En San Antonio de los Lagos, en el Amazonas, una quebrada que durante años fue fuente de agua y alimento se está quedando sin profundidad y sin peces.
Eugenio Parente Santos recuerda que antes el cauce era más hondo y que sus aguas sostenían la pesca de las familias. Ahora, dice, “la sedimentación, la arena como que va tapando ya el cauce de la quebrada” y “ya no se encuentran los peces, ya la quebrada está demasiado bajita”. Los pequeños caños que conectaban con ella también permanecen secos.
La disminución del agua ha cambiado la rutina de las familias. Para conseguir pescado deben desplazarse hasta el río Amazonas o comprarlo en Leticia. Para abastecerse de agua recurren a la quebrada, la escuela, los nacederos o los pozos. En medio de la vegetación que todavía rodea el asentamiento y junto a una cancha deportiva, una estructura elevada de concreto recuerda los esfuerzos de la comunidad por almacenar agua. Pero la infraestructura contrasta con una dificultad que sigue siendo cotidiana: encontrarla.
Lo que ocurre en San Antonio no es un fenómeno aislado. En esta zona de la Amazonía, investigaciones de la Universidad Nacional han documentado cambios en la conexión entre el río Amazonas y Yahuarcaca, un sistema de 21 lagos que depende en buena medida de las aguas del río y que sostiene actividades de pesca y alimentación de comunidades indígenas. La reducción de los caudales, la sedimentación y la pérdida de cobertura vegetal están modificando los ciclos de agua de los que dependen las poblaciones ribereñas.
Y esos cambios pueden profundizarse con la variabilidad climática. Uno de los fenómenos que puede intensificar la disminución de las lluvias y aumentar el riesgo de incendios en la Amazonía es El Niño. Matt Finer, especialista sénior en investigación de Amazon Conservation, explicó a InfoAmazonia que los efectos más graves sobre los bosques amazónicos pueden aparecer incluso meses después de que comience el fenómeno. “Estamos viendo todas estas noticias sobre el fenómeno de El Niño, que por ahora es moderado y se volverá más fuerte en unos meses, entre octubre y diciembre, pero, en realidad, los impactos más graves por incendios forestales en la Amazonia se verán hacia julio del próximo año”, dijo Finer, según InfoAmazonia.
Finer dirigió un nuevo análisis del Programa de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), de Amazon Conservation, en el que los investigadores revisaron ocho eventos de El Niño ocurridos desde 2002. Encontraron un patrón: las temporadas más severas de incendios en la Amazonía ocurrieron durante el año inmediatamente posterior a los episodios más intensos del fenómeno.
En San Antonio, sin embargo, la vulnerabilidad no depende solamente de cuánto llueva. También está relacionada con la capacidad de la comunidad para contar con fuentes de agua alternativas cuando la quebrada pierde caudal. Y allí aparece otra dificultad: algunas de las obras construidas o anunciadas para garantizar el abastecimiento no funcionan, no están terminadas o no alcanzan a toda la población.
Durante los periodos sin lluvia, las familias han tenido que buscar alternativas para abastecerse. Parente recuerda que entonces “todos corrían a la escuela” para conseguir agua. Ahora algunas familias recurren a soluciones más recientes: “hace como un mes abrieron un pozo subterráneo allá… van a hacer un tanque elevado”. Pero quienes viven en el centro de la comunidad, explica, continúan dependiendo de la quebrada y de la escuela.
En otros puntos, las obras siguen sin completarse. “Iban a colocar ahí tanques… ya pusieron por acá tuberías. Pero no, hasta ahorita no hay nada”, cuenta Parente. El testimonio contrasta con los antecedentes de inversión pública en la zona. En 2011, Corpoamazonia reportó un convenio por 1.320 millones de pesos para realizar estudios, diseños y construir sistemas de acueducto y alcantarillado en Arara, San Sebastián de los Lagos y el kilómetro 18 de la vía Leticia–Tarapacá. Tres años después, la entidad informó la inauguración de tres acueductos que beneficiarían a más de 1.723 personas.
Pero construir una infraestructura no garantiza por sí mismo que el agua potable llegue a quienes la necesitan. Esa diferencia también se hizo evidente en 2025, cuando la puesta en funcionamiento de una planta potabilizadora en el kilómetro 11 de la vía Leticia–Tarapacá fue presentada como la llegada del agua potable a Leticia. La planta abastece a la sede educativa Virgen de las Mercedes, donde estudian unos 80 niños. Es una mejora concreta para esa comunidad, pero no significa que el agua apta para el consumo haya llegado a todas las poblaciones rurales del municipio.
La situación de San Antonio permite ver esa brecha desde otro ángulo. Mientras las obras buscan ampliar o mejorar el acceso al agua, las familias siguen combinando distintas fuentes para resolver una necesidad básica: quebradas, lluvia, pozos y sistemas de almacenamiento. Cuando disminuyen las lluvias y los caudales, esas alternativas también se vuelven más frágiles.
En un territorio donde el agua determina la pesca, la alimentación y buena parte de la vida cotidiana, la seguridad hídrica no depende únicamente de que exista una obra. También depende de que funcione, llegue a las familias y pueda responder cuando cambian las condiciones del clima y de las fuentes naturales. En San Antonio de los Lagos, esa prueba ya está ocurriendo.
La respuesta a estos cambios no depende solamente de las obras para llevar agua hasta las familias. También pasa por la manera en que la comunidad entiende y protege las fuentes de las que depende. En San Antonio de los Lagos, la escuela es uno de los espacios donde ese aprendizaje empieza, aunque todavía enfrenta dificultades para convertirse en prácticas sostenidas.
El docente Santos cuenta que en las clases de ciencias naturales trabajan temas relacionados con el agua, la siembra de árboles y el cuidado de la naturaleza. Pero reconoce que todavía falta que ese conocimiento se traduzca en decisiones cotidianas: “falta mucho más que ellos cojan realmente conciencia desde niños del cuidado”. Algo parecido ocurrió con un proyecto de restauración en el que a cada familia le entregaron alrededor de 150 árboles. Con el tiempo, varias de esas áreas volvieron a convertirse en chagras. “Se perdió ese trabajo porque abandonaron ese trabajo… ya volvieron a hacer chagra”, relata.
Para Eugenio Parente, la respuesta no debería ser dejar de cultivar, una actividad fundamental para la alimentación de las familias, sino proteger los lugares de donde proviene el agua. Propone establecer zonas de protección alrededor de los nacederos y las quebradas y fortalecer los acuerdos comunitarios. También plantea que los jóvenes tengan una formación más directa sobre el cuidado del territorio: “una materia sobre eso”, dice, que incluya trabajo en campo y un proyecto ambiental como parte de su formación.
Estas propuestas adquieren otra dimensión cuando se mira el comportamiento del clima en la Amazonía colombiana. Los efectos de El Niño no son iguales en toda la región ni pueden explicarse únicamente por la presencia del fenómeno. El climatólogo Germán Poveda explicó a La Silla Vacía que la Amazonía colombiana se encuentra en una zona de transición climática asociada al desplazamiento de la Zona de Convergencia Intertropical, donde confluyen los vientos de ambos hemisferios. La posición de esa franja puede hacer que una parte de la Amazonía reciba más o menos lluvia durante un episodio de El Niño.
Según Poveda, cuando esa zona se desplaza hacia el norte, la Amazonía colombiana puede recibir precipitaciones superiores a las habituales durante El Niño. Cuando se desplaza hacia el sur, en cambio, algunas áreas pueden experimentar condiciones de sequía. Es decir, el mismo fenómeno climático puede producir respuestas diferentes dentro de la Amazonía colombiana.
Las proyecciones para el segundo semestre de 2026 muestran justamente esa variabilidad. De acuerdo con el pronóstico del Ideam citado por Poveda, mientras algunas zonas tendrán precipitaciones cercanas a los valores normales, otras podrían recibir más lluvia de lo habitual. En el suroriente de Caquetá, el norte y sur de Vaupés y el centro y occidente de Amazonas se proyectan incrementos de alrededor del 20 por ciento.
Para comunidades como San Antonio de los Lagos, esta incertidumbre vuelve todavía más importante el cuidado de las fuentes locales. No se trata únicamente de saber si lloverá más o menos durante un determinado periodo, sino de qué tan preparadas están las comunidades para enfrentar cambios en los caudales, proteger los nacederos y mantener las fuentes de las que dependen la alimentación y el abastecimiento de agua.
En ese sentido, la educación ambiental que propone la comunidad no aparece como una respuesta secundaria frente a la crisis. Es parte de la capacidad de adaptación: conocer el territorio, entender cómo cambia el agua y acordar qué lugares deben protegerse para que una temporada de sequía o una alteración en las lluvias no termine convirtiéndose en una crisis de abastecimiento.
Cuando las aguas bajan y la quebrada Yahuarcaca deja de ser suficiente, las familias de los resguardos de San Sebastián y San Antonio de los Lagos buscan unos metros más abajo, debajo de sus propios pies. Allí aparecen los pozos y las electrobombas como una alternativa para sostener la vida cotidiana cuando disminuye el nivel de los ríos, las quebradas y los nacederos. Pero sacar agua del subsuelo tampoco es gratuito ni garantiza que el servicio pueda mantenerse siempre.
Jaime Parente, curaca y habitante del resguardo, explica que algunas comunidades han instalado electrobombas para extraer el agua y llevarla hasta tanques elevados, desde donde se distribuye entre las familias. “Uno como comunero, uno que vive en la comunidad, uno mismo se da cuenta de que tener una electrobomba es bueno porque de allí saca el agua para los tanques elevados”, dice.
El problema aparece cuando llega la factura. Cada vez que la bomba se enciende, comienza también el consumo de electricidad, un costo que deben asumir las familias que utilizan el sistema. “Lo que se paga más no es el agua, sino la energía para que pueda funcionar la electrobomba”, explica Parente.
En San Pedro de los Lagos, se cuenta que mantener una de estas bombas puede costar alrededor de 120.000 pesos al mes, dependiendo del consumo. El valor se divide entre las familias conectadas al sistema, pero cuando alguna se retrasa en el pago, la deuda pasa al siguiente mes. “Si pasamos uno o dos meses, entonces cada vez va aumentando el precio porque ya el valor del mes va acumulando”.
Así, una solución que permite enfrentar la disminución del agua superficial queda atada a otra condición: la capacidad de las familias para pagar la energía necesaria para extraerla. En épocas de aguas bajas, el acceso al agua no solo depende de cuánto haya bajo tierra, sino también de cuánto cuesta sacarla.
La paradoja es evidente: tener una bomba permite acceder al agua, pero mantenerla funcionando depende de la capacidad económica de una comunidad que debe pagar por la energía necesaria para extraerla. Y ni siquiera todos los pozos ofrecen la misma cantidad de agua.
Según Jaime Parente, algunas perforaciones alcanzan entre ocho y doce metros de profundidad, pero en determinados casos las bombas no tienen suficiente capacidad para llevar el agua hasta los tanques elevados. “A veces no jala mucha agua, a veces no sale agua, no va a los tanques elevados”, explica.
La búsqueda de alternativas también ha dejado obras a medio camino. En San Antonio de los Lagos, una infraestructura destinada a mejorar el abastecimiento comunitario no llegó a convertirse en el sistema que las familias esperaban. La idea era llevar el agua por tuberías hasta las viviendas, para que cada familia pudiera tener una llave dentro de su casa.
Para Parente, terminar la obra significaría reducir los desplazamientos hasta la quebrada y contar con una fuente para beber, cocinar y realizar las actividades cotidianas. “Sería bueno para nosotros que hubiera esa obra terminada, 100 por ciento terminada”, dice.
Mientras eso no ocurre, la quebrada continúa ocupando un lugar central en la vida de la comunidad. De allí se obtiene agua, se pesca, se realizan actividades cotidianas y, en algunos momentos, también sirve para bañarse. Pero esa misma diversidad de usos genera otra preocupación: la calidad del agua.
Parente señala que en las zonas cercanas hay criaderos de animales y otras actividades cuyos residuos pueden terminar en la quebrada. “Entonces, toda esa suciedad va escurriendo hacia la quebrada. Entonces, a veces hay muchas personas que se enferman tomando esa agua”, cuenta.
La preocupación por la calidad se suma a una transformación que los habitantes reconocen desde hace décadas: cada vez hay menos agua y menos peces. Parente recuerda que hace unos cincuenta años la pesca podía resolver rápidamente una parte de la alimentación familiar. “Uno en media hora ya consigue una cantidad de pescado”, dice. Hoy, durante las aguas bajas, algunos sectores de las quebradas disminuyen considerablemente su nivel y otros llegan a secarse. “Las quebradas y los nacederos están bajando mucho el nivel. Inclusive en algunas partes las quebradas están secas, secas, secas y no dan ni siquiera para pescar”.
El descenso de los niveles también modifica la movilidad. Cuando los ríos y quebradas pierden profundidad, las familias que viven más alejadas tienen dificultades para sacar sus productos. Lo que antes podía hacerse por vía fluvial puede convertirse en un recorrido por tierra y, después, en un viaje en vehículo. La falta de agua termina afectando así no solo el abastecimiento y la alimentación, sino también la manera en que las comunidades se conectan con otros lugares.
Para Parente, una parte de estos cambios también está relacionada con lo que ocurre alrededor de las fuentes de agua. En el resguardo, dice, la pérdida de árboles es visible. La madera se utiliza para construir viviendas y otras infraestructuras, mientras algunas zonas de bosque son transformadas para abrir espacios de cultivo. Desde su experiencia en el territorio, relaciona esa pérdida de cobertura vegetal con los cambios que observa en las quebradas.
La relación entre bosque, sequía e incendios ayuda a dimensionar por qué esa transformación importa. Un análisis del Programa de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), de Amazon Conservation, revisó ocho episodios de El Niño ocurridos desde 2002 y encontró que las temporadas más severas de incendios en la Amazonía ocurrieron durante el año posterior a los episodios más intensos del fenómeno, según reportó InfoAmazonia.
Los datos más recientes muestran la magnitud de esa relación. Después del fuerte El Niño de 2015, cuando la temperatura de la superficie del mar llegó a estar 2,34 grados centígrados por encima del promedio, en 2016 se perdieron 1,76 millones de hectáreas de bosque primario amazónico por incendios. Algo similar ocurrió después del fenómeno de 2023: tras un aumento de 1,49 grados centígrados en la temperatura superficial del mar, en 2024 se registró una pérdida de 2,79 millones de hectáreas de bosque primario, la cifra más alta de la serie analizada, de acuerdo con el análisis citado por InfoAmazonia.
El estudio se concentra en el bosque primario, es decir, en los ecosistemas amazónicos menos intervenidos y mejor conservados, fundamentales para la biodiversidad y el almacenamiento de carbono. Pero estos bosques no arden de manera espontánea. Matt Finer, especialista sénior en investigación de Amazon Conservation y director del análisis, explicó a InfoAmazonia que la Amazonía no tiene las mismas condiciones naturales de fuego que otros ecosistemas: en un bosque conservado, la humedad del dosel mantiene húmeda la vegetación cercana al suelo y dificulta que las llamas avancen.
Por eso, según Finer y Caio Mattos, coordinador científico del Nexo Agua-Alimento-Energía del Instituto Relva, los incendios amazónicos tienen principalmente un origen humano. El fuego suele comenzar en zonas donde se ha talado el bosque para abrir carreteras o ampliar áreas agrícolas. Cuando coinciden temperaturas elevadas y condiciones secas, las llamas pueden avanzar desde esas áreas intervenidas hacia los bosques primarios cercanos, explicó InfoAmazonia.
La pérdida de cobertura vegetal y el cambio en las fuentes de agua aparecen así como partes de un mismo problema. En San Antonio, los habitantes observan que las quebradas bajan de nivel, los peces escasean y los recorridos para conseguir agua se hacen más largos. A escala amazónica, los datos muestran que un bosque más intervenido y expuesto a periodos secos también queda más vulnerable al fuego.
El desafío para estas comunidades no consiste únicamente en encontrar agua cuando escasea. También implica conservar las condiciones que permiten que esa agua siga existiendo: los bosques, los nacederos, las quebradas y los acuerdos comunitarios para protegerlos.
Parente recuerda que las orillas de la quebrada no siempre estuvieron tan expuestas. Antiguamente, dice, grandes árboles cubrían buena parte del cauce: “Había muchos árboles grandes que cerraban casi la quebrada. Entonces le quedaba muy difícil que la quebrada se pudiera secar así no más porque algo la estaba protegiendo”. Ahora la vegetación es menor y el sol llega con más fuerza hasta el agua. “Hoy en día pues ya uno siente ese calor, esa alta temperatura”, cuenta.
En su explicación, la pérdida de cobertura vegetal también está relacionada con otro cambio visible: la acumulación de tierra en la quebrada. Cuando llueve, dice, el suelo de las zonas descubiertas es arrastrado hacia el cauce y termina depositándose en los lugares que antes eran más profundos.
“Cuando se saca el agua, la tierra también va hacia la quebrada y ahí se va acumulando, acumulando”.
Para los habitantes, la transformación no termina en el fondo de la quebrada. Los cambios en la profundidad del agua también afectan los remansos y los lugares donde antes encontraban peces. La misma corriente que sirve para abastecerse, pescar y desplazarse depende de un conjunto de elementos que están alrededor: los árboles de las orillas, los nacederos que la alimentan y los suelos que reciben la lluvia.
Esa relación también se ve en las chagras. En algunas zonas, cuenta Parente, la diversidad de cultivos y vegetación ha dado paso a áreas dedicadas principalmente a la yuca, con menos árboles y rastrojo después de la limpieza del terreno. Para él, cultivar no debería significar perder por completo la cobertura vegetal. Su propuesta es mantener una práctica de reposición: “Si un árbol maderable se puede tumbar, pero luego lo tiene que recuperar sembrando unas cinco o seis maticas para no perder todo eso que uno tumba”.
La idea vuelve a una de las preocupaciones que atraviesan toda la comunidad: cuidar el agua no empieza cuando el pozo deja de funcionar ni cuando la quebrada ya está demasiado baja. También empieza mucho antes, en las zonas donde nacen las fuentes, en los árboles que protegen sus orillas y en la forma en que se cultiva alrededor de ellas. Para Parente, recuperar esa relación entre producción y bosque es una manera de evitar que cada temporada de aguas bajas encuentre al territorio un poco más expuesto.
Cuando Parente habla del futuro, piensa en los niños y los nietos que heredarán el resguardo. “Uno como adulto, claro que le interesa a uno porque ahí vienen después los nietos, los niños más que todo”. Por eso insiste en recuperar la memoria de los mayores: que los jóvenes conozcan cómo eran las quebradas, qué cantidad de peces había, cómo se cultivaba y qué ha cambiado. “Estamos invitando a las comunidades, a los jóvenes, a los niños para que se sienten con personas como los abuelos para que vayan también preguntando y conociendo cómo es antes y cómo es ahora, cuál es el cambio”.
Ese llamado ocurre en un territorio donde las transformaciones ya son visibles: quebradas con menor nivel, nacederos que pierden agua, playas que aparecen en los ríos, árboles que desaparecen y sistemas de abastecimiento que dependen de una electrobomba y de una factura de electricidad. Pero la relación de Leticia con el agua no termina allí. Al salir de las comunidades indígenas, la misma pregunta aparece en los barrios que han crecido sobre antiguos humedales, zonas inundables y terrenos rellenados para construir viviendas.
Allí, el agua subterránea se ha convertido en una fuente cotidiana para familias que no cuentan con una conexión formal o que tienen un acceso insuficiente a las redes de acueducto y alcantarillado.
Un habitante de Leticia que conoce de cerca el crecimiento de estos sectores describe una ciudad que se ha extendido sobre terrenos que antes funcionaban como pantanos y zonas de acumulación de agua. “Todo ese sector ahí donde está el colegio es inundable, todo, se inundaba completamente. Como esas várzeas, como pantanos. Ella ha sido enteramente rellenada”, cuenta.
El relleno cambia el paisaje, pero no necesariamente elimina las condiciones naturales del terreno. Allí donde antes había agua superficial, humedales o zonas de inundación, ahora hay calles, viviendas y nuevas construcciones. Debajo de esas superficies continúa circulando el agua subterránea que abastece a parte de la población.
El habitante explica que en algunos sectores “uno medio cava seis metros y el agua ya brota”. Los pozos artesianos y las electrobombas se han convertido así en una fuente de abastecimiento para familias que no cuentan con una conexión convencional. El agua que extraen se utiliza para lavar, bañarse y limpiar. Para beber, en cambio, muchas familias compran agua en recipientes o dispensadores.
En el sistema formal de abastecimiento, las dificultades aparecen en otro punto: la captación. La bocatoma, que parece “una casita suspendida en el agua”, es visible para quienes transitan por la zona. Allí se realizan labores de vigilancia durante las 24 horas, entre otras razones para evitar que el tubo de succión se obstruya con hojarasca y sedimentos.
El problema se agudiza cuando baja el nivel de la quebrada, según la investigación de Cuestión Pública. “El nivel de la quebrada no es tan grande para la barcaza y cuando el nivel baja la electrobomba alcanza a succionar arena”, explica un exfuncionario de la planta que pidió reservar su identidad por temor a represalias.
La propia entidad de servicios públicos, USPDL, reconoce otra limitación: “El caudal de captación de agua está por debajo de las necesidades reales de los habitantes del municipio (…) y la presión del agua en la distribución no alcanza para suministrar a los sectores más alejados”.
En el campo y en la ciudad, las soluciones terminan pareciéndose: cuando la infraestructura formal falla o resulta insuficiente, las familias buscan agua donde pueden encontrarla. En una comunidad, debajo de la tierra; en un barrio, bajo el suelo que alguna vez fue un humedal. Pero esas fuentes tampoco son infinitas. Su disponibilidad y calidad dependen de un sistema hídrico que el crecimiento urbano y la transformación del bosque están modificando.
La escena plantea una paradoja: mientras la ciudad se expande sobre terrenos que históricamente almacenaban o conducían agua, aumenta la dependencia de una fuente que permanece fuera de la vista. Corpoamazonia identifica el acuífero de Leticia como un sistema libre multicapa. Y los estudios recientes de la región transfronteriza advierten sobre su vulnerabilidad. Un estudio hidrogeológico realizado en 2023 encontró una vulnerabilidad media a la contaminación en el 76 por ciento del área analizada y alta en otro 23 por ciento, correspondiente a la zona urbana de Tabatinga y parte del área suburbana de Leticia.
El riesgo también está relacionado con la manera en que se desecha el agua utilizada en los hogares. En sectores donde no existe alcantarillado, las aguas residuales domésticas pueden terminar en soluciones individuales o ser conducidas de manera informal hacia patios, calles o terrenos vecinos. Un habitante describe que las aguas de lavadoras y lavamanos “salen a las calles normalmente o a los patios vecinos donde haya donde la gente vea la oportunidad que haya un lugar donde se pueda por medio de una tubería hacerlas llegar”.
El problema, entonces, no está solamente en encontrar de dónde sacar agua, sino también en cómo se dispone después de usarla. En una ciudad que depende en parte de las aguas subterráneas, la protección del acuífero también pasa por controlar las actividades y los vertimientos que pueden afectar su calidad.
Por eso, el uso de las aguas subterráneas no ocurre al margen de la regulación ambiental. Corpoamazonia contempla entre sus trámites la concesión de aguas subterráneas para autorizar su uso o aprovechamiento, además de permisos de prospección y exploración y permisos de vertimientos cuando las aguas residuales son descargadas al agua o al suelo asociado a un acuífero.
El agua que aparece al cavar unos pocos metros puede parecer una solución inmediata para una familia. Pero detrás de ese pozo existe un sistema mucho más amplio y vulnerable: un acuífero que recibe agua, la almacena y también puede recibir aquello que la ciudad desecha. En Leticia, garantizar el acceso al agua implica entonces mirar las dos partes del mismo ciclo: de dónde se extrae y qué se deja en el suelo después de usarla.
La dimensión del uso de aguas subterráneas también aparece en los registros oficiales. En marzo de 2024, Corpoamazonia reportaba 52 concesiones de aguas subterráneas vigentes en toda su jurisdicción. De ellas, 25 correspondían al departamento del Amazonas, con un caudal autorizado de 24,4 litros por segundo. La cifra muestra que existe un sistema formal para regular la extracción, aunque no permite establecer por sí sola cuántos pozos artesianos de uso doméstico funcionan actualmente en Leticia ni cuántas captaciones operan sin autorización.
Un registro anterior elaborado por Corpoamazonia y la Universidad de Caldas da una dimensión más amplia del recurso. En Leticia fueron identificados 889 puntos de agua subterránea, entre pozos y humedales. El inventario también registró pozos activos distribuidos entre el área urbana, suburbana y de expansión de la ciudad. Estos datos muestran que el agua subterránea no es una solución marginal para Leticia: forma parte de la manera en que la ciudad se abastece y de un sistema hídrico que se extiende por debajo de sus calles y viviendas.
La ordenación del territorio es particularmente importante. Para la quebrada Yahuarcaca, Corpoamazonia y la Universidad Nacional de Colombia realizaron el acotamiento de la ronda hídrica. La corporación explica que esta delimitación debe incorporarse como determinante ambiental y, por su jerarquía, ser acogida por el Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Leticia.
Cuando las imágenes satelitales, los mapas de riesgo y lo que ocurre en campo no coinciden, el problema deja de ser solamente cartográfico. Puede afectar las decisiones sobre dónde construir, dónde conservar una fuente de agua, dónde permitir una urbanización y qué zonas deberían permanecer libres de rellenos.
El testimonio recogido para esta investigación plantea precisamente esa tensión. Desde arriba, algunos terrenos pueden aparecer como cuerpos o corredores de agua; desde el suelo, los habitantes encuentran calles, viviendas, tuberías, pozos sépticos y electrobombas. En otros lugares ocurre lo contrario: una zona reconocida durante años por la comunidad como una quebrada termina convertida en un canal de aguas residuales.
El agua aparece así en varias dimensiones al mismo tiempo. Está en las quebradas que pierden caudal durante las aguas bajas y bajo tierra, en un acuífero del que dependen numerosas actividades cotidianas. También está en los humedales rellenados, en los patios donde se descargan aguas usadas y en las zonas urbanizadas que alguna vez fueron inundables.
Mientras Leticia continúa creciendo hacia sus bordes, la pregunta ya no es solamente cuánta agua está disponible. También importa qué tan protegida está la fuente de la que se extrae, qué recibe el suelo después de que el agua es utilizada y quién verifica que las nuevas captaciones, los rellenos y las construcciones respeten las condiciones ambientales del territorio.
Una investigación de Cuestión Pública muestra hasta qué punto esa tensión también atraviesa el sistema formal de abastecimiento. Según información de la Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios de Leticia citada por la investigación, en proyectos recientes de abastecimiento, saneamiento básico y cobertura del acueducto se han destinado 18.095 millones de pesos, a los que se suman otros 4.239 millones para el suministro de agua a la comunidad de Mocagua. Sin embargo, el sistema urbano registra 4.811 suscriptores, equivalentes a una cobertura del 40 por ciento, y la propia entidad reconoce que el agua suministrada no es apta para el consumo humano. El acueducto, diseñado hace más de medio siglo para una población de unas 3.000 personas, hoy debe atender una demanda mucho mayor; además, la entidad reconoce que el caudal captado está por debajo de las necesidades del municipio y que la presión no alcanza para llevar el servicio a los sectores más alejados.
La dificultad puede hacerse mayor cuando cambian las condiciones climáticas. El Niño ya está presente en 2026 y, según reportó InfoAmazonia, el Ideam considera posible que se fortalezca durante el segundo semestre y persista hasta finales de este año o comienzos de 2027.
El Ministerio de Ambiente ha advertido que, de intensificarse, podría estar entre los eventos más fuertes registrados desde 1950.
Los antecedentes de la Amazonia ofrecen otra señal. Un análisis del Programa de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), de Amazon Conservation, revisó ocho episodios de El Niño desde 2002 y encontró que las temporadas de incendios más severas ocurrieron al año siguiente de los eventos más intensos. Para Matt Finer, especialista sénior de Amazon Conservation, esto significa que parte de lo que ocurra con el fuego en 2027 está relacionada con las condiciones que se están acumulando ahora.
Ese análisis también plantea una relación directa entre deforestación y riesgo de incendios. En un año seco, las áreas recién deforestadas ofrecen más material disponible para las quemas y las condiciones de calor y falta de humedad facilitan que el fuego avance hacia zonas de bosque. Por eso, Finer sostiene que reducir la deforestación durante 2026 es también una forma de disminuir el combustible disponible para la temporada de incendios de 2027.
Para Leticia, la advertencia no se limita al riesgo de incendios. Un periodo de mayor calor y alteraciones en las lluvias puede poner bajo presión unas fuentes de agua que ya enfrentan sedimentación, pérdida de cobertura vegetal, contaminación y una infraestructura que no alcanza a cubrir las necesidades de toda la población.
En San Antonio de los Lagos, una electrobomba permite sacar agua de un pozo cuando la quebrada baja. En los barrios de Leticia, los pozos artesianos cumplen una función parecida. En la ciudad, una red de acueducto intenta captar agua de Yahuarcaca y llevarla hasta las viviendas. Son respuestas distintas para un mismo problema: conseguir agua cuando las fuentes y la infraestructura no siempre responden al mismo ritmo que la población.
Pero ninguna funciona por separado. Un pozo necesita que el acuífero conserve su calidad. Una bocatoma necesita suficiente caudal y una quebrada protegida. Una red necesita presión, mantenimiento y cobertura. Y una ciudad que rellena humedales, ocupa zonas inundables y descarga aguas residuales sobre el suelo también modifica las condiciones del sistema del que depende.
El próximo periodo de El Niño pone esa relación bajo presión. Para quienes viven en las comunidades y para quienes viven en la ciudad, la pregunta no será solo dónde encontrar agua cuando falte. También será sobre qué tan capaces son el territorio y las instituciones de conservar las fuentes que todavía existen.
En San Antonio, Parente recuerda que alguna vez bastaba media hora para regresar con pescado. Hoy mira una quebrada más baja, con menos peces y menos árboles en sus orillas. Entre el agua que todavía corre, la que se busca bajo tierra y la que llega por una tubería, la historia de Leticia es también la de un territorio que tendrá que decidir cómo conservar aquello que todavía lo abastece.
