tipo de  confrontación.

• Una salida negociada del conflicto. Llaman a la iglesia y a las diferentes organizaciones de derechos humanos para mediar y para hacer posible el diálogo entre las FARC-EP y el ELN.

• Garantías para poder permanecer de manera segura en sus territorios. No quieren más desplazamientos.

• Exigen al gobierno departamental y  nacional activar corredores humanitarios y los protocolos de emergencia necesarios para lograr hacer frente a esta situación y salvaguardar a las comunidades afectadas. 

• Reclaman la presencia de la ONU Derechos Humanos, MAPP-OEA, Cruz Roja Internacional, Pastoral Social Cáritas, Joel Sierra, personerías y defensoría regional del pueblo para acompañar el trabajo de las Juntas de Acción Comunal del área rural del departamento.

• Denuncian el incumplimiento por parte del Estado en la reparación a las víctimas del conflicto de años anteriores.

• Piden una presencia del Estado no militarizada y la atención integral  a las necesidades de las víctimas.

El futuro incierto: ¿esto se pondrá peor?

Juan Carlos Torregrosa, coordinador de la fundación de derechos humanos Joel Sierra le dijo a Consonante que ”no parecería haber una solución a  corto plazo y lo que se ve es que cada vez se pondrá peor”. Esta sensación es compartida por la población que vive con la incertidumbre de que algún grupo armado decida dar el primer disparo y desencadenar lo que todos parecen predecir: más guerra y sangre.

Para Emiro Goyeneche, periodista de la Emisora Comunitaria Sarare Stereo, varios factores pueden agravar la situación durante este año; entre ellos, la llegada de los nuevos proyectos minero energéticos a la región, la coyuntura electoral y la falta de una estructura organizativa jerárquica de las disidencias de las Farc que permita conocer su modus operandi y predecir el nivel de riesgo al que se enfrenta la población. Y de acuerdo a la opinión de las comunidades, mientras sigan llegando más armas y militares al departamento pareciera que una salida negociada y pacífica del conflicto no será posible.

En medio de la zozobra y ante la incertidumbre de próximas acciones, las personas han comenzado a tomar medidas preventivas para su autoprotección; cerrado sus negocios antes de que caiga el sol, evitando hacer desplazamientos por carreteras, salir si es estrictamente necesario; incluso muchos productos de la canasta familiar ya han comenzado a subir de precio a escasear.

Por qué es importante

Colombia es el décimo productor de cacao en el mundo, con una cosecha de 63.416 toneladas en el 2020.  Aproximadamente 52.000 familias viven del cultivo de este fruto que se produce en 431 municipios de 28 departamentos, especialmente en Santander, Antioquia, Arauca, Tolima y Huila.  

El cacao colombiano también ha sido reconocido por su calidad. Este mes, la Organización Internacional del Cacao (ICCO) reconoció al país como exportador de Cacao Fino y de Aroma por su calidad genética y por su proceso de cultivo, cosecha y transformación, y le dio la bienvenida como uno de los 52 países miembros de esta red. Además, el cacaocultor cordobés Alex Antonio Ayala Alemán obtuvo recientemente el bronce por la tercera mejor muestra de cacao de Sudamérica en los premios Cocoa of Excellence del Salón de Chocolate de París, que destaca las mejores muestras de cacao del mundo.

Sin embargo, expertos cacaoteros coinciden en que aún falta mucho para que el mercado interno del cacao en el país comience a consolidarse. Es decir, que los colombianos tengan la cultura de apreciar lo que se cultiva, y apoyen a los pequeños y medianos productores. 

Los consejos de las y los expertos

Para tener un buen producto final que guarde todas las características del buen cacao es necesario cuidar minuciosamente cada detalle en el proceso. Así lo sostienen tanto cacaocultores como los artesanos del chocolate. Desde el método de cultivo hasta las técnicas de transformación de la semilla influyen en lograr que el cacao tenga el nivel ideal de acidez, amargor y astringencia.  

Pero también hay que tener en cuenta otros detalles. Esto es lo que recomiendan Clara Vargas, pastelera y chocolatiére enfocada en cacao de especialidad; Andrea Onelli, experto internacional en café y cacao; Elizabeth Agudelo, productora de cacao con más de 38 años trabajando en el oficio; y Luis Uribe, cacaocultor araucano ganador en el 2010 en el Salón du Chocolat de París a un reconocimiento por las  características de calidad, sabor y aroma de su cacao. 

1. Conocer el proceso

Para elegir un buen chocolate artesanal debes saber si se cuidaron las características de la semilla del cacao durante las etapas de producción.Los productores debieron seleccionar y cuidar la genética de la semilla; elegir el plan de fertilización y el tipo de sobra que se le quiera dar a la planta; cuidar a los cultivos de hongos y animales; seleccionar los frutos (mazorcas) sanos y maduros; proceder con la fermentación de las las semillas cuidando las temperaturas y el tiempo para garantizar los compuestos aromáticos y gustativos del cacao; y finalmente secar de forma cuidada y homogénea las semillas con los correctos niveles de una humedad, evitando la aparición de hongos y la adhesión de aromas del entorno a la semilla. Después el maestro tostador debió controlar las curvas de tostión para crear las reacciones químicas justas que permitan desarrollar y expresar todas las buenas características (precursores) de la genética y la fermentación del grano; para que finalmente el experto chocolatero pueda comenzar el arte de transformación, hiciera las mejores mezclas de ingredientes y de aquí en adelante “para gustos los sabores”.

Así que al llegar a la tienda no dudes en leer el empaque e identificar la historia que hay detrás del chocolate; si no dice nada, pregunta y si nadie responde, investiga. Luis Uribe recomienda conocer este proceso y entender la “trazabilidad del producto”.

2. Preguntar por el origen

Colombia tiene una gran diversidad climática lo que lleva a que la semilla del cacao  tenga características particulares según la zona y las condiciones bajo las cuales haya sido cultivado. Se podría decir, por ejemplo, que el cacao de Arauca tiene notas a cítrico, frutos rojos, melazas y caramelo; el de Tumaco notas fuerte a cacao, florales, fruto maduro y frutos secos; y el del Huila notas florales, frutos secos y cacao. 

Si en el empaque indica el origen y características sobre los granos de cacao utilizados es más probable que estés ante un chocolate de buena calidad y no de producción industrial.

3. Revisar los ingredientes principales

Un buen chocolate solo debe contar con máximo cuatro ingredientes: masa de cacao (pasta de cacao, licor de cacao), azúcar (en lo posible blanca porque es la más neutra y no afecta tanto el sabor final), manteca de cacao (siendo la grasa natural del grano) y en algunos casos lecitina de girasol o soya.

Si te encuentras con elementos como extracto de vainilla artificial y PGPR (Polirricinoleato de Poliglicerol), estás ante un chocolate con químicos artificiales utilizados para darle textura y sabor. “Cualquier chocolate que tenga más de cuatro ingredientes, productos imposibles de leer o que no se entienden ya se identifica que es un producto demasiado industrial”, afirma Clara Vargas. Lo mismo si observas sustitutos de leche o endulzantes artificiales. Según los expertos, el exceso de ingredientes es una forma de ocultar los errores de un grano de mala calidad.

Además, entre más alto sea el porcentaje de cacao en una barra, más se pueden disfrutar las características propias de cacao. En ese sentido, Clara señala que “es importante que se empiece a desmitificar que hablar de chocolate de un 80 o 100% deje de ser asociado con una mala experiencia por ser amargo, invasivo o muy fuerte”.  

4. Utilizar los sentidos para revisar el color, el aroma y el sonido

Los colores del chocolate varían de acuerdo a la genética y origen del grano. Hay unos con un color más intenso y otros color caramelo. Pero los chocolateros afirman que un buen chocolate debe contar con un brillo y color uniforme. Además, no debe tener ningún tipo de mancha, pues estas aparecen cuando los ingredientes no han sido mezclados correctamente.

Sobre el aroma,  afirman que un buen chocolate siempre desprende buenos olores. Por ejemplo, se deberían poder detectar notas florales y frutales. Finalmente, al partir una barra de chocolate debe ocurrir un sonido seco llamado “snap”. Este sonido es posible gracias a una buena técnica de atemperado: el arte del chocolatero para crear cristales únicos de la manteca de cacao que genera una mezcla estable.

5. Al probarlo, fíjese en sabor. Especialmente en la acidez y la astringencia

Según los expertos, la disolución de un buen chocolate en la boca debe ser fácil, sedosa, continuada y homogénea. Se deben poder apreciar las notas acarameladas, cítricas, intensas, frutales, anuezadas , especiadas y amieladas que puede dar cada chocolate en perfiles diferentes. La acidez debe estar presente pero no se debe sentir como el vinagre; los niveles astringencia o amargor deben ser bajos o inexistentes y el dulzor estar equilibrado.

Recomiendan prestar mucha atención a esas notas desagradables o esa sensación de que el chocolate es “incomible”. Pues los especialistas advierten que esto puede ser producto de errores en el cuidado del grano, ya sea en su fermentación, secado o tostión. Los sabores a los que debes estar atento son los astringentes muy marcados (como cuando uno come mamoncillo y le queda la boca muy seca); sabores amargos fuertes o notas a queso, humo o ceniza.

Algunos datos curiosos sobre el cacao

• El árbol de cacao (Theobroma cacao es su nombre científico) es un árbol tropical que puede tener entre 10 y 15 frutos (mazorcas). A su vez, estos frutos pueden tener entre 30 y 40 semillas. Este árbol es un cultivo de carácter permanente, ya que tiene una duración de más de treinta años. Existen tres variedades de cacao: forastero, criollo y trinitario. 

• El cacao criollo representa el 5 por ciento de la producción mundial aproximadamente. No obstante, es el más demandado a nivel mundial por las compañías procesadoras y productoras de chocolate.

• Del cacao se pueden derivar varios productos, como por ejemplo, el chocolate, el licor de cacao, la manteca de cacao, los nips de cacao, el cacao en polvo, y la pasta de cacao.

¿Por qué es importante?

El hurto sistemático y violento a los esquemas de seguridad de UNP está causando zozobra y miedo entre decenas de líderes que tienen esquemas de protección en el departamento y además, está poniendo en riesgo la vida de los escoltas. El aumento de casos sucede en medio del silencio de las autoridades. “Las alcaldías y la gobernación no han dicho nada, ni un comunicado, ni se han pronunciado acerca de esta situación”, expone Eliécer Cáceres, periodista amenazado y víctima en dos ocasiones de asaltos a su esquema de seguridad. 

Según datos de la UNP hay 173 personas con esquemas de seguridad en el departamento de Arauca: representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos, activistas políticos, servidores públicos, periodistas, víctimas del conflicto y excombatientes de las Farc, que han sido amenazados o intimidados por distintos grupos armados, por su liderazgo, activismo político o por su ejercicio periodístico. Hay 44 vehículos blindados y 43 convencionales; así como 189 escoltas prestando los servicios de protección en esta región. 

Hasta el momento pareciera que las entidades competentes no tienen un registro detallado y actualizado de estos casos. Las cifras no concuerdan y pareciera haber un subregistro. Sin embargo, la UNP reporta 5 asaltos en el 2019 y la Policía departamental 10 para el 2020 y 15 en lo que va del 2021. Tres de estos atentados han sido contra firmantes del acuerdo de paz ubicados en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) en la vereda “Filipinas”, Arauquita. El resto han sido contra esquemas de periodistas, líderes y funcionarios públicos. 

Lo más reciente ocurrió el 15 de diciembre, donde fueron robados 3 vehículos. Dos en una de las vías de acceso al centro poblado de la Esmeralda; uno asignado al esquema de protección de uno de los miembros del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Guillermo Díaz; y el otro al militante del Partido de la Unión Patriótica UP, Miguel Rodríguez. El tercero fue robado en la vía que conduce al centro poblado de Panamá de Arauca, a Beatriz Mosquera, lideresa social y representante de las comunidades afrodescendientes en el departamento de Arauca. 

El modus operandi: los asaltos y hurtos a los esquema de seguridad de la UNP

La modalidad de hurto es variada. Asaltan esperando la llegada de los vehículos a los semáforos o a los lugares con reductores de velocidad; van hasta la casa de la persona protegida o de sus escoltas; o la más común, embisten a los esquemas cuando los líderes se desplazan hacia zonas rurales o cuando van por carretera de un municipio a otro. Según las víctimas, los asaltantes llegan con armas de largo alcance como fusiles o granadas. En la mayoría de los casos se roban los vehículos, los chalecos antibalas, los celulares de los protegidos y de los escoltas. 

Las zonas donde se han presentado con mayor recurrencia estos hechos son en las vías que comunican Arauquita, Saravena, Tame y Fortul. Los líderes mencionan sentirse especialmente en peligro por el paso por la vía Los Libertadores, el caserío de Santo Domingo y el corredor de La Esmeralda;  zonas comúnmente conocidas por ser de control de los grupos armados. Sin embargo, también se han presentado casos en el casco urbano de estos municipios y recientemente uno en la capital del departamento.

Una papa caliente sin responsables

Existen diferentes teorías sobre quiénes tienen intereses en estos hurtos. Pero ni la Policía, ni el Ejército han querido dar declaraciones oficiales sobre la investigación que se adelanta sobre estos casos. “No tenemos esa información concreta, se presume que son los grupos armados al margen de la ley que hacen presencia en el departamento, sin embargo, esta es tarea fundamental de los entes del Estado determinarlo”, expone John Hurtado, representante de las comunidades afrodescendientes del departamento amenazado por las Farc, víctima de asalto a su esquema de seguridad en el mes de septiembre.  

Sin embargo, la mayoría de los líderes que han sufrido estos atentados y periodistas locales que conocen la situación del departamento, aseguran que quién está detrás de esto son las disidencias de las Farc. “Ahora tenemos ese tema de las Farc, que son los que están quitando las camionetas. El problema que vemos es que no es una estructura guerrillera, como estaba anteriormente, sino que son grupos que están nuevamente reactivando: el 10, el 28, ahora el 45, pero que no tienen una conexión de trabajo, ni político ni en conjunto, no tienen una línea de mando, y ahí tienen una circunstancia muy complicada”, explica Emiro Goyeneche, periodista de la Emisora Comunitaria Sarare Stereo.

Incluso, muchas de las víctimas relatan que en ocasiones los mismos asaltantes se identifican como pertenecientes a las disidencias. “No sabía si moverme. Pensé que eran los paramilitares, y pensé que ya terminaba mi vida ahí. Pero no, cuando él se fue dijo: nosotros somos de las disidencias de las Farc y nos vamos a llevar el carro”, cuenta  Flor, a menos de 24 horas de haber sido asaltada por segunda vez y encañonada en su propia casa.

¿Qué razones puede haber detrás?

Por un lado se podría decir que hay una clara intención de los actores armados que están cometiendo estos asaltos, de dotarse y lucrarse con el hurto de los carros y equipos de seguridad, como chalecos antibalas y pistolas (una camioneta blindada podría oscilar entre 250 y 340 millones de pesos). “Es un tema netamente económico, ni siquiera se tiene certeza de que sean las disidencias. Puede ser una banda delincuencial, a la cual las Farc le compran los vehículos después de que ellos los hurtan”, comenta Jose Luis Lasso, personero de Saravena, quien se traslada en moto protegido por un escolta asignado por la UNP.  

Para algunos, es una persecución directa hacia la UNP, especialmente hacia las empresas contratistas de vehículos que prestan el servicio tercerizado, que han decidido no pagarle “vacunas” a los grupos armados. “Circuló el mensaje que de pronto era una retaliación por no pagar una extorsión de un grupo al margen de la ley”, comenta Wilson Devia, presidente del sindicato nacional UTUNP, que agrupa a trabajadores de la UNP. Pero para otros el tema va más allá de lo económico. “El accionar de los grupos al margen de la ley contra el esquema de seguridad, ya no es un hurto normal, es un atentado terrorista en plena vía”, opina Wilson. 

Por su parte, muchas de las personas que han sido víctimas de estos asaltos sienten que esto hace parte de la dinámica de intimidación histórica de los grupos armados hacia los líderes y la labor social que se hace en los territorios. “Ahí hay una cuestión totalmente delicada, que nosotros no la vemos como unos hurtos, sino como una cuestión de ataques directos a nuestra labor, a nuestro trabajo. Esto puede terminar en muertos”, advierte Elíecer.

Sin embargo, la UNP considera que muchos de los hechos ocurrieron por “el presunto uso indebido de las medidas de protección por parte de los beneficiarios”. Igualmente el comandante de la Policía del departamento, Fredy Ferney Pérez, cree que los protegidos deben tener mayores restricciones en cuanto a las horas y lugares de desplazamiento, dado que su libre circulación no contribuye a prevenir el nivel de riesgo al que se enfrentarán. “Se vuelven muy vulnerables lejos de los cascos urbanos”, comenta.

Tener esquema, un nuevo factor de riesgo

Para escoltas como Jose Tiberio “para nadie es un secreto que los vehículos y los elementos de seguridad de la UNP se han vuelto objetivo militar”. Y paradójicamente lo que esta situación está produciendo es que trasladarse con esquema de seguridad en Arauca sea realmente peligroso.

Adicional a esto, pareciera haber una reclamación unánime por parte de los protegidos respecto a los estudios de riesgo aplicados por la UNP. “Esos estudios no son garantes de una seguridad real. Deben cambiar la metodología de evaluación que le hacen a los líderes y lideresas del país”, expone John. Una de las inconsistencias va en relación al tipo dinámicas de violencia que se viven el territorio (nivel de riesgo) y las herramientas de protección otorgadas. “Qué garantía son dos o tres hombres de protección con pistolas, con un carro que no es blindado, frente a los grupos al margen de la ley que salen con cargas explosivas y fusiles”, reclama Fabio.

También hay inconformidades respecto a los subsidios y ayudas otorgadas para el mantenimiento de los vehículos, para la gasolina y los viáticos de los escoltas. Pues la adquisición de un esquema de seguridad representa para muchas de estas personas una carga económica para la cual no estaban preparados. “ No es garantizar un trabajo ni la seguridad, cuando tenemos que viajar por el país en un vehículo en malas condiciones, varados todo el tiempo”, reclama Flor.

Esta situación no solo es alarmante por el grado de vulneración y al doble riesgo que están sometidos los líderes, sino por la integridad de la vida de las personas que prestan el servicio de protección. “Nosotros como escoltas también adquirimos el nivel de riesgo de los protegidos. Nosotros también como seres humanos, necesitamos ese respeto y esa colaboración del Gobierno Nacional y la UNP”, Fabio Quintero, escolta y presidente del sindicato UTUNP. 

De acuerdo al registro del sindicato, actualmente hay más de 4 escoltas que han sido amenazados, por los grupos al margen de la ley. Los cuales han tenido que ser trasladados de municipio o incluso del mismo departamento. Como gremio han solicitado diversas reuniones con la gerente de Sevicol, la empresa contratista que maneja el 85% de los escoltas en Arauca, para evaluar procedimientos o recomendación de cómo actuar frente al tema. Sin embargo, no ha habido una respuesta efectiva. “Solicitamos a través del Ministerio de trabajo, Procuraduría, Defensoría, la presencia de la empresa para abordar esta problemática”, sostiene Wilson.

“El Estado se está haciendo el de la vista gorda”

De acuerdo a lo expuesto por la UNP, “como entidad la herramienta más importante que se ha venido utilizando para mitigar y evitar los casos es la utilización de los GPS en los vehículos”. Y según el coronel Pérez, en el 2020 se hizo una reunión donde se propusieron algunas recomendaciones, como guardar los vehículos de los protegidos en las estaciones de policía y reportar a la entidad cuando fuera haber algún desplazamiento; medidas que no fueron acatadas por ninguno de los protegidos.

Sin embargo, es evidente que las medias no han sido ni suficientes y ni efectivas. Según el personero, “se han hecho los de la vista gorda durante todo este tiempo y no se ha observado ningún resultado, ninguna gestión, para evitar el hurto de estos esquemas de seguridad”. Los reclamos son varios. La falta de una respuesta institucional efectiva, de poca investigación y veeduría de las entidades competentes; de la necesidad de una estrategia de prevención articulada y el diseño de protocolos de atención oportunas; de una acompañamiento psicológico a las víctimas; pero según John lo que se evidencia es la ”falta de un Estado garante de la vida, de la honra y bienes de los colombianos”.

De acuerdo con el comandante departamental de la Policía se espera que tras el posicionamiento del nuevo gobernador, Alejandro Miguel Navas, se lleve a cabo antes de que termine el año una reunión con la UNP, Fiscalía y demás entidades competentes para llegar a acuerdos concretos y estrategias para que esta situación no se siga repitiendo. “Esto es un problema de todos, las personas responsables deben poner de su parte; hay que tomar medidas preventivas”, concluye.

La angustia de las víctimas y un futuro incierto

El movimiento social araucano ha sufrido históricamente una gran persecución y estigmatización. La protesta social y la oposición política ha sido violentamente reprimida. Esto conlleva a que activistas de derechos humanos, periodistas, sindicalistas, miembros de partidos políticos, trabajadores sociales, miembros de juntas de acción comunal, estudiantes y líderes comunitarios, desarrollen sus actividades con la sensación constante de estar poniendo su vida en riesgo. “Nuestro trabajo es social y humanitario. Pero uno no sabe en qué momento te agarran a bala. Nuestras armas son las voces, las movilizaciones, la lucha y el compromiso para transformar el territorio”, explica Flor.

Según alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, contrario a lo esperado, desde la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno y las Farc, se ha evidenciado un recrudecimiento de la violencia en Arauca. Con ello han nacido nuevas dinámicas de confrontación entre los grupos armados, aumentando la situación de riesgo de los líderes y lideresas. De acuerdo a los datos recolectados por Indepaz, desde la firma del acuerdo en el departamento de Arauca se han registrado 27 homicidios a líderes/as sociales y defensores/as de Derechos Humanos y 6 excombatientes firmantes del acuerdo muertos. “Por un lado, los grupos armados atentan contra los líderes sociales, por otro lado el Estado brinda unos esquemas de seguridad que no son realmente seguros, pero también están persiguiendo y estigmatizando. Para nosotros en el departamento no hay garantías de nada, realmente”, comenta Eliécer.

Y la situación no parece mejorar, pues tras la captura del ex gobernador, José Facundo Castillo, por presuntos nexos con el Eln, el departamento estuvo en completa ingobernabilidad e inoperancia por varios meses. A esto se suma la llegada de un año electoral, los proyectos petroleros que vienen en camino para la región del Sarare y la implementación de toda la estrategia de las Zonas Futuro. “Vamos a tener una lucha muy abierta con el régimen, con la fuerza pública, con las compañías petroleras, con las multinacionales, y ojalá que no sea esta una entrevista de despedida de la vida de uno, en todo caso todo eso puede suceder”, comenta Emiro.

Irse de Arauca no parece ser la solución a los problemas para ninguno de los líderes. Dejar a sus familias, trabajos, su vida, no es la mejor opción. Muchos han tenido que hacerlo por tiempos prolongados; han vuelto, pero bajo el mismo nivel de riesgo. Para la mayoría no hay otro camino que permanecer en el territorio, con o sin seguridad, y seguir trabajando por defender sus derechos. “Nos toca seguir en la lucha, según como venga la situación, cómo amanezca el día. Sí lo mataron a uno, si lo llevaron a la cárcel, porque no hay otro camino, ni en Arauca, ni en otras regiones. Esto está pasando en todo el país. Y el Estado se ha quedado muy corto en darle respuesta a esto”, asegura Eliécer. 

En el Chocó, los desplazamientos y los confinamientos son tan frecuentes que desde las organizaciones sociales afirman que en el departamento se vive una crisis humanitaria sostenida. Estos hechos se han convertido en la principal estrategia de control territorial impulsada por unos grupos armados que cada vez acumulan más poder. 

Este año, la Defensoría del Pueblo ha registrado  94 eventos masivos de confinamiento que han afectado a 27.701 personas de 6.641 familias, pertenecientes a 81 comunidades indígenas y 13 afrodescendientes. También ha documentado 18 desplazamientos forzados en nueve municipios: Bagadó, Bahía Solano, Alto Baudó, Nuquí, Bojayá, El Carmen de Atrato, Bajo Baudó, Medio San Juan y Litoral de San Juan. El más reciente se presentó en noviembre, cuando unas 2.000 mil personas fueron confinadas en la zona rural de Nóvita por la presencia de grupos al margen de la ley.

Representantes de organizaciones de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo y la Iglesia realizaron seis misiones humanitarias en 11 municipios del Chocó y del Occidente de Antioquia. Durante las visitas, escucharon a las víctimas y a las autoridades locales, recibieron sus demandas y documentaron las exigencias a los actores armados. Todo con el fin de visibilizar lo que está sucediendo a nivel nacional e internacional y lograr, de alguna manera, que la gente no siga sufriendo sola y en silencio.

El padre Jesús Albeiro Parra ha participado en la mayoría de estas misiones humanitarias. Parra hace parte de la CRPC, una red de organizaciones étnico-territoriales que trabaja desde hace 15 años alrededor de la defensa de la vida, la autonomía, los intereses y derechos de las comunidades y pueblos del Pacífico colombiano. Él lleva 34 años promoviendo la paz en comunidades chocoanas, y conoce de cerca el conflicto que viven actualmente.

Consonante: ¿Cuál es la radiografía actual del conflicto en el Chocó?

Jesús Albeiro Parra: En un comienzo (con el acuerdo de paz) se crearon muchas expectativas en las organizaciones étnico territoriales y la Iglesia . Tuvimos un año o año y medio de mucha paz y tranquilidad. La gente estaba muy contenta. Pero después de esto lo que ha pasado en el Chocó, digamos que por la bajísima implementación de los acuerdos de paz, es que el ELN se ha fortalecido,  y se ha metido en zonas y municipios donde antes estaban las Farc.

Lo más fuerte que ha ocurrido en este 2021, es lo que nosotros hemos llamado una retoma paramilitar. Estos señores, o cómo se les quiera llamar AGC o Clan del Golfo, ellos siempre han estado ahí. Pero a raíz de la salida de las Farc de los territorios, se han fortalecido. Ya están en todo el Atrato: la cuenca del Atrato, el Bajo Atrato, el Medio Atrato, y el Alto Atrato (...) Ni qué decir de Quibdó, todas las cabeceras municipales y la zona del San Juan, del Baudó y de la costa Pacífica. 

Por otro lado, está la militarización. Cuando las comunidades y quienes las acompañamos reclamamos la presencia del Estado, la única respuesta es aumentar el pie de fuerza. Lo que nos estamos dando cuenta y hemos denunciado es que en muchas regiones como en el Medio y el Bajo Atrato o el mismo San Juan y Baudó hay una convivencia de la Fuerza Pública con las AGC.

Esta sería una radiografía muy general del conflicto armado, que también está ligado al tema del narcotráfico. Eso no lo podemos desconocer, sabemos que hay intereses mucho más profundos y economías ilegales. Y a todo esto se suma la falta de la presencia de un Estado social de derecho real, en materia de educación, salud, y seguridad alimentaria. Hasta en el tema de la pandemia y el proceso de vacunación. El Estado de alguna manera brilla por su ausencia.

C: ¿Cuáles han sido los hechos más graves que ocurrieron este año? 

JAP: Este año se han dado muchos desplazamientos. Al comienzo del año fue el desplazamiento del Alto Baudó, por la confrontación entre estos grupos armados (...) Luego tuvimos otro momento muy fuerte de desplazamiento en la zona de Bojayá, en Murindó. Lo más reciente es la situación del San Juan, a raíz de la ruptura del pacto (de no agresión) que había entre las AGC y el ELN entre mayo y junio. Luego, fue la arremetida por parte de la Fuerza Pública, y el bombardeo dónde murió el jefe del Frente de Guerra occidental del ELN, Fabián. Esto ha traído muchas consecuencias para las comunidades. 

Por otro lado se siguen colocando territorios minados en Baudó, en Bojayá, Murindó, y Riosucio. También está aumentando el reclutamiento de niñas y niños. Desafortunadamente no tenemos cifras, porque a los padres de familia, los consejos comunitarios o los cabildos, les da miedo y no denuncian.

Y lo otro que es muy grave es que las AGC estén llegando a las cabeceras municipales con las vacunas, los impuestos y la intimidación. En una ciudad cómo Quibdó la gente ha tenido que salir de un barrio para otro porque si no pagan las vacunas les cogen la casa a bala. Quibdó está en una zozobra muy grande. 

C: ¿Y qué ha pasado con el acuerdo de paz?

JAP: Para nadie es un secreto la bajísima implementación del acuerdo de paz. Los PDET se supone que eran los que iban a ayudar a la transformación en los territorios, pero solamente se hacen reuniones, burocracia, hay un poco de gente empleada, pero realmente como tal no han arrancado. Lo otro, complicado fue la salida de las Farc. Desde el presidente Santos, nosotros veníamos preguntando cuál iba a ser la hoja de ruta, cuál iba a ser la estrategia para los que iban a ocupar esos territorios. No estábamos hablando solamente de la presencia del pie de fuerza, sino también de cómo se iba a llegar allí en materia de salud, educación, vivienda, y lo que realmente estaban esperando las comunidades. Entonces, no llegó ni lo uno ni lo otro. No llegaron estos proyectos, y tampoco llegó la fuerza pública… y cuando la fuerza pública llegó, llegó más bien aliada. 

En el acuerdo de paz estaba el compromiso de crear rápidamente la estrategia de desmonte de estas estructuras residuales del paramilitarismo, y lo único que se ha hecho con esto es todo lo contrario, y es que cada vez crecen más. (Tampoco) se les ha cumplido a los firmantes. En este momento todavía hay compañeros y compañeras de líderes de las Farc que no han sido ni siquiera bancarizados en Quibdó. Estos compañeros quedaron a la buena de Dios regados por todos lados, y esto ha llevado a que muchos se hayan ido de nuevo a la guerra. 

Lo último fue la ruptura del proceso de paz con el ELN. Nosotros creemos que este proceso no debería haber parado. Iba por buen camino, ya estábamos haciendo diálogos sociales en los territorios, y estábamos empezando a trabajar también el acuerdo humanitario. Con esa ruptura lo que vino fue, digamos, la guerra total. Por eso digo que la baja implementación, el no poner en funcionamiento este compromiso, es lo que ha agudizado el conflicto armado.

C: ¿Qué encontraron en las misiones humanitarias que hicieron este año? 

JAP: El tema de la salud es gravísimo en toda la región. En muchas comunidades no hay un centro de salud ni una enfermera. Esto preocupa muchísimo. Ni siquiera en las cabeceras municipales encontrábamos un médico. Igualmente con el tema de la educación por la pandemia; pues imagínese. Además eso de la tal conectividad…si en Quibdó no hay conectividad, mucho menos en estas escuelas. 

En el marco del conflicto armado encontramos comunidades que han estado confinadas; que no pueden entrar ni salir. Comunidades que porque sus fincas están minadas, no pueden ir a cultivar. Estos son hechos muy tristes para las comunidades. 

También nos hemos encontrado padres de familia que nos contaron cómo sus niños fueron reclutados; con líderes amenazados, que hay que pensar cómo proteger. También nos encontramos con que han aumentado los suicidios entre jóvenes y adolescentes, sobre todo en comunidades indígenas. Eso fue muy fuerte. Y con población en situación de desplazamiento que hay que ver cómo acompañar para un posible retorno.

C: ¿Qué piensa y siente frente a ese panorama?

JAP: Lo que siente es una impotencia muy grande. Saber que lo que hacemos no va a resolver de fondo la problemática. A uno como que le duele eso que no ve el gobierno. Estamos frente a dos paredes: un gobierno que no quiere ceder en nada, y una guerrilla que tampoco. ¿Cómo treparse en estas dos paredes para lograr ver cómo enfrentar esto?.

El gobierno siempre ha querido mostrar que el problema es el narcotráfico. Puede ser que sí, pero es apenas una partecita. No lo es todo. Yo llevo años en el Chocó y el Pacífico, 34 años acompañando estás comunidades, y para mí lo que hay en el fondo son intereses que van mucho más allá de los grupos armados, del conflicto armado. Me refiero a unos intereses ahí ocultos, por toda la riqueza que hay en este territorio. En materia de recursos naturales, y biodiversidad. El gobierno, el Estado, a veces quiere ocultar los megaproyectos, pero siguen vigentes ahí. 

Y entonces, si el gobierno no tiene interés o compromiso político, pues va a ser muy difícil (superar) todo lo que está pasando ahí en el territorio. Lo que hay es una violación a los Derechos Humanos permanente, histórica, y sistemática. Lo que hay es un modelo de desarrollo que las comunidades no necesitan. (...) No hay voluntad para sentarse y construir un modelo que sea adecuado, y sostenible desde la cosmovisión de los pueblos. Desde la territorialidad.

C: ¿Qué demandas hacen las organizaciones sociales desde el territorio?

JAP: Seguimos pensando que la única vía para salir de este conflicto armado y todas estas situaciones que tenemos en el territorio es el diálogo. Las comunidades lo tienen clarísimo, y nosotros creemos que este gobierno no lo ha querido entender. Ni lo va a hacer, ni le conviene. Este gobierno es sordo; pero esperamos que el carácter del nuevo gobierno sea un gobierno más proclive al tema de la paz.

Por eso es muy importante para las comunidades del Chocó que se puedan llevar a cabo los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial. Porque dan respuesta a los planes de etnodesarrollo de las comunidades negras, y a los planes de vida de las comunidades indígenas. Para nosotros es muy importante el Pacto por La Vida y La Paz porque en últimas lo que está amenazado allí es la vida en toda sus manifestaciones y en todos los niveles. Por lo tanto, al estar la vida amenazada, pues no hay paz. 

En el caso del departamento del Chocó eso se recoge en un documento se llama el Acuerdo Humanitario, una iniciativa que venimos trabajando desde el 2017 en el marco de los diálogos de paz con el ELN. En este pacto por la vida el primer mandato es pedirle, exigirle, suplicarle al Estado colombiano y al gobierno que agilice la implantación de los acuerdos de paz de una manera coordinada e integral. Nosotros queremos desde las organizaciones seguirle apostando a ese acuerdo, porque es lo único que tenemos. 

Hablamos de unos mínimos humanitarios. Le hacemos llamado al gobierno y a los grupos armados para que ojalá se sienten (a negociar) pero como no quieren entonces al menos que haya un cese al fuego bilateral y sino unilateral; que no pongan más minas y que el gobierno haga el desminado humanitario; que saquen a los niños y niñas y adolescentes de la guerra; que no sigan matando y asesinando a nuestros líderes y entre esos a los firmantes del acuerdo de paz; pedimos una verdadera estrategia de autoprotección comunitaria; y el real desmonte de las estructuras paramilitares.

Eso es lo que nosotros queremos, para que con esos mínimos en los territorios podamos sentarnos a través de los diálogos sociales a construir verdaderos planes de desarrollo que tengan en cuenta la cosmovisión de las comunidades. Así como denunciamos y criticamos, así como exigimos, pues también tenemos propuestas. El gobierno no ha querido sentarse a escuchar esas iniciativas de paz, esas propuestas de paz que desde los territorios étnicos se han venido trabajando.

C: ¿El Gobierno ha atendido sus demandas de alguna manera?

JAP: Hay exigencias por parte de las comunidades y de la Iglesia; para  los alcaldes, para el gobernador y para el gobierno a través de los distintos ministerios; pero, ¿qué pasa?. Esas respuestas no se dan o se dan al revés. Los pájaros disparándole a las escopetas. 

Por ejemplo, cuando le planteamos al Ministerio de Defensa todas estas situaciones de violaciones a los Derechos Humanos, casi que nos mandó un memorial diciendo que estamos faltando a la verdad, que estamos calumniando y que lo vamos a tener que demostrar. Y luego nos manda como 70 páginas, casi como una rendición de cuentas. Pero nosotros no pedimos eso. Nosotros simplemente estamos denunciando una violación a los Derechos Humanos. Y no es la primera vez que nos pasa.  Seguramente nos hagan una demanda por injuria y calumnia y nos tocará ir a asumir un proceso en la Fiscalía. El Ministerio del Interior también reaccionó y nos ha dicho que quiere hablar con nosotros y nosotros aceptamos. Pero más que hablar con nosotros es ir a las comunidades a escuchar a los consejos comunitarios, a los indígenas.

Este informe que hemos sacado nosotros a ellos les duele mucho y quieren deslegitimarnos; porque para ellos lo que hay en los territorios es un problema de narcotráfico, un problema de delincuencia común y pare de contar. Nosotros les estamos demostrando todo lo contrario.

C: A estas alturas del mes se suele anunciar un cese al fuego por el fin de año, ¿ha escuchado algo sobre esto?

JAP: El gobierno ha dicho que no, que mientras estén las cosas así no habrá cese al fuego bilateral. De parte nuestra le vamos a pedir a los grupos armados al margen de la ley que ojalá hagan un cese al fuego entre ellos mismos. Vamos a seguir insistiendo, siempre lo hemos hecho para este tiempo de navidad y de fin de año. Unas veces nos han hecho caso, otras no. Y así sean ocho días, son días que las comunidades descansan. Cuando hablamos de mínimos humanitarios, yo digo que no son ni tan mínimos; para las comunidades son máximos humanitarios el poder tener ocho o diez días de tregua. 

C: ¿Qué espera que suceda el próximo año?

JAP: Estamos ante un gobierno que es ciego, sordo y mudo. Tenemos que seguir en resistencia en los territorios. Va a ser un año muy duro porque van a ser casi seis meses que vamos a estar en campaña política. Tiene que venir un Senado, una Cámara, un presidente que sean proclives a este tema de la paz y que miren más hacia los territorios. Porque no solo es el Chocó, es Colombia entera la que está en una situación muy dura y lamentable no solo de conflicto armado sino de vulneración de derechos.

Cerca de 400 campesinos de todo el país se reunieron entre el 14 y el 20 de noviembre en Saravena, Arauca, en la séptima Asamblea del Coordinador Nacional Agrario (CNA). El encuentro se centró en los problemas de seguridad que afrontan quienes trabajan la tierra en diferentes regiones del país. Para esta organización ‒conformada por campesinos y campesinas, pequeños y medianos productores agropecuarios, indígenas y afrocolombianos, obreros y jornaleros‒ el país enfrenta una crisis generalizada en materia económica, política y social; "con 87 masacres perpetradas en los que va corrido de este año, cerca de 150 lideresas y líderes sociales asesinados, y el desplazamiento forzado de cientos de familias, principalmente en el Cauca". Entre las víctimas de estos hechos violentos se cuentan miembros del CNA, como Marco Rivadeneira del Putumayo y Patrocinio Bonilla del Chocó.

Consonante habló con Ernesto Alexander Roa, líder campesino de Arauquita que lleva más de diez años participando de los espacios de organización campesina y  agraria en el país, y cuatro como presidente de la Junta Nacional de la CNA. Hablamos sobre las preocupaciones que compartieron durante el evento, pero también sobre las necesidades históricas del campesinado colombiano, y los retos que hoy enfrenta la lucha campesina. 

Consonante: Si pudiéramos hacer una radiografía del campo en Colombia en este momento, ¿cómo se vería?

Ernesto Alexander Roa: La situación que se presenta en el país es la siguiente. Uno, un alto nivel de concentración de la tierra que se deriva de unos intereses totalmente distintos a lo que nos planteamos nosotros como campesinos y campesinas. Segundo, un cambio de vocación del suelo. Hoy la clase en el poder, la clase dominante y con poder económico ha hecho un reajuste y una modernización de la vocación del suelo para satisfacer la demanda internacional y generar el mayor nivel de extractivismo posible en cada uno de los territorios. Tercero, un gran déficit en términos de producción de alimentos. Y esto no lo decimos nosotros, lo dicen las estadísticas oficiales que muestran que hay 12 millones de colombianos y colombianas que no tienen la posibilidad de tener las tres comidas diarias*.

*Aclaración: Según las últimas cifras de pobreza publicadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), en 2020, 21 millones de personas se encontraban en condición de pobreza, y 7,5 millones de personas en pobreza extrema.

C:¿Cuáles son las principales preocupaciones de los campesinos y campesinas que pertenecen a la CNA?

E.A.R: Hoy nos encontramos con una reconfiguración del paramilitarismo casi en todo el territorio nacional. Hoy hay una nueva forma de hacer control territorial desde la vía militar, llámese institucional o parainstitucional, pero ambas obedecen a un mismo interés que es garantizar el desarrollo de los grandes megaproyectos que se están presentando desde las grandes corporaciones. 

Otro tema neurálgico es el narcotráfico, que se ha convertido en un flagelo que ha seguido golpeando sobre todo a esas economías campesinas, indígenas y afro. Esa política “antidrogas” ha sido utilizada por el establecimiento y lejos de resolver el problema, ha llevado a una mayor persecución del campesinado, y a la militarización de los territorios. Es decir, hay una disputa en los territorios de los distintos grupos armados sobre quién tiene el control territorial para poder darle mejor manejo al negocio del narcotráfico.

Pero otro factor que es de mucha preocupación para el campesinado tiene que ver con lo que hoy se ha llamado la revolución verde, que no es más que un capitalismo “verde” que se está impulsando desde distintas figuras. En el caso de Colombia esto se viene haciendo en áreas protegidas, donde se ha tratado desde la normatividad una nueva campaña de despojo a las comunidades que habitan ciertas áreas. Hoy lo que se viene planteando desde la ley es que en los parques naturales nacionales o los páramos, no puede haber presencia de campesinos, campesinas, indígenas o afros cuando históricamente han sido ellos los que han habitado en estos lugares. Pero no solo han hecho presencia, han sido veedores y cuidadores de estos entornos.

Eso implica abrir nuevas fronteras agrícolas, y luego de que estas áreas sean despojadas van a tener toda la facilidad para ser objeto de extracción de los minerales o la riqueza que hay ahí. Eso es lo que está pasando hoy en el páramo de Santurbán, por ejemplo.

C: ¿Qué zonas del país requieren de mayor atención?

E.A.R: Hay un panorama general de exterminio a cualquier expresión de resistencia o de oposición a la transformación, en la que nosotros no somos la excepción. Pero sí hay unas regiones con más dificultades que otras. Por ejemplo, el Chocó donde desafortunadamente el nivel de violencia entre actores es muy alto. Lo decimos porque lo hemos visto. Ese contubernio que hay allí, entre las fuerzas del estado, los paramilitares, el narcotráfico, pues es un escenario evidente contra de la seguridad y la permanencia de las comunidades afros e indígenas. Y se supone que en Chocó un 70 por ciento es población afro que tiene especial protección y reconocimiento a través de su ley 70. Pero desafortunadamente esa es la realidad. 

En general, regiones supremamente golpeadas por el conflicto social y armado están viviendo situaciones muy complejas. Como es el caso de Nariño, Cauca, o lo que se vive en el Catatumbo, por ejemplo (...) El Catatumbo, es una zona que ha servido para hacer experimentos de control territorial desde la labor militar a través de la implementación de las Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII), también conocidas como Zonas Futuro, que no es otra cosa distinta que un plan de consolidación territorial, de control político-administrativo, social, militar, y económico. Uno de los principales componentes es lograr consolidar toda una red de apoyo alrededor de la fuerza pública, poniendo nuevamente en carne de cañón a la gente menos favorecida. 

C: ¿Cuál es el reclamo que hacen frente al plan nacional de las Zonas Futuro?

E.A.R: Hay regiones donde se ve principalmente las afectaciones por estas políticas que se vienen desarrollando de orden nacional. Las zonas futuras han puesto como cinco pilotos a desarrollar en Arauca, el Catatumbo, Bolívar, Córdoba y Nariño. En estos cinco territorios hay un común denominador, y es que hay mucha riqueza natural. El afán es obtener el control de estos territorios bajo un supuesto de controlar economías ilegales. Por ejemplo, la justificación para llegar a Arauca es que hay mucho contrabando que es el que financia el terrorismo y en el sur de Bolívar y nordeste, el supuesto es la explotación de oro. Esto es un sofisma creado para poder intervenir un territorio que ha sido histórico en sus luchas. 

Bajo esa lógica nosotros hemos denunciado y hemos dicho que aquí la necesidad es fortalecer nuestra base social, el tejido social; que nos permita y nos dé la opción no solamente de resistir, sino de pervivir en el territorio. Nosotros no vamos a ceder ante el interés voraz de querer apropiarse de lo que nos corresponde por historia, lo que hemos heredado de nuestros ancestros, de nuestros mayores, con respecto a lo que ha sido el cuidado y la hechura del territorio. Porque eso nos ha costado sangre, sudor y lágrimas. 

C: ¿Cómo dialoga esto con los objetivos de la CNA?

E.A.R: Esa iniciativa ha tenido como consigna la defensa y recuperación del campo colombiano, vida digna y soberanía popular. Y desde allí está iniciativa que se va retroalimentando de distintas expresiones. Tratamos de recoger esas banderas históricas de lo que ha significado la lucha en Colombia del movimiento campesino, esas luchas contra la opresión, orientadas a la libertad, a la soberanía, hacia la autodeterminación de los pueblos. Desde esa expresión hemos venido fortaleciendo nuestra fuerza política como proyecto y construcción de país.

C: A estas alturas, ¿cómo nació la CNA?

E.A.R: En el censo del 2014, el censo Nacional Agropecuario, hubo una intención  de desconocer e invisibilizar al campesino y, de esa manera, ir desapareciendo esta figura que somos nosotros. Ahí en las cifras hablaban de 758 mil familias campesinas, y de 2 millones y algo de trabajadores rurales. En un censo que se hace luego, se dan cuenta de que en Colombia hay más de 11 millones de campesinos y campesinas. 

Pero lo concreto es que, en Colombia, hay más campesinos y campesinas de los que los registros oficiales dan cuenta y de lo que hablan. A lo que quiero llegar con este comentario, es que sencilla y llanamente para el establecimiento y sus gobernantes nosotros vamos a ser un estorbo para las políticas que se quieren implementar. Toda vez que éstas obedecen a esos compromisos internacionales de poder seguir de manera acelerada extracción de la riqueza que tiene nuestro territorio nacional.

Reclamamos la inversión social del Estado colombiano, que pague la deuda histórica con el pueblo campesino de Colombia. Que está referida a por ejemplo a garantizar todo el circuito alimentario, que es producir, es preparar la tierra, es sembrar,  es transformar,  es comercializar; y eso ¿qué implica?: ciencia, tecnología maquinaria, seguros de cosecha, compras públicas e infraestructura en términos de centros de acopio, y de centros de electricidad de maquinaria. Cuando decimos eso cerramos todo una demanda que vamos a hacer capaz de cumplir el día que seamos capaces de cambiar la correlación de juegos.

Exigimos que nos cuenten y que nos reconozcan como sujetos políticos de derechos. Pero lejos de eso lo que ha habido es mayor represión hacia las comunidades campesinas. Hoy los indígenas están reconocidos en la normatividad, pero me pregunto, ¿los indígenas han logrado resolver sus problemas estructurales e históricos, teniendo en cuenta que han sido ellos los que han sufrido desde 1492 el rigor del despojo, el rigor de la invasión? No. Entonces, el estar reconocidos en la norma no significa que se hayan resuelto los problemas. Así pero la mejor forma que planteamos nosotros de contarnos y dejarnos ver es a través del fortalecimiento de la organización social como tal, pero, además, digamos de la expresión de descontento expresado en la movilización, en la calle, en la carretera.

C: Entonces, ¿cuáles son los principales retos que vienen a futuro?

E.A.R: Hoy estamos enfrentados a grandes desafíos. Por un lado, tenemos un gran reto de cómo como organización campesina le venimos aportando al conjunto del movimiento social y popular. Como campesinos y campesinas (logramos) superar la producción agro tóxica que se está dando en el país, por esos procesos tecnológicos que nos han impuesto las transnacionales, cómo Monsanto, por ejemplo. 

También, el gran reto de seguir defendiendo el territorio ante una nueva reconfiguración del paramilitarismo y del narcotráfico en los territorios. Hoy lo del narcotráfico está mucho más profundizado. Los cultivos de coca, marihuana y amapola siguen creciendo de manera galopante, que hoy el narcotráfico ya no es nacional, sino que es transnacional. 

Además, hoy hay un nuevo fenómeno que está tomando mucha fuerza y es la extranjerización de la tierra. Esto genera nuevos conflictos y muchas preocupaciones (...) Sumado al catastro multipropósito que tiene unos enfoques claros, y es modernizar el país de acuerdo a la necesidad del capital para lograr dar resultados a esa exigencia del déficit fiscal que tiene el país hoy. Esa modernización del campo y ese reordenamiento va orientado a seguir saciando ese interés voraz del gran capital. 

Entonces digamos que hay una serie de retos que tiene que ir orientado a seguir nosotros elevando los niveles de lucha, de denuncia, de movilización, de campañas que lleven a llamar la solidaridad internacional, para que pongan los ojos sobre un país como el nuestro tan golpeado, tan sufrido.  Un país dónde se criminaliza mucho más la protesta, el pensamiento crítico, la oposición política que se hace desde las organizaciones al régimen y al establecimiento. Yo creo que en términos de retos tenemos mucho por hacer, pero digamos, también la claridad para mirar cómo es que vamos a avanzar en términos de las apuestas históricas que también nos hemos planteado en el movimiento campesino. 

Por qué es importante

El papel de la mujer u’wa es central en su comunidad. “Somos nosotras quienes transmitimos los saberes, enseñamos el idioma, mantenemos unidos el hogar y hacemos ese contacto directo con la madre tierra. Somos quien siembra, protege las costumbres, y está en ese constante intercambio de energías y conocimientos”, explica Elizabeth Soto Tegruia, mujer indígena u’wa. 

Así lo consigna una caracterización de los pueblos indígenas del país realizada por el Ministerio de Cultura. Según la publicación, las mujeres se encargan del cuidado de los hijos, la cocina y el hogar. Mientras tanto, el hombre u’wa se dedica a labores asociadas a las actividades agrícolas, la cacería y la pesca; y se encarga de las actividades organizativas y de liderazgo, como lo son la administración de justicia y la administración financiera en las organizaciones representativas del pueblo. 

Sin embargo, en los últimos años las mujeres u’wa han empezado a reclamar mayor participación en los espacios de toma de decisiones de los que han sido excluidas históricamente. “Si hablamos de los cinco departamentos en los que estamos presentes, en la historia que se ha tenido, no hemos tenido ninguna presidenta mujer u’wa”, asegura Elizabeth. Consideran que ya es hora de poder liderar procesos organizativos dentro de sus territorios al igual que lo han hecho los hombres. “Necesitamos formación y capacitación para poder tener facultad de liderar; queremos igualdad de participación en diferentes espacios y encuentros”, remarca Aide Ramirez, mujer indígena u’wa.  

Qué está pasando:

• La propuesta contempla ofrecer 9 encuentros presenciales durante los meses de octubre y noviembre. Participarán cinco delegadas de cada una de las siete comunidades u’wa que hay en Saravena (Playas del Bojabá, Uncaria, Altos San Miguel, Chivaraquía, Calafitas 1, Calafitas 2 y Uncasias). Al final del proceso obtendrán una certificación por las capacitaciones recibidas.

• Estos espacios de formación están siendo promovidos desde la Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales Del Departamento De Arauca (Ascatidar), con el apoyo logístico y económico de la Federación Luterana Mundial y la colaboración de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). Según Luz Nelly Uncaría, vicepresidenta de Ascatidar, el principal objetivo de este proyecto es “fortalecer el liderazgo de las mujeres como fundamento de su cosmovisión, identidad cultural, de sus derechos individuales y colectivos”.

• Los encuentros han sido pensados como espacios de intercambio saberes intergeneracionales, y girarán en torno a temas como: la historia y los procesos de la organización indígena; la legislación indígena y sus principios; el marco jurídico y herramientas de protección de las comunidades étnicas, mujeres y niños y niñas;  formación en temas de liderazgo; intercambio de experiencias de mujeres sabedoras, entre otros. “De alguna manera estamos preparando a nuestras mujeres indígenas para los escenarios políticos”, dice Gladys Hernandez, consejera de mujer familia y generación de la ONIC.

• El proyecto tiene un presupuesto de 30 millones de pesos. Inicialmente, era más ambicioso y se proyectaba como un encuentro de mujeres indígenas a nivel departamental, pero Ascatidar no logró conseguir los recursos y los apoyos necesarios para lograrlo. “Esperamos que esto no sea lo único que podamos gestionar. Estamos súper atentas a cualquier iniciativa a nivel nacional o internacional para presentar propuestas y generar procesos de cooperación y aporte a estas iniciativas”, dice Luz Nelly.

Dónde están ubicadas:

El territorio ancestral del pueblo u’wa compromete gran parte de los departamentos de Arauca, Boyacá, Santander, Casanare y Meta. A lo largo de la historia se han caracterizado por ser grandes oponentes de la explotación petrolera, defensores de la tierra como raíz del sostenimiento cultural, material y espiritual. Concretamente en Arauca existen 11 comunidades de esta etnia distribuidas en los municipios de Saravena, Tame y Fortul. Y según el Dane (2019), en Saravena hay 1.300 indígenas u'wa, de los cuales 573 son mujeres.

La resistencia cultural que enfrentan:

Las mujeres u’wa que participan en este proyecto afirman que su objetivo no es generar desequilibrios al interior de sus comunidades, pero dicen que al buscar que las mujeres puedan ejercer ampliamente sus derechos se enfrentan a muchas resistencias culturales. “En nuestro contexto cultural se argumenta que la mujer indígena no puede estar en escenarios de participación política, ni organizativa, y no puede llegar a ocupar un cargo como presidenta, porque eso genera un desequilibrio de la ley natural”, explica Elizabeth. Agrega que los hombres también tienen la percepción de que cuando la mujer se prepara es porque quiere irse del territorio. 

Pero están dispuestas a dar la batalla.  “Debemos crear un proceso de concientización, donde se entienda que no es perder el equilibrio, sino generar un punto que nos permita estar en libertad en estos escenarios, sin olvidar nuestras raíces, que no queremos irnos del territorio sino quedarnos para aportar a los procesos”, comenta Elizabeth. Y agrega: “considero que es un tema que podemos articular para que entre hombres y mujeres podamos apoyarnos. Sin que se nos siga discriminando, sin que se nos siga vulnerando nuestros derechos”.

Lo que sigue:

Para las lideresas u’wa capacitarse es un primer paso para generar un cambio que debe ser transversal a todas todas las áreas donde la comunidad indígena u’wa reclama atención. 

Con esto, esperan lograr participar e incidir en los contextos institucionales por fuera de sus territorios. “Hoy tenemos que llegar a las alcaldías prácticamente amenazando a los funcionarios para que nos atiendan. Esperamos que este tipo de herramientas nos permitan tener gente mayormente capacitada, que sirvan como dolientes de la necesidad de los pueblos indígenas, de las mujeres indígenas en las instituciones”, dice Gladys.

También quieren tener representatividad en escenarios a nivel nacional. “Tener esa capacidad de poder llegar con una propuesta creada por nosotras mismas, con alternativas de solución a nuestras propias necesidades”, señala Aide. 

Por qué es importante:

El problema es que las parteras, los sabedores y sabedoras ancestrales de la región están muriendo. Y con ellos todo su conocimiento sobre la medicina tradicional. Los jóvenes no muestran mucho interés por aprender y desde el Estado no hay una política definida para el rescate y conservación de estos saberes. “Cuando muere un adulto es como si se extinguiera una biblioteca”, ilustra Tobías Asprilla, profesor e investigador de plantas del municipio. 

Para muchos como Feliciano Moreno Rodríguez, médico occidental de la región que lleva más de 15 años ejerciendo su labor en completa sinergia con la medicina tradicional, recuperar este conocimiento se hace cada vez más necesario. “Porque ha salvado vidas de generación en generación, dentro de lo rural, de lo más vulnerable. Es la primera salud que la gente tiene en sus manos, es la más económica y cura enfermedades que la medicina occidental no ha conseguido salida”, comenta. 

Contexto: pérdida de los saberes ancestrales 

Los abuelos y bisabuelas de esta generación de istmineños solían tener una relación más cercana con la naturaleza. Trataban sus malestares con las plantas que cultivaban alrededor de su casas, pues igualmente no contaba con centros de salud ni acceso a otro tipo de medicinas, especialmente en la zonas rurales. Poco a poco la región comenzó a conectarse con nuevos conocimientos, llegó el “desarrollo”, la medicina occidenal, las enfermas y las pastillas.

Desde el sistema educativo se comienza a hablar sobre los avances de la ciencia y la medicina tradicional  pasa a ser subvalorada especialmente entre los jóvenes. “No solo porque la juventud no le puso mucho interés y sino por la falta de compromiso de todos para que desde la niñez no se pierda este conocimiento” dice Asprilla. En los colegios no se está enseñando sobre estos temas y generar espacios para que los pocos  médicos tradicionales o curanderos(as) que quedan puedan transmitir su conocimiento, es cada vez más difícil; porque viven en veredas apartadas y porque hacen falta recursos.

Sumando a esto existe un fuerte reclamo de la comunidad hacia el Estado por  “por subvalorar este conocimiento”, es decir, por no reconocer la importancia que tiene la medicina tradicional para las comunidad étnicas. Pese a las estrategias que ha impulsado  la Organización Panamericana de la Salud OPS para que los países reconozcan, valoren, respeten e impulsen este conocimiento Colombia parece no apostarle al tema. “No hay una política clara del gobierno para que esto se pueda rescatar”, Víctor Darío Luna Rodríguez, líder social y estudiante de medicina tradicional. 

También muchos piensan que la falta de apoyo viene por intereses económicos claros. “Es mucho más rentable para el gobierno la venta de ventiladores, equipos quirúrgicos, la venta de camillas y medicamentos que generan mayores impuestos que impulsar la medicina tradicional”, asegura Moreno. 

La pandemia llegó con un efecto inesperado

Pese a que el panorama venía siendo desalentador, llegó la pandemia y de repente volvieron a usarse las plantas, los bebedizos, las infusiones, los rituales de baños y cantos. La medicina tradicional se revitalizó. Según Luz Mery Mosquera, quien ha usado las plantas como medicina por años, cuando los casos de contagio aumentaron en el país muchas personas de la región empezaron a buscar alternativas para no enfermarse,  “se comenzó a regar de boca en boca que la toma de bebedizos funcionaban y así recobró la importancia de usos de plantas medicinales”, relata. 

También volvieron a ser visibles comunidades rurales que aún trabajan por mantener activo el cultivo, uso y comercialización de las plantas, como es el caso la Primera Mojarra que queda a 20 minutos en lancha del casco urbano de Istmina. Yasira Perea, sabedora de esta comunidad dice que en su vereda todo se cura con plantas. “Hasta ahora no hemos tenido un solo caso de Covid”, asegura. 

¿Cuáles fueron las plantas más usadas?

Son muchas las plantas medicinales que se ven en esta región. Pero hubo algunas muy particulares que se volvieron a usar en esta época para reforzar el sistema inmunológico, para tratar síntomas como la fiebre, el dolor de cabeza, el  malestar general y la tos. Según Luna, “en tiempos del covid se agotaron muchas plantas (como el matarratón) en muchas regiones del pacífico. Todo el que sentía el síntoma se las tomaba y las maluqueras desaparecían”.

Éstas fueron 5 de las plantas más usadas en tiempos de pandemia en el municipio de Istmina:

¿Qué recomiendan los y las expertas en el tema?

Los usos y propiedades de cada planta son un universo muy amplio. No existe una receta única y los sabedores insisten en que es importante que el tipo de tratamiento que cada persona debe recibir se defina a partir del resultado del análisis de la primera muestra de orina del día y de las necesidades particulares de cada quien. Así se podrá determinar qué tipo de plantas, qué mezcla y de qué manera deben usarlas. Por eso la primera recomendación y quizá, la más importante, es consultar con el médico tradicional más cercano. 

Sin embargo, sí existen algunos saberes que se han transmitido de generación en generación sobre el uso de estas plantas. Aquí resumimos algunos de los consejos de personas que  llevan años en este oficio:

• No abusar de las cantidades ni tomarlas por mucho tiempo
• Consumirlas o usarlas en días impares 
• Recoger las semillas u hojas en cantidades impares
• Es recomendable que la persona enferma no prepare su propio remedio
• Se deben recoger lo que se vaya a usar de las plantas máximo a las 5 p.m. y mínimo a las 6 a.m. Las plantas duermen y por tanto el efecto no es el mismo
• Cuando se vaya a retirar alguna parte de la planta para usarla como remedio, jalar la hoja hacia arriba, nunca hacia abajo
• Si estás en embarazo o tienes problemas de tensión consulta primero con un experto
• Preferiblemente preparar las bebidas en método infusión: hervir el agua, incorporar la planta y dejar reposar de 5 a 10 minutos
• Revisa el ciclo de la luna: si quieres potencializar el efecto arranca de la plata lo que necesites en luna menguante

Por último, recomiendan volver a las plantas como fuente de medicina pero con un mayor cuidado y entendimiento sobre sus múltiples beneficios. “Las plantas eliminan toxinas y radicales libres que nos ayudan a evitar el envejecimiento de las células. Tienen todos los minerales y componentes esenciales que necesitamos”, asegura Asprilla. 

Los esfuerzos locales por recuperar la medicina tradicional 

En este contexto encontramos tres iniciativas locales que han buscado en estos últimos años hacer más visible este tema y aunar esfuerzos para que el conocimiento no se pierda. 

• Conmemoración a los "saberes ancestrales y plantas medicinales” en las fiestas patronales del municipio. En su ciento setenta y ochoava versión, estas fiestas realizadas entre el 10 y 24 de septiembre, giraron en torno a la investigación y socialización del conocimiento de las plantas típicas de la región.

• Proyecto de investigación escolar “Rescate del saber ancestral mediante el uso de plantas anti-covid, fortalecedoras del sistema inmunológico”. Desde hace 3 años, 40 estudiantes del IE Agropecuario Gustavo Posada de Istmina de la mano del profesor Asprilla, se encuentran recogiendo testimonios y recopilando bibliografía que permita rescatar y potenciar el saber ancestral sobre las plantas. Este proyecto hace parte del Programa Ondas de Minciencias. Los avances de la investigación fueron socializados a finales de septiembre en Manizales en un encuentro regional de ciencia y territorio.
  
• Diplomado en Medicina tradicional. 20 personas de comunidades indígenas y afro del territorio comenzaron en julio de este año a formarse como médicos tradicionales. Este proyecto es promovido desde El Foro Interétnico Solidaridad Chocó (FISCH). 

Los retos a futuro 

Para finales del 2021, Colombia debe tener definida la estrategia del decenio para la salud pública. Víctor Luna, quien participa como delegado en el espacio nacional de consulta previa a comunidades étnicas en el marco del desarrollo de esta estrategia, cuenta han dado la pelea para que sea incluida la certificación de los médicos ancestrales y parteras para que puedan trabajar en los centros de salud. Sin embargo, “el Ministerio de Salud ha sido muy ajeno a que eso se pueda considerar. Dicen que no pueden certificar a alguien porque no tiene título de científico”, comenta. 

Por su parte Moreno considera que existen varios retos a futuro. Primero, que se logre que a nivel nacional y departamental se definan políticas públicas claras para la defensa de la sabiduría ancestral. Segundo, que se puedan promover escenarios de rescate, formación y cualificación de la medicina tradicional. Y tercero, generar espacios de conservación del medio ambiente y del territorio, que es la materia prima de la medicina tradicional.

Por qué es importante

Según censos de la Defensoría del Pueblo, en lo que va del 2021 en el Chocó se han registrado más de 33,000 personas victimizadas derivadas de las acciones de grupos armados que se disputan el control del territorio. “Esto no es una emergencia, sino una crisis humanitaria. Por la persistencia, por la gravedad, por la respuesta insuficiente”, aclara el representante regional de la Defensoría del Pueblo.

Los hechos más recientes

Las cifras más dramáticas que ha podido recoger la Defensoría del Pueblo estos últimos meses son el confinamiento de al menos 1.391 personas; el desplazamiento forzoso de 965 familias y un miembro de la comunidad de Dipurdú herida por mina antipersonal. La vida de la población civil de los Municipios de Istmina, Medio San Juan, Litoral del San Juan, Sipí y Novita, en Chocó, se encuentra en riesgo.

La situación comenzó desde el 12 y 13 de agosto cuando las AGC ingresaron a la comunidad de la Unión y de Dipurdú El Guasimo, en el Medio San Juan; grafitearon las viviendas con logos alusivos al grupo armado ilegal; e interrogaron a varias personas. Situación que empeoró dos días después por una confrontación armada entre las AGC y el ELN en la parte alta de la comunidad de Dipurdú; lo que generó el desplazamiento y confinamiento de decenas de familias. El hecho más reciente ocurrió el 19 de septiembre cuando más de 100 hombres de las AGC rodearon la comunidad Unión Chocó. A la fecha de publicación de esta nota se notifican nuevos desplazamientos en el territorio.

¿Cómo se entiende este nuevo estallido? Tres claves:

Se rompió el acuerdo operativo entre el ELN y las AGC

Estos grupos armados llegaron a un acuerdo para controlar el territorio en el 2017 después de la firma del Acuerdo de Paz. Ese pacto incluía, entre otras cosas, la distribución de las rutas de narcotráfico, de los cultivos y procesamiento de coca; así como de las rentas provenientes de la explotación de oro y madera. 

Según Leynar Palacios, integrante de la Comisión de la Verdad (Lea entrevista con Leyner Palacios), la región del medio San Juan se encuentra en disputa, porque sigue siendo uno de los corredores estratégicos más importantes qué tiene el Chocó, junto con el Baudó y Bojayá. “Esta zona resulta atractiva para los grupos armados dado las condiciones geográficas, la lógica de la movilidad de los ríos y las diversas  fuentes de explotación de crisis que ofrece el territorio”, comentó.

Según varios líderes de la región los escenarios que favorecieron el rompimiento de este acuerdo fueron varios, pero principalmente ganó el interés de estos grupos por obtener la hegemonía sobre todo este tramo del Pacífico. También se le atribuye al incremento de número de operaciones militares de la fuerza pública en el territorio; la activación de explosivos por parte del ELN y de minas por parte de las AGC; el recrudecimiento de amenazas e intimidaciones a los liderazgos locales y el reclutamiento de menores; además de procesos violentos de erradicación forzada de cultivos ilícitos.

Las entidades locales están desbordadas

El 14 de septiembre se organizó un Consejo Municipal de Justicia Transicional para coordinar el plan de respuestas de cada una de las entidades locales, pero en el ambiente se sentía la tensión. La conversación giró en torno a las preocupaciones compartidas, los reclamos por falta de presencia de la fuerza pública, y los llamados a la gobernación del Chocó para gestionar ayudas humanitarias.

La realidad es que las capacidades de las entidades locales en términos de recursos humanos y financieros no alcanzan para responder a la crisis. “Sus respuestas son desarticuladas, a veces llegan demasiado tarde, otras son insuficientes, transitorias o intemporales. Entonces, no alcanza a tener el impacto que se quiere”, reclama un líder social del municipio de Istmina.

Falta una respuesta institucional efectiva

A todo esto se suma que esta es una zona tremendamente olvidada y precaria en presencia institucional. “El post acuerdo no llegó a estos territorios. El Estado no llenó ese vacío que dejaron las FARC en las comunidades, pero si lo llenaron los grupos ilegales”, dice un líder social de la zona.

La Defensoría del Pueblo ha emitido 16 Alertas Tempranas advirtiendo sobre estos escenarios de riesgo en todo el Chocó, incluyendo la zona del Baudó, del medio y bajo Atrato y en general por toda la costa pacífica, sin tener eco en las autoridades competentes.

Según Elizabeth Moreno, representante del Consejo Comunitario General del San Juan (ACADESAN), la atención humanitaria por parte del Estado ha sido tardía y a la fecha insuficiente. “La militarización no es la mejor opción. Hoy los territorios están minados, necesitamos una intervención urgente. Se requieren medidas contundentes para atender de forma oportuna estas comunidades y evitar nuevas situaciones de vulneración de derechos”, enfatiza.  

¿Qué reclaman las comunidades?

Garantías para retornar a sus territorios: La población desplazada que regresa a sus territorios se encuentra con la desolación: la pérdida de sus enseres, de sus cultivos y de sus animales. Y las comunidades que se quedan confinadas por amenazas de los grupos armados, permancecen aisladas, privadas de su libertad de movimiento, y sin la posibilidad de acceder a alimentos. Hoy estas son las víctimas más invisibilizadas y desatendidas.

Por eso, piden una serie de garantías mínimas como:

• Garantía del derecho a la vida
• Verificación de desminado y de cualquier tipo de explosivo en la zona
• Presencia de las entidades pertinentes para la atención integral y oportuna de las necesidades de la población: salud, educación, saneamiento básico, energía, conectividad, etc.
• Acción urgente de visitas humanitarias

Una respuesta institucional integral: ACADESAN hace un llamado al gobierno regional y nacional para que cumpla con sus responsabilidades constitucionales de atención, protección y prevención de los derechos humanos en esta zona del Pacífico. También a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional para que realicen un acompañamiento a las comunidades de los municipios de Istmina, Medio San Juan, Litoral del San Juan, Sipí y Novita, para que puedan resistir en sus comunidades.  

Específicamente le piden al gobierno y a las entidades competentes velar por el cumplimiento de las recomendaciones dadas por la Defensoría del Pueblo en la Alerta Temprana No. 020 de 2021, dentro de las cuales se encuentran:

• Implementar de forma integral el Acuerdo Final de Paz firmado entre el gobierno y las FARC-EP
• Avanzar en los diálogos de paz y forma de acuerdos humanitarios con todos los actores armados presentes en el territorio
• Desarrollar acciones de prevención del reclutamiento forzado de menores
• Brindar protección para los líderes sociales y sus organizaciones
• Garantizar la debida atención humanitaria a las víctimas

Una intervención con enfoque diferencial: finalmente, piden el respeto por la integridad de la comunidad étnica como un actor no armado. Además que la fuerza pública respete la autonomía de los territorios ancestrales y el libre ejercicio de autodeterminación sobre sus vidas. Es decir, que en sus operaciones militares en territorios étnicos respeten y se relacionen con esas formas de gobierno propias. “No se trata de llegar y decirles qué hacer, sino que la comunidad tenga la posibilidad de participar”, explica un representante regional de la Defensoría del Pueblo. 

Lo que sigue:

El panorama no es alentador. Los hechos demuestran que no parece que se vaya a producir un cambio en la situación de asedio a las comunidades o en la respuesta institucional. Algunas voces de los líderes solo contemplan que el escenario empeore. “Temo que esto se nos vaya a convertir en un escenario como el de Bojayá”, dice Mario de Jesús Álvarez, obispo de la diócesis de Istmina.

Por qué es importante: la lucha de las comunidades por el acceso al agua en Colombia ha sido larga, especialmente en la ruralidad. Según un informe del Ministerio de Vivienda, apenas el 74 por ciento de las zonas rurales tienen cobertura en la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico. Y solo el 4 por ciento de los recursos asignados al sector del agua se ejecuta en estas periferias. 

Frente a esto muchos campesinos y campesinas han construido acueductos comunitarios para tener agua y mejorar su calidad de vida. De acuerdo con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en 2006 existían unos 12.000 acueductos comunitarios en Colombia, pero Lucia de la Trinidad Galvis, consejera de la Asociación Departamental de Acueductos Comunitarios de Antioquia (ADACA), calcula que hoy pueden existir más de 30.000.

Qué está pasando: miles de campesinos y líderes de acueductos comunitarios, articulados a través diferentes redes nacionales y departamentales, están luchando por el fortalecimiento y reconocimiento de la gestión comunitaria del agua, oponiéndose a cualquier forma de privatización y mercantilización. 

En Consonante quisimos entender cómo funcionan estas iniciativas. Aquí te lo explicamos:

¿Qué es un acueducto comunitario?

Es la forma como los habitantes de un lugar buscan la manera de abastecerse de agua. Galvis explica que también “es el conjunto de esas redes de vecindad y solidaridad que se forman para gestionar y administrar recursos para garantizarse el derecho humano al agua”.

Los acueductos comunitarios han llenado un vacío que el Estado no ha podido atender de manera eficiente y oportuna: las necesidades más básicas de la población rural del país. “Sabemos que este Estado no garantiza derechos. Para que a usted le cumplan, tiene que pelear mucho tiempo. Entonces, ¿qué hace la comunidad? Organizarse, para garantizar su derecho al agua”, dice Claudia Patricia Cadavid, tesorera de la asociación comunitaria acueducto veredal San Andrés (Antioquia). 

¿Cómo se organizan las comunidades?

La construcción de un acueducto comunitario es un proceso orgánico. No existe un manual, cada comunidad va encontrando su propio camino para organizarse. Por lo general, se autogestionan mediante un pacto colectivo. Los líderes y lideresas de la comunidad  que desean hacer parte de las juntas administradoras o consejos de administración  se postulan y la comunidad vota. Cada persona elegida asume un rol: presidente, vicepresidente, tesorero, secretario, vocal, fiscal, entre otros. Los acueductos que benefician a muchas familias inclusive contratan una o más personas para la atención al público, fontanería o para facturación.

Muchas comunidades se asesoran de La Red Nacional de Acueductos Comunitarios. Esta red tiene la función de ayudar a la población a fortalecer sus capacidades técnicas así como liderar la consolidación de una propuesta de administración de acueductos diferentes a la privatización; además, hace incidencia con entidades estatales para dar a conocer la problemática del agua a nivel nacional.

¿Cómo se financia un acueducto comunitario?

Las comunidades utilizan diferentes mecanismos para conseguir los recursos que necesitan para construir el acueducto. En la mayoría de casos utilizan aportes voluntarios, convites, mingas, venta de productos, rifas, créditos y donaciones privadas. Muy pocos reciben aportes de las alcaldías o de entidades municipales o nacionales. 

Por lo general, los costos para la construcción se estiman dependiendo del tipo de sistema de suministro de agua que cada comunidad decida tener. Se van consiguiendo los recursos de forma paralela al proceso. 

¿Cómo se administran?

Una vez las comunidades consiguen los recursos para adelantar la obra, el acueducto se mantiene con las cuotas que paga cada familia. Esta se calcula teniendo en cuenta el tipo de suministro, el número de familias beneficiadas, el tipo de sistema de bombeo, y los costos de fontanería e insumos químicos, entre otros. Las cuotas oscilan entre los 2.000 y los 40.000 mil pesos. 

La gestión comunitaria del agua es sin ánimo de lucro. Las juntas directivas o consejos administrativos toman las decisiones por consenso o votaciones mediante asambleas. “Estas formas de gestión, promueven las democracias participativas, e involucran a la comunidad en la toma de decisiones. Es un sistema más transparente y poco susceptible a la corrupción”, resalta Martelo.

¿De dónde obtienen el agua? 

El agua se recoge de los ríos, riachuelos, manantiales, páramos, de los nacimientos en las montañas o de las aguas subterráneas. La fuente de agua que la gente elige utilizar para el acueducto depende de la ubicación y la disponibilidad en la zona. Si esta fuente hídrica se seca o se contamina por alguna razón, las organizaciones expertas les recomiendan a las comunidades tener en su plan de riesgo donde tengan identificadas fuentes secundarias o posibles acueductos cercanos a los que puedan conectarse.

¿Qué tipo de suministro de agua utilizan los acueductos comunitarios?

No todos los acueductos comunitarios suministran agua potable. El tratamiento varía según la región y las capacidades técnicas y económicas de cada comunidad. Galvis explica que pueden suministrar agua:

• Sin potabilizar: en algunas comunidades se suministra agua natural sin ningún tratamiento por que no se tiene la capacidad económica para una planta de tratamiento o por que la calidad del agua es muy buena y no lo requieren. En su mayoría cuentan con una bocatoma, un desarenador, tanque de almacenamiento, red de distribución a la comunidad.
  
• Desinfectada: otras comunidades no tienen una planta de tratamiento porque la requieren para labores agrícolas o pecuarias, por eso buscan soluciones individuales de potabilización del agua como filtros caseros. Estos acueductos tienen una bocatoma, un desarenador, y un tanque de almacenamiento en donde una persona le agrega al agua hipoclorito de sodio (líquido) o hipoclorito de calcio (granulado). También tiene algunos puntos de muestreo de pH y cloro residual.
  
• Potable: para suministrar agua potable el sistema de acueducto debe contar con una planta de tratamiento. Esta puede ser modular o por sistemas, convencionales o compactas de acuerdo con la calidad del agua a tratar. Las personas que administran el acueducto deben tomar muestras de agua y verificar que la calidad cumpla con los requisitos establecidos en la resolución 2115 y el decreto 1575 de 2007 del Ministerio de Ambiente.

¿Qué retos enfrentan los gestores comunitarios del agua?

Demasiados trámites administrativos: existen varias normas que regulan la actividad de los acueductos comunitarios. Por ejemplo, la ley 142 del 11 de julio 1994 que establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y la resolución 844 de 2018 que define la metodología tarifaria para las personas prestadoras de servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. De estas normas se derivan obligaciones ante la Cámara de Comercio, la Superintendencia de Servicios Público, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y la Dian. La inconformidad radica en los altos costos económicos, administrativos y de gestión que implican para la comunidad campesina. 

“Lo que vamos viendo en la normatividad es que la Superintendencia tiene que vigilar y controlar a tantos acueductos que le está apuntando a regionalizar el servicio y que exista un solo prestador”, dice Dora Cristina Salgado, asesora legal en servicios públicos domiciliarios.

Por eso, los gestores de estas iniciativas locales reclaman un trato legal diferencial que tenga en cuenta la naturaleza de su actividad. “La legislación actual está diseñada para garantizar el lucro, y por su naturaleza los acueductos comunitarios, no pueden ser enmarcados bajo estas normas, sino en un régimen especial acorde a esta forma particular de gestión del agua”, afirma Galvis.

Mantener la unión de la comunidad: aunque en la mayoría de las experiencias en la gestión de los acueductos a nivel comunitario se ha dado de manera orgánica y fluida, de la mano de buenos liderazgos locales, Galvis advierte que “hay que vigilar la permeabilidad de estas organizaciones a la politiquería y partidismos”. 

También enfrentan retos en cuanto a la falta de conocimientos técnicos entorno a los temas que tienen que aprender a gestionar de un momento a otro, sin ningún tipo de acompañamiento. “Yo no sabía nada de esto. He aprendido muchas cosas en el camino, pero no ha sido fácil”, comenta Cadavid.

Seguir defendiéndose como un modelo viable y autosostenible: el temor de muchas comunidades es que poco a poco la ley colombiana vuelva inviable la gestión de los acueductos comunitarios, pues ven una clara tendencia a privatizar y regionalizar la prestación del servicio de agua. “Con estas políticas nacionales atemorizan a las comunidades, pues atentan contra la economía de la población campesina, pues encarecería el suministro de agua y peor aún pasaría de ser un bien común a ser una mercancía”, asegura Pedro Abel Castañeda, líder campesino del municipio de Tasco en Boyacá. 

Sin embargo, el panorama es complicado. Lucía de la Trinidad Galvis recuerda una frase a la hora de reflexionar sobre el futuro: “quien tiene el agua, tiene el poder”. "¿Será por eso que buscan hacernos ver inviables?", se pregunta.

Palacios, quien ha trabajado durante más de veinte años con comunidades víctimas del conflicto en Chocó y el Pacífico colombiano, explica qué hay detrás del silencio en una región en la que pocos se atreven a contar lo que realmente está sucediendo.

Consonante: ¿Qué está pasando en la región del medio San Juan?

Leyner Palacios: La región se encuentra en disputa, porque sigue siendo uno de los corredores estratégicos que tiene Chocó junto con el Baudó y Bojayá para traficar elementos ilícitos y movilizar armas. Es una zona tremendamente atractiva para los grupos armados por la lógica de la movilidad que permiten los ríos, los esteros, los caños. Además, está muy apartada y la ausencia institucional propicia que los actores armados funcionen. El Estado ni cuenta se da del día a día; de la penuria y la violación de los DDHH que viven las comunidades. No estamos hablando de que no existan algunas instituciones pues está la alcaldía pero, ¿qué capacidad puede tener una administración local para funcionar en un contexto de conflicto? También hay una serie de consejos comunitarios, pero esos líderes terminan atrapados por la lógica de la confrontación. Por ejemplo está ACADESAN, una organización qué trata de visibilizar muy bien lo que allí acontece.  Pero, ¿qué líder se atreve a denunciar cuándo al día siguiente lo matan?  Y la prueba está en que han matado a  muchos líderes o los han hecho salir.

Entonces, hay dos elementos. Por un lado, la institución, tremendamente limitada en su presencia; y, por el otro, un alto liderazgo de las comunidades que está constreñido por la acción de los grupos armados. 

C: De este conflicto específicamente, ¿qué hace falta contar, denunciar o visibilizar?

L.P. Soy de los que creo que hace falta contar cuáles son los intereses que hay en ese territorio, porque no creo que quienes están disparando son unos locos que quieren apenas echar plomo. ¡No!  Yo creo que hay unos intereses y unas intencionalidades. Hay grandes proyectos mineros, por ejemplo. San Juan es una zona supremamente rica en minería, entonces entre menos población civil esté allí, más posible es que se exploten los recursos naturales.

Pero nosotros nos quedamos mirando al guerrillero, el paramilitar, el de la fuerza pública, y nos quedamos mirando el muerto, pero en el fondo ese muerto tiene una explicación. Lo mataron porque quizás, estaba defendiendo unos recursos naturales. O porque quizás había que matarlo para que el resto de la población esté fuera de ahí. Por eso, los grupos armados a veces matan y descuartizan, o a veces ponen el cuerpo frente a la comunidad, como una exhibición para asustar a los demás miembros.

A mí me parece que los medios de comunicación tienen que mostrarles al país la estrategia de vaciamiento en los territorios a partir de los intereses que existen. 

C: ¿Qué consecuencias tiene este conflicto en la vida de quienes habitan estos territorios? 

L.P. Hay varias consecuencias.

Unas consecuencias son de tipo cultural e impactan gravemente en las prácticas tradicionales. Por ejemplo, limitar la posibilidad de abastecimiento a la comunidad. Cuando los grupos armados colocan minas antipersonales y limitan la movilidad de la población, la gente no tiene capacidad de subsistir porque no tiene un supermercado en casa, o provisiones para aguantar cuatro días. La gente vive del día a día; de la pesca, de la caza, de la agricultura. Eso tiene un impacto en la vida, y en la canasta familiar. Y una gente que se alimenta mal, que está sometida a la zozobra, que no puede hacer las actividades del día a día y que no se puede expresar también está expuesta a enfermedades psicológicas.

En nuestra cultura, el conflicto trae cosas como la muerte por pena moral. Un campesino que no puede salir a cortar un racimo de plátano, a quien le han matado el hijo o se lo han reclutado, y a quien a veces violan a la mujer no puede ni siquiera ir a poner una denuncia. Pues muere de pena moral. Nadie lo mató, pero fue tanto el nivel de sometimiento y de dolor que tuvo que padecer, que termina deseando morirse. Muchos campesinos y campesinas han llegado a esa situación.

Y están otras consecuencias más visibles como el asesinato y la pérdida del territorio. Cuando la gente deja de ir a sus territorios para hacer las prácticas tradicionales, esos lugares van siendo ocupados por los grupos armados, y cuando la gente vuelve pues encuentra otros cultivos y otras cosas. A esto se suma la desintegración familiar y social, pues antes la gente se comunicaba y compartía, pero hoy en día todos desconfían del otro. 

Todo esto sin mencionar que lo que primero hace el conflicto es acaparar el funcionamiento institucional. Todos los grupos armados se alimentan del presupuesto de la nación. Cuando llegan a estos municipios, constriñen a las autoridades locales para recibir recursos.  ¿Cuántos alcaldes y gobernadores se han visto obligados a esto? La consecuencia es que ese alcalde o ese gobernador ya no puede hacer el centro de salud ni dotar la escuela. Entonces, las comunidades pierden el derecho a tener una buena educación, una buena escuela, un buen maestro con buenos materiales, o que en el centro de salud haya medicamentos. 

Finalmente uno observa que el conflicto armado también tiene un fuerte impacto en la autonomía y en la gobernabilidad de las autoridades étnicas, porque los consejos comunitarios y resguardos indígenas pierden toda posibilidad de autodeterminarse. No pueden hacer reuniones donde quieren, porque no hay condiciones para hablar o porque hay presencia de algún grupo armado.

C: ¿A qué se están enfrentando quienes se desplazan forzosamente de sus territorios? 

L.P. Cuando una persona se desplaza tiene la sensación de que perdió todo: su familia, su casa, su comunidad, sus relaciones, e incluso parte de su familia. Cuando a una persona le toca vivir un desplazamiento sola, debe dejar a los hijos, la mujer –o si es la mujer, debe dejar al marido– y dejar a los parientes cercanos. Entonces, primero empieza a vivir una sensación como de vacío interno, y luego rápidamente llega el sentimiento de culpa: “oiga ¿yo por qué hice esto?”, se pregunta. El desplazado se siente culpable de lo que está pasando. Y ese es un drama muy complicado de manejar.

Uno también pierde la comunicación con todos sus seres queridos. Y esa soledad es muy difícil, porque a veces una persona que se desplaza quisiera tener una conversación, hablar con alguien y eso no es posible.

Y por último, está el miedo. Si usted es un desplazado que se vio obligado a salir de su territorio porque fue amenazado el peligro lo perseguirá donde esté. Entonces, vienen las noches de intranquilidad, porque usted sentirá que en cualquier momento lo van a encontrar donde esté, y lo van a matar. No duerme, no sale ni a la esquina.

Así nos ha tocado vivir a muchos, encerrados en un cuarto como si estuviéramos pagando cárcel, sin haber cometido ningún delito. Es muy duro. Y ahí viene de nuevo la sensación de culpa: ¿por qué estoy pagando todo esto? ¿Cierto? ¿Por qué estoy condenado a vivir en un cuarto cuando lo único que hice fue reclamar por la injusticia?

C: ¿Y cómo se vive un confinamiento?

L.P. Un confinamiento es algo muy grave para una comunidad. No poder movilizarse allí en su territorio implica estar desconectados. La mayoría de comunidades no tienen internet, telefonía celular ni energía. Es decir, no hay posibilidades ni de ver televisión. Esa es una situación que impone unas cargas psicológicas muy grandes. Además de que no pueden cultivar, ni acceder a la tierra.

C: Usted mencionaba que en algunas comunidades no se pueden reunir en los lugares de siempre porque ya no es seguro. Quisiera que me hablara un poco de esas dinámicas de silencio establecidas.

L.P. En mi calidad de líder social he estado en algunos territorios y la gente me ha dicho: no queremos hablar, no podemos hablar.

Yo creo que el silencio se convirtió en la mejor arma para mantener la vida. Es la única alternativa en este momento para la gente,  porque lo primero que dicen los grupos armados cuando llegan es: “bueno, cuando usted vaya a salir ojo con lo que va a decir”. Si usted sale ellos lo anotan en un cuaderno y si ese día los medios publican una noticia, o una denuncia, tienen anotados quiénes salieron de la comunidad. Y eso es una amenaza tácita, que todos los grupos armados le hacen a la comunidad. Es más, mucha gente no sale de sus territorios para no tener que correr ese riesgo.

En los pocos casos que algunos líderes se han atrevido a denunciar, la respuesta siempre ha sido negativa, porque la justicia no opera para los bandidos, sino para quienes que tratan de actuar con transparencia. Nuestra institucionalidad genera desconfianza. En otros casos, a la gente le ha tocado salir de sus territorios después de denunciar. Eso, cuando corren con buena suerte, y no los matan.

Entonces, hoy los líderes que están en esos territorios no quieren correr ese riesgo, evitan denunciar y prefieren resignarse, quedarse callados, para evitar ser desplazados, asesinados o estigmatizados.

C: ¿Queda algún espacio para hablar?

L.P. El nivel de control que han empezado a tener los grupos armados en las comunidades es tan fuerte que hasta tienen presencia dentro de las propias comunidades. La mayoría de las comunidades del departamento del Chocó tienen puntos. Es decir, personas que pertenecen a  los grupos y les informan todo lo que pasa en la comunidad. Todos los grupos armados lo hacen, y la gente lo sabe.  Por eso las personas no se van a poner a decir cosas en una reunión o en un círculo de conversa, cuando saben que esa información puede llegar directamente o muy rápidamente, incluso tergiversada, al grupo armado que está en el territorio. 

C: ¿Y  qué caminos hay para romper ese silencio de manera segura?

L.P. Yo creo que hay varios caminos que se tienen que explorar. 

Primero, ojalá que la institucionalidad colombiana avanzara y dejara de estigmatizar la labor del líder social. Tenemos que hacer una campaña de pedagogía muy fuerte para que el liderazgo social sea visto como algo positivo. Para el colombiano un líder social es sinónimo de revolucionario, y subversivo, y eso le hace mucho daño. Es muy importante que la institucionalidad vea el liderazgo social como un aliado para mantener la democracia del país. Un líder social en esos territorios es casi tan importante como la figura del presidente para la nación. Entonces tenemos que rodear a las personas que están trabajando allí en el día a día. Si queremos empezar a romper esos círculos, es importante que Colombia entienda, qué es lo que se mueve en esos territorios, dónde está la mayor confrontación armada y no hablo únicamente del narcotráfico, sino también de despojo de tierras, y del control político electoral. 

(...) Hay algo a lo que Colombia no le ha querido parar bolas, y es la corrupción institucional. En muchos casos,  nuestras comunidades no creen en la fuerza pública porque la consideran aliada de los delincuentes, y de los actores ilegales en algunos casos. Eso le hace mucho daño a la confianza. Entonces tenemos que entender que cuando alguien cuestiona el mal comportamiento de la autoridad, no es un ataque a la institucionalidad como tal, sino un aporte para fortalecer la democracia. 

C: ¿Cuáles son los principales reclamos de la gente, de las víctimas de este conflicto?

L.P. Varias cosas. En el Chocó la gente pide que haya un nivel de esclarecimiento de este conflicto armado que permita la reconciliación. O sea el derecho a la verdad es importante, pero hay otro derecho supremamente importante, y es que haya reparación. Esto implica atención por los daños y las afectaciones, y el resarcimiento de esos daños. La gente le exige muchas respuestas a la Unidad de Atención para las Víctimas porque ha habido un vacío. Esa entidad se creó para que hiciera su tarea en 10 años, y según analistas hoy tardaría 60 años más atendiendo y reparando a las víctimas. 

Y el otro elemento, y unido a ese tema de la reparación, es el tema de la propiedad de la tierra. Es decir, la restitución de los bienes despojados. Para un campesino esto es fundamental. A mí me pueden reconocer que me dañaron, pero si no me devuelven la tierrita, de qué me sirve que me reconocieran que me dañaron la vida. Sobre todo, si la tierra sigue en manos de quienes me dañaron la vida. Eso ha pasado en muchas regiones en el Chocó, en donde en esas tierras que les despojaron a las comunidades campesinas están proponiendo proyectos agroindustriales, mineros, y de ganadería extensiva. 

Finalmente, otro elemento que piden en clave de no repetición es que acabe el conflicto armado. Cuando usted escucha a las víctimas del Chocó, lo primero que dicen es “¡no! yo cuento la historia para que no la volvamos a repetir”. Están diciendo claramente que no quieren tener la presencia de grupos armados. Y ese reclamo tiene que ver con la salida negociada del conflicto. Pasa con la concertación con el ELN, y me atrevería a decir que con los otros 10 grupos armados ilegales que hacen presencia en el departamento. Esta situación necesita un tratamiento especial. Eso es lo que usted les escucha a las mujeres de Bojayá en sus cantos de alabaos. Pero la nación no comprende la importancia de eso, y algunos políticos dicen caprichosamente “no negociamos con tales hasta que no deje de hacer tal cosa”. Ese es un camino tremendamente absurdo. 

Ahora, lo que sí es claro es que los grupos armados están en la ilegalidad, y eso no los justifica para seguir maltratando y atropellando la vida de las comunidades como lo están haciendo. Hay que hacer un llamado para que esos grupos dejen de joderle la vida a la gente, y que entiendan que, con sus comportamientos, más que ser el ejército de los pueblos, los están matando. Mire, todos los grupos armados han empobrecido los pueblos a los que han llegado. Por eso, deberían hacer una reflexión, si ellos mismos argumentan que nacen para mejorar y reclamar las injusticias sociales, ¿cómo es posible que su presencia en esos territorios los empobrezca? 

C: Pero, ¿cómo humanizar un conflicto que lleva tantos años en el territorio?

L.P. Creo que lo primero que hay que lograr es que los actores armados que están en confrontación entiendan que su actuación está siendo tan cruel que ha sobrepasado la dimensión del respeto a la dignidad humana. Y por otro lado también se necesita una solidaridad del pueblo colombiano con estas periferias. Cómo es posible que el pueblo colombiano no se indigne con esta matanza que está ocurriendo en el San Juan, o en el Baudó; con ver los cuerpos despedazados de las comunidades indígenas que han caído en minas antipersonales en Bojayá y en Murindó. Es indigno lo que está pasando.

El pueblo colombiano ha normalizado la violencia que reciben otros en sus cuerpos y en sus vidas. Me parece que el llamado tiene que ser que sintamos esa violencia que viven otros seres humanos como si la estuviéramos viviendo nosotros en nuestra propia sangre y cuerpo. Y nos movilicemos.

Al final de la conversación Leyner Palacios dijo: “Esta entrevista yo la doy como líder social. Lo hago con miedo, pero realmente la gente que está allá en los territorios tiene tanto miedo que no puede hablar, entonces a uno le toca decir estas cosas; pero no es fácil”.

Por qué es importante: A pesar de que Istmina es el segundo municipio más importante de Chocó después de Quibdó, sus 30 mil habitantes no cuentan con el servicio de acueducto. Muchos están cansados de reclamar por el abandono estatal y de esperar soluciones definitivas. “En pleno 2021 no se ve nada agradable que un municipio esté viviendo de las aguas lluvias; expuesto a las infecciones que producen los roedores, aves y demás animales”, reconoce Yilson Martinez, secretario de Planeación de Istmina.

¿Qué ha pasado con el acueducto municipal?

Hace más de 50 años existió un acueducto que funcionaba en Istmina a determinadas horas y suministraba agua a ciertas zonas del municipio. Martinez cuenta que por falta de recursos para su mantenimiento y gestión, el acueducto  dejó de funcionar. “El agua tampoco era potable”, agrega. 

Hoy existe un proyecto para la construcción de un acueducto que promete darle cobertura a todo el municipio. La obra tiene un presupuesto de 16 mil millones de pesos provenientes del Ministerio de Vivienda y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), y comenzó  a ejecutarse hace cuatro años. El acueducto debió ser entregado hace dos años, pero esto no sucedió. Yudis Sugey Moreno Ibarguen, secretaria de Obras públicas, movilidad y transporte de Istmina afirma que “el alcalde ya manifestó ante la Contraloría el desacuerdo con los retrasos del proyecto”.

Entonces, ¿qué hace la gente para tener agua en sus casas?

Vivir del agua lluvia. Conectar mangueras a los nacimientos de la montaña para disponer de puntos de recolección  o “ chorros” para tener agua cerca. Utilizar baldes, tanques, y hasta neveras vacías y selladas para almacenar agua dentro de la casa. Ir hasta el río para bañarse, hacer sus necesidades básicas, lavar los platos, y lavar la ropa. Tomar un vaso con agua asumiendo el riesgo de enfermarse.  

“Sin agua no hay vida”, así lo resume Cesar Alcidez Lerma, uno de los habitantes del barrio San Agustín. Cansada de esperar, la comunidad ha empezado a buscar soluciones. “Nos dicen que espere, que estamos en un proyecto...pero llevamos como 200 años y no pasa nada. Así que nos toca hacerlo posible a nosotros.”, dice Juan Santos Lobón Moreno, líder de la iniciativa del acueducto comunitario.

La iniciativa: Hace cuatro años Juan Santos Lobón Moreno, un istmineño pensionado de la Policía Nacional de Colombia, comenzó a diseñar un proyecto de acueducto comunitario llamado “Agua de mi llave” para su barrio San Agustín. La construcción de la obra comenzó hace 8 meses.

Santos cuenta que construyó los diseños del acueducto a partir de más de 200 videos que vio en Youtube, y la asesoría de varios fontaneros, ingenieros y amigos. “No soy ingeniero pero yo amo mi patria chica, a mi me gusta mucho mi Chocó”, dice. Aportó 10 millones de pesos de su bolsillo para comenzar con la obra, y en octubre del año pasado convocó a varios líderes y lideresas de la comunidad para contarles acerca del proyecto. “Ustedes ponen el trabajo yo consigo la plata” les dijo. En ese momento, 13 personas comenzaron a trabajar y, hoy ya son casi 50, entre jóvenes, mujeres y hombres de todas las edades.

Hoy el costo del proyecto va en 44 millones de pesos. La comunidad ha logrado reunir todo el dinero vendiendo ropa, celulares y haciendo aportes directos. “Aportes de las instituciones y de otras entidades, cero”, aclara Juan Mosquera Martinces, ingeniero civil y habitante del barrio. Pese a que se han radicado más de 60 solicitudes a empresas e instituciones, el esfuerzo ha sido en vano. El mayor costo “ha sido más el sacrificio físico, la capacidad de liderazgo y el tiempo que no se puede calcular”, agrega Santos.

El agua que están usando para el acueducto viene directamente de un nacimiento, y para tratarla han diseñado seis filtros. Aún no cuentan con la certificación de potabilidad del agua, pero ya es una mejora significativa con respecto a lo que consumían antes. “Toda la vida hemos vivido tomando de esa agua sucia, así que ya pasamos la prueba”, asegura Santos.

El resultado: Un vez esté terminada la primera fase de la obra, a finales de este año, cada familia decidirá si quiere el servicio de acueducto, que incluye agua para: el lavaplatos, el lavamanos, las duchas y los sanitarios. El valor inicial a pagar sería de 600 mil pesos para cubrir la mano de obra, los materiales y fontanero; y a partir de ahí una mensualidad de 15 mil pesos. La gestión y el mantenimiento del sistema quedará a cargo de un consejo directivo conformado por líderes y lideresas del proyecto, el cual quedará conformado a final de este mes. 

En el barrio de San Agustín viven más de 800 familias. Hoy 33 casas ya tienen el servicio de agua y se espera que en los próximo meses sean 50. El objetivo final: llegar a beneficiar a 200 familias, alrededor de 1.200 personas.

Qué dice la gente:

• Leonila Perea, líder comunitaria del barrio: “Muchas personas carecían de agua, después de dos días sin lluvia ya la  gente tenía que echar para el chorro, que no daba abasto para la comunidad”. 
  
• Cesar Alcides Lerma, uno de beneficiarios del actual acueducto comunitario: “es lo mejor que me ha podido pasar en todos estos tiempos; sufrimos mucho, debíamos ir a bañarnos lejos, al río muy sucio y contaminado; llevo dos meses y pico con agua permanente las 24 horas del día, uno se baña, jabona y pasa su rato feliz”.
  
• Maria Leonila Perea Leudo, líder y madre comunitaria: “Ahora tengo mi agua y vivo feliz porque no tengo que salir a buscarla para ninguna parte; pienso que debemos dejar algo para el futuro, tener sentido de pertenencia”.
  
• Juan Mosquera Martinces, ingeniero civil y habitante del barrio: “tener un acueducto es una de las cosas más importantes, le cambia la vida a uno”.

El contexto: Los acueductos comunitarios son comunes en Colombia. Tener agua potable, accesible y de calidad, se ha convertido en una reivindicación histórica para demasiadas comunidades.  

De acuerdo con datos de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en 2006 existían unos 12.000 acueductos comunitarios en el país. Lucía de la Trinidad Galvis, coordinadora de la Asociación Departamental de Acueductos Comunitarios de Antioquia, calcula que hoy pueden ser más de 30.000. “A nivel nacional las políticas buscan privatizar el agua y acabar con el modelo de gestión comunitaria; por eso el ataque continuo que nos están dando y la falta de apoyos”, aclara Galvis, quien ha trabajado en este tema por más de 15 años.

Construir un acueducto comunitario es entender el agua como un bien común esencial del cual nadie puede apropiarse ni volverlo mercancía. La Red Nacional de Acueductos Comunitarios de Colombia ha defendido la gestión comunitaria del agua en el país durante muchos años.

Lo que sigue:  Lo cierto es que pese a que la iniciativa del barrio San Agustín beneficiará a muchos habitantes de Istmina, no solucionará  el problema que se presenta en todo el municipio. Por eso, vale la pena hacerle seguimiento al proyecto de la construcción del acueducto municipal que está en ejecución pero que sigue presentando retrasos e inconvenientes.

Por qué es importante: El Hospital Eduardo Santos está colapsado. No tiene la capacidad física ni económica para atender la alta demanda de pacientes que vienen de diferentes partes de la subregión del San Juan, en donde no cuentan con servicios de salud de calidad. La crisis se hizo más profunda con el paso de la pandemia, lo que hace aún más evidente la necesidad de implementar las mejoras en este centro y de convertirlo en un hospital regional de segundo nivel que permita atender a la población de los 11 municipios de la región.

Las claves de la crisis

Una situación económica crítica. Hoy el hospital se encuentra a la espera de inyección de recursos del Ministerio de Hacienda para poder sanear un pasivo prestacional de más de 6.800 millones de pesos. De acuerdo con la gerente del Hospital Eduardo Santos, Carmen Irina Ballesteros, “la entidad pasó a ser categorizada en riesgo alto”.

La pandemia no dio tregua. Según Ballesteros, “el hospital no cuenta con los medios físicos y económicos para atender la pandemia. Tal es el caso de la falta de unidades de cuidado intensivo, falta de una planta de oxígeno y de infraestructura adecuada para el aislamiento de las personas contagiadas”. El hospital llegó a tener un gasto promedio de 2 millones de pesos diarios en compra de balas de oxígeno. 

Además, las mejoras en infraestructura son necesarias. “También la renovación de equipos biomédicos como rayos x”, concluye Ballesteros.

Muchos pacientes y pocas camas. En promedio, el hospital atiende 80 personas al día. Presta servicio 24/7. Cuenta con cuatro médicos de planta, dos médicos temporales, 35 enfermeras y una ambulancia. En su mayoría, los pacientes son del casco urbano de Istmina, pero también llegan desde la zona rural y de municipios cercanos como el Cantón de San Pablo, Andagoya, Condoto, Sipí, entre otros. 

¿Y los pacientes? Hay un descontento generalizado. “De un 100 por ciento, sin mentirle, que un 80 por ciento dice que la atención es pésima”, asegura Yolimar Mosquera, una habitante de Istmina. 

¿Las razones? Largos tiempos de espera para ser atendidos en urgencias; demoras en la asignación de citas con especialistas; filas desde la madrugada para poder agendar citas médicas; falta de equipos y personal médico; y negación en la prestación del servicio, entre otros. 

"Le toca a uno madrugar desde las 3 o 4 de la mañana y hacer una fila muy larga para que le den una ficha para poder tener una cita médica”, cuenta Dadwin Hiller, un ciudadano que asegura que los cupos suelen ser limitados. “Fui con mi hija hace 15 días, amaneció con vomitadera y diarrea. Me dijeron que no había servicios, que no me podían atender ahora”, asegura Paola Alexandra, una mujer que tuvo que pagar 30.000 mil pesos en un centro médico particular para que atendieran a su hija.

Además, cuando un paciente requiere atención de mayor complejidad tiene que ir hasta la ciudad de Quibdó, que queda a 2 horas en carro. “La precariedad en la atención y la demora en la aceptación de la referencia y contrarreferencia de las EPS hacen que se ponga en riesgo la salud de los habitantes de la región del San Juan”, asegura Ballesteros, gerente del hospital.  

El contexto: La problemática no es nueva. Los chocoanos han denunciado en repetidas ocasiones las carencias en educación, sanidad, empleo e infraestructura que tiene el departamento. Los paros cívicos han sido varios: 1987, 1994, 2000,  2009,  2016 y 2017.

¿Qué se ha hecho desde entonces?

• Como resultado del paro de 2016, el Gobierno Nacional y el Comité Cívico por la Dignidad y Salvación del Chocó firmaron un acta con acuerdos en temas de infraestructura y salud. Aquí se incluyó “la construcción de los hospitales de mediana complejidad en los municipios de Riosucio e Istmina y la adecuación del hospital de Bahía Solano”. Para el caso de Istmina se estimó una financiación de 10.000 millones de pesos.

• Un año después el paro volvió a convocarse para reclamar respeto y cumplimiento a los acuerdos. Dilon Martínez, presidente del Comité, aseguró en ese entonces que solo se había cumplido con el 5 por ciento de lo pactado.  

• En julio de 2018, en el marco de los proyectos PDET, se firmó en Istmina el "Pacto Municipal para la Transformación Regional”, como resultado del consenso entre 109 actores. En este documento, también quedó acordada la “construcción de un hospital de segundo nivel en la zona urbana del municipio, y de puestos y centros de salud en las zonas rurales”.

• A mediados de julio de 2021 la Cruz Roja Colombiana donó 20 camas y 10 camillas. Y en respuesta a las necesidades de la pandemia, la Alcaldía compró una ambulancia medicalizada para trasladar a los pacientes a las UCI de Quibdó.

Lo que sigue: Los planes para el hospital regional de segundo nivel ya están en marcha aunque aún falta conseguir los recursos para su construcción. De acuerdo con el alcalde Hever Córcoba ya se entregaron los predios y la escritura para esta obra. “Hoy ya se tiene concertado con el Ministerio y la Secretaría de Salud departamental cuáles son los servicios de especialidad que va a tener este hospital y ya se va a comenzar la fase del diseño arquitectónico”, asegura. 

La Alcaldía también radicó ante el Ministerio de Salud dos proyectos; uno que pretende llevar servicios de salud a través de promotoras a todos los corregimientos del municipio y el otro que tiene como objetivo mejorar las instalaciones del Hospital Eduardo Santos y recuperar la sala de maternidad.

Por qué es importante: Los caracoles están acabando con la producción agrícola, la base de la economía de este corregimiento de La Paz (Cesar). La plaga, que llegó hace más de un año, ha empeorado y está afectando el abastecimiento de los mercados locales y regionales, así como la salud de las personas que los manipulan, especialmente los niños y niñas.

Los hechos:

• En 2017, los y las habitantes del corregimiento advirtieron por primera vez la presencia de caracol gigante africano (Achatina fulica). Este animal es considerado como una de las 100 especies exóticas invasoras más dañinas del mundo, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
• A finales de 2020 se realizó una recolección masiva de caracoles, pero la estrategia no fue lo suficientemente efectiva para controlar la plaga. Sobre todo, porque la especie se reproduce rápidamente, y aparece por épocas (especialmente durante la temporada de lluvias).
• En la zona afirman que la situación es crítica. “Hay tres fincas afectadas y hay caracoles en casi todas las casas del corregimiento”, asegura Carlos Villamizar, Jefe de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata). Carlos Firo, agricultor, cuenta que tiene “una afectación de un 50% del cultivo de maracuyá”, y perdió todo el cultivo de frijol en una noche.
• Algunas personas han establecido sus propias estrategias de control, como el uso de sal y químicos, pero afirman que son costosas. “Me estoy gastando un aproximado de 15 bolsas de matababosas en 3 días, y la más barata vale 9.000 pesos”, cuenta Firo.

Los campesinos y líderes de la comunidad piden más apoyo de las entidades para encontrar una solución al problema. “Podemos organizar una recolección pero no contamos con los recursos para hacerlo”, Delibeth Ardila, presidenta de la Asociación de Guardianas de Paz y Ambiente.

Es necesario entender que, según biólogos expertos, los impactos de la propagación de esta especie van desde la destrucción de cultivos agrícolas hasta la intoxicación de animales, y la posible desaparición de plantas nativas de reproducción lenta.

• Además, este animal es vector de parásitos, hongos y bacterias que causan enfermedades como la meningoencefalitis (a nivel nervioso) y la ileocolitis eosinofílica (a nivel digestivo) en humanos. 
• Kennye Uribe, ecólogo, advierte que “se debe hablar de su erradicación porque es una invasora y es imposible reubicarla porque no es nativa de nuestro continente”.

Lo que sigue: Hasta ahora, no está muy claro cómo ponerle fin a esta plaga.

• Desde la Umata están formulando una prueba piloto para la erradicación de los caracoles. El plan consiste en probar probar diferentes estrategias de erradicación en un mismo terreno, como la aplicación de químicos y la recolección manual. La administración espera iniciar este experimento en octubre para analizar el comportamiento y la reacción de los animales durante un periodo de tiempo, todavía indeterminado.

• La Umata ya ha hecho una serie de capacitaciones y asesorías a la comunidad local sin mucho éxito. Después de la primera capacitación —que se realizó el 4 de julio a 40 miembros de la comunidad dispuestos a replicar el mensaje— quedaron varias dudas. “La Secretaría de Agricultura nos donó 26 botas de caucho; pero no se propuso una jornada de recolección masiva, que era lo que esperábamos, ni se acordaron fechas de próximas capacitaciones”, comenta Ardila.

• La mayoría de los entrevistados coinciden en que esperan que se inicie un trabajo continuo y articulado entre las entidades territoriales, propietarios de fincas y habitantes para lograr el control de esta plaga.

Un dato extra: “Cuando vean un caracol deben proceder a su captura con guantes –no reutilizables– y comunicarse con Corpocesar para la disposición final”, recomienda Jesús David, biólogo de Corpocesar. También sugiere evitar la acumulación de material orgánico y pilas de piedras.

*Esta noticia fue actualizada el 9/08/21

Por qué es importante: A la gente de Istmina le preocupa el deficiente sistema de recolección de residuos sólidos. Esta ciudad, epicentro comercial de 13 municipios, enfrenta una situación crítica por el impacto ambiental de las basuras y por la falta de conciencia ciudadana.

Qué está pasando: “El gran problema que tenemos es la alta población de Istmina sumado a su importancia comercial en la región del San Juan. Eso hace que produzcamos demasiados residuos y envases plásticos”, asegura el alcalde Hever Córdoba. En la ciudad viven 30.742 personas de las cuales 83 por ciento están en la cabecera municipal.

Esto afecta directamente a las comunidades que están sobre la ribera del río San Juan. Gran parte de los residuos terminan vertidos en las quebradas que desembocan en el río, que recorren tres municipios. “Tengo más de 10 años de vivir acá y desde que tengo uso de razón han tirado los residuos al río, porque acá no entra el carro de la basura”, dice Yasiris Mosquera, habitante del barrio San Agustín.

La Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios Aguas del San Juan recoge basura 3 veces a la semana en cada barrio, y aun así ese servicio se queda corto. “En este momento en la zona rural hay unos botaderos artesanales, porque la empresa no cuenta con la capacidad económica para poder llegar a todos estos sectores. Sin embargo, estamos esperando poder construir unos botaderos veredales a través de los recursos de las iniciativas PDET.”

El proyecto: La Alcaldía propuso una alternativa con el principal objetivo de disminuir la contaminación generada por los altos volúmenes de residuos sólidos en las calles, fuentes hídricas y sitios de disposición final. 

Los detalles: Ese proyecto también busca aprovechar el material reciclable para transformarlo y comercializarlo. Contempla:

• Construir una estación de clasificación y aprovechamiento de residuos sólidos.
• Comprar un vehículo que recolectará los elementos reciclables, para su comercialización desde la fuente.
• Establecer puntos ecológicos que permitirán separar los residuos según su posibilidad de reciclaje.
• Incentivar la separación de los residuos desde la fuente con campañas pedagógicas.

Todas estas actividades generarían 30 empleos directos y unos 60 indirectos, especialmente para mujeres cabeza de familia. El alcalde espera que el proyecto permita producir madera plástica en el proceso de transformación de los residuos, para impulsar un proyecto de mejora de viviendas para población vulnerable. Además, se pregunta “¿por qué no pensar en una planta de compostaje para tratar todo lo orgánico para que sirva como pequeña empresa y produzca abono para las fincas?”.

Lo que sigue: La administración municipal planea tener este proyecto viabilizado y contratado en el primer trimestre de 2022. “Tenemos la certeza que la problemática va a mejorar mucho, quizá en un 90 por ciento”, asegura Francisco Quinto Mosquera, ingeniero ambiental de Istmina.

Sin embargo, aún quedan los mayores retos: generar una cultura ciudadana donde prime el bien común y, especialmente, mejorar el servicio y la cobertura. “Sin lugar a dudas necesitamos una mayor capacidad de la empresa de recolección de basuras; mejorar su planta de maquinaria, su infraestructura y su capacidad de personal”, puntualiza Córdoba. 

Por qué es importante: La cabecera municipal de La Paz está ubicada a tan solo media hora de Valledupar, pero sus más de 20 mil habitantes no tienen un buen servicio de agua o alcantarillado. El problema es tan grande que en algunos barrios ni siquiera llega el agua.

¿Qué ocurrió? En abril el alcalde Martín Zuleta Mieles se negó a recibir las obras de mejoramiento del acueducto del municipio.

• El proyecto “Construcción y optimización de las redes del sistema de acueducto, en la cabecera urbana municipal de la Paz” se inició en 2019. Las obras tuvieron un costo aproximado de 11 mil millones de pesos, y fueron aprobadas en la administración de Andrea Ovalle.

• El proyecto se dividió en dos fases. La primera fase fue financiada por Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP (filial del Grupo de Energía de Bogotá) a través del programa Obras por impuestos. Fue ejecutada entre noviembre de 2019 y febrero de 2021 por Ingeaguas por $8.495.279.590.

• La Fase II fue financiada a través de un convenio interadministrativo suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Findeter y el municipio de La Paz. Fue ejecutada entre junio 2019  y octubre 2020 por Procidra y costó $2.665.408.396.

• Según la veeduría ciudadana, desde el inicio del proyecto hubo varios problemas: estallidos en la red, daños a viviendas, deterioros  en las calles, grandes fugas de agua, suspensiones prolongadas del servicio en algunos sectores, entre otros. 

• Las obras terminaron en marzo pero, según el personero municipal Fabian Canales, aún había fallas de presurización y operatividad del sistema. Solo algunos sectores tenían agua todo el día, otros presentaban intermitencias, y en otros nunca llegaba el agua. “No hay optimización alguna”, dijo Canales. 

Las inconsistencias: Después de consultar distintas fuentes locales queda claro que hubo varias situaciones que afectaron el proyecto. Las resumimos:

1. Los diseños: En 2014, la alcaldía de La Paz contrató al ingeniero Miguel Ángel López para hacer los estudios y diseños del acueducto. Con estos, se presentó una solicitud de financiamiento al Minvivienda por $10.285.195.162. López asegura que desde el ministerio hicieron 58 observaciones, pero la administración no lo buscó para responderlas.
2. Los recursos: La segunda fase se ejecutó antes que la primera. ¿La razón? Según Pedro del Muñoz Orozco, director de obra de la Fase I, los recursos de Findeter llegaron primero. Además, afirmó que “la Fase II se quedó sin recursos, por lo que no se cambiaron todas las tuberías, ni se hicieron todas las estaciones necesarias”.
3. Las obras: No hubo continuidad entre las fases del proyecto. De acuerdo con Canales, cuando llegó la hora de empezar la Fase II, Ingeaguas no tenía mapas de las redes del municipio. Orozco sostuvo que durante la Fase I tuvieron que corregir trabajos que se hicieron durante la alcaldía anterior. “Lo que hicieron fue una chambonería”, dijo Jose Maria Oñate, veedor ciudadano.

¿Entonces? Nadie se hace responsable del fracaso de las obras. Desde la personería y la gerencia de la empresa de servicios públicos Empaz denunciaron a IngeAguas ante la Contraloría. 

Las entidades municipales buscan presentar otro proyecto al Minvivienda que contemple una posible Fase III de la obra a través de Aguas del Cesar, con apoyo de la secretaría de planeación municipal.

Mientras tanto, al menos 300 personas siguen sin agua, según el secretario de planeación, Jorge Ramirez Araujo. Desde la Alcaldía y Empaz afirmaron estar llevando agua a los sectores donde se presentan las fallas; una solución temporal. “Hay cuatro carrotanques, uno contratado en convenio con la Alcaldía, tres de gestión de riesgo y tenemos un tractor de UMATA”, dijo Orlando Cruz, gerente de Empaz.

Al final, un verso de Jose María Oñate, veedor ciudadano del municipio de La Paz que resume su visión de los hechos:

La realidad del pueblo
màs cercano a la capital
del César viviendo mal,
sin agua lo contemplo;
arruinado por los del pueblo.
Inversiones millonarias en bolsillos,
con olores a tufillo.
Es lo hoy visto
en medio del descontento,
celebrar con los pillos.

II

Me aterra la ineptitud,
de un estado inoperante
como dijera la cantante
cuándo describe la actitud
de gobernantes sin pulcritud
ciegos, sordos y mudos;
los màs ladrones del mundo
dirigiendo la cosa pública.
Comenzando con la Pacífica
haciéndonos feliz tomando
lodo.

III

Y nadie que diga nada
porque eres resentido,
o muy entrometido.
Que vaina la mermelada,
en La Paz una carajada        
las cosas del gobierno;
Unos para el infierno,
otros al mejor vividero.
Que injusticia los dineros, 
donde se cultiva rateros.   

VI
Son once mil millones
de mentiras tiradas,
no haciendo nada;
hoy en los vaivenes  
de obras de corrupciones.
Y los entes de controles
de orden territoriales,
todos muy bien callaos
por estar ellos atragantados
y el pueblo sufriendo males.
 
Dijo CH+O.