PÓDCAST | ¿Retorno de la violencia o una campaña electoral prematura?

Valeria Ortiz Tabares
Valeria Ortiz Tabares

“Esta casa de espesas paredes coloniales

y un patio de azaleas muy decimonónico

hace varios siglos que se viene abajo.

Como si nada las personas van y vienen

por las habitaciones en ruina,

hacen el amor, bailan, escriben cartas.

A menudo silban balas o es tal vez el viento

que silva a través del techo desfondado.

En esta casa los vivos duermen con los muertos,

imitan sus costumbres, repiten sus gestos

y cuando cantan, cantan sus fracasos.

Todo es ruina en esta casa,

están en ruina el abrazo y la música,

el destino, cada mañana, la risa son ruina,

las lágrimas, el silencio, los sueños.

Las ventanas muestran paisajes destruidos,

carne y ceniza se confunden en las caras,

en las bocas las palabras se revuelven con miedo.

En esta casa todos estamos enterrados vivos”.

Valeria Ortiz: Esto es Voces en primer plano. Un espacio de entrevistas en profundidad donde voces locales y expertas cuentan, explican y contextualizan su propia historia. Les habla Valeria Ortiz, periodista de Consonante.

Diego Alejandro Rubiano, coordinador del Observatorio Político Electoral de la Democracia en la Misión de Observación Electoral: Si nosotros miramos datos como la tasa de homicidios, el número de acciones de combate, no estamos ni cerca de lo que se vivió, por ejemplo, en Colombia en la mitad de la década de los 90s. Hacia el año 94 y 95 cuando ciudades como Medellín tenían tasas de homicidios cercanas a las tres cifras que es un absurdo completamente pensarlo. Hoy no estamos en niveles ni siquiera parecidos afortunadamente. Entonces, hay que poner en perspectiva también esa información”.

Valeria Ortiz: Como ya varios de nuestros oyentes habrán escuchado, el sábado 7 de junio el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay fue víctima de un atentado en Bogotá. Diferentes medios nacionales como RCN y Caracol hicieron el cubrimiento de los hechos, dando voz a figuras públicas como a la también precandidata Vicky Dávila. 
Ella, como otras figuras políticas han dicho que “dimos un paso hacia atrás, hacia una Colombia de muerte”.

Vicky Dávila: "Me duele inmensamente esto que está pasando hoy. Creo que esto nos obliga a una reflexión muy grande en Colombia. Nosotros tenemos que entender que hoy dimos un paso hacia atrás inmenso, hacia una Colombia de muerte y no hacia esa Colombia maravillosa que todos queremos para todos".

Valeria Ortiz: El martes 10 de junio, según un comunicado de la Policía Nacional, hubo 24 atentados en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, entre ellos carros, motos y cilindros con explosivos. 

Ante esa situación, Alejandro Éder, alcalde de Cali dijo en la emisora de Blu Radio lo siguiente:

"La gran pregunta que yo me hago es qué pasó que de repente Colombia está otra vez en 1989. ¿Cómo va a ser que la semana pasada o el sábado, perdón, ni siquiera la semana pasada, un atentado contra un candidato presidencial? Ahora estamos viendo esta violencia que está ocurriendo aquí en Cali y no solo en Cali, también lo vemos en otras regiones del país donde está ocurriendo".

Valeria Ortiz: ¿Es cierto que en menos de una semana, en términos de violencia volvimos a los 80, 90 o a inicios de los 2000? ¿Alguna vez la violencia se fue por completo de Colombia? 

Para responder a estas preguntas y entender el panorama político actual, hablamos con Diego Alejandro Rubiano, coordinador del Observatorio Político Electoral de la Democracia en la Misión de Observación Electoral. 

Diego Alejandro Rubiano: Si nosotros miramos datos como la tasa de homicidios y el número de acciones de combate, no estamos ni cerca de lo que se vivió, por ejemplo, en Colombia en la mitad de la década de los 90s. Hacia el año 94 y 95 cuando ciudades como Medellín tenían tasas de homicidios cercanas a las tres cifras. Hoy no estamos en niveles ni siquiera parecidos afortunadamente. Entonces, hay que poner en perspectiva también esa información. 

Hay un recrudecimiento importante que hemos visto desde años anteriores, pero también hay que contrastarlo con lo que ocurrió en el año 2018. En esas primeras elecciones, luego de la firma del Acuerdo de Paz, organizaciones como la MOE y las mismas entidades del Estado anunciaron como las elecciones más tranquilas.

O sea, en 2018, 2019, incluso en proceso de elecciones locales, lo vivimos con una disminución importante en el número de municipios en riesgo, en el número de hechos violentos y, desafortunadamente, lo que encontramos es una serie de dificultades en la implementación de ciertos acuerdos que estaban estipulados con la extinta guerrilla de las Farc y eso ha llevado también a una debilitación en la presencia estatal que nos ha devenido en esta situación.

No es llamativo, no es menor el número de datos que tenemos y de afectaciones en hechos violentos, tampoco es para tomarlo a la ligera, pero no es comparable con las cifras que se registraban décadas anteriores. 

Aquí es importante aclarar que el Centro Nacional de Memoria Histórica define masacre como un homicidio intencional a cuatro o más personas. En cambio, Indepaz entiende por masacre como el homicidio a tres o más personas. 

Diego Alejandro Rubiano: Creo que estamos en un momento de la historia muy crucial. En este caso tenemos el cierre de un gobierno que fue catalogado como el primer gobierno progresista en Colombia y eso ha dejado tantos tintes en distintos problemas que enfrenta nuestra sociedad y, particularmente, uno de ellos es el tema de la violencia. En ese sentido  tenemos datos que a la vez son contrastantes, pero que hay que poner en perspectiva también con lo que hemos vivido en la historia colombiana.

En primer lugar, pues sí tenemos unos hechos bastante preocupantes alrededor del aumento en la presencia, el control y las acciones armadas de distintos grupos al margen de la ley y una fragmentación y una exacerbación en el número de estos grupos. Entonces, ya no solo contamos con ese gran conjunto que en su momento se llamaban disidencias de las Farc o esa gran guerrilla que quedó después del acuerdo de las Farc, que era el ELN; sino que hablamos de distintos grupos dispersos por el territorio con intereses económicos y en algunos casos políticos completamente disímiles entre sí y eso ha llevado a una situación de mayor control, mayor presencia y mayor capacidad militar de estos grupos.

La situación del departamento del Valle del Cauca y del Cauca creo que son ejemplos muy recientes de esa situación. Más de la mitad del departamento del Cauca tiene en este momento esa alerta por acciones unilaterales de grupos al margen de la ley. Y el Valle del Cauca, particularmente la zona sur del departamento, está también muy afectada, pero no es una situación exclusiva de allí, también pasa en el departamento del Guaviare, algunas zonas de Chocó. En el norte o el Caribe colombiano también tenemos, por ejemplo, situaciones de control social muy fuertes, ya también asociadas a estructuras como el Ejército Gaitanista de Colombia o  también conocido como el Clan del Golfo.

Y de manera un poco más contrastante, lo que también hemos venido analizando es una disminución en el número de hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales. En principio suena como una buena noticia, pero hay que analizar también con pinzas porque ante un escenario de controles sociales muy altos, generalmente lo que se ve reducido son procesos de denuncia en estas comunidades y pues puede referirse también a hechos de subregistros que estamos presenciando. 

Y dos, a pesar de que el número en general ha disminuido, lo que encontramos es que disminuyen las amenazas, pero lo que conocemos como hechos letales, atentados y asesinatos, desafortunadamente están concentrando una proporción más alta y esto pues también exige una respuesta estatal importante.

Valeria Ortiz: Como lo menciona Diego Rubiano, han surgido más grupos armados ilegales en las últimas dos décadas. Hoy hay al menos una docena de grupos con dinámicas económicas y de control militar muy diferentes entre sí. Entre ellos disidencias de las FARC como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, La Segunda Marquetalia  y Estado Mayor de los Bloques y Frente. También Comuneros del Sur, un grupo que se separó del ELN. Entre otros grupos sucesores del paramilitarismo como el Ejército Gaitanista de Colombia y algunas bandas criminales urbanas. 

Pero ¿por qué pasó esto, aun después de la firma de los Acuerdos de Paz con las Farc en noviembre de 2016?

Diego Alejandro Rubiano: Las deficiencias en la implementación del acuerdo de paz creo que son un elemento importante y sin lugar a duda una variable a analizar para la situación que estamos viviendo hoy.

El hecho de que, por ejemplo, no se haya controlado de la mejor manera o de manera adecuada el tema de la sustitución de cultivos, sino que al contrario, por ejemplo, se haya abusado de algunas figuras para generar procesos de resiembra, controles para-estatales o a cargo de distintos actores armados alrededor de esa economía del narcotráfico es uno de esos elementos de que el no cumplimiento efectivamente nos ha devenido en esta situación.

Y lastimosamente, el ejemplo que tenemos más claro en este caso es la situación del Catatumbo. Una de las regiones, particularmente el municipio de Tibú en donde se concentra una altísima cantidad de cultivos ilícitos de hoja de coca, vinculada a una salida importante en términos de esta economía ilícita y donde hoy está en disputa por dos actores armados con bastante presencia y capacidad militar alrededor de esa economía que, en principio, ya no debería existir. El Plan Nacional de Sustitución de Cultivos debería haber estado implementado en un 100%, pero lo que encontramos ya casi 9 años después de la firma del Acuerdo es que eso no ha ocurrido y tenemos estos mismos problemas.

Valeria Ortiz: Según Indepaz entre el 7 de agosto de 2018 y el 31 de julio de 2022 se registraron 957 homicidios a líderes, lideresas y defensores de Derechos Humanos. Y en ese mismo periodo, señalan que hubo 313 masacres con 1.192 víctimas. 

Entre 2022 hasta el 31 de mayo de 2025 han asesinado a 623 líderes, lideresas y defensores. Y ha habido 230 masacres con 947 víctimas. 

Sin embargo, en contextos de elecciones el panorama es diferente. Desde 2007, en la Misión de Observación Electoral se han publicado mapas de riesgo electoral, que presentan indicadores de factores como fraude y violencia. El objetivo de los mapas es analizar e identificar los posibles riesgos que pueden presentar algunos municipios en estas épocas. 

Por ejemplo, para las elecciones de Congreso y Presidencia en 2018, en los mapas se estableció que en 170 municipios había riesgos por fraude y por factores de violencia, siendo esta la menor cifra registrada hasta el momento en la historia de la Misión de Observación Electoral. Pero esto cambió para las elecciones de 2022. 

Diego Alejandro Rubiano:  Nosotros hemos venido analizando la información de manera permanente y básicamente este patrón se empezó a revertir en el ciclo electoral pasado. Desde el año 2022 el ciclo de elecciones locales del año 2023 nos empezó a reflejar este panorama. Una disminución no tan acelerada, pero sí digamos que constante en el número de amenazas y un recrudecimiento en el número de hechos letales.

Valeria Ortiz:  En 2018, 310 municipios presentaban riesgo por factores de violencia. Pero para las elecciones de 2022, el número aumentó a 375 municipios en riesgo.

Diego Alejandro Rubiano: Particularmente lo estamos asociando a esa fragmentación de los distintos actores armados. Entonces, lo que vemos es actores armados con una capacidad militar importante, aunque muy local, que afectan los liderazgos de ese territorio que buscan controlar particularmente.

Y no es menor, digamos, que en esos datos lo que encontramos es que la mayoría de afectaciones contra liderazgos políticos se den contra alcaldes y concejales que están ejerciendo su cargo en este momento. Y eso nos va ayudando a hilar o a atar esos cabos de por qué se están atendiendo estas situaciones de violencia, sobre todo en los territorios.

Departamentos como el Cauca, el norte antioqueño, el Bajo Cauca y algunas zonas del Valle son donde se están concentrando más estas afectaciones, y particularmente coinciden con territorios importantes para el desarrollo del conflicto, zonas estratégicas para el control de rutas, para el control de cultivos ilícitos, zonas de minería ilegal como ocurre en el sur de Bolívar, es donde tenemos estas coincidencias.

Valeria Ortiz: Recordemos que a inicios de este año hubo confrontaciones entre el ELN y disidencias de las Farc en Norte de Santander. Por eso el 20 de enero,  Petro declaró Estado de Conmoción Interior para enfrentar esta situación. Según datos del balance del Puesto de Mando Unificado de Catatumbo, para inicios de febrero había más de 50.000 desplazados y más de 50 homicidios. 

Además, este año en el departamento de Chocó ha habido confrontaciones entre el ELN y el Clan del Golfo. Entre el 18 y el 21 de febrero se decretó paro armado por parte del ELN, una situación que se dio en medio de denuncias por el aumento de la instalación de minas antipersonal. Según el balance de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, durante ese paro se afectó la movilidad de más de 430.000 personas y se agravó el estado de confinamiento de más de 15.000.

Diego Alejandro Rubiano: Nosotros efectivamente construimos los mapas y factores de riesgo electoral para cada proceso de elección de alcance nacional. Entonces, lo hacemos de manera periódica muy en lógica de ese ciclo electoral. Y, digamos que nos encontramos ante una situación bastante curiosa.

En el 2018, y vuelvo al mismo ejemplo, lo que encontramos fue una noticia importante en la disminución de municipios en nivel de riesgo, no solo en número, sino en niveles también de riesgo. Ya veíamos muchísimos más municipios en riesgo medio, riesgo alto, no tantos en extremo, pero desafortunadamente esa foto y esa ilusión quedó ahí.

Desde el año 2019 lo que hemos visto es un aumento leve del número de municipios en riesgo, pero lo que es contrastante con esa situación es que es un aumento en los niveles de riesgo. Particularmente, por ejemplo, en la elección de 2023 presentamos un mapa de riesgo por factores de violencia que consolidaba 312 municipios, la mayoría de ellos lastimosamente en riesgo extremo.

No tan disperso a lo largo del territorio nacional, obviamente con algunos aumentos en los municipios con estos factores bastante alterados, pero con niveles de riesgo muchísimo más altos en comparación con elecciones anteriores. Al cierre del año 2024 repetimos ese análisis para mirar el avance de la situación y lo que nos encontramos lastimosamente es que ya cerca de 400 municipios estaban siendo afectados por estas variables.

La situación no es sencilla, no hemos encontrado que se mantienen los patrones y el comportamiento del año 2024 en lo que va ocurrido de estos meses de 2025. Ya casi el primer semestre y encontramos una situación asociada a un altísimo número de acciones violentas por parte de grupos, a una altísima fragmentación y con bajas capacidades de negociación o posibilidades de negociación con estos actores.

Entonces, la situación no pinta tan alentadora en este momento. Obviamente, habrá que seguir avanzando en los análisis y acercarse un poco más al territorio para comprender de manera amplia el fenómeno.

Valeria Ortiz: Hasta ahora, también nos preguntamos ¿cuál ha sido la lectura de la Misión de Observación Electoral a las respuestas, acciones y posturas del Gobierno y de los partidos políticos? 

Diego Alejandro Rubiano: Nos enfrentamos ante un hecho que culmina o le pone un punto muy importante a la situación que hemos vivido en los últimos dos o tres años, particularmente asociado a ese ciclo electoral 2022-2023. Y es en el que nos encontramos ante un cambio efectivamente en el patrón de afectaciones violentas en Colombia. Nosotros veníamos de un proceso o de varios procesos electorales en que las afectaciones se concentraban en contra de liderazgos sociales y comunales.

El año 2022 empezó a revertir ese patrón y las afectaciones empezaron a concentrarse más que todo en liderazgos políticos y con una mayor contundencia y niveles digamos de afectación que estábamos registrando.

Estos hechos que hemos estado registrando recientemente llegan en un momento en el que, anteriormente, no era tan usual tener campañas tan activas. Hoy vemos un adelanto por situaciones diversas, un adelanto muy prematuro en el tema de cuándo arranca la campaña. Y eso hay que evaluarlo también de manera sincera.

Lo que estamos viendo es que por la prevalencia y por la preferencia que tienen algunas candidaturas, el inicio de la campaña básicamente se da con la recolección de firmas y, desafortunadamente, nuestros esquemas de atenciones, por ejemplo, en temas de seguridad no están adaptados para que empiecen tan antes. Estructuras como el comité de entrega y recomendación de medidas de protección en el proceso electoral está diseñado para que arranque con la inscripción formal de candidaturas.

Eso para el caso del Congreso sería en el mes de noviembre de 2025, pero vemos que es una campaña que ya empezó con muchos meses de antelación, casi que un año de antelación en algunos casos. Y desafortunadamente, la respuesta y las medidas que tenemos para contrarrestar eso no están adaptadas a un inicio de campaña tan prematuro. Y eso es una cosa que se debe evaluar en este caso porque desafortunadamente pone a la institucionalidad casi que entre la espada y la pared.

Debemos atender una situación de seguridad compleja como la que he venido describiendo. Tenemos unas herramientas que no están adaptadas para que empiece de manera tan prematura, pero tampoco podemos zafarnos, ni volarnos las normas electorales y garantizar simplemente que se abra una campaña cada vez que los candidatos quieran.

Valeria Ortiz: Como hemos escuchado a lo largo de este episodio, la violencia de los años 80, 90 o inicios de los 2000 no ha retornado. De hecho, aún con las promesas de paz, no se ha ido de algunas regiones. Entonces, ante estos discursos ¿qué nos espera?

Diego Alejandro Rubiano: Yo creo que es responsabilidad también de distintas organizaciones de sociedad civil aterrizar toda esta información de la manera más completa y amplia posible y ese es el ejercicio que estamos haciendo desde la Misión de Observación Electoral. Presentar de manera lo más objetiva posible, un panorama de datos que no es tranquilizante, tampoco voy a vender mensajes de falsa calma, no es una situación amena, ni tranquila en contexto electoral porque puede implicar muchos retos, pero también nos genera otras problemáticas adicionales a pensar solamente en la seguridad.

Y es, por ejemplo, cómo podemos garantizar escenarios de debate público abierto, de información de calidad para las personas votantes en un contexto en el que los candidatos seguramente van a tener impactos en el desarrollo de sus ejercicios proselitistas. Vamos a ver menos debates, menos plaza pública, menos intercambio con la ciudadanía y exposición clara de propuestas que era algo en lo que, en medio de todo, en Colombia se había venido mejorando desde la firma del acuerdo.

Entonces, seguramente este hecho nos va a reducir el debate y las posibilidades de deliberación pública entre las candidaturas. Seguramente va a cambiar completamente los discursos de securitización de la política y eso va a tener unas implicaciones realmente complejas en una situación que, además económicamente, para el estado y para la sociedad en general es bastante compleja.

Entonces, el mensaje va en ese sentido. Habría que hacer un esfuerzo también como ciudadanía para comprender y analizar perfectamente los mensajes que se van a dar en torno a la campaña, no solamente guiados en torno a la seguridad, sino que ojalá se den de manera amplia frente a los problemas de la sociedad.

Valeria Ortiz: Este episodio hace parte del formato voces en primer plano de El Megáfono.  Les habló Valeria Ortiz, periodista de Consonante. 

Créditos:

Locución: Valeria Ortiz

Guión y entrevista: Valeria Ortiz

Edición: Valeria Ortiz

Ilustración: Camila Bolívar

Coordinación general: Ángela Martin Laiton

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