En los ojos de Geania Gámez Moscote hay algo que no suele verse en estos territorios: una victoria. No es euforia. Es alivio. Es la calma breve de quien pasó meses esperando una decisión que podía cambiarlo todo. Presidenta del Consejo Comunitario Ancestral Los Negros de Cañaverales, Geania mira estos días secos y soleados del sur de La Guajira como si el paisaje, por una vez, estuviera de su lado.
Durante meses, la comunidad afro vivió suspendida en la incertidumbre. El futuro de su territorio dependía de un trámite, de un documento, de una resolución escrita lejos de allí. A comienzos de este año, la Corporación Autónoma Regional de La Guajira —Corpoguajira— comunicó a los líderes comunitarios que había negado la licencia ambiental solicitada por la empresa Best Coal Company para explotar carbón a cielo abierto.
El proyecto prometía desarrollo. También prometía impactos. Muchos. Y todos caían sobre el mismo lugar: el territorio que Geania y su comunidad llevan años defendiendo.
Los estudios de impacto ambiental y las medidas de manejo ambiental que presentó BCC —filial en Colombia de Yildirim, un conglomerado de empresas con sede en Turquía— no lograron convencer a las autoridades para conceder el permiso del proyecto que buscan realizar entre los municipios de Fonseca y San Juan del Cesar.
La decisión quedó escrita en un papel con nombre y número: Resolución 3425, fechada el 26 de diciembre de 2025. Un documento que la comunidad del corregimiento de Cañaverales esperaba desde mediados del año anterior, cuando se realizó la audiencia pública ambiental. Allí, por primera vez, el conflicto tomó forma de micrófono abierto.
La audiencia buscaba informar, sí. Pero también algo más raro: permitir que la comunidad —y las que habitan las zonas aledañas entre Fonseca y Barrancas— pudiera hablar. Que los líderes y lideresas pusieran en palabras sus inquietudes frente a las autoridades estatales y frente a la empresa. Que el territorio, al menos por un día, dejara de ser un expediente y se volviera voz.
Como lo había hecho desde el comienzo, Best Coal Company defendió su proyecto con números. Habló de extraer más de 7,5 millones de toneladas de carbón durante diez años. Habló de empleo, de crecimiento, de ganancias para las familias de la región. Un discurso conocido.
La comunidad afro escuchó otra cosa. Vio el riesgo del desplazamiento. La amenaza sobre el agua y el suelo. La posibilidad de que la agricultura, la que sostiene la vida cotidiana, se volviera inviable. Para ellos, el proyecto no era una promesa: era la posibilidad concreta de perder el territorio.
El proyecto buscaba desarrollar la mina en zonas de acuíferos y de recarga hídrica, desviando canales de agua utilizados por la comunidad de Cañaverales. Según estimaciones, para estas labores industriales necesitaban captar 22.6 litros por segundo de agua —lo que serían cerca de dos millones de litros al día— que podrían abastecer a más de 33.000 familias en La Guajira.
En La Guajira, el agua no es un recurso: es una disputa. Una pugna diaria que atraviesa la vida de miles de personas en un territorio donde la sed no es metáfora. Es el departamento con mayor deficiencia hídrica del país y uno de los más vulnerables al cambio climático, según las estimaciones del Ideam. Una combinación peligrosa: poco agua, cada vez menos.
Esa realidad no pasó inadvertida para la justicia. En 2017, la Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucional frente a la disponibilidad, accesibilidad y calidad del agua en La Guajira. Lo hizo en la Sentencia T-302, un fallo que reconoció lo evidente: que allí el derecho al agua no estaba garantizado, que la escasez no era solo natural sino también política.
En ese contexto, cualquier proyecto que toque el agua deja de ser técnico. Se vuelve una amenaza. O una línea roja.
Cuando Corpoguajira entró al detalle, el proyecto empezó a desmoronarse. La autoridad ambiental concluyó que el estudio de impacto presentado por Best Coal Company tenía fallas graves: errores metodológicos, vacíos de información y una lectura optimista —demasiado— de los riesgos reales.
El documento señalaba algo más inquietante: el proyecto era incompatible, no solo desde lo técnico sino desde lo jurídico. Las excavaciones propuestas se superponían directamente con áreas de protección hídrica y con ecosistemas estratégicos del bosque seco tropical. Es decir: el carbón estaba justo donde el territorio no puede darse el lujo de perder nada.
Según determinó, el proyecto presenta un conflicto con las normas de uso del suelo de la cuenca del Río Ranchería —pues la infraestructura principal del proyecto minero se proyectó sobre 177,18 hectáreas clasificadas como Áreas de Rehabilitación Posterior a Extracción Minera, donde la normativa prohíbe nuevas actividades extractivas para priorizar la recuperación ecológica— y el Área de Protección para la Producción de Alimentos (Appa) —determinante ambiental establecida en el sur de La Guajira con la Resolución 161 de 2024, que busca garantizar la soberanía alimentaria y en la cual la minería es un uso prohibido—.
Asimismo, la decisión prioriza la seguridad alimentaria de la región y la preservación del manantial de Cañaverales, un recurso vital para las comunidades locales, cuya posible afectación —de acuíferos y zonas de recarga— representa un daño irreversible que contraviene la normativa ambiental vigente en el departamento de La Guajira.
“La afirmación de la empresa minera sobre la existencia de la Falla Cerrejón como un elemento que aísla completamente la zona intervenida de la Reserva Forestal Protectora del Manantial de Cañaverales no tiene absolutamente ningún argumento basado en ciencia o técnica geológica que la soporte”, recoge la decisión de Corpoguajira a partir de un concepto que le había solicitado al Servicio Geológico Colombiano.
Por todo esto, la autoridad ambiental aplicó los principios de prevención —ante la certeza de daños irreversibles y no internalizables– y de precaución —por la falta de certeza científica—. Aunque están alegres con la decisión, los líderes del consejo comunitario reconocen que temían que el resultado fuera distinto. En un comienzo, BCC había trazado el proyecto con un mayor volumen de explotación de carbón, pero tiempo después resolvió disminuir las toneladas a extraer en el Plan de Trabajos y Obras, por eso la licencia ambiental no se tramitó ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), sino que la competencia la asumió la autoridad ambiental regional: Corpoguajira.
Durante estos años, la comunidad afro tuvo el apoyo de varias organizaciones, entre ellas el Colectivo de Abogados Jorge Alvear Restrepo (Cajar), quienes, junto a la comunidad, observaban con preocupación el hecho de que el permiso quedara en manos de la autoridad local.
“Todo el mundo pensó que la autoridad ambiental —una entidad cargada de críticas— iba a fallar a favor de la empresa”, dice Rosa María Mateus, coordinadora del Eje de Defensa del Territorio del Cajar. La expectativa era esa. La costumbre también. Pero ocurrió otra cosa.
La contundencia de las comunidades, sumada al respaldo de organizaciones expertas, hacía cada vez menos probable que la licencia fuera otorgada. Aun así, Mateus no se sorprende del todo: “En un país donde el extractivismo ha permitido cosas inimaginables, esta decisión es muy importante para la defensa del agua y de la vida”.
Desde el punto de vista jurídico, la historia no termina ahí. La abogada explica que la empresa todavía puede interponer un recurso de reposición contra la decisión. Pero —advierte— los argumentos de Corpoguajira están “ajustados a derecho” y se apoyan en múltiples conceptos técnico-jurídicos que vuelven el proyecto “absolutamente inviable”.
Por eso, dice Mateus, resulta poco probable que Best Coal Company logre corregir el proyecto y presentar una nueva solicitud. El paso que debería seguir ahora, añade, está en otra instancia: que la Agencia Nacional de Minería evalúe la caducidad del título minero, un título que —subraya— también arrastra irregularidades.
La decisión, entonces, no solo cerró una puerta. Abrió una discusión más grande sobre quién decide, y para quién, el futuro del territorio.
Consonante entrevistó a Geania Gómez Moscote para conocer cómo la comunidad de Cañaverales recibió esta noticia y los retos que siguen en esta disputa por la tierra.
Consonante (C): ¿Cómo recibe el Consejo Comunitario Ancestral Los Negros de Cañaverales la decisión tomada por Corpoguajira de negar la licencia ambiental a la empresa BCC?
Geania Gámez Moscote (GGM): Fue algo muy esperanzador, más de lo que esperábamos. Es un golpe en la mesa para decirle al Estado colombiano y a una multinacional que unidos, con un objetivo claro, se puede conseguir el bienestar de una comunidad.
Este proceso es simplemente un paso, pero un paso que para nosotros nos llena de muchísima alegría. Sabemos que este no es el final. Sabemos que existe un título minero y que mientras ese título minero existe, puede llegar otra empresa o esta misma empresa pueda tratar de seguir con las intenciones de explotar.
Sabemos también que en términos legales existe la posibilidad de que la empresa tome una ruta jurídica que se lo permite la misma ley durante 10 días posteriores a la determinación que tomó Corpoguajira.
C: ¿Qué opinan de los factores que tuvo en cuenta Corpoguajira para negar la licencia?
GGM: Estamos muy contentos con el compromiso que ha asumido Corpoguajira. Muchos podrían decir que nosotros hoy estamos felices con Corpoguajira porque nos dio la razón, pero más que nos haya dado la razón, yo creo que Corpoguajira cumplió un factor esencial que está dentro de su mandato: velar por conservar el agua, conservar el ambiente y eso para nosotros ha sido importantísimo.
Hemos tenido muchísimas diferencias con Corpoguajira y es normal porque en un proceso de democracia y de participación estas discusiones se tienen que dar. Supongo que Corpoguajira tuvo presión de la empresa, del municipio, de varios del departamento o la nación, pero hizo bien su trabajo.
Por primera vez nos sentimos representados, que la institucionalidad utilizó un mecanismo de participación activa y efectiva de buena forma. Y eso lo hizo Corpoguajira a través de la solicitud que le hicimos con la audiencia pública ambiental. Todos esos argumentos nos permitieron que fuese vinculante nuestra voz, y Corpoguajira lo tomó a bien, escuchó y analizó toda la información que los terceros intervinientes, entre ellos la comunidad afro de Cañaverales, les presentamos.
C: ¿Qué factores cree que jugaron a su favor?
GGM: Que nos organizáramos y que muchas organizaciones nos apoyaron, sobre todo muchas comunidades que ya han sabido lo que es ser desplazada o tener el tan mal llamado “desarrollo de la minería de carbón”, que también presentaron su visión sobre lo que a ellos les ha pasado. Allí Corpoguajira ha encontrado también un referente en donde saben que muchas cosas no se hicieron bien y qué es lo que ocurre cuando entregan una licencia como esta.
C: Recordemos las razones por las cuales el Consejo Comunitario se ha opuesto a que este proyecto extractivista se realice en el territorio.
GGM: La razón básica es que nosotros no somos mineros y que ancestralmente hemos vivido de la agricultura. Allá en Cañaverales lo que iba a destruir el Tajo la Mina era una reserva forestal protectora, específicamente un manantial que consideramos nuestro mayor baluarte.
Sabemos que la lucha no termina aquí y sabemos que hay muchísimas más amenazas, pero dimos un paso agigantado. Tenemos el derecho de existir en nuestro territorio. Queremos tener la capacidad de producir alimento y tener seguridad alimentaria, que nuestros mayores tengan la posibilidad de seguir manteniendo sus recuerdos vivos, y que nuestros artistas, compositores y músicos sigan inspirándose, que el manantial siga siendo esa musa inspiradora.
Queremos tener el derecho a seguir diciendo que nació un cañaveralero más en este territorio.
C: ¿Cuáles son las expectativas de la comunidad frente a lo que sigue después de la negación de la licencia ambiental?
GGM: Una de las expectativas es que no lleguen más proyectos de minería porque eso desgasta muchísimo. Sabemos que está el tema del cobre con la Max Resource —empresa canadiense que se encuentra realizando labores de exploración— , y sabemos que pueden venir otras empresas.
Con los conceptos que ha entregado Corpoguajira creemos que tenemos también herramientas suficientes para poderle dar batalla, porque que la institucionalidad ratifique algo que nosotros históricamente hemos venido exigiendo nos da herramientas ya legales.
La expectativa también es de que otras comunidades mantengan la dignidad y se mantengan unidas.
C: ¿Cómo se puede blindar el territorio a futuro, para que esta u otras empresas no pretendan realizar explotaciones mineras en Cañaverales?
GGM: En este proceso hemos tratado de blindar el territorio, pero uno de los mayores blindajes es tener presente que uno nunca termina de estar en ‘punta de pies’. Hay que estar muy pendiente a lo que pueda suceder, no aislarnos y no considerar que ya esto fue el final porque no ha sido el final.
Otro es que sigamos fortaleciéndonos comunitariamente, ese es el eje fundamental. Ninguna otra cosa gira sin esa organización, sin ese fortalecimiento comunitario. Porque tú puedes tener incidencia, puedes tener comunicaciones, puedes tener incluso hasta acciones jurídicas, pero si no van involucradas con el fortalecimiento o el apoyo colectivo, es nada.
Nosotros ya hemos activado varios mecanismos y tenemos pendientes otros. Está activo el mecanismo del plan básico de ordenamiento territorial con el que buscamos que se declare el territorio como un área en la que la minería no llegará. Otro mecanismo son las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (Appa) — una figura del ordenamiento territorial propuesta por el gobierno Petro para nombrar zonas con condiciones favorables para la agricultura— y nosotros somos expertos. Nada más es que el gobierno nos dé las herramientas y verdaderamente nos ayuden a subsanar el problema que tiene La Guajira, que es un problema humanitario.
