Desde el patio de Josefa* se oye el canto de Olimpia y Pipo, una cotorra y un perico que viven enjaulados desde hace dos años. La casa está sombreada por un árbol de toco, pero es pequeña y cercada con rejas viejas y oxidadas. Cada día Josefa les habla, les sirve concentrado con frutas y les da agua. En las mañanas la jaula permanece cerrada, colgada de un gancho en la pared. En las noches, guardada en la sala y cubierta con una sábana para que los gatos no se coman a los pájaros.
Esa escena es muy común en el país con mayor diversidad de aves en el mundo. En las calles de La Guajira es cotidiano ver personas con jaulas en sus hombros o colgadas en los manubrios de sus bicicletas y motos. Dentro de ellas llevan canarios, mochuelos, cardenales o cotorras para la venta. Así fue como compraron a Olimpia, recuerda Josefa.
Aunque personas como Josefa consideran que las aves hacen parte de su familia, lo cierto es que esta práctica representa un riesgo para ellas, porque las condena a vivir fuera de su hábitat y les impide cumplir su ciclo natural. “Las aves silvestres no son decoración, ni lujo ni mucho menos entretenimiento. Escuchar su canto y verlas libres en los bosques es un derecho, y considerarlas un adorno o un símbolo de estatus no solo es injusto con el animal, sino que también alimenta un mercado ilegal que está llevando a muchas especies al borde de la extinción”, explica Andrés Redondo, biólogo y analista ambiental de la Fundación Socya.
De hecho, la captura, el tráfico y la tenencia de aves u otras especies silvestres constituyen delitos ambientales. Estas prácticas están prohibidas por el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016), que establece una multa de $393.440 para quienes las cometan. En estos casos, el animal debe ser decomisado de inmediato y puesto bajo evaluación de las autoridades ambientales, quienes determinan si es posible reubicarlo o reintegrarlo a su hábitat natural.
A esto se suma la Ley 1774 de 2016, que reconoce a los animales como seres sintientes y castiga su maltrato como delito. Por esto, la justicia puede imponer penas de 12 a 36 meses de prisión y sanciones económicas de hasta 50 salarios mínimos mensuales. Incluso, en situaciones graves, como la captura o tenencia de especies en riesgo, el caso puede derivar en procesos penales. De acuerdo con la Ley 599 de 2000, artículo 328, traficar, transportar, comercializar o beneficiarse de fauna silvestre puede costar entre dos y cinco años de prisión y multas que alcanzan los 10 mil salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Una amenaza a la vida y al equilibrio de los ecosistemas
Solo entre el 3 de enero y el 11 de julio de este año, Corpoguajira registró la incautación de 328 animales silvestres en diferentes municipios del departamento. De esos, 227 eran aves, lo que las convierte en las más afectadas por el tráfico ilegal y la tenencia no autorizada. La mayoría de estas aves provino de incautaciones directas relacionadas con el comercio ilícito (159 casos), aunque también hubo entregas voluntarias (93), rescates (39) y hallazgos fortuitos (36).
Riohacha es el municipio con mayor número de aves incautadas, con 250 registros, seguido por Maicao (34) y Dibulla (13), aunque varias de las incautaciones ocurrieron mientras las llevaban de un municipio a otro, en especial de Riohacha a Santa Marta (12) y de Riohacha a Maicao (8), según informó Corpoguajira.
Entre las especies más incautadas figuran el canario costeño (Sicalis flaveola), el cardenal guajiro (Cardinalis phoeniceus), el sinsonte (Mimus gilvus) y la cotorra carasucia (Eupsittula pertinax). También se han decomisado ejemplares de periquito costeño (Forpus passerinus), rosita (Sporophila minuta), mochuelo (Sporophila intermedia) y turpial (Icterus chrysater). En menor medida, han aparecido especies menos comunes, como la guacamaya azul (Anodorhynchus hyacinthinus), el loro real (Amazona ochrocephala) y la tingua azul (Porphyrio martinica).
De acuerdo con Germán Sánchez, profesional especializado del grupo de Ecosistemas y Biodiversidad de la Corporación Autónoma Regional (Corpoguajira), esta práctica tan normalizada refleja una falta de cultura ciudadana y de respeto por el bienestar animal. Sánchez explica que tener un ave enjaulada no solo es un acto de maltrato animal, sino que es una amenaza para la vida de la propia especie. “La mayoría de estas especies tienen mecanismos de protección que les impide reproducirse en cautiverio. Por eso, mantenerlas libres es garantizar su reproducción y la conservación de las poblaciones”, asegura.
"La mayoría de estas especies tienen mecanismos de protección que les impide reproducirse en cautiverio. Por eso, mantenerlas libres es garantizar su reproducción y la conservación de las poblaciones".
Andrés Redondo, biólogo y analista ambiental de la Fundación Socya, coincide en que la captura masiva de aves para su venta como mascotas “representa una amenaza grave para su supervivencia y para el equilibrio ecológico”. Explica que extraerlas de su entorno natural altera los ecosistemas, ya que estas especies cumplen un papel esencial en la dispersión de semillas de árboles y arbustos nativos. Gracias a ello favorecen la regeneración del bosque seco tropical y de las zonas semiáridas, contribuyendo además a la protección del suelo y a la prevención de la erosión.
Las aves tienen necesidades ecológicas, alimenticias y sociales propias de la vida en libertad, que son imposibles de satisfacer plenamente en un entorno doméstico. Además, su dieta variada y sus interacciones con diversas especies vegetales incrementan la diversidad genética de las plantas, lo que mejora la resiliencia de los ecosistemas frente a sequías, plagas y cambios climáticos, explica el biólogo.
Por otra parte, la captura masiva de las aves reduce drásticamente sus poblaciones en entornos naturales, especialmente en especies de reproducción lenta como loros y guacamayas, advierte Redondo. Asimismo, la alta mortalidad durante la captura y el transporte “incrementa el impacto poblacional, lo que puede conducir a la extinción local y a la degradación irreversible de los hábitats donde estas aves cumplen un papel esencial".
Según el funcionario de Corpoguajira, en el departamento existen avances en el control del tráfico de fauna, pero hay territorios donde la práctica persiste. “Afortunadamente no hay municipios que tengan esa dedicación de manera abierta. Pero siempre ha existido un vacío en la vía Riohacha-Maicao en donde ponen a los niños Wayuu a vender sobre todo crías de cardenal guajiro y palguaratas”, lamenta.
El comercio resulta atractivo porque hay demanda: muchas familias desean tener en casa el canto y el colorido de un ave, sin reparar en el costo ecológico. Lo que pocos saben es que gran parte de estas especies nunca llegan al destino; mueren asfixiadas, estresadas o debilitadas durante el traslado, antes incluso de encontrar comprador.
Una práctica normalizada que debe ser denunciada
Cada momento del año representa una amenaza para distintas especies de la fauna y la flora. La Semana Santa y la temporada decembrina son los momentos que más activan el tráfico ilegal de aves silvestres en la región. Entre mediados de marzo y abril, es una costumbre salir a buscar cotorras y pericos para comercializar o llevar a sus casas como mascotas, mientras que, en diciembre, aumenta la tenencia de canarios y mochuelos, explica un vendedor que pidió proteger su identidad.
Tanto en 2024 como en 2025, Riohacha se consolidó como el centro de las operaciones de tráfico, con incautaciones en barrios, conjuntos residenciales, el mercado público, la terminal de transporte, la vía a la playa, la carretera hacia Santa Marta, el aeropuerto y la ruta hacia Uribia. A esta lista se suman Maicao, Fonseca, Manaure y Uribia, municipios donde la tenencia y el comercio ilegal de aves todavía persisten.
Por eso, tanto expertos como autoridades insisten en que la libertad de las aves comienza con la decisión de no comprarlas. También invitan a reportar los casos de tráfico, tenencia ilegal o maltrato de fauna silvestre. En La Guajira pueden hacerse en la Corporación Autónoma Regional a través de las líneas de atención (57)(5) 7275125 y (57)(5) 7286778. También a través de los correos electrónicos servicioalcliente@corpoguajira.gov.co y atencionalciudadano@corpoguajira.gov.co.
