Luis Eduardo Oñate y Carlos Mario Navarro, ambos de 17 años, no se conocían. Luis Eduardo era estudiante y vivía en San Juan del Cesar, y Carlos Mario vivía en Urumita, donde le ayudaba a su papá con las tareas del campo. Coincidieron en el mismo bus que salía de San Juan del Cesar el viernes 27 de febrero de 2004 y los dos fueron retenidos en un puesto de control del Ejército, en el punto donde se bifurcan los caminos que van para Badillo, corregimiento de Valledupar, y Corral de Piedra, zona rural de San Juan. Ninguno volvió con vida.
El caso de estos dos jóvenes es el único ubicado en este municipio del sur de La Guajira e hizo parte de la audiencia donde 12 exmilitares del Batallón de Artillería N° 2 La Popa reconocieron su participación como autores intelectuales y materiales del asesinato de 127 personas fuera de combate. Este acto de reconocimiento, que se llevó a cabo el 18 y 19 de julio en Valledupar, fue el primero que se enfocó en los casos de ejecuciones extrajudiciales cometidos por el Ejército en la región Caribe entre enero de 2002 y julio de 2005. De las 127 víctimas, 11 fueron identificadas por la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como integrantes de los pueblos kankuamo y wiwa. La Sala también indica que 20 víctimas aún no han sido identificadas.
Según Daniela Rodríguez, abogada defensora de las víctimas del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), el Batallón La Popa, que operaba en la zona del norte del Cesar y el sur de La Guajira, fue la unidad de la Décima Brigada del Ejército que reportó un mayor número de resultados operacionales entre 2002 y 2010 en esta región del país.
Rodríguez asegura que en este período de tiempo se identificaron alrededor de 300 víctimas y este batallón fue importante en la construcción de la práctica de ejecuciones extrajudiciales.
“La Popa era la que proponía esta competencia de ver cuál era la unidad de la Décima Brigada que más resultados operacionales reportaba, lo que finalmente terminó en la presentación de resultados a toda costa”
Daniela Rodríguez, abogada del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP)
El Auto 128 de 2021 de la Jurisdicción Especial para la Paz, es el documento que identifica los autores, los coautores, los hechos que ocurrieron y los patrones criminales que sucedieron entre 2002 a 2005, cuando el batallón fue comandado por Publio Hernán Mejía Gutiérrez (2002 y 2003), y Juan Carlos Figueroa Suárez (2003 y 2004). Ninguno aceptó los cargos ante el tribunal de paz.
Según el Auto de la SRVR, Mejía Gutiérrez y Figueroa Suárez implementaron durante sus años de comandancia de La Popa dos patrones criminales que les permitió ocupar los primeros puestos en los reportes de resultados operacionales. El primer patrón se le atribuye a Publio Hernán Mejía y se enfocó principalmente en el asesinato de personas señaladas de pertenecer a grupos armados ilegales, en articulación con paramilitares del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). El segundo, que se asocia con la dirigencia de Juan Carlos Figueroa, se concentró en el asesinato de personas vulnerables que no tenían ningún vínculo con los grupos armados y que, incluso, fueron trasladados de otras ciudades para luego ser asesinadas y presentarlas como bajas en combate en la zona de influencia de La Popa.
Para Sebastián Escobar, abogado del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), si bien ambos patrones tienen el mismo nivel de gravedad, el paso del uno al otro muestra la necesidad de mantener resultados en las operaciones a cualquier costo, y la tecnificación de la práctica de ejecuciones extrajudiciales. “Se vuelve mucho más sofisticada en la medida en la que seleccionan y trasladan víctimas que estaban por fuera del territorio”, dice Escobar.
18 años a la espera de justicia
Osmaira Nieves, hermana de Luis Eduardo, y Franklin Navarro, padre de Carlos Mario, han acompañado cada fase del proceso y desean que sus familiares sean recordados como dos jóvenes a quienes sus sueños y honra les fueron arrebatados.
Nieves tiene 40 años y nació en Potrerito, una vereda de San Juan del Cesar. Ella y su familia fueron obligados a desplazarse a otro corregimiento del municipio, que evita mencionar por motivos de seguridad y donde se ha establecido los últimos 18 años. Esta mujer wiwa es artesana y madre de dos niños.
El día de la audiencia, Osmaira Nieves sostuvo un periódico en su mano mientras dio su testimonio. El papel amarillo y deteriorado tiene un recuadro hecho con marcador, que delimita el espacio donde el ejemplar de El Pilón publicó la noticia en la que se afirmaba que dos integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) (Luis Eduardo y Carlos Mario) habían sido abatidos por el Ejército y sus cuerpos habían sido encontrados en el corregimiento de Badillo, al norte del Cesar.
A ella le tocó ir a reconocer el cuerpo de su hermano en Valledupar. Un líder de la comunidad le preguntó si quería ir a ver si alguno de los jóvenes que habían reportado como integrantes de las AUC era su hermano, pues tenían rasgos indígenas. “Yo no quise aceptar la noticia, no quería ir a ver. Recuerdo que se reunieron 8.000 pesos para que yo me trasladara. Si yo no hubiera escuchado a las personas, hoy mi hermano sería una de esas personas desaparecidas que están en esas fosas sin nombre ni apellido”, cuenta.
Franklin Navarro, padre de Carlos Mario, fue el encargado de reconocer a su hijo. Lo hizo el 29 de febrero, dos días después de los hechos. Navarro ha sido campesino toda su vida. Vive en Urumita, en el sur de La Guajira. Se dedica al cultivo de maíz y de yuca, y a veces de fríjol.
Para Navarro, la ausencia de Carlos Mario ha sido especialmente difícil porque era su único hijo y el que le ayudaba con las tareas del campo. El 27 de febrero de 2004, Carlos Mario iba a visitar a su mamá en San Juan del Cesar. Cuando Franklin regresó de la mina esa tarde, le dijeron que un grupo del Ejército se había llevado a Carlos Mario. Se dirigió hacia el puesto de control, pero no le dieron respuesta.
“Yo trabajaba para un proveedor de la mina El Cerrejón, yo mismo lo llevé y lo dejé en el transporte para que fuera a despedirse de su mamá porque él se iba a prestar el servicio militar como soldado campesino”
Franklin Navarro, padre de Carlos Mario Navarro Montalvo
Navarro cuenta que días después de la desaparición de su hijo empezó a sospechar que los militares de La Popa estaban involucrados. “Para que me dieran la certificación de la muerte de Carlos Mario se demoraron un año, me tocó meter una tutela”, dice.
Osmaira siempre tuvo la esperanza de que el Ejército le diera una respuesta de por qué su hermano había muerto en un combate, cuando, según ella, Luis Eduardo nunca había cogido una cauchera para matar un pájaro.
La batalla contra la estigmatización
La implementación de los compromisos del Acuerdo de Paz ayudó a visibilizar el proceso de las víctimas del Batallón La Popa y también el de Luis Eduardo y Carlos Mario. Con el apoyo de los abogados del Cajar, del Comité de Solidaridad y de Pedro Loperena, comisionado de Derechos Humanos del pueblo wiwa, Osmaira Nieves se concentró en limpiar el nombre de su hermano, en un municipio en el que desde mucho antes habían comenzado a ser estigmatizados. “En San Juan fuimos señalados. Nos decían que todos los que bajábamos de la Sierra éramos guerrilleros”, cuenta.
Tanto para el Cajar y el CSPP, como para la Sala de Reconocimiento de la JEP, esta violencia específica sobre los pueblos indígenas no fue fortuita. “Hubo una fuerte estigmatización a los pueblos indígenas. El Ejército usó su cercanía a la Sierra Nevada de Santa Marta y a la Serranía del Perijá, donde había grupos guerrilleros, para vincularlos con estos grupos armados, ya fuera como miembros o colaboradores”, cuenta Sebastián Escobar. Según Daniela Rodríguez, la estigmatización de la que fueron víctimas los indígenas fue más allá de la afectación individual o familiar. “Esta mentira instalada que generó una violencia desproporcionada, también ocasionó unos daños gravísimos a nivel colectivo y territorial”, dice Rodríguez.
Osmaira Nieves cuenta que luego de la muerte de Luis Ernesto, las personas le decían que a lo mejor ella no estaba enterada de las actividades de su hermano. “Yo sí sabía lo que hacía. Un señor Martínez lo llevaba a vender fruta en el mercado de San Juan y yo me levantaba a cocinarle temprano y me iba con él. También sé que él iba al colegio porque llegaba a la casa y me pedía que le ayudara con sus tareas, y si yo no sabía le preguntaba a alguien para que le ayudara”.
La familia de Carlos Mario también fue víctima de la estigmatización por parte de las autoridades judiciales. Franklin Navarro cuenta que en los años en los que avanzó solo en la investigación sobre su hijo, una juez en Valledupar le preguntó, con sospecha, por qué su hijo llevaba el uniforme de las AUC. Él, en medio de su dolor, le respondió que ella sabía más que nadie quiénes eran los que le habían puesto a su hijo ese uniforme paramilitar.
Las limitaciones de la JEP
La atención que puso la JEP sobre los casos del Batallón La Popa y el apoyo que recibieron por parte de las organizaciones de víctimas permitió, por un lado, que más víctimas se unieran al proceso y, por otro, que se conocieran entre ellas. Las familias de Luis Eduardo y de Carlos Mario, después de haber hecho un esfuerzo por conocer la verdad por separado, finalmente se juntaron para hacer las preguntas en conjunto. “Una sola golondrina no hace verano. Las dos familias nos hemos apoyado mucho, siempre hemos estado insistiendo en qué pasó, quién fue, cómo fue”, dice Osmaira Nieves.
Sin embargo, todavía hay un alto número de víctimas que no han sido reconocidas. Pedro Loperena, quien ha acompañado todos los casos de la comunidad en La Guajira, piensa que faltó más visibilización por parte de la JEP en el territorio.
“A la JEP le faltó hacer un proceso de socialización más amplio porque hay muchísimos casos de ejecuciones extrajudiciales en los campesinos, que verdaderamente los vemos solos, vemos que no se les está prestando mucha atención”
Pedro Loperena, comisionado de Derechos Humanos del pubelo wiwa
Daniela Rodríguez coincide. De las 127 víctimas que estaban identificadas para asistir a la audiencia, sólo había representación de 25 o 30 familias. Incluso, cuenta que algunas personas que se enteraron de la audiencia por medios de comunicación, se acercaron a decir que sus familiares habían sido víctimas de otras unidades de la Décima Brigada en otros periodos de tiempo. “Uno se pregunta qué está pasando con el resto de personas y cuáles son los esfuerzos que está haciendo la Jurisdicción Especial para la Paz para que todas las personas que no denunciaron en su momento o que todavía no son conscientes de que fueron víctimas de un crimen de Estado, puedan participar en estos escenarios”, agrega Rodríguez.
La abogada considera, además, que si bien es necesario enfocarse en los hechos individuales y le da alivio a algunas víctimas, no permite ver la práctica de las ejecuciones extrajudiciales como un aparato que articulaba el poder político y militar. “Se ha tomado una muestra muy pequeña de lo que fue la práctica en el territorio y de la presión por resultados, que no solo venía del comandante de La Popa, sino que venía del comandante de la brigada y del comandante de la división y del comandante del Ejército Nacional. Este es un primer peldaño que se está recorriendo en la JEP y hace falta todavía que se abarque muchísimo”, añade.
Las deudas
Daniela Rodríguez piensa que las experiencias de las víctimas fueron diversas. Algunas personas salieron de la audiencia con tranquilidad porque pudieron escuchar a los militares hablar de su caso particular y confirmaron las versiones que ellos tenían sobre la manera cómo ocurrieron los hechos y cómo habían presentado a sus familiares. “Otro grupo de víctimas desafortunadamente no encontró en el espacio las respuestas que estaban esperando, porque ninguno de los doce comparecientes que estaban allí presentes admitió la responsabilidad en los casos o no les brindaron información útil que les permitiera saber a quiénes interrogar o a quiénes preguntar sobre esas demandas individuales”, dice Rodríguez. Además, considera que esta insatisfacción generó incertidumbre y frustración frente a lo que viene en el proceso.
Osmaira Nieves cree que aunque las confesiones individuales de los militares sirven para dar indicios y responder algunos interrogantes, es importante saber que ellos no actuaron porque sí, si no porque alguien dio la orden. “El Coronel, el de más alto rango, tampoco se manda solo”, agrega. También piensa que es necesario que los exmilitares hagan un reconocimiento en el territorio y que sean partícipes de sus usos y costumbres. “Tenemos que hacer limpiamiento y un lavado de sangre y volver a recorrer el camino que ellos recorrieron con nuestras víctimas. A eso hay que hacerle un saneado espiritual”, dice Nieves.
Elizabeth Coronado, hermana de Carlos Navarro, quien también estuvo en la audiencia, asegura que faltan respuestas a algunas preguntas. “Todavía no sabemos a quién se le ocurrió ese macabro plan de asesinar jóvenes inocentes. Por lo menos los que están ahí, no son los máximos responsables”.
Por su parte, Pedro Loperena piensa que no hubo sinceridad por parte de los comparecientes. “Esas partes donde dicen que se arrepienten, son un show preparado con un libreto escrito. Es tanto así que todos tenían escrito en papel lo que iban a decir y se dedicaron a leer y hasta tenían los mismos párrafos subrayados. Y en ese tipo de espacios no se trata de pedir perdón de labios para afuera, es un compromiso que deben hacer con la sociedad”, afirma.
Loperena cree que otro alivio importante para la reparación a las víctimas es una compensación económica. “Estas madres que perdieron a estos jóvenes, que ni siquiera lograron la mayoría de edad y que hoy estarían ayudando a sus familias, deben ser reparadas económicamente, por el proyecto de vida que destruyeron. Esto ayudaría un poco al resquebrajamiento que ocasionaron las fuerzas militares”, dice.
Lo que sigue
Esta semana se cumple el plazo para que las víctimas y sus representantes hagan observaciones a la resolución de conclusiones, que es el documento que entrega la SRVR en donde se habla de las responsabilidades, de las conductas, de las posibles sanciones y donde también se valora el reconocimiento que hicieron los doce comparecientes.
Daniela Rodríguez explica que las personas que se acogieron a este proceso en la JEP y aceptaron sus cargos, deben concertar las posibles sanciones con las víctimas, de tal forma que ellas puedan decidir si se sienten reparadas o no. “Ahora, después de la audiencia, los comparecientes deben ser mucho más enfáticos en la presentación de acciones que puedan ser reparadoras para las víctimas”, dice. Luego se abrirá un espacio de diálogo para discutir estas sanciones.
Este proceso es paralelo al proceso adversarial, que fue al que se acogieron los dos comandantes del batallón que no aceptaron los cargos: Publio Hernán Mejía y Juan Carlos Figueroa, y José Pastor Ruiz Mahecha, quien hizo parte de la sección de operaciones y luego de la sección de inteligencia.
Rodríguez cree que estos dos procesos, donde doce exmilitares aceptan su responsabilidad e incriminan a sus comandantes, y tres no reconocen su competencia, impiden que haya una verdad completa. "A nosotros nos dieron la cara esos doce, ¿y las otras víctimas? No pudieron actuar solo ellos, en un batallón hay más personas y de más rango. Todavía queda mucho por decir, mucho que contar", concluye Osmaira Nieves.
