La Universidad Tecnológica del Chocó –Diego Luis Córdoba aún no logra superar la peor crisis institucional de su historia. Después de años marcados por irregularidades administrativas, uso indebido de dineros, cierres, confrontaciones y alertas sobre la baja calidad académica, la única institución pública de educación superior del departamento enfrenta hoy un nuevo capítulo de disputas y tensiones. Esta vez, a raíz de algunas medidas implementadas por el Ministerio de Educación para garantizar la continuidad del servicio. Aunque sus decisiones están enmarcadas en un proceso de vigilancia especial, estas han avivado un debate alrededor de la autonomía universitaria y el derecho a la participación democrática.
Entre las medidas más cuestionadas está la escogencia del profesor Luis Alfredo Giraldo como rector encargado, un anuncio que el Ministerio de Educación formalizó el 19 de febrero de este año y, ocho meses después, prorrogó por un año más, para que Giraldo continuara en su cargo hasta el 8 de septiembre de 2026.
Tanto la designación como la prórroga generaron malestar en distintos sectores, ya que Giraldo asumió el cargo en reemplazo de Fabio Magdaleno Asprilla Moreno, quien había sido elegido por el Consejo Superior en una sesión extraordinaria realizada el 22 de noviembre de 2024.
La razón del malestar que generó la intervención del Mineducación es que esa designación excedía sus competencias. Así lo determinó el Consejo de Estado en una sentencia proferida el 25 de septiembre de este año, en la que declaró nulo el nombramiento de Giraldo. Según el alto tribunal, “en la decisión ministerial hubo falta de competencia e infracción de las normas en las que debió fundarse la expedición de dicho acto administrativo”.
La sentencia, emitida por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, respondió a una demanda presentada por Willintong Gómez Palacios. En ella se explica que el Mineducación no cuenta con facultades objetivas ni automáticas para designar un rector encargado, sino que este tipo de decisiones están condicionadas a circunstancias específicas. En este caso, el requisito indispensable era que el anterior rector, Fabio Magdaleno Asprilla Moreno, hubiera incumplido, impedido o dificultado las medidas adoptadas en el marco de la vigilancia especial. Pero el Ministerio no logró demostrarlo.
Un disputa judicial sin fin
Aunque el Consejo de Estado fue contundente en su fallo, las dudas sobre quién debía asumir el cargo de rector encargado persistieron. Por esa razón, tanto el Ministerio de Educación como la Universidad Tecnológica del Chocó (UTCH) presentaron una solicitud de adición y aclaración para despejar los puntos que consideraban ambiguos. En el documento, la universidad buscaba establecer si el Ministerio había usurpado las funciones del Consejo Superior y, además, precisar quién tenía la competencia para designar al nuevo rector mientras estuvieran vigentes las medidas preventivas: ¿el Ministerio o el Consejo Superior?
Pero el Consejo de Estado esquivó esas preguntas. De hecho, el 9 de octubre negó la solicitud con una explicación sencilla: los puntos cuestionados ya habían sido debatidos. Es decir, no había nada nuevo que aclarar. Ratificó que el Consejo Superior fue quien eligió a Fabio Magdaleno Asprilla y que la intervención del Ministerio solo era procedente si se demostraba un incumplimiento de su parte.
Una semana después, el 15 de octubre, Asprilla regresó a la universidad para retomar su cargo como rector encargado, en cumplimiento de la sentencia del Consejo de Estado, pero se encontró con nuevos obstáculos. “No lo dejaron entrar y llamaron incluso a la Policía, argumentando que estaba usurpando el cargo. Él, junto con sus abogados, explicó la situación y la Policía se retiró del lugar; aun así, convocaron de inmediato una sesión”, relata Jhon Alexander Palacios Cuesta, exconsejero y representante de los docentes. Para Palacios, esta reacción representó “un desconocimiento total de la orden del Consejo de Estado”.
Al día siguiente, el Ministerio de Educación se pronunció en un comunicado y señaló que iba a respetar y acatar “las sentencias que profieren las autoridades judiciales del país”. Al mismo tiempo, rechazó las vías de hecho y “las actuaciones que tuvieron lugar este miércoles en la institución educativa”, haciendo referencia a la toma de posesión de Asprilla, el antiguo rector encargado.
Ante esa situación, Mineducación convocó una sesión extraordinaria del cuerpo colegiado el 17 de octubre. El objetivo era tomar las decisiones necesarias para cumplir con la sentencia del Consejo de Estado, un encuentro que derivó en la designación de Milton Henry Perea Córdoba, vicerrector de docencia, como nuevo rector encargado. La decisión se hizo oficial mediante la Resolución 0005 del 17 de octubre, emitida por Mineducación, lo que aumentó la tensión en la puja por el poder en la universidad.
“Es una situación bastante compleja con el Ministerio de Educación, porque ha venido infringiendo tanto el marco normativo interno como externo cuando deberían estar respetando o llamando al respeto de las decisiones judiciales”, cuestiona Fabio Magdaleno Asprilla Moreno, ex rector encargado. En sus palabras, con la nueva designación “no hay un respeto a los procesos democráticos, no hay un respeto al debido proceso, no hay un respeto a los estatutos de la universidad ni al Consejo de Estado”.
"No hay un respeto a los procesos democráticos, no hay un respeto al debido proceso, no hay un respeto a los estatutos de la universidad ni al Consejo de Estado".
Detrás de ese cuestionamiento está el debate por la autonomía universitaria y el derecho a la participación democrática, algo que varios líderes ven en peligro con la intervención del Mineducación. Según Edwar Mena Romaña, representante de los egresados, se ha pasado "de una democracia, de un templo del saber, a unas designaciones a dedo y a criterio del Ministerio de Educación, sin reconocer los estamentos de sectores de la universidad".
Hace unos meses, sin embargo, una parte de la comunidad universitaria exigía una intervención más decidida del Ministerio de Educación, al que pedían adoptar medidas drásticas para garantizar el bienestar institucional. Detrás de esas tensiones hay mucho en juego: la Universidad Tecnológica del Chocó no solo representa un centro académico, sino también un importante foco de poder social, económico y, sobre todo, político en el departamento. Es considerada la institución más influyente y la principal fuente de empleo del Chocó, razón por la cual los cargos de rector y los puestos en el Consejo Superior son altamente disputados.
“Cada que se va a presentar un escenario de elecciones, acá hay mucho movimiento. En todas las esferas los sindicatos tienen sus intereses, los políticos tienen sus intereses, pero nunca habíamos visto un interés tan marcado en esta universidad como el del este gobierno”, dice Edwar Mena Romaña, representante de los egresados.
Con Milton Henry Perea Córdoba ya son cinco los rectores que han pasado por la Universidad Tecnológica del Chocó en apenas dos años, desde que el Ministerio de Educación la sometió a vigilancia especial. El 6 de julio de 2023, el Ministerio destituyó a David Mosquera por presunto uso indebido de recursos y designó como rectora encargada a Vanessa Sánchez. Dos meses después, el Juzgado Primero Administrativo Oral de Quibdó ordenó su reintegro. Tras la captura de Mosquera, asumió el cargo Fabio Asprilla, quien más tarde fue reemplazado por Luis Giraldo Álvarez y, finalmente, por Perea Córdoba.
Nuevos consejeros, nuevas tensiones
Cuando el Ministerio de Educación decidió prorrogar el encargo de Luis Alfredo Giraldo como rector, el 5 de septiembre de este año, también anunció otros cambios que reavivaron las tensiones internas. A través de la Resolución 018476, el Ministerio reemplazó temporalmente a tres miembros del Consejo Superior: Jhon Alexander Palacios Cuesta, representante de los docentes; Edwar Mena Romaña, representante de los egresados; y Rosa Elena Mosquera Palacios, representante estudiantil. La decisión se sustentó en que sus períodos institucionales habían vencido desde septiembre de 2024.
Según Fabio Magdaleno Asprilla, las elecciones para renovar a esos consejeros estaban previstas para el año pasado, pero debieron suspenderse por la crisis interna y las alteraciones de orden público en la universidad. “El Ministerio lo que hizo fue sacar a esos tres consejeros del cargo sin ningún proceso democrático”, cuestiona el exrector.
El Ministerio, por su parte, sostuvo que además de ocupar cargos vencidos, los tres consejeros habían obstaculizado el reemplazo del rector y representante legal de la institución, lo que —según la cartera— “afecta la materialización de los fines de la medida de inspección y vigilancia”.
Por esa razón fueron reemplazados por Rosa Emilia Mosquera Mayo, Deyssi Fraysuri Murillo y Kathleen Hasleidy Palacios Asprilla. Todos estos cambios enmarcados en el proceso de vigilancia especial que lidera Mineducación y que comenzó con la Resolución No. 018742 del 6 de octubre de 2023, cuando ordenó medidas preventivas para garantizar la continuidad del servicio educativo.
“Con esta medida, el Ministerio espera que se reactive el proceso de elección democrática de representantes estudiantiles, docentes y de egresados, garantizando que todos los estamentos de la comunidad universitaria tengan voz y voto en las decisiones institucionales”, celebró el Ministerio en un comunicado.
Pero el descontento ya estaba servido y, ante esta nueva medida, Jhon Alexander Palacios Cuesta, representante de los docentes, interpuso una denuncia. En ella, expone que los consejeros reemplazantes están impedidos al “tener un interés directo en el trámite de revocatoria”. Con este mecanismo podrían acabar con el acuerdo de vacancia que permitía a los antiguos consejeros continuar en sus cargos hasta la realización de las nuevas elecciones, para evitar que sus representaciones quedaran vacantes.
“Ellos son designados por el Ministerio y no tienen la competencia de anular un acuerdo del Consejo Superior hasta tanto no sea resuelta la recusación que yo presenté. Lo más preocupante es que nosotros somos consejeros por el acuerdo de vacancia. Entonces, al derogar el acuerdo de vacancia, ellos no podrían ser consejeros porque ellos nos están reemplazando nosotros”, explica Palacios.
Mientras espera una respuesta, Palacios cuestiona cómo la universidad sigue atrapada entre fallos judiciales y resoluciones ministeriales: “Una de las estrategias del Consejo Superior y el Ministerio es hacer sus acciones administrativas y lo que dicen es que demandes. Y mientras sale una demanda a favor o no, eso es tiempo. Ellos lo que tienen articulado son tiempos”, dice.
